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Fulana de Tal v. Demandado A, 138 D.P.R. 610 (1995)

Fulana de Tal y Sutana de Cual, demandantes y recurrentes,
v.
Demandado A, demandado y recurrido.
Número: CE-94-878

En El Tribunal Supremo De Puerto Rico.
Resuelto: 13 de junio de 1995

Petición de Certiorari para revisar una Resolución de Gilberto Gierbolini, J. (San Juan), que deniega cierta solicitud de los demandantes para excluir la presencia de los miembros de la prensa durante la proyección de unos videos que serían presentados en evidencia. Revocada.

Juan Rafael González Muñoz y Doris Quiñones Tridas, abogados de las recurrentes; Edwin Prado Galarza y Juan Nieves Cassas, abogados del recurrido.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió la opinión del Tribunal.

Este recurso plantea la controversia en cuanto a si unas demandantes que acuden al tribunal para proteger su derecho a la intimidad tienen derecho a que la prensa sea excluida de sala durante la presentación de unas películas en las cuales aparecen sosteniendo relaciones sexuales con el demandado. *614

Las demandantes recurrentes, Fulana de Tal y Sutana de Cual, recurren de la determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (Hon. Gilberto Gierbolini, Juez Superior), que denegó en parte su solicitud de que el público y la prensa fueran excluidos de Sala al disponer que la prensa tenía derecho a permanecer allí. Examinados tanto el interés de las demandantes en que se les proteja su derecho a la intimidad, como el de la prensa a estar presente en los juicios civiles, a la luz de los hechos particulares de este caso revocamos en parte el dictamen recurrido.

I

Los hechos pertinentes a esta controversia surgen de la relación personal que existió entre las demandantes recurrentes y el demandado recurrido durante el período de octubre de 1989 hasta enero de 1991. Sutana de Cual sostuvo una relación amorosa con el demandado desde octubre de 1989 hasta octubre de 1990. Por su parte, Fulana de Tal sostuvo una relación amorosa con éste desde marzo de 1990 hasta enero de 1991. Durante el período de duración de ambas relaciones, las demandantes recurrentes tuvieron relaciones sexuales con el demandado, relaciones que, en varias ocasiones, fueron grabadas por éste, alegadamente sin el consentimiento de ellas.

Al enterarse, a principios de 1993, de la existencia de dichas películas, así como del hecho de que éstas habían sido copiadas y distribuidas, Fulana de Tal y Sutana de Cual presentaron una acción de daños y perjuicios contra el demandado por violación a su dignidad, integridad personal e intimidad. NOTA1 Alegaron, en esencia, que la grabaci ón *615 y posterior reproducción de dichas películas sin su consentimiento les había causado daños irreparables.

NOTA1 Inicialmente, las demandantes recurrentes incluyeron como demandadas a la actual novia del demandado recurrido y a la exesposa del actual compañero de Sutana de Cual. Sin embargo, desistieron de dichas reclamaciones antes de comenzar el juicio en su fondo.

Simultáneamente, las demandantes presentaron una moción para solicitar un injunction preliminar y permanente para que se consignaran en el tribunal todas las copias de las películas pertinentes y no se divulgara ni su contenido ni la identidad de las partes. El tribunal de instancia denegó dicha moción y determinó proseguir con el juicio en sus méritos. Luego de concluir el descubrimiento de prueba, se señaló la vista en su fondo para el 7 y 8 de diciembre de 1994.

La mañana del 7 de diciembre se presentaron en la Sala donde se iba a llevar a cabo la vista, no sólo las partes con sus respectivos abogados, sino también miembros de la prensa y otras personas. Al percatarse de esto, las demandantes solicitaron al Tribunal Superior que, al momento de presentar en evidencia las películas pertinentes, la prensa y el público en general desalojaran la Sala. Como señalamos anteriormente, el tribunal determinó que el público tendría que desalojar la Sala durante la filmación, mas no así la prensa.

A solicitud de las demandantes, el tribunal de instancia suspendió la vista para darles la oportunidad a éstas de recurrir en auxilio de jurisdicción a este Tribunal. El mismo día las demandantes acudieron a este Foro y solicitaron la paralización de los procedimientos en instancia hasta tanto se revisara dicha determinación.

El 8 de diciembre expedimos el auto y paralizamos los procedimientos. Mediante orden al respecto, le concedimos a la parte recurrida diez (10) días para someter su posición en cuanto a la solicitud de certiorari. Luego de revisar la comparecencia del demandado, estamos en posición de resolver.NOTA2 Revocamos en lo que respecta al derecho de la *616 prensa a estar presente en Sala durante la presentación de las películas.

NOTA2 Resulta pertinente apuntar que, al d ía de hoy, los medios de comunicación no han solicitado autorización para intervenir o comparecer como amicus curiae en los procedimientos ante esta Curia, aun cuando estuvieron presentes en la vista en el momento en que el tribunal les concedió tiempo a las demandantes para recurrir en alzada a este Foro y nuestra orden de paralización de los procedimientos les brindó oportunidad suficiente a las partes para comparecer.

II

[1-2] Históricamente los procedimientos judiciales en nuestra jurisdicción han estado abiertos al público y a la prensa, y existe una fuerte presunción a favor de la apertura de éstos. Aunque nuestra Constitución sólo garantiza expresamente la apertura de los procedimientos de naturaleza criminal, existe una garantía similar implícita respecto a los procedimientos de naturaleza civil, consagrada en las cláusulas del debido proceso de ley y la libertad de expresión y prensa de nuestra Carta de Derechos. J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. II, pág. 422. Además, dicha garantía ha sido extendida expresamente a los procedimientos de naturaleza civil mediante la Regla 62.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. NOTA3

NOTA3 Dicha Regla dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

“Todas las vistas de los casos en sus méritos serán celebradas en corte abierta, en un salón del tribunal, salvo que debido a la naturaleza del procedimiento el tribunal dispusiere lo contrario.” 32 L.P.R.A. Ap. III.

[3] Nuestra tradición de apertura obedece no sólo a razones históricas, sino también al propósito funcional de garantizar que la ciudadanía esté informada adecuadamente de lo que ocurre en los tribunales y que los procedimientos se lleven a cabo conforme la ley. Tal apertura es, en otras palabras, consustancial a nuestro sistema democrático de gobierno. E.L. Chiesa, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1992, Vol. II, Sec. 13.2, págs. 193194.

Aunque la apertura de los procedimientos judiciales de naturaleza civil nunca ha sido cuestionada en nuestra jurisdicción,*617 lo cierto es que el derecho del público y de la prensa a tener acceso a los tribunales sólo ha sido considerado por este Foro dentro del contexto de procedimientos de naturaleza criminal. Véanse, e.g.: El Vocero de P.R. v. E.L.A., 131 D.P.R. 356 (1992); Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 D.P.R. 299 (1991). Aun en estos casos, los pronunciamientos al respecto no han formulado unos criterios precisos en torno al alcance de este derecho. Ante esta realidad, y únicamente por su valor ilustrativo, consideramos prudente examinar con brevedad la trayectoria jurisprudencial norteamericana correspondiente a este asunto.

III

En Richmond Newspapers, Inc. v. Virginia, 448 U.S. 555 (1980), el Tribunal Supremo federal sostuvo que el público y la prensa tenían derecho a estar presentes en los procedimientos judiciales de naturaleza criminal. Aunque reconoció que la Constitución federal no garantizaba tal derecho explícitamente, concluyó que éste estaba firme e históricamente establecido en el sistema de justicia angloamericano y era consustancial al propósito primordial de la primera enmienda, el cual consiste en salvaguardar la discusión pública y preservar la pureza de los procedimientos judiciales y del Gobierno en su totalidad. Íd., pág. 569. Si bien al llegar a dicha conclusión el Tribunal aclaró que el derecho a tener acceso a los procedimientos judiciales de naturaleza civil no estaba ante su consideración, hizo la salvedad de que “históricamente, tanto los procedimientos civiles como criminales han estado presuntamente abiertos al público’D’, dejando entrever, por lo tanto, que de surgir una controversia de esta naturaleza en el futuro, resolvería del mismo modo. (Traducción nuestra.) Íd., pág. 580, esc. 17.

[4] Posteriormente, en Globe Newspaper Co. v. Superior Court, 457 U.S. 596 (1982), el Tribunal Supremo amplió*618 las expresiones vertidas en el caso de Richmond Newspaper, Inc. v. Virginia, supra, al establecer que, si bien el derecho a tener acceso a los tribunales no era absoluto, toda limitación a éste estaría sujeta a un escrutinio estricto. A esos efectos, el Tribunal dispuso que el derecho de acceso a los procedimientos criminales podría restringirse siempre que ello fuera necesario para proteger un interés apremiante del Estado y la restricción no fuera más amplia de lo necesario para servir ese interés. Íd., págs. 606607.

Utilizando la aseveración hecha por el Tribunal Supremo en Richmond Newspaper, Inc. v. Virginia, supra, con respecto a los procedimientos de naturaleza civil como punto de partida, varios tribunales de inferior jerarquía -así como un sinnúmero de comentaristas- han ido un paso más allá para extender estos señalamientos expresamente a los procedimientos de naturaleza civil. Según algunos, aunque la presencia del público en los procedimientos judiciales de naturaleza civil podría parecer menos necesaria que su presencia en los procedimientos de naturaleza criminal, lo cierto es que en ambos casos existe el mismo interés público en estar adecuadamente informado sobre lo ocurrido en Sala y en velar porque dichos procedimientos se lleven a cabo conforme a la ley. El hecho de que muchos casos civiles encierren disputas íntimas no significa que el efecto de las decisiones judiciales se limite únicamente a las partes directamente involucradas, o que el público no tenga interés en conocer cómo se ventilan las controversias, para de este modo asegurarse de que se siga un procedimiento uniforme para todas las personas. Además, el acceso a los procedimientos judiciales no sólo promueve la libre discusión de lo que ocurre en una de las tres (3) ramas del Gobierno, sino que garantiza también la legitimidad y confiabilidad de sus decisiones. J.L. Nowaczewski, The *619 First Amendment Right of Access to Civil Trials After Globe Newspaper Co. v. Superior Court, 51 U. Chi. L. Rev. 286, 297 (1984). En otras palabras, dichos comentaristas han dispuesto que:

[t]o except civil suits from the open trial guarantee … would defeat the goals of informed public discussion and self-governance protected in Globe. Many civil suits concern the “vindication of constitutional or statutory policies” the proper resolution of which is as important to the public as is the punishment of serious crime. … Moreover, the impact of such suits frequently extends beyond the parties to the public at large.

Even where a particular civil suit does not directly affect the public at large, the judiciary remains a branch of government and its conduct of civil litigation is a matter “relating to the functioning of government,” a subject about which the public has a right to be informed. … [Also] public presence at trials aids accurate factfinding, fosters an appearance of fairness and serves as a check on abuse. These benefits are not diminished simply because the underlying charge is civil and not criminal. (Escolios omitidos.) Nowaczewski, supra, págs. 297298.

