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Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, DACO


GOBIERNO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL SECRETARIO

REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADJUDICATIVOS

Aprobado 13 de junio de 2011

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL SECRETARIO

Gobierno de Puerto Rico

Apartado 41059 -Estación Minillas
Santurce, Puerto Rico 00940

REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADJUDICATIVOS

Regla 1— Propósito.

El propósito de estas reglas es asegurar la solución justa, rápida y económica de las querellas presentadas ante o por el Departamento y proveer un procedimiento uniforme para su adjudicación.

Regla 2 – Autoridad Legal.

Estas reglas se promulgan conforme a los artículos 6 (d), 6 (e), 6 (f), 6 (g), 6 (i), 8 (a) y 9 de la Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973, la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, y la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendadas, y toda la legislación vigente que se promulgue para ser administrada por el Departamento.

Regla 3 — Aplicabilidad.

Estas reglas aplicarán a las investigaciones y los procedimientos administrativos sobre querellas iniciadas por consumidores, o por el Departamento. Además aplicará a los procesos adjudicativos impuestos por nueva legislación, exceptuando los términos para llevar a cabo el proceso adjudicativo cuando alguna Ley establece términos distintos, los cuales el Departamento debe adoptar.

 

Regla 4 – Definiciones.

a)     Abogados de las Partes Individuales — Aquellos abogados o abogadas que representan a una parte o a un interés individual.

b)    Conocimiento Administrativo – Conocimiento sobre determinados hechos y circunstancias que los Jueces Administrativos y los Oficiales Examinadores pueden tomar propiamente y actuar sobre los mismos sin necesidad de prueba.

c)     Comité Timón de Abogados de las Partes — será compuesto de un grupo de hasta un máximo de cinco (5) abogados que representan los diversos intereses comunes de los consumidores con querellas consolidadas bajo la Regla 18 de este Reglamento.

d)    Consolidación de querellas de los consumidores de bienes y/o servicios- Cuando estén pendientes ante el Departamento querellas que comprendan cuestiones comunes de hechos o de derecho, el Departamento, podrá ordenar la consolidación de las mismas y la celebración de una sola vista o juicio de cualquiera o de todas las cuestiones litigiosas comprendidas en dichas querellas y podrá dictar, a este respecto, aquellas órdenes que eviten gastos o dilaciones innecesarias. Esta consolidación de querellas de los consumidores de bienes y/o servicios será atendida por un juez u oficial administrativo.

e)     Consolidación de querellas por numerosidad de consumidores de bienes y/o servicios- en los casos de acciones en que un grupo de consumidores se esté querellando por algún acto u omisión efectuado por una persona natural o jurídica, podrá así hacerlo presentando ante el Departamento una querella que se regirá por el procedimiento establecido en la Regla 18 de este Reglamento. Esta

 

consolidación de querellas por numerosidad de consumidores de bienes y/o servicios será atendida por el Secretario y/o un panel de jueces nombrados por el Secretario, según sea el caso.

f)            Consumidor – Toda persona natural, que adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final. Incluye toda otra persona, asociación o entidad que por designación de ley está facultado para presentar su reclamación en el Departamento.

g)           Departamento – Departamento de Asuntos del Consumidor

h)          Día- Día calendario, a menos que se especifique lo contrario

i)             Evidencia sustancial – evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión.

j)             Inspección – Acción de examinar las características, condición física, operacional y de funcionamiento de un objeto, máquina o aparato realizada por un representante del Departamento o persona autorizada por éste.

k)                  Interventor – Significa aquella persona que no es parte en el procedimiento administrativo llevado en el Departamento y mediante su solicitud ha demostrado su capacidad e interés legítimo para formar parte de los procedimientos

l) Juez Administrativo – Oficial examinador al que el Secretario le ha delegado su firma en forma general o en un área en particular.

m)     Juzgador- significará el Secretario y/o panel de jueces utilizados en la Regla 18.

n)       Oficinas Regionales – Oficinas que opera el Departamento en diferentes regiones geográficas donde ofrece servicios.

 

  • o)       Orden Interlocutoria – Acción que disponga de algún asunto que no finalice la querella

p)       Orden o Resolución – Pronunciamiento o acción de aplicación particular que adjudique derechos u obligaciones de una o más personas específicas, o que imponga un curso de acción, de cesar y desistir, de mostrar causa, multas, penalidades o sanciones administrativas.

q)       Oficial Examinador- Abogado o técnico legal que preside vistas administrativas.

r)         Panel de Jueces — grupo de jueces administrativos nombrados y designados por el Secretario para atender casos de Querellas Consolidadas por Numerosidad de Consumidores de Bienes y/o Servicios consolidados bajo la Regla 18 de este Reglamento. Se compondrá de dos (2) Jueces u Oficiales Administrativos y un (1) Juez u Oficial Administrativo que fungirá como presidente del panel, donde todos y cada uno de los Jueces u Oficiales Administrativos serán designados por el Secretario.

s)         Queja o Consulta – comunicación particular o anónima sobre un asunto comprendido en las leyes y reglamentos que administra el Departamento. Se investiga para determinar si existen infracciones a los mismos y si se debe proceder con las medidas correctivas en protección del consumidor.

t)          Querella – Reclamación presentada por un consumidor o su representante autorizado solicitando que le sea reconocido un derecho y concedido un remedio. En adición, es una acción iniciada por el Departamento, para hacer cumplir las leyes y reglamentos, e imponer multas o sanciones.

 

u) Querellante – Consumidor o su representante autorizado que reclama un derecho o servicio en su capacidad personal. En adición, el Departamento podrá ser querellante para hacer cumplir las leyes y reglamentos, e imponer multas o sanciones.

v) Querellado – Persona natural o jurídica contra la cual se reclama.

w)     Reincidencia – Se entenderá que un infractor es reincidente cuando incurre en una violación a una ley o reglamento administrado por el departamento, o una orden por la cual ya previamente ha sido multado, mediante resolución final y firme. No serán consideradas violaciones, pasadas cinco años de haberse cometido la violación.

x)       Resolución Parcial – Acción que determine o adjudica derechos y obligaciones, sin finalizar la totalidad de la controversia.

y)       Secretario – Secretario del Departamento.

z)        Sistema del Departamento – Relación de las entidades comerciales o personas contra las cuales se han radicado querella.

aa) Técnico, Investigador, Perito, Inspector u Oficial de Pesas y Medidas- Persona autorizada por el Departamento para realizar la investigación de los hechos y alegaciones presentadas en las quejas o querellas.

bb) Término para Resolver – Término directivo, dispuesto por ley o por reglamento, dentro del cual el Departamento resolverá las querellas.

cc) Vista Administrativa- Proceso o audiencia mediante el cual se concede la oportunidad a las partes de comparecer, por derecho propio o por su

 

representante, y presentar alegaciones o defensas a una reclamación o a la imposición de una multa.

Regla 5 – Forma de Iniciar una Querella y Radicación de Documentos.

5.1      Toda querella se inicia con la queja y consulta del querellante o del personal del

Departamento, donde se expresan los hechos que motivan la reclamación. El Departamento asesorará al querellante sobre los documentos necesarios para radicar la querella.

5.2    Los trámites relacionados con la querella serán diligenciados personalmente, o por

correo ordinario. Toda radicación de querellas, documentos, y reconsideraciones, se harán en el Departamento en la Oficina Regional correspondiente, por correo o cuando existan las facilidades y recursos disponibles, mediante tele-copiador (fax) o correo electrónico. Cuando se utilicen estos últimos la evidencia de la radicación será la confirmación con fecha y hora de transmisión del documento.

53. Los representantes autorizados de los querellantes, excepto en caso de abogados y los casos donde el Departamento sea el querellante, vendrán obligados a acreditar su capacidad de representación por escrito.

Regla 6 — Competencia.

La querella podrá ser presentada en cualquier Oficina Regional del Departamento. El Departamento trasladará la querella a la Oficina Regional más conveniente para su radicación y adjudicación, tomando en cuenta el lugar de residencia del querellante. Además, se le asignará el número de querella de la región a la que pertenece.

Regla 7 – Contenido de la Querella.

7.1. La querella deberá contener la siguiente información:

 

a) Nombre completo de las partes.

  1. El nombre incluirá ambos apellidos siempre que fuese posible.
  2. Si una de las partes está casada, se incluirá el nombre de ambos cónyuges y la sociedad legal de gananciales si la hubiere en el epígrafe de la querella.
  3. Si el querellado es una corporación, sociedad especial o profesional se incluirá el nombre de ésta en el epígrafe con todas sus direcciones y teléfonos conocidos.
  4. Si se desconoce el nombre del cónyuge, de la aseguradora que prestó fianza o póliza de responsabilidad, o de la institución de fmanciamiento con interés, se describirá la parte de forma suficiente para ser identificada y la institución bancaria de fmanciamiento con interés o la aseguradora bajo un seudónimo (ejemplos: Aseguradora ABC, Juan del Pueblo, etc.) hasta que se conozca la identidad de la misma y se incluya como parte en los procedimientos.

b) Dirección y teléfono – Deberán incluirse las direcciones físicas, postales, correo electrónico, número de teléfonos y tele-copiador de todas las partes en la querella, así como cualquier otra información que los identifique y pueda corroborar su identidad. Entiéndase que esa dirección que obre en el expediente será la dirección para recibir notificaciones, entendiéndose que cumple con la notificación establecida en el ordenamiento jurídico.

c) Número de querella- El Departamento asignará este número a la querella en el momento de su radicación y éste servirá para identificar el expediente correspondiente en cualquier etapa posterior del procedimiento. El número de

 

querella debe indicar una letra o seña que identifique la Oficina Regional donde se inicia la querella.

d)    Relación sucinta y clara de los hechos que dan origen a la querella.

e)     Remedio solicitado y la valorización del mismo, en adición a cualquier suma de dinero que se reclame. Se podrán solicitar remedios aliemos. Las partes podrán solicitar indemnización por concepto de daños y perjuicios, que surjan como consecuencia de la reclamación original.

O Cada parte incluirá con su querella o contestación copia de todo documento que sirva de apoyo a su alegación, así como de todo documento que considere ofrecer en evidencia, sin perjuicio de producir documentos adicionales más adelante durante el procedimiento. No obstante, una parte no podrá ofrecer en evidencia documentos que fueron solicitados por una parte y no fueron entregados, excepto si el documento fue generado por la parte solicitante y no los produjo a petición de la otra parte.

g)     Fecha de la radicación de la querella, según sea el caso.

h)    Firma del querellante, su representante, o su abogado.

7.2. Una vez iniciado el procedimiento, será obligación continua de las partes notificar por escrito al Departamento cualquier cambio de dirección o teléfono dentro del plazo de tres (3) días laborables de ocurrir dicho cambio. El incumplimiento de notificar podrá estar sujeto a la imposición de sanciones.

7.3. Todo abogado que asuma representación legal y/o renuncia a la misma está obligado a notificarlo mediante escrito al Departamento y a todas las partes de la querella, así como todos los escritos radicados. No se aceptarán mociones globales para asumir o renunciar a una representación legal.

