Pueblo v. Ortiz Pérez, 123 DPR 216 (1989)

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EL PUEBLO DE PUERTO RICO, apelado, v. EVELYN ORTIZ PEREZ, acusada y apelante.

123DPR216

Número: CR-86-9 Resuelto: 23 de enero de 1989

SENTENCIA de Angel Martínez del Valle, J. (Carolina), que declara culpable a la acusada de tres 93) cargos por infracción al Art. 173 del Código Penal, 33 LPRA sec. 4079. Confirmada.

Alberto E. Lugo Janer, de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, abogado de la apelante; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Blanca Díaz Segarra, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.

OPINION DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SR. HERNANDEZ DENTON

El Ministerio Público radicó acusación contra Evelyn Ortiz Pérez imputándole tres cargos por infracción al Artículo 173 del Código Penal, 33 LPRA sec. 4079 (Robo). Celebrado el juicio por jurado la acusada fue declarada culpable en todas las instancias. No conforme con la sentencia dictada, entabló el presente recurso de apelación en el que señala cinco errores susceptibles de agrupación. El primero y el quinto versan sobre el trámite de identificación. Los tres restantes hacen alusión a la negativa del tribunal de instancia a permitir la presentación al jurado de cierta prueba de defensa. Por las razones que pasamos a exponer procede confirmar en todo la sentencia apelada.

§ I

La esfera de hechos adjudicados en instancia según surge de la prueba desfilada revela que allá para diciembre de 1984, a esos de las cuatro de la tarde, la acusada visitó un laboratorio clínico situado en el área de Carolina. Allí se encontraban en esos momentos Helen Labrador, Carmen Iris Reyes Labrador-hija de doña Helen-, Nayda Rivera Maiz, tecnólogo médico, y el hijo de Carmen Iris, un menor de once años al momento de los hechos.

Doña Helen atendió a la acusada y le informó sobre el costo de unos análisis. Acto seguido, ésta última abandonó el local al tiempo que doña Helen tuvo que ir a la parte posterior del establecimiento a buscar un bolígrafo.

En el “cuarto de pruebas” se encontraban hablando Nayda y Carmen Iris. El menor pidió permiso a su madre “para ir a la farmacia”. Carmen Iris dio su aprobación, pero le indicó que tuviera cuidado al cruzar la calle. No bien hubo salido el niño del local, regresó acompañado de un hombre robusto y armado que lo sujetaba y encañonaba “por la nuca o por la sien”.

El individuo, ante el asombro de los allí presentes reunió a todo el personal en el cuarto de pruebas del laboratorio, exigió el dinero en efectivo y los despojó de prendas y carteras. Luego pidió una bolsa para echar el botín.

En ese momento se asomó por la puerta una mujer descrita por Carmen Iris Reyes como “bajita, delgada, blanca . . . de pelo rubio”. Resultó ser la persona que anteriormente había inquirido por el costo de los análisis.

El asaltante se dirigió a la mujer y le indicó que se quedara en la sala de espera para “ver si [venía] alguien”. E.N.P. págs. 30-31. Completada su faena, el individuo abandonó el establecimiento en unión a la mujer que lo aguardaba.

Este incidente, crucial en instancia y del cual tenemos la trascripción parcial, fue descrito por el testigo Carmen Iris Reyes de la siguiente forma:

Testigo: “Pues, entonces yo corrí hacia la puerta de escape que se ve hacia afuera, pero hacia dentro no se ve.

Fiscal: Y usted que vio.

Testigo: El muchacho que tenía a mi hijo y ella, entonces noto cuando cruzan la calle, frente al laboratorio hay una oficina de médico y allí tenían parqueado un carro.

Fiscal: ¿Qué marca de carro?

Testigo: Un Toyota.

Fiscal: Se acuerda del color.

Testigo: Azul.

Fiscal: Su tablilla se acuerda.

Testigo: Diecinueve “c” ciento setenta y cinco.

Fiscal: ¿Por qué usted sabe el número de tablilla?

Testigo: Pues, en ese momento cuando él se dio cuenta que yo voy detrás de ellos, él se monta al carro y la persona que estaba con él . . . (E.N.P., p. 31-32).

