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UPR v. Laborde Torres, 2010 TSPR 225

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, Peticionarios
v.
GABRIEL LABORDE TORRES y otros, Recurridos.
No. CT-2010-008

En El Tribunal Supremo De Puerto Rico
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de diciembre de 2010.

Certiorari
Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Raúl M. Arias Marxuach, Lcda. Maralyssa Álvarez Sánchez

Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo. Alex O. Rosa Ambert, Lcdo. Luis José Torres Asencio, Lcdo. José J. Nazario de la Rosa, Lcdo. Juan Santiago Nieves, Lcdo. Manuel A. Rodríguez Banchs, Lcdo. César A. Rosado Ramos, Lcdo. Hans S. Perl Matanzo, Lcdo. Carlos Cotto Cartagena, Lcdo. Enrique G. Juliá Ramos, Lcdo. Edgardo L. Rivera Rivera, Lcdo. Harry Anduze Montaño, Lcdo. Frank Torres Viada, Lcdo. Gaspar, Martínez Mangual

Materia: Certificación

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Martínez Torres.

*1 La Universidad de Puerto Rico (U.P.R.) nos solicita, mediante este recurso de certificación intrajurisdiccional, que revisemos una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. En ella se desestimó por académica una solicitud de injunction permanente, un interdicto posesorio y una orden de cese al amparo del Artículo 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2761, contra varios líderes estudiantiles. El foro primario entendió que el reclamo de la U.P.R. se tornó académico, ya que el riesgo de que la protesta estudiantil se reanudara e interrumpiera las labores en la universidad era incierto. Sin embargo, la U.P.R. estima que la controversia sigue viva, ya que los estudiantes aprobaron un “voto de huelga preventivo” en una asamblea el 21 de junio de 2010. Según la U.P.R., ello redunda en que el cambio en la conducta de los estudiantes no tuvo visos de permanencia y que el conflicto continuará. Ese hecho, nos indica la U.P.R., es de conocimiento general, por lo que nos invita a que tomemos conocimiento judicial al respecto.

La U.P.R. alega que en este pleito aplica una de las excepciones a la doctrina de academicidad. A saber, cuando una situación de hechos es cambiada, pero no tiene características de permanencia, el pleito no es académico. Bajo ese fundamento, la U.P.R. nos requiere que revoquemos al foro primario y que atendamos el pleito por su alto interés público. Además, la U.P.R. solicita que, de entender que el caso no es académico, nos expresemos sobre ciertos aspectos de la controversia relacionados al derecho a la libre expresión.

Por su parte, los estudiantes recurridos alegan que la controversia de autos fue resuelta mediante un proceso de mediación, el cual culminó con la suscripción de un acuerdo entre las partes aprobado por el Tribunal de Primera Instancia. Por lo tanto, entienden que todas las causas de acción son académicas, salvo las de daños y perjuicios que continúan ante la consideración del Tribunal de Primera Instancia. Los estudiantes recurridos aducen, contrario a la U.P.R., que la probabilidad de que ellos incurran nuevamente en los actos que motivaron la solicitud de injunction permanente es “patentemente especulativa”. Sobre este particular, enfatizan que la composición de los estudiantes en este nuevo año académico es distinta.

De entrada, concluimos que la U.P.R. tiene razón. Pese a los esfuerzos de mediación entre las partes, los estudiantes recurridos han actuado de una manera que refleja que su conducta no fue de carácter permanente y que fue un subterfugio para evadir la revisión judicial. El hecho de que los estudiantes reunidos en asamblea aprobaron un “voto de huelga preventivo” es indicativo de que sus actos al levantar el conflicto no tenían visos de duración. Es más, del mismo acuerdo entre las partes surge que algunas controversias subsistirían, como es el caso de la cuota especial. Por tal razón, el cambio en conducta de los recurridos da base a la aplicación de una excepción a la doctrina de academicidad. Sin duda, luego de la aprobación de un “voto de huelga preventivo”, el cual es de conocimiento público, el asunto subsumido en este caso merece nuestra atención por el alto interés público de la controversia.

I

*2 Como se sabe, la Universidad de Puerto Rico ha sido objeto de múltiples protestas estudiantiles durante décadas. Muchas de ellas han generado gran tensión en Puerto Rico. Véase por ejemplo de forma general, L. Nieves Falcón, I. Cunningham, I. Rivera, F. Torres, H. Amundaray, Huelga y sociedad: Análisis de los sucesos en la U.P.R.1981-1982, España, Ed. Edil, 1982. Desafortunadamente cada vez que se genera una de estas manifestaciones, se crean polémicas entre estudiantes, la administración y terceros ajenos a la comunidad universitaria. Esos conflictos no son siempre de resolución fácil e inmediata. Precisamente, la controversia que hoy nos ocupa tiene su origen en la más reciente protesta estudiantil que mantuvo paralizado al sistema universitario más grande del territorio por 62 días consecutivos. De hecho, sucesos relacionados a la misma protesta estudiantil dieron pie a nuestra Opinión de 10 de mayo de 2010, en Moreno v. Pres. U.P.R. II, 2010 T.S.P.R. 70, 2010 J.T.S. 79, 178 D.P.R. ____ (2010).

Tal y como indicáramos entonces, el 13 de abril de 2010 se celebró una Asamblea General de Estudiantes convocada por el Presidente del Consejo General de Estudiantes, el Sr. Gabriel Laborde Torres. Allí se aprobó un “paro” de 48 horas, para los días 21 y 22 de abril y se creó un Comité Negociador. Llegado el 21 de abril, se inició la protesta estudiantil y los estudiantes cerraron los portones del Recinto de Río Piedras. La U.P.R. expone que ese día unas personas encapuchados forcejearon con los guardias universitarios y cerraron los portones con cadenas. Además, alega que hubo varios incidentes de violencia en las afueras y dentro del Recinto. Como consecuencia de tales actos, la Rectora decretó un receso académico indefinido al entender que la administración perdió el control del acceso a la universidad.

Ante la situación que vivía el Recinto de Río Piedras, el 21 de abril de 2010 la U.P.R. presentó en el Tribunal de Primera Instancia una “Demanda Jurada” en la que solicitó un entredicho provisional, un injunction preliminar y un injunction permanente. La U.P.R. requirió a varios líderes estudiantiles que desistieran de impedir el acceso al Recinto de Río Piedras.NOTA1 Posteriormente, se enmendó la demanda para incluir una reclamación en daños y perjuicios y se solicitó un interdicto posesorio. Asimismo, se instó al tribunal a que concediera una orden al amparo del Artículo 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra.

NOTA1. Inicialmente la demanda incluyó a Gabriel Laborde, Rosaly Motta, Roberto Thomas, Víctor Rodríguez, Waldemiro Vélez Soto, Adriana Mulero, entre otros. Posteriormente, se añadió a Santiago Velázquez Lamela, Verónica Guzmán Correa, Aníbal González Mictil, Adriana Berríos Pérez, María Currutherd Ferrero, Arturo Ríos Escribano, Rashid Marcano Rivera, Giovanni Roberto Cáez, René Vargas Martínez, Jean Carlo Bonilla Rivera, David Carrasquillo Medero, Aníbal Núñez González, José García Oquendo, Miriam Ruiz Rapala e Ian Camilo Cintrón Moya.

En síntesis, la U.P.R. solicitó que: (1) los estudiantes devolvieran el control del Recinto de Río Piedras a la administración; (2) que abandonaran las facilidades mientras estuviera vigente el receso académico; (3) no impidieran la entrada al Recinto de Río Piedras de todas aquellas personas que fueran autorizadas por las autoridades universitarias y que no incurrieran en violencia e intimidación contra estas personas; (4) no causaran daño a la propiedad, y(5) removieran las barricadas que impedían el acceso. La U.P.R. también solicitó el interdicto posesorio con la intención de que se les devolviera su propiedad, y un mandato de “cese y desista” para restablecer el orden institucional. Finalmente, la U.P.R. pidió una compensación por los daños y perjuicios que alegadamente sufrió.

*3 Tras varios trámites procesales, entre los cuales se concedió un entredicho provisional y un interdicto preliminar, el 11 de junio de 2010 el Tribunal de Primera Instancia ordenó a las partes acudir a un proceso de mediación para dirimir sus conflictos, entre los cuales se encontraba un aumento en la cuota académica. Las partes seleccionaron como mediador al Lcdo. Pedro López Oliver. El proceso de mediación comenzó el 12 de junio de 2010 y culminó el 16 de junio de 2010 con la suscripción de un acuerdo entre las partes. Ese acuerdo lo firmaron todos los miembros del Comité Negociador y nueve de los trece miembros de la Junta de Síndicos de la U.P.R.

Con relación a la cuota, según dispuso la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, el acuerdo entre las partes recogió lo siguiente:

1. La administración universitaria se compromete a no imponer una cuota en la primera sesión académica del año académico 2010-2011.

2. La Junta de Síndicos considera que será necesaria el establecimiento de una cuota a partir de enero de 2011. Sin embargo, la Junta de Síndicos se compromete a que, de establecer dicha cuota, ésta no será mayor de la cantidad que representa el aumento en la Beca Pell para los años 2009-10 y 2010-11, tomando como base lo que se recibiría de la Beca Pell en el 2008-2009.

3. Lo antes dispuesto no debe ser entendido como una aceptación del Comité Negociador Nacional, representantes de los estudiantes en este proceso de mediación, a la imposición de un aumento en los costos de estudio a partir de enero de 2011.

Sentencia Parcial y Orden del Tribunal de Primera Instancia del 29 de junio de 2010, pág. 7 [énfasis suplido].

El Tribunal de Primera Instancia ordenó unir al expediente judicial el acuerdo titulado “Entendidos entre la Administración de la Universidad y el Comité Negociador Nacional”. Ese documento fue certificado por la Junta de Síndicos y, posteriormente, por los estudiantes. Para ello, los líderes estudiantiles convocaron una asamblea para el 21 de junio de 2010, en la cual llevaron a votación los convenios entre las partes. Allí, entre otras cosas, se ratificó el acuerdo producto del proceso de mediación y se emitió un “voto de huelga preventivo” para repudiar la imposición de una cuota especial en enero de 2011.

Como consecuencia del convenio, el Tribunal de Primera Instancia ordenó a las partes mostrar causa por lo cual no debía desestimar la “Demanda Enmendada Jurada” presentada por la U.P.R. y la “Reconvención y Demanda Contra Tercero” que presentaron los estudiantes Verónica Guzmán Correa y René Vargas Martínez.NOTA2 Mediante moción en cumplimiento de orden la U.P .R. expuso que la solicitud de injunction permanente y la reclamación de daños y perjuicios no eran académicas. Explicó que sólo hubo un cese voluntario temporero de la conducta que el injunction permanente busca evitar y que ya había amenazas de que la gesta de los estudiantes se repetirá. La U.P.R. alegó que existe una posibilidad real de que se impida el libre acceso al Recinto de Río Piedras en un “futuro cercano” ya que los estudiantes emitieron, en la Asamblea General, un “voto de huelga preventivo” en repudio a la imposición de una cuota especial efectiva en enero 2011.

NOTA2. Estos codemandados instaron una “Reconvención y Demanda Contra Terceros” en la que reclaman a la Presidenta de la Junta de Síndicos, Lcda. Ygrí Rivera, y al Presidente de la Universidad, Dr. José Ramón de la Torre, en su carácter personal, por los daños que alegadamente han sufrido por la publicación de documentos confidenciales y por un supuesto abuso de los procedimientos judiciales.

*4 Por lo tanto, la U.P.R. insistió en que no se desestimara el injunction permanente y la causa de daños y perjuicios. Aseguró que las expresiones realizadas por algunos líderes estudiantiles en la asamblea eran indicio de que próximamente iniciaría otra protesta, lo que hace que el conflicto entre las partes siga vivo. En cuanto al acuerdo producto de la mediación, la U.P.R. indicó que éste no era un acuerdo de transacción ya que no “pretendió aclarar las relaciones jurídicas objeto de este pleito mediante concesiones recíprocas de las partes”.

Por su parte, los líderes estudiantiles codemandados se opusieron a la moción y aseveraron que la controversia se resolvió con el acuerdo suscrito el 16 de junio de 2010 en mediación. Mencionaron que la U.P.R. intenta mantener viva una controversia de forma disfrazada y que realmente es altamente especulativo que se genere otra huelga. Aducen que la U.P.R. retomó el control del recinto y que los portones fueron abiertos. Éstos entienden que ambos aspectos son el núcleo del remedio interdictal que solicitó la U.P.R. Alegan, además, que de ocurrir una huelga en el futuro, otros serían los estudiantes participantes, puesto que la composición estudiantil cambió. Por lo tanto, sostienen que, en ese momento, la U.P.R. podría acudir a la vía judicial.

El 29 de junio de 2010, el Tribunal de Primera Instancia emitió “Sentencia Parcial y Orden” en la que desestimó por académica la solicitud de injunction permanente, interdicto posesorio, y la orden de cese al amparo del Artículo 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, que presentó la U.P .R. También ordenó que la reclamación de daños y perjuicios de la U.P.R. y la demanda de terceros de los codemandados, se tramitaran en un pleito ordinario. Con ello, concluyó que la mediación corrigió todos los conflictos entre las partes.

Cabe señalar que el Tribunal de Primera Instancia hizo constar en su sentencia, bajo el título de “hechos posteriores a la mediación”, que “varios codemandados, algunos sobre los cuales no tenemos jurisdicción por no haber sido emplazados, alegadamente emitieron comentarios públicos sobre la posibilidad de otro proceso huelgario”. Sentencia Parcial y Orden del Tribunal de Primera Instancia, pág. 8. El foro primario no otorgó importancia a esos comentarios y entendió que el acuerdo de mediación hizo académica la controversia entre las partes.

Oportunamente, la U.P.R. presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Allí señaló que el Tribunal de Primera Instancia erró al concluir que la causa de acción de injunction permanente era académica. La U.P.R. sostuvo que el cese voluntario de la conducta de los demandados no tiene carácter de permanencia y que la huelga en un futuro cercano no es incierta. Indicó que les correspondía a los demandados establecer que no hay expectativa razonable de una próxima huelga, cosa que según estiman éstos no hicieron.

*5 El 10 de julio de 2010, la U.P.R. presentó un recurso de certificación ante este Tribunal. Alega que existen cuestiones de alto interés público relacionadas a asuntos constitucionales sustanciales que ameritan que traigamos el pleito ante nuestra consideración. Nos solicita que adelantemos el trámite judicial por la importancia y pronta atención que requiere este conflicto. Además, invoca que de no hacerlo se vulnera el interés de la U.P.R. en mantener su misión como el primer centro docente del país. Para ello, la U.P.R. considera que debe proteger las tareas institucionales y que debe imperar el orden en la universidad. Precisa que el injunction permanente tiene el propósito de mantener la continuidad de las funciones académicas y administrativas, asegurando que el desempeño de las tareas se lleve a cabo de forma ordenada y segura, sin menoscabar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los estudiantes. Por lo tanto, la U.P.R. nos invita a discutir los medios y formas en que tales manifestaciones se pueden generar. Ello, según aduce la U.P.R., amerita que este Tribunal se exprese sobre el tipo de foro que es la universidad y el alcance del derecho fundamental a la libre expresión dentro de ésta.

II

A. La certificación intrajurisdiccional.

El Art. 3.002 de la Ley Núm. 22 de agosto de 2003, según enmendada, conocida como la Ley de la Judicatura de 2003, específicamente en sus incisos (e) y(f), 4 L.P.R.A. sec. 24s(e)(f), dispone los dos escenarios en los cuales, como parte de su competencia, este Tribunal puede atender asuntos mediante el auto de certificación. Ambos escenarios se diferencian a base de la procedencia del auto. Así, cuando los autos proceden del Tribunal de Primera Instancia o del Tribunal de Apelaciones se denominan certificaciones intrajurisdiccionales y cuando proceden de alguno de los tribunales del sistema federal son conocidos como certificaciones interjurisdiccionales. Ahora bien, el tipo de certificación que nos atañe en esta ocasión es el intrajurisdiccional, el cual surge del Art. 3.002(e) de la Ley de la Judicatura, La disposición legal antedicha expresa que este Tribunal,

[m]ediante auto de certificación, a ser expedido discrecionalmente, motu proprio, o a solicitud de parte, podrá traer inmediatamente ante sí para considerar y resolver cualquier asunto ante el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de Apelaciones cuando se plantee la existencia de un conflicto entre decisiones previas del Tribunal de Apelaciones, se planteen cuestiones noveles de derecho, o se planteen cuestiones de alto interés público que incluyan cualquier cuestión constitucional sustancial al amparo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de la Constitución de Estados Unidos. Id.

Así pues, el auto de certificación intrajurisdiccional “es un mecanismo de carácter discrecional que nos permite traer de inmediato ante nuestra atención asuntos que se encuentran ante la consideración de foros inferiores, obviando el trámite ordinario de los procedimientos.” Rivera v. J.C.A., 164 D.P.R. 1, 7 (2005). Ello, como ya hemos mencionado, puede hacerse a solicitud de parte o motu proprio. Art. 3.002(e), supra. Es un recurso de carácter excepcional porque la norma preferida en nuestro ordenamiento es que los casos maduren durante el trámite ordinario para evitar así que el foro de última instancia se inmiscuya a destiempo. Rivera v. J.C.A., supra. Sin embargo, el auto de certificación es el mecanismo adecuado para atender asuntos que requieren urgente solución, ya sea porque se afecta la administración de la justicia o porque el asunto es de tal importancia que exige una pronta atención. Id. Además, es un recurso que nos permite eliminar prácticamente la posibilidad de que algunos tipos de casos evadan nuestros pronunciamientos sobre los asuntos que éstos presentan. Presidente de la Cámara v. Gobernador, 167 D.P.R. 149, 160-161 (2006).

*6 Por esa razón, hemos utilizado el auto de certificación en muchas ocasiones para atender controversias del más alto interés público. Véanse, entre otros, Moreno v. Pres. U.P .R. II, supra; Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, Op. de 2 de febrero de 2010, 2010 T.S.P.R. 11, 2010 J.T.S. 20, 177 D.P.R. ____ (2010), certiorari denegado el 4 de octubre de 2010 (09-1483), 562 U.S. ____ (2010); San Gerónimo Caribe Project v. E.L.A. I, Op. de 31 de julio de 2008, 2008 T.S.P.R. 130, 2008 J .T.S. 149, 174 D.P.R. ____ (2008); McClintock v. Rivera Schatz, 171 D.P.R. 584 (2007); Romero Barceló v. E.L.A., 169 D.P.R. 460 (2006); Rivera v. J.C.A., supra; Suárez v. C.E.E. I, 163 D.P.R. 350 (2005).

B. La controversia entre las partes.

En este caso nos encontramos ante el cuestionamiento de si la solicitud de injunction permanente que presentó la U.P.R. por el cierre de su institución a raíz de la “huelga estudiantil” no es académica porque no tiene visos de permanencia. En la solicitud de certificación la U.P.R. alega que aunque ya la institución está operando en su normalidad, sigue latente la amenaza porque el fin de la pasada “huelga” fue temporero. Los estudiantes recurridos alegan todo lo contrario en su escrito de oposición. Para ellos, el recurso es académico.

La controversia ante esta Curia presenta serias implicaciones sobre las funciones de la U.P.R. Esas funciones están revestidas del más alto interés público. Asimismo, el caso presenta interrogantes constitucionales sustanciales, relacionadas con los derechos de los estudiantes, que merecen nuestra intervención en estos momentos. Además, por la particularidad de los hechos, éste es uno de esos casos que podría escapar a nuestros pronunciamientos y que requiere una pronta atención. Por ello se cumplen los requisitos para la expedición del auto de certificación.

Por su parte, la Regla 50 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, dispone que este Tribunal se reserva la facultad “para prescindir de términos, escritos o procedimientos específicos a los fines de lograr el más justo y eficiente despacho del caso o del asunto de que se trate”. En el caso particular ante nos, evaluados los escritos presentados por las partes, así como el resto del expediente, estamos en posición de resolver. Por eso, como ambas partes han comparecido y de conformidad con la facultad que nos otorga la Regla 50 de nuestro Reglamento, procedemos a expedir el auto de certificación y a resolver el recurso.

III

A. Conocimiento judicial de hechos adjudicativos.

El primer asunto que debemos considerar es si el Tribunal de Primera de Primera Instancia erró al desestimar por académica la solicitud de injunction permanente.

La U.P.R. expone que aplica una de las excepciones a la doctrina de academicidad, porque la situación de hechos fue cambiada, pero sin visos de permanencia. La U.P.R. asegura que con la aprobación del “voto de huelga preventivo”, los estudiantes solamente modificaron su comportamiento de manera temporera y sin firmeza. Así pues, nos requiere que tomemos conocimiento judicial al respecto.

*7 Además, la U.P.R. nos solicita que consideremos “los comentarios recientes realizados en la prensa por parte de líderes estudiantiles, [los cuales] revelan que existe una probabilidad razonable de que se reorganice una protesta estudiantil en el futuro cercano”. Sobre este particular, la U.P.R. nos indica que podemos también tomar conocimiento judicial. Nos cita varias manifestaciones de líderes estudiantiles publicadas en la prensa que muestran que las actuaciones de los estudiantes no tienen visos de permanencia. Por ejemplo, la U.P.R. nos presenta como anejo un artículo noticioso en el que se cita al codemandado, Giovanni Roberto Cáez, declarando lo siguiente:

En este primer “round” salimos victoriosos. Cuando uno gana el campeonato en la primera pelea, uno está dispuesto a ir a la segunda porque sabe que tiene posibilidades de ganar porque ya probó su fuerza y este movimiento ha probado la fuerza que tiene. Así que estamos listos para defender la universidad pública y evitar esa cuota en enero.

Apéndice, págs. 193 y 195.

De igual modo, la U.P.R. aneja otro artículo en el cual otro codemandado, José García, hizo una advertencia a la Junta de Síndicos sobre la implantación de la cuota en enero de 2011. Expresó que “si tenemos que hacer otra huelga, la haremos más combativa que ésta”. Id., pág. 196. Asimismo, la U.P.R. adjunta otro artículo en el que una líder estudiantil del Recinto de Aguadilla, Yanira Ríos de Jesús,NOTA3 exhortó a los estudiantes “a estar listos por si es necesario otro proceso huelgario, en caso de que la Administración decida implantar la cuota o incrementar el costo de los créditos, uno de los puntos que causó el tranque entre [sic] las negociaciones …”. Id., pág. 201.

NOTA3. De los tres estudiantes que emitieron expresiones a la prensa, Yanira Ríos de Jesús es la única que no está incluida específicamente como demandada. Los estudiantes Giovanni Roberto Cáez y José García Oquendo son codemandados y recurridos en este pleito.

Por su parte, los estudiantes recurridos sostienen que los artículos de prensa citados son prueba de referencia que no es admisible y que, por lo tanto, no podemos tomarlos en consideración. Alegan también que es “altamente especulativo” considerar que la “huelga” se repetirá, pero de ello ocurrir, la U.P.R. puede acudir oportunamente a los tribunales.

La Regla 201 de Evidencia de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. IV, trata sobre el conocimiento judicial de hechos adjudicativos. Es decir, versa sobre los hechos que “están en controversia de acuerdo con las alegaciones y del derecho sustantivo que rige el asunto”. Pérez v. Mun. de Lares, 155 D.P.R. 697, 704 (2001); Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704 (1991). Esta regla sustituyó la Regla 11 de Evidencia de 1979, la cual fue interpretada en varias ocasiones por este Tribunal.

La Regla 201 de Evidencia de 2009, supra, dicta, en lo pertinente, que:

Regla 201. Conocimiento judicial de hechos adjudicativos

(a) Esta Regla aplica solamente al conocimiento judicial de hechos adjudicativos.

(b) El Tribunal podrá tomar conocimiento judicial solamente de aquel hecho adjudicativo que no esté sujeto a controversia razonable porque:

*8 (1) es de conocimiento general dentro de la jurisdicción territorial del Tribunal,

(c) es susceptible de corroboración inmediata y exacta mediante fuentes cuya exactitud no puede ser razonablemente cuestionada.

(d) El Tribunal podrá tomar conocimiento judicial a iniciativa propia o a solicitud de parte. Si es a solicitud de parte y ésta provee información suficiente para ello, el Tribunal tomará conocimiento judicial.

(e) …………………….

(f) El Tribunal podrá tomar conocimiento judicial en cualquier etapa de los procedimientos, incluyendo la apelativa [énfasis suplido]….

Como se sabe, el conocimiento judicial es un medio de prueba. Trata de establecer un hecho como cierto sin la necesidad formal de presentar evidencia. E.L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, Publicaciones J.T.S., 1998, Tomo II, Sección 13.1, pág. 1129. Por lo tanto, tomar conocimiento judicial de un hecho adjudicativo NOTA4 significa que el hecho es aceptado como cierto sin necesidad de que la persona obligada presente evidencia de su veracidad. Ello es así porque el tribunal presume que la cuestión es tan notoria que no será disputada. Pese a ello, la parte contraria no está impedida de ofrecer prueba en contrario. Lluberas v. Mario Mercado e Hijos, 75 D.P.R. 7, 20 (1953).

NOTA4. Según expone el profesor Ernesto Luis Chiesa, los hechos adjudicativos son los vinculados con las alegaciones y los que pasan a la consideración del jurado. Esto los diferencia de los hechos legislativos, que son “aquellos que las partes y el tribunal toman en consideración con relación a los efectos sociales o económicos que podría tener la norma que se establecería de resolver de una u otra manera”. E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, Análisis por el Prof. Ernesto Chiesa, San Juan, Publicaciones J.T.S., 2009, pág. 103. Ello es pertinente, según el profesor Chiesa, ya que la Regla 201 aplica solamente a los “hechos adjudicativos.” Regla 201(a). Por lo tanto, el tribunal puede tomar conocimiento de los hechos legislativos sin cumplir con los criterios del inciso (b).

El apartado (b) de esta regla establece los dos criterios por los cuales el tribunal puede adquirir conocimiento judicial. El primer criterio es la notoriedad del hecho, lo cual incluye el conocimiento general que exista en la jurisdicción. Asoc. de Periodistas v. González, supra, pág. 713. Como señala el profesor Chiesa, “a mayor generalidad el hecho, mayor probabilidad de que se puede tomar conocimiento judicial; a mayor especificidad más difícil es tomar conocimiento judicial”. E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, Análisis por el Prof. Ernesto Chiesa, San Juan, Publicaciones J.T.S., 2009, pág. 104. El profesor Chiesa utiliza como ejemplo el evento del “Milagro del Hudson”. Indica que el tribunal puede tomar conocimiento judicial de que un avión descendió en ese río sin que nadie muriera. No obstante, éste no puede adquirir conocimiento judicial de los daños sufridos por un determinado pasajero. Id.

El segundo criterio que exhibe el inciso (b) de la regla, expone que debe ser un hecho cuya existencia no puede ser cuestionada. Tales hechos deben ser de determinación inmediata al recurrir a fuentes cuya exactitud no puede ser discutida. Al amparo de este criterio el hecho no tiene que ser notorio o de conocimiento general, sino de cómoda corroboración. Aquí lo esencial es que el hecho no se disputa porque es de fácil verificación. E.L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, op. cit., pág. 1137.

Ahora bien, no basta con que el hecho sea notorio o indubitable, sino que debe ser también pertinente y admisible. Puesto que el conocimiento judicial es un atrecho al proceso evidenciario, el hecho tiene que ser uno que se hubiese podido probar con evidencia admisible. “El conocimiento judicial no tiene el efecto de hacer admisible lo que es objeto de una regla de exclusión” de evidencia. E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, Análisis por el Prof. Ernesto Chiesa, op. cit., pág. 104.

*9 Sin duda, la economía judicial y lo indeseable de que el juzgador rechace como falso lo que es a todas luces cierto, es el cimiento para la doctrina del conocimiento judicial. E.L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, op. cit., págs. 1130. “[L]os jueces no viven en un vacio. Sabemos lo que el resto de la comunidad sabe.” Pueblo v. Marrero, 79 D.P.R. 649, 658 (1956). No obstante, el conocimiento judicial no se refiere al conocimiento personal del juez, sino al general que éste pueda tener de un hecho. E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, Análisis por el Prof. Ernesto Chiesa, op. cit., pág. 104.

Por último, el tribunal puede tomar conocimiento judicial por su propia iniciativa o a solicitud de parte. En el segundo de los casos, la parte proponente debe poner en posición al tribunal para tomar conocimiento judicial. Entonces, el tribunal debe acceder a la solicitud, especialmente si se trata de un hecho de fácil verificación. Si la parte promovente no provee la información, el tribunal rechazará la solicitud y la parte deberá entonces presentar evidencia para probar el hecho. Pérez v. Mun. de Lares, supra, pág. 705.

Conforme al derecho antes expuesto no cabe duda de que este Tribunal puede tomar conocimiento judicial de que el 21 de junio de 2010 se celebró una asamblea convocada por los estudiantes. Este hecho no sólo es de conocimiento general sino que es de fácil corroboración. Tampoco se cuestiona que en dicha fecha una mayoría de los estudiantes reunidos ratificaron un “voto preventivo de huelga”. Este particular no ha sido cuestionado por los estudiantes.

Ahora bien, distinto son las expresiones citadas en el periódico que alegadamente hicieron varios estudiantes, que en su mayoría son codemandados-recurridos. Sin el beneficio de la prueba que se presente en un juicio, no hay manera de que podamos tomar como cierto el contenido de los artículos de periódicos que cita la U.P.R. Como se sabe, este Tribunal ha establecido como norma general que los artículos de periódicos no son admisibles para probar lo que en éstos se relata, porque son prueba de referencia. Pons v. Rivera Santos, 85 D.P.R. 524, 542 (1962). Evidentemente, los artículos de los periódicos con las citas de lo que alegadamente dijeron los estudiantes, son prueba de referencia inadmisible para probar la certeza de lo allí citado. Por lo tanto, sobre ese particular los estudiantes recurridos tienen razón. Este Tribunal no puede, sin más, considerar ciertas esas expresiones.

Sin embargo, no debe existir duda alguna de que sí podemos tomar conocimiento judicial de que el 21 de julio de 2010 se realizó una asamblea de estudiantes y que allí se ratificó un “voto preventivo de huelga”. Estos hechos son de conocimiento general y de fácil corroboración. Con ese hecho como premisa, debemos analizar si este pleito es académico como resolvió el Tribunal de Primera Instancia.

B. Academicidad: excepción de cesación voluntaria sin visos de permanencia.

*10 Como se sabe, conforme al principio de justiciabilidad los tribunales limitan su intervención para resolver controversias reales y definidas que afectan las relaciones jurídicas de partes antagónicas u opuestas. E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 584 (1958). Conforme a ello, un tribunal de justicia no debe atender una controversia de carácter hipotético, abstracto o ficticio. Id. Esa limitación tiene el propósito de que los tribunales puedan precisar el momento oportuno para su intervención. Id.

Hemos señalado que un asunto no es justiciable cuando: (1) trata de resolver una cuestin poltica; (2) una de las partes no tiene legitimación activa para promover un pleito; (3) después de comenzado un pleito, unos hechos posteriores lo convierten en acadmico; (4) las partes buscan obtener una opinión consultiva; o(5) se promueve un pleito que no está maduro. Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406 (1994). Como vemos, la doctrina de academicidad es una manifestación del principio de justiciabilidad.

La academicidad recoge la situación en que, aun cumplidos todos los criterios de justiciabilidad, ocurren cambios en los hechos o el derecho durante el trámite judicial que tornan académica o ficticia la solución del pleito. El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115, 123 (1988); Com. de la Mujer v.. Srio. De Justicia, 109 D.P.R. 715, 724 (1980). La doctrina de academicidad busca: (1) evitar el uso innecesario de los recursos judiciales; (2) asegurar que haya la adversidad suficiente para que las controversias se presenten y defiendan competente y vigorosamente; y(3) evitar precedentes innecesarios. Com. de la Mujer v. Srio. De Justicia, pág. 725.

Un caso académico es aquel que intenta “obtener un fallo sobre una controversia disfrazada, que en realidad no existe, o una determinación de un derecho antes que éste haya sido reclamado, o una sentencia sobre un asunto, que al dictarse, por alguna razón no podrá tener efectos prácticos sobre una controversia existente”. P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643, 675 (1995); E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 584. Conforme a ello, una controversia puede convertirse en académica cuando su condición viva cesa por el transcurso del tiempo. Emp. Pub. Des., Inc. v. H.I.E.T.E.L., 150 D.P.R. 924, 936 (2000).

Al considerar el concepto de academicidad hay que concentrarse en “la relación existente entre los eventos pasados que dieron inicio al pleito y la adversidad presente”. Asoc. de Periodistas v. González, supra, págs. 717-718. Este análisis es trascendental para determinar la existencia de los requisitos constitucionales de justiciabilidad, especialmente cuando existen aspectos de la controversia que se tornan académicos pero persisten consecuencias colaterales de ésta que tienen vigencia y actualidad. Véase, R. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1986, Vol. 1, págs. 122-126. Por lo tanto, al examinar si un caso es académico, debemos evaluar los eventos anteriores, próximos y futuros, a fines de determinar si la controversia entre las partes sigue viva y subsiste con el tiempo. Pres. del Senado, 148 D.P.R. 737, 759 (1999). De no ser así, los tribunales están impedidos de intervenir.

*11 No obstante, este Tribunal ha reconocido varias excepciones a la doctrina de academicidad. P.P.D. v. Gobernador I, supra, pág. 676. Tales excepciones son: (1) una cuestión recurrente o susceptible de volver a ocurrir; (2) cuando la situación de hechos ha sido cambiada por el demandado, pero no tiene visos de permanencia; (3) cuando subsisten consecuencias colaterales que tienen vigencia y actualidad. Moreno v. Pres. U.P.R. II, supra; Angueira v. J.L.B.P., 150 D.P.R. 10, 19 (2000).

La U.P.R. alega que en este caso aplica la segunda excepción antes mencionada. Explica que los estudiantes realizaron un cambio a su conducta, pero sin la intención de que ese cambio fuera permanente. Asegura que la aprobación del “voto de huelga preventivo” es prueba de ello. Como indicáramos, podemos tomar conocimiento judicial del hecho de que hubo una asamblea de estudiantes en la cual se aprobó un voto preventivo de huelga. No podemos obviar que los intentos de concluir la controversia entre las partes mediante el acuerdo de mediación, a raíz de esa asamblea, no necesariamente fueron definitivos. En ese sentido creemos que la U.P.R. tiene razón en sus argumentos.

Este Tribunal nunca ha tenido la oportunidad de aplicar y abundar sobre la excepción de academicidad de cesación voluntaria sin visos de permanencia. NOTA5 Sin embargo, existe múltiple jurisprudencia al respecto del Tribunal Supremo federal. Así, ese foro ha sostenido que el hecho de que un demandado desista voluntariamente de la conducta impugnada no priva automáticamente a un tribunal de su autoridad para determinar la legalidad de esa conducta. Friends of Earth, Inc. v. Laidlaw Environmental Services, Inc., 528 U.S. 167, 189 (2000); City of Mesquite v. Aladdin’ s Castle, Inc., 455 U.S. 283, 289 (1982). De lo contrario, se dejaría libre a la parte demandada para volver a sus antiguas usanzas. United States v. Concentrated Phosphate Export Ass’n, 393 U.S. 199, 203 (1968), citando a United States v. W.T. Grant Co., 345 U.S. 629, 632 (1953).

NOTA5. En Presidente de la Cámara v. Gobernador, 167 D.P.R. 149 (2006), no aplicamos la excepción de cesación voluntaria sin visos de permanencia. Concluimos que el caso era académico porque no era probable que la controversia recurriera en el futuro. No obstante, la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió una opinión disidente en la que señaló que no había garantía de que la parte recurrida no habría de repetir la misma conducta en el futuro. Opinó que debía aplicarse la excepción de cesación sin visos de permanencia y abundó un poco sobre este concepto y su aplicación por el Tribunal Supremo federal.

El Tribunal Supremo federal indicó que para determinar si un caso es académico por el cambio voluntario de una demandado se utiliza el escrutinio estricto. Friends of Earth, Inc. v. Laidlaw Environmental Services, Inc., supra. Por lo tanto, la culminación voluntaria de una conducta no tornará académica una controversia salvo que los eventos subsiguientes hagan absolutamente claro que no es razonable esperar que la alegada conducta impugnada volverá a ocurrir. Parents Involved in Cmty. Sch. v. Seattle Sch. Dist. No. 1, 551 U.S. 701, 719 (2007) citando a Friends of Earth, Inc. v. Laidlaw Environmental Services, Inc., supra, y a United States v. Concentrated Phosphate Export Ass’ n, supra (“ subsequent events made it absolutely clear that the allegedly wrongful behavior could not reasonably be expected to recur ”).

