Resumen: Martínez v. Chase Manhattan Bank, 108 D.P.R. 515 (1979) [brief]

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de este caso

Hechos

  • Chase Manhattan Bank contrató a la agencia de cobros Professional Research & Community Services, Inc. para que gestionara una reposesión de un auto. Research, a su vez subcontrató a Héctor L. Domínguez para la tarea.
  • Al llegar al hogar de María Luisa Gómez, quién había adquirido el auto que se iba a reposeer, Domínguez y su empleado, según el juez sentenciador “empezaron a hacer insinuaciones impropias y avances y proposiciones sexuales”. Ante el rechazo de Gómez, uno de estos la abofeteo.
  • El juez de Primera Instancia desestimó la demanda contra Chase debido a que Domínguez era un contratista independiente, y su trabajo alegadamente no era inherentemente peligroso. Se acudió al Tribunal Supremo en revisión debido a que existe una ley, la Ley Núm. 143 de 27 de junio de 1968 (10 LPRA secs. 981 y ss) que establecía de previsibilidad de un peligro de daño inminente en la figura del cobrador. Chase y Research alegaron que Domínguez no era un “cobrador” porque su labor se limitaba a embargar, no ha cobrar, pero el Supremo se atiene a las determinaciones de hechos de Primera Instancia que dicen que sí era un cobrador.

Controversia

  1. ¿Responde una empresa quien delega la gestión de reposición de un auto, debido a deudas, en una agencia de cobros si los empleados de esta última incurren en actos delictivos mientras trabajan?

Decisión

  1. Sí, responde una empresa quien delega la gestión de reposición de un auto, debido a deudas, en una agencia de cobros si los empleados de esta última incurren en actos delictivos mientras trabajan

Fundamentos

  • “En el desarrollo de la economía la figura del contratista independiente, que en su origen fue vocación del pequeño artesano, arribó como escudo tras el cual se ampara el empresario contra reclamaciones originadas en el riesgo natural de la empresa, recurso menos sofisticado que la fragmentación de personalidad en la ficción corporativa”.
  • “Las antiguas fórmulas jurídicas, como la teoría de que no hay responsabilidad sin culpa, sufren la erosión de excepciones orientadas a la necesidad de indemnizar el daño con independencia de la culpa siempre que aparezca de una actividad arriesgada que se traduce en apreciable beneficio para la empresa”.
  • “La responsabilidad del empleador gira en torno a ‘riesgos especiales, peculiares al trabajo que deba realizarse y que surgen de su naturaleza o del sitio donde deba realizarse, contra los cuales un hombre razonable reconocería la necesidad de tomar precauciones especiales… ‘Peculiar’ no quiere decir que sea un riesgo anormal en ese tipo de labor o que ha de ser un riesgo anormalmente grande. Se refiere sólo a un peligro especial y conocible que se da en esa clase de trabajo”.
  • “Dicho riesgo era tan patente y notorio, que en protección del pueblo la Asamblea Legislativa desde el 27 de junio de 1968 había aprobado la Ley Núm. 143 titulada ‘La Ley de Agencias de Cobros’ reglamentando dicho negocio, sujetándolo a la licencia, requiriendo en su Art. 6…”.
  • “…debieron tomar precauciones especiales, en orden preferente entre ellas obtener un seguro que resarciera a las víctimas de los desmanes de los cobradores, sancionado por el Art. 1057 del Código Civil”.
  • “Es contrario al bienestar general y al interés público en la seguridad y salud de los miembros de la sociedad, la existencia en su seno de actividades dañosas, promovidas por poderosas empresas con fines de lucro a través de agentes irresponsables contra cuya insolvencia se frustra todo intento de reparación del daño”.

Comentario:

  • Lo importante de este caso es que establece que el beneficio económico es un criterio para imponer responsabilidad civil extracontractual a un contratante por los actos cometidos por su contratista.
  • La profesora Labadie Jackson al respecto comenta que: “[s]i el criterio de beneficio económico era suficiente para imponerle responsabilidad civil al principal por los actos torticeros del contratista independiente… en el caso de Chase se equipara la imposición de responsabilidad civil al principal a la del patrono”. 74 Rev. Jur. U.P.R. 897.
  • Jackson añade que “[p]arecía que se iba consolidando la tesis de que lo pertinente era la existencia de uan relación de autoridad y la obstención de un beneficio económico derivado de la labor”. Id.
  • Un caso posterior, Pons Anca v. Engebretson 2003 TSPR 150, omite sin explicación alguna el criterio de beneficio económico al decidir, lo que deja la duda de si se revocó implícitamente a Chase, o si no se mencionó el criterio económico porque el Tribunal entendía que no era pertinente para resolver ese caso.

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