A tenor con esta postura, varios tribunales han procedido a adoptar no sólo el estándar de escrutinio estricto, sino también una serie de criterios utilizados por el Tribunal Supremo federal en los casos criminales anteriormente discutidos para determinar si se cumple con dicho estándar. Véanse: Publicker Industries, Inc. v. Cohen, 733 F.2d 1059 (3er Cir. 1984); Nowaczewski, supra, pág. 298; Anotación, Public Access to Records and Proceedings of Civil Actions in Federal District Courts, 96 A.L.R. Fed. 769 (1990); Anotación, Propriety of Exclusion of Press or Other Media Representatives from Civil Trial, 79 A.L.R.3d 401 (1977).

[5] Según estos criterios, al examinar si se justifica la limitación del derecho de acceso del público y la prensa a los procedimientos civiles, debe evaluarse: (a) si quien solicita tal limitación ha demostrado que el estado posee un interés apremiante en que se establezca dicha limitación, y (b) si el solicitante ha probado que no existe una manera menos onerosa de limitar tal derecho. Quien invoque tal limitación tendrá el peso de la prueba, por lo que le corresponderá*620 demostrar específicamente que su interés merece protección estatal y que posee justa causa para ello. Publicker Industries, Inc. v. Cohen, supra, págs. 10701071. Para establecer justa causa deberá demostrar “que la divulgación [del procedimiento al público en general] le causará un daño claro y serio a la parte que solicita la exclusión’D’. (Traducción nuestra.) Íd., pág. 1071.

Los tribunales que han procedido a adoptar estos criterios han determinado que asuntos como la seguridad nacional, la preservación de secretos de negocio, la protección de menores y la preservación de la intimidad constituyen intereses apremiantes que justifican una limitación al derecho de acceso a los procedimientos judiciales de naturaleza civil. Véanse, e.g.: Standard & Poor’s Corp. v. Commodity Exchange, Inc., 541 F. Supp. 1273 (S. D. N.Y. 1982); Matter of Robert M., 439 N.Y.S.2d 986 (1981); State ex rel. English v. McCrary, 328 So. 2d 257 (1976); Barron v. Florida Freedom Newspapers, 531 So. 2d 113 (1988). Véase, además, Nowaczewski, supra, pág. 299.

[6] Consideramos persuasivos tanto los planteamientos relativos al hecho de que resulta necesario que los procedimientos civiles estén abiertos al público, como los criterios expuestos en Publicker Industries, Inc. v. Cohen, supra, para determinar si una solicitud para limitar el derecho de acceso a un procedimiento judicial cumple con el requerido estándar de escrutinio estricto.

Acogemos también los planteamientos expuestos por los diversos tribunales estatales que han adoptado dichos criterios respecto a que existen ciertos intereses apremiantes que justifican el que se limite tal derecho. Véase, e.g., State ex rel. Gore Newspapers Company v. Tyson, 313 So. 2d 777 (1975). Sin pretender hacer una enumeración taxativa de estos intereses, mencionamos, por ejemplo, el derecho a la intimidad, la protección de los menores y la preservación de secretos de negocio como casos en los cuales existen claramente intereses apremiantes que justifican la limitación *621 del acceso del público a los procedimientos judiciales de naturaleza civil.

[7] Finalmente, consideramos menester aclarar que nuestra posición no menoscaba la alta jerarquía del derecho a la intimidad en nuestro ordenamiento jurídico, sino que reconoce su coexistencia con otro derecho igualmente medular y esencial en nuestra vida democrática; esto es, la libertad de acceso a los procedimientos judiciales. Sabido es que existen diversos derechos constitucionales, todos merecedores de tutela jurídica, que en la dinámica de la convivencia social frecuentemente resultan antagónicos. Como dispusimos en E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436, 437 (1975):

[l]os derechos y deberes de los seres humanos no constituyen usualmente imperios de fronteras precisas e inmutables. Chocan a menudo entre sí, por el contrario, e importa definir sus lindes y efectuar acomodos, situación a situación, conforme a los postulados y valores de una sociedad cambiante.

[8] Así como en nuestra escala de derechos constitucionales figura de forma prominente el derecho a la intimidad, se manifiesta también el de acceso a los procedimientos judiciales -criminales o civiles- pues como hemos dicho, éste es consustancial al debido procedimiento de ley y a la libertad de expresión y de prensa. Ciertamente, el interés apremiante del Estado en que sus ciudadanos conozcan y fiscalicen el desarrollo de los procedimientos judiciales valida el reconocimiento del derecho constitucional de acceso, prescrito en la Regla 62.2 de Procedimiento Civil, supra, y que se le confiera un alto sitial en el escalafón constitucional.

No cabe aquí distinguir entre procedimientos penales o civiles, y en virtud de ello, para reconocer o negar acceso; lo vital es viabilizar que el pueblo esté informado sobre éstos y fiscalice la actuación de sus gobernantes. El reconocimiento de ese derecho de acceso a los procedimientos va a la raíz de nuestra sociedad democrática pluralista. *622

[9] Si bien existen circunstancias y situaciones que ameritan limitar el acceso público a los procedimientos judiciales, entre las que se encuentra el derecho a la intimidad, no puede afirmarse abarcadoramente que “el derecho a la intimidad”, sin más, debe prevalecer sobre el acceso público a los procedimientos judiciales. La normativa -que aquí acogemos- consiste en que se pueda limitar el acceso si existe un interés apremiante que lo justifique y la restricción se ciñe a ese interés, sirve de guía adecuada para los jueces sopesar los intereses en conflicto y resolver a favor del acceso o, por el contrario, de la vista privada.

Si no estableciéramos esta guía, facilitaríamos el cierre de las puertas de los tribunales al público bajo el pretexto de que se está protegiendo alguna expresión del derecho a la intimidad, y fosilizaríamos eventualmente los derechos a la libertad de expresión y de prensa, convirtiéndolos en piezas de museo.

Examinada la doctrina prevaleciente sobre el derecho de acceso a los procedimientos judiciales, evaluemos si nos encontramos frente a un caso que justifique su limitación.

IV

Según los criterios enunciados en Publicker Industries, Inc. v. Cohen, supra, toda persona que intente restringir el derecho del público y la prensa a tener acceso a un procedimiento de naturaleza civil tendrá que probar, en primer lugar, que el Estado posee un interés apremiante en limitar dicho acceso. Evaluemos si las demandantes cumplen con este requisito.

En apoyo de su solicitud, las demandantes establecen que el derecho de todo ser humano a su dignidad, intimidad e integridad personal constituye uno de los derechos constitucionales de mayor jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico, y aluden a las Secs. 1 y 8 de nuestra Carta de Derechos que disponen que ““[l]a dignidad del ser humano*623 es inviolable” y “[t]oda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar”. L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, págs. 257 y 282. Véase Petición de certiorari, pág. 4 (en adelante Petición). Véanse, además: Pueblo v. Muñoz, Colón y Ocasio, 131 D.P.R. 965 (1992); Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 D.P.R. 35 (1986); P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 D.P.R. 328 (1983); E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 D.P.R. 394 (1983); Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573 (1982).

Las demandantes reconocen que el derecho a la intimidad no es absoluto y que existe una presunción de acceso a los tribunales a favor del público y la prensa. Sin embargo, aducen que, por las circunstancias particulares de su reclamación, su derecho a la intimidad, dignidad e integridad personal debe prevalecer sobre tal derecho. Por ende, solicitan que el tribunal proteja su derecho a la intimidad y, a modo de excepción, no permita la presencia del público y la prensa en el momento cuando se revele el contenido de las grabaciones en vídeo. Véase Petición, págs. 45.

[10] En apoyo de tal contención, las demandantes citan el caso de Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., supra, págs. 6162, en el cual dispusimos que las restricciones al derecho a la intimidad “sólo [deben] tolerarse cuando no existan medios menos drásticos para la protección de intereses apremiantes del Estado, y … sólo cuando estén presentes garantías adecuadas, de forma tal que esta invasión se limite a lo que sea estrictamente necesario”. Véase Petición, pág. 4.

Los argumentos esbozados por las recurrentes demuestran con claridad que el Estado posee un interés apremiante en salvaguardar, dentro de lo posible, el derecho de todo ser humano a su dignidad, intimidad e integridad personal. Éstos cumplen, por lo tanto, con el primer criterio de Publicker Industries, Inc. v. Cohen, supra. *624

V

[11] Según el segundo criterio establecido en Publicker Industries, Inc. v. Cohen, supra, quien invoque un derecho a limitar el acceso del público y la prensa a los procedimientos de naturaleza civil tiene que probar que no existe una alternativa menos onerosa para salvaguardar tal derecho.

Las demandantes aducen que su solicitud no pretende coartar el derecho de la prensa a “informar al pueblo [de] todos los extremos e interioridades de la reclamación’D’, puesto que, mediante el testimonio de los testigos, la prensa podrá obtener dicha información “sin necesidad de tener que exponerlas a mayor agravio y ridículo dado el contenido sumamente íntimo de las grabaciones”. Petición, pág. 5. En otras palabras, establecen que el perjuicio que pudiera sufrir la prensa al no estar presente durante la presentación de las películas es mínimo en comparación con el daño que sufrirían ellas con la presentación pública de las películas. Ello es así ya que, según ellas, la prensa conservaría el derecho de escuchar todos los testimonios en su totalidad, así como el resto de los procedimientos en los méritos, lo cual le permitiría informar adecuadamente al público sobre los acontecimientos en Sala.

Al salvaguardar el derecho de la prensa a estar presente durante el transcurso de los procedimientos, salvo durante la presentación de las películas, la propuesta de las demandantes satisface el requisito de demostrar que el método propuesto constituye la alternativa menos onerosa disponible para proteger su derecho a la intimidad.

Las demandantes tienen el deber adicional de probar que su interés merece protección estatal y que poseen justa causa para solicitar la restricción antedicha. Como dispusimos antes, las demandantes han establecido con claridad que, dada la jerarquía del derecho a la intimidad en Puerto Rico y el mínimo perjuicio que sufriría la prensa de no *625 estar presente durante la presentación de las películas, el derecho a la intimidad merece mayor protección en este caso. Véase Petición, págs. 45.

[12] En cuanto al requisito de justa causa, las demandantes han demostrado tenerla al establecer el daño claro y palpable que sufrirían de tener que exponer al escrutinio público uno de los momentos más íntimos y privados de todo ser humano. Véase Petición, pág. 5. Aunque, por su naturaleza tan íntima, en todo caso resulta humillante exponer los detalles de una relación sexual, es mucho más degradante observar en corte abierta la presentación en vivo de una relación sexual ocurrida en la intimidad de un hogar, por un tiempo prolongado y con lujo de detalles, que testificar sobre una relación de ese tipo, con el distanciamiento emocional que muchas veces conlleva recrear una situación pasada.

[13-14] A la luz del análisis que antecede, no cabe duda que nos encontramos ante una situación en la cual se justifica la limitación del derecho del público y la prensa a tener acceso a los procedimientos judiciales. La solicitud de las recurrentes en nada afectaría la capacidad de la prensa de escuchar el testimonio de todos los testigos; meramente impediría que la prensa observara de forma directa las películas y detallara su impresión del contenido específico de éstas. NOTA4 Adem ás, no podemos olvidarnos del hecho de que *626 las demandantes comparecieron ante el Tribunal de Primera Instancia precisamente para vindicar su derecho a la intimidad, violentado mediante la filmación y su posterior reproducción no consentidas de unas películas de vídeo. NOTA5 De presentarse dichas películas en corte abierta, frente al público o la prensa, su reclamo de intimidad se tornaría académico. NOTA6 Ante el insignificante perjuicio que sufriría la prensa durante la presentación de las películas en controversia, poco servicio le haríamos a las demandantes si, en lugar de proteger su derecho a la intimidad, termináramos por violentarlo.