 

7.4. En los procesos iniciados por el Departamento, el querellado estará obligado a notificar todos sus escritos al Departamento con copia a la División de Protección en la Oficina Regional correspondiente.

Regla 8 – Notificación de Querellas.

8.1. El Departamento notificará a todos los querellados la querella radicada en su contra. Esta notificación será un aviso escrito de que el querellado deberá contestar la querella en el término de veinte (20) días a partir de la notificación, advirtiendo además que de no recibirse la contestación a la querella en dicho término se le anotará la rebeldía. La notificación consistirá en copia de la querella y un aviso escrito de:

a)     Cualquier vista que señale el Departamento las partes podrán comparecer con abogado, intérpretes, transcriptor de record y deberán comparecer todas las personas citadas bajo el apercibimiento de la imposición de sanciones en caso de incomparecencias injustificadas.

b)    Una invitación para relacionarse con el expediente.

c)     Cuando de la relación de hechos contenida en la querella se desprenda una violación a los reglamentos y leyes que administra el Departamento, se podrá referir a la División de Protección para su investigación y la acción correspondiente.

8.2. La notificación de la querella, por correo ordinario, o cualquier otro medio cuando las partes así lo soliciten por escrito y existan los recursos en el Departamento para llevarlo a cabo, o se llevarán a cabo personalmente cuando las circunstancias así lo ameriten.

8.3. En caso de notificación personal, el diligenciante certificará su entrega, haciendo constar la fecha, hora y dirección física exacta de la entrega, e identificará por nombre la persona a quien la entregó. Se podrá diligenciar una notificación en las personas que pueden ser

 

emplazadas conforme a las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, según enmendadas.

8.4. Cuando se solicite la notificación de la querella o cualquier otro documento mediante correo electrónico o tele-copiador (fax), se renuncia a la notificación mediante correo ordinario. La fecha y hora, en la confirmación de envío al tele-copiador (fax) receptor solicitado, será la evidencia de haberse notificado los documentos. Sin embargo, el Departamento podrá notificar un documento por correo ordinario cuando existan problemas técnicos de transmisión o los documentos a enviarse sean extensos.

Regla 9 – Procedimiento Adjudicativo de Acción Inmediata.

9.1. Previa notificación y vista el Departamento podrá emitir órdenes de cesar y desistir, y prescribir los términos y condiciones correctivas que por la evidencia a su disposición y a tenor con el derecho aplicable determine que son en beneficio del Consumidor. No obstante lo dispuesto en estas Reglas, el Departamento podrá emitir una resolución o una orden provisional de cesar y desistir sin la celebración de vista, cuando una de las Leyes o Reglamentos que administra el Departamento lo autorice; en una situación en que se cause o pueda causar un grave daño inmediato a los consumidores o a un consumidor en particular; o cuando exista un peligro inminente para la salud, la seguridad o el bienestar público, y que requiera acción inmediata de parte del Departamento. Dentro de los diez (10) días posteriores a la emisión de dicha resolución u orden provisional, el Departamento celebrará una vista administrativa en la que resolverá si dicha orden provisional se hace permanente o se revoca.

9.2. Dicha orden o resolución será efectiva al momento de ser emitida y notificada. Se notificará inmediatamente a la persona que corresponda en su lugar de hacer negocios o

 

por correo certificado con acuse de recibo a las partes afectadas a la última dirección conocida, y permanecerá en vigor hasta que el Departamento o un Tribunal de Justicia la deje sin efecto. En casos de emergencias, o cuando esté en vigor una orden de congelación de precios y cuando las circunstancias lo permitan, el Departamento podrá notificar la resolución y las órdenes de cesar y desistir vía exposición por radio, prensa, televisión, tele copiador o correo electrónico y posteriormente notificarlas personalmente o por correo certificado con acuse de recibo.

9.3. La orden o resolución contendrá una declaración de las determinaciones de hechos, conclusiones de derecho y las razones de política pública que justifican la misma. Las determinaciones de hechos tendrán que estar sustentadas por el expediente.

9.4. Cualquier parte afectada por dicha orden o resolución podrá solicitar su reconsideración conforme a la Regla 29 de este Reglamento, y posteriormente solicitar la revisión judicial de la misma.

Regla 10 – Desestimación y Desistimiento de Querellas.

10.1. El Departamento podrá ordenar al querellante que muestre causa por la cual no deba desestimarse la querella, a iniciativa propia o a solicitud del querellado, si la querella no presenta una reclamación que justifique la concesión de un remedio, por inmeritoria, por falta de jurisdicción, o por cualquier otro fundamento que en Derecho proceda. En caso de desestimación, el Departamento orientará al querellante sobre los remedios legales que tiene disponibles para proteger sus intereses.

10.2. Contra dicha determinación procederá una solicitud de reconsideración o revisión, según se dispone en la Regla 29 de este Reglamento.

 

10.3. El querellante podrá desistir de su querella, mediante la presentación de un aviso de desistimiento o mediante estipulación de las partes en cualquier etapa de los procedimientos. El desistimiento será sin perjuicio a menos que el aviso o la estipulación expresaren lo contrario. Será con perjuicio si el querellante hubiere desistido anteriormente de la misma reclamación o el querellado hubiere cumplido con su obligación.

Regla 11- Órdenes y Resoluciones Sumarias

11.1. El Departamento ordenará el cumplimiento de lo que proceda conforme a Derecho sin la celebración de vista administrativa, cuando luego de las partes haber hecho sus planteamientos y de haber evaluado la evidencia, no surja una controversia real de hechos. En tal caso, si una de las partes solicita reconsideración, se citará a vista en reconsideración siempre que se establezca la existencia de una controversia real sobre hechos pertinentes.

Regla 12 – Consignación.

12.1. Luego de radicada la querella, una parte podrá consignar el pago de una suma de dinero, previa notificación a cada una de las partes, excepto en aquellos casos donde esté en controversia si procede el pago de las cuotas de mantenimiento de propiedades sometidas al Régimen de Propiedad Horizontal.

12.2. Realizada la consignación, la cantidad depositada sólo podrá ser retirada cuando se emita una resolución y ésta advenga final y firme, o antes de ello, mediante orden del Departamento que lo autorice a tenor con la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada.

Regla 13 – Mediación o Transacción.

 

13.1. El Secretario del Departamento, Juez Administrativo o Panel de Jueces, según fuera el caso, a solicitud de las partes o a iniciativa propia, podrá citar a las partes a una reunión de mediación, conciliación o transacción con el fin de lograr un acuerdo entre las partes de la materia objeto de querella, controversia o infracción.

13.2. De llegar las partes a un acuerdo de transacción, éste contendrá una cláusula penal monetaria o la cuantificación del acuerdo en caso de incumplimiento. La transacción deberá constar por escrito en una Resolución y estar firmada por las partes y por el funcionario autorizado por el Departamento. En caso de incumplimiento de los términos del acuerdo transaccional contenido en la orden o resolución se citará una vista mediante una Orden de Mostrar Causa a tenor con la Regla 30.4 de este Reglamento.

13.3. Será deber del Funcionario, Secretario o Panel de Jueces del Departamento que intervenga en un escrito de transacción, preparar éste en forma clara, detallada y específica, indicando con certeza los deberes y derechos de las partes.

13.4 El querellado podrá hacer una oferta de transacción en cualquier momento de los procedimientos sin que esto tenga el efecto de paralizar los mismos. De haber una transacción, deberá constar por escrito sus términos y notificarse a todas las partes, incluyendo al Departamento. En las querellas de fiscalización no se podrá efectuar una transacción después que advenga final y firme la resolución, excepto si hubo una solicitud de transacción de la multa impuesta y la misma no fue considerada por el Departamento.

Regla 14 – Investigaciones e inspecciones.

14.1. El Departamento podrá iniciar una investigación bajo los poderes y facultades de las Leyes y Reglamentos que administra, y en cualquier momento antes o después de

 

radicada una querella, de acuerdo con las normas internas del Departamento. El Departamento podrá compeler a la producción de información y documentos mediante la emisión de órdenes interlocutorias, requerimientos de información, interrogatorios bajo juramento, requerimiento de admisiones, recibir testimonios bajo juramento, datos o información y de ser necesario, la radicación de un proceso judicial para hacer cumplir lo requerido. El incumplimiento con cualquier requerimiento de una investigación del Departamento conllevará la imposición de una multa administrativa de hasta diez mil dólares ($10,000.00) por cada violación.

14.2. El Departamento, podrá ordenar la inspección del objeto o del servicio llevado acabo que motivó la querella, por un representante del Departamento o por persona autorizada a esos efectos. Las partes estarán obligadas a cooperar con la investigación e inspección en todo lo necesario para llevar a cabo la misma incluyendo el proveer un lugar seguro para la inspección. Si una parte incumple con las disposiciones de esta Regla 14 se hará constar en el informe de inspección, y a discreción del Juez Administrativo, Oficial Examinador, Secretario o Panel de Jueces, podrá imponer los costos relacionados con la inspección y otras sanciones a tenor con la Regla 23 de este Reglamento.

14.3. Cuando una parte solicite la transferencia de una inspección y dicha transferencia sea concedida, se le impondrá a dicha parte solicitante el pago de veinte ($20.00) dólares. En los casos donde la transferencia de inspección sea motivada por el Departamento, o exista justa causa para la solicitud de transferencia por motivo de conflicto previo en el calendario de los abogados de las partes u otras circunstancias extraordinarias imprevisibles, se eximirá a las partes del pago de veinte ($20.00) dólares por transferencia de inspección. El pago será impuesto y autorizado por la persona en quien

 

el director de la oficina regional a la cual pertenece la querella delegue esta función. Además, en el caso que el querellante sea la parte promovente de dicha transferencia, tendrá el efecto de renunciar al término estatutario de ciento ochenta (180) días para resolver la querella.

14.4. La persona encargada de la investigación o inspección, luego de culminada, preparará en forma detallada un informe que cubra toda la investigación. El informe deberá ser claro y conciso conteniendo un estimado de costos detallado de las piezas, artículos, materiales y la cantidad global de costos de los servicios necesarios para un remedio adecuado.

14.5. Cuando el Juez Administrativo, el Oficial Examinador, Secretario o Panel de Jueces, determine que un caso amerite investigación o inspección, lo referirá a la división de servicios auxiliares para la investigación correspondiente.

14.6. Cuando el Juez administrativo, Oficial Examinador, Secretario o Panel de Jueces determine que no amerita investigación o inspección, el caso se citará a vista sin dilación alguna o podrá actuar de conformidad a la Regla 10, 11 y 20.

Regla 15 – Notificación de Informes de Investigación del Técnico, Inspector, Investigador, Peritos u Oficiales de Pesas y Medidas.

15.1. El Departamento notificará los informes de Investigación a las partes o sus representantes identificados en el expediente.

15.2. Las partes tendrán quince (15) días desde la fecha de notificación para presentar por escrito cualquier objeción que tengan al informe. Las objeciones deberán ser precisas y específicas e indicar si se requiere la presencia del investigador en la vista administrativa.

