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Sobre el contrato probatorio de trabajo

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Un contrato probatorio de trabajo es un documento que establece que a determinada persona se le está contratando para trabajar por un tiempo en específico, y no sin tiempo determinado. Su propósito principal es eximir al patrono de tener que cumplir con las disposiciones de la Ley de indemnización por despido sin justa causa[1], entiendase de poder dar por terminado el contrato de trabajo sin causa[2], y y sin tener que indeminizar al empleado por ello[3].

El art. 8 de la Ley de indemnización por despido sin justa causa, establece los requisitos para que una contratación sea válida como contrato probatorio, los cuales son:

  1. Que el contrato se realice por escrito;
  2. Que se haga constar la fecha en que el empleado comienza a trabajar y la fecha en que terminará el periodo probatorio;
  3. Que el periodo probatorio no exceda el término de 3 meses;
  4. que el contrato se firme antes de que el empleado comience a prestar servicios para el patron.

No obstante lo anterior, el periodo probatorio podrá extenderse hasta un máximo de 6 meses con permiso escrito del Secretario del Trabajo y Recursos Humano, y cuando los empleados estén unionados, la estipulación sobre dicha extensión podrá efectuarse por medio del convenio colectivo o acuerdo escrito entre la Unión y el patrono, sin necesidad de permiso especial del Secretario.

La ley clara y tanjantemente aclara que el incumplimiento de los anteriores requisitos hará del contrato probatorio uno ilegal y nulo, teniendo, en consecuencia, el empleado estatus de empleado sin tiempo determinado, lo cual lo hará acreedor de la indemización por despido sin causa. Por ejemplo, si empleado comienza a trabajar un lunes, y no es hasta el martes que firma el contrato probatorio de trabajo, dicho contrato será ilegal y nulo, y el empleado tendrá estatus de empleado sin tiempo determinado con derecho a indeminizacin en caso de ser despedido sin causa.


[1] Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada

[2] La Ley establece como causa para despido lo siguiente:

(a) Que el obrero siga un patrón de conducta impropia o desordenada.

(b) La actitud del empleado de no rendir su trabajo en forma eficiente o de hacerlo tardía y negligentemente o en violación de las normas de calidad del producto que se produce o maneja por el establecimiento.

(c) Violación reiterada por el empleado de las reglas y reglamentos razonables establecidas para el funcionamiento del establecimiento siempre que copia escrita de los mismos se haya suministrado oportunamente al empleado.

(d) Cierre total, temporero o parcial de las operaciones del establecimiento.

Disponiéndose que en aquellos casos en que la empresa posea más de una oficina, fábrica, sucursal o planta, el cierre total, temporero o parcial de las operaciones de cualquiera de estos establecimientos, constituirá justa causa para el despido a tenor con este Artículo.

(e) Los cambios tecnológicos o de reorganización, así como los de estilo, diseño o naturaleza del producto que se produce o maneja por el establecimiento y los cambios en los servicios rendidos al público.

(f) Reducciones en empleo que se hacen necesarias debido a una reducción en el volumen de producción, ventas o ganancias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido.

[3] De despedirse a un empleao sin causa para ello, la ley establece que deberá pagarse la siguiente indemnización:

(a)    el sueldo correspondiente a dos meses por concepto de indemnización, si el despido ocurre dentro de los primeros cinco (5) años de servicio; el sueldo correspondiente a tres (3) meses si el despido ocurre luego de los cinco (5) años hasta los quince (15) años de servicio; el sueldo correspondiente a seis (6) meses si el despido ocurre luego de los quince (15) años de servicio;

(b)  una indemnización progresiva adicional equivalente a una (1) semana por cada año de servicio, si el despido ocurre dentro de los primeros cinco (5) años de servicio; dos (2) semanas por cada año de servicio, si el despido ocurre luego de los cinco (5) años hasta los quince (15) años de servicio; tres (3) semanas por cada año de servicio, luego de haber completado quince (15) años o más de servicio.