Si un demandante impugna una acción y el demandado reacciona eliminándola, pero posteriormente continúa con una acción sustancialmente similar (“ substantially similar action ”), el caso no es académico. J.E. Nowak y R.D. Rotunda, Constitutional Law, 8va ed., West Pub., 2010, pág. 72. Concluir lo contrario dejaría en las manos de la parte demandada la continuación del pleito. Por eso, un caso es académico solo si: (1) puede asegurarse que la violación alegada no va a volver a ocurrir; y(2) el remedio provisional concedido o los eventos acaecidos han erradicado completa e irrevocablemente los efectos de la violación alegada. County of Los Angeles v. Davis, 440 U.S. 625, 631 (1979).

*12 En el caso normativo United States v. W.T. Grant Co., supra, el Tribunal Supremo señaló:

Both sides agree to the abstract proposition that voluntary cessation of allegedly illegal conduct does not deprive the tribunal of power to hear and determine the case, i.e., does not make the case moot…. A controversy may remain to be settled in such circumstances…. The defendant is free to return to his old ways. This, together with a public interest in having the legality of the practices settled, militates against a mootness conclusion …. For to say that the case has become moot means that the defendant is entitled to a dismissal as a matter of right,…. The courts have rightly refused to grant defendants such a powerful weapon against public law enforcement [citas omitidas; énfasis suplido].

El peso de la prueba recae en la parte que alega que el pleito es académico. Es decir, le corresponde a ésta demostrar que el cambio de conducta para culminar la controversia es permanente y no es razonable esperar que revierta. Friends of Earth, Inc. v. Laidlaw Environmental Services, Inc., supra (“ the heavy burden of persuading the court that the challenged conduct cannot reasonably be expected to start up again lies with the party asserting mootness ”.). En ese sentido, si la parte demandada puede probar que no existe una expectativa razonable de que la conducta impugnada se repita, entonces el caso es académico. United States v. W.T. Grant Co., supra.

En vista del derecho antes expuesto, los estudiantes recurridos tienen el peso de la prueba para establecer que su conducta con relación al fin de la huelga es permanente. El acuerdo al que llegaron las partes tras la intervención de un mediador no tuvo el propósito de terminar con la litigación. Ninguna de sus cláusulas contiene un compromiso de desistir del pleito. El único objetivo fue levantar la “huelga estudiantil” que imperaba entonces a cambio de una posposición hasta enero de 2011 del cobro de una cuota especial a los estudiantes, entre otras cosas. Los estudiantes recurridos hicieron constar expresamente en el acuerdo producto de la mediación que rechazan esa cuota. Luego, aprobaron un “voto preventivo de huelga.” Eso mantiene viva la pugna que mantuvo a nuestro sistema universitario paralizado por meses.

Por ende, la controversia ante nuestra consideración se sitúa perfectamente en la excepción de academicidad antes expuesta. No existe una garantía real de que los estudiantes no habrán de incurrir en la conducta impugnada, especialmente luego de la aprobación del “voto preventivo de huelga”. Por el contrario, su conducta es un indicio razonable de que podría volver a ocurrir otra paralización de la U.P.R. y que la intención de los estudiantes recurridos nunca fue culminar con la controversia de autos.

Si concluyéramos que el litigio es académico los estudiantes recurridos quedarían liberados de un dictamen judicial y podrían incurrir nuevamente en la conducta proscrita. Eso dejaría sin remedio a la U.P.R. a pesar de sus alegaciones de daño irreparable. La adjudicación judicial de ese reclamo no puede quedar al arbitrio unilateral de los estudiantes recurridos. Esto cobra más importancia cuando se trata de un asunto de tan alto interés público. Estamos ante la posible paralización de nuestro más alto centro público de enseñanza y la frustración de la misión social consagrada en la Ley de la Universidad de Puerto Rico. Es por ello que concluimos que este caso no es académico porque le aplica la excepción de cesación voluntaria sin visos de permanencia. A pesar de los esfuerzos de mediación, la conducta posterior de los estudiantes abona a que la U.P.R. se sienta amenazada y nada impediría que los estudiantes retomen los actos que el injunction permanente busca evitar.

IV

*13 La U.P.R. ha solicitado un interdicto permanente contra los estudiantes recurridos, que ordene el cese de toda acción que impida el libre acceso al campus universitario. Por su parte, los estudiantes recurridos argumentan como defensas afirmativas que el remedio que la U.P.R. solicita implica un menoscabo de patente intensidad a su derecho a la libre expresión, que por ello requiere el escrutinio judicial más alto y acucioso posible. Toda vez que el Tribunal de Primera Instancia tendrá que aquilatar estos planteamientos al evaluar si emite la orden de injunction permanente que se le ha solicitado, es imperativo definir los contornos de los derechos constitucionales que se invocan como defensa. Nos aseguramos así de que se protejan los derechos legales y constitucionales de todas las partes en la comunidad universitaria.

A. Principios generales de la libertad de expresión.

La Sec. 4 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico consagra el derecho fundamental a la libertad de expresión. Art. II, Sec. 4, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Como tal, nuestra Carta de Derechos protege al ciudadano puertorriqueño contra cualquier actuación gubernamental o “ley … que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios”. Id. Como corolario de la libre expresión, la Sec. 6 del artículo citado añade que “[l]as personas podrán asociarse y organizarse libremente para cualquier fin lícito, salvo en organizaciones militares o cuasi militares”. Id., Sec. 6. Hemos expresado en el pasado que “[a]mbos derechos son fundamentales para la consecución y[el] ejercicio de la libertad de conciencia”. Rodríguez v. Srio. de Instrucción, 109 D .P.R. 251, 255 (1979).

La garantía constitucional a la libertad de palabra “abarca el ámbito general de la libertad de conciencia, de pensamiento, de expresión, y las actividades propias para ejercitar a plenitud dentro de la más dilatada libertad la totalidad de los derechos”. Muñiz v. Admor. Deporte Hípico, 156 D.P.R. 18, 23 (2002), citando a 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2564 (1951). Además, “[faculta] el desarrollo pleno del individuo y [estimula] el libre intercambio y la diversidad de ideas, elementos vitales del proceso democrático”. Velázquez Pagán v. A.M.A., 131 D.P.R. 568, 576 (1992).

“Entre las libertades individuales, la libertad de expresión es probablemente la más esencial, una vez garantizado el derecho a la vida y a la libertad física”. Asoc. de Maestros v. Srio. de Educación, 156 D.P.R. 754, 767 (2002). “La libertad de expresión es la quintaesencia de una sociedad democrática. De forma multidimensional, en la constelación de valores democráticos, goza de una primacía peculiar”. Coss y U.P.R. v. C.E.E., 137 D.P.R. 877, 886 (1995). Como resultado, este Tribunal está llamado a la más celosa protección de un derecho tan cardinal. Asoc. de Maestros v. Srio. de Educación, supra, pág. 768.

*14 Sin embargo, hemos reiterado a la saciedad que el derecho a la libertad de palabra no está inmune a la imposición de limitaciones, siempre y cuando éstas sean interpretadas de forma restrictiva, de manera que no abarquen más de lo imprescindible. Muñiz v. Admor. Deporte Hípico, supra, pág. 24; Véanse también, Asoc. de Maestros v. Srio. de Educación, supra, págs. 768-769; Velázquez Pagán v. A.M.A., supra, pág. 576; Rodríguez v. Srio. de Instrucción, supra, pág. 255. La libertad de expresión no es un derecho absoluto. Por consiguiente, puede “subordinarse a otros intereses cuando la necesidad y conveniencia públic[a] lo requieran”. Mari Bras v. Casañas, 96 D.P.R. 15, 21 (1968). Véanse también: Aponte Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282, 290 (1971); A. Lewis, Freedom for the Thought that We Hate, New York, Ed. Basic Books, 2007, pág. 169 (“ People invoke the First Amendment as if those words would settle whatever issue was being debated. But in truth the freedoms of speech and of the press have never been absolutes ”.).

La Sec. 4 de la Carta de Derechos local, supra, encuentra su origen en los postulados de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América, Enmd. I, Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1. Véase, J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, Ed. U.P.R., 1982, T. 3, pág. 181. La Primera Enmienda declara, en lo pertinente, que “[e]l Congreso no aprobará ninguna ley … que coarte la libertad de palabra o de prensa; o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar del Gobierno la reparación de agravios”. Enmd. 1, supra. A su vez, la Enmienda Catorce, Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1, hizo extensivas las garantías a las libertades de expresión y prensa consagradas en la Primera Enmienda, supra, a todos los estados de la Unión. Véanse: Enmd. XIV, supra; J.E. Nowak & R.D. Rotunda, op. cit., pág. 1252. Por tratarse de un derecho fundamental, la garantía de libertad de expresión y prensa de la Constitución federal aplica en Puerto Rico. Balzac v. People of Porto Rico, 258 U.S. 298, 314 (1922); Aponte Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282, 286-287 (1971). Véase, D.M. Helfeld, How Much of the Federal Constitution is Likely to be Held Applicable to the Commonwealth of Puerto Rico, 39 Rev. Jur. U.P.R. 169, 183 (1969).

Por esa razón, “las garantías de nuestra Carta de Derechos las interpretamos y hacemos efectivas no en menor grado de protección que lo hace, respecto a garantías similares, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos”. Aponte Martínez v. Lugo, supra. Al resolver casos y controversias que surgen bajo el palio de la Primera Enmienda, supra, el Tribunal Supremo federal ha bifurcado su análisis en dos grandes categorías, a saber: (1) acciones gubernamentales que reglamentan el contenido de la expresión, y(2) aquéllas que regulan su tiempo, lugar y manera. J.E. Nowak & R.D. Rotunda, op. cit., pág. 1253; K. Sullivan & G. Gunther, First Amendment Law, New York, Ed. Foundation Press, 1999, pág. 193 (“The Court has increasingly treated the distinction between content-based and content-neutral regulations as a crucial one in First Amendment law”.); R. Serrano Geyls, Derecho constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, op. cit., T. 2, pág. 1278.

B. La reglamentación gubernamental del contenido de la expresión.

*15 Al analizar las controversias que plantean el derecho a la libertad de expresión, hemos adoptado el sistema de análisis implantado por el más alto foro federal. Por consiguiente, hemos consignado que “es menester distinguir entre la reglamentación gubernamental del contenido de la expresión y la reglamentación del tiempo, lugar y manera de la expresión”. Muñiz v. Admor. Deporte Hípico, supra, pág. 24; Véase, además, Asoc. de Maestros v. Srio. de Educación, supra, pág. 769.

En términos generales, hemos desfavorecido toda intervención gubernamental que procure impedir determinada expresión debido a su contenido. Una intervención gubernamental incide sobre el contenido de una expresión si

la prohibición va dirigida precisamente a las ideas o a la información que se quiere diseminar, por el mensaje o punto de vista específico de la expresión o por el efecto que esa información o idea pueda tener. Cualquier acción del Gobierno de esta naturaleza, que esté dirigida al contenido o al impacto comunicativo de la expresión, se considera tan ominosa jurídicamente que se presume contraria a la Primera Enmienda de la Constitución federal, [ supra ], y a la Sec. 4 del Art. II de nuestra Constitución … [ supra ] [Énfasis en el original.].

Muñiz v. Admor. Deporte Hípico, supra, pág. 25, citando a L.H. Tribe, American Constitutional Law, 2da ed., New York, Ed. Foundation Press, 1988, Sec. 12-2, págs. 789-790.

Cuando una actuación gubernamental esté diseñada para afectar el contenido de la expresión, deberá someterse a un escrutinio judicial estricto. Lo anterior implica que la restricción a la actividad expresiva no se sostendrá, a no ser que el gobierno pueda justificar que su acción está estrechamente diseñada para alcanzar un interés público apremiante y que tal actuación es necesaria para alcanzar dicho interés. Véase, Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., 460 U.S. 37, 45 (1983). Véanse, además, Pleasant Grove City v. Summum, 129 S.Ct. 1125, 1132 (2009), 555 U.S. ____ (2009); Frisby v. Schultz, 487 U.S. 474, 841 (1988); Bd. of Airport Comm’rs v. Jews for Jesus, 482 U.S. 569, 573 (1987); J.E. Nowak & R.D. Rotunda, op. cit., págs. 1253 y 1254.

El Tribunal Supremo federal ha permitido, en limitadas ocasiones y mediante una regulación clara y estrechamente diseñada, que se proscriba determinada expresión por causa de su contenido cuando ésta puede catalogarse bajo alguna de las siguientes clasificaciones:

(1) speech that incites to imminent lawless action, such as a speaker who urges the lynch mob to attack; (2) speech that triggers an automatic violent response (so called “fighting words” or “true threats”); (3) obscenity, (which the Court narrowly defines to exclude much material that the popular press often describes as pornography); (4) child pornography, a limited category of speech involving photographs and films of young children; (5) certain types of defamatory speech; and (6) certain types of commercial speech, primarily false or misleading speech connected to the sale of a service or product, or offers to engage in illegal activity, such as advertisement for a male-only employee when the law forbids sex discrimination.

*16 J.E. Nowak & R.D. Rotunda, op. cit., págs. 1253-1254.

Al igual que el Tribunal Supremo federal, también nos hemos expresado sobre esas clasificaciones, al autorizar determinadas actuaciones o regulaciones gubernamentales aunque incidan sobre el contenido del mensaje, ya que la expresión resulta ser: (1) subversiva; (2) difamatoria; (3) invasora de la intimidad; (4) obscena; o(5) de naturaleza comercial. Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573 (1982); Pueblo v. Olivero Rodríguez, 112 D.P.R. 369 (1982); Pueblo v. Burgos, 75 D.P.R. 51 (1953); Guadalupe v. Bravo, 71 D.P.R. 975 (1950); Véase, además, R. Serrano Geyls, op. cit., págs. 1279-1447.

No obstante, cuando una actuación gubernamental impide cierto mensaje por causa de su contenido y la expresión no está dentro de alguna de esas clasificaciones, el gobierno tendrá la carga onerosa de establecer que la limitación a la expresión cumple con los requisitos esenciales de un escrutinio judicial estricto; a saber, que está diseñada estrechamente para alcanzar un interés gubernamental apremiante. J.E. Nowak & R.D. Rotunda, op. cit., pág. 1254.

C. La reglamentación gubernamental del tiempo, lugar y la manera de la expresión, y el análisis tripartita de foros.

El Estado no puede suprimir de manera total y absoluta el ejercicio de la expresión legítima. Tampoco se favorece, como regla general, la regulación del contenido de la expresión protegida. Ahora bien, el Estado sí puede limitar, bajo ciertas condiciones, el tiempo, lugar y la manera en que un ciudadano ejerce su derecho a la libre expresión. Véase, Perry Educ. Ass’n v. Perry Local Educators’ Ass’n, supra, pág. 45. Véanse, además, Hill v. Colo., 530 U.S. 703, 726 n. 32 (2000); Burson v. Freeman, 504 U.S. 191, 197 (1992); J.E. Nowak & R.D. Rotunda, pág. 1255. Sin este tipo de límite o restricción, nuestra sociedad democrática estaría desprovista de algún grado sensato de orden y civilidad, ya que los ciudadanos estarían libres para expresar su mensaje sin importar el contexto específico del lugar, el momento o el modo en que lo hacen. Id.

El Tribunal Supremo federal ha establecido que una regulación o actuación gubernamental que tan solo incida sobre el tiempo, lugar y la manera de la expresión, será válida únicamente si cumple con un escrutinio judicial intermedio. El escrutinio judicial intermedio requiere que la regulación o actuación gubernamental cumpla con tres exigencias: (1) que sea neutral en cuanto al contenido de la expresión; (2) que haya sido diseñada estrechamente para alcanzar un interés gubernamental importante o significativo que no esté relacionado con la supresión del contenido de la expresión; y(3) que no impida medios alternativos de comunicación. Burson v. Freeman, supra, pág. 197; Véanse, además, Ward v. Rock Against Racism, 491 U.S. 781, 791 (1989); United States v. Grace, 461 U.S. 171, 177 (1983); J.E. Nowak & R.D. Rotunda, op. cit., págs. 1255 y 1257.

*17 La utilización de un escrutinio judicial intermedio evita los rigores de un escrutinio judicial estricto. Este último exige que se pruebe un interés gubernamental apremiante e inclina el péndulo de intereses hacia el extremo de permitir todo tipo de expresión en cualquier sitio, ocasión o forma. En el otro extremo, revisar las regulaciones o actuaciones gubernamentales a la luz de un escrutinio de razonabilidad mínima facultaría que el Estado suprima adversamente la libertad de expresión en nuestra sociedad, ya que se presumiría constitucional la acción impugnada y quien se opone a ella tendría la carga pesada de demostrar que el gobierno no persigue un interés gubernamental legítimo. Véase, J.E. Nowak & R.D. Rotunda, op.cit.

Cuando el Gobierno restringe el derecho a la libertad de expresión en propiedad pública, se desata una pugna de intereses entre el derecho del Estado a limitar el uso que se ejerce sobre ésta, y el derecho de todo ciudadano a utilizar la propiedad del Estado para actividades intrínsecas a la libertad de palabra. Bd. of Airport Comm’rs v. Jews for Jesus, supra, pág. 572. Para alcanzar un balance de intereses, el Tribunal Supremo federal ha instaurado un análisis tripartita, en donde el grado de expresión permitido dependerá del tipo de foro identificado. Según el caso normativo Perry Educ. Ass’n v. Perry Local Educators’ Ass’n, supra, págs. 45-46, los tres foros de expresión son: (1) el foro público tradicional; (2) el foro público por designación, y(3) el foro público no tradicional. Véanse, además, Ark. Educ. TV Comm’n v. Forbes, 523 U.S. 666, 677 (1998); Cornelius v. NAACP Legal Defense & Ed. Fund, Inc., 473 U.S. 788, 802 (1985).

Un foro público tradicional es un lugar que por uso y costumbre o por fíat gubernamental ha sido destinado a la reunión pacífica y al debate público. Perry Educ. Ass’n v. Perry Local Educators’ Ass’n, supra, pág. 45. Las calles, aceras y parques son lugares que por excelencia se han considerado foros públicos tradicionales, ya que por tiempo inmemorable han sido reservados para el uso del pueblo y para la reunión entre ciudadanos con el fin de cultivar la comunicación y discutir asuntos de interés social. Id., citando a Hague v. CIO, 307 U.S. 496, 515 (1939) (“ Wherever the title of streets and parks may rest, they have immemorially been held in trust for the use of the public, and, time out of mind, have been used for purposes of assembly, communicating thoughts between citizens, and discussing public questions.”).

Al analizar toda regulación o limitación de la libertad de palabra en este tipo de foro, los tribunales deben emplear el análisis dual antes esbozado, examinando si la acción interfiere con el contenido de la expresión o si sólo coarta el tiempo, lugar o la manera de hacerla. Si la regulación o limitación suprime el contenido de la expresión en un foro público tradicional, los tribunales aplicarán el escrutinio judicial estricto antes explicado, a no ser que se trate de alguna de las clasificaciones de expresión que han sido proscritas por su contenido ( i.e., obscenidad); empero, si la restricción solo atañe el tiempo, lugar y el modo de la expresión, entonces será de aplicación el escrutinio judicial intermedio antes consignado. Éste aplica a toda regulación que sea neutral hacia el contenido de la expresión. Perry Educ. Ass’n v. Perry Local Educators’ Ass’n, supra, págs. 45-46. Véase, también, Pleasant Grove City v. Summum, supra, pág. 1132.

*18 La segunda clase de foro, el foro público por designación, consiste en aquella propiedad pública que el Estado ha abierto a la actividad expresiva. Perry Educ. Ass’n v. Perry Local Educators’ Ass’n, supra, pág. 45. El foro público por designación no es uno originalmente destinado a gestiones comunicativas, pero el Gobierno, por elección propia, opta por abrirlo para tales propósitos. Pleasant Grove City v. Summum, supra, pág. 1132. Véase, también, Cornelius v. NAACP Legal Defense & Ed. Fund, Inc., supra, pág. 802. Aunque el Estado no está obligado a proveer para fines expresivos la propiedad pública que no es catalogada tradicionalmente como un foro público, mientras lo haga deberá cumplir con el escrutinio empleado para evaluar la constitucionalidad de la regulación de la expresión protegida en los foros públicos tradicionales. Perry Educ. Ass’n v. Perry Local Educators’ Ass’n, supra, pág. 46. En U.N.T.S. v. Srio. de Salud, 133 D.P.R. 153, 164 (1993), añadimos:

Dentro de esta categoría, el Gobierno puede designar foros públicos limitados. Éstos se abren para propósitos específicos, tales como la discusión e intercambio de ideas por ciertos grupos o sobre ciertos temas. Por lo tanto, en esos casos, el derecho a expresarse se extendería sólo a otros grupos de carácter similar o a otros puntos de vista sobre el mismo tema. El Gobierno no puede crear estos foros por inacción, sino sólo deliberadamente [Citas omitidas.].

Por último, el foro público no tradicional alberga aquella propiedad pública que no ha sido destinada tradicionalmente a la reunión pacífica o al debate público y el Gobierno tampoco ha elegido abrirla para actividades expresivas. J.E. Nowak & R.D. Rotunda, op. cit., pág. 1263. La categoría de foro público no tradicional se examina a la luz de un escrutinio judicial distinto al establecido para el foro público tradicional y el foro público por designación. En el foro público no tradicional,

la protección que ofrece la Primera Enmienda de la Constitución federal es menor. El Gobierno puede limitar la actividad expresiva a aquella que sea compatible con el objetivo para el cual fue creada esta propiedad pública. La reglamentación de la expresión será válida siempre que sea razonable, aunque no tiene que ser la única ni la más razonable ( International Soc’y for Krishna Conciousness, Inc. v. Lee, supra; Cornelius v. NAACP Legal Defense & Ed. Fund., supra, pág. 808), neutral en cuanto a puntos de vista ( Cornelius v. NAACP Legal Defense & Ed. Fund., supra, pág. 806), y siempre que no sea parte de un esfuerzo por suprimir la expresión ( Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra, pág. 46).

U.N.T.S. v. Srio. de Salud, supra, pág. 164.

D. La libertad de expresión en el contexto universitario.

*19 Las instituciones universitarias han ocupado un papel protagónico en múltiples controversias jurídicas respecto a los límites y contornos del derecho a la libertad de palabra. Al respecto, la jurisprudencia federal y local ha atendido los intereses en pugna. Por un lado, identificamos el interés de los estudiantes en ejercer el derecho que sin duda les asiste a la libre expresión, sin restricciones onerosas; mientras, por otra parte, la administración universitaria tiene el deber de asegurar el libre ejercicio de esa expresión dentro de los límites razonables que son compatibles con la misión de la Universidad que la administración tiene que promover y proteger. En otras palabras, la administración universitaria tiene que asegurarle al país y a los componentes del campus que la universidad pública cumplirá su misión docente como centro de formación, instrucción y aprendizaje.

El máximo foro federal dictaminó en Tinker v. Des Moines Indep. Cmty. Sch. Dist., 393 U.S. 503, 505 (1969), que el derecho a la libertad de expresión de estudiantes de escuelas secundarias no podía limitarse absolutamente, a no ser que el Estado demostrara que el ejercicio de expresión estudiantil afectaba material y sustancialmente el ambiente de aprendizaje de la escuela y el orden y la disciplina en la institución. Según el Tribunal Supremo, los actos expresivos de los estudiantes -protestar contra el conflicto bélico en Vietnam mediante el uso en la escuela de bandas negras en sus brazosestaban cobijados por la Primera Enmienda, supra, ya que los maestros y los estudiantes no pierden sus derechos constitucionales una vez traspasan los portones escolares hacia las aulas de estudio. Íd., pág. 506.

En Rodríguez v. Srio. de Instrucción, supra, adoptamos los pronunciamientos del Tribunal Supremo federal en Tinker v. Des Moines Indep. Cmty. Sch. Dist., supra. “Los derechos básicos garantizados por nuestra Constitución acompañan tanto a maestros como a estudiantes durante su permanencia en los predios escolares. La prohibición de su ejercicio tiene pues que obedecer a motivos que trasciendan del mero deseo de evitar inconvenientes triviales”. Rodríguez v. Srio. de Instrucción, supra, págs. 257-258.

Además, en Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, 113 D.P.R. 153, 160 (1982), integramos a la esfera universitaria los principios esbozados en Rodríguez v. Srio. de Instrucción, supra. Expresamos que

es afín con la esencia vital de la universidad la norma constitucional que reconocimos en Rodríguez v. Srio. de Instrucción, [ supra ], a los efectos de que estudiantes y profesores conservan sus derechos de expresión y asociación pacífica en consonancia con los propósitos de la institución, cuando entran a los centros de enseñanza.

Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, supra, pág. 162.

*20 No obstante, el criterio de las autoridades escolares merece deferencia, para garantizar así que el derecho a la libertad de expresión no interfiera sustancialmente con el ambiente de enseñanza y aprendizaje académico. Así, en Bethel School Dist. No. 403 v. Fraser, 478 U.S. 675 (1986), el Tribunal Supremo federal determinó que los administradores de una escuela pueden suspender a un estudiante que emitió un discurso sexualmente cargado en una asamblea de estudiantes, ya que las escuelas tienen autoridad para determinar qué constituye lenguaje sexualmente indecente y ofensivo, el cual no está protegido por la Primera Enmienda, supra. En Hazelwood School Dist. v. Kuhlmeir, 484 U.S. 260 (1988), se estableció que una escuela puede ejercer control editorial sobre el contenido de expresiones estudiantiles en foros auspiciados por la escuela, sin tener que probar que la expresión estudiantil interrumpe sustancialmente las labores académicas. Sin embargo, la limitación debe estar razonablemente relacionada con algún interés pedagógico legítimo. Finalmente, en Morse v. Frederick, 551 U.S. 393 (2007), se determinó que una escuela puede suspender a un estudiante por desplegar un letrero que leía “ BONG HITS 4 JESUS ” en una actividad escolar.

Recientemente, el Tribunal Supremo federal extrapoló al entorno universitario lo dicho en el contexto escolar, y reafirmó que los tribunales le debemos deferencia al juicio de las administraciones universitarias con relación a qué política interna faculta el alcance de los objetivos y fines pedagógicos que son característicos de un centro de alta enseñanza. Christian Legal Soc’y Chapter of the Univ. of Cal. v. Martínez, 130 S.Ct. 2971, ___ U.S. ____ (2010). En concreto, el Tribunal aseveró lo siguiente:

This Court is the final arbiter of the question whether a public university has exceeded constitutional constraints, and we owe no deference to universities when we consider that question…. Cognizant that judges lack the on-the-ground expertise and experience of school administrators, however, we have cautioned courts in various contexts to resist substituting their own notions of sound educational policy for those of the school authorities which they review.

Id., pág. 2988.

En fin, el derecho a la libertad de expresión de estudiantes, empleados y profesores debe ser cónsono con la misión educativa de la universidad. Sin embargo, la administración universitaria no tiene un poder irrestricto para limitar el derecho a la libertad de palabra so pretexto de alcanzar sus objetivos pedagógicos. Hemos requerido que “las autoridades [universitarias] muestren los hechos que razonablemente las han llevado a concluir que de permitir la actividad proscrita, se alterarían substancialmente o se causaría una seria intervención con las actividades docentes”. Rodríguez v. Srio. de Instrucción, supra, pág. 257. Las autoridades universitarias deben demostrar que “las restricciones impuestas obedecen a la necesidad real de defender la eficiencia e integridad del servicio público”. Id., págs. 257-258. Véase, además, Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, supra, pág. 162.

*21 La pugna de intereses reseñada se ha desatado frecuentemente en el contexto de un recinto universitario público. Como tal, la jurisprudencia local y federal ha atendido esas controversias según los confines de la doctrina tripartita de los foros públicos establecida en Perry Education Assn. v. Perry Local Educator’s Assn., supra. En la esfera federal ya se ha resuelto que un recinto universitario manifiesta muchas de las características inherentes a un foro público; sin embargo, por sus objetivos pedagógicos y académicos, no puede compararse a los foros públicos tradicionales. Así, en Widmar v. Vincent, 454 U.S. 263, 268 n. 5 (1981), se expresó:

[T]he campus of a public university, at least for its students, possesses many of the characteristics of a public forum. See generally Police Dept. of Chicago v. Mosley, 408 U.S. 92 (1972); Cox v. Louisiana, 379 U.S. 536 (1965). ‘The college classroom with its surrounding environs is peculiarly the marketplace of ideas.’ Healy v. James, 408 U.S. 169, 180 (1972)…. We therefore have held that students enjoy First Amendment rights of speech and association on the campus. At the same time, however, our cases have recognized that First Amendment rights must be analyzed ‘in light of the special characteristics of the school environment’. Tinker v. Des Moines Independent School District, [supra, pág. 506]. We continue to adhere to that view. A university differs in significant respects from public forums such as streets or parks or even municipal theaters. A university’s mission is education, and decisions of this Court have never denied a university’s authority to impose reasonable regulations compatible with that mission upon the use of its campus and facilities.

En la esfera local, ya hemos articulado que “las facilidades educativas podrían considerarse foros públicos, sólo si las autoridades escolares-‘mediante política o por práctica’-han abierto esas facilidades ‘para el uso indiscriminado del público en general’ “. Coss y U.P.R. v. C.E.E., supra, pág. 889, citando a Perry Education Assn. v. Perry Local Educator’s Assn., supra, pág. 47. En ese caso resolvimos que el periódico Diálogo de la Universidad de Puerto Rico es un foro público por designación.

Queda claro, entonces, que tanto en la jurisdicción federal como en la local, los recintos universitarios no se catalogan como foros públicos tradicionales. La tendencia ha sido catalogar los recintos universitarios y las escuelas como foros públicos por designación (también conocidos como foros semipúblicos) si las prácticas o políticas de la institución conceden espacio para actividades expresivas. En Rodríguez v. Srio. de Instrucción, supra, pág. 257, concluimos que las escuelas son foros semipúblicos donde “el Estado disfruta del derecho de mantener la tranquilidad requerida para llevar a cabo el principal cometido asignádole; [pero], … carece de facultad para excluir de dichas instituciones la expresión o asociación pacífica que sea compatible con su gestión”. Véanse, además, Rosenberger v. Rector and Visitors of Univ. of Va., 515 U.S. 819 (1995)(al crear un fondo que subsidiaba publicaciones estudiantiles, la Universidad de Virginia creó un foro público limitado); Hays County Guardian v. Supple, 969 F.2d 111 (5to Cir.1992) (un recinto universitario es un foro público limitado por tener reglamentación y políticas internas que reconocen el derecho a la libertad de expresión de los estudiantes y por permitir la distribución en todo el recinto del periódico de la universidad); Grace Bible Fellowship, Inc. v. Maine School Administrative Dist. No. 5, 941 F.2d 45 (1er Cir.1991). (al rentar las facilidades escolares a un número amplio de grupos de la comunidad, la escuela creó un foro público por designación). En fin, establecer qué tipo de foro es determinada facilidad educativa, o algún componente de ella, es un ejercicio que debe tomar en cuenta las características especiales de cada institución de enseñanza, al igual que las particularidades del caso y la controversia ante la consideración del tribunal.

V

A. La misión de la Universidad de Puerto Rico.

*22 Es incuestionable que la Universidad de Puerto Rico es una institución vital y de suma importancia para el pleno desarrollo de nuestro sistema educativo y la prosperidad del territorio. Tan es así que la propia Ley de la Universidad de Puerto Rico, Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, 18 L.P.R.A. sec. 601 et seq. , dispone en el Art. 2, 18 L.P.R.A. sec. 601:

§ 601. Objetivos

(a) La Universidad, como órgano de la educación superior, por su obligación de servicio al pueblo de Puerto Rico y por su debida fidelidad a los ideales de una sociedad integralmente democrática, tiene como misión esencial alcanzar los siguientes objetivos, con los cuales es consustancial la más amplia libertad de cátedra y de investigación científica:

(1) Transmitir e incrementar el saber por medio de las ciencias y de las artes, poniéndolo al servicio de la comunidad a través de la acción de sus profesores, investigadores, estudiantes y egresados.

(2) Contribuir al cultivo y disfrute de los valores éticos y estéticos de la cultura.

(b) En el cumplimiento leal de su misión, la Universidad deberá:

(1) Cultivar el amor al conocimiento como vía de libertad a través de la búsqueda y discusión de la verdad, en actitud de respeto al diálogo creador.

(2) Conservar, enriquecer y difundir los valores culturales del pueblo puertorriqueño y fortalecer la conciencia de su unidad en la común empresa de resolver democráticamente sus problemas.

(3) Procurar la formación plena del estudiante, en vista a su responsabilidad como servidor de la comunidad.

(4) Desarrollar a plenitud la riqueza intelectual y espiritual latente en nuestro pueblo, a fin de que los valores de la inteligencia y del espíritu de las personalidades excepcionales que surgen de todos sus sectores sociales, especialmente los menos favorecidos en recursos económicos, puedan ponerse al servicio de la sociedad puertorriqueña.

(5) Colaborar con otros organismos, dentro de las esferas de acción que le son propias, en el estudio de los problemas de Puerto Rico.

(6) Tener presente que por su carácter de Universidad y por su identificación con los ideales de vida de Puerto Rico, ella está esencialmente vinculada a los valores e intereses de toda comunidad democrática.

Es claro que la Universidad de Puerto Rico no es cualquier institución gubernamental. Esta institución centenaria tiene un valor incalculable. Como expresamente dispone su ley, tiene la misión esencial e ineludible de transmitir e incrementar el saber por medio de las artes, las ciencias, la cultura y, a su vez, ponerlo al servicio de Puerto Rico. Cónsono con la búsqueda del cumplimiento cabal de su misión, la ley promueve que la Universidad de Puerto Rico sea un lugar donde se cultive el conocimiento, la cultura, el servicio y el estudio, entre otros deberes meritorios, y donde se practiquen los más altos valores de nuestro sistema democrático. Véanse, Consejo Educación Superior v. U.I.A., 120 D.P.R. 224 (1985); C.E.S. U. P.R. v. Gobernador, 137 D.P.R. 70 (1994) (Sentencia). En fin, la Universidad de Puerto Rico está esencialmente vinculada a los valores e intereses de toda la comunidad democrática. García Cabán v. U.P.R., 120 D.P.R. 167, 180 (1987).

*23 De esta forma, la Universidad debe procurar la formación plena de los estudiantes, quienes son parte fundamental de la comunidad universitaria. De igual forma, la Universidad se nutre de los profesores, la libertad académica y de las investigaciones que la hacen ser una institución capaz de impartir grandes conocimientos a la sociedad. Por ende, las funciones de libertad académica y estudio que dicha institución ejerce gozan de nuestro aprecio jurídico. Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, supra, pág. 160.

B. La U.P.R. es un foro semipúblico.

Al examinar los escritos de ambas partes, encontramos que el interdicto permanente solicitado por la Universidad de Puerto Rico es una actuación gubernamental que incide sobre el tiempo, lugar y la manera de la expresión. Por eso, está sujeto al escrutinio constitucional aplicable a un foro limitado por designación o semipúblico, como lo es el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

La naturaleza del campus universitario como foro limitado por designación surge de la ley. En el Art. 2 de la Ley Universitaria, supra, el legislador estableció como misión de la Universidad el desarrollo y el servicio a la comunidad puertorriqueña mediante la aportación de sus recursos académicos, intelectuales, investigativos y culturales. Como resultado, la Universidad de Puerto Rico ha cumplido su misión al proveer acceso al pueblo puertorriqueño a un caudal único de bibliotecas, teatros, museos, facilidades deportivas, investigaciones de vanguardia, profesores y estudiantes capacitados, actividades culturales, y otros recursos, los cuales han adelantado el mejoramiento cultural e intelectual de nuestra sociedad democrática. Véase, Roberto Roldán Burgos, La doctrina de foro público y la Universidad de Puerto Rico: inconstitucionalidad de las prohibiciones de entrada, 56 Rev. Jur. U.P.R. 1, 24-27 (1987). En fin, la U.P.R. ha abierto sus facilidades para el uso indiscriminado del público en general.

Ahora bien, esa apertura no fue irrestricta. La apertura de la U.P.R. al público en general se hace para adelantar una misión cultural, social y educativa. Cualquier expresión en el campus universitario tiene que ubicarse dentro de ese contexto y no puede derrotar el fin último de la vida universitaria: forjar los estudiantes que asisten al centro de alta docencia.