NOTA4 Resulta pertinente a ñadir que en la determinación recurrida el tribunal de instancia accedió a que el público desalojara la Sala durante la proyección de las películas, pero determinó que la prensa tenía derecho a permanecer en ella. Al así determinar, el tribunal le extendió mayores derechos a la prensa que al público en general, algo que, según el derecho vigente, no procede. Sabido es que el reconocimiento del derecho de la prensa a tener acceso a estos procedimientos criminales “inexorablemente [ha] conlleva [do] extender iguales derechos y privilegios a la ciudadanía en particular”. Oliveras v. Paniagua Diez, 115 D.P.R. 257, 268 (1984). No podría ser de otro modo, puesto que la función de la prensa no es otra que servirle de instrumento al público y facilitarle información que de otro modo no puede o no desea compilar. Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., 117 D.P.R. 153 (1986). Por lo tanto, si el tribunal entendió que no había impedimento constitucional alguno a que el público desalojara la Sala durante la proyección de las películas, entonces no debió concluir que sí lo había respecto a la prensa.

NOTA5 El demandado recurrido aduce que al presentar su demanda, las demandantes recurrentes renunciaron a toda expectativa de intimidad. En apoyo de dicha contención, cita una serie de casos estatales que tratan exclusivamente de demandas por impericia médica. Los casos son claramente distinguibles.

NOTA6 Sabido es que “[l]os tribunales pierden su jurisdicción sobre un caso por academicidad cuando ocurren cambios durante el trámite judicial de una controversia particular que hacen que ésta pierda su actualidad, de modo que el remedio que pueda dictar el tribunal no ha de llegar a tener efecto real alguno en cuanto a esa controversia”. C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 D.P.R. 927, 935 (1993).

VI

Para salvaguardar el derecho a la intimidad que cobija a las recurrentes y, al mismo tiempo, reducir al mínimo el inconveniente que pudieran sufrir el público y la prensa de tener que entrar y salir continuamente de Sala cada vez que se presenten las películas, consideramos prudente que la presentación de las películas en controversia se lleve a cabo mediante una vista en cámara con las partes pertinentes.

[15] Como dispusimos antes, nuestra Regla 62.2 de Procedimiento Civil, supra, sobre las vistas y órdenes en Cámara, dispone que las vistas en los méritos serán celebradas en corte abierta salvo que, por la naturaleza del procedimiento, el tribunal disponga lo contrario. En dichos casos el tribunal podrá celebrar la vista en su despacho o *627 en otro lugar sin que sea necesario que comparezcan el secretario u otros funcionarios.

[16] La vista en cámara suele ser una alternativa comúnmente acogida no sólo en nuestra jurisdicción, sino también en otras jurisdicciones una vez se determina que existe un interés apremiante del Estado que justifique la limitación del derecho de acceso a los tribunales. Véanse, e.g.: Art. 8 de la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. sec. 2208; Anotación, In camera trial or hearing and other procedures to safeguard trade secret or the like against undue disclosure in course of civil action involving such secret, 62 A.L.R.2d 509 (1958). Mediante este procedimiento se busca preservar la integridad del secreto ( e.g. de negocio o nacional), o derecho ( e.g. a la intimidad) en controversia. Se suele recurrir a él sólo en casos en que éste sea esencial para la administración de la justicia puesto que no hacerlo equivaldría a negarle a la parte que posee dicho secreto o derecho un remedio efectivo. Anotación, In camera trial or hearing and other procedures to safeguard trade secret or the like against undue disclosure in course of civiil action involving such secret, supra, pág. 520. Consideramos que estamos frente a una situación que amerita el que se celebre una vista en Cámara. En ésta, el Tribunal Superior deberá seguir el procedimiento siguiente:

(1) Antes de celebrar la vista en su fondo, el tribunal de instancia citará a las partes con sus respectivos abogados a una reunión en Cámara.

(2) En dicha reunión se presentarán las películas en su totalidad.

(3) Durante el transcurso de las películas, las partes identificarán por segmentos aquellas secciones a las cuales deseen hacer referencia en la vista en su fondo.

(4) Al concluir las películas, el tribunal hará constar lo acontecido en la vista mediante minutas. Estas podrán ser *628 utilizadas por las partes durante la vista en su fondo, de así desearlo.

(5) De surgir alguna controversia durante la vista en su fondo, el tribunal tendrá discreción para tomar cualquier otra medida adicional que considere prudente, siempre que dicha medida sea cónsona con los pronunciamientos anteriores para salvaguardar los derechos de las partes.

VII

Resta evaluar, por último, la posición del demandado respecto a la presentación de las películas. Éste alega en su escrito de oposición que la exclusión de la prensa coartaría significativamente su debido proceso de ley al impedirle llevar a cabo un contrainterrogatorio ininterrumpido. Según él, la única manera de contrainterrogar efectivamente a las demandantes conlleva presentar las películas simultáneamente, lo cual, de concederse la solicitud de las recurrentes, no podría llevarse a cabo sin constantes interrupciones, ya que la prensa tendría que entrar y salir de Sala continuamente cada vez que se presentaran las películas.

No estamos de acuerdo con el recurrido respecto a que la única manera de contrainterrogar a las recurrentes de manera efectiva conlleve necesariamente al mismo tiempo ver las películas. El procedimiento de vista en Cámara, antes detallado, le brinda al recurrido la oportunidad de presentar la película ininterrumpidamente y de referirse a ésta mediante minutas, una vez comience la vista en su fondo. Además, le brinda la opción adicional de solicitar la celebración de una vista posterior en Cámara si durante el transcurso del contrainterrogatorio surge alguna controversia sobre el contenido de las películas y el juez crea necesario presentarlas nuevamente.

En fin, la presentación de las películas en Cámara garantizará que los derechos constitucionales y estatutarios *629 de cada una de las partes interesadas queden debidamente protegidos e impedirá el uso y abuso de evidencia para satisfacer rencores personales o para provocar escándalos públicos.

VIII

A modo de epílogo, reiteramos que con esta decisión no minimizamos ni limitamos el derecho a la intimidad, sino todo lo contrario. En el caso de marras, hemos protegido una violación patente al derecho a la intimidad de las peticionarias frente al interés público de conocer todos los detalles y pormenores del procedimiento judicial. No podemos, sin embargo, crear las condiciones jurídicas que viabilicen que unos derechos individuales en un caso dado avasallen los derechos dimanantes del interés público pertenecientes al conglomerado social.

Como dispusimos antes, no es suficiente reclamar que se ha lesionado el derecho a la intimidad pues, en todo caso, en mayor o menor grado, hay algún aspecto íntimo que se ventila. Hay que analizar la gravedad de esa lesión y, luego de someterla a un análisis de escrutinio estricto, decidir cuál debe prevalecer. Como dijimos en Colón v. Romero Barceló, supra, págs. 580581, citando a Santos Briz:

“Toda lesión de la personalidad es antijurídica salvo que concurra una causa de justificación (legítima defensa, estado de necesidad, acción directa o autoayuda) o el consentimiento del ofendido que no sea contrario a las buenas costumbres. La antijuricidad queda también excluida cuando el acto se considera socialmente adecuado, es decir, conforme a derecho en atención a la ordenación ético social de la vida en común. El reconocimiento de la adecuación social como causa de justificación se opone también al peligro de una extensión excesiva de la protección de la personalidad. Ciertas lesiones de la personalidad son inevitables y han de ser toleradas cuando así lo imponga un criterio razonable de la vida social. Finalmente la antijuricidad del ataque puede ser excluida para salvaguardar intereses que merezcan una especial protección. Los intereses contrapuestos deben ser recíprocamente compulsados, en todos los casos de *630 antagonismo, según principios racionales. La infracción estará justificada únicamente cuando, atendiendo a consideraciones objetivas, el interés del agente público o privado sea de mayor valor o rango. Ha de atenderse al interés más alto cuando la infracción aparece objetivamente como necesaria e inevitable y según las circunstancias, contenido y forma aparece como el medio más indicado y adecuado para obtener, por medio del ataque llevado a cabo, una finalidad lícita y jurídica.’D’ (Citas omitidas y énfasis suprimido.)

Aplicado a la situación fáctica ante nos y en atención a ese balance reconocemos que si bien el interés público de acceso a los procedimientos queda servido con la presencia del público y la prensa en la etapa testifical – aunque se ventilen aspectos muy íntimos- debe ceder al momento de la exhibición de las películas, pues en ese momento el interés de las peticionarias de proteger su intimidad, vida privada, y evitar ataques abusivos a su honra, adquiere mayor importancia que el derecho a libre acceso.

Por los fundamentos que anteceden, revocamos la determinación recurrida.

Se dictará la sentencia correspondiente.

–O–

Opinión concurrente y disidente emitida por el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

Concurro con el resultado al que llega la mayoría en este caso. Para proteger el derecho a la intimidad invocado por las demandantes, el foro de instancia tiene el deber de excluir de su Sala tanto al público como a la prensa durante la presentación de unas películas en las cuales las demandantes aparecen sosteniendo relaciones sexuales con el demandado.

Lo anterior, no obstante, tengo serias reservas en cuanto al dictamen de la mayoría de que en nuestro ordenamiento jurídico existe una garantía constitucional fundamental de juicio público en los procedimientos de naturaleza*631 civil. En su opinión, la mayoría afirma, por puro fíat y escuetamente, que “[a]unque nuestra Constitución sólo garantiza expresamente la apertura de los procedimientos de naturaleza criminal, existe una garantía similar implícita respecto a los procedimientos de naturaleza civil, consagrada en las cláusulas del debido proceso de ley y la libertad de expresión y prensa de nuestra Carta de Derechos”. (Énfasis suplido.) Opinión mayoritaria, pág. 616. La mayoría no explica de modo alguno cómo es que las cláusulas de debido proceso de ley y de libertad de expresión y prensa de nuestra Constitución contienen tal garantía implícita. No se cita su historial ni alguna otra fuente pertinente de derecho para fundamentar adecuadamente su tajante aseveración. Más aún, la mayoría -en su opinión- aplica a casos civiles el esquema formulado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos para limitar el acceso público a juicios criminales. El Supremo federal resolvió en Globe Newspaper Co. v. Superior Court, 457 U.S. 596 (1982), que la garantía a favor del juicio público en casos criminales no es absoluta y que el acceso a dichos procedimientos puede limitarse si existe un interés apremiante que lo justifique ( necessitated by a compelling governmental interest), y si la restricción al acceso se ciñe estrictamente a tal interés ( narrowly tailored to serve that interest). Globe Newspaper Co. v. Superior Court, supra, págs. 607608. En su opinión, la mayoría aplica precisamente esos dos estrictos criterios como condición para que en Puerto Rico se pueda limitar el acceso a procedimientos civiles, aunque nuestra propia Constitución no dispone que el juicio deba ser público en casos civiles ni el Tribunal Supremo federal en caso alguno ha establecido que exista una garantía constitucional de acceso público a tales procedimientos igual a la que ha reconocido para casos penales. La única fuente que cita la mayoría para sostener esta posición es su creencia de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvería en cuanto a procedimientos civiles,*632 lo mismo que ha resuelto en cuanto a los casos penales. Esta postura de la mayoría me parece desacertada. En primer lugar, fundamentar una determinación de índole constitucional únicamente sobre la base de lo que se anticipa que habrá de resolver el Supremo federal es una técnica que tiene visos de acertijo judicial, por ser especulativa. Más grave aún, se trata de un proceder que rebasa por mucho nuestra obligación respecto a las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, según la fijamos en R.C.A. v. Gobierno de la Capital, 91 D.P.R. 416 (1964), y su progenie. Coarta, pues, nuestra relativa autonomía frente a tales dictámenes federales y limita las posibilidades de desarrollar un derecho constitucional con matices propiamente nuestros. NOTA1

NOTA1 En Estados Unidos ha surgido recientemente una tendencia hacia el desarrollo constitucional estatal autóctono. Si ello ha ocurrido allá, nosotros en Puerto Rico tenemos mayores razones que justifican un desenvolvimiento más propio. Véanse: H.A. Linde, E PluribusConstitutional Theory and State Courts, 18 Ga. L. Rev. 165 (1984); S.S. Abrahamson, Criminal Law and State Constitutions: The Emergence of State Constitutional Law, 63 Tex. L. Rev. 1141 (1985); Collins, Reliance on State Constitutions (Developments in State Constitutional Law), B. McGraw ed. 1985.