Guía sobre estructuras de negocios en Puerto Rico

business structure

A continuación una recopilación de articulos que hemos publicado en el blog sobre el tema de las estructuras de negocios en Puerto Rico

Corporaciones

Sociedades civiles

Compañia de responsabilidad limitada

 

 


La corporación profesional en Puerto Rico: guía básica

Nota aclaratoria: Tanto la figura de la corporación como el tema de la responsabilidad profesional son temas de por sí complejos y de mucha trayectoria histórica, legislativa y jurisprudencial, por lo que una figura que involucra ambos conceptos, como los es la corporación profesional, podría representar aún más complejidades sumado al carácter relativamente novel que tiene. En esta nota, escrita para la web y dirigido a un público no versado en Derecho, nos limitaremos a describir las características generales de la corporación profesional en Puerto Rico a bien grandes rasgos. Esta nota para nada sustituye la consulta con un profesional del Derecho, llame para una cita en caso de cualquier duda o pregunta.

Definición

La Ley General de Corporaciones de Puerto Rico define el término “corporación profesional” como uan corporación “con el propósito único y exclusivo de prestar un servicio profesional y los servicios auxiliares o complementarios a este servicio profesional, y que tiene como accionistas únicamente a individuos que estén debidamente licenciados en el Estado Libre Asociado para ofrecer el mismo servicio profesional que la corporación.” [1]

Por su parte, el término “servicio profesional” se define como “cualquier tipo de servicio profesional al público que por disposición de ley, reglamento o jurisprudencia no podía ser efectuado por una corporación antes de la fecha de efectividad de esta Ley, y para el cual se requiera la obtención de una licencia y otra autorización legal como condición previa para la presentación del servicio”[2]

Al igual que la corporación regular, la corporación profesional es una entidad jurídica independiente de sus socios[3]. No obstante, tal independencia no le provee a sus dueños la misma protección en cuanto a limitación de su responsabilidad civil como le proveería una corporación profesional[4].

La Ley General de Corporaciones aclara textualmente que la existencia de una corporación profesiones no se “interpretará para abolir, revocar, modificar, restringir, o limitar el estado de derecho vigente en esta jurisdicción en torno a la relación profesional y a la responsabilidad legal correspondiente entre la persona que provee los servicios profesionales y la persona que los recibe”[5]. En otras palabras, el profesional que opera bajo una corporación profesional, las características tradicionales de al relación profesional-cliente no se alteran con la existencia de este tipo de corporación, y el profesional no dejará de responder por su impericia profesional al incorporarse.

Beneficios

Aunque la corporación profesional no delimita la responsabilidad civil del profesional en el ejercicio de su profesión, si provee el beneficio de proteger sus activos personales en caso de que otro accionista, en el ejercicio de su profesional, cometa un acto negligente del cual tenga que responder en su carácter personal. En estos casos, el accionista negligente responderá en su carácter personal, y la corporación responderá también de forma solidaria[6], quedando protegidos, sin embargo, los demás accionistas de la corporación si no participaron directa o indirectamente de tal negligencia.

Para entender mejor al protección que provee una corporación profesional, hagámoslo esta pregunta, ¿cuál sería la diferencia si se comete una negliencia mientras varios profesionales operan como corporación profesional vs si se comete una negligencia mientras varios profesionales operan en conjunto sin incorporarse ni optar por otras figuras similares a la corporación profesional[7]?

Si un profesional se asocia con algunos colegas para operar en conjunto sin más formalidad que empezar a trabajar juntos, automáticamente estaría operando como una Sociedad Civil[8], según definida por el Código Civil. La Sociedad Civil no tiene el mismo grado de independencia que tendría una corporación profesional, por lo que en caso de que uno de sus socios cometiera una negligencia, respondería éste en su carácter personal, y en caso de que éste no pueda responder completamente, respondería la sociedad con sus propios bienes, y en caso de que sociedad no pueda responder completamente, responderían todos los socios con todos sus bienes personales. Es decir, que los profesionales que operan como sociedad no solo responden por sus propios impericias profesionales, sino que responderían por las impericias profesionales de sus socios, aún cuando no hayan participado directa o indirectamente de ellas.

