image_pdfimage_print

Utility Consulting Services v. Municipio de San Juan, 115 D.P.R. 88 (1984)

Utility Consulting Services, Inc., demandante y recurrida
v.
Municipio de San Juan y Dr. Hernán Padilla, demandados y recurrentes.
Números: R-83-51 R-83-52
Resueltos: 14 de febrero de 1984

En El Tribunal Supremo De Puerto Rico.
Sentencia de Pedro J. Martínez, J. (San Juan), que declara con lugar cierta demanda en cobro de dinero y daños y perjuicios. Revocada, y se desestima la demanda en costas a la demandante.

Maritza Pagán, abogada de los recurrentes; José Julián Alvarez y Ramón Maurás Valentín, abogados de la recurrida.

**1 SENTENCIA

El Municipio de San Juan contrató los servicios de consultoría de la corporación Utility Consulting Services, Inc. para que analizara las tarifas y facturas en los contratos de suministro de agua y electricidad, y revisara (audit, dice el texto en inglés) facturas ya pagadas, para ilustrar al municipio sobre la manera de reclamar sobrepagos. Se pactó que la firma consultora percibiría por estos servicios el 50% de todas las economías resultantes de su gestión, computado sobre un periodo de tres años desde que *89 se hiciera el reajuste; y el 50% de rembolsos y créditos que obtuviera el gobierno de la ciudad. Se fijó el término contractual en tres años, a partir del 2 de julio de 1973, sujeto a prórroga por tiempo indefinido hasta que cualquiera de las partes notificara su cancelación con 120 días de antelación. Esta notificación se cursó por el Alcalde, Dr. Hernán Padilla el 18 de abril de 1978. Durante la vigencia del contrato el Municipio pagó a dicha consultora $232,138.62. Después del 3 de octubre de 1977 el municipio no hizo más pagos y la Utility Consulting lo demandó en cobro de servicios en abril de 1980. El pleito fue a juicio y la sala de instancia, al aplicar la fórmula de 50% acordada en el contrato de consultoría, condenó al municipio a pagar $2,516,905.48, suma que resulta en exceso aun de los ajustes o créditos por $2,404,101.38 en que se benefició la Ciudad de San Juan. Expedimos auto de revisión a solicitud del municipio, y considerados los extensos alegatos de ambas partes, resolvemos.

I

Es de alto relieve la desproporción exorbitante entre las prestaciones de las partes contratantes, que conduce al derrumbe del contrato por aniquilamiento del equilibrio de esas mutuas prestaciones. Por una labor simple y esporádica que en ocasiones se reducía a limpiar la ventana de un contador olvidado y descubrir que el ratio (coeficiente) de tarifa era de 700 y no de 7,000 como se venía facturando; por el empleo de tiempo mínimo y horas no especificadas, la recurrida invoca el contratoNOTA1 para justificar su acreencia sobre fondos públicos de $2,749,044.10 generados en su mayor parte durante los tres años siguientes a su intervención.

La arraigada tradición de la autonomía de la voluntad (pacta sunt servanda), *90 eje de la seguridad jurídica, permite frenar su predominio absoluto cuando la excesiva onerosidad alcance dimensiones de mala fe. Cf. López de Victoria v. Rodríguez, 113 D.P.R. 265 (1982). Así lo tiene ordenado el Código Civil en su Art. 1210 (31 LPRA sec. 3375) al declarar que los contratos obligan a todas las consecuencias, que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.

En casos apropiados, no habrá de llegarse a la aniquilación de la libertad contractual, recurriendo a la alternativa de revisabilidad del contrato, un concepto intermedio situado entre los dos polos de la validez y de la nulidad, cuyo núcleo es la sustitución parcial de la voluntad privada por la voluntad estatal y que preserva la eficacia esencial del negocio. M. Royo Martínez, Transformación del concepto del contrato en el derecho moderno, 177 Rev. Gen. Legis. Juris. 113-157 y ss. (1945). F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, 3ra ed., Madrid, Eds. Pirámide, 1976, T. 3, pág. 338 y ss.

**2 Hay facultad en los tribunales para atemperar la irracionalidad de la causa cuando ésta hiere el principio de la reciprocidad de las prestaciones y la norma de buena fe del citado Art. 1210.

Atenta nuestra legislación civil al problema de la autonomía de la voluntad, que requiere el cumplimiento de lo pactado en los propios términos convenidos, admite, sin embargo, ciertas restricciones por razón de la buena fe que preside la contratación –arts. 1.258 del C. C. y 57 del de Comercio– y más concretamente, por razón del elemento de justicia objetiva implícito en la exigencia de causa en los contratos, referida esencialmente en los onerosos a la reciprocidad o equivalencia de las prestaciones, pronunciándose nuestra moderna legislación con caracteres más acusados de posibilidad de moderación de lo convenido, siendo preciso reconocer la facultad judicial de modificar el contrato, si bien solo con gran cautela y notoria justificación se podrá hacer uso de la citada facultad modificadora. (S. de 13 de junio de 1944.) F. Bonet Ramón, Código Civil Comentado, Madrid, Ed. Aguilar, 1962, pág. 959.

*91 Larevisión judicial del contrato en discusión es factible porque 1) era imprevisible el desarrollo que sobrevino en torno a la igualdad de valor, en principio, de prestación y contraprestación (equivalencia); 2) la ejecución del contrato resulta extremadamente onerosa y constituye para el deudor una lesión que no guarda proporción con la ventaja prevista para él en el contrato; y 3) el contrato no tiene carácter aleatorio o de pura especulación, con el que las partes quisieran prever en cierto modo la alteración inusitada del equilibrio entre prestaciones. J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, 10ma ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. 3, pág. 486. Cf. Casera Foods, Inc. v. E.L.A., 108 D.P.R. 850, 856 (1979).

Se cumple nuestra guardada intervención al revocar la sentencia, sin estimar la reconvención en que el municipio solicita restitución de los $232,138.62 ya pagados.

II

Al promover acción contra el Municipio de San Juan en cobro de servicios bajo contrato de consultoría, la corporación demandante incluyó como demandado en su carácter personal al Dr. Hernán Padilla, Alcalde de la Ciudad, de quien reclamó (aparte de la acción contractual) $250,000 de daños y perjuicios por su resistencia y negativa temeraria a pagar los alegados servicios de la demandante. Contestó el Alcalde la demanda y llegado el pleito a vista en sus méritos, luego de presentarse la prueba de la demandante, solicitó desestimación por insuficiencia de ésta, a cuya petición se allanó la demandante para expresar que desistía de la acción personal contra el Alcalde. El Tribunal Superior no proveyó al desistimiento hasta sometido el pleito en su totalidad, cuando en su sentencia del 10 de noviembre de 1982 expresó: ‘En cuanto al co-demandado Dr. Hernán Padilla nada se dispone en esta Sentencia por haber desistido la parte demandante con perjuicio de esa causa de acción durante el proceso y *92 haber sido aceptada la misma [sic] por el Tribunal.‘ Recurrió en revisión este demandado y señala como error único no haber el tribunal impuesto a la recurrida el pago de costas y honorarios de abogado. Expedimos auto de revisión el 10 de marzo de 1983 y el recurrente sometió su recurso por la argumentación de su solicitud, sin que la parte recurrida haya rebatido la misma.

**3 La imposición de costas es mandatoria, Regla 44.1 de Proc. Civil; y nos parece que mantener una persona sometida a un pleito por tres años y al final desistir –sin más explicación– frente a moción para desestimar por insuficiencia de prueba, acusa una conducta procesal temeraria y abusiva que lastima y subvierte la libertad de acceso a los tribunales en busca de remedio. Regla 44.1(d) de Proc. Civil; Cf. Kane v. República de Cuba, 90 D.P.R. 428 (1964).

Se revocan las sentencias revisadas y se desestima la demanda, con costas a la demandante. La sala de instancia fijará, además, los honorarios de abogado que corresponden al señor Alcalde en la acción personal desistida.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria General. El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Negrón García se inhibieron. El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió con opinión.

(Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria General

–O–

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado Señor Rebollo López.

En el voto disidente que emitiéramos en el caso de Vda. de Zayas v. Pepsi Cola, 114 D.P.R. 772, 774 (1983), expresamos que ‘ser consistentes no es garantía de que resolvemos correctamente, pero, por lo menos, representa en nuestra función de impartir justicia tranquilidad de espíritu‘.

La consistencia en nuestras decisiones fomenta la excelencia en la práctica *93 de la profesión por cuanto permite a los abogados poder evaluar las situaciones de hecho ante su consideración en su justa perspectiva y, en su consecuencia, les facilita aconsejar adecuada e inteligentemente a sus clientes sobre las distintas opciones que a éstos les asisten. De igual importancia lo es el hecho de que tiende a evitar la incertidumbre en nuestros jueces de instancia al enfrentarse a los casos que vienen obligados a resolver. El que seamos consistentes, en resumen, es de fundamental importancia por cuanto ello promueve en nuestra jurisdicción ‘la seguridad jurídica, cuya uniformidad es eje de la ley‘. Jack’s Beach Resort, Inc. v. Cía. Turismo, 112 D.P.R. 344, 350 (1982).

Ello, naturalmente, no implica que este Tribunal, ni ningún otro, esté atado inflexible e inexorablemente a lo resuelto en el pasado. El derecho es dinámico y, por lo tanto, evoluciona constantemente; el mismo, sin embargo, no cambia súbita y radicalmente de día a día y de semana en semana.

I

En López de Victoria v. Rodríguez, 113 D.P.R. 265 (1982),NOTA1 tuvimos la oportunidad de expresarnos respecto a un contrato contingente de servicios profesionales otorgado entre un abogado y su cliente, referente el mismo a un pleito de divorcio y de liquidación de gananciales. Mediante la sentencia emitida sostuvimos aquella que dictara sumariamente el tribunal de instancia al declarar con lugar la demanda en cobro de dinero radicada por el abogado y condenar, en su consecuencia, al cliente al pago total de los honorarios pactados.