Demás está decir que hay lugares que resultan impropios para ejercitar algunos modos de expresión. Los tribunales, los hospitales, los templos y las escuelas son algunos de esos sitios. Así reconocimos en E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P .R. 436, 443-444 (1975), al adoptar expresiones del Juez Hugo L. Black en Gregory v. City of Chicago, 394 U.S. 111 (1964), que nada impide al Estado mantener las escuelas y otros lugares similares libres del bullicio propio de la política y de los negocios, protegiendo así el sosiego que en ellas debe prevalecer. En contraste con los parques, plazas y calles, considerados tradicionalmente foros por excelencia de expresión pública, las escuelas y bibliotecas estatales no se organizaron para celebrar en ellas libre intercambio comunitario. Tienen pues la naturaleza de foros semipúblicos. En instituciones de esa índole el Estado disfruta del derecho de mantener la tranquilidad requerida para llevar a cabo el principal cometido asignádole. Pero, por otro lado, como bien señala el Profesor Tribe, el Estado carece de facultad para excluir de dichas instituciones la expresión o asociación pacífica que sea compatible con su gestión.

*24 Rodríguez v. Srio. de Instrucción, supra, págs. 256-257 (escolios y cita omitida).

Como foro semipúblico por designación, toda limitación a la garantía constitucional de libertad de palabra dentro de la Universidad de Puerto Rico deberá someterse al escrutinio constitucional adecuado para determinar si la restricción gubernamental incide sobre el contenido de la expresión o si solo afecta el tiempo, lugar y la manera de manifestarse. Conceptualmente, el remedio de interdicto permanente que solicita la administración universitaria no incide sobre el contenido de la expresión estudiantil, ya que la prohibición no va dirigida a las ideas o a la información que los estudiantes quieren diseminar y tampoco atenta contra el mensaje o punto de vista específico de la expresión. Por esa razón, no es de aplicación un escrutinio judicial estricto como alegan los estudiantes recurridos. Sin embargo, el interdicto permanente sí tendrá efectos sobre el tiempo, lugar y la manera de la expresión.

Por tanto, el remedio de interdicto que pondere el Tribunal de Primera Instancia en estos casos, deberá cumplir con un escrutinio intermedio. Primero, de concederse, el interdicto debe ser neutral en cuanto al contenido de la expresión y no debe prohibir absolutamente que los estudiantes expresen sus puntos de vista, siempre y cuando lo hagan por canales que no atenten contra el fin último de la universidad, entiéndase, la enseñanza. Segundo, el interdicto deberá estar estrechamente diseñado para impedir que se obstaculice la entrada y salida del campus y procurar alcanzar el interés gubernamental significativo de garantizar el orden y la disciplina en el foro universitario; lograr un ambiente académico que cumpla con el fin educativo de la institución universitaria; proteger el derecho a estudiar de los estudiantes que deseen hacerlo; permitir que el pueblo tenga acceso al cúmulo de recursos que provee la Universidad de Puerto Rico; y procurar la integridad y eficiencia institucional del primer centro docente de Puerto Rico. Finalmente, el interdicto solicitado no debe impedir medios alternos de comunicación. Como resultado, los estudiantes deben poder valerse de múltiples vías alternas de comunicación, a saber: manifestaciones, marchas, pancartas, expresiones simbólicas y el uso de la tecnología, entre otros medios legítimos, siempre y cuando sus actos no interrumpan el flujo normal de las clases ni atenten contra los derechos de otros individuos dentro de la comunidad universitaria.

Amerita recordar que el remedio del interdicto representa un riesgo mayor de censura y aplicación discriminatoria en comparación con una legislación o regulación que haga lo propio. Ello se debe a que la aplicación del injunction es de naturaleza particular a las partes en un pleito y porque no ha sido filtrado por el proceso deliberativo inherente al foro legislativo. Como tal, los tribunales deberán diseñar interdictos que no constituyan una limitación a la actividad expresiva más allá de lo necesario para alcanzar el interés significativo perseguido por el Estado.

*25 En último lugar, en este caso no cabe hablar de censura previa. El injunction permanente no busca restringir que los estudiantes se expresen en su totalidad, sino que solo prohíbe el acto de impedir la entrada al campus universitario e interrumpir la actividad docente. Véase, Madsen v. Women’s Health Ctr., supra, pág. 764 n.2. Los estudiantes cuentan con otros medios alternos para expresar su mensaje. El interdicto solo incide sobre el tiempo, lugar y la manera de la expresión y no sobre el contenido de ésta.

No hay duda de que los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico no pierden su derecho constitucional a la libre expresión una vez traspasan los portones universitarios. Así lo reconoce el Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, cuando establece que “[e]l estudiante tendrá derecho a expresarse, asociarse, reunirse libremente, formular peticiones y llevar a cabo actividades igual que cualquier otra persona en Puerto Rico y sujeto a las disposiciones de ley y de reglamentación universitaria aplicables”. Art. 2.15, Reglamento General de Estudiantes, Reglamento Núm. 7733, Departamento de Estado, 9 de septiembre de 2009.

Es imprescindible reconocer que el derecho a la libertad de palabra de los estudiantes aporta a nuestra sociedad democrática una “crítica ilustrada, acuciosa y constante”. Sanchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, supra, pág. 161. Sin la garantía constitucional de la libertad de expresión, los estudiantes no alcanzarían “esa discusión enérgica de las ideas, que es tan esencial para el cabal desarrollo del hombre, como para la conservación y el sostenimiento del bienestar común en una sociedad que viva en democracia”. Id., pág. 161.

Sin embargo, ese derecho a la libertad de palabra y asociación no es absoluto. Como ya indicamos, esa garantía cardinal queda restringida por el interés del Estado en velar por el orden, la civilidad y la disciplina dentro del recinto universitario, para así encaminar a la Universidad de Puerto Rico a alcanzar sus objetivos docentes y académicos. Cuando el ejercicio de expresión de los estudiantes afecta material o sustancialmente el ambiente de aprendizaje, el orden y la disciplina de la institución, será imprescindible limitar la actividad expresiva para que ésta sea cónsona con los propósitos pedagógicos del recinto académico.

C. La “huelga estudiantil”: definición y límites. Alcance del derecho constitucional de los estudiantes a protestar o a abstenerse de hacerlo.

Los estudiantes recurridos reclaman para sí el derecho a protestar contra la administración de la U.P.R. mediante una “huelga estudiantil”. Reclaman también que el último de esos incidentes culminó este año mediante un acuerdo que hace académico este pleito. Ya hemos explicado por qué el caso no es académico. La posibilidad de que los recurridos u otros en común acuerdo con ellos lancen otra “huelga de estudiantes” sigue latente. Es contra esa conducta anunciada mediante un “voto preventivo de huelga estudiantil” que la U.P.R. solicita una orden judicial. Por esa razón, es menester analizar los derechos de los estudiantes al respecto, para asegurar que cualquier injunction que la prueba justifique no limite impermisiblemente los derechos de expresión y asociación de los estudiantes.

*26 En su acepción más amplia, la huelga es una “alteración en el trabajo, de carácter colectivo, decidida por los trabajadores o sus representantes y llevada a cabo por éstos con el fin de presionar para el logro de determinados objetivos”. C. Molero Manglano, Lecciones sobre convenios colectivos, derecho de huelga y cierre patronal, Madrid, Librería ICAI, 1988, pág. 99. Consiste pues, en la cesación del trabajo o de los servicios prestados por los trabajadores en defensa de sus intereses. Véase, I. Álvarez Sacristan, Diccionario jurídico-laboral, 1ra ed., Madrid, Ed. Civitas, S.A., 1988, pág. 138. En ese tenor, estar en huelga significa, sustancialmente, abstenerse del trabajo. Véase además, M. Alonso García, F. Almendros Morcillo, F. Pérez Amorós, E. Rojo Torrecilla, La huelga y el cierre empresarial, Madrid, Pub. Instituto de Estudios Económicos, 1979, pág. 27.

En otras palabras, la huelga es una acción concertada de un grupo de empleados que se efectúa con el propósito de interrumpir, paralizar o detener las labores y servicios del negocio operado por el patrono, para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Véanse: Acevedo Colom, Legislación de Relaciones del Trabajo Comentada, 1ra ed., San Juan, Albaleco, Inc ., 2007, pág. 446; O. Rojas Lugo, El Desarrollo del Derecho Laboral en Puerto Rico e Iberoamérica y su Interelación con el Desarrollo Político, Hato Rey, P.R., Ramallo Bros. Printing, 1997, pág. 222.

Como se puede apreciar, la definición del concepto huelga esté asociada a los trabajadores. De hecho, la etimología de la palabra huelga en el idioma francés proviene de la palabra greve. Esa palabra, a su vez, alude al nombre de la plaza del Ayuntamiento de París, conocida como “Plaza de Greve ” o plaza de la huelga. G. Cabanellas, Tratado de derecho laboral; derecho colectivo laboral, Argentina, El Gráfico Impresores, 1949, T. III, pág. 560. Esta plaza era un terreno sin construcciones donde los obreros que estaban desempleados se reunían en espera de que llegaran los empresarios a tratar con ellos y a contratarlos. Id. “Cuando los obreros estaban descontentos de las condiciones de trabajo se colocaban en huelga ( greve ), lo cual quiere decir, literalmente, en la Plaza de Greve, a la espera de mejores propuestas”. Id. Igual acercamiento a los obreros tiene la palabra huelga en el idioma castellano. Ésta procede de huelgo, que significa espacio de tiempo que uno está sin trabajar. Id.

Desde el punto de vista jurídico, la huelga se manifiesta como el derecho que “posee legítimamente todo aquel trabajador que presta servicios a su patrono”. Rojas Lugo, op. cit., pág. 219, 222. Adquiere su calidad de derecho cuando determinado ordenamiento jurídico así lo reconoce. Véase, Alonso García y otros, op. cit., pág. 41. En Puerto Rico, la huelga ha sido elevada a rango constitucional. Art. II, Sec. 18 de la Constitución de Puerto Rico.

*27 En concreto, se trata de un derecho atribuido a los trabajadores. Álvarez Sacristan, op. cit., pág. 138. Por eso, ya sea a nivel individual o colectivo, “la atribución del poder que el derecho de huelga confiere pertenece al trabajador”. Alonso García y otros, op. cit., pág. 46.

Las huelgas se producen como consecuencia del nacimiento de la gran industria, ante el enorme desarrollo económico que ponía grandes riquezas en pocas manos, por el proceso de concentración del industrialismo moderno, a causa de la necesidad de mejores medios de vida para los trabajadores, por efecto del espíritu de asociación y de las nuevas ideas que impusieron una distinta concepción del Derecho y una más amplia libertad de trabajo.

G. Cabanellas, op. cit., págs. 563-564.

Es ostensible que la huelga es un derecho concebido para los trabajadores, para asegurar su derecho a organizarse y a negociar colectivamente. Así lo hemos reconocido al expresar que “[e]l derecho de huelga es un instrumento eficaz que nuestra Constitución ha puesto a disposición de los trabajadores y de sus uniones para procurarse mejores condiciones de trabajo y para lograr un más alto nivel de vida cuando el patrono se niega a acceder a sus demandas”. Agostini v. Tribunal Superior, 82 D .P.R. 219, 232 (1961) (énfasis suplido). De igual forma, la Comisión de Carta de Derechos, en su informe a la Convención Constituyente, juzgó propio “salvaguardar el derecho a la huelga en forma explícita como supremo recurso final en la reclamación del derecho obrero”. 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2575 (énfasis suplido). Véase, además, U.T.I.E.R. v. J.R.T., 99 D.P.R. 512, 524 (1970).

Por eso, aparte del reconocimiento de ese derecho que hace nuestra Constitución y los estatutos laborales remediales, no existe ninguna otra disposición en nuestra jurisdicción que extienda la titularidad de ese derecho a otro grupo de personas o sector de la población.

La Junta Nacional de Relaciones del Trabajo ha rechazado la existencia de un derecho a huelga de los estudiantes, al interpretar la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo, 29 U.S.C.A. sec. 153(d). En Cedars-Sinai Med. Ctr. & Cedars-Sinai Housestaff Ass’n, 223 N.L.R.B. 251 (1976) y en St. Clare’s Hospital and Health Center, 229 N.L.R.B. 1000 (1977), la Junta Nacional resolvió que los residentes, internos y asociados de una institución de salud no eran empleados según la definición de la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo, porque eran estudiantes.NOTA6 Por lo tanto, no se les reconoció el derecho a unionarse y a irse a la huelga. Véase, J. Freedley Hundsicker, Significant Labor and Employment Law Issues in Higher Education During the Past Decade and What to Look for Now: A Management Perspective, 29 J.L. & Educ. 343, 348-349 (2000). De hecho, cuando posteriormente la Junta Nacional resolvió que los residentes, internos y asociados de otra institución de salud eran empleados, lo hizo bajo el razonamiento de que éstos cobraban un salario y otros beneficios, por lo que no podía calificárseles como meros estudiantes. Boston Med. Ctr. Corp., 330 N.L.R.B. 152 (1999). Es decir, para reconocerles derechos bajo las leyes laborales había que catalogarles como empleados en lugar de cómo estudiantes.

NOTA6. La Sec. 2(3) de la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo, 29 U .S.C.A. sec. 152(3), dispone:

“ The term “employee” shall include any employee, and shall not be limited to the employees of a particular employer, unless this subchapter explicitly states otherwise, and shall include any individual whose work has ceased as a consequence of, or in connection with, any current labor dispute or because of any unfair labor practice, and who has not obtained any other regular and substantially equivalent employment, but shall not include any individual employed as an agricultural laborer, or in the domestic service of any family or person at his home, or any individual employed by his parent or spouse, or any individual having the status of an independent contractor, or any individual employed as a supervisor, or any individual employed by an employer subject to the Railway Labor Act [45 U.S.C.A. sec. 151 et seq], as amended from time to time, or by any other person who is not an employer as herein defined ”.

*28 Aquí no está en controversia el hecho de que los recurridos eran estudiantes de la Universidad de Puerto Rico durante el tiempo que duró el “paro” en esa institución. Con independencia de si algunos formaban parte del Consejo General de Estudiantes y del Comité Negociador creado por aquel, o solamente eran líderes o participantes del movimiento que auspició y realizó la “huelga” en la universidad, es indubitado que todos eran estudiantes. Por ende, no podían ser titulares del derecho de huelga que se reconoce en la Constitución y las leyes laborales.

Tampoco existe en ningún reglamento de la Universidad de Puerto Rico disposición alguna que les reconozca a los estudiantes el derecho a huelga. La verdad es que no nos sorprende que este derecho se le haya reservado únicamente a los trabajadores en su relación obrero-patronal. Es que no estamos hablando de cualquier derecho. A pesar de su innegable utilidad, la huelga es un recurso poderoso a utilizarse con mesura. La propia Comisión de Carta de Derechos lo describió en su informe a la Convención Constituyente como: “un medio costoso e ingrato de resolver conflictos”. 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2575. También se le ha llamado “un estado de guerra …”. G. Cabanellas, op. cit., pág. 565. Asimismo, se ha señalado que el exceso del derecho de huelga y la posición intransigente de las partes en conflicto, crean, con las huelgas, un peligroso mal social. Id., pág. 267. Incluso, se ha afirmado que las huelgas son manifestaciones socialmente antipáticas porque sus efectos trascienden la relación de las partes en conflicto y afectan al público en general. Véase, N.W. Chamberlain, J. Metzger Schilling, The Impact of Strikes: Their Social and Economic Costs, Conn., Greenwood Press, Pub., 1954, pág.8.

Los estudiantes son miembros de la comunidad académica de la Universidad de Puerto Rico. Art. 10 de la Ley Núm. 1, supra, 18 L.P.R.A. sec. 609. Como tal, están representados oficialmente en cada recinto por el Consejo General de Estudiantes y por el Consejo de Estudiantes de Facultades. Id. Tanto el Consejo General como el Consejo de Estudiantes de Facultades son estructuras creadas por la Ley de la Universidad de Puerto Rico para garantizar la participación estudiantil en la estructura administrativa de la U.P.R.

El Consejo General de Estudiantes representa a todos los estudiantes de una unidad institucional y está constituido por un Presidente, por los representantes estudiantiles a la Junta Administrativa y la Junta Universitaria, los Senadores Estudiantiles electos, así como uno o más miembros adicionales de la directiva de cada Consejo de Estudiantes. Art. 3.2 del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Reglamento Núm. 7733, Departamento de Estado, 9 de septiembre de 2009. Por su parte, el Consejo de Estudiantes de Facultades es la unidad organizada por facultades, escuelas o dependencias equivalentes, para representar a los estudiantes de éstas. Art. 3.3 del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, supra.

*29 Ambos organismos tienen las siguientes atribuciones y responsabilidades:

1. Representar oficialmente al estudiantado que los haya elegido en los actos que se celebren dentro y fuera de la Universidad.

2. Servir de foro del estudiantado para la discusión y el esclarecimiento de los problemas que atañen a los estudiantes, a la comunidad universitaria y la comunidad en general.

3. Exponer, ante las autoridades correspondientes, sus opiniones y recomendaciones relativas a las situaciones que afectan a sus representados y la comunidad en general.

4. Realizar y auspiciar actividades culturales, sociales, recreativas, científicas, académicas, educativas, y de orientación, entre otras, que complementen la educación universitaria.

5. Formular su reglamento interno a tono con el Reglamento General de Estudiantes y el reglamento de estudiantes de la unidad.

6. Participar, según se disponga, en los procesos que la Universidad establezca para la creación y enmienda de reglamentos y políticas estudiantiles, académicas e institucionales; en especial, en la formulación de enmiendas a este Reglamento, al Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico y a los reglamentos y normas de su unidad institucional.

7. Participar en el proceso de selección y evaluación del Procurador Estudiantil, de conformidad a las medidas que a tales efectos establezca el Recto de cada unidad institucional.

8. Convocar a sus representados a asambleas de estudiantes y promover su participación en dichas asambleas y en el proceso eleccionario.

9. Reunirse con el Rector, el Decano de Estudiantes o el Decano de Facultad, según corresponda, por lo menos dos veces por semestre.

10. Escoger de su propio seno los miembros de su directiva, salvo que el reglamento de estudiantes de la unidad institucional disponga para la elección directa de la misma o de alguno de sus integrantes, conforme a lo dispuesto en el Capítulo V de este Reglamento.

11. Crear comités u organismos y establecer su organización de conformidad con su reglamento interno.

Además, el Consejo General de Estudiantes tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades:

1. Proponer al Senado Académico, Rector y otros foros universitarios, la formulación de normas o políticas institucionales sobre cualquier asunto que estimen pertinente y recibir su respuesta oficial.

2. Formular recomendaciones a la Junta Universitaria, al Presidente y a la Junta de Síndicos sobre las propuestas que surjan de los Senados Académicos, Juntas Administrativas u organismos análogos.

3. Recibir, según se vayan aprobando, copia de todas las certificaciones y documentos normativos que surjan de estos cuerpos y funcionarios mencionados en el inciso anterior en la forma acostumbrada.

4. Consultar con los demás Consejos Generales de Estudiantes sobre decisiones que tengan impacto sobre la Universidad como sistema, mediante los procedimientos y estructuras que faciliten dichas consultas.

*30 Art. 3.4 del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, supra.

Como puede apreciarse, estas estructuras de representación estudiantil son parte de la Universidad. Sus facultades y responsabilidades denotan que se crearon con el propósito de asistir a la Universidad en la consecución de sus metas. En otras palabras, estos organismos le permiten a los estudiantes contribuir, de forma organizada, a que la Universidad de Puerto Rico pueda lograr sus objetivos. Así, como miembros de la comunidad académica, los estudiantes son colaboradores en la misión de cultura y servicio de la Universidad. Art. 10(a) de la Ley Núm. 1, supra. Ahora bien, a ninguno de estos órganos de representación estudiantil se le reconoce la prerrogativa o facultad de negociar colectivamente con la Universidad.

En ese sentido, el Consejo General de Estudiantes y el Consejo de Estudiantes de Facultades son sustancialmente disímiles a las organizaciones obreras que se constituyen bajo Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. sec. 61 et seq. y bajo la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo, supra. Conforme con estos estatutos, las organizaciones obreras que se constituyen para representar a los trabajadores se crean para negociar colectivamente con el patrono los salarios, horas de trabajo, condiciones de empleo, y todo lo pertinente a disputas y a quejas y agravios. Véanse, Arts. 2(10) y 5 de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. secs. 63(10) y 66; 29 U.S.C.A. sec. 152(5). Precisamente para hacer efectivo el proceso de negociación colectiva estas leyes le reconocen expresamente a los empleados el derecho a huelga. Véanse, Art. 13 de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. sec. 74; 29 U.S.C.A. sec. 163. Debido a que el Consejo General de Estudiantes y el Consejo de Estudiantes de Facultades no son uniones u organizaciones obreras autorizadas a negociar colectivamente con la Universidad, no tienen la autoridad legal para convocar a una huelga.

Los estudiantes, por definición, no son empleados de la Universidad, con derecho a negociar convenios o a irse a huelga para adelantar sus objetivos. Su relación con la universidad es de naturaleza contractual. Véanse, Ross v. Creighton University, 957 F.2d 410, 416 (7mo Cir.1992); Zumbrun v. University of S. Cal., 101 Cal.Rptr. 499, 504 (Cal.Ct.App.1972) y casos allí citados; H.B. Hilborn, Students-Athletes and Judicial Inconsistency: Establishing a Duty to Educate as a Means of Fostering Meaningful Reform of Intercollegiate Athletics, 89 Nw. U .L.Rev. 741, 748 (1995); K. Sarabyn, Free Speech at Private Universities, 39 J.L. & Educ. 145, 158-159 (2010). Véase, además y en general, M. Zolandz, Storming the Ivory Tower: Renewing the Breach of Contract Claim by Students Against Universities, 69 Geo. Wash. L.Rev. 91 (2000).

*31 Cada estudiante firma un acuerdo con la U.P.R. en la que la segunda se compromete a enseñar y el primero a cumplir con sus deberes académicos. Por eso, el estudiante que no mantiene los requisitos académicos que la institución exige puede ser excluido de continuar sus estudios en la institución. Por su parte, si la U.P.R. no provee la educación que contrató con el estudiante se expone a acciones drásticas por su incumplimiento, tanto de parte de los estudiantes afectados como de parte de las agencias del estado que velan por el cumplimiento del ofrecimiento académico. La U.P.R. está obligada a garantizar su oferta académica a todos los estudiantes. Véanse, Art. 2(a)(1) de la Ley Núm. 1, supra; Sobre el cumplimiento de los contratos, en general, véanse los Arts. 1041, 1042, 1044, 1206, 1207, 1210, 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 2991, 2992, 2994, 3371, 3372, 3375, 3391.

Por ende, ningún grupo de estudiantes, oficial o no, sea una mayoría o una minoría, ni mucho menos un estudiante en su carácter individual, tienen el derecho de evitar que la universidad cumpla con su ofrecimiento académico e impedir que aquellos estudiantes que así lo deseen asistan a clase. No hay referéndum, asamblea ni votación -sea electrónica o por papeleta, ya sea abierta o secretaque conceda el derecho a ningún estudiante o grupo de estudiantes para interferir con el derecho de tan siquiera uno de sus pares a recibir su enseñanza. El derecho a protestar de los recurridos y aquellos que piensan como ellos es incuestionable. A lo que no tienen derecho es a obligar a los demás a unirse a su protesta. Recuérdese que tal y como los recurridos tienen el derecho a protestar, la Constitución también le reconoce a los estudiantes que piensen distinto el derecho a no expresarse y a no unirse a la protesta. “ There is necessarily, and within suitably defined areas, a First Amendment freedom not to speak publicly, one which serves the same ultimate end as freedom of speech in its affirmative aspect ”. Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539, 559 (1985). Véase, además, Bartnicky v. Vopper, 532 U.S. 514, 533 n.20 (2001).

Reafirmamos que los estudiantes tienen ese derecho a expresarse o a no hacerlo, como cualquier otro ciudadano. Su condición de estudiantes no les priva de ese derecho constitucional. Incluso, el Reglamento General de Estudiantes de la U.P.R. reconoce expresamente cuáles son los derechos de expresión que tienen los estudiantes: el derecho a expresarse, a asociarse y reunirse libremente, a formular peticiones, a llevar a cabo actividades igual que cualquier otra persona en Puerto Rico, así como el derecho a celebrar piquetes, marchas, mítines y otros géneros de expresión dentro del campus universitario. Véase, Art. 2.15 del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, supra. El único límite impuesto es que todos esos derechos se ejercen sin impedir que los demás ejerzan los suyos y sin impedir que se lleve a cabo la misión universitaria de educar. Por eso, el Art. 2.18 del Reglamento hace claro que ningún estudiante podrá interrumpir, obstaculizar ni perturbar las tareas regulares de la universidad mientras realiza las actividades expresivas que hemos enumerado.

*32 Lo que los estudiantes recurridos llaman una “huelga” no es otra cosa que una protesta estudiantil colectiva y organizada. Aunque los estudiantes no tienen derecho a huelga, sí pueden protestar de manera organizada y coordinada, siempre que no incumplan los deberes que asumieron como estudiantes y que están en el Reglamento de Estudiantes, y siempre que no interfieran impermisiblemente con la normalidad de las tareas universitarias y los derechos de aquellos que no piensan como ellos y que quieren asistir a clase.

La U.P.R. alega que los recurridos impidieron la entrada al recinto universitario, detuvieron por completo la toma de clases, afectaron el derecho de los estudiantes interesados en completar sus grados académicos o sus cursos semestrales, paralizaron las labores institucionales, amenazaron la acreditación institucional y perturbaron tanto el orden como la seguridad, la normalidad y la continuidad de las tareas universitarias. En fin, se alega que los recurridos tomaron el control de un recinto universitario y pretenden hacerlo otra vez. De probarse, esa conducta plantea un impedimento sustancial y material al propósito central de la Universidad de Puerto Rico como primer centro docente de nuestra Isla.

Los tribunales le debemos gran deferencia al juicio de la administración universitaria de procurar el orden en el contexto colegial, siempre que no se transgreda la libertad de expresión y el derecho de los estudiantes a protestar. El escrutinio intermedio antes reseñado faculta a los foros judiciales a hacer ese balance de los intereses en pugna y salvaguardar los intereses involucrados.

D. El remedio del interdicto permanente y sus efectos sobre la libertad de palabra.

En Madsen v. Women’s Health Ctr., 512 U.S. 753 (1994), el Tribunal Supremo federal articuló que un interdicto, por el mero hecho de aplicar a un grupo en particular, no constituye una restricción del contenido de una expresión protegida. An injunction, by its very nature, applies only to a particular group (or individuals) and regulates the activities, and perhaps the speech, of that group. It does so, however, because of the group’s past actions in the context of a specific dispute between real parties ”. Madsen v. Women’s Health Ctr., supra, pág. 762. El mero hecho de que el interdicto afecte a un grupo de personas con la misma visión sobre determinado asunto no significa que su propósito sea limitar el contenido de la expresión y que, por ende, le aplique un escrutinio judicial estricto. Id., págs. 763-764.

Un interdicto que incida sobre la libertad de expresión difiere en su naturaleza de una reglamentación o legislación que haga lo mismo. Id., pág. 764. Una reglamentación o legislación afecta el contenido de la expresión mediante dictámenes legislativos de aplicación general que procuran propulsar ciertos intereses particulares de la sociedad. Id. En contraste, el interdicto es un remedio que aplica a personas particulares y es concedido por un juez porque una parte violó un decreto legislativo o judicial. Id. Debido a lo anterior, el interdicto puede representar un riesgo mayor de censura y aplicación discriminatoria, ya que no ha gozado del debate público inherente al foro legislativo. Id. Es por ello que el escrutinio judicial aplicable a interdictos judiciales será más riguroso que el que se estableció en Perry Education Assn. v. Perry Local Educator’s Assn., supra, para toda regulación que afecta el tiempo, lugar y la manera de una expresión en un foro público tradicional o por designación.

*33 Al considerar un interdicto judicial que incide sobre el lugar, el momento o la forma de la expresión, los tribunales debemos examinar si el injunction representa una limitación a la actividad expresiva más allá de lo necesario para alcanzar el interés significativo que persigue el Estado. Id., pág. 765. (“ We must ask instead whether the challenged provisions of the injunction burden no more speech than necessary to serve a significant government interest.”) Véanse, además, Schenck v. Pro-Choice Network, 519 U.S. 357, 372 (1997); J.E. Nowak & R.D. Rotunda, op. cit., págs. 1463-1464. Igualmente, el interdicto debe estar diseñado estrechamente para alcanzar sus objetivos específicos. Madsen v. Women’s Health Ctr., supra, pág. 767.

En conclusión, la administración universitaria está en mejor posición que un tribunal para diseñar la política pública que adelanta sus objetivos pedagógicos. Además, el remedio de injunction que solicita la U.P.R. es el adecuado cuando están en pugna los derechos a la libertad de palabra de los estudiantes y el interés en la necesidad del orden y la disciplina en el contexto universitario.

VI

Recapitulamos:

  • • Este pleito no es académico. Así lo demuestra la conducta de los estudiantes recurridos luego del acuerdo alcanzado tras un proceso de mediación. Su proceder al declarar un “voto preventivo de huelga estudiantil” es un indicio razonable de que podría volver a ocurrir otra paralización de la U.P.R. y que la intención de los estudiantes recurridos nunca fue culminar con la controversia de autos.
  • • Este caso presenta interrogantes constitucionales sustanciales, relacionadas con los derechos de los estudiantes, que podrían escapar a nuestros pronunciamientos y que requieren una pronta atención. Por ello el caso es certificable.
  • • El campus de nuestra universidad pública es un foro limitado por designación, también conocido como foro semipúblico. Eso se desprende de la misión que el legislador le asignó a la Universidad de Puerto Rico, de servir a toda la sociedad y no solo a sus componentes. En fin, la U.P.R. es patrimonio de todos los puertorriqueños y no solamente de los que en ella estudian o laboran.
  • • Los estudiantes gozan de todas las protecciones amplias de libre expresión y asociación que la Constitución federal y la Constitución de Puerto Rico garantizan a todas las personas.
  • • El Consejo de Estudiantes es el organismo representativo de los estudiantes en la estructura administrativa universitaria. Sus facultades están delimitadas por ley y reglamento.
  • • No obstante, debe quedar claro que el Consejo de Estudiantes no es una unión laboral y que los estudiantes no gozan del derecho a huelga que la Constitución y las leyes le reconocen a los obreros. La relación entre los estudiantes y la Universidad se basa en un acuerdo de estudios y no en un contrato de trabajo.
  • *34 • Lo que los estudiantes llaman “huelga” no es otra cosa que una protesta organizada. Ningún individuo o grupo tiene derecho a forzar a otro a unirse a su protesta. Por eso, el llamado “voto de huelga estudiantil” y el reclamo de que todos los estudiantes vienen obligados por él es ilegítimo. Ninguna asamblea, referéndum o votación (electrónica o en papel) puede obligar a nadie a unirse a una protesta en la que no cree.
  • • La administración de la U.P.R. tiene la obligación de salvaguardar el ejercicio libre y ordenado de los derechos constitucionales de expresión y asociación de todos los estudiantes, tanto los de los estudiantes recurridos y quienes coinciden con su protesta, como los de aquellos que discrepan de esas posiciones.
  • • Ahora bien, por tratarse de un foro semipúblico, la administración de la U.P.R. puede reglamentar el ejercicio libre y ordenado de los derechos de expresión y asociación de la comunidad universitaria, incluyendo los estudiantes, para asegurarse de que las manifestaciones y protestas dentro del campus universitario no interrumpan el flujo normal de la tareas universitarias ni atenten contra los derechos de los individuos dentro de la comunidad universitaria.
  • • Existe un interés gubernamental significativo de garantizar el orden y la disciplina en el foro universitario, lograr un ambiente académico que cumpla con el fin educativo de la institución universitaria, proteger el derecho a estudiar de los estudiantes que deseen hacerlo, permitir que el pueblo tenga acceso al cúmulo de recursos que provee la Universidad de Puerto Rico, y procurar la integridad y eficiencia institucional de nuestro primer centro docente. La administración universitaria está en mejor posición que un tribunal para diseñar la política pública que adelanta sus objetivos pedagógicos.
  • • Por consiguiente, la administración de la U.P.R. puede reglamentar el tiempo, lugar y la manera en que los estudiantes y demás componentes de la comunidad universitaria ejercen actividades de expresión protegida dentro del campus universitario, tales como manifestaciones o protestas, siempre que esa reglamentación: (1) sea neutral en cuanto al contenido de la expresión y no prohíba absolutamente que los manifestantes expresen sus puntos de vista; (2) haya sido diseñada estrechamente para que no se interrumpan o perjudiquen sustancialmente las tareas universitarias ni se violen los derechos de todos los componentes de la comunidad universitaria; y(3) no impida medios alternativos de comunicación.
  • • De igual modo, cualquier injunction u orden que emita el tribunal a petición de la administración universitaria tiene que cumplir con ese mismo escrutinio constitucional. La orden no debe limitar la actividad expresiva más allá de lo necesario y debe estar diseñada estrechamente para alcanzar el interés significativo que persigue el Estado.

VII

*35 Por los fundamentos anteriores, se expide el auto de certificación y se revoca la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Se devuelve el caso a dicho foro para que continúe con los procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto. El tribunal citará a las partes a una vista de injunction permanente con la premura que la situación amerita. Además, evaluará la prueba de conformidad con los parámetros y el escrutinio constitucional explicados en esta Opinión, de manera que se garanticen los derechos constitucionales y estatutarios de todas las partes.

Se dictará sentencia de conformidad.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia,, se expide el auto de certificación y se revoca la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Se devuelve el caso a dicho foro para que continúe con los procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto. El tribunal citará a las partes a una vista de injunction permanente con la premura que la situación amerita. Además, evaluará la prueba de conformidad con los parámetros y el escrutinio constitucional explicados en la Opinión del Tribunal, de manera que se garanticen los derechos constitucionales y estatutarios de todas las partes.

Se ordena la publicación inmediata de esta Sentencia. Notifíquese de inmediato, por fax o teléfono, y mediante notificación personal diligenciada hoy mismo por un alguacil de este Tribunal, a las partes por conducto de sus abogados.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Fiol Matta disiente con opinión escrita. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente con opinión escrita. El Juez Presidente señor Hernández Denton está inhibido.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria Tribunal Supremo

Certificación

Voto de Inhibición emitido por el Juez Presidente Señor Hernández Denton

En vista de que mi señora esposa, la Lcda. Isabel Picó Vidal, Catedrática Retirada de la Universidad de Puerto Rico, es Miembro de la Junta de Síndicos de la referida institución universitaria desde el año 2001, por imperativos éticos, nos inhibimos de entrar a considerar los méritos del presente caso.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente

Voto disidente emitido por la Jueza Asociada Fiol Matta acogiéndose al término provisto por la Regla 5 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Disiento del trámite atropellado adoptado por la mayoría en este caso. La ponencia que hoy es Opinión mayoritaria se circuló en horas de la tarde del 6 de diciembre de 2010, con el propósito de certificarla el 13 de diciembre de 2010. De esa forma, los compañeros que suscriben la Opinión mayoritaria entendieron que unos seis días eran suficientes para estudiar y reaccionar a una ponencia de 79 páginas que atiende asuntos de alto interés público. Por el contrario, se trata de un término excesivamente corto que no nos permite desempeñar nuestro magisterio de forma sosegada y responsable.

*36 Generalmente, un foro colegiado está regido por el intercambio y la consideración ecuánime de las distintas posiciones de los magistrados. Se fomenta así la formulación de ponencias equilibradas, con el mayor insumo de criterios y perspectivas.NOTA7 Ciertamente, nuestro Reglamento permite acortar términos; pero esa alternativa, por las razones antes dichas, debe utilizarse en contadas ocasiones. Sin embargo, se está convirtiendo en una práctica más que una excepción. Ello da la impresión de que no se valora la acción concertada ni el diálogo y menos aún la conveniencia y deseabilidad de que, de haber una postura disidente, ésta pueda exponerse como parte de la expresión conjunta del Foro, pues, después de todo, el Tribunal no está compuesto solamente por los que están de acuerdo con la mayoría. Véanse, como ejemplos más recientes de esta dinámica, Domínguez Castro v. E.L.A., 2010 T.S.P.R. 11, res. de 2 de febrero de 2010, e In re Solicitud para aumentar el número de jueces en el Tribunal Supremo, 2010 T.S.P.R. 214, res. de 5 de noviembre de 2010. Cabe señalar que en esos casos, al igual que en éste, la mayoría del Tribunal acortó términos después de haberse redactado y circulado la Opinión mayoritaria. De esa manera, el Juez ponente pudo aprovechar todo el tiempo que entendió necesario para elaborar su ponencia, a la vez que se limitaron las opciones a quienes quisieran expresarse sobre su recomendación.