Por el contrario, si esta misma situación ocurriera bajo la figura de la corporación profesional, el accionista que cometió la impericia profesional respondería por su acto negligente, la corporación profesional respondería solidariamente con éste, pero los demás accionistas no responderían por dicha impericia sino estuvieron involucrados en ella.



[1] Artículo 18.02. (B) de la Ley General de Corporaciones, Ley Núm. 164 de 16 de diciembre de 2009

[2] Artículo 18.02. (A), supra

[3] Díaz Olivo, Corporaciones, Puerto Rico, Publicaciones Puertorriqueñas, 2005, Pag. 359

[4] Id.

[5] Artículo 18.06, Ley General de Corporaciones, supra

[6] Artículo 18.06., Ley de Corporaciones, supra

[7] Entiéndase la Compañía de Responsabilidad Limitada y la Sociedad de Responsabilidad Limitada, las cuales tocaremos en otros artículos.

[8] Para saber más sobre las sociedades civiles, vaya a la entrada “Lo básico sobre las sociedades civiles (partnership)


Interferencia torticera con relaciones contractuales de tercero

Cuando dos o varias personas se obligan a cumplir con determinadas condiciones mediante un contrato y surge un incumplimiento, la acción más común es el reclamo de compensación de los daños sufridos a la parte que incumplió con su obligación[1]. No obstante, no solo la persona o empresa que es parte del contrato incumplido podría responder civilmente en un tribunal por dicho incumplimiento. Una persona o empresa que no figura como parte en el contrato incumplido, pero que intervino para que una de las partes incumpliera con su obligación también podría ser responsable por lo anterior.

Esta situación es lo que se conoce como la “interferencia torticera con relaciones contractuales de terceros” o “Interferencia culposa de contrato”. Esta figura jurídica aplica cuando una persona o entidad interviene en una relación contractual para que una de las partes en dicho contrato incumpla con sus obligaciones.

Según el Tribunal Supremo de Puerto Rico[2], los requisitos para que opere la figura de la interferencia torticera con relaciones contractuales de tercero son los siguientes:

1) Que exista un contrato

2) que haya mediado culpa

3) que se ocasiones un daño

4) que el daño sea consecuencia de la actuación culposa del tercero y;

5) nexo causal entre el acto

En resumen, si usted sufrió un daño como consecuencia de un incumplimiento contractual y piensa que un tercero intervino para que dicho incumplimiento se concretara, no solo la parte que le incumplió su contrato podría tener que responderle civilmente por los daños causados, también el tercero interventor podría responder civilmente si se prueba la existencia de los anteriores requisitos de la interferencia culposa de contrato.



[1] Esto a tenor con el art. 1054 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3018., el cual dice que “quienes en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas”

[2] Gen. Office Prods. v. A. M. Capen’s Sons, 115 DPR 553 (1984); Dolphin Int’l of P.R. v. Ryder Truck Lines, 127 D.P.R. 869, 879 (1991)


Resumen de gestiones para Declaratoria de herederos

[1]

¿Qué es una declaratoria de herederos?

La declaratoria de herederos es un documento judicial o notarial que se gestiona en caso de que alguien fallezca sin dejar un testamento válido que mencione quienes son los herederos y que establece quienes son las personas con derecho a heredar. La declaratoria de herederos NO divide bienes, ni establece inventario de herencia, ni cómo se dividirá herencia, solo señala quienes tienen derecho a heredar.

¿Cuánto tardan las Declaratorias de Herederos?

No hay forma de predecir ni garantizar el tiempo exacto, pero debe tardar alrededor de 7 a 9 semanas desde que se radica la petición hasta que el Tribunal emite la resolución.