Por otro lado, la postura que asume la mayoría en este caso es innecesaria para llegar al resultado al que llega; se formula sin una conceptualización normativa y teórica adecuada; es contraria a la política judicial de no decidir los casos ante nos sobre bases constitucionales si existen fundamentos de otra índole que permitan disponer de ellos y puede convertirse en una camisa de fuerza que impida limitar el acceso público en casos civiles en los cuales tal cosa esté justificada. Por todo ello, disiento de esta parte de la opinión.

I

Estoy de acuerdo con que, como principio general, en una democracia todos los procedimientos gubernamentales deben estar abiertos al público y a la prensa. Ello es así ya *633 que, de ordinario, el Gobierno, como mandatario del pueblo, no debe actuar en secreto o a espaldas de quién le ha delegado sus poderes y facultades. Además, el acceso público ayuda a que los procedimientos gubernamentales se realicen adecuadamente y a que se convalide la confianza de la gente en éstos. Sin embargo, hay situaciones concretas en las cuales no puede prevalecer el principio aludido porque existen y deben protegerse otros intereses legítimos del pueblo de mayor rango o jerarquía. Existen circunstancias particulares en las cuales es menester limitar el acceso público al procedimiento gubernamental para salvaguardar derechos y prerrogativas de las personas que integran la colectividad, que son más importantes que el principio general en cuestión.

Las situaciones o circunstancias aludidas antes surgen por razón del derecho fundamental a la intimidad que tiene toda persona en nuestro país. El derecho a la intimidad, que abarca un amplísimo campo y se aplica actualmente a eventos muy diversos, tiene, como se sabe, un historial y un alcance distinto en Puerto Rico al que tiene ese derecho en Estados Unidos. Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978); E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436 (1975); García Santiago v. Acosta, 104 D.P.R. 321 (1975); Cortés Portalatín v. Hau Colón, 103 D.P.R. 734 (1975). En Puerto Rico la intromisión pública en la vida íntima o familiar de la persona privada sólo puede tolerarse cuando así lo requieran intereses públicos apremiantes.

La “constitucionalización’D’ del acceso público a casos civiles que por fíat realiza la mayoría en el caso de autos pone en riesgo la protección particular que hasta ahora le habíamos reconocido en Puerto Rico al derecho a la intimidad, aunque la mayoría, reaccionando a nuestra posición, niegue tal posibilidad. En efecto, independientemente de su retórica defensiva, el hecho es que en su opinión en este caso la mayoría invierte conceptualmente el orden de jerarquía*634 que hasta ahora tenía dicho derecho en nuestro propio ordenamiento constitucional. En nuestra jurisprudencia sobre el particular, para restringir el derecho a la intimidad se requería que existiese un interés público apremiante que así lo justificase. La protección del derecho fundamental a la intimidad era, hasta ahora, la regla general. A ésta se le podía hacer excepciones si existía una razón de tal magnitud que lo justificase. En su opinión en este caso, sin embargo, la mayoría consagra constitucionalmente el acceso público a los procedimientos civiles como la regla general y reduce el derecho fundamental a la intimidad a una posible excepción al acceso público referido. Al copiar aquí, para casos civiles, el esquema del Supremo federal sobre excepciones a la apertura de los juicios criminales, la mayoría -quiera que no- reduce el derecho a la intimidad de nuestro propio ordenamiento jurídico a una posible excepción al derecho más básico de apertura sin tomar en cuenta, de modo alguno, que en Puerto Rico el derecho a la intimidad ha tenido un sitial constitucional superior al que tiene ese derecho en la órbita federal, y sin tomar en cuenta, además, como discutiremos más adelante, que la situación de los casos civiles no es igual a la de los casos penales en el derecho federal ni en Puerto Rico. Cuando menos, al erigir por primera vez el acceso público a los casos civiles al rango de una garantía constitucional general, la mayoría reduce el peso o valor atribuible al derecho a la intimidad en el inevitable proceso de ponderar cuál de los intereses públicos apremiantes en conflicto debe prevalecer. Se menoscaba así la posición especial que el derecho a la intimidad habría ostentado, hasta ahora, en nuestro ordenamiento jurídico.

El menoscabo de la alta jerarquía que tenía nuestro derecho a la intimidad también ocurre por razón de la lista de asuntos que, según la mayoría, constituyen intereses apremiantes que justifican limitar el acceso público a los casos civiles. Para la mayoría, la “preservación de la intimidad”*635 es uno de tales asuntos, así como lo es “la preservación de secretos de negocio”. Es decir, la mayoría no sólo estima que la preservación de los secretos de negocios es un “interés apremiante” -lo que de por sí es sorprendente- sino que lo equipara con el derecho a la intimidad. Este derecho fundamental, que antes tenía el más alto rango constitucional, ahora queda igualado a un interés que, si bien es susceptible de protección, nunca ha tenido un rango de tal magnitud. NOTA2

NOTA2 Estados Unidos la protecci ón de los secretos de negocios se desarrolló como parte del derecho privado en pleitos entre comerciantes. Se trata de una secuela de las normas que prohíben el enriquecimiento injusto y la competencia desleal. No se trata de un interés de rango constitucional. J.L. Nowaczewski, The First Amendment Right of Access to Civil Trials after Globe Newspaper v. Superior Court, 51 U. Chi. L. Rev. 286 (1984).

Resulta irónico que una de las fuentes principales que utiliza la mayoría para sostener su opinión cuestiona precisamente si los secretos de negocios son una categoría adecuada de “intereses apremiantes” que puedan oponerse a una garantía constitucional como la que se reconoce en este caso. Nowaczewski, op. cit., págs. 302306.

La disminución normativa del derecho a la intimidad, que resulta del dictamen mayoritario en este caso, puede tener consecuencias prácticas serias. Un ejemplo claro de ello lo presentan los procedimientos de divorcio. En las jurisdicciones estatales sólo una minoría de los tribunales ha resuelto que la humillación y el bochorno sufridos por las partes, en algunos de estos procedimientos de divorcio, justifican que el juicio civil se lleve a cabo en privado. La mayoría de dichos tribunales han determinado que tales circunstancias no constituyen razón suficiente para negar acceso público al procedimiento de divorcio. La postura de estos tribunales delata una visión menguada del derecho a la intimidad.

En cambio, en Puerto Rico, donde ha prevalecido hasta ahora un derecho a la intimidad amplio y de gran jerarquía, se ha considerado que dicho derecho protege a las personas de tener que ventilar los aspectos íntimos de su vida marital ante los tribunales u otros foros. En efecto, en gran medida, para evitar las indignidades y hostilidades *636 que conllevan muchas de las acciones de divorcio -lesivas del derecho a la intimidad- este Tribunal creó judicialmente la causal de divorcio por consentimiento mutuo en Figueroa Ferrer v. E.L.A., supra. Sería una consecuencia obligada de nuestro dictamen en Figueroa Ferrer v. E.L.A., supra, que aquellas personas que no pueden divorciarse por la causal de consentimiento mutuo, pero que tampoco desean revelar públicamente detalles íntimos de su vida familiar, tienen derecho a que el procedimiento de divorcio no esté abierto al público.

Sin embargo, la posición de la mayoría en el caso ante nos ahora, en efecto, elimina la posibilidad, en casos meritorios, de conducir juicios de divorcio en privado. Las fuentes jurídicas en que se basa la opinión de la mayoría así lo requieren. El menoscabo conceptual del derecho a la intimidad antes señalado nos ubica ahora junto con la mayoría de las jurisdicciones estatales que obligan siempre a ventilar la vida íntima de las personas en juicio público.

II

El principio general sobre la apertura de los procedimientos gubernamentales, mencionado antes, presupone que en dichos procedimientos existe un grado sustancial de interés público. Es decir, para que aplique el principio referido, el procedimiento en cuestión debe involucrar o concernir a la colectividad de algún modo significativo. El ejemplo más claro de esto lo constituye el procedimiento penal. En los juicios criminales el promovente de la acción siempre es el pueblo mismo. Se juzga al acusado por una imputada conducta contra la colectividad. El Gobierno, en la persona del fiscal, actúa en nombre y en representación del pueblo. Por ello, es consustancial con el propio proceso que éste sea un juicio público. Tal, claro está, no es la naturaleza del juicio civil y, por ello, éste no puede equipararse totalmente con el procedimiento penal, como erradamente*637 lo hace la mayoría en su opinión. Los procedimientos civiles son, con mucha frecuencia, pleitos estrictamente entre partes privadas. Como ha señalado un distinguido profesor de Derecho, basándose en los escritos del gran jurista Lon L. Fuller, “[t]he traditional model of civil adjudication in this country envisions private parties bringing a private dispute to a dispassionate arbiter”. A. Miller, Confidentialy, Protective Orders, and Public Access to the Courts, 105 Harv. L. Rev. 428, 431 (1991). En la mayor parte de los casos civiles, la colectividad se limita a proveer un foro neutral donde dilucidar la controversia privada, foro que las partes interesadas pueden usar o no. En estos casos resulta claro que no existe la justificación para un juicio público, que está presente en los casos criminales. Ciertamente no existen en estos casos las razones que justifican, digamos, la intromisión con la vida privada o familiar que puede encontrarse en los juicios criminales.