NOTA7. “Para impartir justicia y elaborar doctrinas jurídicas adecuadas, un tribunal colegiado tiene que disponer del sosiego y del reposo intelectual necesarios, sin los cuales toda discusión entre mentes debidamente instruidas es imposible”. In re Aumento; Pueblo v. Rosario González, 80 D.P.R. 318, 328 (1958).

La práctica de acortar el término para considerar una ponencia mayoritaria no nos permite formular recomendaciones y señalamientos que puedan servir para atemperar perspectivas y hasta para reconciliar posturas a la hora de sumar votos a la ponencia circulada. Además, prácticamente nos imposibilita redactar una respuesta a la altura de la controversia que tenemos ante nuestra consideración. La única alternativa en ocasiones como la presente, es ejercer la opción de reservarnos el derecho de certificar una ponencia sobre los méritos de la controversia después de que se certifique la Opinión mayoritaria. Por eso, me acojo al derecho de emitir una ponencia fundamentada en el término de diez días, según permite el Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 5(b).

No obstante, habré de adelantar algunas preocupaciones.

El caso de autos debe devolverse al Tribunal de Primera Instancia para que disponga sobre el remedio de injunction solicitado. Sin embargo, la Opinión que hoy emite el Tribunal en certificación va mucho más allá. Al dictarle al Tribunal de Primera Instancia los criterios a los que debe responder ese dictamen la Opinión restringe gravemente la discreción del foro de instancia en lo que es, precisamente, un recurso altamente discrecional. No hay ninguna necesidad jurídica para ello.

La acción de injunction, por su potencial de limitar las actividades legítimas de los ciudadanos está claramente regulada y los criterios para su concesión están ampliamente desarrollados por abundante jurisprudencia tanto nuestra como federal. La insistencia de la mayoría en comparar estudiantes y obreros, en exponer su criterio sobre las actividades de expresión que por uso y costumbre llamamos “huelgas estudiantiles” y en elaborar extensamente sobre su particular visión de la Universidad Pública no pasan de ser lo que en lenguaje jurídico se llama dicta, es decir, expresiones innecesarias para la solución del caso, que no tienen efecto jurídico y que se deben tener por no puestas.

*37 No son, sin embargo, expresiones innocuas, pues pretenden reducir el marco de análisis de los complejos problemas que enfrenta nuestro principal centro docente a dualismos simplistas, a saber, “legal/ilegal”, “estudiantes/obreros” y el más peligroso: “deber contractual de enseñar/deber contractual de aprender”. Peca también la Opinión de un enfoque generalizador que puede confundir al foro de instancia en cuanto a quiénes pueden estar incluidos en el dictamen de ese foro, en caso de que entienda procedente el remedio solicitado. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 57.5. Esta ambigüedad, mal entendida, puede resultar en violaciones al derecho de libertad de expresión de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Por último, la discusión sobre la naturaleza del espacio universitario como foro semi-público en lo que se refiere a la libertad de expresión, requiere, de por sí, mucha ponderación y análisis crítico.

Es evidente, pues, la trascendencia y complejidad de esta decisión, así como la necesidad de un término mayor al que la mayoría tuvo a bien conceder, para elaborar en torno a las preocupaciones expuestas.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada

Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

“La Primera Enmienda se va de la Universidad de Puerto Rico.” Rafael Martínez Torres, 1983

Disiento del curso que traza una mayoría del Tribunal por dos razones fundamentales, a saber: porque tengo una visión muy distinta del ámbito de protección que ofrece la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al derecho de todo ciudadano a expresarse, y porque creo que la Universidad es mucho más que un mero centro de estudios, más que un lugar para la transmisión, producción y difusión del conocimiento. El êthos universitario es el de la búsqueda irrenunciable de la verdad como presupuesto indispensable para la libertad, la transmisión del saber y la discusión abierta, crítica y libre de cualquier asunto. Las universidades son, a fin de cuentas, centros de imaginación de lo posible.NOTA8 Considero entonces que para el ejercicio puntual de este quehacer, es indispensable que exista un recinto adecuado en el cual prime ese diálogo abierto y crítico de parte de quienes aspiren a la verdad y precian su libertad. La protección de ese espacio de efervescencia debería ser nuestro norte, pues sólo así hacemos realidad el significado del nombre que lleva esta institución, universitatis.

NOTA8. Efrén Rivera Ramos, La universidad y lo posible, 78 Rev. Jur. U.P.R. 643 (2009).

La opinión que emite la mayoría de este Tribunal abre la puerta a limitar el derecho a la libre expresión en nuestro principal centro académico, al no justipreciar el alcance de nuestra tradición universitaria de tolerancia hacia la expresión y la discusión libre de temas diversos y divergentes. El ratio de la opinión mayoritaria-o su razón de ser-es hacer viable lo que ya se había anticipado por distintos funcionarios gubernamentales, circunscribir el derecho a la expresión de los estudiantes a un espacio específico y limitado, el cual el gobierno concede por mera liberalidad. Véase, Anejo 1. Porque creo que en nuestro país la tradición vivida por décadas en nuestra Universidad la imbuye con las características de un foro público tradicional, rechazo enérgicamente el más reciente acto de acotamiento de derechos ciudadanos que ultima el “nuevo” Tribunal.

I

*38 Debemos comenzar destacando que debido al apresurado, atropellado y acomodaticio trámite que la mayoría concede al caso de autos-reduciendo los términos reglamentarios del Tribunal para certificar la ponencia circulada a sólo cinco días, de suerte que pueda coincidir con el inicio de una huelga universitaria pautada para mañana-nos vemos precisados a limitar nuestra discusión sólo a identificar una parte del errado razonamiento expuesto por el Tribunal.

La mayoría concluye en su ponencia que la Universidad de Puerto Rico es un foro público por designación. Para llegar a esta conclusión se parte de la premisa de que “tanto en la jurisdicción federal como en la local, los recintos universitarios no se catalogan como foros públicos tradicionales”. Opinión mayoritaria, pág. 36. Lo cierto es, que la mayoría llega a esta conclusión luego de tergiversar el derecho federal aplicable como mecanismo para forzar su conclusión.

El derecho de los ciudadanos a expresarse libremente está reconocido en la Sección 4 del Artículo II de la Carta de Derechos de nuestra Carta Magna. Art. II, Sec. 4, Const. E.L.A., 1 L.P.R.A. Este derecho de carácter fundamental se encuentra fuertemente arraigado a las nociones más básicas, y esenciales, de nuestro sistema democrático de gobierno. Vigoreaux Lorenzana et als. v. Quizno’s Sub, Inc. et als., 2008 T.S.P.R. 38, pág. 16, 173 D.P.R. ___ (2008); Bonilla v. P.N .P., 140 D.P.R. 294, 299 (1996); Mari Bras v. Casañas, 96 D.P.R. 15, 20-21 (1968). Sin embargo, ya hemos expresado que el mismo no es uno absoluto. Así, por ejemplo, el derecho a la libre expresión puede encontrar sus límites al enfrentarse al derecho a la intimidad de otra persona. Véase, Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573 (1982).

Asimismo, en algunos casos, el derecho de la libertad de expresión en propiedad pública podría verse limitado mediante regulación gubernamental sobre el tiempo, lugar y manera de llevar a cabo la expresión. Véase, U.N.T.S. v. Srio. de Salud, 133 D.P.R. 153 (1993). La validez de dicha regulación estará sujeta a las características de la propiedad en cuestión y su clasificación como: 1) foro público tradicional; 2) foro público por designación; o 3) foro no público. Id.

Los foros públicos tradicionales se han definido como “lugares que por larga tradición o por fíat del gobierno se han dedicado a la reunión y al debate”. Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., 460 U.S. 37, 45 (1983). Ejemplos clásicos de esta clase de foro son los parques, calles y aceras, los cuales se han mantenido disponibles para el uso del pueblo, donde las personas se pueden reunir, comunicar y compartir sus pensamientos y discutir asuntos de interés público. Id. En estos predios el Estado no puede vedar de forma absoluta la libertad de expresión, sólo puede regular el tiempo, lugar y modo en que se realizará la expresión. Ello siempre y cuando las limitaciones “responda[n] a un interés gubernamental significativo, limite la intervención a la mínima necesaria para alcanzar su objetivo y deje abiertas alternativas para la expresión”. U.N.T.S. v. Srio. de Salud, supra, pág. 163, citando a Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra, pág. 46.

*39 De otra parte, los foros no públicos son propiedades del Estado que no se relacionan con el intercambio de ideas y la libre comunicación de pensamiento entre los ciudadanos. Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra, pág. 46. Los centros hospitalarios, los tribunales, y dependencias policiacas son muestras claras de esta categoría. En estos lugares la regulación gubernamental puede limitar la libre expresión que allí se produzca, de manera que sólo se permita aquélla que sea compatible con el objetivo de la propiedad. En cuanto a la validez de dicha regulación, basta con que la misma sea razonable y, además, neutral en cuanto a puntos de vista; sujeto a que no se trate de un disfrazado esfuerzo por suprimir la expresión. U.N.T.S. v. Srio. de Salud, supra, pág. 164, citando a International Soc’y for Krishna Conciousness, Inc. v. Lee, 505 U .S. 672 (1992); Cornelius v. NAACP Legal Defense & Ed. Fund., 473 U.S. 788 (1985); Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra.

Finalmente, entre estas dos clasificaciones se encuentran los foros públicos por designación. Estos predios son generalmente foros no públicos en los que el Estado decide abrir un espacio para la actividad expresiva, aun cuando no está obligado a hacerlo. Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra, pág. 45. De manera que se trata de lugares no creados originalmente para la libre comunicación, pero en los cuales se ha permitido la actividad expresiva. Las bibliotecas, las escuelas y los teatros estatales suelen ser utilizados como foros públicos por designación. Rodríguez v. Srio. de Instrucción, 109 D.P.R. 251, 256-57 (1979); Southeastern Promotions, Ltd. v. Conrad, 420 U.S. 546 (1975). Mientras estos espacios están abiertos a la actividad expresiva, el poder del Estado para regular la libertad de expresión se encuentra tan limitado como cuando se trata de un foro público tradicional. U .N.T.S. v. Srio. de Salud, supra, pág. 163, citando a Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra, págs. 45-46.

No obstante, hay una gran diferencia entre foros públicos tradicionales y foros públicos por designación. El carácter público de estos últimos depende de la voluntad del Estado. Es el gobierno quien designa el espacio como uno abierto a la expresión pública. De igual forma, el Estado conserva la autoridad para determinar qué grupos podrán utilizar el espacio o qué temas se podrán discutir en él. U.N.T.S. v. Srio. de Salud, supra, pág. 164, citando a Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra, pág. 48. Más aún, la autoridad estatal podría cerrar la propiedad a la actividad expresiva por parte de la ciudadanía en general, retornando a su carácter no público. Véase, Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra, pág. 46. Tales facultades están ausentes cuando se trata de foros públicos tradicionales. Éstos siempre deben permanecer abiertos al flujo de ideas y pensamientos que son parte inherente de la naturaleza misma de estos predios. Allí no se puede delimitar qué grupos o temas se beneficiarán del acceso a la propiedad. La regla es sencilla: todos están invitados a ejercer su derecho a la libertad de expresión. Por ello, aunque hay similitudes entre los foros públicos tradicionales y los foros públicos por designación, en realidad, los ciudadanos gozan de mayor protección en los primeros.

*40 Ahí radica el afán de la mayoría de catalogar la Universidad como un foro público por designación. Esta determinación no es más que la semilla sembrada en concierto, que habrá de germinar-o que ya germinó-en el proceder del Estado y las autoridades universitarias de designar un lugar restringido para “ejercer” el derecho a la libre expresión.

II

En lo que representa un golpe mortal a la Universidad de Puerto Rico y a nuestro sistema democrático, la mayoría del Tribunal hoy cataloga a la Universidad como foro público por designación. Para ello utiliza fundamentos que, bien leídos, revelan lo errado de su proceder. Veamos.

La Opinión mayoritaria cita Widmar v. Vincent, 454 U.S. 263 (1981), para establecer que en la jurisdicción federal se ha decidido que los recintos universitarios no se pueden comparar con los foros públicos tradicionales “por sus objetivos pedagógicos y académicos”. Opinión mayoritaria, pág. 36 . NOTA9 En primer lugar, debemos dejar claro que la cita utilizada por la mayoría del Tribunal no es más que un mero dictum en una nota al calce de una opinión. Además, la referida cita, verdaderamente, no expresa que las universidades no sean comparables con los foros públicos tradicionales, y mucho menos dice que dichas instituciones no sean foros públicos tradicionales. La expresión de la Corte Suprema sólo aclara que las instituciones universitarias no son iguales a algunos foros públicos, como calles, parques y teatros. Ello en parte por su misión educativa. Sin embargo, nada en la opinión de la Corte dispone del carácter tradicional o por designación de la universidad, y aun si lo hiciera, ello se limitaría a la institución universitaria sobre la cual se pasaba juicio en aquel entonces.

NOTA9. “A university differs in significant respects from public forums such as streets or parks or even municipal theaters. A university’s mission is education, and decisions of this Court have never denied a university’s authority to impose reasonable regulations compatible with that mission upon the use of its campus and facilities.” Widmar v. Vincent, 454 U.S. 263, 268, n.5 (1981).

La expresión citada por la mayoría del Tribunal no impone juicio alguno sobre este Foro en cuanto a la controversia que hoy atendemos. Por un lado, este Foro siempre puede hacer uso de la factura más ancha que distingue nuestra Carta de Derechos de las delineaciones mínimas sobre derechos individuales que se establecen en la jurisdicción federal, para brindar mayor protección a nuestros ciudadanos frente a la intromisión gubernamental. Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605, 618 (1987). Asimismo, los fundamentos históricos y realidades prácticas que inspiran las decisiones de los foros federales en el ámbito de la doctrina del foro público, pueden no ser iguales al desarrollo histórico de nuestra sociedad. Estas divergencias justifican distanciarnos de doctrinas elaboradas en las cortes federales, de manera que se amplíen los derechos individuales conforme a nuestras tradiciones. Ya hemos resuelto que la Constitución del Estado Libre Asociado “tiene un origen y un historial distinto a la Constitución de Estados Unidos … Nuestra Constitución reconoce y concede unos derechos fundamentales con una visión más abarcadora y protectora que la Constitución de Estados Unidos.” López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219, 226-227 (1987). Véase también, Emp. Pub. Des., Inc. v. H.I.E.Tel., 150 D.P.R. 924 (2000).

*41 En segundo lugar, la Opinión mayoritaria también cita Coss y U.P.R. v. C.E.E., 137 D.P.R. 877, 889 (1995), como fundamento para concluir que este Foro ha catalogado la Universidad de Puerto Rico como uno no público tradicional. Opinión mayoritaria, pág. 36.NOTA10 Nuevamente, son varios los defectos del razonamiento expuesto por la mayoría. Aclaramos una vez más que la citada expresión es sólo un dictum traído de otra decisión de la jurisdicción federal, y originado en la discusión sobre la libertad de expresión en predios escolares, no universitarios. También recordamos que en Coss y U.P.R. v. C .E.E., supra, sólo se cuestionaba el carácter público de un medio de expresión o foro dentro de la Universidad: el periódico Diálogo. No se discutió entonces las características de toda la Universidad bajo la doctrina de foro público, como hoy pretende hacer una mayoría de este Tribunal.

NOTA10. “[L]as facilidades educativas podrían considerarse foros públicos, sólo si las autoridades escolares han’-mediante política o por práctica’-abierto esas facilidades ‘para el uso indiscriminado del público en general’.” Coss y U.P.R. v. C.E.E., 137 D.P.R. 877, 889 (1995), citando a Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., 460 U.S. 37, 47 (1983).

III

De manera que no queda tan “claro”, como dice la Opinión del Tribunal, pág. 36, que los recintos universitarios no se catalogan como foros públicos tradicionales. Por el contrario, estimo que la Universidad de Puerto Rico representa un microcosmos abarcador y complejo, nutrido de una gran tradición de valores democráticos; por lo que, para evaluar nuestro primer centro docente a la luz de la doctrina de foro público, es imprescindible comprender sus propósitos, su historia, su composición y su rol en el desarrollo de nuestro país.

Si bien es cierto que “[e]n contraste con los parques, plazas y calles, considerados tradicionalmente foros por excelencia de expresión pública, las escuelas y bibliotecas estatales no se organizaron para celebrar en ellas libre intercambio comunitario”, Rodríguez v. Srio. de Instrucción, supra, págs. 256-57, no es menos cierto que la Universidad es mucho más. El libre intercambio de ideas, dinámica inherente a la institución, es precisamente lo que engrandece el proceso educativo en los centros universitarios. Véase, Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, 113 D.P.R. 153, 159 (1982), citando a P. Monroe, Historia de la pedagogía, Tomo II, Madrid, 1905, pág. 145 (“Tratándose de universidades, esta norma constitucional comulga estrechamente con la esencia y razón histórica de esta institución, en la que como afirma Monroe de un modo claro, ‘la libertad de discusión, tanto política como eclesiástica y teológica encontró su primer hogar’.”)

Pero, quién mejor para recordarnos qué es la Universidad, que aquél cuyo nombre está indeleblemente coligado a esta institución. En su discurso inaugural en la Universidad de Puerto Rico en 1943, nos decía Don Jaime Benítez:

[E]ntre los objetivos de la Universidad de Puerto Rico, yo le daría jerarquía primaria a éste: enseñar a los hombres a valerse de su entendimiento y de su albedrío; ayudar a los hombres a encararse con la vida, afianzados en los recursos y en las valoraciones dentro de ese ideal de vida noble, creadora y generosa, refrendado por treinta siglos de pensamiento, que avanza zigzagueante a través de la historia, jamás del todo oscurecido, jamás del todo realizado, que es el ideal de vida democrática. Es pues mi criterio, que el principal objetivo de esta universidad debe ser hacer hombres libres en su espíritu, hombres que no rindan la potencialidad creadora de su alma a nada de este mundo-ni al halago, ni al cliché social, ni al prejuicio, ni a la ambición, ni a la amenaza, ni al poder-a nada en este mundo. (Énfasis nuestro.)

*42 Jaime Benítez, La Reforma Universitaria, 1943, en Héctor Luis Acevedo, editor, Don Jaime Benítez Entre la Universidad y la Política, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 2008, págs. 467-468.

La Universidad de Puerto Rico siempre ha sido un foro de discusión abierto al debate público. Véase, Luis Nieves Falcón, Ineke Cunnigham, Israel Rivera, Francisco Torres, Hiram Amundaray, Huelga y Sociedad, Editorial Edil, Inc., Rio Piedras, 1982. Sus recintos siempre han recibido la más diversa gama de personas que aportan y han aportando con sus ideas al desarrollo del país. Para la producción de ese conocimiento enriquecedor se exige, “por supuesto, gozar de la posibilidad de criticar y cuestionar el conocimiento, las prácticas sociales y las creaciones culturales y tecnológicas.” Efrén Ramos Rivera, La universidad y lo posible, 78 Rev. Jur. U.P.R. 643, 646 (2009).

Al decir de Hannah Arendt, la libertad consiste en lograr que sea lo que no ha sido.NOTA11 Así, los grandes logros alcanzados por la Universidad de Puerto Rico han sido propiciados por el cultivo de valores democráticos que nutren sus aspiraciones. Proyectos de incalculable valor como La Nueva Constitución de Puerto Rico, preparado por la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico-que sirvió de guía a los redactores de nuestra Constitución-se han producido rodeados de la protección a la libertad de palabra que cobija a toda la comunidad universitaria. Y es que así tiene que ser porque en nuestro país, la educación ha estado vinculada, constitucionalmente, a los derechos humanos. El Art. II, sec. 5 de la Constitución de Puerto Rico, reconoce a toda persona “el derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales.” En Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, supra, pág. 161, ya adelantábamos que:

NOTA11. Hanna Arendt, Between Past and Future, Penguin Books, 2006, págs. 142-169, citado en Ramos Rivera, op. cit., pág. 649.

[E]l definitivo reconocimiento que las libertades civiles reciben en todo el ordenamiento nacional de sociedades como la nuestra, no puede ser razón hábil para menoscabar las garantías de libertad de expresión y asociación que desde tiempos pretéritos gozan los estudiantes y profesores universitarios. Precisamente, para que las salvaguardas civiles no decaigan es imprescindible la crítica ilustrada, acuciosa y constante de parte de esos grupos dedicados al más elevado estudio. Callar sus denuncias puede poner en peligro las libertades que con tanta dificultad se plasmaron en un pasado no muy remoto. Se trata, como advertimos en Rodríguez v. Srio. de Instrucción, ante, de proteger esa discusión enérgica de las ideas, que es tan esencial para el cabal desarrollo del hombre, como para la conservación y el sostenimiento del bienestar común en una sociedad que viva en democracia. (Énfasis nuestro) (Citas omitidas).

*43 Los objetivos de la ley orgánica de la Universidad también reconocen que la institución es un foro sumamente ligado a nuestra sociedad democrática. Así vemos que el artículo 2 de la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, 18 L.P.R.A. sec. 601, establece que la Universidad debe “[t]ener presente que por su carácter de Universidad y por su identificación con los ideales de vida de Puerto Rico, ella está esencialmente vinculada a los valores e intereses de toda comunidad democrática”.

Esa es, a grandes razgos, la historia de nuestra Universidad; no porque el Estado haya abierto un espacio a la libre expresión, sino porque ésa es y ha sido su tradición, su propia naturaleza. Nadie puede negar que la Universidad de Puerto Rico, mientras forja los intelectos de sus integrantes, siempre ha servido para la “reunión y el debate” y ha estado disponible para el uso del pueblo, para que los ciudadanos se reúnan pacíficamente y compartan y debatan ideas sobre los asuntos que les son de interés. Véase, Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra, pág. 45. Ante semejante tradición, ¿ cómo se puede concluir que se trata de un foro público por designación? ¿ Dónde queda toda la historia de nuestro primer centro docente como punto de encuentro para el debate del más alto calibre?

III

Unas últimas consideraciones. El caso que hoy atendemos fue traído ante nosotros del Tribunal de Apelaciones mediante una certificación intrajurisdiccional. Ésta fue solicitada por la administración de la Universidad de Puerto Rico apenas un día luego de haber presentado ante el foro apelativo intermedio su recurso de apelación. Hoy el Tribunal utiliza la Regla 50 de su Reglamento para expedir y resolver la controversia sin permitir que las partes presenten sus alegatos. 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 50. Como si el abrupto trámite procesal que otorga la mayoría de este Foro al recurso de autos fuera poco, el Tribunal también decide tomar conocimiento judicial de un hecho adjudicativo esencial para la controversia, sin brindarle a la parte afectada la oportunidad de expresar su postura al respecto. Tal proceder, cuando menos, resulta contrario a los principios básicos de justicia.

La toma de conocimiento judicial de hechos adjudicativos es un medio probatorio que debe ser utilizado con cautela, ello pues se releva a una parte de la carga probatoria que, de ordinario, recae sobre ella. Este mecanismo está disponible para hechos que no están sujetos a controversia razonable por ser: 1) de conocimiento general en nuestra jurisdicción, o 2) de corroboración inmediata y exacta en fuentes que no pueden ser razonablemente cuestionadas. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 201(b). Sin embargo, cuando una parte solicita al tribunal que tome conocimiento judicial sobre un hecho, ella viene obligada a ofrecer “información suficiente” para que el tribunal pueda conceder su pedido. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 201(c). Véase, Pérez v. Mun. de Lares, 155 D.P.R. 697, 705 (2001) (“Para que un tribunal pueda tomar conocimiento judicial de un hecho adjudicativo, es necesario que la parte proponente ponga al tribunal en condición de poder hacerlo.”). “Si la parte que solicita que se tome conocimiento judicial bajo la Regla 201(B)(2) no le provee al tribunal la información correspondiente, el tribunal no tomará conocimiento judicial y la parte tendrá que presentar evidencia para probar el hecho adjudicativo.” Ernesto L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009: Análisis, San Juan, Publ. J.T.S., 2009, pág. 105.

*44 Ante la norma hasta aquí expuesta, ya se hacen evidentes las deficiencias de la metodología adjudicativa de la mayoría del Tribunal. La Opinión mayoritaria menciona que la Universidad “nos requiere que tomemos conocimiento judicial” de que estudiantes del sistema universitario aprobaron un voto de huelga preventivo. Opinión mayoritaria, págs. 11-12. Tal petición, como veremos, parece encontrarse escondida en una alegación de la Universidad a los efectos de que los estudiantes aprobaron el referido voto preventivo. Estimo, no obstante, que existe una diferencia entre una mera alegación carente de evidencia que la sustente, y una alegación acompañada de una solicitud formal para que se admita en evidencia un hecho mediante la toma de conocimiento judicial.

Incluso, un examen cuidadoso del expediente de autos nos muestra que la única expresión en el recurso de certificación que presentara la administración de la Universidad ante esta Curia, que podría asemejarse a una solicitud para tomar conocimiento judicial, es la siguiente: “Como cuestión de hecho, de lo cual este Honorable Tribunal puede tomar conocimiento judicial, la prensa ha informado que en la ‘Asamblea Nacional’ convocada por los estudiantes el 21 de junio de 2010 se aprobó un ‘voto de huelga preventivo’ para protestar la imposición de una cuota especial en enero de 2011.” Recurso de Certificación, pág. 15 (Énfasis suplido). Si ello fuera considerado como una solicitud de toma de conocimiento judicial, deberíamos concluir que la misma es una sumamente vaga, por lo que el Tribunal debería denegarla de plano. Por otro lado, las palabras citadas distan mucho de ser lo que la mayoría del Tribunal pretende. Aun en un gran ejercicio de deferencia, no podemos concluir que los peticionarios requieren la toma de conocimiento judicial de la aprobación de un voto preventivo de huelga por parte de los estudiantes. A lo sumo, sólo podríamos pensar que solicitan se tome conocimiento judicial de que la prensa divulgó una noticia, pero no que el evento del que se habla en la noticia en efecto ocurrió. De manera que, ausente una solicitud de parte para que este Foro tome conocimiento judicial de la aprobación de un voto preventivo de huelga, es forzoso concluir que la mayoría del Tribunal ha decidido hacerlo motu proprio.

Ciertamente, las Reglas de Evidencia permiten la toma de conocimiento judicial por iniciativa propia del tribunal en cualquier etapa de los procedimientos. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 201(c) y(e). Empero, también garantizan el derecho de las partes a ser escuchadas en torno a si procede la toma de conocimiento judicial. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 201(d). “En todo caso, el tribunal debe respetar el derecho de las partes a ser oídas en torno a si bajo la regla 201(B) procede la toma de conocimiento judicial.” Chiesa, op. cit., pág. 106. Este inciso de la Regla 201 tiene como propósito garantizar el debido proceso de ley de las partes, de manera que éstas conozcan los hechos que utilizará el foro judicial para arribar a su determinación y tengan, a su vez, la oportunidad de elaborar argumentos a favor o en contra del uso del referido mecanismo evidenciario.NOTA12 La importancia de esta salvaguarda procesal se agudiza aún más cuando se toma conocimiento judicial en etapas apelativas, como por ejemplo, en la solución de controversias ante esta Curia. Al respecto, así se expresa el profesor Ernesto L. Chiesa:

NOTA12. “An elementary sense of fairness might indicate that a judge before making a final ruling that judicial notice will be taken should notify the parties of his intention to do so and afford them an opportunity to present information which might bear upon the propriety of noticing the fact, or upon the truth of the matter to be noticed.” McCormick on Evidence, 4 ta ed., Minnesota, Ed. West, 1992, Vol. 2, Sec. 333, pág. 407 (Citas omitidas).

*45 En relación con tomar conocimiento judicial en la etapa apelativa, es esencial que el tribunal apelativo salvaguarde el derecho de una parte a ser oído en torno a la corrección de tomar conocimiento judicial, ya sea mediante escritos o argumentación oral. De ordinario, un tribunal apelativo no revocará una decisión del tribunal sentenciador a base de tomar conocimiento judicial de un hecho adjudicativo; por lo general se trata de hechos legislativos. Si se trata de verdaderos hechos adjudicativos, es necesario que el tribunal apelativo de [sic] a la parte perjudicada oportunidad de ser oída en cuanto a si procede que se tome conocimiento judicial.”

Ernesto L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, San Juan, Publ. J.T.S., 1998, Tomo II, Sec. 13.3, pág. 1150 (Citas omitidas).

A pesar de la claridad y el peso de la doctrina que señalamos, la mayoría de este Tribunal toma conocimiento judicial de un hecho adjudicativo que resulta medular para atender la controversia sobre academicidad, sin tan siquiera hacer un intento por escuchar los planteamientos que pudieran ofrecer los estudiantes recurridos al respecto. No se les permitió presentar alegatos; tampoco se les ordenó mostrar causa por la cual no se debiera tomar conocimiento judicial del hecho en cuestión. Véase Chiesa, Análisis, op. cit., pág. 105 (“Como se puede tomar conocimiento judicial en la etapa apelativa, el tribunal apelativo debe emitir una orden para que se muestre causa por la que no debe tomarse conocimiento judicial de determinado hecho adjudicativo. Así se satisface lo dispuesto en [la Regla 201(d) ].”).

El proceder del Tribunal en efecto decomisa el derecho de los estudiantes recurridos de ser escuchados y levantar sus defensas. Así, la Opinión del Tribunal acomete contra los postulados elementales del debido proceso de ley.

IV

Al concluir debo reseñar las elocuentes palabras del ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, el profesor Efrén Rivera Ramos, quien en un ensayo sobre la universidad y lo posible, nos dice:

[L]a Universidad de Puerto Rico realmente contribuyó a hacer posible otro Puerto Rico en su debido momento. Su existencia amplió el acceso a la educación superior de los sectores menos aventajados. Ha sido centro de ebullición para la irradiación de valores y la circulación de reclamos cruciales para nuestra vida de pueblo. Sus miembros y egresados han participado e intervenido en procesos económicos, sociales, políticos y culturales muy importantes para el país. Con su activismo, sus estudiantes han dado en mas de una ocasión la voz de alerta para que se corrija el rumbo en asuntos medulares de nuestra comunidad. Por otro lado, la histórica lucha por su autonomía y la protección constitucional que ser una universidad pública supone pueden asegurarle mayores espacios de libertad para la investigación, la reflexión, la expresión y la crítica sin los condicionamientos que una institución controlada por intereses económicos privados podría significar.

*46 Esos espacios de libertad son indispensables para que la universidad pueda continuar siendo el laboratorio de lo posible.

De más está decir que nuestro país necesita ese laboratorio ahora más que nunca. (Énfasis nuestro.)

Me hubiese gustado que este Tribunal no “[perdiera] de vista que la mejor manera de salvaguardar el orden en las universidades … es sosteniendo el mandato constitucional: libre expresión para todos.” Rafael Martínez Torres, La Primera Enmienda se va de la Universidad de Puerto Rico: Restricciones Absolutas a los Derechos de Expresión, Rev. Jur. U.P.R. 665 (1983). Hoy, con su proceder, una mayoría del Tribunal expulsa la libertad de expresión de la Universidad de Puerto Rico.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo, Inc. v. Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos, 150 D.P.R. 924 (2000).

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR FUSTER BERLINGERI

San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2000.

Nos toca determinar si procedía la expedición de un interdicto preliminar para prohibir unas manifestaciones de Página: 930

protesta realizadas en los predios de un centro comercial privado sin la autorización de sus dueños.

I

Al momento de ocurrir los hechos del caso, la demandante-recurrida, Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo, Inc. (Empresas), una corporación organizada al amparo de las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, era la propietaria del centro comercial Mayagüez Mall, localizado en el Km. 15.4 de la carretera estatal número dos (2), en un predio de más de cien (100) cuerdas de terreno. En dicho centro existían entonces aproximadamente ciento cuarenta y nueve (149) locales comerciales, que ocupaban alrededor de un millón, cien mil (1,100,000) pies cuadrados de espacio rentable. Entre los establecimientos del centro comercial que ofrecían servicios a sus visitantes se encontraban varias tiendas para la venta de ropa y calzado, una zapatería, una tienda de juguetes, una tienda para la venta de teléfonos, varios bancos y restaurantes, un supermercado, una lavandería, varios salones de belleza y de barbería, varias agencias de viajes, una tienda para la venta de equipo para computadoras, una librería, una farmacia, un centro de juegos de diversión, varias salas de cine, un garaje para la reparación y venta de piezas de automóviles y una estación de gasolina. El centro comercial también poseía unos cinco mil (5,000) espacios de estacionamiento para vehículos de motor. Existían varias vías internas para el tránsito vehícular y peatonal. Tenía seis (6) entradas principales que daban acceso directo a sus pasillos interiores, y puertas adicionales de entrada y salida que daban acceso al interior del centro comercial desde los estacionamientos a través de los locales comerciales.Además, dentro del centro comercial referido existía un cuartel de la Policía de Puerto Rico, una oficina de la Autoridad de Energía Eléctrica, y otra del De-partamento de Estado en la cual se atendían solicitudes de pasaportes.

Como parte del Mayagüez Mall, Empresas tenía dos (2) locales alquilados a la Puerto Rico Telephone Company (P.R.T.C.), que era entonces una corporación pública. Uno de esos locales la compañía telefónica lo había dedicado a su “Oficina Comercial” y el otro a su “Departamento de Tráfico de la Región Oeste”. Ambos locales tenían puertas de entrada y salida que daban acceso directo a dichos locales desde sus respectivas áreas de estacionamiento. Entre los asuntos que la P.R.T.C. atendía en la Oficina Comercial se incluían el pago y cobro de deudas, las altas y bajas del servicio telefónico y las querellas respecto a dicho servicio. Esta Oficina Comercial era la única facilidad de la P.R.T.C. en todo el Municipio de Mayagüez que sus abonados y clientes podían utilizar con respecto a los asuntos referidos.

El 27 de mayo de 1998, el Gobernador de Puerto Rico anunció al país la venta de la P.R.T.C. Como consecuencia de ello, el 18 de junio de 1998, la Unión Independiente de Empleados Telefónicos (U.I.E.T.) y la Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos (H.I.E.T.E.L.), cuyo patrono era la P.R.T.C., iniciaron un paro y una huelga indefinida y abandonaron los centros de trabajo. En respaldo de la acción de estas dos uniones se solidarizó el Comité Amplio de Organizaciones Sindicales (C.A.O.S.) que agrupaba diversas entidades sindicales que apoyaban el sentir de los empleados unionados de la P.R.T.C.

En la misma fecha referida, miembros de todas las agrupaciones mencionadas antes (los manifestantes) iniciaron una manifestación de protesta contra la venta de la P.R.T.C. en los predios del centro comercial Mayagüez Mall aledaños a las oficinas de esa compañía. Portando pancartas alusivas a su protesta, los manifestantes se colocaron en pequeños grupos en aquella parte del centro comercial Página: 932

contigua a las puertas de acceso a las oficinas de la P.R.T.C. Igualmente, en dicho lugar colocaron cobertizos para refugiase del sol, sillas, neveras portátiles y alimentos.

El gerente del centro comercial requirió a los manifestantes que abandonaran el área del estacionamiento donde se encontraban, advirtiéndoles que ésta era propiedad privada y que ellos no estaban autorizados a realizar tal actividad en ese lugar. Ante la negativa de los manifestantes de abandonar el lugar referido, el mismo día 18 de junio de 1998 Empresas presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una demanda contra aquéllos.Empresas solicitó a ese foro la concesión de un entredicho provisional, así como un interdicto preliminar y uno permanente. Adujo Empresas que las manifestaciones referidas se realizaban sin su autorización o permiso, que afectaban sus intereses y que constituían una violación a su derecho constitucional al disfrute de su propiedad.

El foro de instancia pautó una conferencia entre los abogados de las partes para el 24 de junio de 1998, y señaló una vista para atender la solicitud del interdicto preliminar para el 29 de junio. Las partes sometieron sus respectivos memorandos de derecho el 1 de julio de 1998 y el caso quedó sometido para la consideración del tribunal.