 

 

 

15.3. Si no se presentaran objeciones al informe, dentro del término de quince (15) días, se considerará estipulado por las partes relevando la presencia del investigador en la vista administrativa.

Regla 16 – Enmiendas a la Querella.

16.1. El querellante podrá enmendar su querella en cualquier momento después de radicada, pero antes del término de veinte (20) días antes de la vista administrativa, si la enmienda a la querella se presenta dentro del término de veinte (20) días antes de la vista administrativa quedará a discreción del Juez Administrativo, Oficial Examinador, Secretario o Panel de Jueces el aceptar o no la enmienda a la querella y de enmendarse la querella el Departamento notificará la querella enmendada a la parte querellada que tiene a su vez veinte (20) días para contestarla, si el querellante está representado por abogado, éste estará obligado a notificarla. La enmienda a la querella inicia nuevamente los términos para resolver la querella en el término establecido en la Ley Número 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.

16.2. La querella podrá entenderse enmendada durante la vista administrativa para ajustarla a la prueba presentada; excepto en casos celebrados en rebeldía.

Regla 17 — Consolidación de querellas de los consumidores de bienes y/o servicios

Cuando estén pendientes ante el Departamento querellas que comprendan cuestiones comunes de hechos o de derecho, el Departamento, podrá ordenar la consolidación de las mismas y la celebración de una sola vista administrativa de cualquiera o de todas las cuestiones litigiosas comprendidas en dichas querellas y podrá dictar, a este respecto, aquellas órdenes que eviten gastos o dilaciones innecesarias. Este tipo de consolidación será atendida por un juez administrativo.

 

Regla 18 – Consolidación por numerosidad de querellas de los consumidores de bienes y/o servicios

18.1. Se reconoce el derecho al Secretario y/o al Panel de Jueces, según sea el caso, a consolidar las querellas por numerosidad de consumidores de bienes y/o servicios presentadas ante el Departamento que cumplan con los requisitos de la Regla 18.6 y 18.8. En dichas querellas se podrán otorgar aquellos daños, perjuicios y angustias mentales que constituyan ser accesoria a la acción principal, así como emitir órdenes de cesar y desistir, como también acciones de injunction bajo la Regla 57 de Procedimiento Civil de 2009 para el Tribunal General de Justicia, según enmendadas.

18.2. En las querellas consolidadas por numerosidad de consumidores de bienes y/o servicios que cumplen con los requisitos de esta regla, que comprendan cuestiones comunes de hechos o de derecho, el Secretario y/o Panel de Jueces, según sea el caso, podrá ordenar la celebración de una sola vista administrativa de cualquiera o de todas las cuestiones litigiosas comprendidas en dichas querellas, podrá ordenar que todas las querellas sean consolidadas y podrá dictar, a este respecto, aquellas órdenes que eviten gastos o dilaciones innecesarias. Esta consolidación le ofrece al Departamento la oportunidad de considerar en una sola querella todas aquellas cuestiones de hecho y de derecho que afectan a numerosos consumidores, lo que evita la fragmentación y multiplicidad de querellas.

18.3. El Secretario del Departamento, motu propio, y/o un Panel de Jueces, según sea el caso, en adelante el (“Juzgador”), serán las personas capacitadas y autorizadas para consolidar las querellas presentadas por consumidores.

 

18.4. Será discrecional del Juzgador la facultad de señalar la celebración de una vista evidenciaria para determinar si se consolidan las querellas por numerosidad de consumidores, bajo esta regla.

18.5. Cuando se inicie una consolidación de querellas por numerosidad de consumidores de acuerdo a lo provisto en esta Regla, el Departamento notificará a los consumidores con querellas consolidadas. La notificación indicará que:

a)     El Departamento excluirá a cualquier consumidor al que se le haya consolidado la querella si éste lo solicita específicamente;

b)    La resolución incluirá a todos los consumidores que se le haya consolidado su querella que no soliciten exclusión; y,

c)     Cualquier consumidor que se le haya consolidado la querella, bajo la Regla 18, que no solicite exclusión podrá, si así lo desea, comparecer pro se (por derecho propio) o por medio de su abogado.

18.6. Para que las querellas de consumidores, puedan adjudicarse ante el Departamento como una consolidación de querellas por numerosidad de consumidores, éstos tienen que cumplir con todos y cada uno de los criterios generales o pre-requisitos siguientes:

a) Numerosidad. Los factores para determinar la numerosidad en una consolidación

de querellas de consumidores, bajo esta Regla son los siguientes:

  1. dispersión geográfica de los consumidores a los que se les va a consolidar las querellas;
  2. accesibilidad de los consumidores que van a ser consolidados; y,
  3. el interés individual de cada consumidor al que se va a consolidar la querella de querellarse o de defenderse de una querella en su contra.

 

b)Comunidad. Que las reclamaciones o querellas de los consumidores a consolidarse tengan cuestiones de hecho o de derecho común. No tienen que ser las cuestiones todas iguales, basta con que alguna de éstas así lo sea.

c)     Tipicidad. Que las reclamaciones o defensas de los representantes fueren típicas de las reclamaciones o defensas del grupo de consumidores a los que se les consolidará las querellas.

d)    Representación o Adecuada Representación. Los representantes protegerían los intereses de los consumidores consolidados de manera justa y adecuada. Es indispensable que él o los representante(s) de los consumidores consolidados, sea(n) a su vez miembro(s) del grupo de consumidores con querellas consolidadas.

18.7. En el caso en que los consumidores con querellas consolidadas, bajo esta Regla, estén representados por sus respectivos abogados, el Juzgador, podrá ordenar a dichos abogados que seleccionen quién va a dirigir y representar a los demás abogados; o podrá ordenar que se configure un comité timón de abogados o abogadas de hasta un máximo de cinco (5) abogados para que representen los diversos intereses de los consumidores. Esto luego de que el Juzgador se asegure de que dicho abogado o comité timón de abogados representa los mejores intereses de los consumidores con querellas consolidadas. En caso de que los abogados que representan a los consumidores con querellas consolidados, no se pongan de acuerdo en la selección del abogado o comité timón de abogados para representar a los consumidores, el Juzgador, podrá escoger al abogado o comité timón de abogados que mejor represente los intereses de los consumidores consolidados, utilizando los siguientes requisitos:

 

1.capacidad;

2.experiencia;

3.reputación.

18.8. Si el Juzgador determina que se cumplieron a cabalidad todos y cada uno de los pre­requisitos establecidos en la Regla 18.6 de este Reglamento, entonces el Juzgador además deberá observar que se cumpla con por lo menos uno (1) de los siguientes requisitos:

a)     establecer que el tramitar querellas separadas e individuales podría crear dos (2) riesgos, a saber: 1. adjudicaciones inconsistentes con respecto a los consumidores consolidados en su carácter individual; o, 2. que se emitan resoluciones contra consumidores a los cuales se le consolido la querella que dispondrían de los intereses de otros miembros que no sean partes; o,

b)    que el consumidor que se opone a que la acción se consolide haya actuado o no actuado por razones aplicables a la consolidación en general, de tal manera que resultase apropiado conceder una resolución o una orden provisional de cesar y desistir, con respecto al grupo; o,

c)     que las cuestiones de hechos o de derechos común al grupo de consumidores que se les consolidaran sus querellas predominan sobre cualesquiera cuestiones que afecten solamente a consumidores individuales; y, que la consolidación de querellas por numerosidad de consumidores es superior a otros métodos disponibles para la justa y eficiente adjudicación de la controversia.

18.9. a) Tan pronto como sea factible, luego del comienzo de una acción que sea traída como una consolidación de querellas por numerosidad de consumidores, el Departamento, podrá celebrar una vista administrativa, para determinar si se mantendrá como tal. La

 

resolución u orden bajo este inciso podrá ser condicional y podrá ser alterada o enmendada antes de la determinación en los méritos.

b) En cualquier consolidación de querellas por numerosidad de consumidores, donde se haya celebrado una vista administrativa para determinar si se mantendrá como tal, el Departamento dirigirá a los consumidores consolidados la notificación correspondiente, excepto cuando por ser tan oneroso dificulte la tramitación de la acción en cuyo caso el Departamento dispondrá la forma de hacer tal notificación. La notificación avisará a cada consumidor miembro lo siguiente:

  1. el Departamento lo excluirá de la consolidación de las querellas, bajo la Regla 18, en una fecha específica si él o ella así lo solicita;
  2. la resolución, sea favorable o no, incluirá a todos(as) los(las) consumidores que les fue consolidada su querella que no soliciten la exclusión, y,
  3. cualquier consumidor con querella consolidada, bajo esta Regla, que no solicite la exclusión podrá, si así lo desea, comparecer a través de su abogado o abogada.

c) La resolución en una acción tramitada como consolidación de querellas por numerosidad de consumidores, sea o no favorable a los consumidores partes de la consolidación de querellas, incluirá y especificará o describirá a aquellos(as) consumidores a quienes fue dirigida la notificación dispuesta en las Regla 18.5 o 18.9, según sea el caso, que no han solicitado la exclusión, y quienes el Departamento determine que son consumidores con querellas consolidadas, bajo la Regla 18.

18.10. En la tramitación de pleitos a los cuales aplica esta regla, el Departamento podrá dictar órdenes apropiadas para:

 

a)  determinar el curso de los procedimientos o adoptar medidas para evitar la repetición o complicación indebida en la presentación de evidencia o argumentación;

b) exigir, para la protección de los y las consumidores a los que se les consolidó la querella, bajo esta Regla, o para la justa tramitación de la acción, que se notifique a algunos(as) o a todos(as) los(las) del grupo de consumidores con querellas consolidadas, en la forma que el Departamento ordene, de cualquier actuación en la acción, o del propuesto alcance de la resolución o de la oportunidad de los y las consumidores perteneciente al grupo de querellas consolidadas para indicar si consideran la representación justa y adecuada para intervenir y presentar reclamaciones o defensas, o para unirse al pleito en cualquier otra forma;

c)  imponer condiciones a los (las) representantes o interventores(as);

d)       requerir que las alegaciones sean enmendadas con el propósito de eliminar aseveraciones en cuanto a la representación de personas ausentes, y que el pleito prosiga de conformidad;

e)  dictar reglas especiales para el procedimiento y los términos a seguir para el descubrimiento de prueba, o,

f)   resolver otros asuntos procesales.

Las órdenes podrán ser modificadas o enmendadas de tiempo en tiempo, según sea conveniente.

18.11. La consolidación de querellas por numerosidad de consumidores, iniciada bajo esta Regla, no será desistida o transigida sin la aprobación del Secretario del Departamento y/o el Panel de jueces, según fuere el caso. Deberá notificarse la solicitud de

 

desistimiento o transacción que se interese a todo el grupo de consumidores que se les haya consolidado las querellas en la forma que el Departamento dispusiere.

Regla 19 – Sustitución de Partes y Solicitud de Intervención

19.1. Se podrá sustituir las partes en cualquier momento después de radicada la querella de acuerdo a las normas provistas por las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, según enmendadas.