Así como la mayoría en su dictamen no alude a la importante diferencia que existe entre un procedimiento civil y uno penal, a los fines del asunto ante nos, la mayoría tampoco distingue entre los diversos tipos de interés público que pueden darse en los distintos procedimientos civiles y que pueden justificar, en diferentes grados, el acceso público a éstos. En algunos casos civiles, como cuando se disputa judicialmente, digamos, un resultado electoral, el interés público es claramente comparable al que existe en un juicio criminal, por lo que el derecho de acceso es incuestionable. En otros casos civiles, sin embargo, como cuando se trata de una disputa familiar entre partes puramente privadas, el interés público es bastante limitado, por lo que el derecho de acceso es cuestionable. Someter estos últimos a los estrictos criterios anunciados por la mayoría en su opinión es irrazonable. Como bien se ha señalado en la literatura erudita sobre el particular:

Even when some “public interest” in the litigation exists, one must distinguish between the types of interest that range from *638 curiosity and voyeurism, such as that aroused when a lawsuit involves a celebrity or titillating gossip or scandal, to interest in matters of legitimate public concern, such as that involving the administration of public office or matters affecting public health and safety. The proposals to create a presumptive right of access draw no distinction between these two very different aspects of ““public interest.” Yet it is inappropriate as well as unseemly for courts to refuse to seal court records merely to provide the public with information comparable to that found in a supermarket tabloid. Miller, supra, pág. 467.

III

En resumen, pues, al darle “rango constitucional”, por puro fíat el acceso público a los casos civiles, la mayoría ha abierto una “caja de Pandora” que puede dar lugar a serias controversias y a que queden desamparados intereses particulares que ameritan protección jurídica. Ello, aparte de no estar fundado en una conceptualización normativa y teórica adecuada, es totalmente innecesario. El resultado concreto al que llega la mayoría -con el cual concurro- puede fundamentarse claramente y sin grandes complicaciones en la Regla 62.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Mediante ésta se protege el derecho de acceso público a los casos civiles, al disponerse como norma general que las vistas de dichos casos serán celebradas en corte abierta; pero muy razonablemente se deja a discreción del foro judicial para que en casos como el de marras el tribunal disponga lo contrario, según la naturaleza del procedimiento en cuestión. A la luz del claro y sabio mandato de la regla aludida, los pronunciamientos normativos que aparecen en la opinión mayoritaria en nada acrecentan nuestro propio acervo jurídico, más bien lo limitan. Es precisamente en casos como éste cuando se corrobora la sensatez y gran sentido jurídico de la norma formulada hace más de tres décadas en E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958), reiterada recientemente en Caquías v. Asoc. Res. Mansiones Río Piedras, 134 D.P.R. 181 (1993), de no resolver las controversias judiciales sobre bases constitucionales cuando *639 existan fundamentos de otra índole que permitan disponer de las referidas controversias. Hoy hemos debido aplicar esta norma de autolimitación judicial. Como la mayoría ha optado por seguir otro curso de acción, que creo desacertado, no puedo estar en conformidad con su opinión.

–O–

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado Señor Rebollo López.

No podemos suscribir la opinión que emite una mayoría de los integrantes del Tribunal en el presente caso. La misma, no obstante aparentar defender los derechos de la prensa y del público en general a estar presente durante la celebración de los procesos civiles y criminales que se llevan a cabo en nuestro País, establece un peligroso precedente procesal que viola, precisamente, ese derecho. Veamos.

I

El Tribunal expresa que resulta ser de vital importancia para nuestro sistema de gobierno que el pueblo esté informado sobre lo que sucede, tanto en los procesos civiles como criminales; ello con el propósito de que ese pueblo pueda “fiscalizar” las actuaciones de sus gobernantes.

Por otro lado, expresa la mayoría que el derecho de la prensa, y el público en general, a tener libre acceso a los procedimientos judiciales está consagrado ““en las cláusulas del debido proceso de ley y la libertad de expresión y prensa de nuestra Carta de Derechos” y/o el mismo es “… “consustancial a nuestro sistema democrático de gobierno”. Opinión mayoritaria, pág. 616. Tan es así, sostiene la mayoría de los integrantes del Tribunal, que cualquier limitación a dicho derecho estará sujeta al, y deberá ser examinada a la luz del, estándar del “escrutinio estricto”. *640

Dichas expresiones, dado lo que hace la mayoría inmediatamente, resultan ser huecas y sin sustancia alguna. Ello así ya que la Mayoría, a renglón seguido, conculca o infringe ese derecho meramente a base de unas alegaciones de las demandantes a los efectos de que ellas no consintieron a que sus aventuras amorosas o sexuales fueran filmadas por su pareja. Esto es, el Tribunal erróneamente protege el “derecho a la intimidad” de las demandantes sin que se haya dilucidado plenariamente sus alegaciones y sin darle su “día en corte” a la prensa del País.

Se olvida la mayoría de que el derecho de la prensa a participar de los procedimientos judiciales, como representante de la ciudadanía, responde a su función esencial de mantener a ésta bien informada de todos los asuntos oficiales de las tres (3) Ramas constitucionales de nuestro Gobierno. En específico en cuanto a la Rama Judicial, el derecho de acceso de la prensa a los procedimientos judiciales que se llevan a cabo en nuestro País garantiza, al mantenerla informada de lo acontecido en los mismos, la representación y participación de la ciudadanía en estos procedimientos; de esta manera alertando a los ciudadanos sobre cómo se conducen dichos procedimientos y permitiendo una sana fiscalización de lo allí acontecido por parte de éstos. Ello es básico y fundamental en un país democrático como el nuestro.

El error cometido por la mayoría en el presente caso, sin embargo, es aun más trágico. Ello así ya que la infracción al derecho de la prensa a estar presente en los procedimientos judiciales se lleva a efecto sin que a la prensa del País, “dueña’D’ del mismo, se le dé su “día en corte”. Esto es, la mayoría impunemente viola en el presente caso la cláusula del debido proceso de ley tanto en su aspecto sustantivo como procesal.NOTA1 La raz ón que brinda la mayoría, en el *641 escolio número 2 de la opinión emitida, a los efectos de que los medios de comunicación no han solicitado intervención en el caso, no es ni satisfactoria ni convincente. En relación a ello, basta con decir que este Tribunal, en innumerables ocasiones, le ha concedido motu proprio término para comparecer, y exponer lo que a bien tengan, a “partes” que puedan resultar afectadas por sus decisiones; ello en fiel obediencia al principio fundamental de rango constitucional de que no se le puede quitar un derecho a “persona” alguna sin que ésta haya tenido oportunidad de defenderlo.

NOTA1 El debido proceso de ley se proyecta en dos (2) vertientes, la sustantiva y la procesal. La vertiente sustantiva “persigue proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de la persona”. Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 D.P.R. 562, 576 (1992). Por otro lado, la vertiente procesal “le impone al Estado la obligación de garantizar que la interferencia con los intereses de libertad y de propiedad del individuo se haga a través de un procedimiento que en esencia sea justo y equitativo, que respete la dignidad de los individuos afectados”. Íd., pág. 578.

En cierto modo, nos encontramos ante la ausencia de una “parte indispensable” sin cuya presencia no puede adjudicarse la controversia ante el foro judicial. Como es sabido, una “parte indispensable” es aquella que, no habiendo sido traída al pleito, podría ver afectados sus derechos o intereses al momento de dictarse sentencia o resolución por el tribunal. Rodríguez Rodríguez v. Moreno Rodríguez, 135 D.P.R. 623 (1994); Torres v. Alcalde Mun. de Carolina, 135 D.P.R. 108 (1994).

Resulta obvio que en el presente caso el Tribunal priva a la prensa del País de su derecho a estar presente en todas las etapas de un proceso judicial sin haberle brindado a ésta una oportunidad eficaz de defender su derecho a ello. Lo verdaderamente lamentable de esta situación lo es que, al así actuar el Tribunal, a quien verdaderamente está privando de ese derecho es al ciudadano común y corriente de este País, quien, al fin de cuentas, es la fuente original del derecho de la prensa a estar presente y a quien ésta representa en dichos procedimientos judiciales.

En fin, la decisión mayoritaria hoy emitida es una no sólo errónea sino que contradictoria. La misma constituye un ejemplo clásico de una decisión emitida en el vacío y con total abstracción de la realidad de la situación de hechos *642 ante nuestra consideración. No se puede resolver, con rectitud, cuando el que pretende hacerlo lo hace sin el debido conocimiento e información y sin que todas las partes indispensables en el pleito hayan sido traídas al mismo. Este caso, ni ningún otro, puede ser resuelto correctamente a base de unas meras alegaciones o conjeturas y en el vacío.

Pueblo v. Soto Soto, 168 D.P.R. 46 (2006)

EL PUEBLO DE PUERTO RICO, peticionario,

v.

JAIME SOTO SOTO, recurrido.

Número: CC-2003-472

En El Tribunal Supremo De Puerto Rico.

PETICION DE CERTIORARI para revisar una RESOLUCION de Jocelyn López Vilanova, Roberto Córdova Arone e Ivonne Feliciano Acevedo, Js. del Tribunal de Apelaciones, mediante la cual se revocó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró “no ha lugar” una moción de supresión de evidencia presentada por el aquí recurrido. Se dicta sentencia en la que se revoca la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que se continúe con los procedimientos conforme lo dispuesto en la opinión.

Lisa M. Durán Ortiz, procuradora general auxiliar, Héctor Clemente Delgado, subprocurador general interino, y Ken eth Pamias Velázquez, subprocurador general, abogados *49 de la parte peticionaria; Dixon Cancel Mercado, abogado de la parte recurrida.

LA JUEZ ASOCIADA SENORA RODRIGUEZ RODRIGUEZ emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión tenemos la oportunidad de dilucidar si la entrada de un agente del orden público a un camino vecinal de carácter privado para realizar unas gestiones de vigilancia, en las que utilizó unos binoculares, constituyó un registro irrazonable en violación de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

I

El 1 de mayo de 2001, el agente Joel Soto Ramírez recibió una confidencia anónima en la que se indicó que el Sr. Jaime Soto Soto, residente del Bo. Espino de Añasco, continuaba vendiendo sustancias controladas desde su residencia. El informante describió físicamente al sospechoso y la ubicación de su residencia. En específico, informó que el sospechoso “continuaba viviendo en la misma residencia que está ubicada al pasar el negocio el Arcoiris, la primera entrada a la izquierda entre dos casas pintadas de color crema”. Ese mismo día, alrededor de la 1:30 de la tarde, el agente Soto Ramírez se personó al lugar indicado. En su declaración jurada señaló que se retiró sin ser detectado y dos horas más tarde regresó.

Una vez en el lugar, el agente se ubicó en el camino vecinal bajo un árbol de almendro desde donde tenía plena visibilidad del frente de la residencia. Allí permaneció en un vehículo oficial, no identificado. Según el agente, comenzó una vigilancia discreta utilizando unos binoculares de su propiedad. Alrededor de las 4:20 de la tarde observó que llegó a la residencia un joven montado sobre un caballo. Éste se desmontó del equino y caminó hacia la puerta de la casa. Del interior de ésta salió el sospechoso y, estando ambos fuera de la residencia, el agente presenció una transacción de drogas. *50

Al día siguiente, el agente Soto Ramírez volvió a la vecindad de la residencia del recurrido para continuar con su investigación. Ese mismo día, y poco después del mediodía, el agente se situó en el mismo lugar del día anterior, a unos cien o ciento cincuenta pies de distancia de la residencia del sospechoso. Estando situado en ese lugar observó, mediante el uso de binoculares, dos transacciones de drogas que se efectuaron frente a la marquesina de la residencia del sospechoso.