Fiscal: ¿Quién era la persona que esta con

Testigo: Ella . . .

Fiscal: ¿En qué posición quedaba el carro?

Testigo: El carro quedaba de frente al lado de mí, a mano derecha más, entonces la muchacha quería entrar y la puerta no quería abrir para entrar.

Fiscal: ¿Y qué pasó allí?

Testigo: Pues, estuvo un rato tratando de abrir la puerta y en ese momento yo fui a agarrar al muchacho porque tenía coraje y ahí mi mamá me llamó. Entonces el muchacho prende el carro y puede escapar.” (E.N.P., p. 32) (Subrayado nuestro).

En el contrainterrogatorio Carmen Iris declaró que vio a la acusada de cuerpo entero, que llevaba una bata y unos

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zapatos de taco. Nuevamente describió a la asaltante como delgada, bajita de pelo rubio y blanca.

De vuelta al laboratorio las víctimas avisaron a la policía. A los pocos minutos llegó un auto de patrulla; se tomó la información de rigor y se practicó una búsqueda por las cercanías. Esta fue infructuosa. Ese mismo día se radicó la querella.

Días después se personó al laboratorio un agente de la policía con varias fotos. Carmen Iris identificó al hombre que las asaltó. Un mes después se presentó nuevamente el agente ahora con fotos de mujeres. No fue posible identificar a nadie. En estos momentos recibió una llamada del Cuartel General. Tenían a una sospechosa que respondía a la descripción de la acusada. El agente solicitó a Carmen Iris que lo acompañara. El proceso culminó con la identificación mediante rueda de detenidos de Evelyn Ortiz Pérez como la mujer que en unión a otro individuo asaltó el laboratorio clínico. Radicada la correspondiente acusación, fue convicta y sentenciada a veinte años concurrentes por tres violaciones al Artículo 173 del Código Penal. No conforme, instó la apelación que nos ocupa.

§ II

La apelante, a través de una ilustrada comparecencia de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, cuestiona en el primero y quinto error la confiabilidad de la identificación. [Nota: 1] Según la apelante,

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el procedimiento estuvo viciado fatalmente ya que no se tomó una foto de la rueda de detenidos de forma absolutamente simultánea con su celebración, circunstancia que produce, a su entender, una violación a su derecho al debido proceso de ley, a la igual protección de las leyes y a tener un juicio justo e imparcial.

Sin embargo, de la exposición narrativa de la prueba se desprende que en la rueda de detenidos la testigo Carmen Iris Reyes identificó sin titubeo a la acusada e inmediatamente de celebrada la rueda, ese mismo día, los agentes tomaron dos fotografías en otro cuarto de la misma dependencia. La fotografía reproduce de forma adecuada las personas que compusieron la rueda tal y como fueron presentadas a la testigo, con el mismo número de identificación y orden en que fueron ubicadas. La apelante no contradice la regularidad de estos datos.

[1] La Regla 252.1(f) dispone:

“(f) Récord de los procedimientos. En todo procedimiento efectuado de acuerdo a estas reglas se levantará una breve acta la cual será preparada por el encargado de la rueda.

En dicha acta se incluirá el nombre de los integrantes de la rueda, nombres de otras personas presentes y un resumen suscinto de los procedimientos observados.

Deberá además tomarse cuantas veces fuere necesario para su claridad una fotografía de la rueda tal y como le fue presentada a los testigos. Dicha foto, al igual que el acta levantada, formará parte del expediente policíaco o fiscal correspondiente y su obtención por un acusado se regirá por las reglas de procedimiento criminal vigentes.”

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[2] La frase “tal y como le fuera presentada a los testigos” denota el propósito de dejar constancia fotográfica, entre otros extremos, del número de componentes de la rueda, su apariencia física en lo tocante a sexo, color, estatura, peso u vestimenta hasta donde sea posible, etc. Regla 252.1(d). En otras palabras, lo que persigue la norma es que queden plasmadas la condiciones de la composición de la rueda, elemento más a ser considerado a la hora de estimar la confiabilidad de la identificación. La Regla no hace imperativo, sin embargo, que la foto deba ser tomada-con puntualidad de cronómetro-en el mismo instante que se produce la identificación.