19.2. El Departamento podrá liberalmente conceder o denegar una solicitud de intervención a tenor, entre otros, con los criterios establecidos en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.

Regla 20 – Vistas Administrativas.

20.1. Las vistas administrativas serán celebradas en la Oficina Regional a tenor con la Regla 6 de este reglamento.

20.2. El Departamento fijará la fecha y la notificará por escrito a las partes que será no antes de quince (15) días de dicha notificación, a menos que las partes pacten otra fecha, con la anuencia del Juez u Oficial Administrativo, Secretario o Panel de Jueces que presida los procedimientos. Se le apercibirá al querellante que si no comparece a la vista, el Departamento podrá ordenar la desestimación y archivo de la querella por abandono. Si el querellado no comparece se podrán eliminar sus alegaciones. El Departamento podrá también condenar al pago de honorarios de abogado o dictar cualquier otra orden que en Derecho proceda.

20.3. Esta notificación podrá ir acompañada de una orden requiriendo la comparecencia de testigos, la presentación de documentos, libros y objetos.

 

20.4. La vista será pública a menos que una parte someta una solicitud por escrito y debidamente fundamentada para que la vista sea privada, y así lo autorice el funcionario que presida dicha vista si entiende que una vista pública puede causar daño irreparable a la parte peticionaria.

20.5. Las partes podrán presentar aquella evidencia documental y testifical incluyendo evidencia de carácter técnico y pericial. El Oficial examinador, el Juez Administrativo, Secretario o Panel de Jueces podrán tomar conocimiento administrativo, a iniciativa propia o a solicitud de parte, sobre aquellos hechos o circunstancias de interés público que son conocidas por todas las personas bien informadas; o que son susceptibles de determinación inmediata y exacta recurriendo a fuentes cuya exactitud no puede ser razonablemente cuestionada.

20.6. La parte que interese presentar un perito en la vista administrativa deberá notificar a la otra parte y al Departamento con no menos de treinta (30) días con antelación a la vista administrativa y además someter copia del informe pericial. El Departamento dará oportunidad razonable a la parte a quien se le notifica sobre la presentación de un perito o a quien se somete un informe pericial para que contrate un perito si así lo desea y someta un informe pericial exponiendo su posición. En los casos en que el Juez Administrativo, Secretario o Panel de Jueces entienda necesario que pueda acortar el tiempo concedido a la parte a quien se le notifica o se le somete un informe pericial para que se someta un informe pericial exponiendo su posición, así podrá hacerlo, siempre observando que se cumpla con el debido proceso, que cumpla con la economía procesal y la rapidez que caracterizan los procesos administrativos.

 

20.7. Cuando las partes estén representadas por abogado el Oficial Examinador, Juez Administrativo, Secretario o Panel de Jueces podrá ordenar que se reúnan con anterioridad a la vista administrativa con el propósito de explorar la posibilidad de una transacción entre las partes, simplificar los asuntos a considerarse en la vista, estipular hechos, estipular y marcar evidencia, y tomar aquellas otras medidas convenientes para aligerar y simplificar los procedimientos. Las partes deberán radicar un informe dentro de los cinco (5) días anteriores a la vista administrativa. En dicho informe las partes expondrán sus estipulaciones de hechos, sus teorías en cuanto a los hechos y el derecho en controversia, indicarán qué evidencia queda estipulada y expresarán sus fundamentos para objetar la evidencia no estipulada.

Regla 21 – Transferencia de Vistas.

21.1. Toda solicitud para transferencia y suspensión de vista deberá presentarse al Departamento: (1) inmediatamente que se conozca los fundamentos para la misma; y (2) con no menos de cinco (5) días laborables de anticipación a la fecha señalada para la vista, a menos que se trate de eventos no previsibles o fuera del control de la parte solicitante.

21.2. Toda transferencia y suspensión de vista conllevará un cargo de veinte ($20.00) dólares por la parte solicitante. En los casos donde la transferencia y suspensión de vista sea motivada por el Departamento, se eximirá a las partes del pago de veinte ($20.00) dólares por transferencia y suspensión de vista. El Juez Administrativo, Oficial Examinador, Secretario o Panel de Jueces, si concede la suspensión, ordenarán el pago correspondiente en un término de diez (10) días en la Oficina Regional donde está radicada la querella. El

 

pago vendrá acompañado de una moción en cumplimiento de orden que deberá notificar a todas las partes.

21.3. Toda solicitud de suspensión deberá venir debidamente fundamentada conteniendo la evidencia que acredite las razones para la misma y expresar tres (3) fechas alternas dentro de los quince (15) días siguientes a partir de la fecha señalada para la vista. El Funcionario que presida la vista podrá imponer sanciones a tenor con la Regla 23 de este Reglamento cuando no se cumpla con el procedimiento establecido en esta regla o se utilice con el motivo dilatar los procedimientos.

21.4. Cuando un querellante sea la parte promovente, que solicite la transferencia o suspensión de una vista administrativa y dicha transferencia o suspensión sea concedida, tendrá el efecto de renunciar al término estatutario de ciento ochenta (180) días para resolver la querella, establecido en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada.

Regla 22 -Comparecencias a Vistas Administrativas.

22.1. Toda persona natural podrá comparecer a la vista por derecho propio o representado por abogado.

22.2. Toda corporación o persona jurídica deberá comparecer por conducto de abogado o un oficial debidamente autorizado a tomar decisiones a nombre de la entidad que representa y a obligar la misma, lo cual vendrá obligado a acreditar mediante resolución corporativa.

22.3. Toda comparecencia escrita por conducto de abogado u oficial corporativo se hará en papel tamaño ocho y medio pulgadas por once pulgadas (8 1/2″ X 11″), y el tipo de letra no podrá ser menor de diez (10) puntos ni mayor de catorce (14) puntos.

22.4. Los procedimientos se conducirán en el idioma español. Cualquier parte que no conozca el idioma español debe comparecer acompañada de un intérprete.

 

Regla 23 – Sanciones.

Cuando una Parte dejare de cumplir con un procedimiento establecido en este reglamento, o una orden del Secretario, el Funcionario, Secretario o Panel de Jueces que presida la vista administrativa podrá a iniciativa propia o a instancia de parte imponer una sanción económica a favor del Departamento o de cualquier parte, que no excederá de doscientos (200) dólares por cada imposición separada a la parte o a su abogado, si este último es responsable del incumplimiento. Si la parte sancionada incumple con el pago de la sanción se podrá ordenar la desestimación de su querella si es el querellante o eliminar sus alegaciones si es el querellado.

Regla 24 – Aplicación de las Reglas De Procedimiento Civil y de Evidencia.

Las Reglas de Procedimiento Civil y de Evidencia no serán de estricta aplicación a las vistas administrativas, sino en la medida en que el Funcionario o Panel de Jueces que presida la vista o el Departamento estime necesario para llevar a cabo los fines de la justicia.

Regla 25 – Resoluciones Interlocutorias.

El Oficial Examinador, el Juez Administrativo, Secretario o el Panel de Jueces podrá conceder los remedios provisionales que estime pertinentes pero no podrá conceder remedios para asegurar la efectividad de la resolución de la querella. El funcionario o panel de jueces que presida la vista no podrá conceder un remedio provisional sin antes celebrar una vista, la cual tendrá que ser notificada a las partes por escrito por lo menos cinco (5) días antes de la fecha qué se señale para atender la misma. No obstante, el Funcionario, Secretario o Panel de Jueces que presida los Procedimientos podrá obviar la celebración de una vista previa, siempre y cuando el remedio provisional sea necesario

 

para evitar la academicidad del procedimiento y se señale una vista posterior, la cual se tendrá que celebrar dentro de diez (10) días de emitida la orden concediendo el remedio provisional, y ésta sea notificada según se dispone en este inciso.

Regla 26 – Resoluciones y Ordenes.

26.1. La resolución de la querella en sus méritos contendrá una relación de la determinación de hechos probados, la cual se ajustará y tendrá apoyo en el expediente del procedimiento, conclusiones de derecho, y dispondrá lo que en Derecho proceda para su ejecución mediante una orden e incluirá los apercibimientos para solicitar revisión judicial.

26.2. El Funcionario, Secretario o Panel de Jueces que presida la vista podrá conceder a las partes un término no mayor de siete (7) días laborables después de concluir la misma, para la presentación de propuestas sobre determinaciones de hechos y conclusiones de derecho por escrito. Cuando las partes tengan los recursos disponibles podrán solicitar presentarlas por correo electrónico o digitalizado en el sistema operativo compatible con el utilizado por el Departamento.

Regla 27 – Concesión de Remedios.

27.1. Toda resolución otorgará el remedio que en derecho proceda aun cuando la parte querellante no lo haya solicitado. Cuando el remedio otorgado sea una orden de hacer o cumplir con un acto determinado deberá contener, (1) cuando surja del expediente o (2) cuando se pueda tener conocimiento administrativo, el importe del valor monetario de la orden, para que en la alternativa de no cumplir con la misma, la parte obligada compense monetariamente.

27.2. Toda resolución que ordene el pago de dinero, ordenará también el pago de intereses, computados desde que se ordenó dicho pago de dinero y hasta que, éste sea satisfecho, al

 

tipo que fija la ley para sentencias judiciales. Además, se podrá incluir un apercibimiento al querellado que de no cumplir con lo ordenado se podrá enviar su nombre y otra información pertinente a las agencias de información de crédito (“Credit Bureau”).

27.3. El funcionario, Secretario o Panel de Jueces que presida la vista podrá imponer a la parte perdidosa el pago de costas y honorarios de abogados. El procedimiento se regirá por lo dispuesto en la Regla 44 de la Ley de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, según enmendada.

27.4. En los casos en que el querellado perdidoso haya actuado con temeridad, el Departamento podrá ordenar el pago total o parcial, a discreción del Funcionario, Secretario o Panel de Jueces que presida la vista administrativa en su adjudicación, de: (1) los gastos incurridos por el Departamento facturados por las entidades ajenas al Departamento que brindaron servicios solicitados durante la investigación y el procedimiento adjudicativo; (2) las dietas y millajes incurridas por el personal del Departamento según establecido en los Reglamentos aplicables y vigentes del Departamento de Hacienda; (3) cuando se utilice personal de la División de Pesas y Medidas se podrá recobrar gastos incurridos en investigación del Oficial a tenor con un “Servicio Solicitado” según establecido en el artículo cinco (5), seis (6), y siete (7) del Reglamento Tarifario, según enmendado, de la División Pesas y Medidas; (4) y además conllevará la imposición de todos los costos en los cuales el Departamento incurrió para hacer cumplir su resolución u orden.

Regla 28 – Notificación de Escritos.

28.1. Toda parte que radique un escrito ante el Departamento vendrá obligado a notificarlo de inmediato a las demás partes que hayan comparecido en el procedimiento administrativo.