¿Qué documentos que hacen falta para una declaratoria de herederos?[2]

Documento Donde se consigue Contacto
Certificado de Defunción de quien murió  Registro Demográfico
Certificado de Matrimonio de su esposo(a), si tenía.  Registro Demográfico
Certificado de Nacimiento de sus herederos. Registro Demográfico
Certificación Negativo del Registro de Testamentos para probar que murió sin testamento.  Registro de Poderes y Testamentos de la Oficina de Inspección de Notaria (ODIN)  Teléfonos:787-763-8816,787-751-7877,

787-751-5984,

787-751-7780

 

Dirección

3er piso del Centro Judicial de San Juan Ave. Luis Muñoz

Rivera Esquina Calle Mayagüez Hato Rey Puerto Rico

Si se divorció, sentencia de divorcio. Si el caso está activo en la Secretaría de Tribunal de Primera Instancia.Si el caso está inactivo, en la Oficina de Administración de los Tribunales Programa de Administración de Documentos Oficina de Administración de los Tribunales. Programa de Administración de Documentos
PO BOX 190917. San Juan, Puerto Rico 00919-0917o vía fax al: 787-763-7834 
Si es viudo, certificado de defunción de cónyuge Registro Demográfico
Si murió algún heredero, certificado de defunción Registro Demográfico

Luego de obtener una declaratoria de herederos, ¿qué procede hacer?

Se debe presentar ante el Departamento de Hacienda una Planilla de Causal Relicto dentro de los nueve meses desde al fallecimiento de la persona, junto con la declaratoria de herederos, comprobantes de rentas internas, copia de escrituras de inmuebles e información de cuentas bancarias.

Luego se debe proceder con la partición de herencia, que es el proceso formal en el cual se reparten los bienes del caudal hereditario entre las personas con derecho a heredar.


[1] Los comentarios antes vertidos no constituyen, ni deben ser interpretados, como asesoramiento legal para casos específicos, sino como información de orientación general, y no sustituyen, en modo alguno, la consulta con el profesional del Derecho de su preferencia. En todo caso, se recomienda la consulta y discusión de cualquier problema o inquietud de índole legal con su abogado.

[2] ADVERTENCIA: Los enlaces y teléfonos que se proveen a continuación están a su entera discreción el utilizarlos. Estos resultan ser meras sugerencias que hace el autor a fin de que sirvan como guías informativas. Analice y pregunte antes de acordar con estos. No somos responsables de su contenido o desempeño.


Compañía de Responsabilidad Limitada en Puerto Rico: guía básica

La Compañía de responsabilidad limitada es lo que en ingles se conoce como “Limited Liability Company”  (LLC). En esta área, las traducciones podrían ser engañosas, ya que en algunos países se tradujo “Limited Liability Company” como “Sociedad de Responsabilidad Limitada”. En Puerto Rico, sin embargo, una “Sociedad de Responsabilidad Limitada” es una estructura totalmente diferente de la “Compañía de Responsabilidad Limitada”.

La Compañía de Responsabilidad Limitada (CRL) es un hibrido que intenta combinar las ventajas de la estructura corporativa con la flexibilidad de las sociedades civiles.

2.1 Ventajas

  • Responsabilidad limitada: como la corporación, la CRP en una entidad jurídica aparte e independiente de sus socios, con los beneficios que esto implica y que explicamos anteriormente.
  • Flexibilidad operativa: los miembros de una CRP tienen amplia libertad para organizar la forma en que operará su negocio, en comparación con las regulaciones mucho más rígidas de las corporaciones. Por ejemplo, en su documento constitutivo los miembros podrían estipular que operarán a través de una Junta de Directores o sin ésta, o que la administración estará a cargo solo de ciertos miembros, o cualquier otra posibilidad.
  • Flexibilidad tributaria: la compañía de responsabilidad limitada tiene la opción de tributar como una corporación (doble tributación) o como una sociedad (tributación simple para los socios).
  • Menos formalidades: una CRP no tiene que rendir un informe anual de operaciones.