El agente Soto Ramírez prestó una declaración jurada sobre estos hechos. Por esto, el Tribunal de Primera Instancia expidió una orden para allanar la residencia del recurrido el 8 de mayo de 2001. El allanamiento se realizó el siguiente 11 de mayo y, como producto de este allanamiento, se ocuparon sustancias controladas. [NOTA1] Posteriormente, se presentaron las acusaciones correspondientes.

Oportunamente, el acusado solicitó la supresión de la evidencia incautada. En específico, alegó que las gestiones investigativas que realizó el agente Soto Ramírez, cuyo resultado dio base para la expedición de la orden de allanamiento, constituyeron un registro e invasión a su privacidad. Ello por razón de que el lugar desde el cual se realizaron estas gestiones era propiedad privada y el agente no tenía autorización para estar allí. Alegó, además, que la orden de allanamiento se obtuvo mediante una declaración jurada falsa y estereotipada. El Ministerio Público replicó a la moción de supresión de evidencia y expresó que las observaciones fueron hechas fuera de la residencia del peticionario, en un lugar público.

A solicitud de la defensa, el Tribunal de Primera Instancia realizó una inspección ocular del lugar de los hechos. El tribunal consignó que se trataba de un vecindario rural que se compone de siete a ocho casas a las cuales se tiene *51 acceso por dos entradas. La calle está asfaltada, aunque en malas condiciones, y la entrada de la calle estaba precedida por unas cadenas. El tribunal describió que las casas estaban bastante cerca unas de las otras y el árbol de almendro ubica en un área visible.

Posteriormente, el tribunal celebró la correspondiente vista de supresión de evidencia. En la vista, el señor Soto Soto testificó que su residencia está enclavada en una finca privada perteneciente a su familia, la cual es compartida por siete casas adicionales. El agente Soto Ramírez declaró que tras recibir la confidencia se dirigió al lugar de referencia y entró por una calle vecinal. Sostuvo que cuando realizó sus gestiones investigativas no existían las referidas cadenas o alguna otra señal que indicara que el área era privada. Afirmó, también, que desconocía que los vecinos del lugar fueran miembros de una misma familia.

Asimismo, el sargento Luis Carrero, de la división de drogas de Mayagüez, testificó que conocía el lugar y que anteriormente se habían efectuado vigilancias dentro del vecindario y que nunca había visto signos que indicaran que el área fuese privada. Además, se presentó prueba de que en el área se hace recogido de basura y el camino tiene postes de alumbrado y líneas eléctricas. [NOTA2] El Ministerio Público y la defensa sometieron en evidencia sendas fotografías del vecindario donde ubica la residencia del recurrido.

Luego de aquilatar la prueba, el Tribunal de Primera Instancia declaró “no ha lugar” la moción de supresión de evidencia presentada por el acusado. En su resolución, el foro de primera instancia dio entero crédito al testimonio del agente Soto Ramírez, quien al hacer las vigilancias creía de buena fe que el lugar era público. Dicho foro estableció, además, que el testimonio del agente no fue controvertido *52 en su esencia y que de la inspección ocular que se realizó se pudo corroborar que tal testimonio era creíble y físicamente posible.

Inconforme, el señor Soto Soto acudió ante el antiguo Tribunal de Circuito de Apelaciones. [NOTA3] En la sentencia dictada, el foro apelativo concluyó que el Tribunal de Primera Instancia erró al denegar la moción de supresión de evidencia. El foro intermedio basó su decisión en los siguientes fundamentos, a saber: (a) que la vigilancia mediante binoculares realizada dentro de la propiedad del acusado, sin autorización de éste o de alguna otra persona con la legitimación para concederla, es de por sí una invasión a la intimidad y un registro ilegal, y (b) que el uso de binoculares para observar la residencia del acusado constituyó un registro per se para lo cual se carecía de orden, por lo que la información obtenida mediante tal mecanismo también se obtuvo de manera ilegal y debía suprimirse.

El tribunal intermedio apelativo sostuvo que el recurrido tenía una expectativa razonable de intimidad sobre el lugar, por lo que el agente Soto Ramírez necesitaba autorización de la familia o una orden judicial para entrar a la propiedad privada y realizar su investigación.

Inconforme con tal determinación, el Procurador General acudió ante nosotros mediante un recurso de certiorari y señaló la comisión de dos errores. [NOTA4] Oportunamente expedimos *53 el auto solicitado. Ambas partes han comparecido, por lo que estamos en posición para resolver y pasamos a así hacerlo.

II

Nuevamente nos debemos dar a la tarea de lograr el debido equilibrio entre dos importantes intereses que convergen en nuestra sociedad y suelen colisionar entre sí. Por un lado, la garantía individual contra registros y allanamientos irrazonables, producto de los conceptos de libertad y de dignidad inherentes al ser humano, [NOTA5] y el deber del Estado de combatir y prevenir la criminalidad, procurando una mejor calidad de vida para sus ciudadanos.

Al efectuar este fino balance debemos adoptar criterios claros que permitan reconciliar los intereses involucrados sin perder de vista los valores enraizados en nuestro pueblo y sin procurar interpretaciones que se erijan como obstaculos *54 a la labor del Estado en su lucha contra el crimen. Véanse: Pueblo v. Muñoz, Colón y Ocasio, 131 D.P.R. 965 (1992); Pueblo v. Pérez Pérez, 115 D.P.R. 827 (1984). Después de todo, los Constituyentes indicaron de modo expreso y claro que las garantías constitucionales, como el derecho a la intimidad, “tienen su límite en la conducta criminal”. 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2568 (1961). Véanse, además: Pueblo v. Santiago Feliciano, 139 D.P.R. 361 (1995); Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496 (1988).

En el presente caso, el recurrido sostiene que procede suprimir la evidencia incautada porque el lugar desde donde el agente observó la alegada transacción ilegal de drogas era propiedad privada y éste no estaba autorizado a estar en ese lugar, por lo que sus observaciones constituyen un registro irrazonable. Consiguientemente, no procedía expedir una orden de registro y allanamiento a base de estas observaciones. Sostiene, además, que la utilización de unos binoculares para observar hacia su residencia constituyó, per se, un registro irrazonable. El Tribunal de Apelaciones avaló la posición del recurrido.

El Procurador General, por su parte, sostiene que no se violó la protección constitucional, ya que el recurrido no tenía una expectativa razonable de intimidad respecto al camino vecinal desde donde el agente hizo sus observaciones, a pesar de la naturaleza privada de dicha área, puesto que el lugar específico donde se ubicó el agente debe considerarse campo abierto y no parte de las inmediaciones o curtilage de la residencia del recurrido.

Planteada la controversia bajo estos términos, pasemos a analizarla.

III

[1] La protección contra registros e incautaciones irrazonables protege a las personas, no a los lugares. *55Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 147 D.P.R. 433, 440 (1999). El alcance de la protección constitucional dependerá de si la persona afectada alberga subjetivamente una expectativa legítima de intimidad en un lugar y es razonable que abrigue tal expectativa. Ello constituye la piedra de toque de esta doctrina constitucional. Pueblo v. Bonilla, 149 D.P.R. 318 (1999). Véanse, además: California v. Ciraolo, 476 U.S. 207, 211 (1986); Katz v. United States, 389 U.S. 347, 360 (1967), opinión concurrente del Juez Harlan.

[2] En este análisis hay que determinar si las acciones de la persona afectada demuestran inequívocamente “la intención de alojar dicha expectativa”. Pueblo v. Ortiz Rodríguez, ante, pág. 442. También hay que determinar si bajo las circunstancias del caso en particular es razonable socialmente tener tal expectativa. Loc. cit. En Oliver v. United States, 466 U.S. 170, 182-183 (1984), el Tribunal Supremo de Estados Unidos definió esta última interrogante de la manera siguiente:

The test of legitimacy is not whether the individual chooses to conceal assertedly “private” activity [but instead] whether the government’s intrusion infringes upon the personal and societal values protected by the Fourth Amendment. Véase E.L. Chiesa, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1991, Vol. I, pág. 345.

[3-4] El interior del hogar es, sin duda, la zona sobre la cual una persona legítimamente tiene la mayor expectativa de intimidad. [NOTA6] Entrelazado a este núcleo de protección se encuentra el área circundante al hogar, lo que se conoce en la doctrina como la inmediación o curtilage. *56 Así, en Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1991), sostuvimos que la protección contra registros y allanamientos irrazonables se extiende más allá de una residencia para incluir la zona contigua a ésta. Esta zona protegida comprende “la zona contigua a la casa, compuesta por el terreno y las estructuras accesorias”. Íd., pág. 683. Esta área goza de protección constitucional porque se estima que a ella se extiende la actividad íntima del hogar y de la persona, por lo que debe considerarse parte de la residencia para efectos de la prohibición contra registros y allanamientos irrazonables. Pueblo v. Ortiz Rodríguez, ante, pág. 444. Véase, además, Oliver v. United States, ante, pág. 180 (“curtilage is the area to which extends the intimate activity associated with the ‘sanctity of a man’s home and the privacies of life,’ and therefore has been considered part of the home itself for Fourth Amendment purposes”). [NOTA7]

[5] Sin embargo, esta protección no se extiende a las zonas que se encuentran fuera del curtilage, es decir, las que forman parte del campo abierto, ya que a esta área no se extienden aquellas actividades íntimas del individuo que están protegidas de la intromisión por parte del Estado y sus agentes. Pueblo v. Rivera Colón, ante. Véanse, por ejemplo: Oliver v. United States, ante, pág. 177 (“the government’s intrusion upon the open fields is not one of those ‘unreasonable searches’ proscribed by the text of the Fourth Amendment”); Hester v. United States, 265 U.S. 57, 59 (1924) ( “the special protection accorded by the Fourth Amendment to the people in their ‘persons, houses, papers, *57 and effects,’ is not extended to the open fields. The distinction between the latter and the house is as old as the common law”).

[6] De ordinario, entonces, observaciones hechas por unos agentes del orden público desde fuera del curtilage de actividades o eventos que se desarrollen en el curtilage, no está prohibida por la Constitución. Aunque ciertamente, ello no implica que toda observación pase el crisol constitucional. Véase discusión, infra.

En Pueblo v. Rivera Colón, ante, reconocimos que puede ser difícil determinar hasta dónde se extiende el área circundante o curtilage. Entendido el contexto de donde proviene el concepto curtilage, es natural la dificultad que éste entraña a la hora de delimitar su extensión.

[7] Como resultado de esta dificultad hemos sido reacios a adoptar una línea de demarcación específica para el curtilage. [NOTA8] Así, en Pueblo v. Rivera Colón, ante, citando con aprobación el estándar cuatripartito enunciado en United States v. Dunn, 480 U.S. 294 (1987), sostuvimos que para determinar si un lugar puede ser considerado como parte del curtilage hay que sopesar los factores siguientes: (1) proximidad a la residencia de la zona reclamada como curtilage, si está muy próxima es mucho más probable que el área sea considerada como tal; (2) si el área se encuentra dentro de los linderos de la casa; (3) la naturaleza y el uso de la zona, y (4) las medidas adoptadas por el residente para protegerla de observaciones que puedan hacer los *58 transeúntes que por allí pasan. Véase, también, Pueblo v. Meléndez Rodríguez, 136 D.P.R. 587 (1994). Hemos señalado que estos factores deben analizarse conjuntamente, pues ninguno de ellos por sí sólo resulta determinante. Pueblo v. Bonilla, ante, págs. 330-331. Véase Comentario, Curtilage or Open Fields?: Oliver v. United States Gives Renewed Significance to the Concept of Curtilage in Fourth Amendment Analysis, 46 (Núm. 3) U. Pitt. L. Rev. 795 (1985).