[3] En el caso de autos se cumplió cabalmente con los requisitos estatutarios y las salvaguardas contra la sugestividad en el proceso de identificación mediante ruedas de detenidos. Pero aún más. La posición de este Tribunal en casos donde sí ha habido un desvío de las disposiciones de la Regla 252.1 es marcadamente contraria a la contención de la apelante. De por sí, no toda anormalidad cometida en el proceso de identificación de un acusado mediante rueda de detenidos acarrea la supresión de la evidencia de identificación, o la revocación de una sentencia de convicción. Véase, Pueblo v. Rivera Navarro, 113 DPR 642 (1982); Pueblo v. De Jesús Rivera, 113 DPR 817 (1983).

[4-6] Es preceptivo que la validez de la identificación de un sospechoso o acusado, no importa el procedimiento empleado, debe adjudicarse a la luz de las circunstancias particulares de cada caso. En apelación, la conclusión del juzgador de hechos sobre la suficiencia de prueba confiable para la identificación de un acusado tiene todo el respeto y validez que ordinariamente se extiende a las determinaciones

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de hechos. La admisión de prueba de identificación, aunque ésta contenga elementos de sugestividad, no viola el debido proceso de ley si están presentes suficientes elementos de confiabilidad tomando en consideración la totalidad de las circunstancias, a la luz de los siguientes factores: (1) la oportunidad que tuvo un testigo de observar al ofensor al tiempo en que se cometió el crimen; (2) el grado de atención del testigo; (3) la corrección de la descripción previa del criminal hecha por el testigo; (4) el nivel de certeza demostrado por el testigo en la confrontación; (5) el tiempo transcurrido entre el crimen y la confrontación. Pueblo v. Mattei Torres, 88 JTS 86, 121 DPR-, opinión de 16 de junio de 1988; Pueblo v. Márquez Díaz, 88 JTS 91, 121 DPR-,opinión de 30 de junio de 1988; Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 87 JTS 78, 119 DPR,-, opinión de 30 de junio de 1987; Pueblo v. Rey Marrero, 109 DPR 739 (1980); Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 DPR 171 (1978).

La defensa, para desacreditar el campo de atención de la testigo Carmen Iris Reyes al momento de los hechos, argumenta en torno a la exaltación y miedo que ésta debe haber sufrido durante los momentos críticos del asalto. En efecto, no nos es difícil convenir con la apelante en que es posible que la testigo se hallara presa de un fuerte sobresalto al ver a su hijo de once años encañonado por un sujeto en las condiciones descritas. La prueba desfilada y creída demuestra, no obstante, que aun en estas circunstancias la identificación del acusado fue una precisa, confiable y digna de crédito.

A. LA OPORTUNIDAD QUE TUVO LA TESTIGO DE VER AL OFENSOR

La testigo Carmen Iris Reyes testificó que cuando el asaltante pidió una bolsa para echar el dinero “noto que una persona va entrando hacia el área en donde nosotros estamos” (E.N.P.pág. 30). A preguntas del abogado de defensa dijo que vio a la mujer de “cuerpo entero” (E.N.P. pág. 37), y el tiempo suficiente para decirle “no se preocupe es un asalto y mirarle a la cara” (E.N.P., pág. 39). Pudo

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verla a una distancia de “dos o tres pasos” (E.N.P., pág.60). Luego vuelve a ver a la mujer “cuando iban hacia el carro” (E.N.P., pág. 40) y “observ[ó] que ella trat[ó] de abrir la puerta”. Id. En esta segunda ocasión pudo observar a los asaltantes por más tiempo, ya que el acompañante de la acusada intentó por tres o cuatro ocasiones “prender” el carro y ella “estuvo un rato tratando de abrir la puerta” (E.N.P., pág. 32).

Atestiguó que el carro quedaba de frente a su lado derecho y que continuó observando hasta que los asaltantes se fueron (E.N.P., pág. 40-41). Mientras ocurrían los hechos “estaba tranquila, tan tranquila como se está cuando están asaltando a uno”. Aclaró que “trataba de controlarse”. (E.N.P., pág. 53).