 

Toda notificación se llevará a cabo mediante el envío de una copia del escrito por correo a las partes o sus representantes, a las direcciones postales que hayan informado. La notificación por correo puede ser sustituida por notificación personal o por transmisión electrónica, digital mediante correo electrónico y tele-copiador (fax) cuando así las partes lo soliciten por escrito y el Departamento tenga los recursos disponibles. El Departamento vendrá obligado a notificar toda orden, resolución u otra actuación oficial a todas las partes que hayan comparecido en el procedimiento administrativo.

28.2. Cuando se solicite la notificación de la querella o cualquier otro documento mediante correo electrónico o tele-copiador (fax) se renuncia a la notificación mediante correo ordinario. Sin embargo, el Departamento podrá notificar un documento por correo ordinario cuando existan problemas técnicos de transmisión o los documentos a enviarse sean extensos. La fecha y hora en la confirmación de envío al tele-copiador (fax) receptor solicitado, será la evidencia de haberse notificado los documentos.

Regla 29 – Reconsideración y Revisión Judicial.

29.1. La parte adversamente afectada por una resolución u orden parcial interlocutoria o final podrá solicitar Reconsideración. La solicitud de Reconsideración deberá ser presentada y recibida en el Departamento, además de notificada a la parte contraria, dentro del término jurisdiccional de veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la resolución u orden. El promovente de la moción de reconsideración acreditará en el Departamento evidencia de haber notificado a la parte contraria, lo cual constituirá un requisito de cumplimiento estricto. El Departamento dentro de los quince (15) días de haberse presentado dicha solicitud podrá considerarla. Si la rechazare de plano o no actuare dentro de los quince (15) días, el término para solicitar revisión judicial

 

comenzará a correr nuevamente desde que se notifique dicha denegatoria o desde que expiren esos (15) quince días, según sea el caso. Si se tomare alguna determinación en su reconsideración, tendrá que completarse dentro de los noventa (90) días jurisdiccionales y el término para solicitar revisión judicial de treinta (30) días empezará a contarse desde la fecha en que se archiva en autos una copia de la notificación de la resolución de la agencia resolviendo definitivamente la moción de reconsideración. Si el Departamento luego de acoger una moción de reconsideración, dejare de tomar alguna acción sobre ella dentro de los noventa (90) días de haber sido radicada, perderá jurisdicción sobre la misma y el término para solicitar la revisión judicial empezará a contarse a partir de la expiración de dicho término de noventa (90) días salvo que la agencia, por justa causa, prorrogue el tiempo para resolver, por un periodo que no excederá de treinta (30) días.

29.2. El Departamento podrá reconsiderar sus resoluciones a iniciativa propia antes de que expire el término para radicar revisión judicial.

29.3. Una parte no conforme con la resolución de su solicitud de Reconsideración podrá solicitar la revisión judicial de la orden cuya Reconsideración solicita mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.

29.4. La radicación de una solicitud de revisión judicial no suspenderá los efectos de una resolución final del Departamento. La decisión del Secretario, del Funcionario o Panel de Jueces, permanecerá en todo su vigor y efecto hasta tanto no haya una decisión del Tribunal del Circuito de Apelaciones dejando sin efecto la misma.

29.5. El Departamento mantendrá un expediente oficial del procedimiento adjudicativo llevado a cabo a tenor con lo requerido por la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según

 

enmendada, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Cualquier parte podrá solicitar una copia certificada del expediente y de la trascripción de la vista, excepto las notas del Juez, Secretario o Panel de Jueces, mediante el pago de los cargos correspondientes. En la alternativa, la parte solicitante podrá contratar un transcriptor de record certificado, el cual el Departamento le dará acceso a una copia de la grabación para transcribir la misma, mediante el cargo correspondiente. En este caso el transcriptor someterá una copia certificada y juramentada ante notario a los efectos que la trascripción es una fiel y exacta de la grabación entregada por el Departamento. El Departamento mantendrá el original de las grabaciones y un registro de las copias entregadas. El Departamento podrá modificar la forma de transcribir a tenor con los cambios tecnológicos y de digitalización que estén disponibles para agilizar los procesos.

Regla 30 – Cumplimiento y Ejecución.

30.1. El querellado deberá informar por escrito y acreditar ante el Departamento el cumplimiento de la resolución.

30.2. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la certificación de notificación de la resolución, el querellante deberá informar si el querellado ha incumplido. De no hacerlo se entenderá que el querellado ha cumplido y se procederá al cierre y archivo del caso.

30.3. Cuando el querellado incumpla la resolución u orden emitida, el Departamento podrá acudir al Tribunal para solicitar que se ponga en vigor.

30.4. El querellado que incumpla con una orden, o resolución será citado a vista mediante una Orden para Mostrar Causa por la cual no se le deba imponer una multa. La citación especificará que la imposición de la multa, no releva a una parte del cumplimiento de la resolución y la cantidad a imponer por concepto de multa. A discreción del Juez

 

disposiciones de la Ley Número 170 de 12 de agosto de 1988, Núm. 5 de 23 de abril de 1973 y la Núm. 228 del 12 mayo de 1942, según enmendadas.

32.2. En caso de que algún otro reglamento del Departamento que sea aplicable a una querella, contenga reglas procésales distintas a las establecidas aquí, regirán las reglas de dicho reglamento sobre las dispuestas en el presente.

32.3. En caso de discrepancias entre el texto original de español y su traducción en inglés, prevalecerá el texto en español.

Regla 33 – Declaración de Inconstitucionalidad o de Ilegalidad.

La declaración judicial de inconstitucionalidad o ilegalidad de cualquier parte de estas reglas no afectará la validez de las disposiciones restantes.

Regla 34 — Derogación.

Por la presente se deroga el Reglamento Núm. 6219 Reglas de Procedimientos Adjudicativos promulgado por el Departamento el 17 de octubre de 2000, radicado ante el Departamento de Estado el 18 de octubre de 2000.

Regla 35 — Vigencia.

Estas reglas comenzarán a regir treinta (30) días después de su radicación en el Departamento de Estado, según lo dispone la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada.

Aprobado: 13 de junio de 2011.

Radicado:  13 de junio de 2011.

Vigente:     12 de julio de 2011.

Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973

Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor

Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973, según enmendada (3 L.P.R.A. sec. 341 y ss)

Art. 1 Título corto (3 L.P.R.A. sec. 341)

Esta ley se conocerá como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”.

Art. 2 Creación (3 L.P.R.A. sec. 341a)

Se crea por la presente como departamento ejecutivo del Gobierno un Departamento de Asuntos del Consumidor.

Art. 3 Propósitos (3 L.P.R.A. sec. 341b)

El Departamento de Asuntos del Consumidor tendrá como propósito primordial vindicar e implementar los derechos del consumidor, frenar las tendencias inflacionarias; así como el establecimiento y fiscalización de un control de precios sobre los artículos y servicios de use y consumo.

Art. 4 Secretario; nombramientos (3 L.P.R.A. sec. 341c)

El Departamento estará bajo la dirección de un Secretario quien será nombrado por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de conformidad con la Sección 5 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El Secretario podrá nombrar aquellos otros funcionarios que considere necesarios para el mejor cumplimiento con los propósitos de esta ley.

Art. 5 Transferencias (3 L.P.R.A. sec. 341d)

(A) Se transfieren al Departamento de Asuntos del Consumidor las siguientes funciones y poderes:

(a) Todas las funciones, poderes y deberes de la Administración de Servicios al Consumidor, así como la propiedad, récord, cantidades no gastadas de las asignaciones, partidas u otros fondos en poder y bajo la custodia de dicha Administración y se suprime ésta.

(b) Todas las funciones, poderes y deberes de la Junta Reguladora del Crédito en Ventas al por Menor a Plazos y de Compañías de Financiamiento que establecen las [10 LPRA secs. 731 a 793].

(c) Todas las funciones, poderes y deberes del Secretario de Hacienda con respecto a las [10 LPRA secs. 981 a 981s]; así como la propiedad, récord, cantidades no gastadas de las asignaciones, poderes, u otros fondos en poder del Departamento de Hacienda asignados para la implementación de dichas secciones.

(B) El Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor será miembro de la Junta Especial que establece la [10 LPRA sec. 259].

Art. 5a Transferencia de la Oficina de Energía de Puerto Rico (3 L.P.R.A. sec. 341d-1)

Se transfiere todo lo referente a la Oficina de Energía de Puerto Rico al Departamento de Asuntos del Consumidor. Dicha transferencia incluye lo siguiente, sin que esto se entienda como una limitación:

(1) Todos sus poderes, deberes, funciones, facultades, puestos; propiedades, equipo, expedientes y documentos; fondos disponibles y sobrantes de cualquier procedencia; contratos, obligaciones, exenciones y privilegios originados al amparo de la Ley Núm. 128 de 29 de junio de 1977, según enmendada.

(2) Cualquier reglamento que rija la operación de la Oficina de Energía de Puerto Rico, que esté vigente a la fecha en que tenga efectividad la transferencia autorizada en esta ley. Estos continuarán en vigor hasta que sean enmendados o derogados por la autoridad administrativa correspondiente.

(3) El personal de la Oficina de Energía de Puerto Rico que a la fecha de vigencia de esta ley estuviere ocupando puestos regulares con funciones permanentes del Servicio de Carrera se transferirán status regular de carrera. Los empleados de confianza que a dicha fecha tenían derecho de reinstalación, en armonía con las [3 LPRA secs. 1301 et seq.], se transferirán con status de confianza y permanecerán en sus puestos con ese status hasta que la autoridad nominadora los reinstale al status de carrera. En lo referente a los empleados transitorios que a dicha fecha tenían derecho a permanencia, según lo dispuesto en la Ley Núm. 56 de 16 de agosto de 1989, según enmendada, se continuará con los trámites que correspondan.

El Director de la Oficina Central de Administración de Personal, en coordinación con el Secretario de Justicia, evaluará los expedientes de los empleados a ser transferidos a los fines de determinar si la Oficina de Energía cumplió con todas las disposiciones relativas al sistema de mérito, con atención especial al reclutamiento, selección y nombramiento de éstos. El Director recomendará las acciones que procedan.

El personal transferido conservará los mismos derechos y beneficios que tenía al momento de la transferencia, así como los derechos y obligaciones respecto a cualquier sistema de pensión, retiro o fondos de ahorro y préstamos. La clasificación, reclasificación y retribución de los puestos se establecerá en armonía con los planes de clasificación y retribución aplicables al Departamento de Asuntos del Consumidor. Los empleados transferidos deberán reunir los requisitos mínimos de la clasificación de los puestos a que se asignen sus funciones. La Oficina Central de Administración de Personal tomará las medidas necesarias para que la retribución de los empleados se afecte lo menos posible por razón de la transferencia.

(4) Todos los poderes, deberes y funciones asignados en las [23 LPRA secs. 1062 et seq.] y cualesquiera otras leyes. (Art. 5A, adicionado en la Ley Núm. 47, del 21 de agosto de 1990).