El 3 de julio de 1998, el Tribunal de Primera Instancia notificó una extensa sentencia en la cual analizó la normativa pertinente al asunto en cuestión. Declaró sin lugar la petición de interdicto preliminar “en cuanto a ordenar la salida de los [manifestantes] del centro comercial”. El foro de instancia determinó, inter alia, que Empresas no había presentado prueba alguna de que hubiese sufrido daños a la propiedad o de que hubiesen ocurrido actos de violencia o de obstrucción a la entrada del público al centro comercial. Determinó, además, que tampoco se había presentado “prueba alguna de pérdida de ingresos o efectos económicos perjudiciales que guarden relación con la manifestación”. En cuanto a la manera en que se reali-zaron las manifestaciones, señaló el foro de instancia en lo pertinente que:

…las actividades de los manifestantes[,] como regla general[,] se han llevado a cabo en el área de la acera, calle y estacionamiento frente a las oficinas alquiladas a la P.R.T.C. Todas las manifestaciones han ocurrido en el exterior del edificio principal. Como regla general[,] los manifestantes se han mantenido en forma ordenada y pacífica. (Enfasis suplido.)

No obstante, el foro de instancia encontró probado que en una ocasión, el 25 de junio de 1998, el área ocupada por los manifestantes se había extendido hasta un local aledaño ocupado por un banco que no pudo ofrecer los servicios de autoventanilla mientras el espacio estuvo ocupado por los manifestantes.En esa ocasión, los participantes utilizaron altoparlantes y “entonaron coros y estribillos, alusivos a la venta de la telefónica, la privatización, el gobierno y en ocasiones utilizaron lenguaje mal sonante y ofensivo”. Al reconocer que “tal tipo de manifestación ruidosa y con estribillos disonantes interrumpe la tranquilidad de los usuarios” y que “[l]a armonía de los intereses en disputa puede lograrse evitando los demandados tal tipo de manifestación”, el tribunal permitió la continuación de las protestas “de forma pacífica, ordenada y sin ruidos innecesarios en el área que da acceso del estacionamiento a las puertas de la Oficina Comercial y de Tráfico de la P.R.T.C.”. Razonó dicho foro que ordenar el desalojo de los manifestantes de los predios del centro comercial “tornaría académico su reclamo” porque estarían “impedidos de llevar su mensaje a quienes acuden a las oficinas en búsqueda de servicio.”

En cuanto al uso del centro comercial, el foro de instancia determinó que Empresas había aceptado que el centro comercial se había utilizado antes para actividades no relacionadas directamente con los locales comerciales tales como la exhibición de cómo se fabrica una cerveza, espectáculos musicales y un circo de diversiones; actividades Página: 934

que se llevaban a cabo normalmente fuera del horario de venta en las tiendas. De igual forma, el foro de instancia encontró probado que Empresas había alquilado sus locales antes para la ubicación de centros de información particulares con fines no comerciales. Específicamente determinó que había alquilado un espacio a personas que abogaban a favor de la construcción en Mayagüez de la planta de energía “Cogentrix”. También determinó que Empresas no poseía normas escritas que definiesen el nivel de sonido permitido en el centro comercial, y que anteriormente había permitido el uso de altoparlantes dentro y fuera del centro comercial. Finalmente, el foro de instancia determinó que Empresas no tenía normas escritas que prohibiesen manifestaciones como las de este caso en los predios del centro comercial.

Inconformes con la determinación del foro de instancia, el 9 de julio de 1998 Empresas acudió ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones mediante un recurso de certiorari. Dicho foro emitió una sentencia el 17 de julio de 1998, expidió el recurso y revocó el dictamen del tribunal de instancia. Declaró con lugar la solicitud del interdicto preliminar y ordenó el “cese y desista inmediato de las actividades de [los manifestantes] dentro de los predios y edificios del Mayagüez Mall” hasta la disposición final del litigio. Dispuso que los manifestantes podían realizar sus expresiones de protesta en áreas aledañas al centro comercial. Además, el tribunal apelativo ordenó al foro de instancia la celebración de una vista el 24 de julio de 1998 para adjudicar la solicitud de interdicto permanente.Dicho foro concluyó que el tribunal de instancia “no realizó un ponderado balance de equidad sopesando los intereses de las partes, como paso previo a adjudicar en forma final el asunto crucial sobre si el Mayagüez Mall era una plaza pública, según había sido alegado por [los manifestantes]… y, por ende, efectivamente un foro público”. Página: 935

Inconformes con el dictamen referido, el 23 de julio de 1998, la U.I.E.T. y la H.I.E.T.E.L. acudieron ante nos mediante un recurso de certiorari acompañado de una moción en auxilio de jurisdicción. Plantearon que el Tribunal de Circuito de Apelaciones había errado al emitir el injunction preliminar. En la misma fecha, Empresas también compareció ante nos y solicitó la desestimación del recurso de certiorari instado por los manifestantes.

El 24 de julio de 1998, expedimos el recurso solicitado por los peticionarios. En auxilio de nuestra jurisdicción, ordenamos la suspensión de los procedimientos en el Tribunal de Circuito de Apelaciones, y dejamos sin efecto su dictamen del 17 de julio de 1998. Permitimos así que continuaran las manifestaciones en cuestión. Además, autorizamos al Tribunal de Primera Instancia a continuar en forma expedita con los procedimientos relativos al interdicto permanente solicitado por Empresas, conforme a su dictamen del 3 de julio de 1998.

El 6 de diciembre de 1998, acogimos como su alegato el recurso de certiorari presentado por los peticionarios el 23 de julio de 1998; y el 22 de enero de 1999, Empresas presentó el suyo. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

II

Academicidad

El 2 de agosto de 1999, el foro de instancia desestimó la petición de injunction permanente que tenía pendiente en este caso. Determinó que en vista de que la P.R.T.C. ya había sido vendida, y de que las manifestaciones de protesta en el centro comercial habían concluido, “resolver la controversia hoy inexistente sería emitir una opinión consultiva a la empresa demandante en torno a la legalidad y legitimidad de protestas o demostraciones pacíficas en los Página: 936

predios de un Centro Comercial…”. (Enfasis suplido.) El tribunal de instancia emitió este dictamen a pesar de que tanto Empresas como las organizaciones demandadas presentaron sendos escritos oponiéndose a que el caso fuese desestimado por academicidad.

Inconforme con el dictamen de instancia referido, el 3 de septiembre de 1999 Empresas presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, y el 31 de marzo de 2000, el foro apelativo notificó su denegatoria del recurso aludido. Empresas recurrió entonces ante nos y su recurso sobre el injunction permanente se encuentra pendiente de nuestra oportuna consideración.Aunque ninguna de las partes nos ha planteado que el recurso particular del caso de autos a su vez se haya tornado académico, conviene hacer un breve señalamiento sobre el particular, para que no haya duda sobre nuestra jurisdicción.

En pronunciamientos previos hemos indicado que un caso se torna académico cuando su condición de controversia viva y presente sucumbe ante el paso del tiempo. P.P.D. v. Gobernador I, Op. de 22 de diciembre de 1995, 139 D.P.R. 643, 95 JTS 165; Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704 (1991); Noriega v. Gobernador, 122 D.P.R. 650 (1988); El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988). “Los tribunales pierden su jurisdicción sobre un caso por academicidad cuando ocurren cambios durante el trámite judicial de una controversia particular que hacen que ésta pierda su actualidad, de modo que el remedio que pueda dictar el tribunal no ha de llegar a tener efecto real alguno en cuanto a esa controversia. Con esta limitación sobre el poder de los tribunales, se persigue evitar el uso innecesario de los recursos judiciales y obviar pronunciamientos autoritativos de los tribunales que resulten superfluos.” C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 D.P.R. 927, 935-36 (1993); Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 724-725 (1980).

Ahora bien, existen situaciones especiales en las cuales los tribunales pueden atender un caso que se ha Página: 937

tornado académico. Es decir, hemos reconocido antes que existen varias excepciones a la doctrina de academicidad. Una de ellas es cuando en un caso se plantea una cuestión recurrente, es decir, susceptible de volver a ocurrir pero que, por la naturaleza efímera de los hechos que provocan la cuestión, es difícil que logre ser dilucidada por los tribunales. Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406 (1994); C.E.E. v. Depto. de Estado, supra; El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988); Asoc. de Periodistas v. González, supra; Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, supra.

En el caso de autos, las manifestaciones específicas que dieron lugar al recurso ante nos han cesado ya, por lo que podría estimarse que la controversia concreta que nos concierne aquí sobre el injunction preliminar se ha tornado académica. No obstante, es evidente que la cuestión novel e importante que este pleito presenta, de si agrupaciones como las peticionarias pueden llevar a cabo manifestaciones como las del caso de autos en un centro comercial privado, cuando sus dueños se oponen a tales actos, es una que con razonable probabilidad ha de surgir de nuevo. El acto de expresión pública impugnado puede volver a concluir antes de que la cuestión referida haya sido dilucidada judicialmente en los méritos.Tal como ha sucedido en el caso de autos, la controversia aludida entre los manifestantes y el centro comercial puede presentarse otra vez y la situación concreta que la ocasiona puede volver a desaparecer mientras el caso es examinado por los tribunales.1 En tales circunstancias, si no pasamos juicio sobre la controversia referida aunque haya terminado la manifestación, quedaría conculcada así nuestra función revisora.

En efecto, el importante asunto que tenemos planteado Página: 938

en el caso de autos, ha estado ya antes ante los tribunales del país sin que se haya podido resolver en sus méritos.2 En el caso anterior referido se intentó impedir otras manifestaciones realizadas precisamente en los predios del centro comercial Mayagüez Mall. Al igual que como ocurrió en el caso ante nos ahora, Empresas había alquilado un local a la Autoridad de Energía Eléctrica (A.E.E.) para la operación de una oficina comercial de servicio al público. El 30 de marzo de 1995, a raíz de una disputa obrero-patronal, empleados de la A.E.E. pertenecientes a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego de Puerto Rico (U.T.I.E.R.) realizaron manifestaciones de protesta contra la A.E.E. dentro del Mayagüez Mall. Como consecuencia de ello, el día siguiente, Empresas presentó una acción ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, y solicitó que se emitiese un entredicho provisional, así como un interdicto preliminar y uno permanente. Luego de la concesión del entredicho provisional y de varios trámites apelativos, el foro de instancia resolvió que la acción de Empresas se había tornado académica en vista de que las manifestaciones de la U.T.I.E.R. habían terminado para el tiempo en que el tribunal se disponía a dilucidar el caso. Por ende, desestimó la acción de Empresas, sin resolver la importante controversia constitucional que se le había planteado. El Tribunal de Circuito de Apelaciones confirmó dicho dictamen. No cabe dudas, pues, que tenemos ante nos una clara situación de una controversia recurrente, que es una de las excepciones bien conocidas a la doctrina de la cuestión académica. Resolvemos, pues, que tenemos jurisdicción para dilucidar el importante asunto ante nos.

Debe quedar claro que ésta no es la primera vez que Página: 939

consideramos la validez de actos de protesta después que dichos actos han cesado definitivamente. En E.L.A. v. Rivera Rivera, 105 D.P.R. 640 (1977), un grupo de personas montaron un piquete de protesta en las inmediaciones de la Fortaleza, la residencia oficial del Gobernador de Puerto Rico.El Tribunal Superior, a instancias del Estado, expidió un injunction que si bien salvaguardaba el derecho a la libre expresión de los manifestantes aludidos, limitaba a la vez las horas del día en que se podían celebrar los actos de protesta y fijaba otras restricciones afines. Los manifestantes apelaron de inmediato ante nos, cuestionando las limitaciones impuestas mediante el injunction referido. Inicialmente rehusamos suspender el injunction pendiente la apelación. Posteriormente, año y medio después de haber terminado los actos de protesta en cuestión, ejercimos nuestra jurisdicción y adjudicamos la validez del injunction referido. Igual hicimos con respecto a un injunction preliminar y permanente que había sido procurado en relación a un piquete, luego de éste haber concluido, en E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436 (1975). Procede, pues, que en el caso de autos actuemos del mismo modo.

Pasemos entonces a examinar el alcance que tiene nuestra garantía constitucional de libertad de expresión en centros comerciales privados como el Mayagüez Mall.

III

Esta es la primera vez que tenemos la oportunidad de expresarnos sobre la aplicación del derecho constitucional a la libertad de expresión en los centros comerciales privados. Por tratarse de un asunto novel en nuestra jurisdicción, es menester considerar los precedentes del Tribunal Supremo de Estados Unidos que puedan ser vinculantes; y a la vez tomar en cuenta por su valor persuasivo lajurisprudencia pertinente de otras jurisdicciones estatales.3 A. Las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos

La jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos relacionada al asunto que aquí nos concierne comenzó con la histórica decisión de ese foro en Marsh v. Alabama, 326 U.S. 501, 66 S. Ct. 276 (1946). En ésta, se resolvió que en un pueblo operado por una compañía privada (“company town”), en el cual ésta era dueña de los edificios, aceras, calles, tiendas, etc., regía la Primera Enmienda de la Constitución federal. Se determinó que tal lugar era el equivalente funcional de cualquier otro pueblo norteamericano, por lo que en sus predios no podía prohibirse la distribución de material religioso, aunque dichos predios fuesen propiedad privada.

El análisis utilizado en Marsh v. Alabama, supra, fue aplicado nuevamente en Amalgamated Food Employees Union Local 590 v. Logan Valley Plaza, Inc., 391 U.S. 308, 88 S. Ct. 1601 (1968). En esta ocasión, el Tribunal Supremo federal reconoció el derecho de unos trabajadores a realizar demostraciones en un centro comercial privado frente a una tienda contra cuyos dueños aquellos mantenían una contienda laboral. El alto foro federal resolvió que, al igual que en Marsh v.Alabama, supra, las características del centro comercial en cuestión le convertían en el equivalente funcional de un pueblo común, por lo que le eran aplicables las disposiciones de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Unos años más tarde, la postura del Tribunal Supremo norteamericano con respecto a la aplicación de la referida Primera Enmienda a centros comerciales varió dramáticamente. La nueva trayectoria comenzó con Lloyd Corp. v. Tanner, 407 U.S. 551, 92 S. Ct. 2219 (1972). Contrario a su deter-minación en Amalgamated Food Employees Union Local 590 v. Logan Valley Plaza, Inc., supra, en este caso el Tribunal Supremo federal se negó a reconocer el derecho de un grupo de personas opuestas a la guerra de Vietnam a distribuir propaganda relacionada con sus ideas en los predios de un centro comercial. Se resolvió en ese caso que la actividad referida no era afín con el propósito comercial del establecimiento, y que los manifestantes tenían otros medios eficaces para difundir su mensaje tales como el uso de las calles públicas adyacentes al centro comercial.

Luego, en Hudgens v. N.L.R.B., 424 U.S. 507, 96 S. Ct. 1029 (1976), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos fue aun más lejos. En este caso la controversia giraba en torno a las actividades de protesta que realizaron los empleados unionados de un almacén contra sus dueños, por éstos no aceptar ciertas peticiones sometidas por la unión. Los empleados realizaron las manifestaciones en cuestión frente a una tienda de su patrono que estaba localizada en un centro comercial aunque el almacén donde ellos trabajaban estaba ubicado fuera de los predios del centro comercial. Luego de revocar expresamente lo resuelto en Amalgamated Food Employees Union Local 590 v. Logan Valley Plaza, Inc., supra, por entender que era inconsistente con lo que se había decidido en Lloyd Corp. v. Tanner, supra, el más alto foro federal resolvió que las garantías provistas por la Primera Enmienda de la Constitución federal sólo aplican a situaciones en las que existe acción estatal (“state action”). Razonó el Tribunal que, por la ausencia de acción estatal en ese caso, la Primera Enmienda no protegía a los manifestantes. No obstante, señaló expresamente que un estado podía darle una protección a la libertad de expresión conferida por su propia constitución que fuese más amplia que la de la Primera Enmienda federal, y aplicarla incluso a personas o corporaciones privadas.

Cuatro años después de sus pronunciamientos en Hudgens v. N.L.R.B., supra, el Tribunal Supremo federal se enfrentó a una decisión del Tribunal Supremo de Califor-nia mediante la cual dicho foro extendió la aplicación de la libertad de expresión de ese estado a un centro comercial privado.En Pruneyard Shopping Center v. Robins, 447 U.S. 74, 100 S. Ct. 2035 (1980), un grupo de estudiantes de escuela superior había colocado una mesa en un centro comercial de California con el propósito de distribuir información y solicitar firmas para una petición pública. Los estudiantes tuvieron que abandonar el lugar donde estaban ubicados luego de que un guardia de seguridad les informó que su actividad era contraria a las reglas del centro comercial. Dichas reglas prohibían la celebración de actividades públicas en el centro que no estuviesen relacionadas directamente con su propósito comercial. Los estudiantes aludidos instaron acción en un tribunal estatal contra los dueños del centro comercial por la alegada violación a su derecho a la libertad de expresión conferídoles tanto por la constitución federal como por la estatal. El foro de instancia determinó que los estudiantes no tenían razón en su reclamo de libertad de expresión en el centro comercial bajo ninguna de las dos constituciones. El tribunal apelativo confirmó dicha determinación. En revisión, el Tribunal Supremo de California revocó a los tribunales inferiores. Dictaminó que la Constitución de California protegía la expresión de ideas y actividades como las realizadas por los estudiantes, cuando se ejercían razonablemente en centros comerciales, aunque éstos fuesen privados, y que ello no afectaba los derechos de propiedad de sus dueños protegidos por la Constitución federal. Al confirmar el dictamen del más alto foro judicial de California, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reiteró expresamente la facultad de un tribunal supremo estatal, a la luz de la Constitución de ese estado, de ampliar la protección de los derechos constitucionales que confiere la Constitución de los Estados Unidos. Añadió que, al ejercer dicha facultad, un estado puede imponer válidamente restricciones razonables a los derechos de propiedad privada siempre que con ello no contravenga alguna de las protecciones específicas conferidas por la Constitución federal.

En resumen, pues, aunque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha limitado significativamente la aplicación de la Primera Enmienda de la Constitución federal a los centros comerciales privados, también ha reconocido que las jurisdicciones estatales en estos casos pueden definir el ámbito del derecho de expresión al amparo de sus propias constituciones de una manera más amplia. Como veremos más adelante, jurisdicciones tan importantes como California, Nueva Jersey, Colorado, Oregon y Washington4 así lo han hecho.

B. Los tribunales de estados con constitución más amplia

Como hemos indicado ya, el Tribunal Supremo de California ha resuelto que su propia Constitución protege el derecho de expresión de las personas en los centros comerciales privados. Robins v. Pruneyard Shopping Center, 592 P. 2d 341 (1979), confirmado en Pruneyard Shopping Center v. Robins, supra.Dicho Tribunal también ha señalado que este derecho de expresión no es absoluto y puede estar sujeto a restricciones razonables de tiempo, lugar y manera impuestas por el centro comercial. Dicho foro ha reconocido expresamente, además, que aunque los derechos de propiedad de los dueños de los centros comerciales son importantes, al igual que ocurre con cualquier derecho individual, éstos están subordinados al interés colectivo. En Schwartz-Torrance Inv. Corp. v. Bakery & Con. Wkrs. U., 394 P. 2d 921 (1964), el Tribunal Supremo de California resolvió que los miembros de una unión tenían derecho a realizar piquetes en las inmediaciones de una pa-nadería localizada en un centro comercial privado, aun contra la voluntad del dueño del centro comercial. En esa ocasión, las manifestaciones de protesta de la unión se realizaron luego de que ésta trató infructuosamente de organizar colectivamente a los empleados de la panadería. El más alto foro judicial de California concluyó lo siguiente:

[t]he prohibition of the picketing would in substance deprive the union of the opportunity to conduct its picketing at the most effective point of persuation: the place of the involved business. The interest of the union thus rests upon the solid substance of public policy and constitutional right; the interest of the plaintiff lies in the shadow cast by a property right worn thin by public usage. Schwartz-Torrance Inv. Corp. v. Bakery & Con. Wkrs. U., a la pág. 926.

Cuatro años más tarde, el Tribunal Supremo de California resolvió el caso de Diamond v. Bland, 477 P. 2d 733 (1970). En esa ocasión el foro referido concluyó que los dueños de un centro comercial no podían prohibir en forma absoluta el ejercicio de los derechos de expresión de los que visitan tal centro a menos que ello obstaculice o interfiera sustancialmente con la operación normal del negocio de aquéllos.5 Otro estado que ha tenido ante sí la cuestión que nos ocupa aquí ha sido Colorado. En Bock v. Westminster Mall Co., 819 P. 2d 55 (Colo. 1991), miembros de una asociación política instaron acción contra los dueños de un centro comercial privado en la que alegaron que la política de prohibir la distribución de hojas sueltas en las áreas comunes del centro comercial violaba el derecho constitucional estatal a la libertad de expresión de los demandantes. En esa Página: 945

ocasión, el tribunal de mayor jerarquía de Colorado resolvió que la participación económica del Estado en el desarrollo del centro comercial y la presencia en éste de varias agencias gubernamentales, incluyendo una sub-estación de la policía de la ciudad, constituían suficiente intervención del Estado en la operación del centro comercial como para activar la cláusula constitucional estatal de libertad de expresión.Señaló dicho foro que la Constitución de Colorado prohibía a los dueños de un centro comercial restringir el derecho del público que se congrega en las áreas comunes de dicho lugar a expresarse pacíficamente sobre asuntos políticos. Puntualizó también el foro aludido que las áreas comunes del centro comercial en cuestión se habían convertido en lugares de reunión y expresión pública, transformándose, para todo fin práctico, en un foro público. No obstante, se reconoció el derecho del centro comercial de establecer reglas razonables para restringir el tiempo, lugar y manera para realizar las actividades referidas.

En Lloyd Corporation v. Whiffen, 849 P. 2d 446 (Or. 1993), el Tribunal Supremo de Oregon también reconoció el derecho de sus ciudadanos a solicitar firmas en las áreas comunes de un centro comercial privado, sujeto a restricciones razonables establecidas por el centro comercial sobre el tiempo, lugar y manera de realizar tales actividades. Señaló dicho foro que:

…to prohibit the gathering of signatures on initiative petitions in the common areas of large shopping centers such as the Lloyd Center would “impinge on constitutional rights” conferred on the citizens of this state by the provisions of Article IV, section 1, of the Oregon Constitution.

. . . It is true… that the right under Article IV, section 1, to solicit signatures on initiative petitions is a form of speech and that there also are other forms of speech. We see no need in our opinion in this case to anticipate and discuss problems presented by other forms of speech. Lloyd Corporation v. Whiffen, supra, a las págs. 453 y 454.

En New Jersey Coalition v. J.M.B., 650 A. 2d 757 (N.J. 1994),también se aplicó la protección de la cláusula constitucional de libertad de expresión de Nueva Jersey a los centros comerciales privados. En este caso una coalición de diversos grupos opuestos a la intervención de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en Kuwait intentó distribuir material relacionado con sus ideas en diversos lugares. Varios centros comerciales permitieron la actividad en sus predios, mientras que otros se opusieron o impusieron condiciones alegadamente muy restrictivas. El Tribunal Supremo de Nueva Jersey, fundamentándose en un análisis desarrollado en un caso previo, State v. Schmid, 423 A. 2d 615 (N.J. 1980), y en su propio examen sobre el valor de la libertad de expresión frente al derecho de propiedad, determinó que los propietarios del centro comercial estaban constitucionalmente obligados a permitir allí la distribución de hojas sueltas que tenía propósitos no comerciales, sujeto a regulaciones razonables.Dicho Tribunal señaló que los centros comerciales referidos tenían todas las características de las áreas de comercio tradicionales (“downtown business district”). Indicó, además, que en dichos centros existía la presencia de policías municipales; y que sus dueños permitían y estimulaban la realización de actividades no comerciales orientadas al público visitante. El Tribunal también determinó que la invitación que se le hacía al público para que visitase el centro comercial era amplia. El Tribunal concluyó que se podía realizar en los predios del centro comercial cualquier tipo de actividad que era realizable en el área de comercio tradicional (“downtown”). En particular, indicó el Tribunal que la distribución de hojas sueltas con temas como el que tenían las hojas sueltas de ese caso era una actividad que siempre se había realizado en el área de comercio tradicional (“downtown”). El Tribunal reiteró su señalamiento previo de que la libertad de expresión garantizada por la Constitución de ese estado prevalecía contra acciones de entidades privadas que fuesen irrazonables u opresivas. State v. Schmid, supra.

Finalmente, debe mencionarse la posición particular del Tribunal Supremo del estado de Washington. Ese foro, en Alderwood Assoc. v. Wash. Envir. Council, 635 P 2d 108 (1981), revocó una orden emitida por un tribunal de instancia del estado mediante la cual se le había prohibido a una organización ambientalista solicitar firmas y realizar demostraciones en los predios de un centro comercial privado. El más alto tribunal de Washington determinó que dichas actividades estaban protegidas por la constitución estatal. Posteriormente ese Tribunal aclaró cuál era el fundamento preciso de la decisión aludida al señalar que:

…the holding in Alderwood was simply that people have a right under the initiative provision of the Constitution of the State of Washington to solicit signatures for an initiative in a manner that does not violate or unreasonably restrict the rights of private property owners. We expressly do not here disturb that holding. Southcenter v. National Dem. Policy Com., 780 P 2d 1282, 1290 (1989).

C. Otros tribunales estatales

Los tribunales supremos de un gran número de estados han considerado la cuestión que nos concierne en el caso de autos y han resuelto que sus propias constituciones no ofrecen una protección a la libertad de expresión que sea mayor que la que surge de la Constitución federal, según interpretada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.Dichos tribunales han realizado un análisis del asunto similar al utilizado actualmente por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y han limitado el alcance del derecho de expresión establecido en sus respectivas constituciones a situaciones en las que existe acción estatal (“state action”). De este modo, al resolver que el ámbito de sus propias cláusulas de libertad de expresión no es mayor que el de la Constitución federal, no han permitido manifestaciones como las del caso de autos en centros comerciales privados cuando el Estado no está involucrado. En este grupo se encuentran, Página: 948

entre otros, Minnesota, State v. Wicklund, 589 N. W. 2d 793 (Minn. 1999); Texas, Republican Party of Texas v. Dietz, 940 S. W. 2d 86 (Tex. 1997); Ohio, Eastwood Mall, Inc. v. Slanco, 626 N. E. 2d 59 (Ohio 1994); Carolina del Sur, Charleston Joint Venture v. McPherson, 417 S. E. 2d 544 (S.C. 1992); Georgia, Citizens for Ethical Gov. v. Gwinnett, 392 S. E. 2d 8 (Ga. 1990); Arizona, Fiesta Mall Venture v. Mecham Recall Com., 767 P. 2d 719 (Ariz. App. 1988); Wisconsin, Jacobs v. Major, 407 N. W. 2d 832 (Wis. 1987); Pennsylvania, W. Pa. Soc. WRKRS v. Conn. Gen. Life Ins., 515 A. 2d 1331 (1986); Nueva York, Shad Alliance v. Smith Haven Mall, 488 N. E. 2d 1211 (N.Y. 1985); Michigan, Woodland v. Michigan Citizens Lobby, 378 N. W. 2d 337 (Mich. 1985); Connecticut, Cologne v. Westfarms Associates, 469 A. 2d 1201 (Conn. 1984); y Carolina del Norte, State v. Felmet, 273 S. E. 2d 708 (N.C. 1981).

IV

La libertad de expresión en Puerto Rico

Antes de entrar a resolver el asunto concreto que está ante nuestra consideración aquí, es menester señalar que reiteradamente hemos reconocido que las interpretaciones que hace el Tribunal Supremo federal sobre el contenido de los derechos fundamentales conferidos por la Constitución de los Estados Unidos sólo constituyen el mínimo de protección que tenemos que reconocer bajo nuestra propia Constitución a esos derechos. Dichas interpretaciones no limitan nuestra facultad para reconocer mayor amplitud a las garantías constitucionales conferidas por la Constitución de Puerto Rico. Así, hemos determinado antes que nuestra Constitución tiene una factura más ancha que la Constitución federal con respecto a derechos tales como la prohibición del menoscabo de obligaciones contractuales [Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605 (1987)], la prohibición contra registros y allanamientos irrazonables [Pueblo v. Meléndez Rodríguez, Página: 949

Op. de 13 de julio de 1994, 136 D.P.R. 587, 94 JTS 103; Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1991); Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470 (1988); Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R. 828, (1986); Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976)]; la intimidad [Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, Op.de 18 de noviembre de 1997, 144 D.P.R. 141, 97 JTS 134; E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436 (1975)]; y la libertad de expresión [U.N.T.S. v. Srio. de Salud, 133 D.P.R. 153 (1993)].

Más aun, ya antes hemos resuelto que la Constitución del Estado Libre Asociado “tiene un origen y un historial distinto a la Constitución de Estados Unidos… nuestra Constitución reconoce y concede unos derechos fundamentales con una visión más abarcadora y protectora que la Constitución de Estados Unidos”. López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219 (1987). Nuestra doctrina jurisprudencial, pues, es cónsona con la determinación del Tribunal Supremo federal en Lloyd Corp. v. Tanner, supra, reiterada en Pruneyard Shopping Center v. Robins, supra, que reconoce el derecho de las jurisdicciones estatales a ampliar la protección de los derechos fundamentales al amparo de sus propias constituciones más allá de lo dispuesto por la Constitución federal según interpretada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

La sección cuarta del Artículo II de nuestra Constitución consagra el derecho de toda persona a la libre expresión. En la Asamblea Constituyente se reconoció que este derecho se debe “ejercitar a plenitud dentro de la más dilatada libertad…”. Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico (Equity, 1961), Vol. 4, pág. 2564. De igual forma, hemos expresado que el derecho a la libertad de expresión fue concebido, entre otras cosas, “para facilitar el desarrollo pleno del individuo y estimular el libre intercambio y la diversidad de ideas, elementos vitales del proceso democrático”. Velázquez Pagán v. A.M.A., 131 D.P.R. 568, 576 (1992). Expresamente hemos reconocido y reiterado la preeminencia de la liber-tad de expresión en nuestro ordenamiento constitucional, Mari Brás v. Casañas, 96 D.P.R. 15, 206 (1968), “que nos obliga a su más celosa protección”, Rodríguez v. Srio. de Instrucción, 109 D.P.R. 251, 255 (1979).

En efecto, en el pasado hemos sido tan celosos con la protección de la libertad de expresión que la hemos reconocido aun en circunstancias que se apartan de las que son las más comunes para las manifestaciones de protesta y para el intercambio y la crítica de ideas. Aunque hemos reconocido que fuera de los foros públicos tradicionales el Estado tiene amplias facultades para restringir la libertad de expresión, no obstante hemos hecho hincapié en que aun en tales foros poco tradicionales no puede prohibirse absolutamente el ejercicio de este derecho tan fundamental. U.N.T.S. v. Srio. de Salud, 133 D.P.R.153 (1993). Así pues, hemos convalidado el derecho a fijar pasquines en postes de alumbrado y en las columnas de puentes sin necesidad de la autorización de sus custodios en Pueblo v. Arandes de Celis, 120 D.P.R. 530 (1988) y Mari Brás v. Alcaide, 100 D.P.R. 506 (1972). Igualmente hemos reconocido el derecho de estudiantes a celebrar mítines y marchas en terrenos universitarios aun cuando existía un trasfondo de violencia en la institución causado por una huelga laboral en Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, 113 D.P.R. 153 (1982). Asimismo hemos protegido el derecho de maestros a celebrar reuniones en predios escolares durante la hora de almuerzo en Rodríguez v. Srio. de Instrucción, 109 D.P.R. 251 (1979); y hemos permitido el uso de altoparlantes en la vecindad de colegios electorales en Mari Brás v. Casañas, 96 D.P.R. 15 (1968).

En nuestros pronunciamientos ordinarios sobre el alcance de la protección constitucional a la libre expresión, hemos indicado que ésta depende en gran medida del lugar o foro en que se desea ejercer ese derecho. Como se sabe, en los denominados foros públicos tradicionales le hemos reconocido una protección amplia y Página: 951

abarcadora. Hemos señalado en Pacheco Fraticelli v. Cintrón Antonsanti, 122 D.P.R. 229 (1988), a las págs. 241 y 242, que:

[d]esde tiempos inmemoriales los parques, las plazas y las calles de Puerto Rico han constituido foros de divulgación, de intercambio y de crítica de ideas. Es en ellos en donde la conciencia ciudadana y particular forma de ver el mundo tienen impacto y repercuten. Son los foros públicos por excelencia para la divulgación y expresión de ideas. Las calles en particular constituyen un instrumento eficaz de divulgación de ideas accesible para aquellos individuos y grupos que no cuentan con suficientes recursos económicos y que no tienen, por tanto, acceso a los medios de comunicación masiva como lo son la radio, la televisión y la prensa. (Enfasis suplido. (Citas omitidas.)

A pesar de la importancia que han tenido los foros públicos para la divulgación e intercambio de ideas, es menester reconocer, sin embargo, que la vitalidad de esos lugares tradicionales para la expresión pública ha ido menguándose paulatinamente, al menos en las comunidades urbanas del país. Los lugares de reunión en los cuales las personas tradicionalmente realizaban la divulgación y el intercambio de ideas de forma gratuita y efectiva -las plazas, los parques y las calles- han ido suplantándose por otros sitios en los cuales las personas hoy día ejercen libremente el intercambio de ideas y la crítica sobre lo que acontece en la colectividad, actividades que tan importante sitial tienen en nuestro país.Al expresarnos previamente sobre esta situación, hemos señalado que en Puerto Rico los centros comerciales han ido sustituyendo las plazas públicas y otros lugares tradicionales como centros de reunión. Así, en J.A.D.M. v. Centro Com. Plaza Carolina, 132 D.P.R. 785 (1992), a la pág. 791, indicamos: [l]os grandes centros comerciales, los regionales y subregionales, ofrecen todo tipo de servicios complementarios, tales como bancos, restaurantes, sitios de comida ligera, centros de juegos de diversión y cines, entre otros. En estos modernos centros de mercadeo, bajo techo y equipados con aire acondicionado y amplio estacionamiento, en ocasiones, debido a las faci-
lidades de acceso y comodidades que les brindan a las personas en la comunidad, también se ofrecen servicios gubernamentales, tales como correo, facilidades para el pago de facturas de agua, luz y teléfono, la obtención de documentación oficial, como pasaportes, etc. Con el propósito de atraer al mayor número de personas posible, estos centros comerciales periódicamente ofrecen espectáculos y atracciones no sólo comerciales, sino también artísticas, educativas, deportivas y cívicas. La combinación de todos estos factores ha hecho que en ocasiones los centros comerciales hayan venido a sustituir las plazas públicas y otros centros de reunión en las comunidades. (Enfasis suplido.)

Conscientes de lo anterior, a la luz de la normativa reseñada previamente, pasemos a analizar la controversia que nos ocupa.

V

Según se señaló antes, las manifestaciones en controversia en el caso de autos tenían como objetivo protestar contra la determinación gubernamental de vender la corporación pública conocida como la P.R.T.C. Entre los manifestantes se encontraban empleados de la corporación referida y otros obreros pertenecientes a agrupaciones sindicales que manifestaban su rechazo a la venta de la P.R.T.C. Las únicas oficinas comerciales de la compañía telefónica en el área de Mayagüez estaban localizadas en los predios del centro comercial en cuestión. Allí tenían que acudir los clientes de la P.R.T.C. a realizar los trámites necesarios para obtener los servicios telefónicos que interesaban. Para los peticionarios ese era el lugar más idóneo en Mayagüez para expresar su oposición a la venta de la P.R.T.C. Así lo reconoció el propio foro de instancia al expresar que “[era] difícil concebir un mejor lugar de expresión para informar a los usuarios de la P.R.T.C. la manifestación en contra de la venta y la privatización”. Más aun, en términos funcionales, las oficinas de la P.R.T.C. aludidas constituían un lugar público, un predio guberna-mental en el cual ni siquiera el Estado puede prohibir el ejercicio de la libertad de expresión absolutamente.Cuando Empresas alquiló los locales en cuestión a la P.R.T.C., que era entonces una corporación pública, ésta sabía que no se trataba de un arrendatario privado sino de una entidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que estaba sujeta a normas y requerimientos distintos a los de un mero cliente privado. Como bien señaló el tribunal de instancia, si en estas facilidades de la P.R.T.C. se pueden prohibir en forma absoluta las manifestaciones públicas, ello significaría que cualquier entidad gubernamental puede privar a sus empleados u otras personas de llevar a cabo actividades que están constitucionalmente protegidas sólo con alquilar locales para sus oficinas de servicio al público en centros comerciales privados, lo que sería intolerable.