B. EL GRADO DE ATENCION DE LA TESTIGO Y CORRECCION DE LA DESCRIPCION PREVIA

Baste decir que en la segunda ocasión en que la acusada en vista por el testigo, ésta tuvo tiempo suficiente para observar además el carro y darle a la policía el número de tablilla y una descripción pormenorizada del mismo (E.N.P., pág. 32). Describió el físico, vestimenta y hasta el detalle del calzado de la apelante (E.N.P., pág. 38).

C. EL NIVEL DE CERTEZA EN LA CONFRONTACION

Una vez que la testigo Carmen Iris Reyes se confrontó con la rueda de detenido, observa pausadamente. Se tomó su tiempo porque “quería estar segura de lo que iba decir”. Lo cierto es que no tuvo dificultad en señalar a la apelante (E.N.P., pág. 51).

D. TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL CRIMEN Y LA CONFRONTACION

Los hechos delictivos ocurren el 18 de diciembre de 1984. La confrontación en la línea de detenidos se efectuó el

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21 de enero de 1985, o sea, a los 34 días del incidente. En las circunstancias presentes, no es posible concluir que el factor tiempo militó en contra de una identificación confiable.

[7-8] Ciertamente es una tarea angustiosa extraer la verdad en un juicio criminal. Estamos igualmente consciente de que los errores en la identificación de un acusado pueden ocasionar graves extravíos en la administración de la justicia. Bajo las circunstancias del presente caso, no obstante, el procedimiento de identificación cumplió ampliamente con las exigencias del debido proceso de ley. Nada justifica que intervengamos con la determinación del tribunal de instancia al negarse a excluir la prueba de identificación de la acusada.

§ III

Los señalamientos dos y tres giran en torno al mismo eje. [Nota: 2] Su interpretación adecuada exige una comprensión de la verdadera naturaleza de la prueba ofrecida y no admitida en este caso.

De entrada, resulta imprescindible señalar que la teoría de defensa en modo alguno descansó en la noción de que la testigo Ana Mercedes Vázquez participó en los incidentes

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que dan base a la acusación contra Evelyn Ortiz Pérez. [Nota: 3]

Lo que pretendía la defensa era que se exhibiera esta persona frente al jurado y a la testigo de cargo que identificó a la apelante, con el propósito de impugnar la prueba del Estado era débil mediante la presentación de una persona con características físicas similares a la de la acusada, para que el juzgador de hechos infiriera que probablemente la apelante no fue la responsable del delito impugnado.

[9] El tribunal de instancia, amparado en la Regla 19 de Evidencia, no le encontró suficiente valor probatorio a este ofrecimiento de la defensa, atendidos los factores a los que se refiere la referida regla. Dispone esta norma:

“Regla 19. Evidencia pertinente excluida

Evidencia pertinente puede ser excluida cuando su valor probatorio es de poca significación en relación a cualesquiera de estos factores:

(a) Peligro de causar perjuicio indebido

(b) probabilidad de confusión

(c) desorientación del jurado

(d) dilación de los procedimientos

(e) innecesaria presentación de prueba acumulativa.”

[10] La Regla 19 opera para excluir prueba que resulta de alguna forma pertinente (“evidencia pertinente puede ser excluida . . .”). Si la evidencia no

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fuera pertinente-primera condición a la admisibilidad-de acuerdo a la definición que ofrece la Regla 18, obviamente ésta sería inadmisible cause o no perjuicio.

[11] En el lenguaje forense, los conceptos de “valor probatorio” y “pertinencia” se han utilizado indistintamente. Sin embargo, hay una diferencia. Evidencia pertinente es aquella tendente a hacer la existencia de un hecho más probable de lo que sería sin tal evidencia (Regla 18(b)); valor probatorio, por otra parte, mide la intensidad y fuerza de esa tendencia. 22 Wright-Graham, Federal Practice and Procedure: Evidence, Sec. 5214, pág. 271. Se trata, pues, de un concepto relativo.