2.2 Desventajas

  • Desconocimiento de inversionistas: como se mencionó anteriormente, una estructura más tradicional como la corporación pudiera ser preferida por inversionistas.
  • Falta de jurisprudencia: las compañías de responsabilidad limitadas son relativamente nuevas, en comparación con las corporaciones que tienen siglos de existencia, por lo que la jurisprudencia disponible para resolver controversias no es tan amplia. 

1.3        Requisito de capital mínimo

No existe tal requisito.

2.4 Requisito de número de socios

No existe un número mínimo de incorporadores (una sola persona puede fundar una CRP).

 

2.5 Obligaciones mensuales y anuales

Contrario a las corporaciones, las CRP no tienen que rendir un informe anual de operaciones. Su obligación principal consistiría en radicar una planilla de contribuciones anualmente, de no escoger ser tratada como una sociedad para eliminar la doble tributación.

Al igual que con las corporaciones, otras obligaciones periódicas, como el impuesto al consumo, pudieran aplicar dependiendo del tipo de negocio que se lleve a cabo

2.6 Obligaciones fiscales

Las CRP en Puerto Rico, de no escoger ser tratadas como sociedades, tributarán de la misma forma y manera que las corporaciones (doble tributación). No obstante, la ley provee para que exista un procedimiento mediante el cual una CRP puede solicitar al Departamento de Hacienda ser tratada para efectos contributivos como una sociedad, es decir, que se le impute todos los ingresos a los socios y que la CRP no tribute de manera independiente.

2.7 Costo de constitución.

Los mismos de la sección 1.7 sobre los costos de constitución de las corporaciones.


Resumen sobre corporación íntima (de familia, cerrada o “closely held”)

Acabo de publicar una guía básica sobre Corporación íntima en Puerto Rico en Borrásmartinez.com. Pueden acceder a ella aquí.


Corporación íntima en Puerto Rico: guía básica

Definición

Según, el profesor Carlos Díaz Olivo, una corporación íntima (de familia, cerrada o “closely held”) es una figura corporativa especial caracterizada por:

  1. “Un número reducido de accionistas, íntimamente relacionados por lazos de familia, amistad o negocios.
  2. La participación activa de los accionistas en la administración y la operación de la empresa
  3. La ausencia de un mercado para la negociación o venta de sus acciones”[1].

La corporación no puede tener más de 75 accionistas[2]. Esto debe limitarse en su certificado de incorporación (puede escogerse tener aún menos)[3].

Transferencia de acciones

La transferencia de acciones se limita o se restringe por completo. Hay cuatro posibles limitaciones al derecho de transferencia:

  1. “Exigirle al accionista que ofrezca a la corporación o a sus compañeros accionistas la oportunidad de adquirir sus acciones antes de transferirla a otra persona.
  2. Que el accionista obtenga la aprobación de la corporación o de los compañeros accionistas respecto a la transferencia contemplada o al posible cesionario
  3. Prohibirle al accionista transferir sus acciones a cierta persona o clase de personas; y
  4. Obligar a la corporación a que compre las acciones que el accionista interesa transferir “[4]

La restricción seleccionada tiene que establecerse en el certificado de incorporación y consignarse en el certificado de acción que emita la corporación.

Administración y manejo de la corporación íntima

Algunas de las disposiciones específicas que se conceden a los accionistas de la corporación para el manejo de la corporación son:

  • Convenios entre accionistas: Contratos entre los accionistas en los cuales se pueden fijas ciertas reglas especiales sobre cómo decidir en la Junta de Directores[5]. La Ley de Corporaciones reconoce expresamente la legalidad de dichos acuerdos en el art. 14.09, el cual establece, sin embargo, una consecuencia: “El efecto de tal acuerdo será relevar a los directores e imponer a los accionistas participantes en dicho acuerdo la responsabilidad por los actos u omisiones en el manejo del negocio que se impone a los directores, en la medida y por el tiempo en que las facultades discrecionales estén controladas por dicho acuerdo.”.