Al aplicar los criterios antes mencionados a los hechos de este caso, concluimos que el lugar donde se encontraba el agente de la policía no formaba parte del curtilage de la residencia del acusado. Primeramente, el lugar donde se apostó el agente para hacer su observación –el camino vecinal– quedaba a una distancia de aproximadamente cien pies de la residencia del acusado. Segundo, ésta es un área abierta donde, debido a la configuración de los lotes de terreno, no se pueden delimitar los linderos de los lotes. Ello así, entre otras razones, debido a que las residencias que allí ubican no están cercadas.

Finalmente, y conforme se infiere de las fotografías admitidas en evidencia y del acta de inspección ocular levantada por el Tribunal de Primera Instancia, el balcón o la marquesina donde, alegadamente, se llevaron a cabo las transacciones de drogas, es un área abierta. No hay duda que todo lo que ocurra en el balcón o en la marquesina puede ser visto por terceros desde las casas cercanas, los patios de éstas o el camino asfaltado desde donde se hicieron las observaciones.

Al analizar en conjunto todos los criterios identificados en Pueblo v. Rivera Colón, ante, forzosamente debemos concluir que el lugar desde donde el agente Soto Ramírez hizo sus observaciones no formaba parte del curtilage de la residencia del señor Soto Soto. Por el contrario, dicha área se encuentra en lo que se conoce como el campo abierto, por *59 lo que, de ordinario, las observaciones hechas desde esta área no están sujetas a la prohibición constitucional.

[8] B. La doctrina de campo abierto se refiere a aquellas áreas con carácter privado que están fuera de las inmediaciones de la residencia o terreno circundante que de ordinario están accesibles al público y que por tal accesibilidad no están cobijadas por una protección consti tucional. Véanse: Pueblo v. López López, 129 D.P.R. 287 (1991); Hester v. United States, ante; Oliver v. United States, ante, pág. 184; Comentario, ante. Es decir, son aquellas áreas que por su accesibilidad al público no constituyen el escenario idóneo para la ejecución de actividades íntimas en sí mismas. Oliver v. United States, ante, pág. 179.

En United States v. Dunn, ante, pág. 304, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, al validar las observaciones hechas por unos policías, quienes se encontraban fuera del curtilage pero dentro de la propiedad privada del acusado, sostuvo: “[T]here is no constitucional difference between police observations conducted while in a public place and while standing in the open fields.” (Énfasis nuestro.)

Antes bien, aun cuando este lugar no forma parte del curtilage y sí del campo abierto, debemos de evaluar si, a la luz de los hechos del caso, la observación del agente Soto Ramírez viola alguna expectativa de intimidad razonable del acusado. Éste arguye en la afirmativa bajo el fundamento de que el lugar desde donde se efectuaron las observaciones era propiedad privada y el agente no estaba autorizado a entrar, por lo que el registro fue irrazonable.

IV

En el caso de autos, donde la observación se hizo desde el campo abierto, la pregunta que debemos formularnos es si la intromisión del Estado infringe los valores personales *60 y sociales de intimidad protegidos por la prohibición constitucional.

[9] Para definir qué constituye una razonable expectativa de intimidad en este contexto debemos considerar los siete factores siguientes: el lugar registrado o allanado; la naturaleza y el grado de intrusión de la intervención policíaca; el objetivo o propósito de la intervención; si la conducta de la persona indicaba una expectativa subjetiva de intimidad; la existencia de barreras físicas que restrinjan la entrada o la visibilidad al lugar registrado; la cantidad de personas que tiene acceso legítimo al lugar registrado, y las inhibiciones sociales que se relacionen con el lugar registrado. Pueblo v. Meléndez Rodríguez, ante, pág. 605; Pueblo v. Rivera Colón, ante. Véase, además, Katz v. United States, ante.

[10] De entrada, hay que señalar que el hecho de que el camino donde se apostó el agente Soto Ramírez fuera privado no es, por sí sólo, determinante en esta discusión. Como ya señalamos, la protección constitucional contra registros y allanamientos irrazonables protege personas, no lugares. La doctrina que postulaba que los intereses propietarios eran determinantes a la hora de evaluar una actuación del Estado a la luz de esta prohibición constitucional, está ya desacreditada. Katz v. United States, ante, págs. 351-352, y casos allí citados. Véase Rakas v. Illinois, 439 U.S. 128, 144 esc. 12 (1978) (“even a property interest in premises may not be sufficient to establish a legitimate expectation of privacy with respect to particular items located on the premises or activity conducted thereon”). Véanse, además: U.S. v. Hatfield, 333 F.3d 1189, 1198-1199 (10mo Cir. 2003) (” ‘The fact that the officers trespass onto private property does not transform their actions into a “search” within the meaning of the fourth amendment.’ … [T]he fact that a state may have chosen to protect the property interests of its citizens by making trespass a crime … does not affect the analysis of a person’s Fourth *61 Amendment interest”); Com. v. Simmons, 466 N.E.2d 85 (Mass. 1984).

En el presente caso, el agente entró a las inmediaciones del lugar donde ubica la casa del imputado por uno de los dos caminos que existen en ese barrio. [NOTA9] Ubicó allí su auto y desde su interior, utilizando los binoculares, hizo las observaciones que dieron base a la orden de allanamiento expedida. El camino está accesible y abierto al público en general y se encuentra asfaltado. No había en dicho lugar ningún letrero que indicara que el lugar era privado y que, por lo tanto, se prohibía la entrada. Tampoco existen barreras naturales que dificulten el acceso al lugar donde se ubicó el agente Soto Ramírez. Además, desde dicho lugar se podía observar sin restricción alguna y con completa visibilidad la marquesina y el balcón de la residencia del acusado.

El municipio utiliza el camino para el recogido de basura, así como también la Autoridad de Energía Eléctrica. Sirve de acceso a varias otras residencias que allí ubican, así como a terceros que estén de visita a esas casas. Lo cierto es que toda persona que tenga una razón legítima para entrar al área donde ubica la residencia del recurrido puede utilizar el camino para acceder al lugar. Siendo ello así, los agentes del orden público que estén en gestiones legítimas de investigación tienen también el mismo derecho a utilizar el camino asfaltado.

En este caso, el agente Soto Ramírez se encontraba investigando una confidencia legítima en la que se daba parte de actos ilícitos en la vecindad, entró al lugar a través del referido camino, el cual permitía el libre acceso, por lo que, ante este cuadro, podía observar todo lo que ocurriese a plena vista. *62

En United States v. Roberts, 747 F.2d 537, 541-542 (9no Cir. 1984), los agentes penetraron a un camino privado, observaron unas actividades delictivas, procedieron a arrestar a varias personas y a ocupar cierta evidencia. El camino en Roberts era compartido por los residentes de las restantes cinco residencias del área y era de libre acceso. El tribunal resolvió que los agentes del orden público en el curso de una investigación criminal pueden entrar en áreas residenciales que expresamente estén accesibles al público o que implícitamente estén abiertas a visitantes casuales. [NOTA10] Específicamente se indicó:

A shared unobstructed road is incongruent with the common law concept of the curtilage …. Used in common with res idents of five other houses, the private road is only a means to reach the public road. The private road does not provide the setting for intimate activities of home life. The activities conducted on a road –driving a car, riding a bike, or walking– are impersonal, public activities. Moreover, the road is easily accessible to utility companies and police and fire departments and it is reasonable to assume that the residents would expect these public agencies to use the road in performing their services. Íd.

Concluimos, por lo tanto que, a la luz de los hechos particulares en este caso, los agentes del orden público podían válidamente estar en el camino vecinal y desde allí observar la residencia del recurrido. El agente Soto Ramírez, una vez logró acceso al lugar, circunscribió su vigilancia a aquellas áreas que están abiertas al escrutinio físico o visual de cualquier visitante que estuviera en el lugar. Ciertamente, quien realiza actividades que están accesibles al escrutinio físico o visual de un transeúnte o visitante casual no puede reclamar expectativa razonable de intimidad acerca de esas actividades.

[11] Lo cierto es que el acusado no tomó precaución *63 alguna para mantener en privado las actividades que efectuaba en la marquesina y balcón de su casa. Quien desee mantener en secreto una operación de venta ilegal de drogas no puede llevar a cabo sus transacciones a plena vista de terceros. Lejos de albergar una expectativa de intimidad, quien así actúa asume el riesgo que su operación sea descubierta por agentes del orden público. La protección contra registros y allanamientos irrazonables no se puede invocar como gracia divina para salvaguardar al que viole la ley a plena vista y al alcance del que quiera ver u oír. La Carta de Derechos de la Constitución es áncora de libertad, no dispensador de inmunidad. Por lo tanto, las observaciones realizadas por el agente Soto Ramírez desde el camino vecinal que dieron base para solicitar la orden de allanamiento, no configuraron una violación a la garantía constitucional contra registros y allanamientos irrazonables.

V

En el caso de autos existe un elemento adicional que amerita nuestra atención. Nos referimos a los binoculares que el agente Soto Ramírez usó para observar la residencia del recurrido. Como indicamos anteriormente, el recurrido reclamó que su utilización constituye, per se, un registro irrazonable.

Hasta ahora, no habíamos tenido oportunidad de evaluar si la utilización de artefactos tecnológicos, en este caso los binoculares, varía o incide en el análisis relacionado con la prohibición constitucional contra registros y allanamientos irrazonables.

Al sopesar el planteamiento ante nuestra consideración, partimos de la premisa de que el análisis aplicable es el de expectativa razonable de intimidad que hemos utilizado para determinar si se ha infringido la norma constitucional que prohíbe los registros y allanamientos irrazonables. Además, pesa en nuestro ánimo que el artefacto utilizado *64 en este caso como técnica investigativa es un binocular, aditamento que está fácilmente accesible y disponible al público en general. E.g., Kyllo v. United States, 533 U.S. 27 (2001). Tan es así, que el utilizado en este caso era propiedad del propio agente.

En la discusión que antecede concluimos que el recurrido Soto Soto no podía albergar razonablemente una expectativa de intimidad, por lo que no se configuró un registro irrazonable. El hecho de que el agente utilizara unos binoculares –como ayuda en su observación– no varía el resultado al que llegamos. La observación hecha con los binoculares es la misma observación que se podía efectuar sin la ayuda de éstos, pues la alegada transacción estaba efectuándose en un lugar a plena vista de terceros y podía observarse fácilmente desde donde se encontraba el agente.

[12] La utilización de instrumentos como los binoculares sirve para preservar la confidencialidad de la investigación en la medida que dificultan que se detecte la presencia del agente del orden público. Además, es un instrumento que contribuye a proteger la seguridad del agente que lleva a cabo la investigación. Estimamos que la utilización de unos binoculares como técnica investigativa en los albores del siglo XXI no ofende los estándares de intimidad que nuestra sociedad estima.

