Más información:

• en NotiCel.
• en El Jaiba

Aquí el enlace para acceder a la propuesta de nuevas tablas de pensión de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME).

Vía Jay Fonseca.

El pasado 16 de septiembre el Tribunal Supremo de Puerto Rico añadió un nuevo capítulo al Reglamento Norarial de Puerto Rico que permitiría a los ciudadanos gestionar varios trámites legales, que tradicionalmente requerían una vista en un tribunal, ante cualquier notario público.

Entre las cosas que ya se podrán hacer mediante notario, sin tener que comparecer a un tribunal, están las declaraciones de herederos, los cambios de nombres y apellidos, la corrección de asientos en el Registro Demográfico y Registro de Propiedad, entre otros. Esto simplifica mucho el proceso, entiendo que traerá más eficiencia y le descargará trabajo a algunas salas de tribunales, especialmente las municipales.

Pueden ver más información en DerechoPR.

Como otro esfuerzo para lograr nuestro propósito de difundir información y conocimientos jurídicos al público en general, le presentamos Divorcio en Puerto Rico: Preguntas y respuestas sobre los aspectos legales de la ruptura matrimonial, un libro electrónico gratuito publicado en nuestras páginas que estará abierto a preguntas y comentarios en cada una de sus secciones. La idea es la siguiente: se publica libro a manera de propuesta inicial y eventualmente, cuando lleguen los lectores, se irá enriqueciendo de más preguntas, comentarios y correcciones. La idea de publicar libros en este formato surge de la entrada “Cómo publicar un libro en un blog de WordPress”, publicado en Digizen por el profesor Mario Nuñez.  Invitamos a otras personas de la comunidad jurídica a, como una forma de cumplir con el deber de “realizar gestiones dirigidas a educar al público para que éste conozca sus derechos” (Canon 2 del Código de Etica Profesional), explorar otros temas (o este mismo) para la publicación de otros libros electrónicos en este formato.

Para acceder al libro, presionar aquí.

Imagen tomada de acá.

Primero, el menor debe estar en al menos una de las siguientes dos circunstancias:

(1)  Cuando se impute a un menor que sea mayor de catorce (14) años la comisión de hechos constitutivos de asesinato en la modalidad que está bajo la autoridad del tribunal, cualquier otro delito grave de primer grado, y cualquier otro hecho delictivo que surja de la misma transacción o evento.

(2)  Cuando se impute al menor una falta Clase II o III y se le hubiera adjudicado previamente una falta Clase II o III, incurrida entre los catorce (14) y dieciocho (18) años.

Una vez se establezca al menos una de las anteriores dos circunstancias, el Procurador para Asuntos de Menores deberá someter una moción al tribunal en la cual manifieste que atender el caso bajo las disposiciones de la Ley de Menores de Puerto Rico  “no responderá a los mejores intereses del menor y de la comunidad”. La mencionada moción del Procurador deberá ser resuelta por el tribunal tomando en cuenta los siguientes cuatro factores:

(1) Naturaleza de la falta que se imputa al menor y las circunstancias que la rodearon.
(2) Historial legal previo del menor, si alguno.
(3) Historial social del menor.
(4) Si el historial socioemocional y sus actitudes hacia la autoridad hacen necesario establecer controles respecto a su comportamiento que no se le puedan ofrecer en los centros de custodia o en las instituciones de tratamiento social a disposición del tribunal.

La Sra. Naichalis Félix Burgos se detiene en el semáforo ya que el semáforo direccional estaba fuera de servicio. Arrancando de cero a donde fue impactada toma entre 3 a 4 segundos. Quiere decir que cuando arranca la guagua Ford se encontraba a una distancia de entre 507 y 704 pies de distancia de la intersección. Cualquier persona normal y prudente hubiera pensado que tenía suficiente tiempo para cruzar seguramente. Al ser impactada por la guagua Ford F-150, el golpe fue de tal magnitud que soltó la soldadura de fábrica de la caja al chasis del Toyota Corolla. Este vehículo es unibody. Al separar la caja del chasis también separo el asiento trasero junto con las dos niñas que se encontraban atadas con sus cinturones. El impacto hace que la guagua de un giro hacia la derecha y acto seguido se vuelca una vez soltando a la compañera del policía la cual estaba desamarrada dando una vuelta que hace que quede en sus llantas nuevamente a una distancia de 137.7 pies. Lo menos que se imaginaba la Sra. Naichalis era que la guagua venia discurriéndose a una velocidad súper exagerada con una persona ebria al volante.

El artículo 10.11 de la ley 22 de tránsito de Puerto Rico dice: “Todo conductor, al atravesar una intersección, deberá cerciorarse antes de proseguir la marcha del vehículo, AUNQUE LA LUZ VERDE ESTE A SU FAVOR, de que la vía publica por donde transita haya espacio libre suficiente para que éste pueda atravesar la intersección y salir de ésta sin interrupción, de manera que en ningún momento dicho vehículo pueda quedar detenido en la intersección de manera que impida u obstaculice el libre flujo del transito”. A 115 millas por hora, definitivamente que no esta tomando las debidas precauciones. Este policía es de tránsito, del área de Guayama, adscrito a la comandancia de Guayama, posiblemente ha intervenido en varios casos en esta misma intersección y por supuesto debe conocer el área muy bien. Además al ser de tránsito debe conocer la ley 22 de tránsito bastante bien.
La razón principal de esta colisión fue la velocidad, pero al estar manejando bajo las influencias de alcohol, sus sentidos estaban más lentos causando que no pudiera reaccionar a tiempo para poder evitar la colisión. Si el policía hubiera estado manejando a la velocidad posteada en los rótulos y hubiera estado sobrio sus reacciones hubieran sido mas rápidas y el desenlace hubiera sido muy distinto.