Administración por accionistas: El art. 14.08 de la Ley de Corporaciones establece que una corporación íntima podrá disponer en su certificado de incorporación que sus accionistas administrarán sus negocios directamente, sin junta de directores. Esta facultad de administración puede conferirse a todos o algunos accionistas.


[1] Díaz Olivo, Corporaciones, Puerto Rico, Publicaciones Puertorriqueñas, 2005, pág. 323-324

[2] Ley General de Corporaciones, Ley Núm. 164 de 16 de diciembre de 2009, 2009, http://www.popjuris.com/biblioteca/ley-general-de-corporaciones-ley-num-___-de-2009/  [Consulta: jueves, 04 de mayo de 2013]

[3] Id.

[4] Díaz Olivo, supra, pág. 328

[5] Reglas como: fijación de número de votos necesarios, autorización para operar corporación sin ciertas formalidades, clasificación de junta de directores por clase, voto cumulativo, designación de oficiales, concesión de contratos de empleo a largo plazo, fijación de salarios y compensaciones, pagos mínimos de dividendos, pagos a las viudas de los acciones, obligar a corporación a adquirir acciones en determinadas circunstancias, disposiciones para facilitar disolución, clausulas de arbitraje, entre otros, Díaz Olivo, Carlos, supra. Pag. 333


Reacción a reportaje de Metro sobre consultas legales por Internet

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Hoy lunes 6 de marzo de 2013, el periódico Metro publicó un reportaje titulado “Polémica por consultas legales en la Internet“.  Aunque se citó a varias personas, y una dio una perspectiva positiva de la práctica, y la otra fue un tanto más neutral, parecería que el tono del artículo, empezando por el titular, era llevar el mensaje que se refleja en la cita que cierra la nota, de la Lcda. María Febus Ortiz, quien expuso que “[l]as consultas en Internet están rayando en lo antitético y no son confiables por la serie de documentos e información sensible que se maneja”. Como creador de PopJuris, un portal que lleva desde el 2009 difundiendo noticias, información y contenido jurídico dirigidos a un público general, me gustaría reaccionar al mencionado artículo.

Primero, es triste que frecuentemente se traigan a colación los canones de ética profesional, no para cumplir su propósito de velar que los abogados y abogadas cumplan con su responsabilidad de ofrecer un servicio responsable y de calidad para con sus clientes, los tribunales y la sociedad en general, sino para tratar de amordazar, intimidar y retrasar la aceptación de nuevas soluciones para viejos problemas. A veces ni se señala qué en específico podría estar violentando qué canon, solo se deja la denuncia suelta, tipo “X podría ser antitético” sin decir por qué ni cómo.

Dicho esto, pasemos específicamente al asunto de las consultas legales por Internet. Decir que las mismas “no son confiables”, así, sin más, sin matizar, y generalizando, no me parece que sea una crítica que recoja la complejidad y diversidad de las comunicaciones que son posibles vía Internet. Como todo, siempre se puede ofrecer un mal servicio por cualquier medio (incluso desde la oficina), pero eso no significa que el problema esté en el medio. El problema estaría en el profesional que ofrece una consulta poco confiable, sea en la Web, sea en la radio o sea en persona. Es perfectamente viable manejar por Internet información y documentos de una manera confidencial y privilegiada, atendiendo cada aspecto en detalle y suplementando las comunicaciones con enlaces a leyes o reglamentos o la digitalización de material impreso para ser enviado por email o fax.

En una parte del reportaje de metro se cita al profesor de Derecho Hiram Meléndez-Juarbe señalando que:

Hacer consultas en Internet añade un elemento adicional del que hay que tener un poquito más de cuidado, porque, cuando una persona se acerca a un abogado, se puede configurar una relación abogado cliente, y eso activa una serie de responsabilidades y obligaciones de parte del abogado en términos de confidencialidad  y cosas que inciden sobre esa relación.

