Resumen: Pueblo v. Díaz Medina, 2009 TSPR 138, 176 DPR __ [brief]

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de este caso

Hechos

  • Luego de recibir varias confidencias que los guiaron hasta los sospechosos, unos agentes de la policía fueron hasta donde se encontraban Amaury Díaz Medina y Gerardo Bonano Pérez, quienes se encontraban transportando en unos bultos unos paquetes envueltos de una manera que el policía identificó, por su experiencia, como drogas.
  • Uno de los agentes llevó hacia donde estaban Díaz Medina y Bonano Pérez un can llamado Pirata, especialista en detectar drogas. El examen del perro Pirata indicó que había droga en el bulto, por lo que un policía procedió a registrarlo y efectivamente encontró el material.
  • Una vez en juicio, Díaz Medina y Bonano Pérez radican una moción de supresión de evidencia alegando que tanto el examen del can como el posterior registro del bulto constituyeron dos registros irrazonables y por lo tanto ilegales por haberse obtenido sin orden judicial.

Controversia#1

  1. ¿El examen de olfato canino sobre los bultos de unas personas es un registro bajo el palio de la constitución de Puerto Rico?

Decisión#1

  1. No, el examen de olfato canino sobre los bultos de unas personas no es un registro bajo el palio de la constitución de Puerto Rico.

Fundamentos

  • Desde hace más de veinticinco años, la jurisprudencia federal ha reconocido y sigue afirmando que el examen de olfato canino sobre el equipaje o bultos de una persona no constituye un registro que amerite la activación de la protección constitucional contra registros y allanamientos irrazonables.[8] Esta normativa tuvo su albor en el caso de Place v. United States, infra”.
  • El hecho de que a los estados se le permita tener una cara de derechos de “factura más ancha” que la reconocida bajo la constitución federal, no significa que automática y mecánicamente se debe decir que el derecho a la intimidad en Puerto Rico siempre tiene que ensancharse más a la federal.
    • “…la antedicha ‘factura más ancha’ es descriptiva, no prescriptiva’, ex juex asociado Negrón García.
    • Además, la mayoría de los estados han decidido seguir el modelo federal, aún algunos como Montana que contienen un derecho a la intimidad expresamente reconocido en su constitución como Puerto Rico
  • El olfato de los canes solamente detectan drogas, por lo que la información que recopilan se limita solamente a un área en la que la sociedad no le reconoce a las personas una expectativa legítima de intimidad, pues no hay derecho a la intimidad para distribuir drogas.
  • Sostener que el examen de olfato canino sobre el equipaje de una persona es un registro, implicaría tener que obtener una orden judicial previa para registrar o como mínimo, exigirles a los agentes del orden público, sospecha previa de que el equipaje a registrarse contiene narcóticos. Tal contención tornaría el uso de los canes en uno casi fútil. Así por ejemplo, si los canes pudieran utilizarse únicamente para olfatear bultos cuando se tuviera la sospecha previa de que tal equipaje contiene material delictivo, el can no haría falta ya que su provecho estriba precisamente en que pueden descubrir posible material delictivo sin las trabas de tener que conducir antes un registro o necesitar sospecha previa para intervenir con el equipaje.
  • El uso de canes para detectar drogas se diferencia de tecnologías como el “thermal imager”, identificadas en el caso Kyllo v. United States, como métodos de registro, en que el “termal imager” puede ser utilizado para detectar tanto actividades prohibidas como legítimas, mientras que el can solo detecta drogas.

Controversia#2

  1. ¿La intervención luego de la marca positiva de un can detector de drogas es un registro razonable en sentido constitucional, aún sin llevarse a cabo sin orden judicial?

Decisión#2

  1. Sí, la intervención luego de la marca positiva de un can detector de drogas es un registro razonable en sentido constitucional, aún sin llevarse a cabo sin orden judicial.

Fundamentos

  • “…se ha reconocido que en circunstancias particulares de necesidad especial del Estado un registro sin previa orden judicial es válido, si existe causa probable por sospecha individualizada.[27] Esta determinación se debe hacer a la luz de un balance de intereses entre los derechos del individuo y los intereses estatales. Véanse, Pacheco Pietri v. E.L.A., 133 D.P.R. 907 (1993); Skinner v. Railway Labor Executives’ Assn., 489 U.S. 602 (1989); National Treasury Employees Union v. Von Raab, 489 U.S. 656 (1989).
  • Ya hemos exteriorizado, que al decidir si procede eximir al Estado de la necesidad de obtener una orden judicial previa para realizar un registro, lo determinante es que el interés público lo justifique y el peso de obtener la orden bajo las circunstancias particulares del caso, probablemente frustren el propósito legítimo que persigue el gobierno. Pueblo v. Bonilla, supra, pág. 334.
  • En este caso, las circunstancias particulares de necesidad especial fueron ejemplificadas en la sospecha individualizada razonable que anterior al examen del olfato canino poseían los agentes del orden público y que una vez se culminó el examen quedó corroborada. La sospecha individualizada razonable quedó probada al analizar los hechos del caso. Según se desprende de los autos, el Agente Rosado Cintrón recibió varias confidencias que personalmente corroboró, las cuales indicaban que los recurridos Díaz Medina y Bonano Pérez estaban envueltos en actividades ilícitas de contrabando. La última confidencia recibida por el agente Rosado Cintrón, puso de manifiesto que los recurridos estaban cometiendo un delito, al notificársele que llegarían en un vuelo proveniente de Culebra hacia Fajardo con sustancias controladas. Finalmente, cuando Rosado Cintrón llegó al aeropuerto, se encontró de frente a los recurridos, a cuyos bultos se les realizó un examen de olfato canino que arrojó positivo, corroborando una vez más la confidencia informada.[31] En fin, la cadena de confidencias corroboradas que culminaron con la marca positiva del can sobre el equipaje de los recurridos, son circunstancias excepcionales que tuvieron el efecto de configurar los motivos fundados para llevar a cabo el registro ulterior a la marca positiva del can, sin necesidad de una orden judicial previa.

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Notas de PopJuris:

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