A lo señalado en el párrafo anterior hay que añadirle el hecho incontestable de que el centro comercial en cuestión es un lugar vital para los residentes de la región donde se llevan a cabo múltiples y numerosas actividades comunales y al cual acuden miles de personas diariamente para atender muchos asuntos importantes. Al momento de los hechos del caso de autos, en dicho centro comercial se ofrecían servicios bancarios, de zapatería, de lavandería, de farmacia y de librería. Además de numerosas tiendas para la venta de toda clase de artículos de uso diario, había allí restaurantes, un supermercado, salones de belleza y barbería, agencias de viaje, un garaje para la reparación de vehículos de motor, salas de cine y una estación de gasolina. Ocupando un predio de terreno que excedía las 100 cuerdas, dicho centro tenía miles de pies cuadrados dedicados a los 5,000 espacios de estacionamiento y a las varias vías para el tránsito peatonal y vehícular que allí existían. Se trata evidentemente del equivalente contemporáneo del núcleo tradicional de nuestros pueblos, que ha venido a sustituir la plaza pública, los Página: 954

parques y las calles principales de éstos como centros de reunión y de convivencia de las personas, y que además lo hacen comparable en su carácter cuasi público al “company town” de Marsh v. Alabama, supra.

No podemos ignorar, además, que los establecimientos comerciales de gran magnitud, como el que aquí nos concierne, con frecuencia se dedican deliberadamente a la tarea de realizar distintos tipos de actividades sociales, culturales y de otra índole con el propósito de fomentar la visita continua del mayor número de personas a dichos establecimientos. En gran medida, pues, la sustitución de los lugares tradicionales de reunión de las personas por los centros comerciales ha sido el resultado de un empeño concertado de los dueños de estos centros.

Finalmente, debe tomarse en cuenta el significativo nexo del Estado con el centro comunal en cuestión.En dicho centro existía un cuartel de la Policía de Puerto Rico. Además de las oficinas de la P.R.T.C., que entonces era una corporación pública, allí existían también otras oficinas gubernamentales como la de la Autoridad de Energía Eléctrica y la del Departamento de Estado. Más aun, como en todo centro comercial del tamaño del Mayagüez Mall, también existía allí un contingente de guardias de seguridad, que tienen autorización del Estado para portar armas y para velar por el orden y la paz pública en los establecimientos privados, lo que es una función que tradicionalmente le compete al Estado. Véase, Pueblo v. Rosario Igartúa, 129 D.P.R. 1055 (1992). Todos estos numerosos vínculos del Estado con el centro comercial referido destacan y fortalecen el carácter que tenía el Mayagüez Mall de ser funcionalmente equivalente al núcleo vital tradicional de nuestros pueblos, comparable a un “company town”.

Los dueños del centro comercial en cuestión han invocado ante nos su derecho al disfrute de la propiedad privada como fundamento para la autoridad que reclaman de prohibir según les plazca la celebración en dichos Página: 955

centros de actividades como las de los manifestantes en este caso. No cabe duda de que el derecho de toda persona al disfrute de la propiedad está reconocido en la sección 7 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico. Sin embargo, reiteradamente hemos señalado que este derecho no es absoluto, y que cede ante situaciones en las cuales debe prevalecer el bienestar común y el interés público. Velázquez Velázquez v. E.L.A., 135 D.P.R. 84 (1994); Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 (1991); The Richards Group v. Junta de Planificación, 108 D.P.R. 23 (1978). Al referirnos al desarrollo del concepto de propiedad actual indicamos en The Richards Group v. Junta de Planificación, supra, a la pág. 35, que:

…la propiedad en las sociedades democráticas tradicionales entraña determinados derechos, pero… estos viven en competencia continua con otros intereses, privados y públicos, de importancia cambiante y en ocasiones creciente. La extensión de esos derechos y el grado a que tienen que ceder ante otros valores dependen de las circunstancias de cada controversia. (Citas omitidas.)

En el caso de autos, las distintas circunstancias mencionadas antes aparejan una limitación al derecho de propiedad de Empresas. Según hemos señalado, el lugar concreto donde se llevaron a cabo las manifestaciones de los peticionarios constituía funcionalmente un apéndice o prolongación de unas facilidades gubernamentales.Más aun, estas facilidades estaban ubicadas en un enorme centro comercial, que tenía otros vínculos importantes con el Estado, y que, además, era análogo al núcleo vital de nuestros pueblos y ciudades. En tales circunstancias, el lugar aludido se asemejaba jurídicamente al foro público tradicional, en el cual no se puede prohibir de manera absoluta el ejercicio de la libertad de expresión.

Como señalamos antes, los que formularon nuestra Carta de Derechos nos impusieron la grave responsabilidad de asegurar que en nuestro país los derechosde expresión habrán de ejercerse a plenitud, dentro de la más dilatada libertad. Esa responsabilidad incluye la labor de atemperar estos preciados valores jurídicos a nuestra cambiante realidad. Nadie puede negar que la intensa transformación de nuestras comunidades urbanas ha ido desplazando inexorablemente los foros públicos tradicionales de modo tal que aspectos dinámicos de nuestra convivencia y del diálogo colectivo ocurren con gran frecuencia, no ya en las plazas y parques públicos y en las calles de nuestras ciudades, sino en centros como el que aquí nos concierne. Por ello, si nos aferramos a la realidad del pasado, si insistimos en que sólo esas plazas, parques y calles son los foros principales para el ejercicio de la libertad de expresión, faltaríamos al mandato constitucional. El libre intercambio de ideas y la crítica pública entonces quedarían reducidos de modo notable. Nuestro proceso democrático se empobrecería. Se pondría en riesgo “la discusión enérgica de las ideas, que es tan esencial para el cabal desarrollo del ser humano, como para la conservación y el sostenimiento del bienestar común…”. Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, supra, a la pág. 161.

En varias ocasiones antes hemos insistido en que al interpretar nuestra Constitución debemos garantizar la continuada vigencia de sus valores fundamentales frente a las nuevas realidades del país. Este principio cardinal lo reafirmamos en Nogueras v. Hndez. Colón, 127 D.P.R. 405, 411 (1990), al señalar que:

“debemos evitar que interpretaciones inflexibles y el apego a viejos modelos impidan su aplicabilidad a las eventualidades del futuro y en pocos años tornen obsoleta una constitución diseñada para guiar la vida de un pueblo por varios siglos… …Tampoco debemos olvidar que ‘el sentido de hoy no es siempre el sentido de mañana’ [y que l]a interpretación judicial tiene por su naturaleza una evolución natural para las distintas épocas. Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 D.P.R. 404, 410 (1988), y casos allí citados.”

Ya anteriormente lo habíamos reiterado de manera palmaria en P.I.P. v C.E.E., 120 D.P.R. 580, 613 (1988), al señalar que:”La permanencia y estabilidad de nuestra Constitución depende, en última instancia, de su capacidad para responder a los distintos problemas sociales, económicos y políticos a que se enfrenta el país. Como intérpretes máximos de este documento no podemos limitar su alcance ni congelar sus principios a la época en que se promulgaron. Al interpretar sus postulados básicos nunca debemos olvidar que ‘[u]na Constitución no establece, ni debe establecer, normas para la hora que pasa, sino principios para un futuro que se expande’. B.M. Cardozo, La naturaleza de la función judicial, Buenos Aires, Eds. Arayú, 1955, pág. 64.

Hay que evitar pronunciamientos que la fosilicen y la conviertan en una pieza de museo de historia.”;

y en López Vives v. Policía de P.R., supra, al afirmar que:

“al interpretar sus contornos, debemos garantizar su vigorosidad y relevancia a los problemas socio-económicos y políticos de nuestro tiempo.”

El cardinal principio aludido lo explicamos con elocuencia en P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 D.P.R. 328, 350 (1983), al señalar respecto a nuestra Constitución que:

“Su vitalidad descansa en su dinamismo. Es un documento que rebasa las preferencias personales de sus autores y plasma las esperanzas de ulteriores generaciones. Su factura es moderna, de lenguaje claro y sencillo, susceptible a una continua renovación. No está escrito en lengua extinta, arduo de descifrar y referente a asuntos esotéricos. Interpretamos una Constitución, no los Rollos del Mar Muerto…

. . . .

‘…En buena teoría de adjudicación, además, los parlamentos no son los únicos agentes de cambios sociales necesarios. Cuando se trata de mantener vivo un esquema constitucional, de conservarlo en buena sintonía con las realidades del país, es principal deber de la judicatura propender igualmente a tal fin,… Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250, 278 (1978)]’”.

Todas estas esclarecidas expresiones sobre nuestra ingente función de interpretar la Constitución de Página: 958

Puerto Rico a la altura de los tiempos son particularmente ciertas cuando se trata de la libertad de expresión, que esa Constitución garantiza de manera más abarcadora y más amplia que la Constitución de los Estados Unidos. Ello es así porque la libertad de expresión tiene una jerarquía sin par en nuestro ordenamiento constitucional como la piedra angular de nuestro sistema de vida democrático. Lo señalamos del modo siguiente recientemente en Coss y U.P.R. v. C.E.E., 137 D.P.R. 877, 886 (1995):

“La libertad de expresión es la quinta esencia de una sociedad democrática. De forma multidimensional, en la constelación de valores democráticos, goza de una primacía peculiar. Todo individuo está en la libertad de poder expresar sus opiniones según su conciencia.Esta libertad intenta proteger jurídicamente el libre desenvolvimiento de la personalidad a través de los medios más eficaces y habituales de exteriorización de los contenidos de conciencia.” (Citas omitidas; énfasis suplido).

Nos compete asegurar que esta preclara concepción de la libertad de expresión no sea mera retórica. Tenemos el deber de hacerla valer plenamente frente a las cambiantes realidades del país y evitar así que pueda convertirse gradualmente en sólo una vivencia del pasado.

En resumen, pues, la proyección contemporánea de la amplia libertad de expresión que garantiza nuestra propia Constitución nos requiere resolver que esa libertad tan preeminente no puede conculcarse de modo absoluto en un lugar como el que aquí nos concierne concretamente, que por sus características medulares se asemeja jurídicamente al foro público tradicional. En lugares tan particulares como el referido, los dueños de la propiedad pueden establecer normas vinculantes sobre el tiempo, el espacio y el modo de expresarse, a fin de que no se afecten sustancialmente las actividades legítimas del establecimiento. Lo que no se puede hacer es prohibir absolutamente la libertad de expresión, que es esencial para la discusión pública de temas tan importantes como el de este caso.

Estamos conscientes de que un centro mercantil como el del caso de autos, a pesar de ser funcionalmente el equivalente del antiguo núcleo vital de nuestros pueblos, sigue siendo una propiedad privada dedicada al comercio. Por ello, sus dueños pueden limitar la actividad expresiva en el centro a aquella que sea razonablemente compatible con los objetivos comerciales para los cuales éste se estableció. Pueden reglamentar el tiempo, el lugar y la manera de la expresión de modo que no se alteren sustancialmente las actividades comerciales. Pueden evitar que manifestaciones como las del caso de autos lleguen a constituir un entorpecimiento real y serio de las prácticas comerciales de negocios aledaños. Lo que los dueños del centro no pueden hacer es prohibir en forma absoluta las actividades de expresión. Como en tantas otras ocasiones en el ámbito jurídico, la clave en este asunto radica en lograr un balance entre los intereses en conflicto: la libertad de expresión de los manifestantes, por un lado, y el derecho de los dueños de la empresa a conducir sus negocios sin interferencias injustificadas, por otro. La razonabilidad de las restricciones que impongan los dueños dependerá de las circunstancias particulares de cada caso, que los tribunales deberán sopesar de surgir conflictos. Mari Brás v. Casañas, supra, a la pág. 21.

Los dueños aquí no tenían normas escritas para circunscribir razonablemente la conducta de los manifestantes. Por el contrario, las facilidades al centro comercial habían sido usadas antes para la divulgación de información con fines no comerciales.Con ese trasfondo, no estaban en posición de prohibir de ningún modo las manifestaciones pacíficas y ordenadas que aquí nos conciernen. Resolvemos, pues, que no procedía el interdicto preliminar solicitado por Empresas. Erró el foro apelativo al conceder dicho interdicto, y al ordenar a los manifestantes a cesar y desistir absolutamente de sus actividades.

VI

Por los pronunciamientos antes expuestos, procede revocar la referida sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones y, en su lugar, reinstalar el dictamen del Tribunal de Primera Instancia.

Se dictará sentencia conforme a lo señalado.

Jaime B. Fuster Berlingeri

Juez Asociado

Sentencia SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2000.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente sentencia, se revoca la del Tribunal de Circuito de Apelaciones y, en su lugar, se reinstala el dictamen del Tribunal de Primera Instancia.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Corrada del Río emitió opinión disidente en parte y concurrente en parte. El Juez Asociado señor Rebollo López no intervino.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión Disidente; Corrada del Río

OPINIÓN DISIDENTE EN PARTE Y CONCURRENTE EN PARTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR CORRADA DEL RÍO

San Juan, Puerto Rico a 11 de mayo de 2000.

Disiento de la Opinión de la mayoría en este caso por entender que la controversia ante nos se tornó académica, por lo cual este Tribunal está emitiendo una opinión consultiva; en los méritos, concurro con el resultado por fundamentos que no coinciden completamente con la opinión mayoritaria.

I

La academicidad es una doctrina de autolimitación judicial que mira hacia la relación entre eventos pasados y el caso actual para determinar si aún existe un caso o controversia que satisfaga los requisitos de justiciabilidad. Un caso se torna académico cuando, por el paso del tiempo, ha perdido su característica de ser una controversia presente y viva, de manera que su resolución se convertiría en una opinión consultiva. Uno de los elementos esenciales de una Página: 961

controversia real lo constituye el interés opuesto o antagónico de las partes.6

La academicidad constituye una de las manifestaciones concretas del concepto “justiciabilidad”, que, a su vez, acota los límites de la función judicial. C.E.E. v. Dpto. de Estado, 134 D.P.R. 927, 934 (1993). En todos los casos, tiene que haber una controversia genuina y viva, en la cual estén presentes intereses opuestos, y que al ser resuelta afecte las relaciones jurídicas de los litigantes.Por lo tanto, los tribunales no están constituidos con el fin de resolver cuestiones de derecho especulativas y abstractas, o para establecer reglas que sirvan de normas futuras a las personas en sus negocios y relaciones sociales; sino que están limitados en su acción judicial a las verdaderas controversias en que necesariamente están envueltos los derechos legales de las partes y que pueden ser resueltos concluyentemente. E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 554, 583, nota 30 (1958).

Los fundamentos para sostener la doctrina de academicidad son, a saber: (1) evitar el uso innecesario de los recursos judiciales; (2) asegurar suficiente contienda adversativa sobre las controversias para que sean competente y vigorosamente presentados ambos lados, y (3) evitar un precedente innecesario. Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406 (1994).

No obstante, la jurisprudencia ha reconocido varias situaciones en que, a manera de excepción, no aplica la doctrina de academicidad. Entre otros, se trata de aquellos casos en que, (1) se plantea una cuestión capaz de repetirse, y que por su naturaleza evade o hace muy difícil dilucidarla nuevamente ante los tribunales; (2) donde la situación de hecho ha sido cambiada por el demandado pero que no tiene visos de permanencia, o (3) aquellos casos que Página: 962

aparentan ser académicos, pero que en realidad no lo son por sus consecuencias colaterales.7

En el presente caso, la mayoría entiende que no estamos ante una controversia académica ya que la misma es susceptible de repetirse y es probable que evada la jurisdicción de los tribunales. No podemos concurrir.

Los casos federales principales que abordan esta excepción a la doctrina de academicidad son: De Funis v. Odegaard, 416 U.S. 312 (1974) y Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). En De Funis, supra, el peticionario solicitó admisión a una escuela de derecho y le fue denegada. Instó una acción civil impugnando los criterios de admisión de dicha universidad y alegó que se discriminaba contra él por razón de raza y que también se violaba el debido proceso de ley. El tribunal de instancia concedió un injunction obligando a la escuela a matricular al demandante, hasta que se dictase sentencia final y firme en el caso, el cual fue apelado hasta el Tribunal Supremo federal. Para esa fecha el peticionario cursaba su tercer y último año de derecho. Allí, el Tribunal Supremo federal no entró en los méritos del caso y sostuvo que éste era académico, ya que para la fecha en que se hubiese decidido en su fondo, el peticionario habría conseguido el remedio que ahora le solicitaba al Tribunal. En este caso el Tribunal entendió que, de la universidad no modificar su criterio de admisión y éste se impugnara en el futuro, dicho Tribunal podría resolver con la rapidez necesaria para evitar la academicidad.En Roe v. Wade, supra, se impugnó la constitucionalidad de las leyes penales de Texas que prohibían el aborto. Allí el Tribunal Supremo federal rechazó el planteamiento de academicidad ya que el período de gestación embrionaria en los seres humanos solamente dura 266 días y en todos los casos el embarazo siempre terminaría antes de completarse el proceso de apelación. Página: 963

Razonó que un pleito sobre un embarazo jamás sobreviviría las etapas de un juicio y se le denegaría a todo apelante la revisión judicial. Es decir, aquí se aplicó la excepción de que la controversia es “susceptible de repetición, pero que elude la jurisdicción”.

Por lo que hemos discutido, es razonable concluir que la aplicación de la referida excepción a la doctrina de academicidad se da en la situación en que hay una “expectativa razonable” o una “probabilidad demostrable” de que la misma controversia recurrirá envolviendo a la misma parte promovente.8 Así también lo afirma Tribe, al explicar esta excepción:

Under this doctrine, in the absence of a claim for class treatment, a litigant must establish that: “(1) the challenged action [is] in its duration too short to be fully litigated prior to its cesation or expiration, and (2) there [is] reasonable expectation that the same complaining party [will] be subjected to the same action again.”9

Mediante este análisis el Tribunal no tuvo la intención de concluir que una mera posibilidad física o teórica era suficiente para satisfacer dicho análisis. Murphy v. Hunt, 455 U.S. 478, 482 (1981). Si así fuera, cualquier asunto de corta duración sería revisable, eludiendo la doctrina de academicidad. Íd. Por el contrario, el Tribunal Supremo federal ha resuelto que debe existir una probabilidad razonable o demostrada de que la misma controversia es capaz de recurrir, involucrando a la misma parte promovente. Íd. Es decir, para que esta excepción aplique es necesario que se satisfagan ambos factores: probabilidad de recurrencia que involucre a la misma parte promovente, y probabilidad demostrada o expectativa razonable de que, de recurrir la controversia nuevamente, se tornará académica. No es posible concebir “otros protagonistas” ni Página: 964

adjudicarle una interpretación laxa a lo que constituye la “misma controversia”, ya que existe el peligro de que la excepción se trague la regla.10

En C.E.E. v. Dpto. de Estado, supra, el Juez Asociado Hernández Denton abordó esta excepción en su opinión concurrente y le imprimió la importancia debida a los requisitos de que “probablemente se repita; a la misma parte promovente, y que evite revisión por razones temporales.”11

II

Evaluado el expediente del caso de marras surge que no existe ninguna controversia a resolver entre las partes. Además, no nos encontramos ante una de las excepciones a la aplicación de la doctrina de academicidad.La empresa recurrente aduce que la excepción anteriormente discutida es aplicable al presente asunto y que por lo tanto el tribunal de instancia debió haber emitido la orden interdictal solicitada. No nos persuade.

Es inescapable concluir que el caso de entredicho preliminar presentado por la recurrente se tornó académico, toda vez que los hechos que dieron lugar a dicha solicitud cesaron. La protesta realizada por los recurrentes tenía el propósito de evitar la venta de acciones de la PRTC a la empresa privada, la cual ya se llevó a cabo. La intención del entredicho preliminar -que es el asunto pendiente ante nos- era evitar que los manifestantes realizaran su protesta dentro de los predios del Mayagüez Mall. Tal propósito ya no está presente. Siendo una realidad indiscutible la referida venta, el remedio perseguido por los recurrentes ya no posee vigenciaalguna. Por lo tanto, al igual que en De Funis, supra, nos enfrentamos a un caso en que la recurrente obtuvo el remedio que buscaba con el entredicho preliminar: que los manifestantes salieran de sus predios.

Más importante aún, la empresa promovente del remedio extraordinario de entredicho preliminar, no ha demostrado la probabilidad o la expectativa razonable de que el asunto o situación que dio lugar a la presente controversia se repita nuevamente y, que de recurrir, evada la revisión judicial.

Como expusiéramos anteriormente, la mera posibilidad física o teórica de que recurra la situación y de que evada la revisión judicial, no es suficiente para satisfacer el análisis establecido por el Tribunal Supremo federal y avalado por nuestra jurisdicción. Murphy v. Hunt, supra. Es por ello que un caso en el cual se solicite un remedio interdictal, se puede tornar académico cuando la condición impugnada es de duración limitada y cesa de existir antes de su revisión final. Tribe, supra, a las págs. 83-84.

Es menester resaltar, que en la controversia particular ante nos, los procedimientos de injunction permanente llevados a cabo ante el Tribunal de Primera Instancia fueron desestimados por razón de academicidad el 2 de agosto de 1999. Dicho dictamen fue confirmado por el Tribunal de Circuito de Apelaciones mediante sentencia de 27 de marzo de 2000. Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo, Inc. presentó un recurso de certiorari ante nos, CC-2000-398, el cual está pendiente de ser considerado. Cabe preguntarnos, si los procedimientos sobre injunction permanente fueron correctamente desestimados por razón de academicidad, ¿cómo vamos a entender y a resolver que el entredicho preliminar no es académico? Lo que hace la mayoría al resolver este caso, es emitir una opinión consultiva a la recurrida en torno a la legalidad y legitimidad de pro-testas o demostraciones en los predios de su centro comercial.III

Dado el criterio erróneo de la mayoría de que éste caso no es académico, nos vemos precisados a examinar los méritos del importante asunto ante nuestra consideración.

La Primera Enmienda de la Constitución federal dispone:

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free excercise thereof; or abridging the freedom of speech or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone, en la sección 4, Artículo II, que “no se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios.”

Este derecho a la libre expresión -al igual que todos los derechos individuales esbozados en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (con excepción del derecho a la intimidad) y en la Constitución federal- es oponible únicamente contra el estado. Es decir, los derechos individuales constituyen limitaciones al ejercicio de los poderes del estado y no a las actuaciones privadas. Por consiguiente, es un requisito indispensable que exista una “actuación del estado” (state action) que amenace o restrinja un derecho individual para que proceda plantear judicialmente alguna violación de un derecho constitucional.12

Una situación particular en la que se pueden reivindicar derechos constitucionales individuales ante partes pri-vadas es cuando se mezclan actos privados y públicos. Esta doctrina es conocida como “doctrina del nexo entre el estado y la actuación privada.”13

Se establece la relación conforme a cuatro variedades de nexos o contactos con el estado, a saber: “otorgamiento de licencias a la empresa privada y su reglamentación por el Estado; beneficios mutuos de la empresa privada con el Estado; ayudas y subsidios por el Estado a la empresa privada; y uso de facilidades públicas por la empresa privada.”14 Sin embargo, no existe una fórmula precisa, realizándose el análisis caso a caso.15

Al amparo de la Primera Enmienda federal se ha desarrollado la doctrina del foro público, que parte de la premisa de que no hay un derecho absoluto a ejercer la libertad de expresión en la propiedad pública. El mero hecho de que la gente pueda entrar y salir libremente no convierte automáticamente la propiedad pública en un foro público. United States v. Grace, 461 U.S. 171, 177-178 (1983).

Entre los tipos de propiedad pública se destaca el foro público tradicional, el cual, por tradición, ha sido destinado a la reunión pacífica y al debate público, tales como calles, aceras y parques. Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’, 460 U.S.37 (1983). Así lo reconocimos en U.N.T.S. v. Srio. de Salud, 133 D.P.R. 153, 163 (1993), y adoptamos el análisis establecido en Perry, supra.

En los foros públicos tradicionales, el estado no puede prohibir de manera absoluta el ejercicio de la libertad de palabra. Sólo podrá reglamentar el tiempo, lugar y modo de expresarse, siempre que la reglamentación sea neutral al contenido de la expresión, responda a un interés gubernamental significativo, limite la intervención a la mínima Página: 968

necesaria para alcanzar su objetivo y deje abiertas alternativas para la expresión. Perry, supra, a la pág. 46.

El segundo grupo lo componen los foros públicos por designación. Los constituyen aquellas propiedades públicas que el estado ha abierto a la actividad expresiva. Una vez abiertos, aplican en éstos las mismas limitaciones al poder gubernamental de reglamentar la expresión que se emplean en los foros públicos tradicionales. U.N.T.S. v. Srio. de Salud, supra, a la pág. 163.

La tercera categoría la componen los foros no públicos. Son aquellas propiedades públicas que no son ni foros públicos tradicionales ni foros públicos por designación. Íd, a la pág. 164. En estos lugares, la protección a la libertad de expresión es menor, ya que el estado puede limitar la actividad expresiva a aquella que sea compatible con el objetivo para el cual fue creada esta propiedad pública. Íd. La reglamentación de la expresión será válida siempre que sea razonable, aunque no tiene que ser la única ni la más razonable, neutral en cuanto a puntos de vista y siempre que no sea parte de un esfuerzo por suprimir la expresión. Íd.

Al interpretar situaciones como la presente, el Tribunal Supremo federal, en Scott Hudgens v. N.L.R.B., 424 U.S. 507 (1976), concluyó que un centro comercial no tiene la equivalencia funcional a un foro público. Así también, en Lloyd Corporation, Ltd. v. Donald Tanner, 407 U.S. 551 (1972), el Tribunal Supremo federal determinó que la operación del centro comercial dirigida al uso público, no significa que tal propiedad privada esté expuesta al ejercicio de los derechos garantizados por la Primera Enmienda de los visitantes a sus facilidades dentro de las mismas, cuando tales expresiones no tienen relación con sus operaciones. Concluyó, que los centros comerciales no pierden su carácter privado y su protección bajo la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos -de disfrutar su propiedad- mera-mente porque el público es generalmente invitado a usar esas facilidades con el propósito de hacer negocios con los inquilinos del centro comercial.

Como expone la mayoría, en Pruneyard Shopping Center v. Robins, 447 U.S.74 (1980), el Tribunal Supremo de Estados Unidos reiteró la facultad de un tribunal supremo estatal, a la luz de la Constitución de ese estado, de ampliar la protección de los derechos constitucionales que confiere la Constitución federal. Añadió que al ejercer esa función, un estado puede imponer válidamente restricciones razonables a los derechos de propiedad privada siempre que con ello no contravenga alguna de las protecciones específicas conferidas por la Constitución federal.

De esta forma, estados como California y Colorado han resuelto que sus constituciones garantizan el derecho a la libertad de expresión en centros comerciales privados. Específicamente, el Tribunal Supremo de Colorado, en Bock v. Westminster Mall, 819 P.2d 55 (Col. 1991), determinó que la participación económica del estado en el desarrollo del centro comercial y la presencia en éste de varias agencias gubernamentales constituían suficiente intervención del estado en la operación de dicho centro como para activar la cláusula constitucional estatal de libertad de expresión. Determinó que el centro comercial se había convertido para todo fin práctico en un foro público.

Haciéndose eco de estas expresiones y fundamentándose en que nuestra Constitución es de factura más ancha que la federal, la mayoría virtualmente le confiere al centro comercial en cuestión categoría de foro público tradicional, cometiendo un grave error, ya que al considerar la validez de la reglamentación del ejercicio del derecho a expresarse libremente, hay que distinguir entre la propiedad pública con carácter de foro público y otros tipos de propiedad.

En el presente caso estamos ante propiedad privada, en la cual es arrendatario el estado. El mero hecho de que Página: 970

haya oficinas de servicio del gobierno en un centro comercial privado, no puede conferirle a dicho centro carácter de foro público tradicional. La mayoría -citando a J.A.D.M. v. Centro Com. Plaza Carolina, 132 D.P.R. 785 (1992)- le confiere virtualmente cualidad de foro público tradicional al centro comercial privado, ya que dichos centros han ido sustituyendo las plazas públicas y otros lugares tradicionales como centros de reunión.16 Nuestras expresiones en J.A.D.M., supra, no tuvieron el efecto que le atribuye la mayoría.

Al resolver como lo hace hoy, la mayoría no visualiza las consecuencias jurídicas que acarrea su ratio decidendi. En primer lugar, equiparar un centro comercial privado a una plaza pública, coloca aquella propiedad en la misma situación en que se encuentran los foros públicos tradicionales, donde no puede prohibirse de manera absoluta la expresión, ni pueden establecerse clasificaciones por razón del contenido del mensaje.Es decir, le impone a la propiedad privada un análisis más oneroso que a aquellas propiedades públicas que constituyen foros no públicos, tales como las escuelas y los hospitales. Véase: U.N.T.S. v. Srio. de Salud, supra. Ello en contra de lo resuelto por el Tribunal Supremo federal en Scott Hudgens v. N.L.R.B., supra, en el cual se expresó que un centro comercial no tiene la equivalencia funcional a un foro público.

En segundo lugar, existe un conflicto de libertad de expresión versus el derecho al disfrute de la propiedad. La decisión de la mayoría despacha el derecho al disfrute de la propiedad que tiene la recurrida, Empresas Puertorriqueñas, con el hecho de que las circunstancias del presente caso aparejan una limitación a ese derecho. Pero realmente, no se lleva a cabo un juicio valorativo de ambos intereses contrapuestos, ni se visualizan las serias limitaciones al derecho al disfrute de la propiedad de la recurrida.

Es meritorio precisar, que el antedicho balance ha sido Página: 971

adoptado por algunas jurisdicciones que han eliminado el requisito de “acción estatal” en relación con los derechos bajo la Primera Enmienda. Así el Tribunal Supremo de New Jersey, en New Jersey Coalition Against War in the Middle East v. J.M.B. Realty Corp., 650 A. 2d 757 (N.J. 1994) adoptó un análisis para balancear los intereses de libertad de expresión con el derecho al disfrute de la propiedad de los dueños de un centro comercial. Dispuso que se deben tomar en consideración: (1) la naturaleza, propósito y uso primario de la propiedad; es decir su uso normal; (2) el alcance y naturaleza de la invitación al público para utilizar la propiedad, y (3) el propósito de la actividad de expresión llevada a cabo en relación con los usos tanto privados como públicos de la propiedad. Íd., a la pág. 771.

En el presente caso la mayoría debió realizar un análisis balanceado entre los intereses contrapuestos. A contrario sensu obvió, que el hecho de que exista un nexo entre el centro comercial y el estado, no es óbice para conferirle categoría de foro no público, en donde la libertad de expresión se garantiza, pero de forma menos onerosa para la recurrida, ya que ésta podrá limitar las actividades expresivas a aquéllas que sean compatibles con el objetivo para el cual fue creada su propiedad. Así lo resolvimos en U.N.T.S v. Srio., supra, en donde sin duda había “actuación del estado” y se limitó el derecho a la libre expresión en un hospital público. También hemos limitado la libertad de expresión en predios residenciales, E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436 (1975) y en las escuelas, Rodríguez v. Srio.de Instrucción, 109 D.P.R. 251 (1979).

IV

Concluimos, que en un centro comercial privado, en el cual se encuentran ubicadas oficinas gubernamentales, existe “actuación del estado” cuando nos enfrentamos al derecho de libertad de expresión. No por ello, se trata de Página: 972

un foro público tradicional, sino de un foro no público, en el cual se podrá limitar la libertad de expresión más allá de tiempo, lugar y modo, así como limitarse las actividades expresivas a aquéllas que sean compatibles con el objetivo para el cual fue creada la propiedad.

A tenor, si un centro comercial privado decide arrendarle espacios al estado, tendrá que permitir que, en una forma ordenada y reglamentada por dicho centro, se lleven a cabo manifestaciones que estén relacionadas con los servicios o actuaciones que lleva a cabo dicha institución gubernamental, sin menoscabar el derecho al disfrute de la propiedad que tienen los propietarios de dicho centro.

Se trata de armonizar, en este caso específico, el derecho a la libertad de expresión con el derecho al disfrute de la propiedad. Es decir, se trata de un justo balance de intereses entre los que desean hacer una expresión en torno a las actividades realizadas por las instituciones gubernamentales y los derechos afectados por dicha actividad. Después de todo, nuestra Constitución garantiza tanto el derecho a la libre expresión como el derecho al disfrute de la propiedad. Este último no puede ser limitado al máximo como pretende la opinión mayoritaria. El análisis tiene que salvaguardar ambos derechos.

Por tales motivos concurrimos limitadamente con las Partes III, IV y V de la opinión mayoritaria de este Tribunal. Modificaríamos el dictamen del Tribunal de Circuito de Apelaciones, en vez de revocarlo, para atemperarlo a las normas contenidas en nuestra opinión.

Baltasar Corrada del Río

Juez Asociado

[Nota:] Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

1 En este caso la demanda fue presentada no solamente contra la Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos y la Unión Independientes de Empleados Telefónicos, sino también contra el Comité Amplio de Organizaciones Sindicales, que es una agrupación obrera activamente involucrada en muchas de las controversias públicas de mayor trascendencia en el país.

2 Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo, Inc. v. U.T.I.E.R., IPE95-0044 (Tribunal Primera Instancia), KLAN-9801174 (Tribual de Circuito de Apelaciones) y CC-2000-229 (Tribunal Supremo de Puerto Rico).

3 Hacemos referencia sólo a aquellos casos cuyas controversias concretas son similares a la que aquí nos concierne.4 Como se indica más adelante en la opinión, en el estado de Washington se han permitido determinadas actividades en centros comerciales al amparo de una cláusula particular de su constitución, que no es la relativa a la libertad de expresión.

5 En Robins v. Pruneyard Shopping Center, supra, el máximo tribunal de California ratificó sus dictámenes tanto en Schwartz-Torrance Inv. Corp. v. Bakery & Con. Wkrs. U., supra, como en Diamond v. Bland, aunque estos habían sido resueltos en parte bajo una normativa federal que fue posteriormente revocada. Afirmó su uso como precedentes, señalando que la jurisprudencia federal era relevante pero no conclusiva, en vista de la facultad de los tribunales estatales bajo sus propias constituciones de ampliar el mínimo de protección que el Tribunal Supremo federal determine poseen las garantías constitucionales federales.

6 Raul Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1986, Vol. I, pág. 104.

7 Íd., a la pág. 122.

8 Íd, a la pág. 123.

9 L.H. Tribe, American Constitutional Law, Ed. Foundation Press, Nueva York, 2da. Ed., 1988, págs. 84-85, citando a Weinsten v. Bradford, 423 U.S. 147, 149 (1975).

10 J.J. Alvarez González, Derecho Constitucional, 61 (Núm. 4) Rev. Jur. U.P.R. 637, 666 (1992).

11 C.E.E. v. Dpto. de Estado, supra, a la pág. 946.

12 Serrano Geyls, supra, Vol. II, pág. 799.

13 Íd a la pág. 809.

14 Íd.

15 Íd.

16 Opinión del Tribunal, a las págs. 28 y 29.

Mari Brás v. Alcaide, 100 D.P.R. 506 (1972)

Mediante petición de hábeas corpus, los aquí apelados impugnaron ante el Tribunal Superior la legalidad de su arresto, basado en unas denuncias (1) en las que se alegaba que, en violación de dicho artículo, habían pegado-algunos en el Puente Dos Hermanos y otros en ciertos postes del alumbrado público pertenecientes a la Autoridad de Fuentes Fluviales ciertos pasquines que decían: “LAS PLAYAS PARA EL PUEBLO-Movimiento Pro Independencia.”

Oídas las partes en cuanto al primero de cuatro (2) fundamentos de impugnación, a saber:que la denuncia no aducía hechos constitutivos del delito imputado, el Tribunal Superior declaró con lugar el auto solicitado, ordenó la libertad inmediata de los peticionarios y la cancelación de las fianzas prestadas por éstos, por considerar que los hechos alegados no constituyen el delito definido en el Art. 517, inciso 6, del Código Penal. Sostuvo el tribunal a quo:

“. . . [e]ntendemos que el Inciso 6 del Art. 517 del Código Penal no prohíbe el que se pongan, peguen, fijen, impriman o pinten sobre cualquier propiedad perteneciente al Gobierno o Municipio, anuncios o cualquier otra literatura no relacionada a artículos de comercio, como en este caso que se trata de pasquines que son de naturaleza política.”