Coincido con el profesor en su idea general de que hay que velar con sumo cuidado la posible configuración una relación abogado cliente, y no subestimar la posible responsabilidad directa o indirecta que asumimos como abgodad@s al acceder a contestar “una preguntita” que nos dejen por email, el Inbox de Facebook o en la sección de comentarios de un blog. Me parece que difiero en lo de que “Internet añade un elemento adicional” y que “hay que tener un poquito más de cuidado”. Mi opinión es que hay que tener el mismo cuidado de siempre, y tratar cada comunicación sobre un asunto jurídico que te cursen vía Internet con el mismo cuidado que se trataría una comunicación personal con alguien que te visite a la Oficina.

El problema quizás radica en que se tomen estas comunicaciones con la liviandad con que usualmente se manejan las comunicaciones en dichos medios  (por ejemplo, Facebook). Se puede caer en el error de despachar “una preguntita” por Facebook con una “oracioncita” de respuesta que no abarque la complejidad del problema de quien te requiere la información. Quizás ese “poquito más de cuidado” debe dirigirse a tener la disciplina necesaria para recordar en todo momento que si te preguntan algo “como abogado” –y no como el primo, el amigo de Universidad, el vecino o el recién conocido–, debes contestar “como abogado”, con el cuidado más alto que la profesión requiere, sea donde sea.

En lo personal, recibo múltiples preguntas por email, Facebook, mensaje de texto y otros medios. Muchas de ellas, del saque, te anuncian que vienen “por una consulta legal”. Tengo advertencias en mi portal, en Facebook y en el email de que ninguna comunicación configurará una relación abogado cliente ni una oferta para establecer la misma, pero aún así sé que posiblemente no sea suficiente. A veces sencillamente no se les puede contestar, ya sea porque “la preguntita” aparentemente simple requiere varias horas, quizás días, de investigación, o porque es imposible saber si la información que requiere esta persona para resolver su problema la contenga una simple respuesta a su pregunta. Otras veces, por el contrario, sí es posible contestar “la preguntita” responsablemente sin mucho riesgo de dejar algo importante. Por ejemplo, me escriben “¿qué formularios necesito para divorciarme por consentimiento mutuo”, y los refiero a la página de Pro Se en ramajudicial.pr.

Personalmente creo que a la sociedad le conviene poder tener acceso fácil a abogados y abogadas que puedan contestarle algunas dudas sin tener que ellos sacar un día para una cita en una oficina. Ahora bien, dicho esto, cada vez me convenzo más de que a quien no le conviene esta dinámica es a los propios abogados y abogadas. Generalmente las personas que se acercan con dudas o preguntas vía Internet no son potenciales clientes (aunque hay de todo). Si bien necesitan o desean saber algo, no necesariamente planifican pagar por un servicio relacionado con lo que preguntan. De igual forma, las comunicaciones pueden ser un poco más al grano (sin mucho chit chat, ni desarrollo de rapport alguno), por lo que hay menos oportunidad para explorar otras necesidades del clientes por la que posiblemente quieran pagar.  Y, por último, casi todo queda escrito y documentado. Contrario a las conversaciones a puerta cerrada en una oficina, con solo el cliente y el abogado o abogada presente, cualquier error, negligencia o mala orientación vía Internet potencialmente queda registrado en algún sistema, muchos de ellos de manera permanente como Facebook, donde la compañía siempre tiene una copia de la comunicación aún cuando nosotros la “borremos”. ¿Conviene entonces incurrir en ese nivel de riesgo con tan poca posible recompensa, si alguna? Desde un punto de vista de negocios, la respuesta es no. Pero aún partimos del supuesto que una profesión sea algo más que un negocio, y los propios canones de ética profesional imponen la responsabilidad de “educar al público para que éste conozca sus derechos y las maneras de hacerlos valer” lo cual incluye “participar en programas educativos, organizar y conducir seminarios y conferencias, redactar y publicar artículos legales y otras actividades similares”, Canon 3 de Ética Profesional.