El profesor LaFave, en su tratado 1 Search and Seizure: A Treatise on Fourth Amendment Sec. 2.2(c), pág. 472 (2004), avala el análisis antes descrito e indica:

Under this particular balancing of privacy and law enforcement interests, it is submitted, Fourth Amendment restrictions should not be imposed when the police have done no more than: (1) use binoculars to observe more clearly or carefully that which was in the open and thus subject to some scrutiny by the naked eye from the same location; or (2) use binoculars to view at a distance that which they could have lawfully observed from closer proximity but for their desire not to reveal the ongoing surveillance. When this is the nature *65 of the police conduct vis-a-vis evidence or conduct located in the open, the assistance provided by the binoculars should no be characterized as a search. Véanse, en igual sentido: People v. Clark, 350 N.W.2d 754 (Mich. App. 1984); United States v. Lace, 669 F.2d 46 (2do Cir. 1982); United States v. Minton, 488 F.2d 37 (4to Cir. 1973); United States v. Grimes, 426 F.2d 706 (5to Cir. 1970). Véanse, además: S.E. Henderson, Nothing New Under the Sun? A Technologically Rational Doctrine of Fourth Amendment Search, 56 (Núm. 2) Mercer L. Rev. 507 (2005); S.D. Thueson, Fourth Amendment Search — Fuzzy Shades of Gray: The New “Bright-Line” Rule in Determining When the Use of Technology Constitutes a Search. Kyllo v. United States, 121 S. Ct. 2038 (2001), 2 (Núm. 1) Wyo. L. Rev. 169 (2002); L.K. Marks, Telescopes, Binoculars, and the Fourth Amendment, 67 (Núm. 2) Cornell L. Rev. 379 (1982).

[13] A base de lo anterior, concluimos que la observación hecha utilizando binoculares no constituye, per se, un registro irrazonable. [NOTA11]

Para resumir, en el caso de autos el agente de la policía estaba en un lugar en el que podía estar sin ofender la garantía constitucional, es decir, en el campo abierto. Desde ahí observó la marquesina y el balcón de la casa del acusado con la ayuda de unos binoculares de su propiedad. El recurrido, alegadamente, llevaba a cabo unas transacciones de venta de drogas a plena vista. La utilización de los binoculares permitió que la presencia del agente Soto Ramírez en el lugar no fuese detectada. Además, permitía observar con mayor claridad aquello que a simple vista se podía ver legítimamente. En virtud de ello, tenemos que concluir que en este caso, el utilizar los binoculares no supuso violación a la Constitución.

Por los fundamentos anteriormente expuestos, revocamos la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones y determinamos que en las circunstancias particulares del caso de autos no hubo un registro y allanamiento irrazonables, por lo que no procedía la solicitud de supresión de *66 evidencia. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe con los procedimientos conforme lo aquí dispuesto.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurrió con el resultado en vista de los hechos específicos y particulares del caso. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.

NOTA1. Según el testimonio de los agentes, cuando éstos se disponían a diligenciar la orden de allanamiento en la casa del señor Soto Soto, éstos se percataron de que se estaba realizando una transacción de drogas frente a la residencia. En consecuencia, arrestaron también a Jaime Soto Castro, José Vázquez y José Colón.

NOTA2. En la vista de supresión de evidencia testificaron, también, los agentes Manuel Caraballo Vázquez y José L. Chaparro, quienes declararon sobre el diligenciamiento de la orden de allanamiento; Milton Acosta Ortiz, quien practicó las pruebas de campo, y la químico Mabel Ruiz.

NOTA3. Mediante Sentencia de 5 de septiembre de 2002, el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones desestimó el recurso presentado por falta de jurisdicción. El 6 de marzo de 2003 revocamos el referido dictamen mediante sentencia y devolvimos los autos al foro apelativo intermedio para la continuación de los procedimientos.

NOTA4. Los errores señalados fueron:

“Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al darle excesiva importancia al supuesto carácter privado y la alegada presencia de cadenas en la entrada del camino desde el cual el agente investigador prestó investigación y determinar en consecuencia que su intervención fue injustificada e irrazonable, ello a pesar de que el Ministerio Público demostró mediante fotos que no existía tal expectativa a la intimidad cuando el camino vecinal privado tiene libre acceso al público en general, y que estas cadenas no estuvieron mientras se realizó la vigilancia y el posterior diligenciamiento de la orden de allanamiento, según lo declarado por el agente del orden público, el cual le mereció entero crédito al Tribunal de Primera Instancia.

“Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al declarar con lugar la supresión de evidencia bajo el fundamento equivocado de que el Tribunal de Primera Instancia no dirimió la credibilidad del agente investigador, cuando en la Resolución del Tribunal de Primera Instancia, éste concluyó enfáticamente que los testimonios de los agentes fueron creíbles y físicamente posibles. Particularmente, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que el testimonio del agente investigador no fue controvertido por testimonio alguno o evidencia del acusado. Tampoco se impugnó la credibilidad de éste. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al no descartar el testimonio del agente Soto Ramírez.”

NOTA5. La Sec. 10 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dispone lo siguiente:

“No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables.

* * *

“Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación ….

“Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los tribunales.” Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, págs. 310-311.

En Puerto Rico, la protección constitucional contra registros y allanamientos irrazonables surge además del Art. II, Sec. 1 de la Constitución, que declara la inviolabilidad de la dignidad del ser humano, y del Art. II, Sec. 8, que expresamente dispone que “toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar”. Const. E.L.A., supra, pág. 301. Véase E.L. Chiesa, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1991, Vol. I, 1991, pág. 408.

NOTA6. Hay que acotar, sin embargo, que aun cuando existe una expectativa razonable de intimidad en el hogar o sus inmediaciones, ello no quiere decir que tal área está cobijada por un manto de total inmunidad a la observación casual u ordinaria que pueda hacer un agente del orden público. E.g., California v. Ciraolo, 476 U.S. 207, 213 (1986) (“The Fourth Amendment protection of the home has never been extended to require law enforcement officers to shield their eyes when passing by a home on public thoroughfares”). Después de todo, lo que se expone a la vista públicamente, aunque sea en el hogar, no está protegido por la prohibición constitucional contra registros y allanamientos irrazonables.

NOTA7. Históricamente, el concepto curtilage se extrapoló del delito de robo domiciliario del derecho común anglosajón a la jurisprudencia de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Blackstone señala: “And if the barn, stable, or warehouse be parcel of the mansionhouse, though not under the same roof or contig uous, a burglary may be committed therein; for the capital house protects and priv ileges all it’s branches and appurtenants, if within the curtilage or homestall.” W. Blackstone, Commentaries on the Law of England, Londres, Dawsons of Pall Mall, 1966, pág. 225. Ciertamente, en la Inglaterra del siglo XVIII era relativamente sencillo identificar el curtilage porque era colineal con la verja que rodeaba la mayoría de las viviendas.

NOTA8. Sobre esta dificultad se ha señalado: “The problem with curtilage is partially an architectural one. England’s landscape architecture is different from America’s landscape, making it difficult for our courts to translate the curtilage doctrine into the America context.” B. Peters, Fourth Amendment Yard Work: Curtilage’s Mow-Line Rule, 56 (Núm. 4) Stan. L. Rev. 943, 963 (2004). Véase, además, Wright v. State, 77 S.E. 657, 658 (Ga.Ct.App.1913) (“it was unfortunate that this term ‘curtilage,’ found in the English statutes defining the offense of burglary, and which applies to the dwelling and the houses surrounding the dwelling house in England, should have been perpetuated in the statutes of different states; for the term is not strictly applicable to the common disposition of enclosures and buildings constituting the homestead of the inhabitants of this country …”).

NOTA9. Hay que apuntar, sin embargo, que aun cuando hablamos de dos caminos, lo cierto es que según se infiere de las fotografías sometidas en evidencia por el Ministerio Público, una persona puede tener acceso al área de la residencia del recurrido, así como al área desde donde se hicieron las observaciones, por distintos lugares, ya que este lugar es abierto.

NOTA10. Véanse: People v. Edelbacher, 766 P.2d 1 (Cal. 1989); Com. v. Simmons, 466 N.E.2d 85 (Mass. 1984); Mitchell v. State, 792 So.2d 192 (Miss. 2001); State v. Pinkham, 679 A.2d 589 (N.H.1996).

NOTA11. Distinto sería el caso si el propósito de utilizar el artefacto tecnológico fuera para observar aquello que no se podría ver sin una intrusión inconstitucional en la intimidad de la persona.

P.R., 2006

Resumen: Colón v. Romero Barceló 112 D.P.R. 517 (1982) [brief]

Hechos

  • El equipo del entonces gobernador Romero Barceló le solicitó permiso a los familiares de una persona asesinada utilizar la foto del cadáver de éste para una campaña televisiva a favor de una propuesta política. Los familiares se negaron. Como quiera transmitieron el anuncio. Los familiares le solicitaron que cesaran su difusión, pero no es complacida su petición.
  • Debido a ello, los familiares del occiso entablaron una demanda por daños y perjuicios bajo el artículo 1802 por violación al derecho constitucional a la intimidad.
  • Los demandados alegaron como defensa que su acción estaba protegida por ser una de interés público, y por ser el ejercicio del derecho constitucional a la libertad de expresión.

Controversia

  1. ¿Se pueden demandar bajo el 1802 por violación al derecho constitucional a la intimidad?
  2. ¿Son defensas válidas el estatus de interés público y el derecho a la libertad de expresión para difundir una foto que potencialmente lesiona intimidad de terceras personas?

Decisión

  1. Sí, se puede demandar bajo el artículo 1802 por violación al derecho constitucional a la intimidad.
  2. Sí, es una defensa válida el estatus de interés público, pero el medio utilizado debe ser uno imprescindible para el propósito que ser persigue, lo cual no es la situación de autos. En cuanto a la libertad de expresión, en casos como éste el derecho a lo privado es de mayor jerarquía que tal libertad.

Fundamentos

  • El derecho a la intimidad bajo la Constitución del Estado Libre Asociado opera ex propio vigore, y se puede hacer valer frente a personas privadas.
  • “El artículo 1802…como formular abarcadora que rige la legalidad en el campo de lo civil de toda acción u omisión de la conducta humana, acepta conceptualmente el derecho a la intimidad como parte integrante de los derechos de la personalidad”. Citan a Castán.
  • Citana Santos Briz:

* “La autorización para hacer una fotografía no incluye la autorización para publicarla, ya que la publicación afecta a la personalidad del interesado más intensamente que el simple hecho de retratarlo.

* “… se admite la publicación de fotografías hechas sin petición del interesado cuando así lo justifique un serio interés artístico. Pero aún en estos casos no debe tolerarse hacer una fotografía o publicarla cuando a ello se oponga un interés legítimo del fotografiado”.

  • La defensa del “interés público” es una “oponible” a las acciones de autos, pero para ello, según Santos Briz debe ser la intromisión “necesaria e inevitable y constituye el medio más adecuado para obtener un fin lícito”. Este no es el caso.
  • En cuando al argumento de la libertad de expresión, se dice que este derecho no es de mayor jerarquía que “el derecho a lo privado”.

Enlaces relacionados:

  1. Resumenes de Jurisprudencia de daños y perjuicios
  2. Daños y perjuicios en Puerto Rico (información general)
  3. Comentarios sobre el tema de daños y perjuicios.
  4. Artículos del Código Civil sobre daños y perjuicios
  5. Resumenes de Jurisprudencia de otros temas