Art. 6 Poderes y facultades del Secretario (3 L.P.R.A. sec. 341e)

En adición a los poderes y facultades transferidos por esta ley, el Secretario de Asuntos del Consumidor tendrá los siguientes poderes y facultades:

(a) Reglamentar, fijar, controlar, congelar y revisar los precios, márgenes de ganancias y las tasas de rendimiento sobre capitales invertidos a todos los niveles de mercadeo, sobre los artículos, productos y aquellos servicios que corriente y tradicionalmente se prestan y se cobran por horas o por unidad, se ofrezcan o se vendan en Puerto Rico, en aquellos casos que tales medidas se justifiquen para proteger al consumidor de alzas injustificadas en los precios, evitar el deterioro del poder adquisitivo del consumidor, y proteger la economía de presiones inflacionarias. Disponiéndose, que el Secretario vendrá obligado, además, a establecer y reglamentar las tarifas que deben cobrar los establecimientos privados que se dedican al cuidado de personas de edad avanzada y que residen en éstos, siguiendo las guías que se disponen para estos casos en el inciso (c) del artículo 8 de esta ley.

(b) Atender consultas y ofrecer asesoramiento técnico y, además, prestar ayuda legal a los consumidores en casos meritorios.

(c) Atender, investigar y resolver las quejas y querellas presentadas por los consumidores de bienes y servicios adquiridos o recibidos del sector privado de la economía. Cuando declare con lugar una querella, el Secretario ordenará al querellado perdido que haya procedido con temeridad que pague total o parcialmente los gastos incurridos por el Departamento en su tramitación. El Secretario dispondrá por reglamento los cargos por concepto de gastos que deberá pagar el querellado perdido.

(d) Poner en vigor, implementar y vindicar los derechos de los consumidores, tal como están contenidos en todas las leyes vigentes, a través de una estructura de adjudicación administrativa con plenos poderes para adjudicar las querellas que se traigan ante su consideración y conceder los remedios pertinentes conforme a derecho, disponiéndose que las facultades conferidas en este inciso podrá delegarlas el Secretario en aquel funcionario que él entienda cualificado para ejercer dichas funciones.

(e) Representar al público consumidor ante cualquier entidad privada u organismo público en cualquier asunto que afecte o pueda afectar los intereses del consumidor.

(f) Comparecer por y en representación de los consumidores ante cualquier Tribunal, junta o comisión, organismo administrativo, departamento, oficina o agencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y/o del Gobierno de los Estados Unidos en cualquier vista, procedimiento o asunto que afecte o pueda afectar los intereses del consumidor en general, de grupos de consumidores o de cualquier consumidor en particular.

(g) Establecer las reglas y normas necesarias para la conducción de los procedimientos administrativos, tanto de reglamentación como de adjudicación, que celebre el Departamento.

(h) Emitir órdenes (subpoena) para compeler la comparecencia de testigos y la producción de documentos y/o información.

(i) Interponer cualesquiera remedios legales que fueran necesarios para hacer efectivos los propósitos de esta ley y hacer que se cumplan las reglas, reglamentos, órdenes, resoluciones y determinaciones del Departamento.

(j) Reglamentar y fiscalizar los anuncios y las prácticas engañosas en el comercio, incluyendo la facultad de fiscalizar los reclamos sobre la calidad y demás cualidades de los productos y servicios, realizados a través de los distintos medios de comunicación, así como requerir de los anunciantes evidencia de la veracidad de los reclamos realizados.

(k) Reglamentar y fiscalizar la venta y mecanismos de distribución de franquicias en Puerto Rico en las áreas cubiertas en los incisos (a) y (j) de esta sección.

(l) Promover y establecer normas de calidad, seguridad e idoneidad en los servicios y en los productos de uso y consumo y requerir su cumplimiento. El Secretario podrá requerirle, dentro de un tiempo razonable, a toda empresa que venda algún producto u ofrezca algún servicio en Puerto Rico y que sea objeto de una querella, investigación rutinaria o información que impugne la idoneidad del producto o servicio, que lleve a cabo pruebas de calidad, seguridad e idoneidad, realizadas según se disponga específicamente en cada caso y costeadas por la propia empresa. El Secretario podrá optar por mandar a realizar tales pruebas y cobrarle su costo o parte de éste a la empresa si el resultado revelase alguna falta en la calidad, seguridad e idoneidad del producto o servicio. También podrá cobrarle el costo en que incurra al divulgar cualquier advertencia relacionada con la calidad, seguridad e idoneidad del producto o servicio.

(m) Estimular la formación de agrupaciones privadas de consumidores con fines no pecuniarios, dedicadas exclusivamente a proteger y velar por los intereses del consumidor.

(n) Estudiar los problemas del consumidor y las mejores maneras de proteger sus intereses mediante la promulgación de la debida reglamentación.

(o) Recomendar la legislación que estime necesaria para proteger al consumidor. Recopilar, evaluar y divulgar legislación y reglamentación existente de protección al consumidor, estudios, opiniones y resoluciones, normas y procedimientos, transcripciones, y cualquier documento o grabación que obre en expedientes oficiales. Disponiéndose, que podrá cobrar los derechos correspondientes por copias de tales documentos, reproducciones, transcripciones y regrabaciones, emitidas a solicitud de parte interesada, que se expidan al público en general, a los fines de recuperar los gastos, o parte de los gastos, en que se incurra en su impresión, reproducción y distribución. Los ingresos que por este concepto se obtengan ingresarán en una cuenta especial a favor del Departamento de Asuntos del Consumidor. El Secretario de Hacienda pondrá a disposición del Departamento de Asuntos del Consumidor los dineros ingresados en dicha cuenta especial mediante libramientos autorizados o firmados por el Secretario. No obstante, el Secretario podrá distribuir dichas copias, transcripciones y regrabaciones gratuitamente a organismos gubernamentales, universidades, escuelas públicas y privadas que las soliciten y a cualesquiera otras personas que las soliciten cuando ello, a su juicio, sea necesario para los propósitos de los programas del Departamento de Asuntos del Consumidor. El Secretario consignará en un reglamento las guías, condiciones y excepciones que han de regir la distribución y cobro de dichas publicaciones, documentos, reproducciones, transcripciones y regrabaciones.

(p) Educar y orientar al consumidor en la adecuada solución de sus problemas de consumo y en el mejor uso de sus ingresos y de su crédito, utilizando para ello todas las técnicas y medios de comunicación a su alcance.

(q) Establecer la coordinación necesaria con otras agencias y organismos gubernamentales para la canalización efectiva de la educación y orientación del consumidor de acuerdo con los programas y actividades de cada agencia.

(r) Referir a los organismos, agencias o departamentos correspondientes aquellos asuntos y querellas que le[s] corresponda atender a los mismos bajo sus respectivas leyes.

(s) En coordinación con las demás agencias y departamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, promover y velar por el cumplimiento de todas las leyes, reglas, reglamentos y órdenes que afecten los intereses del consumidor.

(t) Hacer contratos o convenios con personas o instituciones, públicas o privadas, tanto para llevar a cabo investigaciones, pruebas, exámenes o análisis sobre productos, artículos o servicios, como para llevar a cabo campaña de divulgación.

(u) Requerir que se lleven y guarden aquellos récord y otros documentos que fueren necesarios para poner en vigor las disposiciones de esta ley.

(v) Tomar declaraciones bajo juramento.

(w) Inspeccionar récord, inventarios, documentos y facilidades físicas y examinar las operaciones de personas o entidades sujetas a reglamentación bajo las disposiciones de esta ley y demás leyes que administra el Departamento. La persona o entidad objeto de la investigación deberá reembolsar las erogaciones razonables y adecuadas y los gastos incurridos en la investigación, a la presentación por el Secretario de una cuenta detallada de tales erogaciones o gastos. El Secretario dispondrá por reglamento los cargos por concepto de inspección o de examen que deberá pagar la persona o entidad intervenida; en ningún caso los cargos excederán el medio (0.5) del uno (1) por ciento del volumen anual del negocio.

(x) Adjudicar las querellas que la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, radique y procese en virtud de lo dispuesto en la [10 LPRA sec. 259].

(y) Cobrar, recibir, depositar y entregar el importe que corresponda a reclamaciones de consumidores por concepto de cualquier compensación, derecho o beneficio, como resultado de trámites administrativos o gestiones judiciales realizadas bajo las disposiciones de esta ley cuando tales cantidades sean consignadas en este Departamento o cuando no pueda localizarse a los consumidores. En estos casos el Secretario procederá según se establece en el artículo 25 de esta ley.

(z) Establecer un sistema de licencias y de fianzas para la venta y alquiler de bienes, productos y servicios que se ofrezcan en Puerto Rico, cuando ello sea necesario y propio para poner en efecto los propósitos de esta ley. El Secretario podrá también requerir el registro de personas que se dediquen a cualquier actividad comercial, de propiedades para venta o alquiler, de garantías y de cualquier otra información cuya divulgación beneficie a los consumidores. Los requisitos de fianzas, licencias o registros establecidos por esta ley, no serán aplicables a actividades comerciales o personas sujetas a otros registros, licencias o fianzas en virtud de otras leyes especiales. No se entenderán como tales las patentes municipales o los certificados de incorporación.

Mediante los reglamentos aprobados a esos fines, el Secretario fijará y revisará los derechos a cobrar por las licencias que expida bajo esta ley, así como los cargos por concepto de investigación de las solicitudes de licencia y los derechos por concepto de registro. De la misma manera dispondrá las formas y el monto de las fianzas que requiera. Los derechos de licencias, los cargos por concepto de investigación y los derechos por concepto de registro no serán menores de veinticinco (25) dólares ni mayores de trescientos (300) dólares. Para su determinación se tomará en consideración, entre otros criterios, la cuantía de derechos, cargos y fianzas que se hayan establecido por ley o por reglamento para actividades comerciales y de servicio que sean similares y comparables y los gastos que acarrea su tramitación. En el caso de las fianzas, éstas se fijarán y se revisarán para que, a base de la experiencia, la cuantía y el tipo de fianza responda razonablemente por el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

(aa)(1) Atender, investigar, adjudicar y procesar las querellas presentadas por aquellas personas con deficiencias en el desarrollo en contra de entidades privadas que reciban fondos de programas que para beneficio y protección de dichas personas contemplan las leyes federales.

(2) Atender, investigar y adjudicar las querellas presentadas por aquellas personas con deficiencias en el desarrollo en contra de agencias públicas o cuasi públicas que estén acogidas a los beneficios de los programas mencionados en la cláusula (1) de este inciso.

(3) Comparecer por y en representación de aquellas personas con deficiencias en el desarrollo que cualifiquen para obtener beneficios bajo las leyes federales pertinentes, ante cualquier foro, tribunal estatal o federal, junta o comisión, organismo administrativo, departamento, oficina o agencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en cualquier vista, procedimiento, asunto que afecte, o pueda afectar, los intereses, derechos y prerrogativas de éstas.

(4) Previa consulta al Secretario de Justicia, a interponer cualquier recurso o remedio legal vigente por y en representación de las personas con deficiencias en el desarrollo que para beneficio y protección de las mismas contemplan las leyes federales, contra cualquier agencia pública o cuasi pública, para defender, proteger y salvaguardar los intereses, derechos y prerrogativas de esas personas.