**4 Manifestamos en el citado caso, López de Victoria, supra, págs. 268 y 271, que a pesar de que el ‘contrato de servicios profesionales de abogado está saturado de un elemento ético que le diferencia substancialmente del *94 convenio común sobre arrendamiento de servicios‘, –por lo que ha de ser examinado el mismo con mayor rigurosidad que un contrato de servicios común y corriente– ‘no es éste el caso que requiera la intervención moderadora del tribunal con la autonomía contractual de las partes que se da únicamente en circunstancias extraordinarias, facultad dimanante del citado Art. 1210 Cc que ha de ejercerse con extrema cautela y patente justificación por su efecto lesivo a la estabilidad de los contratos y a la seguridad jur ?idica‘. (Énfasis suplido y escolio omitido.)

Mediante opinión de 21 de octubre de 1983 en el caso de Plan Bienestar Salud v. Alcalde Cabo Rojo, 114 D.P.R. 697, 699 y 702 (1983) –caso en que el Alcalde de Cabo Rojo se había comprometido a pagar, mediante orden administrativa al efecto, una cantidad de dinero en específico como aportación patronal a un Plan de Bienestar de Salud en beneficio de los empleados de la limpieza de dicho municipio y en que, a pesar de que el referido plan prestó los servicios requeridos, el alcalde se negó a satisfacer por entero la cuota patronal y al ser demandado por el referido Plan de Bienestar en cobro de dinero el alcalde alegó que no tenía que hacerlo así por razón de que la orden administrativa constituía un acto nulo y ultra vires de su parte– este Tribunal, al revocar la sentencia dictada por el tribunal de instancia que había declarado sin lugar sumariamente la demanda radicada, expresó:

Independientemente de la naturaleza jurídica del municipio en Puerto Rico, resulta claro que las obligaciones que contraiga se rigen por principios de derecho civil, sujeto a estatutos que modifiquen tal situación.

Los contratos administrativos se rigen normalmente, en ausencia de régimen especial, por la teoría general de los contratos …. Ello significa que la doctrina del enriquecimiento injusto, entre otras, es aplicable a determinadas situaciones en que una de las partes contratantes es un organismo público.

Aun suponiendo, no obstante, que el acuerdo logrado sea anulable o aun nulo *95 por razón de no haberse observado determinadas formalidades de ley, ofende elementales principios de equidad, en el sentido civilista de la palabra, el que un municipio pueda beneficiarse de un acuerdo en las circunstancias específicas de este caso y a la vez evadir toda responsabilidad respecto a lo convenido libremente por él. (Énfasis suplido.)

En Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, 114 D.P.R. 833 (1983) –caso en que el Municipio de Maricao se negaba a cumplir con un contrato de compraventa que había otorgado, mediante el cual había readquirido en el 1980 un solar, y edificio, por la suma de $35,000, la nuda propiedad del cual dos años antes el propio municipio le había vendido a la otra parte por la suma de $800– citando como único fundamento las disposiciones del Art. 1210 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3375,NOTA2 confirmamos la sentencia dictada por el tribunal de instancia, la cual había decretado la validez y obligatoriedad del contrato celebrado.

**5 En el presente caso, la corporación demandante otorgó un contrato de servicios con el Municipio de San Juan –contrato que fue preparado por el propio asesor legal del referido municipio y firmado por su alcalde– mediante el cual éste se obligó a pagar a la aquí demandante el cincuenta (50) por ciento del monto total del dinero que se economizara el municipio durante el término de vigencia del contrato, por concepto de economías o créditos de que fuera beneficiario, en relación con el consumo de energía eléctrica en todas sus facilidades.

Es un hecho incontrovertido que el Municipio de San Juan, como consecuencia directa o indirecta del trabajo realizado y el asesoramiento brindado por la corporación demandante,NOTA3 recibió créditos o se economizó en exceso de la suma de cinco millones de dólares.NOTA4

*96 Elreferido municipio comenzó a pagar y luego se negó a honrar el contrato que libremente había otorgado, con la alegación de que el mismo era nulo. El tribunal de instancia, mediante una bien razonada sentencia y a la luz de las cláusulas contenidas en el contrato celebrado, condenó al referido municipio a pagar a la parte demandante la mitad de la suma de dinero que la corporación demandante le había economizado.

Utilizando como fundamento, erróneamente, a nuestro juicio,NOTA5 las *97 disposiciones del citado Art. 1210 del Código Civil y apartándose de la norma establecida en el caso de López de Victoria v. Rodríguez, ante, pág. 271, a los efectos de que ‘la intervención moderadora del tribunal con la autonomía contractual de las partes‘ ha de ser ejercida ‘únicamente en circunstancias extraordinarias‘, y ‘con extrema cautela y patente justificación‘, este Tribunal revoca dicha decisión con lo que lesiona, a nuestra manera de ver las cosas, ‘la estabilidad de los contratos y la seguridad jurídica‘ en nuestra jurisdicción.

II

En adición a lo expresado en el reciente caso de Plan Bienestar Salud v. Alcalde Cabo Rojo, ante, pág. 699, a los efectos de que las obligaciones que contrae un municipio ‘se rigen por principios de derecho civil‘ y de que los contratos administrativos se rigen normalmente ‘por la teoría general de los contratos‘, está plenamente establecido en esta jurisdicción que un contrato entre ‘el gobierno‘ y un ciudadano particular debe interpretarse como si se tratara de un contrato entre dos personas particulares. Rodríguez v. Municipio, 75 D.P.R. 479 (1953); Zequeira v. CRUV, 83 D.P.R. 878 (1961); Opiniones Secretario de Justicia, Núm. 1972-17, Núm. 1977-11 y Núm. 1978-15. Resulta meridianamente claro, por lo tanto, que las obligaciones que contrajo el Municipio de San Juan con la parte demandante mediante el contrato aquí en controversia, deben ser examinadas a la luz de los principios de derecho civil, específicamente, de la teoría general de los contratos.

**6 En su consecuencia cobran importancia, en relación con los hechos de este *98 caso, disposiciones de nuestro Código Civil tales como las del Art. 1207,NOTA6 el cual consagra el principio de la autonomía de la voluntad al señalar que los ‘contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por coveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público‘;NOTA7 las del Art. 1230,NOTA8 mediante el cual se persigue mantener el ejercicio de esta libertad contractual separada de los requisitos de forma, a los efectos de que los ‘contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez‘; y las disposiciones, por último, del Art. 1208NOTA9 a los efectos de que la ‘validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contrantes‘.

Sobre la libertad de contratación ha sido mucho lo que se ha escrito. Nos señala Puig Brutau, en lo pertinente, que esta autonomía ‘significa que, en principio, todo particular puede contratar cuando quiera, como quiera y con quien quiera‘.NOTA10 Nos dice Manresa que producto ‘el contrato de la libre y acorde voluntad de los interesados para crear una relación jurídica especial, ha de regirse ésta con preferencia, según ya indicamos, por lo que quisieron y convinieron aquellos a quienes liga‘.NOTA11 Expresa, a estos mismos efectos, Diego Espín Cánovas que una ‘de las tradicionales características del Derecho de obligaciones es la de la amplitud con que las *99 partes pueden crear y regular sus propios intereses, valiéndose para ello de la figura del contrato, que se convierte así en molde jurídico capaz de recoger cualquier contenido económico…‘.NOTA12

En relación, en específico, con contratos celebrados entre un municipio y una persona particular es de suma importancia señalar que una vez se perfecciona el mismo es de aplicación la doctrina general de la inalterabilidad de los contratos; o sea, aplica la máxima pacta sunt servanda. A esos efectos expresa el comentarista V. Balbín Pechuán en su obra Los Contratos Municipales, que:

El contrato administrativo, una vez que se perfecciona por la adjudicación definitiva, tiene que ejecutarse y debe cumplirse no de cualquier forma, sino con arreglo a lo convenido por las partes contratantes, es decir, de acuerdo a lo pactado, que es lo que significa el principio básico pacta sunt servanda. Este mantenimiento de lo pactado y este cumplimiento de lo convenido en el contrato interesa no sólo a las partes contratantes, sino que interesa a la paz social. Constantemente estamos contratando, pues la mayor parte de los actos humanos son contratos de una y otra naturaleza, de aquí que si no se cumpliesen o pudieran libremente no cumplirse los contratos, se produciría un verdadero ‘caos‘ en la sociedad.NOTA13 (Énfasis suplido.)

**7 III

El principio de la autonomía de la voluntad está sujeto, naturalmente, a que lo pactado libremente por las partes no sea contrario a las leyes, a la moral, ni al orden público. El contrato aquí en controversia claramente no lo es. Como bien señala la parte demandante, este Tribunal en sus interpretaciones del término ‘orden público‘ consistentemente ha buscado su expresión en la ley. A esos efectos, véanse: Asoc. de Condóminos v. *100 Seguros Arana, 106 D.P.R. 133 (1977); Asoc. de Condóminos v. Centro I, Inc., 106 D.P.R. 185 (1977); Hernández v. Méndez & Assoc. Dev. Corp., 105 D.P.R. 149 (1976).

A esos efectos, el tratadista Scaevola expresa que:

El concepto ‘orden público‘, en sí, aislado, con separación de la idea de ley, parécenos carece de efectividad en el campo propio de la contratación. Aun es dable hablar de moral como cosa independiente del derecho; no se concibe, en cambio, el orden público, esto es, ordenamiento de la vida social, sin un conjunto de reglas que lo determinen. Es precisamente orden público, porque el legislador lo declara así, o, aun sin declararlo expresamente, lo es, en cuanto lo legislado afecta al interés general. El orden público fuera de la ley, es el vacío, no existe.

En definitiva: pactos contra el orden público hay que entender los que van contra ley, sea propia y estrictamente y en su totalidad de derecho público, sea de derecho privado, pero afectante en determinados preceptos al interés social.NOTA14 (Énfasis suplido.)