[12-13] No cabe duda de que el factor “perjuicio indebido”, es el más invocado de la Regla 19. Por supuesto, toda prueba es “perjudicial” en la medida que favorece a una parte y perjudica a otra, pero este no es el tipo de perjuicio al que se refiere la regla. En términos generales se trata de prueba que puede conducir a un resultado erróneo, apelando meramente–y aunque no únicamente–a los sentimientos y a la emoción. Véase, a Louisell-Mueller, Federal Evidence, secs. 124 et seq., The Lawyers Cooperative Publishing Co., 1978; Bordon, Inc. v. Florida E.C.R. Co., 772 F.2d 750, 756 (1985); United States v. Betancourt, 734 F.2d 750, 757 (1984). Hay que recordar sin embargo, que particularmente en la litigación criminal en ocasiones es preciso recrear ante los ojos del jurado situaciones desagradables que deben ser legítimamente objeto de prueba. No toda evidencia que pueda conmover el ánimo del jurado constituye materia a ser excluída, Weinstein’s Evidence, 403-87, 403-88. Nuevamente, el concepto es uno relativo.

[14] Los factores restantes (“probabilidad de confusión, desorientación del jurado, dilación de los procedimientos

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e innecesaria presentación de prueba acumulativa”) tienden a converger. La prueba que confunde, igualmente desorienta al jurado, así como ocasiona dilación en los procedimientos. La confusión y la desorientación se refieren al peligro de que el jurado infiera un hecho que no se deriva lógicamente de la prueba, Véase, Gold, Federal Rules of Evidence 403: Observations on the Nature of Unfairly Prejudicial Evidence, 58 Wash. L. Rev. 497 (1983). Los factores de dilación e innecesaria presentación de prueba acumulativa atienden primordialmente a consideraciones de eficiencia en la administración de la justicia. A menudo, el valor probatorio de una evidencia no justifica el tiempo que consumirá su presentación.

[15] n fin, como recientemente se ha señalado:

“[L]a Regla 19 cumple una función clave dentro del actual sistema probatorio. Los comentaristas se han referido a ella con calificativos tales como “the cornerstone” y “keystone of the arch”. Ver respectivamente, Peterfreund, Relevance and its Limits . . . 25 Rec. A. B. City N.Y. 80, 83 (1970); Morgan, The Code of Evidence Proposed by the American Law Institute, 27 A.B.A.J. 539, 542 (1941). La justificación de su existencia es clara: unas reglas de evidencia orientadas a la admisibilidad, que eliminan gran parte de las antiguas reglas de exclusión y que endosan una definición tan liberal de pertinencia necesitan un mecanismo que permita al juez tener un control de la evidencia que es técnicamente admisible.” Primer Examen de las Reglas de Evidencia de 1979; Comentarios y recomendaciones, págs. 78-79, Conferencia Judicial, Diciembre 1986.

A la luz de estos principios, no erró el foro de instancia. No estamos en el caso del testigo que depone dudosa o vagamente ante el tribunal en torno a las características físicas de la acusada. El alegato del Procurador expresa con claridad la situación:

“De prevalecer la teoría de la apelante, cualquier acusado, en este tipo de caso, podrá traer a una, cinco, veinte o cualquier número de personas con características físicas parecidas a las del acusado, como prueba de impugnación de la suficiencia de la prueba de identificación del Pueblo. Se abriría el juicio a materia “colateral” para contradecir o refutar evidencia presentada anteriormente, lo que representa un caso clásico de exclusión bajo la Regla 19.

. . . . .

“El valor probatorio de la evidencia ofrecida por la apelante es dudoso. Para cualquier persona X hay un gran número de personas parecidas a ellas. Pero sin duda la evidencia tiene valor probatorio. La magnitud de tal valor depende de las circunstancias del caso. Si la apelante hubiera ofrecido prueba que tendiera a conectar a la persona ofrecida como prueba con el delito, el valor probatorio hubiera sido considerable. Por ejemplo: si esa persona fue vista el día de los hechos en el lugar de los hechos, si esa persona fue vista con lo ocupado en el caso, etc. En ausencia de elementos adicionales, la prueba ofrecida era de escaso valor probatorio. En cuanto a los elementos “negativos” a los que alude la Regla 19, los tres primeros justifican la exclusión de la evidencia. La confusión y desorientación al jurado y el perjuicio indebido al Pueblo y a las víctimas, consiste en que no puede apreciar el valor objetivo de la prueba ante el predominio del elemento dramático de la aparición de la persona que se exhibe pero no declara o no es interrogada ” Alegato del Procurador General, págs. 33-34.