Los ingresos que se cobren bajo los incisos (c), (l), (w) y (z) de esta sección ingresarán en los libros del Secretario de Hacienda en forma separada de cualesquiera otros fondos que tenga a bien recibir el Departamento de Asuntos del Consumidor. Estos fondos serán contabilizados sin año natural determinado. Una vez pasados cinco (5) años de la vigencia de esta ley, los recaudos por este concepto ingresarán al Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Disponiéndose, que el Secretario, antes de utilizar los recursos depositados en el Fondo Especial deberá someter anualmente, para la aprobación de la Oficina de Presupuesto y Gerencia, un presupuesto de gastos con cargos a estos fondos. El remanente de fondos que al 30 de junio de cada año fiscal no haya sido utilizado u obligado para los propósitos de esta ley se transferirá al Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Los ingresos recaudados podrán ser utilizados por el Departamento para contratación de personal consultivo, adquisición y reemplazo de equipo, compra de materiales y en todo aquello que tenga el propósito de mejorar y aligerar los procedimientos seguidos por el Departamento. (Enmendado en el 1974, 78, 80, 85, 86, 88 y 90)

Art. 7 Protección de consumidores (3 L.P.R.A. sec. 341f)

El Secretario tendrá poderes y facultades para, en protección de los consumidores, fiscalizar el cumplimiento de las leyes sobre protección al consumidor que estén bajo la jurisdicción de otras agencias y organismos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y referir a los mismos las querellas y notificar las infracciones para que éstos tomen la acción que proceda.

Art. 8 Reglas, reglamentos, órdenes, resoluciones y determinaciones (3 L.P.R.A. sec. 341g)

(a) El Secretario, tendrá poder para aprobar, enmendar o revocar aquellas reglas, reglamentos, órdenes, resoluciones y determinaciones necesarias al cumplimiento de esta ley. Las reglas y reglamentos, que no sean de carácter interno, serán promulgadas conforme a lo dispuesto por la [3 LPRA secs. 1041 a 1059], disponiéndose que las órdenes y reglamentos promulgados conforme al inciso (a) del artículo 6 de esta ley y/o a las [23 LPRA secs. 731 a 745] entrarán en vigor inmediatamente después de su radicación en la Oficina del Secretario de Estado.

Para la adopción de reglas y reglamentos que no sean de carácter interno, el Secretario celebrará vistas públicas luego de haber publicado aviso por lo menos en uno de los periódicos de mayor circulación en Puerto Rico, indicando la fecha, el sitio y la naturaleza de dicha vista. La publicación se hará con no menos de quince (15) días de anticipación a la vista o audiencia.

No obstante, lo anteriormente dispuesto en este inciso, las órdenes de precios emitidas en base a reglamentos que contienen criterios para dicha fijación, entrarán en vigor en la misma fecha de su publicación en uno de los periódicos de mayor circulación en Puerto Rico, a menos que en el texto de la orden publicada se especifique una fecha distinta. En estos casos no será necesario celebrar vistas públicas ni radicar dichas órdenes en la Secretaría de Estado.

(b) Cuando el Secretario determine que existe una situación que requiere una acción inmediata para evitar serios perjuicios a los consumidores, el Secretario podrá adoptar, con la aprobación del Gobernador de Puerto Rico cualquier orden o reglamento sin necesidad de celebrar vistas públicas. Dentro de los quince (15) días posteriores a la promulgación de la orden o reglamento así adoptado, el Secretario deberá comenzar a celebrar las vistas públicas para la consideración de dicho reglamento u orden. De no comenzarse la celebración de las vistas públicas dentro del término de los quince (15) días antes señalados, la orden o reglamento provisional promulgado quedará sin efecto ni validez legal alguna.

Estas vistas públicas se celebrarán luego de haber publicado aviso en unos de los periódicos de mayor circulación en Puerto Rico indicando la fecha, el sito y la naturaleza de dicha vista. La publicación se hará con no menos de cinco (5) días de anticipación a la vista o audiencia.

(c) Para establecer y reglamentar las tarifas correspondientes que deberán cobrar los establecimientos privados que se dedican al cuidado de personas de edad avanzada, que residen en éstos, el Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor deberá estudiar las características biofisiológicas, sociológicas y sicológicas de las personas de edad avanzada, los datos demográficos actuales y las proyecciones futuras y sus necesidades de servicio y apoyo. Deberá además, sin que constituya una limitación, utilizar los siguientes criterios:

(1) Ubicación del establecimiento;

(2) facilidades físicas, tales como equipo y materiales;

(3) privacidad;

(4) servicios de transportación y ambulancia;

(5) personal y su preparación profesional y experiencia;

(6) programa de recreación y rehabilitación;

(7) acceso a sistemas de apoyo;

(8) sistemas de seguridad;

(9) alimentación;

(10) servicios médicos, atención médica y de dentista;

(11) grado de dependencia del envejeciente, según su condición de salud;

(12) asuntos administrativos. (Enmendado en 1974 y 1988).

Art. 9 División administrativa para ventilar querellas (3 L.P.R.A. sec. 341h)

El Secretario establecerá una división administrativa en el Departamento con el propósito de recibir, ventilar y adjudicar las querellas que por violación a las leyes, o disposiciones de las mismas, que den protección al consumidor, radiquen consumidores individuales, grupos de consumidores y funcionarios del Departamento u otros funcionarios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Art. 10 Examinadores; vistas administrativas (3 L.P.R.A. sec. 341i)

El Secretario designará un cuerpo de examinadores cuya función será la de presidir las vistas administrativas que se celebren por el Departamento, tanto las de naturaleza cuasi legislativa como las de naturaleza cuasi judicial.

Los examinadores rendirán un informe al Secretario o al funcionario que éste designe a tenor con el inciso (d) del artículo 6 de esta ley sobre los resultados de cada vista administrativa llevada a cabo y someterán sus recomendaciones. (Enmendado en el 1974)

Art. 10a Quejas y querellas de Consumidores—Término para resolverlas (3 L.P.R.A. sec. 341i-l)

El Secretario deberá resolver las quejas y querellas presentadas por los consumidores de bienes y servicios adquiridos o recibidos del sector privado de la economía, y conceder los remedios pertinentes conforme a derecho, a través de la estructura de adjudicación administrativa, dentro de un plazo de ciento veinte (120) días laborables a partir de la radicación de la querella, siempre que no exista causa justificada. A partir del 1 de julio de 1986 el plazo de ciento veinte (120) días laborables se aplicará a las querellas relativas a bienes inmuebles. En todo otro caso el plazo será de ciento veinte (120) días naturales. ( Art. 10-A, adicionado el 31 de Mayo de 1985, Ley Núm. 19, art. 1, efectiva el 1 de. Julio de 1985).

Art. 10b Queja y querellas de Consumidores—Remedio en caso de demora injustificada (3 L.P.R.A. sec. 341i-2)

En caso de que el Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor o su designado demorare más del plazo fijado por esta ley, el querellante podrá recurrir a la Sala del Tribunal Superior correspondiente a la Oficina donde se haya radicado la querella y solicitar a este foro que expida una orden de mostrar causa sobre la justificación de la demora. El tribunal podrá a su discreción, fijar un plazo para que el Departamento de Asuntos del Consumidor resuelva. (Art. 10-B, adicionado el 31 de Mayo de 1985, Ley Núm. 19, art. 1, efectiva el 1 de. Julio de 1985).

Art. 11 Abogados del interés público (3 L.P.R.A. sec. 341j)

(a) El Secretario designará un cuerpo de los abogados del interés público cuya función será la de representar a los consumidores individuales, a grupos de consumidores y al Departamento en procedimientos ante otras agencias u organismos y tribunales, tanto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como de los Estados Unidos.

(b) El Secretario podrá solicitar del Secretario de Justicia el nombramiento de los abogados del interés público como fiscales especiales en procedimientos de naturaleza criminal por violaciones a las leyes, reglamentos u órdenes que administra el Departamento.

Art. 12 Separación de examinadores y abogados del interés público (3 L.P.R.A. sec. 341k)

El Secretario mantendrá separadas, la unidad de examinadores y la de los abogados del interés público. En caso de resultar necesario realizar transferencias de personal entre una y otra unidad las personas envueltas en la transferencia no participarán en casos en los cuales hayan intervenido anteriormente en otra capacidad.

Art. 13 Sanciones y órdenes (3 L.P.R.A. sec. 341l)

El Secretario, o el funcionario que éste designe a tenor con el inciso (d) del artículo 6 de esta ley, tendrá facultad para emitir las siguientes sanciones y órdenes:

(a) Previa notificación y vista imponer multas administrativas por las violaciones a esta ley o las reglas, reglamentos y órdenes aprobadas o dictadas por el Departamento a tenor con esta ley.

(b) Previa notificación y vista podrá emitir órdenes para cesar y desistir, y prescribir los términos y condiciones correctivas que por la evidencia a su disposición y a tenor con el derecho aplicable determine que son en beneficio del consumidor. Cuando en el criterio del Secretario se cause o se pueda causar un grave daño inmediato a los consumidores o a un consumidor en particular, podrá emitir dicha orden, de carácter provisional, obviando el requisito de celebrar una vista. Dentro de los diez (10) días posteriores a la emisión de dicha orden provisional, el Secretario deberá celebrar una vista administrativa en la que resolverá si dicha orden provisional se hace permanente o se revoca. Las órdenes emitidas bajo este inciso serán notificadas a la persona que corresponda en su sitio de negocios o por correo certificado a su última dirección conocida.

(e) El Secretario podrá recurrir al Tribunal Superior de Puerto Rico en solicitud que se ponga en vigor cualquier orden de cesar y desistir por él emitida o cualquier orden correctiva. El incumplimiento de una orden judicial declarando con lugar tal solicitud constituirá desacato al Tribunal. (Enmendado en el 1974, Ley Núm. 87)

Art. 14 Estudios e investigaciones (3 L.P.R.A. sec. 341m)

(a) Se faculta al Departamento para llevar a cabo toda clase de estudios e investigaciones sobre asuntos que afecten al consumidor, y a tales fines, el Secretario podrá requerir la información que sea necesaria, pertinente y esencial para lograr tales propósitos y aprobar aquellas reglas y reglamentos necesarias y razonables. El Secretario podrá expedir citaciones requiriendo la comparecencia de testigos y la presentación de datos o información para llevar a cabo los propósitos de esta ley. Podrá, además, por sí o mediante su agente debidamente autorizado, tomar juramentos y recibir testimonios, datos o información.

(b) Si una citación expedida por el Secretario no fuese debidamente cumplida, el Secretario podrá comparecer ante el Tribunal Superior de Puerto Rico y solicitar se ordene el cumplimiento de la citación. El Tribunal Superior dará preferencia al curso y despacho de dicha petición y podrá dictar órdenes haciendo obligatoria la comparecencia de testigos a la presentación de los datos o información requerida previamente por el Secretario. El Tribunal Superior tendrá facultad para castigar por desacato la desobediencia de esas órdenes.