(1) Las denuncias son similares con excepción del nombre del acusado y los sitios. El texto lee así:

“. . ., allí y entonces, ilegal, voluntaria, maliciosamente, a sabiendas y con la intención criminal, en la fecha, hora y sitio arriba indicado se dedicaba a poner o pegar paquines [sic] los cuales se leían la PLAYA PARA EL PUEBLO, en una propiedad pertenenciente a la Autoridad de Fuentes Fluviales, los cuales los pegaban en un poste del Alumbrado Público, sin el permiso de su dueño, o propietario.”

(2) Los otros tres fundamentos son: (a) el artículo mencionado es inconstitucional de su faz, ya que viola el derecho a la libre expresión; (b) el artículo se ha aplicado inconstitucionalmente al discriminarse en contra de los independentistas; y (c) la denuncia se radicó a nombre del Pueblo de Puerto Rico, que es una entidad inexistente en derecho.(fin de nota al calce)

No conformes con dicha resolución, los demandados (alcaides representados por el Procurador General) apelaron ante nos.

Los demandados, aquí apelantes, no alegan que los carteles aquí envueltos promovieran un interés comercial, ni ponen en duda el que fuesen fijados para fines de difusión política. Su posición es más bien que el Art. 517, inciso 6, del Código Penal incluye como delito la fijación de carteles como los que fueron puestos por los apelados en este caso. Señalan que el tribunal a quo cometió un grave error de enfoque al basar su fallo en la naturaleza del contenido del escrito, ignorando el propósito general que anima el artículo en cuestión, según se desprende de su título (Transgresión) y del Capítulo del Código Penal en que se encuentra (Daños Maliciosos), de proteger los derechos de propiedad contra sus transgresores, y que “. . . [t]anto daño sufre una propiedad cuando se le fija un pasquín político que cuando se le fija un anuncio comercial; la transgresión es la misma en ambos casos”.

Surge de la resolución del tribunal y de las alegaciones de las partes que la controversia gira alrededor de la interpretación del Art.517 (6) del Código Penal. A ella nos habremos de limitar al disponer de esta controversia sin dejar de aludir, aunque sea someramente, a ciertos principios en el trasfondo del caso referentes al derecho a la libertad de prensa y libre expresión por un lado, y el interés público del Estado de proteger la propiedad gubernamental contra daños o perturbaciones ajenas por otro.

[2] En nuestro país es de conocimiento común el uso generalizado de carteles, mensajes pintados, pasquines, etc., por individuos o grupos como uno de los medios de diseminación de ideas, inquietudes y protestas, sobre toda clase de temas, incluyendo el mensaje y propagación política. Este medio de difusión constituye un ejercicio de las libertades de palabra y prensa.

Generalmente la dificultad en el uso de este mecanismo de expresión surge no del mensaje, idea o exhortación en sí, sino de su fijación física sobre la propiedad bajo la administración o control gubernamental. La perturbación que ello puede ocasionar al uso de la propiedad gubernamental y privada ha motivado que se restrinja o desee restringir este tipo de actividad en muchos estados.

[3] El problema específico de la validez constitucional de estatutos y ordenanzas tendentes a proteger la propiedad contra daños o perturbaciones, en vista del derecho a la libre expresión y la libertad de prensa, no ha sido tratado directamente por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No obstante ese Tribunal y otros federales inferiores y estatales han elaborado una serie de doctrinas sobre la libertad de expresión y prensa en general y sobre el uso de las vías y edificaciones públicas en particular que pueden arrojar luz sobre la controversia aquí planteada en torno a la interpretación del Art. 517, inciso 6, del Código Penal.

En general, una disposición legislativa que tiene como propósito la limitación de la libre expresión se verá sujeta a un examen minucioso (careful scrutiny) y será válida sólo si está redactada en términos limitados (narrowly drawn) para proteger un interés legítimo e importante del estado (legitimate and compelling state interest); Mitchell Family Planning, Inc. v. City of Royal Oak, 40 L.W. 2453 (U.S.D.C. of E. Mich., 5 de enero de 1972). Como consecuencia, sería inválida una prohibición absoluta de libre expresión y aun una restricción que, sin ser absoluta, sea innecesariamente abarcadora. Martín v. City of Struthers, 319 U.S.141 (1942). En cuanto a las vías públicas, la Corte Suprema de los Estados Unidos “. . . [h]a sostenido inequívocamente que las calles son lugares apropiados para el ejercicio de la libertad de comunicar información y diseminar opiniones y que, aunque los estados y municipios pueden reglamentar adecuadamente ese privilegio en el interés público, no pueden gravar injustificadamente

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ni prohibir su ejercicio en estas vías públicas.” Valentine v. Crestensen, 316 U.S. 52, 54 (1941). Se ha resuelto que son inconstitucionales ordenanzas que prohíben la repartición de hojas sueltas en residencias privadas a menos que se haya obtenido permiso previo del dueño. Martín v. City of Struthers, supra; Van Nuys Publishing Co. v. Thousand Oaks, 97 Cal. Rptr. 777 (1971); ordenanzas requiriendo una licencia previa para poder repartir hojas sueltas u otro material propagandístico, si el oficial a cargo de otorgar las licencias no tiene su discreción estrictamente limitada de antemano. City of Bowling Green v. Lodico, 228 N.E.2d 325 (Corte Suprema de Ohio, 1967); imposición de arbitrios sobre publicaciones religiosas vendidas sin fines de lucro. Follet v. McCormick, 321 U.S. 573 (1944); Jones v. Opelika, 319 U.S. 105 (1942); y el exigir que toda hoja suelta o publicación similar tenga impreso el nombre y dirección del que la publica. Talley v. California, 362 U.S. 60 (1959). (3)

En Peltz v. City of South Euclid, 228 N.E.2d 320 (1967), la Corte Suprema de Ohio declaró inconstitucional una ordenanza prohibiendo las carteles con mensajes políticos dentro de vastas zonas del municipio; y en Pace v. Village of Walton Hills, 238 N.E.2d 542 (1968), esa misma corte declaró inconstitucional un reglamento de zonificación municipal que prohibía carteles políticos en zonas residenciales.

En Wolin v. Port of New York Authority, 392 F.2d 83, 89 (2d Cir. 1968), cert. denied, 393 U.S. 940 (1969), la Corte de Circuito Federal para el Segundo Circuito sostuvo que el edificio terminal de autobuses en la Ciudad de Nueva York era un lugar apropiado para el ejercicio de los derechos de expresión y libertad de prensa, a pesar de que el propósito

(3) Véase 10 L.P.R.A. sec. 311 : “Todo periódico, magazine, revista, hoja suelta u otra publicación que se haga por medio de la prensa, litografía, grabado o cualquier otro medio mecánico llevará en sitio ostensible. . . el nombre de la persona, personas o corporación que la publique y edite.”(fin de nota al calce)primario del edificio no era ése, sino la transportación de personas. Sostuvo dicha corte, a la página 89:”La privacidad y quietud de los residentes puede exigir que los pasillos de los edificios de apartamientos estén aislados de la excitación producida por las exhortaciones volátiles, o la callada solemnidad de la administración de la justicia puede requerir que los pasillos de las cortes se mantengan libres de demostraciones. Pero esa conclusión se basa en la sabiduría y la experiencia, ya que las fricciones creadas por cualquier expresión protegida interferiría sobremanera a otros intereses-y no sólo por el hecho de que tenga techo el edificio. Es más, el foro público puede ser, por tradición, tanto una sala de asambleas techada como una plaza a pleno sol.”

En Brayton v. City of Anchorage, 386 P.2d 832 (1963), se reconoció el derecho del municipio a recobrar, en una acción civil, el costo de remover unos cincuenta carteles políticos que habían sido fijados por el demandado en unos postes del alumbrado pertenecientes a la ciudad. Ante la alegación del derecho a la libre expresión, el Tribunal Supremo de Alaska sostuvo que la ley protege al Estado contra transgresiones a su propiedad reconociéndole el derecho (common law right) a ser indemnizado por los daños resultantes.

Y en People v. Richards, 31 N.Y.S.2d 457 (1941) se sostuvo la constitucionalidad de una ordenanza de la administración de un parque prohibiendo la fijación de carteles en el mismo, porque (1) permite la expresión en otras formas y (2) tiene un fin legítimo: la preservación de la tranquilidad en un lugar destinado al sosiego de los ciudadanos. Para justificar las restricciones a la libre expresión en las vías públicas se han invocado ciertos intereses del Estado o la comunidad entre los cuales se destacan la privacidad del hogar, Breard v. Alexandria, 341 U.S. 622 (1950); la tranquilidad en los parques y lugares similares, People v. Richards, supra; la seguridad del tránsito, Peltz v. City of South Euclid, supra; el costo al gobierno de remover los anuncios, Brayton v. City of Anchorage, supra; el peligro que
pueden crear para los trabajadores los carteles en los postes y otros lugares; Brayton v. City of Anchorage, supra; y la estética de la comunidad, Cervecería Corona v. Srio. Obras Públicas, 97 D.P.R. 44 (1969). Véase el Informe de la Comisión de Derechos Civiles, Los derechos de expresión y el uso de las vías públicas en Puerto Rico, 1971, págs.23-30, en el cual se ataca la prohibición absoluta de fijar carteles, sin implicar que el Estado renuncie a la reglamentación razonable, reconociéndose las diferencias que existen entre los distintos lugares y objetos públicos en que se pueden colocar pasquines, ya que hay objetos en que el valor estético o simbólico es máximo (una estatua) y otros en que es mínimo (un poste). [4-6] Es innecesario que resolvamos si el Art. 517 del Código Penal atenta inconstitucionalmente contra el derecho de los apelados a la libre expresión y la libertad de prensa. No es necesario hacerlo toda vez la controversia, según se planteó y resolvió por el tribunal a quo, gira sólo alrededor de la interpretación de dicho artículo. Basta señalar que el artículo alegadamente infringido tiende a restringir ese derecho y que, por tratarse de derechos fundamentales de los apelados, cualquier reglamentación de los mismos debe interpretarse restrictivamente. Pueblo v. Padilla, 20 D.P.R. 276 , 280 (1914). En esa forma seguimos la conocida norma “. . . [d]e que los tribunales no deben abordar plantamientos de índole constitucional cuando se puede disponer del caso en armonía con los intereses del apelante y en consonancia con los mejores fines de la justicia.” Pueblo ex rel M.G.G., 99 D.P.R. 925 , 927 (1971).

Como se sabe, el Art. 517 del Código Penal proviene y es una traducción del Art. 602 del Código Penal de California, inciso (f) que lee así: (4)

“Trespasses constituting misdemeanor, enumeration. Every person who willfully commits any trespass by either:
(4) West’s Annotated California Codes, 1970 edition, Vol. 49; Penal Code, pág. 646.(fin de nota al calce)

(f) . . . or putting up, affixing, fastening, printing, or painting upon any property belonging to the state, or to any city, county, town, or village, or dedicated to the public, or upon any property of any person, without license from the owner, any notice, advertisement, or designation of, or any name for any commodity, whether for sale or otherwise, or any picture, sign, or device intended to call attention thereto;is guilty of a misdemeanor.”Los apelados sostienen que estamos frente a una traducción defectuosa del texto inglés del estatuto de origen, y que es éste el que debe prevalecer sobre el texto castellano. Pueblo v. Fonseca, 62 D.P.R. 433 (1943). (5)

[7] El tribunal sentenciador, al comparar ambos textos, concluyó que la palabra “artículo” de nuestro Código Penal corresponde a commodity en inglés, y que la frase “u otro fin” (or otherwise) se relaciona con la venta de un “artículo” (commodity) y no a mensajes u otra literatura no relacionada a artículos de comercio. Estamos de acuerdo.

De acuerdo con Black’s Law Dictionary (4ta. Edición Revisada, 1968) la palabra “commodity” se define de la siguiente manera:”In the most comprehensive sense, convenience, accommodation, profit, benefit, advantage, interest, commodiousness. In the commercial sense, any movable or tangible thing that is produced or used as the subject of barter or sale.” En la misma fuente (pág. 342) se dice que “commodities” significa:
“Those things which are useful or serviceable, particularly articles of merchandise movable in trade . . . . [Citas] Goods, wares, and merchandise of any kind; movables; articles of trade or commerce. [Citas] ”

(5) Art. 13 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 13 ; Pueblo v. Zayas, 72 D.P.R. 18 (1951); Pueblo v. Tirado, 68 D.P.R. 289 (1948).(fin de nota al calce)

[8] La otra frase “u otro fin” corresponde a la palabra “or otherwise” en el texto inglés. ¿Cuál es su alcance? En Pueblo v. Benítez et al., 19 D.P.R. 246 , 255 (1913) utilizamos la norma de interpretación conocida como noscitur a sociis que nos indica que “. . . [c]uando en un estatuto las palabras de determinada significación van seguidas de otras palabras de sentido general que no son tan específicas y limitadas, la palabra o palabras generales deberán ser interpretadas en el sentido de que son aplicables a las personas o cosas de igual clase, según se designan las mismas en la determinada palabra o palabras, a menos que aparezca que la intención ha sido distinta.” Véanse Black’s Law Dictionary, 4ta. Edición Revisada, pág. 1209; Meléndez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 656 Y 667 (1964).

Esta regla es de aplicación en el presente. Resolvemos, por tanto, que la frase “u otro fin” utilizada en el estatuto se relaciona con “artículos” (“commodities”) y no a mensajes u otra literatura no relacionada a artículos de comercio. Los demandados-apelantes llaman la atención a que del propio texto surge que la referencia o ofrecer “en venta u otro fin”, se refiere solamente a la “designación” o nombre de cualquier artículo, y no a todo tipo de anuncio, ya que a la frase “cualquier artículo, para ofrecerlo en venta u otro fin” le sigue de inmediato otra frase que dice “. . . o cualquier cuadro, letrero o mote, con objeto de llamar la atención hacia el mismo.” Descansan en que la palabra “o” se define como “una conjunción disyuntiva que denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas.”, según el Diccionario de la Real Academia, 19na. Ed., pág. 930. Por lo tanto, el uso de dicha conjunción entre las dos frases indica que, si bien la primera se refiere a la venta de un artículo, la segunda frase no está restringida a tales propósitos, sino que tiene un sentido general e independiente del de la primera. Así que esa segunda frase, por lo menos, abarca el tipo de aviso fijado por los apelados.Página: 516

Los apelados sostienen que la última frase del inciso en cuestión (“o cualquier cuadro, letrero o mote con objeto de llamar la atención hacia el mismo.”), cuando dice “el mismo”, se refiere al “artículo” que poco antes se había dicho que se penalizaba “el ofrecerlo en venta u otro fin . . . .” Por lo tanto, esta última frase del inciso también gira en torno al artículo de mercancía y no se aplica a otros tipos de anuncio. No hemos encontrado jurisprudencia alguna en Puerto Rico que ofrezca una interpretación del inciso 6 del Art. 517. En California sólo aparece un caso, no reportado, citado en el alegato de los apelados, de una corte inferior de California. (“Appelate Department of the Superior Court of California for the County of Los Angeles”). Se trata del caso People of the State of California v. John Richard Haag, Superior Court No. CR.A. 8985, decidido en 15 de abril de 1970, el que envolvía una situación casi idéntica a la de autos. En ese caso se denunció a Haag por infracción al Art. 602 (f) del Código Penal de California, equivalente al Art. 517, inciso 6, del nuestro, por haber colocado varios carteles en ciertos postes del alumbrado público, en cuyos carteles se instaba al público a reunirse en asamblea para organizar la oposición al “Plan Maestro” que para el área de Venice tenía el Municipio de Los Angeles. Un segundo cargo fue incluido en la denuncia imputándole violación a un ordenanza municipal de Los Angeles que penalizaba el fijar cualquier letrero en un poste del alumbrado público (Código Municipal de Los Angeles, sec. 28.04: “no person shall . . . post or otherwise affix, any hand-bill or sign to or upon any . . . electric light or power . . . post . . .”). La corte de primera instancia determinó culpabilidad por ambos cargos.

En apelación, se revocó la condena bajo el primer cargo porque el inciso (f) del Art. 602 del Código Penal se refería a anuncios de tipo comercial y no a los anuncios políticos, como lo eran los carteles colocados por el apelante. Esta interpretación se fundamentó en el uso de la palabra commodityen la forma ya indicada. (6) Por otra parte, se sostuvo que el apelante había infringido la ordenanza, objeto del segundo cargo, ya que ésta se expresa en términos generales y no se restringe a anuncios comerciales. En cuanto a este último cargo, el caso fue devuelto al tribunal de origen para un nuevo juicio por ciertos defectos procesales.

[9] En la forma en que está redactado el Art. 517, inciso (6), no creemos que se corre gran riesgo en afirmar que está sujeto a legítimas dudas sobre las actividades que trata de penalizar. Estamos frente a un estatuto penal.La duda que surge debe resolverse a favor del acusado y de su inmunidad, pero nunca para alcanzar situaciones que no aparecen claramente contempladas por la ley. Esa es la norma básica que hemos seguido en otras ocasiones. Pueblo v. Benítez et al. supra, pág.258:
“. . . [A]demás, el estatuto que se considera es uno penal y criminal y como tal debe ser estrictamente interpretado. [Citas] Deben dichos estatutos ser estrictamente interpretados, o sea, de modo estricto en aquellas partes que están en contra del acusado pero liberalmente en las que le favorecen. Ninguna persona quedará sometida a dichos estatutos por meras deducciones, y cuando surgen dudas con respecto a su intervención, tales dudas deberán considerarse únicamente a favor del acusado.”
La resolución apelada será, confirmada.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no intervino y el Juez Asociado, Señor Torres Rigual, concurre con el resultado.

(6) Sostuvo dicha corte:
“We feel that a reading of Subdivision (f) of Section 602 of the Penal Code clearly indicates that said section applies only to notices or advertisements of commodities, i.e., commercial notices. Defendant’s activities do not fall in this category. He was improperly convicted of violating this section. Said conviction is reversed and upon remand, Count I must be dismissed.”(fin de nota al calce)

Sánchez Carambot v. Matheu 113 DPR 153 (1982)

Esaúl Sánchez Carambot, Roberto Ortiz Feliciano, demandantes y recurridos v. Federico M. Matheu, Director, Colegio Universitario de Humacao, demandado y recurrente.

Esaúl Sánchez Carambot, Roberto Ortiz Feliciano, demandantes y recurridos

v.

Federico M. Matheu, Director, Colegio Universitario de Humacao, demandado y recurrente.

Número: R-77-136

Resuelto: 17 de junio de 1982

En El Tribunal Supremo De Puerto Rico.

Sentencia de Angel G. Hermida, J. (Humacao), que declara con lugar cierta demanda de injunction. Se modifica y se confirma.

José Andreu García, abogado de la parte recurrente; Fernando Olivero Barreto, abogado de los recurridos.

PER CURIAM: El 7 de setiembre de 1976, la Hermandad de Empleados No Docentes de la Universidad de Puerto Rico y el Sindicato de Trabajadores de la misma institución, decretaron un paro huelgario, demandando de la administración universitaria mayores beneficios económicos. Varios grupos estudiantiles se unieron al movimiento huelgario suscitándose violentas manifestaciones y mítines desordenados que en el recinto riopedrense, por ejemplo, redundaron en actos vandálicos contra la propiedad universitaria, en amenazas contra funcionarios del recinto, y en irrupciones violentas en las aulas, desalojándose de las mismas a profesores y estudiantes. Se ocasionó daño considerable a las facilidades sanitarias, se lanzaron agentes químicos que causaban olores desagradables; y se volcó el contenido de los zafacones por los predios de la institución. Se estimaron los daños en *155 $136,898.40. Ante situación tan precaria las autoridades universitarias del Recinto de Río Piedras se vieron obligadas a suspender toda actividad académica y parte de la administrativa por el término comprendido entre el martes 14 de setiembre de 1976 y el miércoles 27 de octubre del mismo año.

**1 En el Recinto de Humacao también se sintieron los efectos lamentables que suelen producir algunos movimientos huelgarios. Una cadena de metal fue lanzada al aparato transformador de la unidad de energía eléctrica que sirve al recinto. Se provocó el desbordamiento de inodoros en varios edificios, entre otros, en la biblioteca del recinto. Se lanzaron a los conductos de los acondicionadores de aire ampolletas que contenían agentes químicos intensamente malolientes, lo que obligó, en repetidas ocasiones, a desalojar varios salones de clase. Ninguno de esos actos surgió en Humacao como consecuencia de demostración estudiantil alguna.

Para enfrentar esa situación que hemos reseñado y tomando también en consideración el estado de cosas en Río Piedras, basado en experiencias anteriores, el señor Director del Colegio Universitario de Humacao decretó el 8 de setiembre de 1976 la suspensión de todas las actividades extracurriculares de dicho Colegio UniversitarioNOTA1 hasta tanto se normalizara la situación laboral, invocando para sus actuaciones las providencias pertinentes del Reglamento de Estudiantes. Esa primera orden expiró el 8 de octubre de 1976.

NOTA1. También en los recintos de Río Piedras, Mayagüez y Arecibo fueron proclamadas suspensiones por las autoridades universitarias en las actividades no lectivas.

Mas, todavía para el 18 de octubre de 1976 prevalecía el estado huelgario. Considerando el señor Director del Colegio de Humacao que las circunstancias que motivaron su decisión de setiembre aún privaban sobre la institución, *156 obtuvo autorización del Consejo de Educación Superior para decretar una nueva suspensión de actividades extracurriculares hasta el 6 de noviembre de 1976. Al finalizar la huelga de trabajadores el 27 de octubre de 1976 se dejó sin efecto en esa misma fecha el cese de las labores no lectivas.

Estando vigente la segunda moratoria de las actividades no académicas en el Colegio de Humacao, el martes 19 de octubre de 1976, comenzando a las 10:30 a.m. y durante unos 45 minutos, se celebró un mitin en el pasillo interior que da acceso a las distintas dependencias del Colegio, a una distancia de 15 pies de los edificios que albergan los departamentos de Administración y de Letras. La actividad, que reunió gran número de espectadores, se celebró sin la autorización del Director ni del Decano de Asuntos Estudiantiles y en el mismo los estudiantes Roberto Ortiz Feliciano y Esaúl Sánchez Carambot, aquí demandantes y recurridos, se dirigieron a los espectadores usando altavoces. El ruido producido por la actividad no parece haber alcanzado intensidad suficiente para hacer imposible las tareas en los edificios adyacentes, aunque produjo la paralización de sus labores de un grupo de empleados.

Advertido el señor Director del Colegio de la conducta antes resumida de los estudiantes Sánchez y Ortiz, presentó contra éstos querella ante la Junta de Disciplina del Colegio, la cual, luego de los procedimientos de rigor, incluso una vista, encomendó que se impusiera a dichos estudiantes las siguientes sanciones: (1) a Roberto Ortiz Feliciano, una suspensión bajo probatoria ‘por el resto del presente año académico‘; y (2) a Esaúl Sánchez Carambot, el retiro de la probatoria de que entonces disfrutaba y una suspensión absoluta ‘por el resto del presente año académico‘.

**2 Considerando las recomendaciones de la Junta de Disciplina, el 21 de enero de 1977 el señor Matheu se dirigió a los estudiantes Ortiz y Sánchez en sendas cartas. En una le comunicó al estudiante Ortiz la imposición de una probatoria disciplinaria de seis meses a partir del 24 de enero de 1977, por violación de los incisos C3(a), C3(e), C3(h), C3(j) y C3(k) del Art. 3 NOTA2*157 del Reglamento General de Estudiantes. En la otra carta le comunicó al estudiante Esaúl Sánchez Carambot, que por violación a las mismas disposiciones reglamentarias, se le retiraba la probatoria de que disfrutaba en aquel momento, se le suspendió del Colegio por seis meses a partir del 17 de enero de 1977, prohibiéndosele entrar a los terrenos, dependencias y facilidades bajo el control de la Universidad y se le imponía una probatoria disciplinaria de un año desde la fecha de su reingreso, autorizándole, sin embargo, a solicitar dicho reingreso para el primer semestre del año académico de 1977 a 1978.

NOTA2. El inciso a prohíbe que los mítines interrumpan las tareas universitarias ordinarias; el e exige que no se impida el acceso y salida a las facilidades de la Universidad; el inciso h requiere autorización previa para el uso de altoparlantes; el j prohíbe mítines a una distancia menor de 250 metros de los salones de clase y de las oficinas; y el k, tal como lo transcribiremos luego, autoriza la prohibición de actividades extracurriculares cuando exista un peligro claro e inminente de que las mismas interfieran sustancial y materialmente con el orden institucional. Ahora bien, ante el Tribunal Superior no se suscitó controversia en cuanto a los incisos C3(a) y C3(e). Los recurridos alegaron en su demanda que el Director del Colegio adoptó en toda su extensión el informe de la Junta de Disciplina, la cual había recomendado la desestimación de las imputaciones a dichos incisos C3(a) y C3(e), párrafos 6 y 7 de la demanda. El demandado aceptó esa alegación, párrafo 2 de la contestación.

Así las cosas, los demandantes iniciaron la presente acción ante la Sala de Humacao del Tribunal Superior de Puerto Rico, solicitando del Tribunal que dictara interdicto contra las autoridades universitarias para impedir que se pusieran en efecto las sanciones disciplinarias decretadas contra ellos; para que se ordenara a los demandados reconocer los derechos constitucionales de los demandantes; que se reinstalara a los demandantes como estudiantes regulares sin restricción de clase alguna y se eliminara de sus expedientes toda mención referente a las sanciones; que se declararan nulas, ilegales e inconstitucionales las actuaciones del señor Director del Colegio de Humacao; y, finalmente, que se concediera a los demandantes Sánchez y Ortiz las cantidades respectivas de $10,000 y $5,000 por concepto de daños y perjuicios sufridos.

*158 El Tribunal Superior acogió sustancialmente los planteamientos de los demandantes y el 3 de marzo de 1977 dictó sentencia en la que estimó constitucionalmente impermisible el cese de actividades extracurriculares decretado por las autoridades universitarias humacaeñas, disponiendo así la violación al inciso C3(k) (peligro claro e inminente) y estimando, además, que los estudiantes tampoco habían violado el inciso C3(h) (uso de altoparlantes) del Reglamento. En consecuencia ordenó a los demandados a: (1) respetar el derecho del demandante Esaúl Sánchez Carambot de entrada y acceso a los predios universitarios como cualquier otro estudiante; (2) eliminar de los records de los demandantes toda referencia a violaciones reglamentarias con excepción del inciso C3(j) del Art. 3; (3) readmitir al estudiante Esaúl Sánchez Carambot a su condición de estudiante regular; y (4) no imponer a los demandantes ninguna otra sanción por los hechos ocurridos el 19 de octubre de 1976. En cuanto a la reclamación de daños, el tribunal estimó que la misma no procedía, concediendo, sin embargo, un plazo a los demandantes para argumentar contra esa estimación. Comoquiera que el Tribunal Superior determinó que los demandantes sí violaron el inciso C3(j) del Reglamento de Estudiantes, referente a la reglamentación de lugares apropiados para la celebración de mítines y piquetes,NOTA3 procedió entonces a utilizar su criterio en cuanto a qué sanción sería la más adecuada para punir esa sola violación. Así animado, rebajó de seis a dos meses el período de probatoria disciplinaria impuesto al estudiante Roberto Ortiz Feliciano, período que se contaría desde la notificación original, y redujo la suspensión impuesta a Esaúl Sánchez Carambot al tiempo cumplido al momento de dictarse sentencia.

NOTA3. Los estudiantes no solicitaron la revisión de esa sanción, por lo que no está ante nos ese aspecto de la controversia. Véase P. A. Freund et al., Constitutional Law, 4ta ed., Boston, Little, Brown & Co., 1977, págs. 183-184.

**3 Inconforme el demandado con la sentencia dictada, acudió ante nos *159 solicitando la revisión de la misma, a lo que accedimos. Ambas partes renunciaron al derecho que les concede el Reglamento de este Tribunal de someter alegato en apoyo de sus contenciones y dieron por presentados los mismos a base de sus escritos de solicitud de revisión y de oposición a la misma. Ha quedado así debidamente argumentada la controversia y está lista para su solución final. Veamos.

I

En Rodríguez v. Srio. de Instrucción, 109 D.P.R. 251 (1979), resolvimos que los derechos fundamentales de expresión y asociación que en nuestra Constitución se consagran, acompañan tanto a maestros como a estudiantes durante su permanencia en los predios escolares. Tratándose de universidades, esta norma constitucional comulga estrechamente con la esencia y razón histórica de esta institución, en la que como afirma Monroe de un modo claro, ‘la libertad de discusión, tanto política como eclesiástica y teológica encontró su primer hogar‘. P. Monroe, Historia de la pedagogía, traducción del inglés por María de Maeztu, Madrid, 1905, T. II, pág. 145.

En el pasado, aunque la mayor parte de las veces las simpatías de los grupos universitarios eran para las clases privilegiadas, muy a menudo se convirtieron en el intérprete del pueblo, en oposición al rey o la intriga eclesiástica, H. Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages, Great Britain, 1936, Vol. I, pág. 540 et seq. El derecho de la universidad a emitir su opinión en el Gobierno y a ocupar un puesto en los parlamentos de Francia, de Inglaterra y de Escocia, es una prueba de su autoridad política y de que la universidad había llegado a ser un gran ‘estado‘. Cuestiones de Estado y controversias entre éste y la Iglesia, tales como los divorcios de Enrique VIII de Inglaterra y Felipe de Francia, fueron sometidas al arbitraje de las universidades. P. Monroe, loc. cit., ante.

*160 Enfin, política, eclesiástica y teológicamente, las universidades fueron desde temprano baluarte de libertad. La queja constante de que deseaban mezclarse con todos los asuntos importantes es una prueba de su influencia coercitiva sobre las arbitrariedades del rey y de los prelados. Solamente a ellas se concedía cierta libertad para expresar su opinión. La única clase social a la que era respetado su punto de vista opuesto a los de los monarcas era la de los estudiantes de la Universidad, aun en los casos en que estaban representados por gente ‘hostil y extraña‘. Y sólo ese ambiente de libertad y abstracción sustancial de la presión oficial podía producir las figuras que como Rogerio Bacon, Dante, Petrarca, Wicliffe, Huss y Copérnico engendraron el espíritu moderno.

Nuestro derecho histórico es testigo fiel del gran reconocimiento social de que han disfrutado las instituciones universitarias, así como sus profesores y estudiantes: ‘Et otrosi decimos que los cibdadanos de aquel logar do fuere fecho el estudio deben mucho honrar et guardar los maestros, et los escolares et todas sus cosas …‘. Las Siete Partidas del Rey don Alfonso el Sabio, Madrid, Ed. Atlas, 1972, T. II, Partida Segunda, Título XXXI, Ley II. Nuestro aprecio jurídico por la universidad y sus valores de libertad y estudio es, pues, muy antiguo y se remonta a tiempos anteriores a la concepción del derecho constitucional moderno.

**4 En la América de nuestro tiempo esa tarea destacada que desempeña la universidad como centro de investigación, de estudio y de crítica social no ha perdido trascendencia.

La universidad latinoamericana se ha visto comprometida desde sus comienzos con la reforma social. La universidad luchó por su autonomía, la que se cristalizó con la Revolución universitaria de Córdoba en 1918. Desde que comenzó la reforma se proclamó el deber universitario de asumir el liderato en la sociedad y de servir a sus necesidades, definiéndose así la ubicación *161 en las tareas universitarias tarias del estudio de lo político-social al margen de las preferencias del Estado. Así pues, en Latinoamérica la autonomía universitaria se concibe como el santuario donde conseguir una relativa libertad en el examen de las ideas. R. Mac-Lean y Esteríos, La crisis universitaria en Hispanoamérica, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional, México, 1956.

En este sentido, el definitivo reconocimiento que las libertades civiles reciben en todo el ordenamiento nacional de sociedades como la nuestra, no puede ser razón hábil para menoscabar las garantías de libertad de expresión y asociación que desde tiempos pretéritos gozan los estudiantes y profesores universitarios. Precisamente, para que las salvaguardas civiles no decaigan es imprescindible la crítica ilustrada, acuciosa y constante de parte de esos grupos dedicados al más elevado estudio. Callar sus denuncias puede poner en peligro las libertades que con tanta dificultad se plasmaron en un pasado no muy remoto. Se trata, como advertimos en Rodríguez v. Srio. de Instrucción, ante, de proteger esa discusión enérgica de las ideas, que es tan esencial para el cabal desarrollo del hombre, como para la conservación y el sostenimiento del bienestar común en una sociedad que viva en democracia.NOTA4 Así lo reconoció el legislador puertorriqueño cuando dispuso que, en el cumplimiento de su misión, la Universidad de Puerto Rico debería ‘[t]ener presente que por su carácter de Universidad y por su identificación con los ideales de vida de Puerto Rico, ella está esencialmente vinculada a los valores e intereses de toda comunidad democr ?atica‘.NOTA518 LPRA sec. 601, inciso b(6).

NOTA4. Ya en Pueblo v. Lastra Charriez, 50 D.P.R. 118, 129 (1936), decíamos por voz del entonces Juez Presidente, Señor Del Toro, que ‘[e]l derecho a la crítica fuerte, alerta, severa, apasionada aún, no puede ser restringido. Corresponde a los ciudadanos de un pueblo libre. Es suyo y nadie puede arrebatárselo. Sobre eso no hay duda alguna‘.

NOTA5. Como señala Castán por ‘vía de educación y reeducación, de continua promoción educativa, se podría acometer la solución del problema de los derechos humanos, en relación –esto es importante y capital– con el total problema del hombre, en su naturaleza de siempre y en su esencia ética, pero sin olvidar, a la vez, las exigencias y aspiraciones sociales de nuestro momento histórico ‘.                          (Énfasis nuestro.) J. Castán Tobeñas, Los derechos del hombre, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1976, pág. 180.

*162 Conestos principios en mente podemos entender con claridad cómo es afín con la esencia vital de la universidad la norma constitucional que reconocimos en Rodríguez v. Srio. de Instrucción, ante, a los efectos de que estudiantes y profesores conservan sus derechos de expresión y asociación pacífica en consonancia con los propósitos de la institución, cuando entran a los centros de enseñanza. C. A. Wright, The Constitution on the Campus, 22 Vand. L. Rev. 1027 et seq. (1969). Más aún, se entiende también que es armónica con la filosofía de libertad, que es germen de la universidad, el principio fundamental que postula que la censura previa de los derechos de expresión y asociación se enfrenta al escrutinio judicial cargando un pesado factor que aboga en contra de su subsistencia.Aponte Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282, 289 et seq. (1971). Hemos requerido que las autoridades ‘muestren los hechos que razonablemente las han llevado a concluir que de permitir la actividad proscrita, se alterarían substancialmente o se causaría una seria intervención con las actividades docentes ‘.                          Rodríguez, supra, pág. 257. Hemos exigido que se demuestre que ‘las restricciones impuestas obedecen a la necesidad real de defender la eficiencia e integridad del servicio público‘.NOTA6Rodríguez, supra, págs. 257-258.

NOTA6. Los más modernos diseños constitucionales del orbe mantienen este principio. La Constitución española de 1978, por ejemplo, dispone en su Art. 16: ‘Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. ‘ (Énfasis suplido.) Boletín oficial del Estado, Constitución Española, Madrid, 1979, pág. 25.

**5 Este criterio, sin embargo, es definitivamente el acogido por el Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, en su Art. 3, Sec. C(k), que luego de reconocer con precisión los derechos de expresión y *163 asociación de los estudiantes universitarios, acotados como es de rigor en función de la naturaleza docente de la institución, dispone:

… En caso de que exista peligro claro e inminente de que el ejercicio de los derechos que aquí se reconoce habrá de interferir sustancial y materialmente con el orden institucional, los Rectores de los Recintos y los Directores de los Colegios Universitarios o Regionales podrán, por resolución escrita fundada, prohibir la celebración de estas actividades en sus respectivos centros educativos…. (Énfasis suplido.)

Nuestra tarea se reduce entonces a determinar si, de acuerdo con los hechos de autos al momento de extenderse, existía en el Colegio de Humacao el peligro claro e inminente de que el ejercicio de los derechos estudiantiles habrían de interferir sustancial y materialmente con el orden institucional, de suerte que se justificara la intervención oficial con el libre ejercicio de tales derechos.NOTA7

NOTA7. No tenemos que resolver si la disposición reglamentaria es siempre válida con abstracción de circunstancias de tiempo y lugar y con hechos distintos a los que consideramos en esta ocasión.