C. Antieau, en su obra 1A Municipal Corporation Law, New York, Ed. Matthew Bender, 1980, Sec. 10.15, pág. 10-43, enumera situaciones en las cuales los contratos municipales han sido invalidados por contravenir el ‘orden p ?ublico‘. Entre otras, señala: a) duración excesiva del contrato más allá del término de las autoridades municipales; b) limitación irrazonable de los poderes de los funcionarios sucesores; c) renuncia o indebida delegación de los poderes gubernamentales; d) conflicto de intereses de los funcionarios municipales envueltos. No hemos encontrado ni un solo caso, ni ningún autor, que sostenga como contrario al ‘orden público‘ un contrato, como el de autos, en donde se pactan unos honorarios contingentes por unos servicios profesionales a prestarse.¿Quede*101 ilegal e inmoral puede tener un contrato cuyo objetivo es la reducción en forma legítima de los gastos de operación en que incurre un municipio? ¿Acaso no es la reducción de los gastos energéticos en el gobierno una buena y deseable política pública?

¿Qué de ilegal e inmoral puede tener un contrato cuando está pactado expresamente en el mismo que el derecho, y la cuantía, a cobrar a una parte depende directamente de cuán beneficiosas resulten para el municipio las gestiones lícitas a ser realizadas por la primera?

**8 Nos parece que no puede ser otra la conclusión de que en el caso presente no existe fundamento legal alguno para anular el contrato en controversia por razón de que el mismo contravenga la ley, la moral o el orden público. Distinta sería la situación si se hubiere demostrado que medió fraude o manejos turbios en la contratación efectuada;NOTA15 eventos que en el presente caso ni tan siquiera fueron alegados por el Municipio de San Juan al contestar la demanda.

El contrato celebrado, por último, tampoco resulta ser uno ultra vires. Debemos comenzar por señalar que, como regla general y específicamente en lo referente a gobiernos municipales, un contrato otorgado entre un municipio y una persona particular es ultra vires, únicamente, si no cae dentro de los poderes municipales bajo ninguna circunstancia o para ningún propósito. C. Antieau en su obra Municipal Corporation Law, op. cit., Sec. 10.13, pág. 10-34, nos señala, en lo pertinente, que ‘[u]ltra vires contracts are those completely beyond the competence of local governments in all circumstances ‘. En E. McQuillian, The Law of Municipal CorporationsNOTA16 se expresa, en lo pertinente, que:

The term ‘ultra vires‘ has been employed to mean many different things.

*102 Thus,it is not uncommon to refer to contracts as ultra vires where made by the wrong municipal officer or without the formalities required by law. The improper use of this term has been productive of much confusion and for the purpose of clearly defining the rights and duties of all the parties to a municipal contract, an ultra vires contract, as the term will be used herein, and according to its strict and true construction, is a contract which it is not within the power of a municipal corporation to make under any circumstances or for any purpose. (Énfasis suplido y escolios omitidos.)

¿Puede válidamente argumentarse que el Municipio de San Juan no tenía el poder para otorgar el contrato aquí en controversia bajo ninguna circunstancia, o que dicho contrato no tenía propósito válido alguno? Creemos que no.

Como bien señala McQuillian, a la pág. 234 de su obra antes citada, The Law of Municipal Corporations, ‘a city may enter into contracts in aid of the performance of its public duties‘. (Énfasis suplido y escolio omitido.)

IV

Tenemos, en resumen, que el contrato aquí ‘aniquilado‘ por la sentencia que emite el Tribunal no es ultra vires, como tampoco es contrario a las leyes, a la moral, ni al orden público. El propósito del mismo es legítimo y beneficioso para el Municipio de San Juan: economizar fondos públicos que eran gastados innecesariamente en consumo de energía eléctrica, fondos que podrán ser utilizados en otras formas en beneficio de los ciudadanos de dicho municipio.

Las consecuencias del referido contrato eran claras y previsibles: la parte demandante tendría derecho, en concepto de honorarios contingentes, a la mitad de lo que sus gestiones y recomendaciones le economizaran al municipio. Dicho contrato fue pactado libremente por las partes; de hecho, como expresáramos anteriormente, el mismo fue preparado por el asesor legal del municipio. Éste definitivamente no era la ‘parte débil‘ que vino obligada a aceptar los términos impuestos por la ‘parte poderosa‘.NOTA17

**9 *103 Somosdel criterio que la función de este Tribunal al aquilatar un caso como el de autos no es la de determinar, a posteriori, la ‘conveniencia‘ o no de los términos del contrato celebrado o cuáles, de acuerdo con el criterio individual de cada uno de nosotros, han debido ser los mismos. Nuestra función se limita, por mandato de ley, a determinar la legalidad del contrato.NOTA18 No estamos llamados a ejercer, respecto a los municipios de Puerto Rico, un poder similar al de parens patriae que ejercemos en relación con los menores de edad.

Ante la realidad de lo expuesto, el Tribunal expresa que procede el ‘aniquilamiento‘ del contrato celebrado por razón de ‘la desproporción exorbitante entre las prestaciones de las partes contratantes‘ en vista de la ‘labor simple y esporádica‘ que realizó la corporación demandante. (Sentencia, pág. 89.)

Somos del criterio que, al igual que en el caso de López de Victoria v. Rodríguez, ante, pág. 271, ‘no es este el caso que requiera la intervención moderadora del tribunal con la autonomía contractual de las partes‘.

En primer lugar, y en adición a las circunstancias anteriormente mencionadas que rodearon la otorgación del contrato objeto del presente pleito, no podemos perder de vista el hecho de que, como en todo contrato sobre honorarios contingentes, al momento de otorgarse el contrato aquí en controversia ni una ni otra parte sabía a ciencia cierta cuál iba a ser el fruto o resultado del trabajo a ser realizado por la corporación demandante. Pudo haberse dado el caso de que las economías resultantes para el Municipio de San Juan hubieran podido consistir de una suma de dinero nominal. En tal eventualidad los honorarios que hubieran correspondido a la demandante no sólo no hubieran llamado la atención de persona alguna, sino que en dicha situación la demandante con toda seguridad hubiera perdido *104 dinero al compararse los exiguos honorarios a que hubiera tenido derecho con las horas y esfuerzo invertidos por ella en el trabajo realizado. Claro está, ese era el riesgo que bajo el contrato celebrado corría la corporación demandante.

Resultó, sin embargo, que el trabajo realizado tuvo un éxito probablemente no previsto por persona alguna. Es posible que de momento pueda llamar la atención la magnitud de los honorarios que le corresponden a la demandante. No debemos olvidar, sin embargo, que por cada dólar a que tiene derecho la demandante bajo el contrato celebrado, el Municipio de San Juan se economiza a su vez un dólar. ¡Para el referido municipio sí que no existía riesgo alguno bajo el contrato otorgado!

En ello es que precisamente consiste la justificación, y hasta cierto punto ‘el atractivo‘, de los contratos de honorarios contingentes: el ‘cliente‘ no tiene que hacer desembolso alguno de honorarios. El que invierte su tiempo, su esfuerzo y, hasta su dinero, lo es la otra parte, dependiendo los honorarios que pueda ésta percibir en proporción al éxito que tengan sus gestiones y, en su consecuencia, en proporción directa a cuán beneficiado resulta su representado.

**10 Determinar que bajo las circunstancias presentes en el caso que nos ocupa procede la ‘intervención‘ del Tribunal y la consecuente ‘aniquilación‘ de este tipo de contrato contingente de servicios constituye, a nuestra manera de ver las cosas, un golpe mortal para la ‘certeza jurídica‘ que debe existir en nuestra jurisdicción que, inclusive, puede llevarnos al ‘caos‘ de que nos habla el comentarista V. Balbín Pechuán en su antes citada obra.

¿Significa la decisión que hoy emite este Tribunal que de ahora en adelante aquel corredor de bienes raíces a quien se le encomendó la venta de una propiedad o aquel abogado a quien se le confió el caso de daños y perjuicios no podrán cobrar de sus respectivos clientes el porcentaje acordado en el contrato celebrado debido a que o vendieron la casa o transigieron el caso con una simple llamada telefónica?¿Vana*105 depender los honorarios a cobrarse en los contratos contingentes de las horas efectivamente trabajadas o del número de diligencias realizadas? Si se puede descartar de un plumazo el porcentaje libremente pactado por las partes en el contrato que celebran, ¿a base de qué criterios van a valorizar los tribunales de justicia dicha labor? ¿Que guías existen para ello?

En segundo lugar, tampoco se justifica la ‘intervención moderadora‘ del Tribunal con el contrato otorgado por supuestamente existir una ‘desproporción exorbitante entre las prestaciones de las partes contratantes‘, por cuanto la labor realizada por la corporación demandante no se circunscribió meramente a lo expuesto en la sentencia que se emite. La demandante es una corporación doméstica que se dedica a prestar servicios de asesoramiento en asuntos de energía eléctrica, agua y combustible. Cuenta para ello con personal graduado de ingeniería. A manera de ejemplo y en relación con el trabajo realizado por ellos en beneficio del Municipio de San Juan, el récord demuestra que dicho personal descubrió, entre otras cosas y en relación con una bomba de drenaje propiedad del referido municipio, lo que el personal de éste por años no había descubierto: se pudo comprobar que la facturación se basaba en estimados y que la base de dichos estimados era errónea por cuanto presuponía una utilización constante de energía eléctrica cuando lo cierto era que dicha bomba de drenaje sólo operaba al producirse acumulación de agua en las calles. Este descubrimiento, por sí solo, resultó en una economía para el Municipio de San Juan de $2,431,228.84.NOTA19

La labor realizada definitivamente no puede haber sido tan ‘simple y espor ?adica‘ como se alega. La prueba de ello es que este Tribunal en la Sentencia que emite concluye que se ‘cumple nuestra guardada intervención al revocar la sentencia, sin estimar la reconvención en que el municipio *106 solicita restitución de los $232,138.62 ya pagados‘. (Énfasis suplido.) (Sentencia, pág. 91.) La contradicción es aparente; el propio Tribunal reconoce que lo que califica de ‘simple y esporádica‘, en realidad no lo es.