(c) Ninguna persona podrá negarse a cumplir una citación del Secretario o de su representante, o producir la evidencia requerida o rehusar contestar cualquier pregunta en relación con cualquier estudio o investigación, o porque la evidencia que se le requiere podría incriminarle o le expondría a un proceso criminal o a que se le destituya o suspendiera de su empleo, profesión u ocupación; pero el testimonio o evidencia producida por dicha persona a requerimiento del Secretario o su representante o en virtud de orden judicial, no podrá ser utilizada o presentada como prueba en su contra en ningún proceso criminal, o en procesos civiles o administrativos que puedan resultar en la destitución o suspensión de su empleo, profesión u ocupación.

(d) Toda información obtenida como resultado de las investigaciones practicadas por el Departamento será de carácter público, excepto, aquella que incrimine al deponente y aquella que constituya secreto de producción o esté protegida por la legislación federal sobre patentes.

Art. 15 Querellas de consumidores (3 L.P.R.A. sec. 341n)

Cualquier consumidor podrá radicar una querella en el Departamento para vindicar los derechos que le conceden las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En caso de que la querella radicada por el consumidor no plantee ninguna controversia adjudicable, el Departamento asesorará al consumidor con respecto a la solución de su querella y o referirá la misma a cualesquiera agencia pertinente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de los Estados Unidos.

Las querellas de los consumidores se regirán por el procedimiento de adjudicación que dispone esta ley.

Art. 16 Decisiones del Secretario, reconsideración (3 L.P.R.A. sec. 341o)

Cualquier parte adversamente afectada por la decisión del Secretario, o del funcionario que éste designe a tenor con el inciso (d) del artículo 6 de esta ley, en un procedimiento de naturaleza cuasi judicial o cuasi legislativa deberá, salvo en los procedimientos radicados por la Oficina de Asuntos Monopolísticos, solicitar dentro del término de diez (10) días a partir de la fecha de notificación de la decisión, la reconsideración del Secretario. El Secretario tendrá treinta (30) días para decidir la reconsideración solicitada, pasados los cuales, si no ha emitido su decisión se entenderá No Ha Lugar a la reconsideración solicitada, disponiéndose que el Secretario notificará tal hecho a la parte afectada. (Enmendado en el 1974 y 1978)

Art. 17 Revisión judicial de decisiones (3 L.P.R.A. sec. 341p)

(a) cualquier parte adversamente afectada por una decisión en reconsideración del Secretario o del funcionario que éste designe a tenor con el inciso (d) del artículo 6 de esta ley podrá solicitar la revisión judicial de dicha decisión al Tribunal Superior del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la Sala del Tribunal Superior correspondiente a la residencia del perjudicado, mediante un recurso emitido por el Tribunal a su discreción. La solicitud de revisión deberá ser radicada ante el Tribunal Superior dentro de los quince (15) días a partir de la fecha de la notificación de la referida decisión.

(b) La decisión del Secretario, o del funcionario designado por éste, permanecerá en todo su vigor y efecto hasta tanto no haya una decisión del Tribunal Superior de Puerto Rico final y firme revocando la decisión del Secretario.

(c) El recurso de revisión se formalizará presentando una solicitud en la Secretaría del Tribunal, en la cual se expondrán los fundamentos en que se apoya la solicitud de revisión. Radicado el recurso, el peticionario deberá notificar el mismo al Secretario dentro de un término de cinco (5) días a partir de su radicación.

(d) El Secretario deberá elevar al tribunal copia certificada de los documentos que obren en el expediente, dentro de un término de diez (10) días a contar de la fecha en que fuere notificado de la expedición del auto de revisión.

(e) El Tribunal revisará las resoluciones u órdenes del Secretario con base al récord administrativo sometido y sólo en cuanto a las conclusiones de derecho; las determinaciones de hecho del Secretario serán concluyentes para el Tribunal si estuvieren sostenidas por evidencia sustancial.

(f) La solicitud de reconsideración hecha al Tribunal Superior no suspenderá los efectos del reglamento, orden o resolución del Secretario.

Las disposiciones de esta sección no serán de aplicación a las querellas que sean instadas por la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia en virtud de lo dispuesto en la [10 LPRA sec. 259].

(Enmendado en el 1974, 78 y 85)

Art. 18 Multas (3 L.P.R.A. sec. 341q)

El Secretario tendrá facultad para imponer multas hasta un máximo de diez mil (10,000) dólares.

El Secretario podrá imponer multa por violación de las disposiciones de esta ley, las leyes que administra el Departamento o los reglamentos u órdenes emitidas por el Departamento. Cada día en que se incurra en la misma violación será considerada como una violación separada. (Enmendado en el 1974 y 1990).

Art. 19 Actos prohibidos (3 L.P.R.A. sec. 341r)

Se prohibe todo tipo o clase de acto, práctica, anuncio o publicidad que constituya o tienda a constituir fraude y/o engaño y/o falsa representación, sobre la marca, precio, cantidad, tamaño, calidad, garantía o salubridad de un producto, artículo o servicios.

Cualquier violación de esta sección constituirá un delito público y cada día en que se incurra en la misma violación se considerará un delito separado. En caso de convicción se impondrá una pena de cárcel hasta un término que no excederá de seis (6) meses, o una multa hasta un máximo de quinientos (500) dólares o amas penas a discreción del Tribunal. (Enmendado en el 1974)

Art. 20 Servicios profesionales y técnicos (3 L.P.R.A. sec. 341s)

El Secretario contratará los servicios profesionales y técnicos que fueren necesarios para atender los múltiples y complejos problemas que confrontan al consumidor y que requieren atención y acción de personal especializado.

Art. 21 Informe anual ( 3 L.P.R.A. sec. 341t)

El Secretario deberá rendir al Gobernador y a la Asamblea Legislativa un informe de la labor realizada durante el año, al finalizar cada año fiscal.

Art. 22 (Suprimido)

Art. 23 Reglamentos vigentes; sucesor legal (3 L.P.R.A. sec. 341u)

Todas aquellas leyes, reglas, reglamentos y órdenes aplicables a la Administración de Servicios al Consumidor y al Departamento de Hacienda, en cuanto a las [10 LPRA secs. 981 a 981s], que no estén en conflicto con las disposiciones de esta ley, continuarán en vigor, y se entenderá que a partir de la vigencia de esta ley, se relacionan, refieren y serán administradas por el Departamento de Asuntos del Consumidor y su Secretario, quien será, para todos los efectos, el sucesor legal del Director de la Administración de Servicios al Consumidor y el Secretario de Hacienda respectivamente.

Art. 24 Comisión, miembros, propósitos (3 L.P.R.A. sec. 341v)

Se crea una Comisión compuesta por el Secretario de Asuntos del Consumidor, el Secretario de Justicia, el Presidente de la Junta de Planificación dos personas que representen el interés público designados por el Gobernador de Puerto Rico, que en el curso de un año, a partir de la fecha de vigencia de esta ley, efectuará un estudio en el cual se determinarán las funciones y programas del Estado Libra Asociado de Puerto Rico que deban ser transferidas al Departamento de Asuntos del Consumidor por razón de su estrecha relación a los problemas y asuntos del consumidor.

En base a estas recomendaciones el Gobernador someterá a la Asamblea legislativa no más tarde de 30 días después de comenzada una sesión ordinaria ó 10 días después de comenzada una extraordinaria, las transferencias de programas que estime necesarias. Si la Asamblea Legislativa recesare sin que ninguna de las Cámaras rechazare alguna propuesta para transferencias, ésta quedará automáticamente aprobada y entrará en vigor al día siguiente de haber recesado la Asamblea Legislativa.

Art. 25 Facultades y deberes del Secretario respecto a reclamaciones y querellas (3 L.P.R.A. sec. 341w)

(1) El Secretario podrá cobrar, recibir, depositar y entregar el importe de las reclamaciones a los consumidores a quienes corresponda. Si las cantidades recibidas no pudieran ser entregadas prontamente a los consumidores con derecho a recibirlas, las mismas permanecerán bajo la custodia del Secretario en una cuenta bancaria que devengue intereses. En estos casos, el Secretario tendrá facultad para endosar y depositar en la referida cuenta aquellos cheques bancarios, giros postales y cualesquiera otros valores librados a favor de los consumidores. Los desembolsos contra esta cuenta se efectuarán conforme a la reglamentación promulgada por el Secretario de Asuntos del Consumidor en coordinación con el Secretario de Hacienda.

(2) En caso de muerte del consumidor con derecho a recibir determinada cantidad por el concepto expresado, el Secretario de Asuntos del Consumidor hará el pago a sus herederos de acuerdo con la determinación que haga al respecto, en las proporciones que les correspondan de conformidad con el [título 31 LPRA].

La prueba de la condición de heredero, según se provee en esta sección, será establecida ante el Secretario de Asuntos del Consumidor en la forma que éste disponga mediante reglamento.

Cuando las personas con derecho a un pago fueren menores de edad o incapacitadas, el mismo se hará a la persona que estuviere a cargo de dichos menores o incapacitados si, después de hecha la investigación correspondiente, fuere aconsejable efectuarlo a esa persona.

(3) Efectuado el pago del importe de una reclamación en la forma provista en esta ley, el Secretario de Asuntos del Consumidor y sus agentes y empleados quedarán relevados de toda responsabilidad futura.

(4) El importe de la reclamación de un consumidor que no haya podido ser localizado pasará al fondo general luego de transcurridos cinco (5) años de la publicación en un periódico de mayor circulación de su nombre, última dirección conocida y cualquier otra información que el Secretario de Asuntos del Consumidor disponga por reglamento.

(5) El Secretario de Asuntos del Consumidor deberá transferir periódicamente al Secretario de Hacienda el importe de los intereses devengados por las cantidades depositadas en la cuenta bancaria que devengue intereses, para que este último funcionario, a su vez, lo deposite en una cuenta especial bajo su custodia. Estos fondos se destinarán única y exclusivamente para los siguientes fines:

(a) Sufragar los gastos en que incurra el Secretario de Asuntos del Consumidor para localizar a los reclamantes;

(b) Para fortalecer y darle más efectividad a las actividades de investigación de querellas, adjudicación y cobro de reclamaciones y acciones judiciales iniciadas por el Secretario de Asuntos del Consumidor.

(6) El Secretario de Asuntos del Consumidor queda autorizado para incurrir en los gastos necesarios para la publicación de los nombres y direcciones de los reclamantes que no se hayan podido localizar y para cumplir con cualquier otro requisito necesario en la administración de esta ley.

(7) El Secretario de Asuntos del Consumidor promulgará la reglamentación necesaria para llevar a cabo las disposiciones de esta ley.

(8) La facultad que se le concede al Secretario de Asuntos del Consumidor para el endoso y depósito de cheques bancarios, giros postales y otros valores expedidos en pago de reclamaciones se hace extensiva a cualesquiera otros valores de la misma naturaleza que tenga bajo su custodia al entrar en vigor esta ley. (Art. 25, adicionado el 12 de Julio de 1986, Ley Núm. 129, sec. 2, efectiva el 12 de Julio de 1986).