Estoy seguro que él no salió a matar a nadie esa mañana, pero cualquiera comete errores. Esto llegó a ser no solo un error pero un horror. Entiendo que tomo unas decisiones que lo llevaron a cometer unas negligencias crasas que lo llevaron a esta fatalidad aun bajo el supuesto conocimiento de la ley. Cualquier persona que haya pasado por una situación similar y que no hubiera estado vaqueado por sus propios compañeros hubiera tenido otras consecuencias. Esta es la razón por la cual el pueblo esta tan descontento con el sistema judicial de nuestro país. Donde dependiendo de los recursos y padrinos son los resultados y no por la ley. Algunas personas pudientes salen libres porque pueden pagar aun después de haber matado varias veces. Los anuncios del comisionado de seguridad de tránsito dicen que si manejas bajo las influencias de alcohol o sustancias controladas, serás arrestado y enjuiciado. ¿Dónde está la veracidad de esta información si seguimos viendo estos resultados? ¿A quien se le va a creer? Es verdad según el juez Denton, que no porque estés bajo las influencias de bebidas o sustancias controladas eres culpable en caso de una colisión, pero si manejas a velocidades exageradas y bajo influencias de sustancias, entonces tienes una gran parte de la culpa, pues no puedes mantener el control absoluto del vehículo.

Yo doy un taller de Manejo Defensivo también, donde la mayoría de mis estudiantes son jóvenes enviados bajo el programa de Desvío y se me hace un poco difícil poder explicar las decisiones tomadas en los tribunales bajo los parámetros fluctuantes que existen, donde hay doble vara. Donde la ley es interpretada de la manera que mejor les convenga a los más pudientes o apadrinados. Esta es una decisión inconcebible pero no impredecible ante los ojos del pueblo.

Para mayor información: paeaas@yahoo.com

NOTA: El autor es perito reconstructor de accidentes e instructor de manejo defensivo.
Las expresiones vertidas en este artículo son de su exclusiva responsabilidad,
PopJuris, su administración y sus colaboradores no necesariamente comparten lo aquí dicho.

No obstante, el derecho sí protege a personas que incurren en negociaciones con otra parte que se retira de las mismas abruptamente bajo algunas circunstancias. Al que le interese el tema puede hallar más información al respecto en el caso Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, 113 D.P.R. 517 (1982), en el cual se establecen los siguientes seis criterios para imputar “responsabilidad precontractual” a una parte y conceder una compensación a la otra, aún cuando nunca se haya concretado un “contrato formal”.

1. el desarrollo de las negociaciones,
2. cómo comenzaron,
3. el curso que siguieron,
4. la conducta de las partes durante su transcurso,
5. la etapa en que se produjo el rompimiento, y
6. as expectativas razonables de las partes en la conclusión del contrato, así como cualquier otra circunstancia pertinente conforme los hechos del caso sometidos a escrutinio judicial.

Puede acceder a Tommy Muñiz vs. Copan en la Biblioteca PopjJuris.

A continuación dos puntos que se han repetido mucho que NO dice Pueblo v. Flores:

• No dice que las agresiones contra adulteras quedan impunes: se ha estado comentando que esta decisión   permite que se agreda a personas adulteras ya que, como la Ley 54 no aplica, no habrá ninguna consecuencia legal para con el agresor. Esto es falso. Aunque la Ley 54 es el remedio idóneo para trabajar este tipo de agresiones aún existen los artículos 121, 122, y 123 del Código Penal que tipifican la agresión, agresión grave y agresión grave atenuada. La propia opinión de conformidad del juez Erick Kolthoff   (a favor de la decisión del Apelativo)  también menciona la Ley contra el acecho en Puerto Rico como otro estatuto que podría utilizarse en defensa de este tipo de víctimas.
• No dice que no habrá protección de la Ley 54 contra personas adulteras: Esto quizás suene confuso, pero, efectivamente, en ningún momento se planteó que si una persona es adultera no tendrá protección de Ley 54, o sea, no se está exigiendo la cualidad de fiel a una persona para que sea cobijada por tal ley.  Decir lo contrario, como comentan algunos, implicaría que la ley no protegerá a una víctima que ha sido agredida por su cónyuge si la víctima le fue infiel a éste, lo cual es falso. Lo que sí dice la opinión es que no habrá protección si el agresor tiene una relación adulterina con la víctima. En otras palabras, si el agresor de la víctima adultera es su cónyuge, ésta sí tendrá protección de la Ley 54 aún cuando sea infiel. No es lo mismo decir “Supremo no protegería a personas adulteras” que decir “Supremo deniega protección a personas en relaciones adulterinas”.

De encontrarse algún otro mito sobre Pueblo v. Flores se añadirá más adelante.