**11 Por último –aun presumiendo a los fines de la argumentación, de que la labor realizada fuera en extremo sencilla–lo cierto es que el trabajo realizado por la corporación demandante le economizó al Municipio de San Juan la suma de $5,033,810.96. La realidad es que el referido municipio, aun después de ‘pagar‘ la mitad de dicha suma en concepto de honorarios, se ‘economiza‘ exactamente la misma suma de dinero, o sea, $2,516,905.48; fondos que podrán ser utilizados por dicho municipio para realizar obras en beneficio de la ciudadanía de San Juan. ¿Es razonable que el municipio se beneficie así sin tener que pagar lo pactado? En palabras de este Tribunal –en el reciente caso de Plan Bienestar Salud v. Alcalde Cabo Rojo, ante, págs. 702-703– ¿No ‘ofende elementales principios de equidad, en el sentido civilista de la palabra, el que un municipio pueda beneficiarse de un acuerdo en las circunstancias específicas de este caso y a la vez evadir toda responsabilidad respecto a lo convenido libremente por él‘?

En resumen, disiento en el presente caso por entender que la decisión que hoy emite este Tribunal constituye un viraje que atenta contra la libertad de contratación y, por ende, contra la ‘seguridad y certeza jurídica‘ que debe imperar en nuestro país. Confirmaría, en su consecuencia, la sentencia dictada por el tribunal de instancia.

NOTA1. Por estos servicios, Utility Consulting recibiría el 50% de la reducción en facturas de luz y agua durante los tres años siguientes a su modificación, ajuste o corrección; y créditos atribuibles a la gestión del consultor.

NOTA1. Sentencia de fecha 29 de junio de 1982, la publicación de la cual fue ordenada por este Tribunal.

NOTA2.

‘Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso, y a la ley.‘

NOTA3. Trabajo que no fue tan sencillo como indica el tribunal en la parte núm. 1 de la sentencia emitida.

NOTA4. Exactamente la suma de $5,033,810.96.

NOTA5. J. M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 2, págs. 437-440, comentando el Art. 1.258 del Código Civil Español (Art. 1210 de nuestro Código) expresa:

‘III. Extensión y fuerza obligatoria de lo convenido.–La fuerza de obligar que los contratos llevan en sí, aparece proclamada una vez más en este artículo, determinando concretamente el instante en que empieza, referido al consentimiento que determina la perfección y alcance que tiene, no limitado a lo que expresamente se pacte.

‘Debe entenderse la buena fe, tomando la frase en sentido objetivo, en dar al contrato cumplida efectividad en orden a la realización del fin propuesto, por lo que han de estimarse comprendidas en las estipulaciones contractuales, aquellas obligaciones que constituyen su lógico y necesario cumplimiento. (S. 9 diciembre 1963.)

‘El artículo 1.258, que obliga al cumplimiento, no sólo de lo expresamente pactado, sino a todas las consecuencia[s] que se deriven, junto a la buena fe y la ley, del uso al que el precepto interpretativo parece asimilar lo que se llama ‘costumbres de la tierra’; bien mirado, es una norma que más que la exégesis del contrato, tiende a contemplar el mismo extendiéndolo a todo aquello que por ser práctica observada, reiterada y admitida, se cree innecesario consignar expresamente en el texto contractual, tratándose por lo común, de materia accesoria…. ‘ (Énfasis suplido.)

Q. Scaevola, por su parte, Código Civil, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1958, T. XX, págs. 634-635, expresa al respecto que:

‘Si el contrato es la manifestación de la voluntad de las partes acerca del objeto de él, vendrán rigorosamente sujetas al cumplimiento de lo que de modo expreso pactaron. Precisamente por eso y para eso estipularon, y por algo y para algo acordaron en darse una cosa o prestarse un servicio. Pacta sunt servanda: ?los pactos deben cumplirse según fueron otorgados’, y ?cada uno debe cumplir aquello a que se obligó por su propio consentimiento’.

‘En esto no hay duda, aparte de la interpretación del contrato, aquello a que me comprometí, aquello que yo pacté, vengo sujeto a cumplirlo.

‘Lo pactado es propiamente el área del contrato, la cual, por accesión, se extiende y amplía. El Código español, a semejanza de otros extranjeros (Francia, art. 1.135; Italia, 1.124; Méjico, 1.276), prolonga la acción del contrato a ?todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley’. Es decir, rigen, imperan, obligan las consecuencias a que se refiere el artículo, aun sin mención expresa de ellas, en un contrato dado. La regla jurídica es imperativa; manda y ordena, sancionando la efectividad de cuanto emane del contrato.‘ (Énfasis suplido.)

NOTA6. 31 LPRA sec. 3372.

NOTA7. Sobre este punto en particular, véanse: Borges v. Registrador, 91 D.P.R. 112 (1964); Castle Enterprises, Inc. v. Registrador, 87 D.P.R. 775 (1963); Clausells v. Commercial Union A. Co., 37 D.P.R. 117 (1927); Tastee Freez v. Negdo. Seg. Empleo, 108 D.P.R. 495 (1979).

NOTA8. 31 LPRA sec. 3451.

NOTA9. 31 LPRA sec. 3373.

NOTA10. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1978, T. 2, Vol. I, pág. 5.

NOTA11. J. M. Manresa, op. cit., pág. 380.

NOTA12. D. Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, 4ta ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1975, Vol. III, págs. 355-356.

NOTA13. V. Balbín Pechuán, Los Contratos Municipales, Madrid, Ed. Civitas, 1976, pág. 125.

NOTA14. Q. Scaevola, Código Civil, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1958, T. 20, págs. 586-587.

NOTA15. Correspondiéndole el peso de la prueba respecto a ello, dicho sea de paso, al municipio demandado. Serrano v. Torres, 61 D.P.R. 162 (1942).

NOTA16. 10 McQuillian, Municipal Corporations, 3ra ed., Illinois, Callaghan & Co., 1981, Sec. 29.10, pág. 236.

NOTA17. Véase: C. M. & Finance Corp. v. Cooley, 103 D.P.R. 6 (1974).

NOTA18. Véase: Middlesex County Sewer. Auth. v. Middlesex Borough, 181 A.2d 818 (1962).

NOTA19. Véanse las determinaciones de hecho núm. 11, 12, 13 y 14 de la sentencia emitida por el tribunal de instancia.

Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, 113 D.P.R. 517, 526 (1982)

Producciones Tommy Muñiz, Inc., demandante y recurrente
v.
Comité Organizador de los VIII Juegos Panamericanos (COPAN) demandado y recurrido; El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, interventor y recurrido.
Números: R-79-169 R-79-176

En El Tribunal Supremo De Puerto Rico.
Sentencia de Carmen Sonia Zayas, J. (San Juan), que deniega una solicitud de injunction permanente. Confirmada, y se devuelve el caso al tribunal de instancia para ulteriores procedimientos.

Rubén T. Nigaglioni, de Nigaglioni, Palou & Ledesma, abogado de la recurrente; Wilfredo A. Géigel, abogado del recurrido; Eliezer Aldarondo Ortiz, abogado del interventor E.L.A.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual emitió la opinión del Tribunal.

**1 Cuestiones fundamentales relacionadas con los requisitos que integran la oferta como elemento esencial para la perfección del contrato y con la obligación de resarcir los perjuicios causados por la terminación injustificada de los tratos preliminares, reclaman el ejercicio de nuestra función revisora en este caso. Es de rigor hacer un resumen de los hechos pertinentes, según aparecen de las determinaciones de hechos del tribunal de instancia, para una comprensión adecuada de estos asuntos y de nuestra decisión.

El Sr. Arturo Carrión, presidente del Comité Organizador de los VIII Juegos Panamericanos (COPAN), se reunió con distintos productores de televisión con el propósito de discutir la venta de los derechos exclusivos para la transmisión de los juegos en Puerto Rico y les invitó a someter licitaciones. Producciones Tommy Muñiz, Inc. (Muñiz) resultó el mejor postor entre los tres productores que sometieron ofertas, al ofrecer por los derechos exclusivos de radio y televisión en Puerto Rico, la cantidad de $200,000 y la instalación de un centro de televisión ‘…que estará dispuesto y será adecuado para negociar su uso con otros mercados‘.

*519 El16 de enero de 1979 la Junta de Subasta de COPAN notificó por escrito a Muñiz que se le había adjudicado la subasta, advirtiéndole que: ‘En breve se le someterán, para su firma, los documentos escritos ratificando [sic] los acuerdos entre ustedes y COPAN-79.‘ En efecto, el 22 de enero, COPAN presentó a Muñiz el documento escrito para su firma, pero éste lo objetó porque contenía cláusulas onerosas que no estaban incluidas en su licitación. Específicamente, objetó que el centro de televisión que COPAN concebía era mucho más complejo y costoso que lo que había tenido en mente. Muñiz entendía que el centro de televisión era para la transmisión de los juegos en Puerto Rico, mientras que Carrión entendía que era tanto para la transmisión local como para la internacional. Esta conclusión del tribunal de instancia parece confligir con la propia oferta de Muñiz, pero las partes no la han impugnado, por lo que por ahora nos limitamos a señalar la discrepancia.

Con motivo de la discrepancia COPAN y Muñiz iniciaron negociaciones en el curso de las cuales se produjeron siete borradores de contrato. En el cuarto borrador, acordaron entrar en una empresa común para la instalación del centro. El Comité Ejecutivo de COPAN, en su reunión del 24 de enero, consideró este borrador y lo encontró, según la minuta de esa fecha, ‘… apropiado y solamente quedó pendiente la versión final que va a ser muy parecida a la versión actual‘. No obstante, surgieron dificultades por razón del alto precio del equipo que el centro de televisión requería, por lo que Muñiz se comunicó con Carrión y acordó con éste que si la empresa común no pudiera llevarse a cabo, Muñiz pagaría a COPAN la cantidad adicional de $25,000. El acuerdo se concretó en el quinto borrador que también se discutió en la reunión de COPAN y su comité ejecutivo, celebrada *520 el 22 de febrero de 1979.NOTA1 En esa reunión COPAN trazó unas directrices que fueron incluidas por Carrión en el sexto borrador. De la discusión de este documento surgió el sétimo proyecto, el cual eliminó definitivamente la empresa común, debido a las dificultades surgidas con respecto al equipo técnico que se necesitaba para la transmisión internacional. Este borrador fue preparado por Muñiz, quien lo entregó el 6 de marzo a Carrión, junto con una carta explicativa.

**2 El 13 de marzo, Carrión informó al Gobernador de Puerto Rico que se estaba negociando un contrato con Muñiz. En esa ocasión el Gobernador indicó a Carrión que las emisoras del gobierno estaban disponibles y que le gustaría que se explorara la posibilidad de transmitir los juegos por esas emisoras. Al día siguiente Carrión informó a Muñiz que, por instrucciones del Gobernador, el contrato no se firmaría.

No obstante, no es sino hasta el 20 de marzo que COPAN desaprueba el sétimo borrador y ordena a Carrión a suspender las negociaciones con Muñiz, autorizándolo a comenzar negociaciones formales con el Departamento de Instrucción Pública para determinar la posibilidad y conveniencia de que los juegos se transmitieran por las emisoras del Pueblo de Puerto Rico. Todo ello, a pesar de que ya desde 1977 Carrión había rechazado la posibilidad de transmitir los juegos por dichas emisoras y así se había informado a la directora, Dra. Elsi Calero de Martínez. En ningún momento la doctora Calero de Martínez o el Secretario de Instrucción Pública efectuaron gestión alguna ante COPAN para variar el criterio de Carrión. Es después de adjudicada la subasta a Muñiz que el Secretario de Instrucción manifestó a Carrión su interés en transmitir los juegos por las emisoras del gobierno, pero éste reiteró su criterio.

Con motivo de la referida resolución del 20 de marzo, Carrión invitó entonces al Secretario de Instrucción Pública a reunirse con él para discutir todo lo relativo a la transmisión de los juegos, pero el Secretario *521 no respondió a la invitación; tampoco los funcionarios de las emisoras del gobierno se reunieron con Carrión. No obstante, el 21 de marzo, horas antes de que se certificara la referida resolución, el Gobernador anunció en rueda de prensa que los juegos se transmitirían por las emisoras del gobierno.

En orden a estos hechos y otros que no son pertinentes a las cuestiones en controversia, el tribunal de instancia denegó el auto de injunction permanente solicitado por Muñiz para obligar a COPAN a cumplir con la adjudicación de subasta, por entender que no se había perfeccionado un contrato entre las partes y resolvió que COPAN venía obligado a indemnizar a Muñiz por los perjuicios causados y los gastos incurridos durante las negociaciones.

Ambas partes solicitaron la revisión de la sentencia dictada por el tribunal de instancia; Muñiz porque su oferta fue incondicionalmente aceptada por COPAN mediante la carta de adjudicación de subasta fechada el 16 de enero de 1979, lo que, a su juicio, tuvo el efecto de perfeccionar un contrato entre ellos y COPAN, porque consideró que no se debe imponer responsabilidad bajo la doctrina de culpa in contrahendo. Consolidamos los recursos y acordamos revisar.NOTA2

I

Ciertamente, la aceptación de la oferta es el procedimiento normal para el perfeccionamiento del contrato. En esa forma se manifiesta el consentimiento de las partes, que como sabemos, es requisito esencial para la existencia del contrato. Así lo preceptúa el Art. 1214 del Código Civil cuando dispone que: ‘El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato.‘ 31 LPRA sec. 3401.

**3 *522 Esdecir, el vínculo obligacional entre las partes surge del acuerdo de voluntades que se manifiesta con la oferta y la aceptación. Pero para que ello sea así, es indispensable que la oferta reúna determinados requisitos entre los cuales se destaca, por su importancia en el caso de autos, el que la declaración de voluntad del oferente sea completa; que contenga todos los elementos esenciales del contrato que se estimen necesarios, de manera que quede el contrato perfeccionado con la mera aceptación de la oferta. L. Díez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed. Tecnos, 1979, Vol. I, pág. 193; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1978, T. II, Vol. I, pág. 180, n. 14; J. L. Lacruz Berdejo, Elementos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1977, T. II, Vol. 2, págs. 74-75; J. Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, 11ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1974, T. III, pág. 533; E. Vázquez Bote, Derecho Civil en Puerto Rico, Barcelona, Ediciones Jurídicas, 1973, T. III, Vol. 1, págs. 481-482. Puig Brutau subraya que ‘[s]ólo es verdadera oferta la que puede generar el contrato con la simple aceptación‘. Op. cit., pág. 180, n. 14. En el mismo tenor se pronuncia Moreno Quesada:

Otro requisito para la existencia de verdadera oferta es que en ella se contengan los elementos esenciales del negocio que se trata de realizar, … de tal modo que por la aceptación, es decir, por la mera adhesión de la persona a la que va dirigida, pueda surgir el contrato; y esto es porque, siendo la oferta con la aceptación, lo fundamental del contrato, si con su concurrencia no fuera suficiente para su formación y hubiera que recurrir a un nuevo acuerdo, el valor de la primitiva propuesta no sería el de verdadera oferta, sino el de trato preliminar encaminado a la formulación de la misma. Así, tendremos oferta cuando en ella se contengan los elementos esenciales para la formación del contrato, de tal modo que no sea necesario para saber su contenido un nuevo acuerdo de las partes cuando se haya producido la aceptación. B. Moreno Quesada, La Oferta de Contrato, Barcelona, Colección Nereo, 1963, págs. 64-65. (Énfasis suplido.) *523 La norma imperante en el Derecho norteamericano coincide plenamente con la doctrina española a este respecto. W. H. E. Jaeger, Willinston on Contracts, 3ra ed., Mount Kisco, New York, Baker, Voorhis & Co., Inc., 1957, Vol. I, Sec. 37, pág. 108; A. Corbin, Corbin on Contracts, St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1963, Vol. I, Sec. 11, pág. 26.

El principio afirmado en Cancel v. Municipio de San Juan, 101 D.P.R. 296 (1973), al efecto de que la adjudicación de la buena pro a un licitador crea vínculo contractual, arranca evidentemente del supuesto de una oferta que contenga todos los elementos esenciales para la conclusión del contrato; de una oferta verdadera, como afirma Puig Brutau. Y éste es el punto crucial que en este caso requiere dilucidación.

**4 La oferta de Muñiz para obtener el derecho exclusivo de transmisión de los juegos en Puerto Rico consistía de: 1) el pago de la cantidad de $200,000, y 2) el establecimiento de un centro de televisión que estaría disponible y sería adecuado para negociar su uso con otros mercados. El centro de televisión constituía, pues, uno de los elementos esenciales de la oferta cuyo contenido debía quedar claramente definido y concretado por las partes para que su aceptación por COPAN pudiera generar un vínculo contractual. Por supuesto, no era necesario que Muñiz incluyera en su declaración de voluntad todas las especificaciones del centro de televisión si éstas quedaban entendidas por haber sido objeto, por ejemplo, de discusión en conversaciones preliminares a la subasta y, por consiguiente, ellos las conocían y tenían claro su concepto. En tal caso, las conversaciones preliminares complementaban la imprecisión e insuficiencia de la frase ‘adecuado para negociar su uso con otros mercados‘, impartiéndole contenido cabal a la oferta para que el contrato quedara perfeccionado con la simple aceptación de COPAN en la carta del 16 de enero de 1979.

La prueba, sin embargo, no revela el contenido preciso de las conversaciones *524 de Carrión con los productores de televisión para la celebración de la subasta. Razonablemente, puede inferirse que se discutió el interés de COPAN en que se estableciera un centro de televisión, pues Muñiz lo incluyó en su oferta como parte del precio, lo que indica que estaba consciente de ese interés. Pero no surge del récord que las partes tuviesen un entendimiento claro sobre lo que en esencia debía ser dicho centro, de manera que la sucinta expresión ‘adecuado para negociar su uso con otros mercados‘ fuera suficiente para transmitir una idea concreta y definitiva de su significado. El asunto era uno, por demás, técnico y complejo, por lo que tampoco puede inferirse su entendimiento sin base alguna en el récord. Es por eso que el tribunal de instancia concluyó en su sentencia que no estaba claro cuál era el concepto de centro de televisión comprendido en la oferta de Muñiz.

En efecto, desde el primer momento, a partir de la referida carta de aceptación del 16 de enero de 1979, se puso de manifiesto una seria descrepancia sobre cómo cada una de las partes entendía la oferta. El propio comportamiento de las partes al discutir y redactar siete proyectos diferentes en ánimo de conciliar sus intereses avalan la conclusión de que las partes no tenían claro el concepto de centro de televisión, objeto del contrato, cuando se hizo la oferta.

La ausencia de ese entendimiento claro, previo a la declaración de voluntad de Muñiz, requería que el concepto de centro de televisión, comprendido en la frase ‘adecuado para negociar su uso con otros mercados‘, fuera definido claramente y concretado en la oferta, de manera que ésta pudiera generar fuerza vinculante. Sin una oferta completa no podía haber una aceptación definitiva que perfeccionara el contrato.

**5 Las negociaciones posteriores a la adjudicación de la subasta tampoco lograron producir un acuerdo de voluntades sobre el centro de televisión, que pudiera generar un vínculo obligacional entre las partes. Quizá pudiera *525 argüirse que el acuerdo plasmado en el cuarto borrador para la creación de una empresa común tuvo el consentimiento de ambas partes, ya que, en efecto, el Comité Ejecutivo de COPAN en su reunión del 24 de enero de 1979 lo consideró ‘apropiado‘. En el contexto de las negociaciones hasta ese momento, y si tomamos en cuenta que en la minuta de esa reunión se expresó, además, que solo quedaba pendiente la versión final ‘que va a ser muy parecida a la actual‘, podía razonablemente interpretarse esta expresión como una aceptación del contrato. Pero debe recordarse que surgieron dificultades por razón del precio del equipo del centro de televisión y que, con motivo de ello, Muñiz se volvió a comunicar con Carrión y acordaron entonces que si la empresa común no pudiera llevarse a cabo, Muñiz pagaría a COPAN la cantidad adicional de $25,000. No se acordó cómo ni quién determinaría que la empresa común no era factible, por lo que, lógicamente, era necesario un acuerdo posterior para la sustitución de la empresa común por la cantidad de $25,000. Por otro lado, no hay prueba en el récord de que COPAN impartiera su consentimiento a este acuerdo, sino que meramente lo discutió en su reunión del 22 de febrero y con motivo del mismo trazó unas directrices que desconocemos.

Las anteriores consideraciones nos convencen de que no incurrió en error el tribunal de instancia al concluir que nunca se perfeccionó un contrato entre las partes.

II

La inexistencia del vínculo contractual no dispone, sin embargo, del planteamiento sobre la responsabilidad de COPAN, como consecuencia de los hechos que hemos reseñado. El planteamiento propiamente cosiste en lo siguiente: ¿Es COPAN legalmente responsable de los daños sufridos por Muñiz, por causa de su retiro de las negociaciones? Si lo es, ¿cuál es la naturaleza de esa responsabilidad? ¿Es de tipo contractual, extracontractual o sui géneris? La solución a estas interrogantes nos lleva *526 al complejo ámbito de la responsabilidad en la fase precontractual, tema que ha suscitado variados enfoques y no poca controversia entre los tratadistas y expositores de la doctrina científica. Díez-Picazo, op. cit., págs. 188-192; Puig Brutau, op. cit., págs. 226-230; Lacruz Berdejo, op. cit., págs. 77-80; Castán Tobeñas, op. cit., págs. 530-532; Moreno Quesada, op. cit., págs. 32-58, 195-209; Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, 3ra ed., Madrid, Ediciones Pirámide, 1977, T. III, pág. 380; M. Alonso Pérez, La Responsabilidad Precontractual, 47 Rev. Crítica de Derecho Inmobiliario 859 (julio-diciembre 1971); J. L. De Los Mozos, El Principio de la Buena Fe, Barcelona, Ed. Bosch, 1965, págs. 222-224; Mazeaud y Tunc, Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual, 5ta ed. (trad. por Luis Alcalá-Zamora y Castillo), Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1962, Vol. II, T. I, págs. 164-169; M. Albaladejo, Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1975, T. II, Vol. 1, págs. 317-319; J. Santos Briz, La Contratación Privada, Madrid, Ed. Montecorvo, 1966, págs. 97-100; L. Ennecerus, Tratado de Derecho Civil (trad. y comentarios de Pérez y Alguer), Barcelona, Ed. Bosch, 1954, T. II. Vol. I, págs. 231-232; P.F. Entenza Escobar, La Responsabilidad Precontractual en Derecho Puertorriqueño, 7 Rev. Der. Puertorriqueño 105 (1963); Vázquez Bote, op. cit., págs. 474-481.

**6 Sabido es que nadie está obligado a contratar. Este principio basilar del Derecho de obligaciones tiene como consecuencia que las partes no están obligadas a proseguir con las negociaciones hasta perfeccionar el contrato, sino que están en libertad de contraer el vínculo o de retirarse, según convenga a sus mejores intereses. Albaladejo, op. cit., pág. 317; Puig Brutau, op. cit., pág. 226.

Las negociaciones preliminares, sin embargo, generan una relación de carácter social que impone a las partes el deber de comportarse de acuerdo *527 con la buena fe, que, como bien señala Díez-Picazo, ‘no impera solamente en las relaciones jurídicas ya establecidas o constituidas, sino también en las relaciones derivadas de un simple contacto social‘. Op. cit., pág. 191.

No obstante las dificultades que la naturaleza de la cuestión plantea, los autores admiten plenamente la existencia de responsabilidad por la terminación injustificada de los tratos preliminares. Moreno Quesada, op. cit., págs. 41-42; Puig Brutau, op. cit., pág. 228. La discusión se ha centrado más bien en el fundamento jurídico de esta responsabilidad. Nos limitaremos por el momento a destacar los matices más definidos de tan interesante cuestión.

El primero en plantear el problema fue el insigne jurista alemán Von Ihering, quien, basándose en el Derecho romano, atribuyó carácter contractual a la culpa que se produjese en el proceso de las negociaciones. R. Von Ihering, De la culpa incontrahendo, en Oeuvres Choisies, 2da ed. francesa, París, 1893, núm. 15, pág. 9, citado por Moreno Quesada, op. cit., pág. 200. Mas no parece lógico derivar una responsabilidad contractual de los tratos preliminares si no hay contrato. Esta fase precontractual no crea vínculo jurídico hasta que culmine en el perfeccionamiento del contrato. Mazeaud y Tunc afirman categóricamente: ‘No hay responsabilidad contractual sin un contrato.‘ Op. cit., pág. 166. En iguales términos se pronuncian Díez-Picazo, op. cit., pág. 190; Santos Briz, op. cit., pág. 98; y Entenza Escobar, op. cit., pág. 105.

Otros, como Menéndez Pidal, han intentado a través de los principios generales del Derecho, extender la doctrina de responsabilidad objetiva a los tratos preliminares,NOTA3 criterio al que se opone Moreno Quesada fundado en que la aplicación de los principios de responsabilidad objetiva está reservada a los supuestos que expresamente estén consagrados en la Ley. Moreno Quesada, op. cit., pág. 43.

*528 Elfundamento doctrinal más arraigado se asienta en la responsabilidad extracontractual regulada por el Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, equivalente al Art. 1902 del Código Civil español. Moreno Quesada, op. cit., págs. 43 y 44; Alonso Pérez, op. cit., pág. 912; Santos Briz, op. cit., pág. 99; Albaladejo, op. cit., pág. 319. En efecto, el grueso de la doctrina considera hecho ilícito el rompimiento injustificado de las negociaciones, porque constituye un quebrantamiento de la buena fe que, como sabemos, penetra todo nuestro ordenamiento positivo. La buena fe impone a las partes un deber de lealtad recíproca en las negociaciones. En palabras de Alonso Pérez:

**7 La buena fe … impone a las partes que tratan o negocian un arquetipo de conducta social, lealtad y fidelidad a la palabra dada … y consiste en que cada parte de la relación precontractual se entreg[ue] confiadamente a la conducta leal de la otra. Fía y confía en que ésta no le engañará…. Las partes tienen la obligación de comportarse según la buena fe en el sentido de que a ella incumbe la carga de una lealtad recíproca de conducta socialmente valorable y exigible. Op. cit., págs. 888-889.

Puede objetarse, sin embargo, que el rompimiento injustificado de los tratos no es más que el ejercicio de un derecho, ya que las partes están en plena libertad de contraer el vínculo o de no proseguir con las negociaciones. A este respecto, Díez-Picazo señala que ‘no cabe hablar de acto ilícito en supuestos de una lícita retirada de una negociación‘. Op. cit., pág. 191.

No obstante, sabemos que el ejercicio de un derecho no está exento de responsabilidad cuando se realiza en forma abusiva. Nuestro ordenamiento recoge ya el concepto jurídico de abuso del derecho como fuente de responsabilidad. Al respecto expresamos en Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 D.P.R. 585, 588 (1981), que: ‘Es ilegítimo el ejercicio de un derecho cuando el titular excede manifiestamente los límites impuestos por *529 la buena fe o por el fin social o económico de ese derecho. ‘ Véase, además, Soriano Tavárez v. Rivera Anaya, 108 D.P.R. 663 (1979). Moreno Quesada propugna una orientación analítica similar:

Con arreglo a esta dirección que marca la jurisprudencia, y teniendo en cuenta que si bien el desistimiento de continuar los tratos preliminares está comprendido dentro del ejercicio del derecho que autoriza a las partes a retirarse de ellos, no es menos cierto que el hecho de la arbitrariedad o injustificación de ese desistimiento, cuando razonablemente se pudiese esperar la conclusión de un acuerdo, constituye una actuación abusiva de ese derecho, por lo que pueden encuadrarse esos supuestos dentro del ámbito del artículo 1.902 del Código Civil. Op. cit., págs. 45-46.

En nuestra jurisdicción, Entenza Escobar reafirmó la aplicabilidad de la norma general de daños, contenida en el Art. 1802 del Código Civil:

Alrededor del artículo 1.802 puede fundarse la imposición de una responsabilidad de tipo extracontractual (‘culpa aquiliana‘) a quien actúa culposa y dañosamente durante los tratos preliminares. En efecto, aparentemente, ahí se encuentran presentes todos los elementos del delito civil o ‘tort‘: acción u omisión culposa, resultado de daño, relación de causalidad entre la conducta y el resultado. Op. cit., pág. 107.

Las negociaciones que anteceden al contrato pueden ser de variada índole y, por tanto, la responsabilidad precontractual puede surgir en diferentes supuestos. Así, cuando la conducta de una de las partes es por su propia naturaleza culposa, dolosa o fraudulenta –como cuando uno de los contratantes oculta al otro su falta de capacidad para contratar– o se mantienen los tratos sin propósito de contratar, sólo para obtener información confidencial del negocio, o se inician los tratos, no con el propósito de realizarlos, sino de obtener alguna ventaja para negociar con un tercero, o cuando por culpa de una de las partes el negocio celebrado resulte ineficaz. En fin, la amplia gama de supuestos sobre los que puede asentarse la responsabilidad precontractual hace necesario que en el *530 análisis del problema se considere qué figura jurídica –culpa, dolo, fraude, buena fe, abuso del derecho u otros principios generales del derecho– responde más adecuadamente como fundamento jurídico para la solución del caso.NOTA4

**8 Debemos ahora determinar qué constituye el rompimiento injustificado o arbitrario de la negociación. Ya vimos que no hay obligación de culminar los tratos y, en consecuencia, el rompimiento por sí mismo no es suficiente para asentar la responsabilidad. Es preciso considerar las circunstancias del rompimiento, específicamente: (1) el desarrollo de las negociaciones, (2) cómo comenzaron, (3) el curso que siguieron, (4) la conducta de las partes durante su transcurso, (5) la etapa en que se produjo el rompimiento, y (6) las expectativas razonables de las partes en la conclusión del contrato, así como cualquier otra circunstancia pertinente conforme los hechos del caso sometidos a escrutinio judicial.

El Derecho norteamericano no está ajeno a los valores subyacentes que encierra el principio de la buena fe y la doctrina de la culpa in contrahendo. La jurisprudencia reconoce la responsabilidad precontractual en supuestos similares a los que en el Derecho civil aplica las nociones de la buena fe y la culpa in contrahendo, mediante las figuras jurídicas del promissory estoppel, Hoffman v. Red Owl Stores, Inc., 133 N.W.2d 267 (1965); Chrysler Corporation v. Quimby, 144 A.2d 123 (1958); y negligent misrepresentation, Guilbert v. Phillips Petroleum Company, 503 F.2d 587 (6th Cir. 1974). Véase, además, F. Kessler y E. Fine, Culpa in Contrahendo, Bargaining in Good Faith, and Freedom of Contract: A Comparative Study, 77 Harv. L. Rev. 401, 448 (1964).

III *531 Conforme los criterios enunciados, examinemos los hechos antes reseñados para determinar si COPAN incurrió en responsabilidad al romper las negociaciones y, en consecuencia, debe reparar los perjuicios causados a Muñiz.

Los hechos revelan que COPAN no manifestó su voluntad con la claridad y minuciosidad que la naturaleza del negocio exigía, lo que provocó en Muñiz la errónea creencia de que la adjudicación de la subasta había perfeccionado el contrato y, por tanto, podía continuar sin pérdida de tiempo los preparativos para transmitir los juegos. Indudablemente, esta creencia se fortaleció al notificarle COPAN que ‘[e]n breve se le someterán, para su firma, los documentos escritos ratificando [sic] los acuerdos entre ustedes y COPAN-79‘. En el curso de las negociaciones sobre el centro de televisión se prepararon siete borradores de contrato, unos por COPAN y otros por Muñiz, que fueron objeto de consideración. El borrador número 4 fue aceptado en principio por COPAN y el número 5 tuvo el endoso de Carrión. El curso de estas negociaciones crearon en Muñiz una expectativa razonable de que el contrato habría de concluirse. Al fin y al cabo había sido el licitador que había obtenido la buena pro y ya desde el 1977 COPAN había descartado transmitir los juegos por las emisoras del gobierno, por lo que era razonable confiar que se llegaría a un acuerdo sobre el centro de televisión, que satisficiera los intereses legítimos de ambas partes.

**9 Por otro lado, COPAN no adujo razón fundada para el rompimiento abrupto de las negociaciones.

Todo lo anterior demuestra, sin la más leve duda, que el rompimiento fue injustificado y que la conducta de COPAN en las circunstancias apuntadas no sólo quebrantó la buena fe impuesta por las relaciones precontractuales, sino que, además, constituyó un abuso del ejercicio de su derecho a retirarse.

*532 Sedictará sentencia que confirme la recurrida y se devuelve el caso al tribunal de instancia para ulteriores procedimientos.

El Juez Asociado Señor Dávila se une a la opinión en voto separado. El Juez Asociado Señor Rebollo López se une a la opinión en las partes I y II y disiente en la parte III en opinión separada. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz disiente con opinión y el Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

–O–

Opinión concurrente y disidente del Juez Asociado Señor Rebollo López.

Estoy en completo acuerdo con lo expresado en la primera parte de la opinión del Tribunal a los efectos de que la aceptación de la oferta es el procedimiento normal para el perfeccionamiento de un contrato, ya que el vínculo obligacional entre las partes surge del acuerdo de voluntades que se manifiesta con la oferta y la aceptación, pero que, para poder ser así, es indispensable que la oferta contenga todos los elementos esenciales para la conclusión del contrato; en otras palabras, que una vez aceptada la oferta, por ser ésta una ‘oferta verdadera‘, no hay necesidad de ulteriores negociaciones entre las partes.

Entiendo que es correcta la conclusión a la que llega la opinión del Tribunal a los efectos de que, atendidos los hechos particulares del presente caso, nunca se perfeccionó un contrato entre las partes.

Concurro, igualmente, con la norma que la citada opinión establece, a los efectos de que la retirada injustificada por una parte de unas negociaciones puede generar responsabilidad, no empece el hecho de que las partes envueltas en ellas no están obligadas a proseguir con las mismas hasta perfeccionar el contrato, ya que en unas negociaciones siempre existe la *533 libertad de obligarse en definitiva o de retirarse, según mejor convenga a dichas partes.

Entiendo que es una norma saludable aquella que propone que el dolo, el fraude y la mala fe estén ausentes de una negociación; permitir que estén presentes en el trato profesional y en el tráfico comercial diario, a mi juicio, sería permitir que la ley que impere en esta sociedad sea la ley del más listo e inescrupuloso. Tenemos un deber ineludible de velar porque no sea así.

Estoy de acuerdo también en que, como el rompimiento en unas negociaciones por sí solo no genera responsabilidad, es mandatorio, para determinar si se impone o no responsabilidad a la parte que se retiró, examinar las circunstancias en que se produjo el rompimiento, tales como: (1) la forma en que comenzaron las negociaciones; (2) el desarrollo de las negociaciones y el curso que siguieron éstas; (3) la conducta observada por las partes durante ese curso o desarrollo; (4) la etapa en que se produjo el rompimiento; y (5) la expectativa razonable, de la ‘otra‘ parte, en relación con la culminación del contrato.

**10 Lamento muy de veras, sin embargo, el no estar de acuerdo con la aplicación de la norma que hace la opinión del Tribunal a los hechos específicos del presente caso y, por lo tanto, me veo obligado a disentir.

Lo primero que hay que tener presente en este caso, es que Producciones Tommy Muñiz, Inc., representada en esas negociaciones por su presidente, el Sr. Tommy Muñiz, es una corporación compuesta por personas que han estado ligadas al mundo y negocio de las producciones de espectáculos por muchos años. En otras palabras, se trata de una entidad y de personas con mucha experiencia en este campo y que no sólo cuentan con dicha experiencia, sino con el asesoramiento necesario –técnico y legal– para llevar a cabo dicha producción.

1. ¿Cómo comenzaron las negociaciones?

Como bien señala la opinión del Tribunal, las mismas comenzaron mediante *534 conversaciones que sostuviera el Sr. Arturo Carrión, Presidente del Comité Organizador de los VIII Juegos Panamericanos (COPAN), con distintos productores de televisión, para invitarlos a que sometieran licitaciones.

2 y 3. El desarrollo y curso que siguieron dichas negociaciones y la conducta observada por las partes.

Tenemos que Producciones Tommy Muñiz, Inc., resultó ser el mejor postor al ofrecer, por los derechos exclusivos de radio y televisión en Puerto Rico, la suma de $200,000 y la instalación de un centro de televisión ‘que estará dispuesto y será adecuado para negociar su uso con otros mercados‘.

Nótese que la oferta de Producciones Tommy Muñiz, Inc. se divide y se compone de dos partes: (a) la suma de $200,000 por los derechos exclusivos para transmitir por radio y televisión en Puerto Rico, y (b) la instalación del citado centro de televisión, el cual sería adecuado para negociar su uso con otros mercados.

Una vez que COPAN ‘adjudica‘ a la mencionada corporación la subasta y le hace entrega de los correspondientes documentos, surge la gran dificultad, que estuvo presente a través de todas las negociaciones. ¿Cuál? Producciones Tommy Muñiz, Inc. objeta los documentos porque, alegadamente, el centro de televisión en relación con el cual ellos se obligaron sólo se usaría para la transmisión de los juegos en Puerto Rico.

Resulta sumamente difícil de aceptar, aun para un lego en la materia de producción de espectáculos, que la frase ‘estará dispuesto y será adecuado para negociar su uso con otros mercados‘ pueda ser interpretada en la forma y manera que Producciones Tommy Muñiz, Inc. pretendía que se hiciera, una vez le fue adjudicada la subasta.

Debemos tener presente que en los VIII Juegos Panamericanos participaban, además de Puerto Rico, numerosos países de América que estaban interesados en la transmisión por televisión de dichos juegos. La frase ‘otros *535 mercados‘ no puede tener otra interpretación que ‘otros países‘; no podemos llegar al ridículo e interpretarla como que se refería, digamos, además del ‘mercado‘ de San Juan, a ‘mercados‘ tales como los de Vieques o Culebra. Hace muchos años el ex Juez Asociado de este Tribunal, Hon. Raúl Serrano Geyls, expresó que ‘Los jueces no debemos, después de todo, ser tan inocentes como para creer [lo] que nadie más creería‘. Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573, 582 (1961).

**11 Debido al ‘tranque‘ en las negociaciones las partes se reúnen una y otra vez y hacen y rehacen siete borradores de contrato. En otras palabras, COPAN, ante el ‘tranque‘ causado por la absurda interpretación que a sus propias palabras pretendió darle Producciones Tommy Muñiz, Inc., pacientemente negocia durante dos meses (del 22 de enero al 14 de marzo de 1979) con Producciones Tommy Muñiz, Inc., haciendo un esfuerzo por llegar a un acuerdo, propósito que no se pudo lograr.

¿ Quién causó el tranque? ¿Quién actúa y negocia de mala fe? Nos parece que la contestación es obvia: Producciones Tommy Muñiz, Inc.

4. La etapa en que se produjo el rompimiento.

Al cabo de dos meses de negociaciones y encontrándose todavía las partes ‘en el mismo sitio que cuando empezaron‘ –por cuanto todavía se encontraban discutiendo sobre el ‘centro de televisión‘– COPAN decide retirarse de las negociaciones con Producciones Tommy Muñiz, Inc. y utilizar las facilidades de la estación de televisión del Gobierno de Puerto Rico.

Se argumenta y se recalca –aparentemente con el propósito de ‘demostrar‘ que las negociaciones fueron rotas en forma injustificada y arbitraria por COPAN– el hecho de que el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Carlos Romero Barceló, tomó injerencia en el asunto antes de que COPAN se retirara de las negociaciones con Producciones Tommy Muñiz, Inc.

*536 Nopodemos olvidar que, a pesar de que COPAN es una corporación privada con fines no pecuniarios, en el desarrollo, la celebración y el éxito que pudieran tener los VIII Juegos Panamericanos estaba empeñado el honor, el prestigio, la palabra y la imagen del Pueblo de Puerto Rico.

Ante una situación de hechos en que al final de dos meses de negociaciones las partes están como cuando empezaron, ello debido a que una de las partes (Producciones Tommy Muñiz, Inc.) pretende interpretar el ofrecimiento formal que hiciera, en una forma absurda; en que la fecha de la celebración de los juegos ya se acerca; en que dichos juegos están revestidos de un gran interés público, aparte de que en los mismos están envueltos fondos públicos, ¿es sorprendente el hecho de que el Gobernador de Puerto Rico interviniera en el asunto? Entendemos que no; era su deber hacerlo así.

5. Expectativa razonable de Producciones Tommy Muñiz, Inc. en relación con la culminación del contrato.

Ante una situación en que es la propia Producciones Tommy Muñiz, Inc. la que no sólo causa el ‘tranque‘ en las negociaciones, sino que las prolonga durante dos meses, ¿se le debe conceder daños por razón de que tenía una ‘expectativa razonable‘ de que se culminara el contrato? Sostenemos que no.

La opinión del Tribunal expresa que por razón de que Producciones Tommy Muñiz, Inc. había sido el licitador que había obtenido la buena pro ‘era razonable confiar que se llegaría a un acuerdo…‘.

**12 Ese mismo hecho parece ser lo que motivó a Producciones Tommy Muñiz, Inc., una vez se le ‘adjudicó‘ la subasta, a cambiar su ofrecimiento: una vez obtuvo la buena pro, parece ser que intentó situarse y negociar con COPAN desde una ‘posición de poder‘.

La sentencia que dictara el tribunal de instancia en el presente caso debe *537 ser revocada en tanto y en cuanto determina que Producciones Tommy Muñiz, Inc. tiene derecho a daños y perjuicios.

–O–

Voto disidente del Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

Por regla general, y como la llaman Díez-Picazo y Antonio Gullón,NOTA1 en línea de principios, la ruptura de una negociación no origina ninguna responsabilidad. ‘Las partes, por el hecho de haber tratado preliminarmente la formación de un contrato, en manera alguna están obligadas a su conclusi ?on. ‘ Toda vez que la negociación se da en un plano de confianza que no debe ser defraudada, de romperse los tratos sin justificación, hay que indemnizar a la parte que confiaba honestamente en la conclusión del acuerdo los gastos en que haya incurrido (pago de asesores, desplazamientos, interés del dinero conseguido para cumplir la prestación a la que le obligaría el contrato, etc.). Así de limitada estaría la responsabilidad de COPAN, aun si aceptáramos la conclusión expresada en la opinión, pág. 531, de que ‘[e]l curso de estas negociaciones crearon en Muñiz una expectativa razonable de que el contrato habría de concluirse‘. Tal expectativa necesariamente debió sufrir una erosión gradual hacia la extinción al fracasar el acuerdo a lo largo de siete proyectos, sin que se progresara ni aun cuando quien alentaba la expectativa ofreció $25,000 adicionales sobre los $200,000 de oferta original. La ruptura unilateral genera responsabilidad sólo si el estado de las negociaciones era avanzado ‘por haberse logrado acuerdos importantes que hacía confiar lícitamente a la parte perjudicada la celebración del contrato ‘.NOTA2 Castán Tobeñas se une a este criterio de limitación a gastos al dictaminar:

*538 Hade estimarse, como apuntan Ruggiero y Maroi, que en la fase de formación del contrato hay ya para las partes un deber de lealtad recíproca y buena fe. Por regla general, la ruptura de los tratos no traerá consigo ninguna responsabilidad; mas si llegadas las convenciones a un punto en que podía razonablemente esperarse la conclusión del contrato, una de las partes se vuelve atrás sin motivo justificado, está obligada a responder a la otra, por su arbitrario proceder, de los gastos que haya hecho y de las pérdidas patrimoniales que haya sufrido. Derecho Civil Español, Común y Foral, 10ma ed., 1967, T. 3, pág. 469.

Entre Muñiz y COPAN nada se avanzó en torno a la provisión por el primero del centro de televisión.

Se reconoce derecho a indemnización de daños y perjuicios bajo el Art. 1802 C.C. cuando se rompen las negociaciones de mala fe, pero ya éste es caso de excepción en que se sanciona la falta de conducta honesta y leal del que va a la negociación sin propósito legítimo, como obtener conocimiento de técnicas de producción de la otra parte, u oculta a ésta su falta de capacidad para contratar, o para aparentar la solidez financiera de su empresa o desviar su contraparte de otros negocios que el culposo no desea que se lleven a cabo. La prueba no coloca a COPAN en ninguna de éstas o análoga posición de fraude o mala fe contra Muñiz.

**13 Se impone esta distinción entre: (1) responsabilidad limitada a gastos en caso de fundada expectativa de final formación del contrato; y (2) responsabilidad en daños y perjuicios de quien actúa de mala fe, porque de exigir igual responsabilidad en uno y otro caso se produciría un temor de riesgo en los contratantes que frenaría y hasta enervaría la deseable fluidez y libertad de acción en toda la etapa precontractual. En palabras de Díez-Picazo y GullónNOTA3 al citar a De Cupis, ‘al establecer un régimen general de responsabilidad, se impone a las partes tal cautela y circunspección que se impide enérgicamente la vida del tráfico‘. (Énfasis nuestro.) *539 Debe preocuparnos la incorporación a nuestra jurisprudencia de la doctrina propuesta para gobernar la contratación, habida cuenta de la densa negociación precontractual que ésta requiere en la actualidad, y su impacto adormecedor en la actividad económica del país. Aun en distinta apreciación de los hechos y desatención de las autoridades citadas, la decisión del Tribunal deberiá limitarse a otorgar gastos de expectativa a Producciones Tommy Muñiz, Inc.

–O–

Voto separado del Juez Asociado Señor Dávila.

Al unirme a la opinión del Tribunal deseo expresar el alcance que a mi juicio tiene el precepto que hoy sentamos.

No cabe malinterpretar la expresión del Tribunal al efecto de que, establecidas las negociaciones previas al contrato, no pueden los negociadores abandonarlas sin incurrir en un ‘quebrantamiento de la buena fe‘. No pretendemos decir que se requiere justa causa para ejercer el derecho a no contratar, que es esencialísimo corolario de nuestro derecho de contrato consensual. Es sólo el retiro abusivo de la negociación el acto que demanda reparación. Véanse F. Kessler y E. Fine, Culpa in Contrahendo, Bargaining in Good Faith, and Freedom of Contract: A Comparative Study, 77 Harv. L. Rev. 401 (1964).

El retiro de COPAN de sus negociaciones con Muñiz se torna abusivo, no por no tener justificación, sino por frustrar las expectativas que COPAN, con sus actos al negociar, en forma razonable, despertó en Muñiz. Durante las negociaciones, COPAN nunca manifestó a Muñiz que la suerte de sus esfuerzos no dependería de la vinculación de sus desacuerdos y conflictos, sino del criterio, no dudamos, sano y bien intencionado de partes ajenas a la negociación, cual era el señor Gobernador de Puerto Rico. Si, en cambio, COPAN le hubiese participado a Muñiz, durante el curso de sus tratos, que el criterio último sería el del Gobernador, difícilmente podría concebirse base *540 alguna para tachar de abusivo el proceder de COPAN. El interés del Gobernador era clarísimo. Después de todo, el gobierno enjugaba buena parte del coste de los juegos. Mas, la prueba no revela que COPAN hiciera depender sus negociaciones con Muñiz del criterio del Ejecutivo. Tal y como se ha presentado ante nos, el récord revela que el contrato se perfeccionaría de poderse zanjar las ya reducidas discrepancias entre COPAN y Muñiz. La sorpresiva introducción de elementos, hasta entonces ocultos, para apartarse de súbito de tan avanzada gestión de negociación, constituye un proceder abusivo de parte de COPAN, que demanda reparación.

**14 Creo menester expresarme también sobre el tipo de daño que debe resarcirse en estos casos. Sirve de clara ilustración el criterio de la Corte de Casación de Italia, según resumido por Mariano Alonso Pérez: ‘la responsabilidad precontractual no supone el resarcimiento de todos los daños contractuales sufridos por la otra parte, sino sólo de los perjuicios englobados en el llamado ?interés negativo’ –id quod interest contractum initum non fuisse–; es decir, los gastos que la contraparte hizo en previsión del futuro contrato –viajes, informes periciales, asesoramientos, etc.–, así como las pérdidas ocasionadas por desaprovechar ocasiones favorables de celebrar un contrato con otras personas (C. de 10 de octubre de 1962, número 2919).‘ La Responsabilidad Precontractual, 47 Rev. Crítica de Derecho Inmobiliario 859, 905 (julio-diciembre 1971).

Resaltando estos elementos, es que uno mi voto a la opinión del Tribunal.

NOTA1. Es con motivo de este quinto borrador que Muñiz declaró que Carrión le manifestó que tenía un contrato y que siguiera adelante. Pero Carrión negó que hiciera tales manifestaciones, y el tribunal no hizo conclusión alguna sobre este extremo.

NOTA2. Denegamos, además, la solicitud en auxilio de jurisdicción presentada por Muñiz. Véase Prod. Tommy Muñiz, Inc. v. COPAN, 108 D.P.R. 699 (1979).

NOTA3. Apéndice a la obra de Hilsenrad, Las Obligaciones Precontractuales, ed. esp., Madrid, s.f., citado en Moreno Quesada, op. cit., págs. 37-38.

NOTA4. Moreno Quesada separa, a los fines del análisis, la responsabilidad en dos períodos a los que atribuye distintos significados: la fase de negociación con anterioridad a la oferta y que culmina en la formulación de ésta, y la fase posterior a la oferta. Op. cit., pág. 195.

NOTA1. Sistema de Derecho Civil, 3ra ed., 1980, Vol. II, pág. 74.

NOTA2. Díez-Picazo y Gullón, op. cit., pág. 75.

NOTA3. Op. cit., pág. 75.