No creo que desde PopJuris, o desde muchos de los otros proyectos similares de colegas hagamos otra cosa que cumplir con este canon. Hacer referencia a posibles violaciones de canones de ética, sin profundizar en la crítica y con el único efecto de dejar en el aire “la advertencia” a los que utilizan los ya no tan nuevos medios para educar, me parece que hace más daño que bien. No sé si finalmente haya colegas que opten por cerrar sus páginas o dejar de comunicar conocimientos jurídicos vía Internet a la gente. Por mi parte, voy a seguir en PopJuris… hasta que me ordenen lo contrario (si es que lo hacen).

 


¿Sabes la diferencia entre el divorcio por Consentimiento Mutuo y por Ruptura Irreparable?

A pesar de que en la actualidad existen doce causales o razones legales por las cuales una persona puede solicitar el divorcio, sin lugar a dudas la más conocida es el divorcio por consentimiento mutuo. Sea por la rapidez de su ejecución, por la apariencia de concordancia entre la pareja, o simplemente el hecho de que es la opción más económica, cada día más personas escogen esta causal para divorciarse.

Quizás, has escuchado sobre una “nueva” manera o causal de divorcio llamada Ruptura Irreparable. Ahora bien, ¿sabes cuál es la diferencia entre ambas causales? Primero, empecemos por sus semejanzas. Tanto en divorcios por consentimiento mutuo como por ruptura irreparable las parejas no tienen que expresar las razones específicas que las llevaron a tomar la decisión de romper con sus nupcias. Esto definitivamente es una ventaja para muchas parejas que valoran su privacidad e intimidad sobre cualquier otra cosa. Ambas, causales fueron establecidas más de tres décadas atrás mediante una opinión del Tribunal Supremo, Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978), precisamente para proteger el derecho a la intimidad garantizado por nuestra Constitución. Por muchos años, existió un debate jurídico sobre si efectivamente la ruptura irreparable existía como causal de divorcio. Dicho debate fue resuelto por el Tribunal Supremo en Salvá Santiago v. Torres Padró, 171 D.P.R. 332 (2007), donde dicho Foro reconoció que la Ruptura Irreparable era una mera modalidad del Consentimiento Mutuo y no una causal independiente.

Varios años más tarde y como consecuencia de su revocación, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 192 del 18 de agosto de 2011, en la cual enmendaron los Artículos 96 y 97 del Código Civil de Puerto Rico para expresamente reconocer tanto el Consentimiento Mutuo como la Ruptura Irreparable como causales de divorcio. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre estas dos causales?

En el Divorcio por Consentimiento Mutuo, ambos cónyuges tienen que presentar una Petición Conjunta de Divorcio, que contenga todos los acuerdos relacionados con la División de los Bienes y las Deudas, la Pensión Alimentaria, la Custodia y Patria Potestad, y las Relaciones Filiales, de los hijos menores de edad. Es decir, ambos tienen que tener el interés de divorciarse y estar de acuerdo sobre los mencionados asuntos.

Por otro lado, en el Divorcio por Ruptura Irreparable solamente uno de los cónyuges tiene que presentar la Demanda de Divorcio. El otro cónyuge no tiene que estar de acuerdo con el divorcio. Esencialmente, no hay acuerdos en cuanto a las estipulaciones requeridas, y se puede presentar una demanda de divorcio por esta causal sin tener que alegar específicamente, ni probar, cualquiera de las otras causales reconocidas como por ejemplo trato cruel o se vea forzada a esperar un año para presentar su divorcio por abandono o hasta dos si lo decide hacer por separación.

Ambas causales no culposas, es decir el Consentimiento Mutuo y la Ruptura Irreparable, tienen sus ventajas y es preciso señalar la importancia de entender sus diferencias y semejanzas a la hora de escoger.




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