§ IV

El cuarto señalamiento de error es igualmente inmeritorio. [Nota: 4]

El testigo Jorge González Meléndez no fue anunciado como testigo de defensa (E.N.P., págs. 62-70). Fue el Ministerio

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Público quien solicitó su comparecencia. La defensa se opuso por considerar la solicitud tardía. El tribunal expresó entonces su determinación de que González Meléndez fuera citado como testigo de refutación (E.N.P., pág. 70). En ese momento la defensa pudo solicitar que fuera citado, pero no lo hizo. Lo renunció.

Por las razones antes expresadas, se dictará sentencia confirmatoria de las dictadas por el Tribunal Superior, Sala de Carolina.

FEDERICO HERNANDEZ DENTON, Juez Asociado

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente, se dicta sentencia confirmando la sentencia apelada.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado señor Rebollo López concurre con el resultado sin opinión escrita.

Francisco R. Agrait Lladó, Secretario General

[Nota: 1] 1. Leen específicamente estos señalamientos:

“PRIMERO: Si para hacer admisible ante el Honorable Tribunal Sentenciador la identificación que de la acusada se hizo en la rueda de detenidos, era necesaria la toma y presentación por el Estado de una fotografía de la rueda de detenidos tal y como la rueda le fue presentada a los testigos, Regla 252.1(f) de Procedimiento Criminal en su último párrafo; Reglas 10(G) y 16.5 de Evidencia.

. . . . . .

QUINTO: Si erró el Honorable Tribunal Sentenciador al no suprimir la identificación que de la acusada hiciera Carmen Iris Reyes Labrador habida cuenta de que de la totalidad de las circunstancias en que se da dicha identificación surge que la misma no fue confiable.” Alegato de la apelante, págs. 11-12.

[Nota: 2]

2. SEGUNDA CUESTION: Si es un error del Honorable Tribunal Sentenciador que amerita la revocación de la sentencia el que el Honorable Tribunal Sentenciador no haya permitido presentar al jurado una testigo de defensa (Ana Mercedes Vázquez) cuando el testimonio y la presencia de ésta constituía prueba pertinente que de presentarse al jurado pudo haber llevado a la exoneración de la acusada; máxime cuando no hubo objeción del fiscal a tal presentación.

TERCERA CUESTION: Si es un error del Honorable Tribunal Sentenciador que amerita la revocación de la sentencia el que el Honorable Tribunal Sentenciador no haya permitido presentar ante los testigos de cargo una testigo de defensa (Ana Mercedes Vázquez) cuando el testimonio y la presencia de ésta constituía prueba pertinente que de presentarse pudo haber llevado a la exoneración de acusada; máxime cuando no hubo objeción del fiscal a tal presentación. Alegato de la apelante, pág. 11.

[Nota: 3]

3. Así se desprende del propio testimonio de Ana Mercedes Vázquez que se llevó al récord como evidencia ofrecida y no admitida:

“Fiscal: Por eso y como no es mi testigo yo le pregunto, señora, mire, el 18 de diciembre al 26 de diciembre que usted estuvo en su casa, como le dice al tribunal; yo le pregunto si usted estuvo en el Laboratorio Clínico Doctor Center propiedad del Sr. Wilfredo Reyes Labrador.

Testigo: No.

Fiscal: ¡No!” Apéndice, pág. 81.

[Nota: 4] 4. CUARTA CUESTION

Si es un error del Honorable Tribunal Sentenciador que amerita la revocación de la sentencia el que el Honorable Tribunal Sentenciador no haya citado a un testigo de defensa (Jorge González Meléndez) cuya citación fue solicitada por el defensa y por el fiscal y cuyo testimonio constituía prueba pertinente que pudo haber llevado a la exoneración de la acusada. Alegato de la apelante, pág. 11.

[Fin nota]_______________

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