Tengamos presente que para sostener su proceder las autoridades universitarias de Humacao invocan principalmente el hecho de que en el Recinto de Río Piedras las marchas y mítines que se llevaron a cabo redundaron en serios actos de violencia. Su fundamento radica en la experiencia sucedida en Río Piedras, pues debe advertirse que los actos vandálicos que se suscitaron en Humacao ni se originaron ni estuvieron relacionados con marchas o concentración estudiantil alguna. A estos efectos, nos es útil reconocer el análisis que se ha hecho en otras jurisdicciones sobre las circunstancias que deben coincidir para que experiencias previas de violencia se consideren índice correcto de surgimientos posteriores y, por tanto, fundamento válido para coartar derechos de expresión.

En la doctrina de derecho constitucional americano, tan similar al nuestro *164 en aspectos que se refieren a derechos fundamentales, R.C.A. v. Gobierno de la Capital, 91 D.P.R. 416, 427 (1964), se ha considerado seria y profundamente si un trasfondo de violencia es válido para justificar una intervención de las autoridades públicas con los derechos de expresión y asociación del ciudadano. La respuesta ha sido afirmativa, considerándose, como es natural, que experiencias anteriores de actos violentos pueden poner restricciones a los derechos de ciertas personas u organizaciones de llevar a cabo mítines, marchas y reuniones, todo ello con ánimo de proteger la vida y propiedad de los ciudadanos. Véase Judicial Control of the Riot Curfew, 77 Yale L.J. 1560 et seq. (1968). No obstante, considerando las serias repercusiones que tal censura conlleva, deben coincidir varios requisitos para que esa restricción justificada con actos violentos previos sea válida. En primer lugar, la violencia debe ser lo bastante seria como para causar, bien lesiones personales de envergadura o daño sustancial a la propiedad. Además la violencia debe ocurrir en la misma área en que se pretende llevar a cabo la demostración, porque un cambio de ubicación, por lo común, rompe con el patrón de violencia y altera las variables importantes, tales como los objetivos simbólicos, las víctimas potenciales, los incitadores posibles y los escondites usuales. Más aún, la violencia debe ser lo suficientemente continua como para constituir un patrón o trasfondo verdadero y no un mero acto desafortunado del pasado. Por último, la violencia debe ser reciente. Como se dijo en Drivers Union v. Meadowmoor, 312 U.S. 287, 294 (1941), debe haber un ‘momentum de temor‘, una ‘intimidación continua‘, pág. 298. V. Blasi, Prior Restraints on Demonstrations, 68 Mich. L. Rev. 1481, 1520 et seq. (1970). Podemos resumir, que la violencia anterior que da lugar a la restricción válida del ejercicio de libertades de expresión y asociación de grupos, debe ser de sustancial magnitud y continuidad y debe ocurrir aproximadamente en el mismo lugar en que ahora se proscribe, así como en tiempo reciente.

**6 *165 Noalbergamos duda de que los sucesos acaecidos en el recinto riopedrense se distinguieron por su severa magnitud y prolongación. Durante los días 8, 9, 10 y 13 de setiembre de 1976, se llevaron a cabo en dicho recinto marchas y mítines que, tal como hemos reseñado, degeneraron en desórdenes y violencia que causaron pérdidas muy cuantiosas a la propiedad universitaria, tanto como agresiones e intimidaciones a estudiantes, profesores y administradores.NOTA8Ahora bien, el centro neurálgico de la controversia de autos se centra precisamente en determinar si los requisitos de proximidad física y temporal, así como de circunstancias similares, se satisfacen en el caso de autos donde los sucesos de Río Piedras son invocados para justificar la prohibición de actividades extracurriculares en Humacao. Veamos.

NOTA8. Así quedó probado ante el Tribunal Superior de San Juan en el caso PE-76-1250(907), obrando en autos copia de la sentencia dictada.

El Recinto Universitario de Río Piedras radica en el Area Metropolitana de San Juan, que es el centro urbano más extenso del país. Es una entidad universitaria muy grande en todo sentido. Ocupa un área de alrededor de 280 cuerdas de terreno. Para el año lectivo 1976-1977, en el cual ocurrieron los hechos que motivan la controversia de autos, contaba con instalaciones físicas cuya superficie ascendía a aproximadamente 2,533,714 pies cuadrados. Contaba entonces con 1,420 profesores a cargo de las tareas docentes. Por otra parte, 2,402 personas tenían a su cargo las labores de administración y otros servicios. Conviene señalar, por último, el importante hecho de que en aquel entonces su matrícula ascendía a 24,216 estudiantes. I. Rodríguez Bou, Rector, Informe Anual 1976-77, pág. 5 et seq. y Apéndice V.

El Colegio de Humacao, sin embargo, presentaba para la fecha de la ocurrencia de los hechos de autos un cuadro totalmente distinto. Era un recinto universitario pequeño con características en todo sentido disímiles al recinto riopedrense. Así, por ejemplo, advertimos que el Colegio radica *166 en un predio de 63 cuerdas de las cuales sólo se utilizan 48. Colegio Universitario de Humacao, Informe para Plan de Desarrollo Integral, Humacao, 1979, pág. 71. Contaba en los momentos pertinentes con un reducido número de estructuras cuya superficie útil llegaba sólo a 143,458 pies cuadrados. Universidad de Puerto Rico, Administración Central, Oficina de Planificación y Desarrollo, Inventario de la Planta Física de la U.P.R., Río Piedras, 1977, pág. 19. Finalmente, debemos puntualizar con énfasis que durante el año académico 1976-1977 la institución humacaeña contaba con 159 profesores para atender la enseñanza de sólo 3,233.NOTA9Informe para describir la gestión realizada por la Administración del Colegio Universitario de Humacao, durante el período comprendido entre febrero de 1976 y junio de 1978, págs. 17 y 14, 30 de junio de 1978.

NOTA9. La población estudiantil del Colegio de Humacao era así una octava parte de aquella que se agrupaba en Río Piedras, la cual era superior por más de 20,000 estudiantes.

Considerando los criterios antes reseñados a la luz de este contraste, no podemos concluir que las experiencias de violencia que se registraron en Río Piedras son base suficiente para restringir absolutamente los derechos de expresión y asociación de los estudiantes de Humacao, por representar un peligro claro e inminente de violencia en el recinto humacaeño. Aun olvidando que ninguno de los actos ilegales que ocurrieron en Humacao respondió, como en Río Piedras, a actividad estudiantil alguna y, más aún, ignorando la considerable distancia que separa a ambas instituciones, las circunstancias de uno y otro centro difieren tanto que no alcanzamos a percibir paralelismo alguno entre ambos, que sirva para sostener la proscripción impuesta por el señor Director. El ambiente distinto que circunda al Recinto de Humacao, NOTA10 su población estudiantil tan *167 significativamente menor, su campus reducido y su limitado número de estructuras nos obligan a concluir que las variables pertinentes se alteran tan destacadamente cuando nos movemos de Río Piedras a Humacao, que la violencia que se advirtió en el recinto metropolitano no libera a la censura previa que se impuso en Humacao, de la pesada presunción de inconstitucionalidad con que este tipo de medidas se presenta ante el escrutinio judicial.NOTA11

NOTA10. De acuerdo con el censo de la población de 1970, el área metropolitana de San Juan, donde radica el Recinto de Río Piedras, contaba con 851,247 habitantes. Contrasta grandemente con esta impresionante cifra el hecho de que, para la misma fecha, en el municipio de Humacao residían 36,023 personas. Bureau of the Census, 1970 Census of Population, págs. P.R. 53-181 y 184.

NOTA11. Al hacer la Junta de Disciplina sus recomendaciones en torno al caso el Profesor José Malavé López, representante del Claustro ante dicha Junta, suscribió una opinión disidente, la que expresa lo siguiente en relación con la actividad en que participaron los recurridos: ‘Considero que dicha actividad violaba la orden emitida por el Director el 8 de septiembre de 1976 amparándose en dicho artículo 3C(3)(k). Sin embargo, entiendo que no existía[n] en el Colegio las condiciones que se establecen en dicho artículo y que facultan al Director para ponerlo en vigor. Es bueno señalar que el mismo Presidente de la Universidad de Puerto Rico, Dr. Arturo Morales Carrión, manifestó en varias ocasiones, en declaraciones públicas durante el tiempo en que estuvo en vigor la orden del señor Director, que a excepción del Recinto de Río Piedras la situación en el resto del sistema universitario era de completa normalidad.‘

**7 Más aún, al momento de decretarse en Humacao el segundo vedamiento el 18 de octubre de 1976, por cuya violación se acusó a los recurridos, había transcurrido más de un mes desde que cesaron los actos de violencia en Río Piedras y desde que el recinto riopedrense había sido cerrado. Tampoco se advierte proximidad temporal entre los sucesos violentos advertidos y la prohibición de actividades extracurriculares en Humacao. Reafirma nuestra conclusión el hecho relevante de que durante los diez días que transcurrieron luego de vencer la primera prohibición y antes de decretarse la segunda –del 8 al 18 de octubre– en el Colegio de Humacao no se registró acto de violencia de ninguna clase como consecuencia de forma alguna de expresión estudiantil.

A la luz de estas consideraciones coincidimos con el ilustrado tribunal sentenciador en aquella parte de su sentencia que declaró constitucionalmente impermisible la censura impuesta sobre los derechos de *168 expresión y asociación de los estudiantes de Humacao y, en consecuencia, inválidas las sanciones impuestas por su violación.

Ahora bien, conviene aclarar sobre este punto, que nuestra posición dista mucho de ser un llamado a favor de la permisibilidad de actos violentos en las universidades públicas. Como advirtiera el Juez Fortas, la tolerancia de la violencia conlleva la erosión misma de los fundamentos de una sociedad ordenada. A. Fortas, Concerning Dissent and Civil Disobedience, New York, Signet Books, 1968, pág. 93. En este sentido, las autoridades universitarias tienen, como corolario de su obligación de proteger la propiedad universitaria y la persona de los universitarios, plena facultad para adoptar las medidas que sean necesarias para proteger la paz institucional. Ya en Tinker v. Des Moines School Dist., 393 U.S. 503, 513 (1969), el Tribunal Supremo federal había reconocido las actividades estudiantiles no protegidas al declarar: ‘Pero la conducta del estudiante, en clase o fuera de ella, que por cualquier razón — bien surja ésta de tiempo, lugar o tipo de comportamiento– causa interrupción sustancial o envuelve desorden sustancial o invasión de los derechos de otros, claramente no está inmunizada por las garantías constitucionales de libertad de expresión.‘ Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que nuestra Constitución requiere que el rigor de las medidas tomadas se ajuste a las circunstancias de cada caso, debiendo evitarse que las medidas de seguridad sean tan drásticas que lesionen innecesariamente los derechos en ella consagrados. Véase, Tinker, ante, pág. 508.

II

Cuanto hemos discutido dispone de la sanción que se le impuso a los estudiantes recurridos por violación al inciso C3(k) del Reglamento, sanción que respondía a su desatención a la censura impuesta por el señor Director del Colegio Universitario de Humacao.

**8 Ahora bien, discrepamos del tribunal a quo en su conclusion, a los efectos *169 de que la invalidación de la rigurosa censura que se impuso en Humacao disponía también de la sanción impuesta a los recurridos por violar el apartado h del mismo inciso C3 que prohíbe la utilización de altoparlantes sin mediar autorización previa y escrita del Director, a tenor con las normas que éste establezca. El Tribunal Superior expuso que ‘sería ingenuo pensar que el permiso se hubiese concedido mientras la moratoria estaba en vigor. En vista de ello, no se puede penalizar a los demandantes por no haber tomado los pasos para solicitarlo, acto que a todas luces hubiese sido estéril. Durante la moratoria la prohibición de este inciso se convirtió en absoluto [sic], y su validez se cae junto con la validez de la moratoria. No puede por tanto sancionarse a los demandantes por haber violado este inciso ‘.                          El razonamiento es incorrecto, pues lo procedente es señalar que, como veremos, el uso de altoparlantes en el lugar donde fueron utilizados por los recurridos estaba prohibido, no obstante la imposición de la censura.

Sucede, que, a tenor con la autoridad que le confiere el Reglamento de Estudiantes, el señor Director del Colegio de Humacao promulgó el 8 de julio de 1976 las siguientes normas con relación al uso de altavoces:

Se permitirá el uso de altoparlantes, bocinas y cualesquiera otros instrumentos de amplificación de sonido, previa autorización escrita del Ayudante del Director a/c Asuntos Estudiantiles del Colegio Universitario de Humacao, en el área que a continuación se designa:

El terreno que colinda con las canchas de baloncesto, por el este, la acera que conduce a dichas canchas, por el norte, y la carretera que conduce al estacionamiento que se encuentra detrás del edificio de Letras al oeste, excluyendo una franja de terreno de 100 pies bordeando los límites de dicha área interior medidas desde el borde de las diferentes colindancias. Este terreno está debidamente identificado.

Se prohibe el uso de altoparlantes, bocinas y otros instrumentos de amplificación del sonido en cualquier otra área, fuera de la especificada anteriormente….

*170 Larazonabilidad de la norma establecida por el señor Director del Colegio Universitario de Humacao no ha sido cuestionada y comoquiera que está resuelto que es procedente la regulación razonable del uso de altoparlantes — Mari Bras v. Casañas, 96 D.P.R. 15 (1968); Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 102 D.P.R. 20 (1974)– debemos considerarla válida para propósitos de nuestro análisis.NOTA12En ese sentido, si los estudiantes hubiesen utilizado los altoparlantes en las áreas que, mediando el debido permiso, han sido dispuestas para ello por la reglamentación del señor Director, sería prudente considerar la proposición del tribunal sentenciador a los efectos de que la solicitud de permiso era fútil, considerando los términos absolutos de la censura que se imponía. Mas, lo que sucede en el caso de autos es que los recurridos utilizaron los altavoces en el lugar en que, por su cercanía a los lugares de trabajo del Colegio, su uso estaba prohibido siempre, mediara o no censura especial y donde el Ayudante del Director a cargo de Asuntos Estudiantiles no podía conceder válidamente el permiso sin contravenir la delegación que le hiciera el Director. La vigencia de la censura no era, pues, impedimento válido para que los estudiantes recurridos fueran considerados incursos en violación a la disposición reglamentaria que prohíbe el uso de altoparlantes sin autorización y, en forma hostil, a las normas establecidas por el señor Director del Colegio porque, sobre toda otra consideración, resalta el hecho escueto de que los recurridos utilizaron altavoces en abierto desafío a las normas adoptadas a los efectos por las autoridades del Colegio, sin controvertir la razonabilidad de dichas normas. En este aspecto, le asiste la razón a la parte recurrente y debe modificarse la sentencia recurrida.

NOTA12. Por ejemplo, no se ha invocado que en el momento en que se hizo uso de los altoparlantes hubiese habido receso oficial en las actividades académicas en el lugar utilizado ni ninguna otra circunstancia que demostrara la irrazonabilidad de la veda absoluta en dicha ocasión.

**9 III *171 Pasemos entonces a resolver la última cuestión que se plantea en el recurso y que trata sobre la facultad del Director recurrente para prohibir a los estudiantes la entrada al recinto universitario.

El Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, vigente en la fecha de los hechos, en su Art. 16 B, faculta al Rector o Director de un Colegio Universitario o Regional a acudir al foro judicial en los casos señalados. Así dispone lo siguiente en cuanto a estudiantes y/o personas ajenas a la institución:

El Rector, el Director de un Colegio Universitario o Regional o de alguna facilidad de la Universidad, cuando tuviere motivos fundados para creer que la continuada presencia de algún estudiante o grupos de estudiantes de la Institución y/o personas ajenas a la Institución impide la celebración pacífica de las clases y otras actividades oficiales o constituye un peligro claro e inminente a la seguridad de personas o propiedad dentro del mismo, podrá radicar, a nombre de la Universidad de Puerto Rico, una petición de Interdicto (Injunction) ante cualquier Sala de [sic] Tribunal Superior de Puerto Rico para impedir la entrada de este estudiante o grupo de estudiantes a las facilidades de la Universidad.

Por otro lado, el Art. 11 del mismo Reglamento enumera las sanciones que pueden imponerse a los estudiantes que actúen en contravención de las normas disciplinarias de la Institución, a saber:

Las violaciones a las reglas que anteceden pueden conllevar la adopción de algunas de las medidas siguientes:

1. Amonestación.

2. Probatoria por un tiempo definido durante el cual otra violación de cualquier norma tendrá consecuencia de suspensión o separación.

3. Suspensión de la Universidad por un tiempo definido. La violación de *172 los términos de la suspensión conllevará un aumento del período de suspensión o la separación definitiva de la Universidad.

4. Separación definitiva de la Universidad.

5. Los actos que constituyan violaciones a este Reglamento y que ocasionen daños a la propiedad podrán conllevar como sanción el compensar a la Universidad los gastos en que incurra para reparar estos daños.

6. Cualquier otra sanción que se especifique en el Reglamento de Estudiantes del Recinto, Colegio Universitario o Colegio Regional correspondiente.

La controversia planteada es si puede prohibirse la entrada al recinto a un estudiante que haya violado las normas disciplinarias hasta el extremo de conllevar una suspensión por un tiempo definido o una separación definitiva, sin tener que recurrir las autoridades universitarias a la esfera judicial. Parece implícito en la facultad de suspender, la de prohibir la entrada al recinto, considerando la seriedad de la violación incurrida por el estudiante, que justifique la suspensión. Nótese que la suspensión es el paso reglamentario que le sigue a la probatoria. No podemos suponer que por no estar expresamente contenida en el reglamento la facultad de prohibir, le está vedado a las autoridades universitarias en circunstancias difíciles de disciplina con las que no puedan lidiar de momento, el que quede trunca su facultad reglamentaria de suspensión. De insistir el suspendido en tener acceso al recinto, entonces, las autoridades universitarias podrán invocar el Art. 11 del Reglamento, el cual está disponible además contra personas ajenas a la institución.

**10 Por ello, concluimos que es válida la sanción impuesta a los recurridos por el señor Director del Colegio de Humacao, con la cual les prohibía que se adentraran en cualquier dependencia de la Universidad.

No podemos dejar consignado que, según han señalado los estudiosos de la *173 materia, la intervención de los tribunales en casos en que media gran tensión entre estudiantes universitarios y los administradores de la institución puede ser una fuerza positiva y conducente a la solución pacífica de las disputas. R. R. Rosenthal, Injunctive Relief Against Campus Disorders, 118 U.Pa. L. Rev. 746 et seq. (1970). Lo ideal, sin embargo, sería que las disputas se solucionaran mediante el uso pacífico del diálogo, en el que reine la cordura y la sensatez de las partes, o algún procedimiento de arbitraje que hiciera posible tomar acuerdos sin intervención judicial.

IV

Resulta de todo lo anterior, que el señor Director del Colegio Universitario de Humacao actuó correctamente al determinar que los estudiantes recurridos violaron la disposición reglamentaria referente al uso de altoparlantes, en contravención a las normas dispuestas a los efectos, inciso C3(h), así como aquella disposición del Reglamento de Estudiantes que prohíbe la celebración de marchas y mítines cerca de los edificios donde se llevan a cabo tareas lectivas, inciso C3(j).

Ahora bien, al modificar la sentencia recurrida para dejar sin efecto la disposición que hiciera el tribunal sentenciador con respecto al inciso C3(h) y sostener la validez de la determinación del recurrente, nos restaría entonces pasar juicio sobre la evaluación que hiciera la sala de instancia en torno a la adecuacidad del castigo impuesto al modificar las determinaciones que a los efectos hiciera el Director del Colegio de Humacao. En ese sentido, dado que la actuación del tribunal a quo no fue irrazonable y que la prolongada tramitación de este caso debe concluir, resolvemos que procede confirmar las actuaciones del Tribunal Superior a los efectos. Debemos señalar, sin embargo, que los tribunales deben abstenerse de intervenir con la discreción de las autoridades universitarias en torno al rigor de las medidas disciplinarias. En casos como el de autos, donde se *174 determina que las bases que sostienen los castigos son parcialmente inválidas, lo apropiado sería remitir el caso a las autoridades universitarias para que, dentro de un plazo razonable, procedieren a imponer las sanciones que estimaren prudentes, las que, salvo exceso manifiesto, deben ser objeto de gran deferencia ante el tribunal. Rodríguez v. Srio. de Instrucción, supra.

A tenor con los fundamentos anteriores se dictará sentencia que deje sin efecto aquella parte de la sentencia recurrida que declaró inválida la prohibición impuesta al recurrido Esaúl Sánchez Carambot de entrar a los terrenos, dependencias y facilidades bajo el control de la Universidad y aquella que ordenó al recurrente, Dr. Federico M. Matheu, a eliminar del expediente permanente de los recurridos Esaúl Sánchez Carambot y Roberto Ortiz Feliciano la referencia a la violación del inciso C3(h) (referente al uso de altoparlantes) del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Así modificada, se confirmará.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en la parte I de la opinión. Disiente de las partes II y III y la porción de la IV en que se alteran las conclusiones del tribunal de instancia. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió voto disidente.

**11 –O–

Voto disidente del Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

No puede unirme a la laxitud que en gran medida ha determinado la ausencia de disciplina en nuestro medio, que va desde el inocuo mitin que a nadie molestó hasta los enormes agravios a la paz y la seguridad que ya son rutina y ‘riesgo calculado‘.

La opinión se enajena de la realidad, y como Rodríguez v. Srio. Instrucción, 109 D.P.R. 251 (1979),NOTA1 que reitera, barre bajo la *175 alfombra el derecho a la educación que nuestra Constitución de 1952 afirma en su Art. II, Sec. 5, y que suscita la confrontación crítica, entre ese derecho que propende al desarrollo de la personalidad ‘y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales‘ y de otra parte el derecho de libre expresión que en el Recinto de Humacao tomó la forma de lanzamiento de una cadena de metal sobre los conductores de energía eléctrica del recinto, el desbordamiento de inodoros en varios edificios, inclusive la biblioteca y el forzado desalojo de salones de clase insertando agentes químicos apestosos en las unidades de aire acondicionado.

NOTA1. Despu es de esta licencia a los sindicalistas y agitadores obreros para invadir la escuela, los políticos lamentablemente la interpretaron como igual autorización para actividad partidista y se usaron estudiantes de Escuela Superior en el propio local docente, para llenar las peticiones de nominación exigidas a candidatos a puestos electivos en las elecciones generales de noviembre de 1980.

El per curiam descansa en premisas erróneas al interpretar el Reglamento General de Estudiantes en su parte prohibitiva de actividades extracurriculares cuando exista peligro claro e inminente de que el ejercicio peculiar de la libre expresión y asociación plantee un riesgo para el orden institucional; toma como base para negar relación causal o de ‘trasfondo‘ –experiencia previa de violencia– entre los actos vandálicos realizados en Río Piedras y los que tuvieron lugar en Humacao: (a) que el Recinto de Río Piedras para entonces tenía más de 24,000 estudiantes y el Colegio Regional sólo 3,233. Olvida que las explosiones de violencia, justificadas o no, se han producido históricamente con entera abstracción del número de habitantes en el país o lugar afectado; (b) que la conducta incivil de los recurridos no tenía raíces o motivación en lo ocurrido en Río Piedras, porque cuando se deciden a ‘manifestarse‘ ya hacía un mes que la violencia ríopedrense había obligado a cerrar la Universidad; ¿acaso tienen que ser simultáneos los brotes de violencia e indisciplina para que pueda percibirse la motivación común, o el llamado trasfondo, y llegar a la conclusión de que existe ‘peligro claro e inminente‘ de que los actos de los *176 infractores ponen en riesgo el orden y la paz institucional?; no ofrece la opinión ningún otro motivo, contra la conocida realidad de que los movimientos del Recinto mayor de Río Piedras tienen siempre repercusión, de mayor o menor intensidad, en los demás recintos; y añade (c) que ‘la considerable distancia‘ entre Río Piedras y Humacao produce algo como efecto inmunizante en los humacaeños. Este criterio choca hasta con la facilidad con que residentes de Humacao vienen diariamente a cumplir su horario de trabajo en la zona metropolitana. Puerto Rico, en su limitado territorio nacional es un solo campus por el que se han extendido, en recintos dispersos a través de la Isla con entera viabilidad, tanto la Universidad de Puerto Rico como las privadas.

**12 El criterio de decisión es ambiguo y ambivalente; es débil, en lugar de benigno, con uno de los recurridos que ya anteriormente había violado una probatoria, pero se sobrecoge con los criterios adversos de Tinker v. Des Moines School Dist., 393 U.S. 503 (1969) y del Juez Fortas en Concerning Dissent and Civil Desobedience, New York, Signet Books, 1968, pág. 93; postula una juiciosa abstención de los tribunales en los asuntos universitarios, y al momento de decidir desplaza totalmente la competencia académica.

En fin, considero que no se justifica la intromisión de los tribunales en el presente caso para decirle a las autoridades universitarias que han errado en la apreciación de indicios en que pueden descansar para proteger la paz del recinto y la función educativa de un ‘peligro claro e inminente‘. Los derechos constitucionales deben ser rigurosamente resguardados, pero no prodigados.

El Tribunal, con muchos menos recursos estimativos que la dirección universitaria levantó una muralla entre el mitin relativamente ordenado y la conducta escatológica y violenta que amenazaba con un desarrollo similar al del Recinto de Río Piedras. Este método de penosa disección de la masa de *177 eventos antisociales nubla la capacidad para apreciar en forma integral el potencial destructivo de cada uno de los factores envueltos en la violencia en el campus. Jefferson nunca pensó que la libertad de expresión acogería bajo su palio los eventos acaecidos en el campus de Humacao y que movieron a la Dirección a tomar una leve medida preventiva. El ratio decidendi sugiere, en su condenación de la prevención –que llama restricción previa– la inacción de las autoridades académicas hasta que empiecen a escucharse los disparos y a volar las ‘molotofs‘. El Director del Colegio Universitario de Humacao, universitario inmerso en el estilo de vida del campus, está en mejor posición para advertir y conjurar el daño al recinto. Ubicado en el ojo de la tormenta está en superior plano para percibir los relieves y perfiles de la conducta disolvente de la libertad auténtica. En el cuadro general de hechos de este caso, ni el Reglamento ni la decisión administrativa, lesionan derechos individuales en desproporción con la medida disciplinaria cautelar necesaria para proteger los mayores intereses de la educación que garantiza nuestra Constitución.

Revocaría la sentencia recurrida y desestimaría la demanda.

Sanchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao

Pueblo v. Ocasio, 30 D.P.R. 531 (1922)

El Pueblo, Demandante y Apelado

v.

Ocasio, Acusado y Apelante.

Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por profanación de la bandera americana.

No. 1782.

-Resuelto en mayo 18, 1922.

En El Tribunal Supremo De Puerto Rico.

*1 Los hechos están expresados en la opinión.

Abogado del apelante: Sr. L. Tormes.

Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

El Juez Asociado Sr. Aldrey, emitió la opinión del tribunal.

Manuel Ocasio estableció este recurso de apelación contra sentencia condenatoria dictada contra él en virtud de una denuncia que copiada en lo necesario dice así:

‘Que en octubre 21, 1920, a las 10 y 10 p. m. y en la plaza pública de Peñuelas, parte del Distrito Judicial Municipal de Peñuelas, que forma parte del Distrito Judicial Municipal de Ponce, P. R., allí y entonces el referido acusado, Manuel Ocasio, ilegal, voluntaria y maliciosamente y mientras tomaba parte como orador en un meeting socialista que se llevaba a efecto en la plaza pública de este pueblo, se expresó, ?que la única bandera de vergüenza en Puerto Rico era la bandera roja,’ encontrándose en dicho momento en la referida tribuna la bandera americana solamente, por haber sido ordenado suspender la tal bandera roja, menospreciando con tal dicho la bandera americana que era la única que ocupaba la referida tribuna, en dicha noche.’

En el alegato escrito que nos ha presentado el apelante en apoyo de su recurso expone como motivo para que revoquemos la sentencia y lo absolvamos que la corte sentenciadora cometió error al desestimar la excepción perentoria que opuso a la denuncia por no exponer ésta hechos constitutivos de delito. El fiscal de este Tribunal Supremo está conforme con esta alegación.

La ley por cuya infracción se denunció y condenó al apelante fué aprobada en 10 de marzo de 1904 siendo su título ‘Ley prohibiendo y castigando la profanación de la bandera de los Estados Unidos,’ y en su sección primera dispone lo siguiente:

‘Sección 1. –Cualquier persona que con objeto de exhibir o anunciar, estampare, o hiciere estampar en alguna forma, alguna palabra, número, marca, grabado, diseño, pintura u otro anuncio de cualquiera índole que éste fuese, en una bandera, estandarte, enseña o insignia de los Estados Unidos de América; que expusiere o hiciere exponer a la vista del público tal bandera, estandarte, enseña, o insignia en la cual se hubiere impreso, pintado o colocado en cualquiera otra forma, o se hubiere adherido, añadido, estampado, o agregado alguna palabra, número, marca, grabado, diseño, pintura o anuncio de cualquiera especie; que expusiere al público, manufacturare, vendiere, ofreciere en venta, diere o tuviere en su poder para vender, dar o para usar en alguna forma, cualquier artículo o sustancia que fuere un objeto de comercio, o un envase de mercaderías, carro o vehículo para el transporte de mercaderías en el cual se hubiere impreso, pintado, fijado o colocado en cualquier otra forma una representación de la referida bandera, estandarte, enseña o insignia con el fin de anunciar, llamar la atención, decorar, marcar o distinguir el artículo o la sustancia en el cual se hubiere colocado; o que públicamente mutilare, borrare, manchare, retare, pisoteare, vistiere de luto (excepto en casos de entierros) o menospreciare ya de palabras, ya por medio de hechos dicha bandera, estandarte, enseña o insignia, será culpable de misdemeanor y será castigado con una multa que no excederá de cien dollars, o con prisión por un período de tiempo que no excederá de treinta días, o con ambas penas a discreción del tribunal.’

*2 Se sostiene por el apelante que la denuncia formulada contra él no le imputa el delito de profanación a la bandera de los Estados Unidos de América porque no hace referencia a ella sino a la bandera americana siendo así que hay muchas banderas americanas. Si las palabras atribuidas al apelante son de menosprecio a la bandera de los Estados Unidos de América no dejarán de ser constitutivas de delito por el hecho de que en la denuncia no se mencione específicamente la bandera de los Estados Unidos de América pues en las palabras vertidas por el denunciado es donde ha de encontrarse la comisión del delito y no en las manifestaciones que por su cuenta haga el denunciante. Si éste no hubiera hecho esas manifestaciones no por eso dejaría la denuncia de imputar un delito si dichas palabras son de menosprecio para la bandera de los Estados Unidos de América.

Con respecto a las palabras atribuidas al apelante sostiene éste que no son constitutivas de delito porque no expresan hecho ni acto alguno de los comprendidos en la ley que se dice infringida toda vez que no son de menosprecio para la bandera de los Estados Unidos de América, y nos cita en apoyo de su afirmación nuestras decisiones en los casos de El Pueblo v. Rivera Esbrí, 26 D. P. R. 571; El Pueblo v. Del Moral, 16 D. P. R. 653 y de El Pueblo v. Suárez, 23 D. P. R. 243.

La denuncia imputa al apelante haber dicho en un meeting que ‘la única bandera de vergüenza en Puerto Rico era la bandera roja.’ Con estas palabras no dijo directamente que la bandera de los Estados Unidos de América no tiene vergüenza, pero sí indirectamente porque claramente excluyen de tener vergüenza en Puerto Rico a cualquiera otra bandera que no sea la roja, y como la bandera de los Estados Unidos de América es la de Puerto Rico desde el año 1898 tales palabras tienen que significar para toda persona que la bandera de los Estados Unidos de América no tiene vergüenza, y constituyen un menosprecio de dicha bandera, que es penable de acuerdo con el artículo citado. Las palabras constitutivas de ofensa o menosprecio deben ser interpretadas en el sentido y con el significado que le daríau las personas que las oyeron y no es necesario que hagan la imputación directamente. 17 Ruling Case Law, páginas 312 y 314. De acuerdo con esta regla si alguien dijera en una reunión de varias personas que la única honrada de las allí reunidas es una persona cuyo nombre da, nadie dudaría de que en esa forma indirectamente ha dicho claramente que las demás personas de la reunión no son honradas. En cuanto a las citas que ha hecho el apelante de nuestras decisiones ninguna de ellas tiene aplicación al presente caso porque las tres declaran que en la denuncia deben consignarse los hechos constitutivos del delito y en el caso presente la denuncia dice las palabras que pronunció el apelante y que según hemos visto son constitutivas del delito de que se le acusa porque menosprecian la bandera de los Estados Unidos de América.

*3 Más fuerte parece ser el argumento que el fiscal nos presenta al mostrar su conformidad con el recurso del apelante fundado en que no siendo las palabras atribuidas al apelante un menosprecio directo de la bandera de los Estados Unidos de América sólo por deducción puede llegarse a la conclusión de que cometió el delito que se le imputa, deducciones que no son admitidas cuando se trata de imponer castigo a un ciudadano según nuestras decisiones en los casos de El Pueblo v. Aragón, 22 D. P. R. 797; El Pueblo v. Marini, 22 D. P. R. 11 y El Pueblo v. Grau, 29 D. P. R. 624; pero si se examinan con cuidado esos casos se verá que no son aplicables al presente porque si bien en todos ellos se ha declarado por este Tribunal Supremo lo que dice el fiscal, sin embargo, se refieren a que cuando el estatuto no ha creado directamente un delito no puede por deducción declararse que exista y no se refieren a que de los actos o palabras no puedan hacerse las deducciones que natural y lógicamente surgen. Así, en el caso de Aragón se trataba de un reglamento de sanidad que permitía el lavado de ropas en las casas bajo ciertas condiciones pero que no lo prohibía de un modo terminante y expreso, y dijimos que si bien podría decirse que de los términos en que está redactado se infiere lógicamente la prohibición, tal inferencia no puede admitirse cuando se trata de imponer castigo a un ciudadano, y citamos el caso de El Pueblo v. Paratze, 22 D. P. R. 38, en el que dijimos que ningún acto puede ser castigado como delito a no ser que esté prohibido y castigado por el estatuto y que la ordenanza por cuya infracción se hizo la denuncia no prohibe por sus términos ni castiga el acto imputado en la denuncia, que es puramente permisiva y no penal y no establece ni define delito alguno. En el caso de Marini lo que dijimos fué que determinando la ley ciertas circunstancias que son agravantes del delito de acometimiento y agresión para que la acusación imputara un delito de acometimiento y agresión grave debía expresarse claramente cuál era la circunstancia agravante que concurría al caso; y en el de Grau declaramos que para comprender el hecho denunciado dentro de los términos de la ley por cuya infracción se le denunció había que forzar ésta y aplicarla por extensión, procedimiento que no debe seguirse en casos criminales. Como se ve en estos tres casos se trataba de deducciones que querían hacerse de la ley, lo que no ocurre en el caso presente en que la ley claramente castiga al que con palabras menosprecie la bandera de los Estados Unidos de América, y lo único que hay que hacer en el presente caso es interpretar las palabras dichas por el apelante para conocer si, aunque en forma indirecta, son de menosprecio para dicha bandera. Los casos que hemos examinado de State v. Halder, 13 Am. D. 738; State v. Seay, 20 Am. D. 66; Moore v. Commonwealth, 39 Am. D. 725; State v. Thurstin, 58 Am. D. 698; State v. Dale, 42 S. W. 723 y de State v. Whedbee, 67 S. W. 62, sostienen el mismo principio alegado en este caso por el fiscal pero se refieren a que las acusaciones no alegaron todos los hechos que eran necesarios para constituir el delito, los que no podían quedar sujetos a deducciones o conjeturas y se diferencian de éste en que no se trata de suplir por deducción o conjetura hechos que faltan en la denuncia sino simplemente de interpretar las palabras pronunciadas por el apelante y determinar si son constitutivas de delito.

*4 El segundo motivo del recurso alegado por el apelante fundado en que la corte inferior cometió error en la apreciación de la prueba tampoco es sostenible porque la prueba demostró que el apelante pronunció las palabras que se mencionan en la denuncia, que como hemos dicho son constitutivas de delito, sin que el hecho de que fueran pronunciadas en ocasión reciente de haber sido prohibido gubernativamente el uso de la bandera roja destruya la existencia del delito pues por el contrario más bien demuestra la intención de menospreciar la bandera de los Estados Unidos de América por haber sido prohibido el uso de la roja, ni en ninguna otra forma aparece de la prueba la falta de intención de cometer el delito.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Asociados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso.