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Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas de Puerto Rico, Ley Núm. 225 de 1 de diciembre de 1995

(P. de la C. 1488)

(Conferencia)

LEY

Para crear la “Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas de Puerto Rico”; establecer la política pública en el sector agrícola y otros sectores económicos relacionados; establecer los requisitos para calificar a los agricultores bona fide y eximirlos del pago de toda clase de contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble, patentes municipales, contribución sobre ingresos, arbitrios y toda contribución o derechos municipal y/o estatal.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El nuevo enfoque del desarrollo económico, tanto a nivel local como internacional requiere de una política de desarrollo integrada a las necesidades sociales, económicas y fiscales de nuestro Gobierno. Los altos costos de producción y distribución, la competencia de productos importados y los riesgos de operar un negocio agrícola, requieren de incentivos contributivos adicionales que alivien las cargas contributivas y las posibilidades de fracaso de la actividad agrícola que pesan sobre nuestros agricultores, de manera que permitan y estimulen la permanencia, desarrollo y crecimiento de la industria agrícola, generando las fuentes de empleo que tanto necesitamos y el efecto multiplicador del progreso sobre todos los sectores de la economía. El nuevo enfoque debe girar hacia un sector económico-agrícola más autosuficiente en términos de la producción y distribución interna de productos agrícolas dirigido a la reducción de la importación anual de alimentos a nuestra Isla. Nuestra población debe ser orientada hacia el consumo de alimentos producidos por el sector agrícola del país fomentando el desarrollo económico-agrícola deseado. Las exenciones a favor de la agricultura y sectores relacionados necesitan ser amplias y abarcadoras para que sean efectivamente disfrutadas por estos sectores económicos de Puerto Rico, independientemente de que los agricultores bona fide introduzcan directamente artículos exentos a Puerto Rico, o los adquieran después de su introducción. De igual modo se establecen mecanismos para reducir el impacto contributivo en los sectores que requieren incentivos o ayuda especial para permitirles operar con éxito. Se amplía el programa de incentivos para la promoción de servicios que pueden generar un número sustancial de empleos y se designan unidades de

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servicios que podrán obtener exención contributiva, según se determinan en esta ley.

La “Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas de Puerto Rico”, propone equilibrar de forma justa, práctica y razonable el programa de desarrollo agrícola con los demás sectores económicos tales como el turismo.Tal balance es indispensable para ayudar a que se genere y mantengan mayores fuentes de empleo para los puertorriqueños y para proveer más y mejores servicios de infraestructura, vitales para el sostenimiento de nuestra agricultura.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

§ Artículo 1.-Título

El título de esta ley será “Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas de Puerto Rico”.

§ Artículo 2.-Política pública

Esta ley tiene el propósito de declarar como política pública de Puerto Rico dar la más alta prioridad a la agricultura en toda gestión del gobierno de Puerto Rico y de sus instrumentalidades, subdivisiones políticas, municipios y corporaciones públicas: la eliminación de cargas, restricciones, costos, contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble, arbitrios, y toda otra clase de contribuciones o imposiciones sobre los agricultores “bona fide” y los negocios de agricultores “bona fide” y el impulso y progreso económico de los agricultores “bona fide” como mecanismos para lograr un crecimiento sostenido del sector.

§ Artículo 3.-Definiciones

Para los fines de esta ley, los siguientes vocablos y frases tendrán el significado y alcance que a continuación se expresa:

(a) Agricultor “bona fide” – El término agricultor “bona fide” significa toda persona natural o jurídica que durante el año contributivo para el cual reclama deducciones, exenciones o beneficios provistos por esta ley tenga una certificación vigente expedida por el Secretario de Agricultura, la cual certifique que durante dicho año se dedicó a la

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explotación de un negocio agrícola, según dicho término se define en el inciso (b), y que derive el cincuenta (50) por ciento o más de su ingreso bruto de un negocio agrícola como operador, dueño o arrendatario, según conste en su planilla de contribuciones sobre ingresos.

(b) Negocio agrícola – El término negocio agrícola significa la operación o explotación de uno o más de los siguientes negocios:

(i) la labranza y/o cultivo de la tierra para la producción de frutas y vegetales, especies para condimentos y toda clase de alimentos para seres humanos y animales;

(ii) la crianza de animales para la producción de carnes, leche y huevos;

(iii) la crianza de caballos de carrera de pura sangre y la crianza de caballos de paso fino puros de Puerto Rico;

(iv) industrias agrícolas que compren materia prima producida en Puerto Rico; las operaciones agroindustriales y agropecuarias, incluyendo las operaciones de los productores, elaboradores, pasteurizadores o esterilizadores de leche y sus agentes según definidos como tales en la Ley Núm. 34 del 11 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar la Industria Lechera de Puerto Rico” y toda otra operación agroindustrial o agropecuaria de Puerto Rico:(v) operaciones dedicadas al empaque, envase o clasificación de productos agrícolas frescos que forman parte del mismo negocio agrícola;

(vi) maricultura pesca comercial y acuacultura;

(vii) la producción comercial de flores y plantas ornamentales para el mercado local y de exportación;

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(viii) el cultivo de vegetales por métodos hidropónicos, las casetas y demás equipo utilizado para estos fines:

(ix) la elaboración de granos para el consumo de las empresas pecuarias por asociaciones compuestas de agricultores bona fide;

(x) cualesquiera otro negocio que el Secretario de Agricultura de Puerto Rico mediante reglamento considere negocio agrícola.

(c) Arbitrio – significa el impuesto establecido en el Subtítulo B de la Ley Núm. 120 del 31 de octubre de 1994, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”, aplicable a artículos de uso o de consumo importados o manufacturados en Puerto Rico que adquiera el agricultor “bona fide” para uso en el negocio agrícola según se define en el inciso (b) del Artículo 3 de esta ley.

(d) Contribuciones sobre la propiedad – contribuciones impuestas por la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como “Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991”, sobre el valor de toda propiedad mueble e inmueble que utiliza el agricultor “bona fide” en la operación de su negocio agrícola;

(e) Bienes muebles e inmuebles – significa la definición establecida en el Artículo 3.11 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991″ según enmendada, conocida como “Ley de la Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991”, que sean utilizados para el desarrollo de las actividades agrícolas;

(f) Contribución sobre ingresos – contribución impuesta por el Subtítulo A de la Ley Núm. 120 del 31 de octubre de 1994, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994” sobre el ingreso neto de la producción anual del negocio agrícola, y sobre el ingreso neto por concepto de intereses, rentas y dividendos, y cualesquiera otros ingresos derivados del mismo.

Para fines de esta ley el ingreso neto se determinará de conformidad con lo dispuesto en las Secciones 1021, 1022 y 1023 de la Ley Núm. 120 del 31 de octubre de 1994 conocida como “Código de Rentas Internas de 1994”.

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(g) Patente – impuesto municipal sobre las ventas de productos generados de la actividad agrícola, establecido en la Ley Núm. 113 del 10 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Patentes Municipales de 1974”.

(h) Fondos de Valores o Fondos – significará cualquier fondo, corporación o sociedad, incluyendo una sociedad que haya efectuado una elección bajo el Suplemento P de la Ley Núm.91 del 29 de junio de 1954, según enmendada, conocida como “Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954”, según enmendada, o bajo el Subcapítulo K del Subtítulo A de la Ley Núm. 120 del 31 de octubre de 1994, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994” que como una entidad inversionista opere según los propósitos y en cumplimiento con los requisitos que se establecen en esta ley y en la Ley Núm. del 6 de octubre de 1987, según enmendada, conocida como “Fondo de Capital de Inversión”, o en cualquier otra ley de naturaleza similar que la sustituya o la complemente y los reglamentos vigentes o que se promulguen bajo las mismas.

(i) Inversionista – significa cualquier persona que haga una inversión elegible. Cuando la persona que haga la inversión elegible sea un Fondo, los participantes del Fondo serán considerados los inversionistas y no el Fondo.

(j) Participante – significa la persona que haga una inversión en valores de un fondo en la emisión primaria.

(k) Inversión elegible significa:

(1) La cantidad de efectivo que haya sido aportada para ser utilizada en un negocio agrícola a cambio de: (i) acciones en la corporación, si el negocio agrícola es una corporación; o (ii) la participación o el aumento en la participación, en una sociedad o empresa en común o negocio individual;

(2) El valor de los terrenos aportados para ser utilizados en un negocio agrícola a cambio de; (i) acciones en la corporación, si el negocio agrícola es una corporación; o (ii) la participación, o el aumento en la participación, en una sociedad o empresa en común o negocio individual. El valor del terreno aportado será el justo valor en el mercado, reducido por el balance de las

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hipotecas que graven el terreno al momento de la aportación. El justo valor en el mercado se determinará basado en una tasación de dicho terreno realizada por uno o más tasadores profesionales debidamente licenciados en Puerto Rico. El Secretario de Agricultura deberá aprobar el valor del terreno según determinado por el tasador antes de que el mismo sea aportado al negocio agrícola.

(3) Aportaciones en efectivo hechas por un fondo a una corporación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o cualquiera de sus subsidiarias, a cambio de:(i) las acciones o participaciones en un negocio agrícola que posean dichas corporaciones o subsidiarias o; (ii) la deuda subordinada que tenga el negocio agrícola con dichas corporaciones o subsidiarias;

(4) Sólo se consideran como inversiones elegibles aquellas inversiones cuyos fondos son utilizados en su totalidad única y exclusivamente para establecer y operar negocios agrícolas nuevos, para la renovación o expansión sustancial de los negocios agrícolas existentes, o para la adquisición de maquinaria, equipo y capital de trabajo a ser utilizados en las operaciones corrientes del negocio agrícola. Cualquier otra inversión cuyos fondos no sean utilizados directamente y en su totalidad para estos propósitos quedará excluida de la definición de inversión elegible de este artículo.

En el caso de que se efectúe una de las aportaciones descritas en los párrafos (1) o (2) de este inciso, dicha aportación se considerará como inversión elegible sólo si dicha inversión se hace en la emisión primaria de las acciones o participantes.

§ Artículo 4.- Reglamento

El Secretario de Agricultura de Puerto Rico, queda facultado para aprobar un Reglamento a los fines de establecer los cultivos y crianzas de animales en las distintas zonas geográficas de acuerdo a la mejor información científica disponible; además de definir e identificar el terreno de uso agrícola intensivo. El Reglamento se aprobará de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

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§ Artículo 5.-Certificación

El Secretario de Agricultura de Puerto Rico expedirá una certificación indicando que el agricultor “bona fide” se dedica a la explotación u operación de un negocio agrícola. El Secretario de Hacienda determinará si el agricultor al rendir su planilla de contribución sobre ingresos cumple con el requisito del cincuenta (50) por ciento de ingreso de negocio agrícola para considerarle agricultor bona fide.

§ Artículo 6.-Arbitrios

(a) Se exime a los agricultores “bona fide” del pago de toda clase de arbitrios de los siguientes artículos cuando sean introducidos o adquiridos directa o indirectamente por ellos para uso en sus negocios agrícolas:

(1) Incubadoras y criadores de pollos u otros animales; artículos para la crianza y desarrollo de abejas o ganado.

(2) Ordeñadores, incluyendo ordeñadores eléctricos, llenadores de silos y tanques para uso de los ganaderos en la conservación de la leche en las fincas o ganaderías.

(3) Plantas generadoras de corriente eléctrica.

(4) Equipo, artefactos u objetos cuyo funcionamiento dependa únicamente de la energía solar, eólica, hidráulica o de cualquier otro tipo de energía, excluyendo la energía producida por el petróleo y sus derivados.(5) Equipo usado por los caficultores para elaborar el grano una vez cultivado hasta que el mismo esté listo para su torrefacción; equipos y aparatos usados en la producción, elaboración, pasteurización o elaboración de leche o sus productos derivados.

(6) Equipo para mezclar alimentos en las fincas y los sistemas de distribución de alimentos para animales o abejas en las fincas; los postes tratados y los alambres, para verjas en las fincas.

(7) Equipo y aparatos usados para la crianza de pollos y en la producción de huevos, el semen para la crianza de ganado.

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(8) Equipo, artefactos u objetos usados por los agricultores “bona fide” en sus negocios de producción y cultivo de vegetales, semillas, café, mango, leguminosas, caña, flores y plantas ornamentales, pasto o yerba de alimento para ganado, farináceos, frutas, gandules y piña, de ganadería, horticultura, cunicultura, porcinocultura, avicultura, apicultura acuacultura y pesca; de crianza de vacas o cabros para carne o leche; de producción, elaboración, pasteurización o esterilización de leche o sus productos derivados: de crianza de caballos de pura sangre nativos y de caballos de paso fino puros de Puerto Rico: y cualquier otra actividad que el Secretario de Agricultura determine.

(9) Miel o melaza que constituya alimento para el ganado; cualquier otro alimento para ganado, conejos, cabros, u ovejas.

(10) Gomas y tubos usados de aviones utilizados en la actividad agrícola.

(11 ) Cualquier clase de vehículo que no sea automóvil utilizado en la actividad agrícola.

A los reemplazos del vehículo así adquirido le aplicará también la exención establecida en este inciso siempre que el vehículo de motor a reemplazarse haya sido poseído por un agricultor “bona fide” para uso del negocio agrícola. por un período no menor de cuatro (4) años. No obstante, lo anteriormente dispuesto, cuando el vehículo a reemplazarse haya perdido su utilidad por causas fortuitas no atribuíbles a la negligencia de su dueño, se aplicará la exención al reemplazo. Cuando el dueño de un vehículo que esté disfrutando de esta exención lo venda, traspase o en cualquier otra l norma lo enajene. por un precio que no exceda de $5.769 el nuevo adquirente estará obligado a pagar, antes de tomar posesión del mismo, un arbitrio mínimo de doscientos cincuenta dólares. En caso de que el precio exceda de $5,769 el nuevo adquiriente vendrá obligado a pagar el arbitrio que resulte al aplicar la tabla contenida en la Sección 2014 (a) (1) de la Ley Núm. 120 del 31 de octubre de 1994, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”. La cantidad de arbitrio a pagar,

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según señalado, se calculará a base del precio contributivo sobre el cual se concedió la exención menos la depreciación sufrida.Será obligación de la persona exenta exigir constancia al nuevo adquirente del pago del arbitrio antes de entregarle el vehículo. Cuando el nuevo adquirente sea otro agricultor “bona fide”, éste podrá acogerse a los beneficios de este inciso por el resto del tiempo hasta completar los cuatro (4) años de la exención originalmente concedida.

(12) El “gas oil” o “diesel oil” para uso exclusivo en la operación de maquinaria y vehículos agrícolas, ganaderos, avícolas o para la crianza de caballos de pura sangre nativos o de caballos de paso fino puros de Puerto Rico, o en la operación de maquinaria o vehículos de productores, elaboradores, pasteurizadores o esterilizadores de leche o sus productos derivados.

(13) Los tractores, arados, rastrilladoras, cortadoras de yerba, sembradoras y cualquier otro equipo accesorio al tractor, incluyendo las piezas para los mismos, que sean para uso de los agricultores “bona fide” en sus negocios agrícolas.

(14) Los herbicidas, insecticidas, plaguicidas fumigantes y fertilizantes, incluyendo los equipos para la aplicación de los mismos .

(15) Sistemas de riego por goteo, sistemas de riego aéreo (“sprinklers”) incluyendo pero no limitado a bombas, tuberías, válvulas, controles de riego (“timers”), filtros: inyectores proporcionadores de quimigación; umbráculos para empaques de acero, aluminio o madera; materiales para embarques; materiales para bancos de propagación; materiales de propagación; tiestos, canastas y bandejas; materiales para soporte de plantas (estacas de madera y/o bambú); cubiertas plásticas (“plastic mulch” o “ground cover”); viveros de acero, aluminio y/o madera tratada; plásticos de polietileno serán (“shade cloth”) y/o fibra de vidrio (“fiberglass”) para techar viveros.

(16) Equipo, maquinaria y materiales utilizados en el tratamiento de mangó para exportación mediante el proceso de agua caliente.

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(17) Sistemas, equipo y materiales utilizados para el control ambiental que sean requeridos por agencias reguladoras para la operación de sus negocios.

(18) Las partes, los accesorios y los reemplazos para o de cualquiera de los artículos descritos en los párrafos (I) al (17) de este Artículo.

(b) El agricultor “bona fide” que desee acogerse a las exenciones enumeradas en este artículo deberá cumplir con las disposiciones del programa de número de agricultor “bona fide” establecido por el Secretario de Hacienda y someter una declaración jurada haciendo constar que se dedica a la explotación u operación de un negocio agrícola y que usará el artículo sobre el cual reclama la exención en la operación y en el desarrollo de dicho negocio. También deberá acompañar la correspondiente certificación del Secretario de Agricultura haciendo constar que es un agricultor “bona fide”.

La declaración jurada se hará en el formulario que a tales efectos provea el Secretario de Hacienda.En la misma se expresará, en adición a cualquier otra información que estime el Secretario de Hacienda, la dirección exacta del negocio, los datos personales del solicitante y el renglón principal de producción o cultivo a que se dedica el negocio. La declaración se hará en original y duplicado. Antes de conceder la exención solicitada el Secretario de Hacienda enviará el duplicado de la declaración al Secretario de Agricultura para que éste determine la veracidad y exactitud de los hechos declarados en la misma. El Secretario de Agricultura deberá hacer la determinación correspondiente y notificar la misma al Secretario de Hacienda dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha en que reciba el duplicado de la declaración. El Secretario de Hacienda tomará en consideración para aprobar o denegar la solicitud de exención, la determinación que haga el Secretario de Agricultura. En caso de que se determine que el solicitante sometió información falsa o fraudulenta, en adición a denegársele la exención, la persona estará sujeta a las penalidades por perjurio establecidas en el Artículo 225 de la Ley Núm. 115 del 22 de abril de 1974, según enmendada, conocida como “Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

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§ Artículo 7.-Exención de contribución sobre la propiedad

Se exime del pago de toda clase de contribuciones e imposiciones sobre la propiedad todos aquellos bienes muebles e inmuebles, incluyendo terrenos, edificios, equipo, accesorios y vehículos, de los agricultores “bona fide” que sean de su propiedad o tengan bajo arrendamiento o usufructo y que sean usados en forma intensiva en el negocio agrícola. Para tener derecho a la exención de la contribución sobre la propiedad mueble, el solicitante deberá evidenciar al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) que ha cumplido en sus obligaciones con respecto a la contribución sobre la propiedad mueble en los cuatro (4) años anteriores a la solicitud de dicha exención.

§ Artículo 8.-Exención de contribuciones municipales

Para los años contributivos comenzados a partir del 1ro. de enero de 1996 se exime a los agricultores “bona fide” del pago de toda clase de patentes cargos, e imposiciones municipales sobre sus negocios de actividad agrícola intensiva.

§ Artículo 9.-Exención de contribuciones sobre ingresos

(a) Para los años contributivos comenzados a partir del 1ro. de enero de 1996, se exime a los agricultores “bona fide” del pago de contribuciones sobre ingresos en el noventa (90) porciento de sus ingresos que provengan del negocio agrícola.

(b) Se exime del pago de contribución sobre ingresos todos los intereses sobre bonos, pagarés y otros instrumentos de deuda emitidos a partir del 1ro. de enero de 1996 por o a través de instituciones financieras concernientes al financiamiento de los negocios agrícolas.(c) En el caso de aquellos sectores agrícolas que han sido o sean objeto de un ordenamiento que establezca una oficina especializada y un fondo para el desarrollo de la industria será requisito indispensable acogerse a dicha Ley de Ordenamiento para poder recibir los beneficios que se disponen en esta Ley.

§ Artículo 10.-Crédito contributivo por inversión en negocios agrícolas.

(a) Sujeto a las disposiciones del inciso (d) de este Artículo, todo inversionista, incluyendo un participante, tendrá derecho a un crédito por inversión en negocios agrícolas igual al cincuenta (50) por ciento

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de su inversión elegible o su inversión en valores de un Fondo de Valores, o Fondos a ser reclamado en dos (2) plazos: la primera mitad de dicho crédito en el año en que el negocio agrícola obtuvo el financiamiento necesario para su operación y el balance de dicho crédito, en el año siguiente. Si se estableciese una cuenta en plica y la misma fuese disuelta por no haberse obtenido el financiamiento necesario para la operación del negocio agrícola, los participantes no tendrán derecho al crédito. Toda inversión elegible hecha en o antes de la fecha límite para la radicación de la planilla de contribuciones sobre ingresos, según dispuesto por la Ley Núm. 120 del 31 de octubre de 1994, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”. calificará para el crédito contributivo de este Artículo en el año contributivo para el cual se está radicando la planilla antes mencionada, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos de este Artículo.

El crédito por inversión en negocios agrícolas permitido por este Artículo no será aplicable, ni estará disponible en el caso de que el participante adquiera valores de un Fondo de Valores, o Fondos, en emisión primaria, para sustituir otros valores de un Fondo que fueron vendidos, permutados o transferidos de cualquier forma por dicho participante y respecto a los cuales el participante no reconocerá, en todo o en parte, la ganancia derivada de dicha venta, permuta o transferencia.

(b) Arrastre de Crédito – Todo crédito por inversión en negocios agrícolas no utilizado en un año contributivo podrá ser arrastrado a años contributivos subsiguientes hasta tanto sea utilizado en su totalidad.

(c) Cantidad Máxima de Crédito – La cantidad máxima de crédito por inversión en negocios agrícolas por cada negocio que estará disponible a los inversionistas y a los participantes será el cincuenta (50) por ciento del efectivo aportado por los inversionistas y los participantes, a través del Fondo, a los negocios agrícolas a cambio de acciones o participaciones en dichos negocios agrícolas.La cantidad máxima del crédito disponible se distribuirá entre los inversionistas y los participantes en las proporciones determinadas por ellos. El negocio agrícola notificará la distribución del crédito al Secretario de Agricultura, al Secretario de Hacienda y a sus accionistas en o antes de la fecha provista por la Ley Núm. 120 del 31 de octubre de 1994,

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conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994” para radicar la planilla de contribuciones sobre ingresos para su primer año de operaciones, incluyendo cualquier prórroga otorgada por el Secretario de Hacienda para la radicación de la misma. La distribución elegible será irrevocable y obligatoria para el negocio agrícola, los inversionistas y participantes. Se exime al agricultor “bona fide” del pago de aranceles y cancelación de sellos no importa la entidad bancaria o crediticia que utilice a estos fines.

(d) Ajuste de Base y Recobro del Crédito

(1) La base de toda inversión elegible se reducirá por la cantidad reclamada como crédito por inversión en negocios agrícolas, pero nunca podrá reducirse a menos de cero.

(2) Durante el término de tres (3) años desde la fecha de la notificación relacionada a la distribución del crédito según descrita en el inciso (c) de este Artículo, el negocio agrícola deberá rendirle un informe anual al Secretario de Agricultura y al Secretario de Hacienda desglosando el total de la inversión realizada en el negocio a la fecha de dicho informe anual.

(3) Transcurrido el término de tres (3) años desde la fecha de la notificación descrita en el inciso (c) de este Artículo, el Secretario de Agricultura determinará la inversión total hecha por el negocio agrícola. En el caso de que el crédito por inversión en el negocio agrícola reclamado por los inversionistas exceda el crédito computado por el Secretario de Agricultura. basado en la inversión total hecha por el negocio agrícola en la actividad, dicho exceso se considerará como contribución sobre ingresos adeudada a ser pagada por los inversionistas en dos (2) plazos, el primero de los cuales vencerá en el primer año contributivo siguiente a la fecha de expiración del período de tres (3) años antes mencionado y el segundo, en el año contributivo siguiente.

El término de tres (3) años podrá ser pospuesto por el Secretario de Agricultura, mediante orden emitida por éste, pero nunca por un período adicional mayor de dos (2) años.

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(e) Crédito por pérdida- Toda pérdida sufrida en la venta, permuta u otra disposición de una inversión elegible o valor de un fondo por un inversionista o participante se considerará como una pérdida de capital, pero dicho inversionista o participante, a su elección, podrá reclamar dicha pérdida como un crédito contra la contribución determinada en el año contributivo de dicha pérdida y en los cuatro (4) años contributivos siguientes. La cantidad de la pérdida que podrá reclamar como crédito en cada uno de los años antes indicados no podrá exceder de una tercera (1/3) parte de la pérdida. Cualquier pérdida que se reclame como un crédito contra la contribución sobre ingresos reducirá la base de la inversión elegible o de valor de un fondo en la misma cantidad del crédito reclamado, pero dicha base nunca se reducirá a menos de cero. No se permitirá la opción de reclamar la pérdida como crédito contra la contribución sobre ingresos si la base de la inversión elegible del valor de un fondo es igual a cero. Para propósitos de determinar la cantidad del crédito por pérdida, la base de la participación en una sociedad especial no será ajustada para reflejar los aumentos a dicha base calculados según el Subcapítulo K del Subtítulo A de la Ley Núm. 120 del 31 de octubre de 1994, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”. Por otro lado, cualquier disminución en la base determinada según dichos Subcapítulo K será reconocida para propósitos del cómputo del crédito por pérdida, pero sólo hasta el monto del beneficio contributivo derivado por el inversionista o participante de la transacción o evento que da lugar a la disminución en la base bajo dicho Subcapítulo K.

La cantidad total del crédito por pérdida no podrá exceder del cincuenta (50) por ciento de la inversión en el negocio agrícola. Los inversionistas y participantes que reclamaron, o de cualquier otro modo, transfirieron créditos por inversión en un negocio agrícola como resultado de su inversión elegible o su inversión en valores de un Fondo, se distribuirán el derecho de beneficiarse del crédito utilizando el mecanismo dispuesto en el Inciso (c) de este Artículo. Una vez se haya efectuado dicha distribución, no serán de aplicación las disposiciones referentes a la transferencia o cesión de crédito del inciso (f) de este Artículo. Cualquier exceso del crédito así concedido sobre la contribución determinada en los referidos cinco (5) años contributivos no podrá reclamarse como una deducción o un crédito, ni retrotraerse o arrastrarse a otro año contributivo.

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(f) Cesión del Crédito

(1) Después de la fecha de notificación de la distribución del crédito por inversión en negocios agrícolas que dispone este artículo en su inciso (b), el crédito provisto por este Artículo podrá ser cedido, vendido o de cualquier modo traspasado. en su totalidad o parcialmente, por un inversionista o participante, a cualquier otra persona.

(2) La base de la inversión elegible se reducirá por el valor del crédito por inversión en negocios agrícolas cedido.

(3) El inversionista o participante que haya cedido todo o parte de su crédito por inversión en negocios agrícolas, así como el adquirente de dicho crédito notificará al Secretario de Hacienda de la cesión mediante declaración a tales efectos que será incluida con su planilla de contribución sobre ingresos para el año en que se efectúe la cesión del crédito por inversión en negocios agrícolas. La declaración contendrá aquella información que el Secretario de Hacienda estime pertinente requerir mediante Reglamento promulgado a tales efectos.

(4) El dinero o el valor de la propiedad recibida a cambio del crédito por inversión en negocios agrícolas estará exento de tributación bajo la Ley Núm. 120 del 31 de octubre de 1994, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994” y bajo cualquier ley sucesora, hasta una cantidad que sea igual al monto del crédito cedido.

(g) Tributación de Ganancias en Caso de Venta – Cualquier ganancia en caso de una venta, permuta u otra disposición de una inversión elegible o valor de un Fondo de Valores o Fondos, se considerará una ganancia de capital y el exceso de las ganancias netas de capital a largo plazo sobre la pérdidas netas de capital a corto plazo estarán sujetas a tributación, según provee la Ley Núm. 120 del 31 de octubre de 1994, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”.

(h) Reglas especiales para inversiones efectuadas por Fondos de Capital de Inversión creados bajo la Ley Núm. 3 del 6 de octubre de 1987,

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según enmendada, conocida como “Fondo de Capital de Inversión”, o bajo cualquier otra ley de naturaleza similar que la sustituya o complemente.

(l) Todo Fondo de Capital de Inversión creado bajo la Ley Núm. 3 del 6 de octubre de 1987, según enmendada, conocida como “Fondo de Capital de Inversión”, o bajo cualquier otra ley de naturaleza similar que la sustituya o complemente, que sea un inversionista o participante en proyectos de negocios agrícolas estará sujeto a todas las disposiciones del Artículo, excepto que:(i) tendrá derecho a un crédito por inversión en negocios agrícolas equivalente a sólo el veinticinco (25) por ciento de su inversión elegible o su inversión en valores del Fondo, en vez del cincuenta (50) por ciento al que se hace referencia en el Artículo 10(a) de esta ley. La totalidad del crédito del veinticinco (25) por ciento de su inversión podrá ser reclamada en el año en que el negocio obtuvo el capital necesario para desarrollar la actividad agrícola;

(ii) para propósitos de la limitación impuesta por el inciso (c) de este Artículo los efectos de que el total del crédito por inversión en negocios agrícolas no podrá exceder del cincuenta (50) por ciento del efectivo aportado por los inversionistas y los participantes, el cómputo se hará como si los fondos de capital de inversión creados bajo la Ley Núm. 3 del 6 de octubre de 1987, según enmendada, conocida como “Fondo de Capital de Inversión”, o bajo cualquier otra ley de naturaleza similar que la sustituya o complemente, hubiesen reclamado el cincuenta (50) por ciento de su inversión elegible;

(iii) los Fondos de Capital de Inversión creados bajo la Ley Núm. 3 del 6 de octubre de 1987, según enmendada, conocida como “Fondo de Capital de Inversión”, o bajo cualquier otra ley de naturaleza similar que la sustituya o complemente, no tendrán derecho al crédito por pérdida dispuesto en el inciso (e) de este Artículo.

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(2) Informe, obligación de someterlo.- Todo Fondo radicará los informes que le requiera el Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico y éste será responsable de reglamentar el contenido de dichos informes y la fecha en que éstos deberán radicarse. El Comisionado remitirá copia fiel y exacta de dichos informes al Secretario de Agricultura y al Secretario de Hacienda dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su radicación.

§ Artículo ll.-Aplicabilidad

Las disposiciones de la Ley Núm. 120 del 31 de octubre de 1994, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994” aplicarán a los agricultores bona fide y a sus negocios agrícolas en la medida en que no sean incompatibles con las contenidas en esta ley.

§ Artículo 12.-Vigencia

Esta Ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación.

Ley Núm. 8 de abril de 1997

Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas

LEY NUM. 8 DEL 8 DE ABRIL DE 1997

(P. del S. 174)

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas de Puerto Rico, aprobada el 1 de diciembre de 1995 y enmendada mediante la Ley Núm. 35 de 30 de abril de 1996, contiene una serie de disposiciones dirigidas a estimular el crecimiento de la actividad agrícola en Puerto Rico. Esta legislación tiene el propósito de conceder incentivos contributivos adicionales para tratar de que el sector agrícola recupere parte de la participación que tenía en la producción y la generación de empleos en la economía de la Isla.

Nuestro gobierno reconoce la importancia de disponer de un sector agrícola vigoroso que pueda afrontar con éxito los retos de los avances tecnológicos y los efectos de la competencia globalizada que cada día se hacen más evidentes. En este contexto es que este sector primario está considerado en el Nuevo Modelo de Desarrollo Económico, que fuera promulgado en febrero de 1994.

Sin embargo, la estrategia de otorgar incentivos contributivos para fomentar la inversión u otra actividad económica debe estar fundamentada en el efecto real de crecimiento económico a generarse por dicha medida de política fiscal. Además, debe tomar en consideración el efecto sobre la capacidad fiscal del gobierno, sobre los servicios primarios y los compromisos que éste contrajo con el pueblo de Puerto Rico, cuando recibió su mandato electoral.

En este sentido, la Ley Núm. 225 , antes citada, aunque tiene grandes méritos debe ser reevaluada debido a que el impacto fiscal de la misma impedirá el crecimiento natural de la base contributiva.De esta manera, los ingresos del Fondo General, que son la principal fuente del Presupuesto de Gastos del Gobierno Central tendrán una drástica desaceleración en su crecimiento. Este comportamiento afectará notablemente el nivel de recursos disponibles para llevar a cabo la actual obra de gobierno.

En estos momentos, el Departamento de Hacienda ha recibido información de que más de $180 millones en créditos contributivos están acumulados para reclamarse en la planilla de contribución sobre ingresos de los años contributivos 1996 y 1997. La cantidad de estos créditos Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas

se ha acumulado a tan sólo un (1) año de implantación de esta legislación. El nivel de esta cifra produce gran preocupación, cuando la comparamos con el crecimiento esperado de los ingresos al Fondo General para el año fiscal 1996-97. Para este año, se proyecta que los recaudos gubernamentales aumenten en unos $251 millones, lo que implica que estos créditos representan aproximadamente el 72 por ciento del incremento de la capacidad fiscal del gobierno.

Ante esta situación, es que la Ley Núm. 225 , antes citada, debe ser enmendada para evitar que se afecte adversamente la expansión de la capacidad fiscal del gobierno. Las modificaciones a la ley deben básicamente dirigirse a reestructurar el crédito por inversión y ampliar el concepto de lo que se considera una inversión elegible en un negocio agrícola.

Estas modificaciones, aunque limitan los créditos contributivos por inversión en negocios agrícolas, mantienen unos incentivos adicionales para la agricultura suficientes para que ésta pueda expandirse, desarrollarse sustancialmente y aumentar su competitividad ante la llegada del próximo siglo.

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:

§ Artículo 1.- Se enmienda el inciso (a), el subinciso (v) del inciso (b) y el subinciso (4) del inciso (k) del Artículo 3 de la Ley Núm. 225 de 1 de diciembre de 1995, según enmendada, para que lean como sigue:

“Artículo 3.- Definiciones

Para los fines de esta ley, los siguientes vocablos y frases tendrán el significado y alcance que a continuación se expresa:(a) Agricultor “bona fide” – El término agricultor “bona fide” significa toda persona natural o jurídica que durante el año contributivo para el cual reclama deducciones, exenciones o beneficios provistos por esta ley tenga una certificación vigente expedida por el Secretario de Agricultura, en previa consulta con el Secretario de Hacienda, la cual certifique que durante dicho año se dedicó a la explotación de una actividad que cualifica como un negocio agrícola, según dicho término se define en el inciso (b), y que derive el cincuenta (50) por ciento o más de su ingreso bruto de un negocio agrícola como operador, dueño o arrendatario, según conste en su planilla de contribución sobre ingresos.

(b) Negocio agrícola – El término negocio agrícola significa la operación o explotación de uno o más de los siguientes negocios:

(i) …

(v) operaciones dedicadas al empaque, envase o clasificación de productos agrícolas frescos que forman parte del mismo negocio agrícola; disponiéndose, que las operaciones que sean exclusivamente de empaque, envase o clasificación de productos agrícolas no constituyen de por sí un negocio agrícola;

(vi) …

(c) …

(k) Inversión elegible significa:

(1) …

(4) Constituirá una inversión elegible el efectivo o el valor de los terrenos aportados en la emisión primaria de acciones o participaciones en un negocio agrícola que lleve a cabo dichas operaciones durante por lo menos un período de diez (10) años consecutivos, siempre y cuando los fondos obtenidos en dicha emisión sean utilizados en su totalidad única y exclusivamente para:

A. Establecer y operar negocios agrícolas nuevos.- El término “negocio agrícola nuevo” significa cualquier negocio agrícola, según definido en esta ley, que se inicie o comience en o después de la capitalización inicial del negocio. No cualificarán como inversión elegible los fondos utilizados para la adquisición de un negocio agrícola existente. No obstante, se considerará como una inversión elegible el monto del precio de compra de un negocio agrícola existente cuando como parte de dicha adquisición el adquirente aporta capital adicional al negocio agrícola por una suma no menor del doscientos (200) por ciento del precio de adquisición. Las disposiciones anteriores no aplican a la compra o adquisición por personas relacionadas de un negocio agrícola existente. El término “persona relacionada” se determinará conforme a los criterios establecidos en las Secciones 1024(b) y 1028 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”.

El término “inversión elegible” no incluirá una inversión efectuada con el efectivo proveniente de un préstamo que esté garantizado por el propio negocio agrícola o por sus activos.

B.La renovación o expansión sustancial de negocios agrícolas existentes.- Los fondos aportados para la renovación o expansión sustancial cualificarán como una inversión elegible, únicamente si dicha renovación o expansión equivale a por lo menos veinticinco (25) por ciento de: (i) el valor del terreno utilizado en el negocio agrícola existente; o (ii) el valor en los libros de los bienes inmuebles utilizados en el negocio agrícola existente, sin considerar

los terrenos. El término “inversión elegible” no incluirá una inversión efectuada con el efectivo proveniente de un préstamo que esté garantizado por el propio negocio agrícola o por sus activos.

C. La adquisición de maquinaria, equipo o capital de trabajo a ser utilizados en operaciones corrientes.- Los fondos aportados para la adquisición de maquinaria, equipo o capital de trabajo cualificarán como inversión elegible siempre y cuando la maquinaria, equipo o capital de trabajo sean utilizados exclusivamente en el negocio agrícola. Para estos fines, no se considerará como un uso elegible de fondos la adquisición de la maquinaria o equipo previamente utilizado en un negocio agrícola en Puerto Rico. Además, el término capital de trabajo no incluye fondos utilizados para el establecimiento de reservas.

En los casos en que se adquiera maquinaria y equipo o un negocio agrícola existente que de otro modo hubiese cualificado como una inversión elegible, dicha adquisición no constituirá una inversión elegible si media un contrato de compraventa con pacto de retroventa.

En el caso de que se efectúe una de las aportaciones descritas en los párrafos (1) o (2) de este inciso, dicha aportación se considerará como inversión elegible sólo si dicha inversión se hace en la emisión primaria de las acciones o participaciones.

(l) …”

§ Artículo 2.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 225 de 1 de diciembre de 1995, según enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo 5.- Certificación

El Secretario de Agricultura de Puerto Rico, expedirá una certificación indicando que el agricultor “bona fide” se dedica a la explotación u operación de una actividad que cualifica como un negocio agrícola. El Secretario de Hacienda determinará si el agricultor al rendir su planilla de contribución sobre ingresos cumple con el requisito del cincuenta (50) por ciento de ingreso de negocio agrícola para considerarle agricultor bona fide.”

§ Artículo 3.- Se enmienda el inciso (a) y se adiciona un segundo párrafo al inciso (b) del Artículo 10 de la Ley Núm. 225 de 1 de diciembre de 1995, según enmendada, para que se lea como sigue:

“Artículo 10.- Exención de contribuciones sobre ingresos

(a) Para los años contributivos comenzados a partir del 1ro.de enero de 1996, se exime a los agricultores bona fide del pago de contribuciones sobre ingresos sobre el noventa (90) por ciento de sus ingresos que provengan directamente del negocio

agrícola, siempre y cuando el agricultor “bona fide” no se haya acogido a las disposiciones de la Sección 1023(s) de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”. Esta exención no es extensiva a los ingresos por concepto de intereses, dividendos, regalías o ganancias derivadas de la venta de activos, incluyendo los activos utilizados en el negocio agrícola, o a cualesquiera otros ingresos que deriven los negocios agrícolas “bona fide” y que no provenga directamente de la actividad agrícola.

(b) …

Los intereses pagados por un agricultor “bona fide” estarán exentos del pago de contribuciones. Para disfrutar de la exención sobre dichos intereses, el prestamista tiene que otorgar el préstamo directamente al agricultor. Si el financiamiento se concede a un intermediario quien a su vez presta, o de otro modo contribuye, el producto del financiamiento a un negocio agrícola, el préstamo al intermediario no constituirá un préstamo elegible para propósitos de esta exención. El término “intermediario” incluye, pero no se limita, a personas relacionadas conforme a los criterios establecidos en las Secciones 1024 (b) y 1028 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico 1994”.

En caso que el negocio agrícola “bona fide” se descualifique como tal, los intereses generados por los instrumentos de deuda no se considerarán elegibles para la exención dispuesta en este párrafo.

El término “financiamiento” no incluye el refinanciamiento de deuda en la medida que se utilice el producto para saldar deudas existentes ya sea del negocio agrícola u otros. Por lo tanto, la exención de contribución sobre ingresos sobre los intereses de bonos, pagarés y otros instrumentos de deuda no aplica a dicho refinanciamiento.

(c) …”

§ Artículo 4.- Se enmiendan los incisos (a) y (c), el subinciso (3) y se adiciona un subinciso (4) al inciso (d), se enmienda el segundo párrafo del inciso (e), el subinciso (1) y se adicionan los subincisos (5), (6) y (7) al inciso (f) y se enmienda el subinciso (1) del inciso (h) del Artículo 12 de la Ley Núm. 225 de 1 de diciembre de 1995, según enmendada, para que se lea como sigue:”Artículo 12.- Crédito contributivo por inversión en negocios agrícolas

(a) Sujeto a las disposiciones del inciso (c) de este Artículo, todo inversionista, incluyendo un participante en un Fondo, tendrá derecho a un crédito por inversión en negocios agrícolas elegibles igual al cincuenta (50) por ciento de su inversión elegible o su inversión en valores de un Fondo de Valores, o Fondos a ser reclamado en dos (2) plazos: hasta la mitad de dicho crédito en el año en que el negocio agrícola obtuvo el financiamiento necesario para su operación, de requerir financiamiento, y el balance de dicho crédito, en el año siguiente. Si se estableciese una

cuenta en plica y la misma fuese disuelta por no haberse obtenido el financiamiento necesario para la operación del negocio agrícola, los participantes no tendrán derecho al crédito. Toda inversión elegible hecha en o antes de la fecha límite para la radicación de la planilla de contribución sobre ingresos, según dispuesto por la Ley Núm. 91 de 29 de junio de 1954, según enmendada, conocida como, Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954 o por la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, cualificará para el crédito contributivo de este Artículo en el año contributivo para el cual se está radicando la planilla antes mencionada, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos de este Artículo. Dicho crédito por inversión podrá aplicarse contra cualquier contribución determinada por el inversionista o el participante bajo la Ley Núm. 91 de 29 de junio de 1954, según enmendada, conocida como Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954 o bajo el Subtítulo A de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como, Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, incluyendo la contribución alternativa mínima aplicable a corporaciones y sociedades y la contribución básica alterna aplicable a individuos. Este crédito no podrá ser utilizado para satisfacer las contribuciones impuestas por cualquier otro Subtítulo de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994” o por cualquier otra ley, incluyendo pero sin limitarse a, la Ley Núm. 8 de 24 de enero de 1987, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 1987”, o cualquier otra ley de naturaleza similar que la sustituya o complemente.El crédito por inversión en negocios agrícolas permitido por este Artículo no será aplicable, ni estará disponible en el caso de que el participante adquiera valores de un Fondo de Valores, o Fondos, en emisión primaria, para sustituir otros valores de un Fondo que fueron vendidos, permutados o transferidos de cualquier forma por dicho participante y respecto a los cuales el participante no reconocerá, en todo o en parte, la ganancia derivada de dicha venta, permuta o transferencia.

El inversionista o participante deberá solicitar una determinación administrativa del Secretario de Hacienda antes de reclamar el crédito por inversión en el negocio agrícola, a fin de que éste determine si la inversión realizada o que se propone realizar el negocio agrícola cualifica para el crédito contributivo por inversión.

En el caso de un negocio agrícola “bona fide” existente y en operaciones a la fecha de aprobación de esta Ley, la primera mitad del crédito podrá reclamarse en el año en que se realice la inversión elegible.

En el caso en que se adquiera un negocio agrícola existente aportando capital adicional de por lo menos doscientos (200) por ciento del costo de dicho negocio, el inversionista tendrá derecho al crédito que se concede en este inciso siempre y cuando dicha aportación adicional se lleve a cabo dentro de un período no mayor de tres (3) años a partir de la fecha de adquisición del nuevo negocio. Para estos fines, el inversionista o participante deberá efectuar no menos del veinticinco (25) por ciento de la inversión elegible durante el 1er. año de este periodo; no menos del treinta y cinco (35) por ciento en el 2do. año y el remanente, si alguno, en el 3er. año.

(b) …

(c) Cantidad Máxima de Crédito.- La cantidad máxima de crédito por inversión en negocios agrícolas por cada negocio que estará disponible a los inversionistas y a los participantes que efectuaron una inversión elegible antes del 8 de abril de 1997 será el cincuenta (50) por ciento del efectivo aportado por los inversionistas y los participantes, a través del Fondo, a los negocios agrícolas a cambio de acciones o participaciones en dichos negocios agrícolas. La cantidad máxima del crédito disponible se distribuirá entre los inversionistas y los participantes en las proporciones determinadas por ellos. El negocio agrícola notificará la distribución del crédito al Secretario de Agricultura, al Secretario de Hacienda y a sus accionistas en o antes de la fecha provista por la Ley Núm. 91 de 29 de junio de 1954, según enmendada, conocida como Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954 o por la Ley Núm.120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, según sea el caso, para radicar la planilla de contribución sobre ingresos para su primer año de operaciones, incluyendo cualquier prórroga otorgada por el Secretario de Hacienda para la radicación de la misma. La distribución elegible será irrevocable y obligatoria para el negocio agrícola, los inversionistas y participantes.

En el caso de inversiones elegibles efectuadas a partir del 8 de abril de 1997, la cantidad máxima de crédito por inversión será como sigue:

(1) Si el monto de la inversión elegible no excede de dos (2) millones de dólares, la cantidad máxima del crédito por inversión, por cada negocio agrícola, que estará disponible a los inversionistas y a los participantes será el cincuenta (50) por ciento del efectivo aportado a cada negocio agrícola durante al año contributivo.

(2) En caso de que la inversión elegible exceda de dos (2) millones de dólares, el inversionista o participante tendrá derecho al crédito contributivo por inversión establecido en el subinciso (1) más el monto del crédito correspondiente al efectivo incluido en dicho exceso hasta el límite del diez (10) por ciento del costo total del negocio agrícola, reducido por los dos (2) millones de dólares.

En ningún caso el monto del crédito por inversión en negocios agrícolas excederá de cinco (5) millones de dólares por año contributivo por negocio agrícola.

El Secretario de Hacienda autorizará los créditos por inversión reclamados por los inversionistas o por los participantes, según sea el caso, hasta el límite de quince (15) millones de dólares por año fiscal. No obstante, en aquellos casos en que el Secretario de Agricultura y el Secretario de Hacienda evalúen las actividades que se propone realizar un negocio agrícola, y consideren que el mismo contribuirá sustancialmente al desarrollo de este sector económico, el Secretario de Hacienda podrá autorizar los créditos por

inversión en dicho negocio aun cuando para el año fiscal particular ya se hayan concedido créditos hasta el límite de quince (15) millones que autoriza este apartado.

Para estos fines, de la cantidad de quince (15) millones de dólares se reservarán durante los primeros seis (6) meses del año fiscal, créditos por inversión de cinco (5) millones de dólares para los inversionistas o participantes, cuyas inversiones no excedan un (1) millón de dólares. De no haberse utilizado dicha cantidad reservada en su totalidad durante el período antes mencionado, la misma estará disponible para cualquier inversionista o participante, independientemente del monto de su inversión.(d) Ajuste de Base y Recobro del Crédito

(1) …

(2) …

(3) Transcurrido el término de tres (3) años desde la fecha de la notificación descrita en el inciso (c) de este Artículo, el Secretario de Agricultura determinará la inversión total hecha por el negocio agrícola. En el caso de inversiones hechas a partir del 8 de abril de 1997, el inversionista o participante deberá efectuar no menos del veinticinco (25) por ciento de la inversión elegible durante el 1er. año de este periodo; no menos del treinta y cinco (35) por ciento en el 2do. año y el remanente, si alguno, en el 3er. año. En el caso de que el crédito por inversión en el negocio agrícola reclamado por los inversionistas exceda el crédito computado por el Secretario de Agricultura, basado en la inversión total hecha por el negocio agrícola en la actividad, dicho exceso se considerará como contribución sobre ingresos adeudada a ser pagada por los inversionistas en dos (2) plazos, el primero de los cuales vencerá en el primer año contributivo siguiente a la fecha de expiración del período de tres (3) años antes mencionado y el segundo, en el año contributivo siguiente.

(4) Si cualquier negocio agrícola “bona fide” cesa de llevar a cabo operaciones como tal antes de la expiración del período de diez (10) años dispuesto en el Artículo 3(k)(4) de esta ley, el inversionista o participante adeudará como contribuciones sobre ingresos una cantidad igual al crédito por inversión en el negocio agrícola reclamado por dicho inversionista o participante, multiplicado por una fracción cuyo denominador será diez (10) y cuyo numerador será el balance del período de diez (10) años que requiere esta ley. La cantidad adeudada por concepto de contribución sobre ingresos será pagada en dos plazos comenzando con el primer año contributivo siguiente a la fecha del cese de la actividad agrícola.

(e) Crédito por pérdida.- …

En el caso de pérdidas por inversión sufridas con relación a inversiones efectuadas antes del 8 de abril de 1997, la cantidad total del crédito por pérdida no podrá exceder del cincuenta (50) por ciento de la inversión en el negocio agrícola. En el caso de pérdidas por inversión atribuibles a inversiones efectuadas a partir del 8 de abril de 1997, la cantidad del crédito por pérdida no podrá exceder del diez (10) por ciento del costo total del negocio agrícola.Los inversionistas y participantes que reclamaron, o de cualquier otro modo transfirieron créditos por inversión en un negocio agrícola como resultado de su inversión elegible o su inversión en valores de un Fondo, se distribuirán el derecho de beneficiarse del crédito utilizando el mecanismo dispuesto en el inciso (c) de este Artículo. Una vez se haya efectuado dicha distribución, no serán de aplicación las disposiciones referentes a la transferencia o cesión de créditos del inciso (f) de este Artículo. Cualquier exceso del crédito así concedido sobre la contribución determinada en los referidos cinco (5) años contributivos no podrá reclamarse como una deducción o un crédito, ni retrotraerse o arrastrarse a otro año contributivo.

(f) Cesión del Crédito

(1) Después de la fecha de notificación de la distribución del crédito por inversión en negocios agrícolas que dispone este Artículo en su inciso (c), el crédito provisto por este Artículo podrá ser cedido, vendido o de cualquier modo traspasado, en su totalidad o parcialmente, por un inversionista o participante, a cualquier otra persona.

(2) …

(5) El crédito contributivo por inversión concedido por esta ley podrá ser transferido, permutado o vendido, una sola vez. Dicha transferencia, venta o permuta, será la efectuada por el inversionista o participante a cualquier otra persona. Una transferencia, permuta o venta a una persona relacionada constituye una transferencia para propósitos de dicha limitación. El término “persona relacionada” se determinará conforme a los criterios establecidos en las Secciones 1024 (b) y 1028 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como ‘Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994’.

(6) Cuando el crédito contributivo por inversión concedido por la ley sea transferido, permutado o vendido, la diferencia entre el monto del crédito y la cantidad pagada por dicho crédito, no se considerará ingreso para el comprador del crédito.

Una persona que adquiera, de un inversionista o participante, un crédito contributivo por inversión en una de las actividades descritas en el inciso (k) del Artículo 3 de esta ley, no estará sujeto a las disposiciones de recobro del inciso (d)(3) de este Artículo.

(7) Una inversión en un negocio agrícola, que de por sí no constituya una inversión elegible, no confiere al inversionista o participante el derecho a reclamar, transferir, vender o permutar, el crédito contributivo por inversión descrito en el inciso (a) de este Artículo.Si un contribuyente reclama contra su responsabilidad contributiva un crédito por inversión en un negocio agrícola y posteriormente se determina que el mismo no era válido porque de por sí, basado en la naturaleza de la inversión, no se pudo haber generado dicho crédito, la insuficiencia en el pago de la contribución se regirá por las disposiciones del Subtítulo F de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994 y no por las disposiciones de recobro del crédito contributivo que dispone el inciso (d)(3) de este Artículo.

(g) …

(h) …

(1) Todo Fondo de Capital de Inversión creado bajo la Ley Núm. 3 de 6 de octubre de 1987, según enmendada, conocida como “Ley de Fondos de Capital de Inversión de Puerto Rico de 1996”, o bajo cualquier otra ley de naturaleza similar que la sustituya o complemente, que sea un inversionista o participante en proyectos de negocios agrícolas estará sujeto a todas las disposiciones de este Artículo, excepto que:

(i) para inversiones efectuadas antes del 8 de abril de 1997 tendrá derecho a un crédito por inversión en negocios agrícolas equivalente a sólo el veinticinco (25) por ciento de su inversión elegible o su inversión en valores del Fondo, en vez del cincuenta (50) por ciento al que se hace referencia en el inciso (a) de este Artículo. La totalidad del crédito del veinticinco (25) por ciento de su inversión podrá ser reclamada en el año en que el negocio obtuvo el capital necesario para desarrollar la actividad agrícola; disponiéndose, que para inversiones efectuadas a partir del 8 de abril de 1997 el crédito será equivalente al diez (10) por ciento del costo total del negocio agrícola, en vez del cincuenta (50) por ciento que concede el inciso (a) de este Artículo;

(ii) para propósitos de la limitación impuesta por el inciso (c) de este Artículo a los efectos de que el total del crédito por inversión en negocios agrícolas no podrá exceder del cincuenta (50) por ciento del efectivo aportado por los inversionistas y los participantes, o del cincuenta (50) por ciento del efectivo aportado hasta dos (2) millones de dólares más el exceso sobre dos (2) millones de dólares del efectivo aportado hasta el límite de diez (10) por ciento del costo total del negocio agrícola, según sea el caso, el cómputo se hará como si los fondos de capital de inversión creados bajo la Ley Núm. 3 de 6 de octubre de 1987, según enmendada, conocida como “Ley de Fondos de Capital de Inversión de Puerto Rico de 1996”, o bajo cualquier otra ley de naturaleza similar que la sustituya o complemente, hubiesen reclamado el cincuenta (50) por ciento de su inversión elegible;

(iii) los Fondos de Capital de inversión creados bajo la Ley Núm. 3 de 6 de octubre de 1987, según enmendada, conocida como “Ley de Fondos de Capital de Inversión de Puerto Rico de 1996″, o bajo cualquier otra ley de naturaleza similar que la sustituya o complemente, no tendrán derecho al crédito por pérdida dispuesto en el inciso (e) de este Artículo.

(2) …”

§ Artículo 5.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación, excepto que el Secretario de Hacienda atenderá las solicitudes de determinaciones administrativas sometidas ante el Departamento de Hacienda al 8 de abril de 1997 conforme las disposiciones de ley en vigor al momento de la radicación de tales solicitudes.

Ley Núm. 26 del 18 de marzo de 2008 (Programa para el Financiamiento de Investigación y Desarrollo de Tecnología Agrícola y de Alimentos)

P. de la C. 2088

Para crear el Programa para el Financiamiento de Investigación y Desarrollo de Tecnología Agrícola y de Alimentos, adscrito al Departamento de Agricultura; establecer su composición y las responsabilidades de sus componentes; crear la cuenta permanente para proveer los fondos necesarios para la investigación; para establecer el Comité Evaluador de Propuestas y los mecanismos de identificación de prioridades en el desarrollo de una agricultura altamente tecnificada, sostenible y eficiente en Puerto Rico; y para otros fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La agricultura, como cualquier empresa económica, está sujeta a las transformaciones normales y exigencias tecnológicas de los tiempos. La recia competencia entre países productores de alimentos, la utilización de recursos naturales y las exigencias para su conservación unido a la necesidad de maximizar la producción y la utilización de insumos, establecen la obligación de una continua incorporación de la más reciente alta tecnología en el negocio agrícola.

Todos los países líderes del mundo invierten una porción de sus recursos en el desarrollo de nueva tecnología que cumpla con estas exigencias y así mantenerse competitivos y eficientes. Los resultados de la investigación agrícola han logrado que se pueda producir alimentos a un menor costo en menor cantidad de terreno. Se ha logrado obtener plantas y animales de genética superior resistentes a condiciones adversas y de mayor rendimiento. Con los adelantos tecnológicos hemos podido cultivar en lugares marginales y obtener altos rendimientos. A través de la ciencia y la tecnología hemos logrado diversificar la producción de alimentos con productos que van desde encerados y empacados hasta alimentos pre-cocidos listos para consumo a tono con variados gustos y preferencias. La incorporación de los sistemas computadorizados y los sistemas de metereología, sistemas de riego, fertigación, alimentación automática y otras técnicas modernas han surgido del resultado de la investigación en las ciencias agrícolas. La adopción de esta tecnología ha redundado en mayores ingresos y mejores producciones agrícolas en Puerto Rico.

Debemos reconocer que nos falta mucho por alcanzar y que es necesario establecer una política pública clara y estable en cuanto a la incorporación tecnológica en la producción de alimentos. La agricultura de Puerto Rico ha entrado en esta incorporación tecnológica aunque en condición limitada debido a la disponibilidad de fondos para sufragar la investigación que atienda las necesidades locales y prioritarias.

Tradicionalmente, la Estación Experimental Agrícola del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez de la UPR, ha mantenido el liderato en la investigación para la producción de alimentos en la Isla. Según dispone la Ley Núm. 226 de 1 de diciembre de 1995, la Universidad de Puerto Rico recibe una cantidad equivalente al nueve punto sesenta por ciento (9.60%) del promedio del monto total de las rentas anuales obtenidas de acuerdo con las disposiciones del Gobierno de Puerto Rico e ingresados al Fondo General del Tesoro Estatal. De esta partida se dispone, que cero punto veintisiete por ciento (0.27%) se destina al financiamiento de la Estación Experimental Agrícola y del Servicio de Extensión Agrícola del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez, sin que esto constituya una limitación a la asignación adicional de fondos para estas dependencias. La Estación Experimental recibió un presupuesto anual de $22.5 millones para el Año Fiscal 2004-2005. De este total $15.3 millones corresponden a asignación del Fondo General y $5.0 millones a Fondos Federales. Los restantes $2.2 millones corresponden a donativos, mejoras permanentes e ingresos propios. De este total de $22.5 millones, tan solo $2.7 millones o el 12% es destinado directamente para la ejecución de los proyectos de investigación, siendo la mayor parte del presupuesto asignado a cubrir salarios y los costos de operación de las facilidades físicas y laboratorios. De este total de $2.7 millones para uso directo en proyectos de investigación, tan solo $65,000 provienen del Gobierno de Puerto Rico y $2,635,000 provienen de Fondos Federales.

Ante la situación anterior, la Estación Experimental ha recurrido a la utilización de Fondos Federales Competitivos o “Federal Grants” y así amortizar la insuficiencia de fondos locales destinados a investigación. Aún cuando se ha logrado ser efectivo en la obtención de estos recursos, en muchas ocasiones los mismos se enmarcan en unas condiciones que no necesariamente resuelven los problemas de nuestros agricultores ni de nuestras empresas agrícolas. Los Fondos Federales tienen parámetros de alcance o están limitados a investigación básica o aplicada de cultivos que en ocasiones no son prioridad en la Isla o para resolver problemas que no necesariamente tenemos en nuestra agricultura.

Los Programas de la Estación Experimental Agrícola y del Servicio de Extensión Agrícola deberían estar coordinadamente enmarcados en la política pública del Programa de Desarrollo Agrícola para Puerto Rico, que se establece en estrecha coordinación con el Departamento de Agricultura. Lo cierto es que la Estación Experimental Agrícola no cuenta con los recursos para atender de manera rápida y adecuada, las necesidades de investigación urgente que identifica el Secretario de Agricultura en su plan de desarrollo tecnológico.

Es necesario identificar recursos para que se pueda iniciar un agresivo Programa de Investigación Agrícola y que el Departamento de Agricultura reciba el respaldo tecnológico rápido y efectivo para sus prioridades. De no atenderse esta necesidad, la agricultura de Puerto Rico quedaría rezagada en el desarrollo tecnológico en relación con otros estados de la Nación y con nuestros competidores de Centro América y el Caribe. Concientes del tiempo que toma la investigación, la divulgación y luego la adaptación de esta tecnología, cada día cuenta. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico inicia con este proyecto de ley el proceso de atender las necesidades de nuestra agricultura brindando opciones y posibilidades tecnológicas en el futuro.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Título
Esta Ley se conocerá como “Ley del Programa para el Financiamiento de la Investigación y el Desarrollo de Tecnología Agrícola y de Alimentos”.

Artículo 2.-Política Pública
Se establece como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el promover la agricultura altamente tecnificada, así como el desarrollo de un plan de investigación para atender de manera rápida y efectiva necesidades urgentes que surjan en empresas agrícolas y aquellas áreas relacionadas a la producción de alimentos, atemperado a las necesidades de las empresas locales y a nuestra condición de Isla tropical. El Departamento de Agricultura, en estrecha colaboración con el Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico y su componente de investigación, la Estación Experimental Agrícola, establecerán los mecanismos de identificación de prioridades, otorgamiento de fondos a las mejores propuestas y la identificación del personal y recursos necesarios para garantizar el éxito de este Programa. El Programa de Investigación y la utilización de los fondos, que se colocan a disposición a través de esta Ley, estarán directamente y estrechamente enfocados en la política pública de desarrollo agrícola, según es dictada por el Secretario de Agricultura. Es el Secretario quien finalmente aprobará el Programa de Investigación y quien someterá recomendaciones para su mejor funcionamiento.

Artículo 3.-Definiciones

(a) Secretario – significa el Secretario del Departamento de Agricultura.

(b) Decano – significa el Decano Director del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez.

(c) Comité – significa el Comité para el Financiamiento de la Investigación y el Desarrollo de Tecnología Agrícola; grupo de funcionarios en quienes se delegan los poderes y facultades para implementar el Programa para el Financiamiento de la Investigación al amparo de esta Ley.

(d) Programa de Investigación – significa el Programa que desarrollará el Comité para la Investigación y el Desarrollo de Tecnología Agrícola en el cual sistemáticamente se atenderán las prioridades de investigación en la agricultura de Puerto Rico.

(e) Propuesta de Investigación – significa el documento que presentarán los investigadores o agencias interesadas en participar de los fondos de investigación, donde se detallará la necesidad de la investigación propuesta, el método científico a seguir, los alcances y resultados esperados y la petición presupuestaria. Además de contener cualquier otra información que el Comité estime relevante para la evaluación de la propuesta.

(f) FIDA – significa el Fondo Integral para el Desarrollo Agrícola de Puerto Rico, Corporación subsidiaria de la Autoridad de Tierras del Gobierno de Puerto Rico.

(g) Universidad – significa la Universidad de Puerto Rico.

Artículo 4.-Miembros del Comité

1. El Secretario o el funcionario en quien éste delegue sus poderes y facultades al amparo de la Ley Orgánica de dicho Departamento, quien a su vez presidirá el Comité.

2. El Decano y Director del Colegio de Ciencias Agrícolas.

3. El Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio o el funcionario en quién éste delegue sus poderes y facultades al amparo de la Ley Orgánica de dicho Departamento.

4. Un representante del sector agrícola relacionado al área agrícola que impacte la propuesta.

5. Un representante del sector agroindustrial relacionado al área agrícola que impacte la propuesta.

Artículo 5.-Áreas de Investigación

a) El Comité recomendará un Programa de Investigación que comprenderá áreas de investigación básica y aplicada, necesarias y encaminadas a resolver los problemas de nuestros agricultores y de nuestras empresas agrícolas, además de fomentar y promover el desarrollo económico de nuestra agricultura. El Programa recibirá la aprobación del Secretario, según el Artículo dos (2) de esta Ley, previo a su implementación por el Comité.

b) Las áreas prioritarias de investigación son:

1. Procesamiento de alimentos y desarrollo de nuevos productos

2. Mercadeo de productos agrícolas frescos desde la finca y procesado

3. Biotecnología y mejoramiento genético en plantas y animales

4. Control de plagas y enfermedades en plantas y animales

5. Producción de semilla certificada

6. Mecanización y automatización agrícola

5. Alimentación, reproducción y producción de peces y animal

8. Técnicas de producción de cultivos tropicales con potencial comercial para Puerto Rico

9. Uso y manejo de recursos naturales y ambientales en agricultura con énfasis en el manejo sostenible del recurso agua en empresas agrícolas y agroindustriales

10. Manejo de suelos y abonamiento

11. Implantación de medidas de bio-seguridad en la finca

12. Empaques y manejo en la finca de productos agrícolas

13. Uso eficiente de la energía en las operaciones agrícolas y producción de energía alterna al combustible

c) Las áreas prioritarias de investigación serán revisadas y actualizadas anualmente por el Comité.

Artículo 6.-Evaluación de Propuestas

(a) Prioridades – El Secretario establecerá anualmente las prioridades específicas en las áreas de investigación de acuerdo a la política pública gubernamental y establecerá los mecanismos y reglamentación necesaria para canalizar las peticiones de propuestas de investigación que sean recibidas por el Comité.

(b) Las propuestas serán competitivas y posterior a su aprobación tendrán un mínimo de un año hasta un máximo de tres (3) años de vigencia para el desarrollo y culminación de la investigación. El solicitante podrá, mediante solicitud, extender dicho término si el Comité estima que dicha extensión es razonable y sin que la misma exceda dos (2) años adicionales.

Artículo 7.-Fondo de Investigación
(a) Se establecerá una “Cuenta Especial del Fondo de Financiamiento de la Investigación” en la Autoridad de Tierras, que se nutrirá anualmente y a partir de la aprobación de esta Ley, de una cantidad montante al tres por ciento (3%) del total depositado en la cuenta de (FIDA).

(b) Los Fondos de Investigación serán utilizados para uso exclusivo de gastos de materiales, equipo y costos directos relacionados a la investigación. No podrán ser utilizados para el pago de nómina del personal científico, contratos o gastos administrativos, rentas ni estipendios de clase alguna. Estos gastos serán por cuenta de la agencia que solicita los fondos al Comité.

(c) Los Fondos de Investigación podrán ser utilizados para el pago de ayudantías universitarias siempre que el estudiante participe en un cien por ciento (100%) de su investigación en el proyecto financiado con estos fondos. La cantidad a subvencionar y el número de estudiantes graduados por proyecto se establecerá por el Comité Para el Desarrollo de Tecnología Agrícola a través de sugerencias que serán incorporadas en la reglamentación a estos efectos. Los fondos podrán ser utilizados para el pago de sueldo y beneficios marginales del personal de apoyo y de campo a jornal o de nómina, que estén trabajando directamente con el proyecto de investigación. Los fondos no podrán ser utilizados para el pago de contratos fuera de la contratación del personal antes descrito, como tampoco utilizados para cubrir gastos administrativos, rentas ni estipendios de clase alguna. Estos fondos tampoco podrán ser utilizados para cubrir compensaciones adicionales al sueldo, excepto por necesidad altamente justificada; y de ser el caso, se requiere la previa aprobación por el Comité.

(d) Los gastos de proyectos participantes del Programa que no puedan cubrirse con los fondos de investigación que esta Ley provee, serán responsabilidad de la agencia que solicita los mismos.

Artículo 8.-Productos de la Investigación
Se dispone que todos aquellos productos fabricados, creados o desarrollados por los Investigadores de la Estación Experimental Agrícola, financiados con estos fondos y que puedan ser patentados o que puedan recibir protección de propiedad intelectual bajo las leyes del Gobierno de Puerto Rico y de los Estados Unidos, pertenecerán a la Universidad de Puerto Rico de acuerdo a los procedimientos establecidos por ésta.

Artículo 9.-Acuerdo Interagencial de Cooperación
a) Será requisito para el desembolso de fondos en cada proyecto aprobado que se suscriban acuerdos de cooperación entre el Departamento de Agricultura, el Colegio de Ciencias Agrícolas y el Departamento de Desarrollo Económico, a fin de garantizar que los mecanismos acordados tendrán prioridad y se garantice su ejecución.

b) FIDA garantizará la disponibilidad de los fondos, según se determine y con las condiciones de desembolso que apruebe el Comité de aprobaciones y por el tiempo que se haya aprobado la investigación.

c) El CCA se comprometerá y certificará que cuenta con los recursos humanos, científicos y personal de apoyo y de campo al igual que las facilidades, laboratorios y equipos necesarios para cumplir con los objetivos de la investigación aprobada y culminarla en el tiempo acordado. Sólo se aprobarán proyectos de investigación que cumplan con estos requisitos, para así evitar aprobar más proyectos de los que realmente se puedan llevar a cabo.

d) El personal científico que realizará la investigación deberá tener cincuenta por ciento (50%) o más de su tarea académica asignada al Programa de Investigación de la Estación Experimental Agrícola, para poder asumir el liderato en proyectos de investigación financiado por este Programa.

e) El Departamento de Desarrollo Económico podrá parear fondos, financiar o sufragar parte de los fondos necesarios de proyectos de investigación que entienda son importantes para el desarrollo industrial y en los que el Comité entienda deba aportar.

Artículo 10-Informe Anual

El Decano rendirá un informe anual al Secretario de Agricultura y a la Asamblea Legislativa sobre el progreso de la investigación agrícola realizada con fondos que se proveen a través de esta Ley. Dicho informe debe rendirse al cierre del año fiscal en o antes del 30 de junio de cada año.

Artículo 11-Esta Ley comenzará a regir treinta (30) días después de su aprobación.

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Presidente de la Cámara

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Presidente del Senado