Resumen:Parrilla Báez v. Airport Catering Services 133 DPR 263 (1993): brief

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Hechos

  • Una aerolínea victima de robo, presuntamente por parte de sus empleados, contrató una compañía de seguridad privada para lidiar con la situación. Un día, un guardia de seguridad ve a dos empleados entrar y salir varias veces de las instalaciones con unas bolsas en las manos, por lo que decidieron interceptarlos cuando estos ya estaban en sus autos camino a sus casas.
  • Al arrestarlos y regresarlos a las instalaciones, se les ocupó unas botellas de vinos propiedad de la aerolínea. Se le despidió y se le radicaron cargos. La compañía notificó a los demás empleados de lo ocurrido, y aunque no ofrecieron nombres, muchos de ellos ya habían presenciado el arresto. Los empleados finalmente salieron absueltos de los cargos criminales y fueron repuestos en sus plazas. Demandan ahora por detención ilegal de la libertad, y difamación.

Controversia

  1. ¿Constituye una detención ilegal el arresto de unos empleados por parte de unos guardias privados que los vieron salir sospechosamente con bolsas en las manos?

Decisión

  1. Sí, constituye un acto de detención ilegal el arresto de estos empleados.

Fundamentos

  • “Con respecto a la procedencia de una acción en daños por detención ilegal contra una persona particular que causa o efectúa la detención de un ciudadano que no ha cometido un delito, ésta va a depender de los criterios de racionabilidad. Hay que hacer un balance adecuado “entre la obligación que toda persona tiene de cooperar en la lucha contra el crimen y el derecho que toda persona tiene a no ser privado ilegalmente de su libertad”. “
  • “Se han reconocido como elementos de la causa de acción de detención ilegal los siguientes:

* la intención de efectuar una restricción a la libertad de una persona;

* el que haya un acto positivo o afirmativo encaminado a producir la restricción de la libertad;

* que se produzca la restricción de la libertad del perjudicado;

* que ésta sea involuntaria;

* que el perjudicado esté consciente de que se le ha restringido su libertad;

* y que exista una relación causal adecuada entre el acto de la restricción de la libertad y el daño que reclama el demandante. Dobbins v. Hato Rey Psychiatric Hospital, 87 D.P.R. 30 , 34-35 (1962); Brau del Toro, supra, Cap. IV, sec.4.05”

  • “La conducta observada por estos guardias de seguridad no fue una sospechosa. Los codemandantes simplemente se limitaron a salir de su trabajo, montarse en su vehículo y darle transportación a un compañero de trabajo, Navarro.”
  • “De los hechos antes expuestos, surge con meridiana claridad, que en el caso de autos no se probó que los demandados Airport y Ranger instigaran activa y maliciosamente la iniciación del proceso criminal. Del Informe de Denuncia de la Policía se desprende que fue el fiscal, quien, luego de oír a las partes, decidió someter el caso por apropiación y que un magistrado, después de oír la prueba, determinó causa probable. O sea que las autoridades, a base de su propia evaluación de los hechos, decidieron procesar a los codemandantes Parrilla y González.
  • “El solo hecho de querellarse ante las autoridades o de suministrar información a un agente del orden público, ya fuere éste un policía, un fiscal o un juez, no constituye el elemento de instigación que se requiere para probar persecución maliciosa”.

Opinión disidente de Hernández Denton

  • Dice que concurre con que la detención no cumple con los estándares provistos por las reglas de Procedimiento Criminal para los arrestos por parte de particulares (esta exige “un delito cometido o que se hubiere intentado cometer en su presencia”), pero disiente en cuanto a que, civilmente, su acto fue negligente, pues el criterio que la jurisprudencia ha establecido, y que la opinión mayoritaria misma reconoce, es el que “razonabilidad”, no el de certeza. De esta manera, el juez presidente piensa que, aunque fue arresto ilegal, no fue irrazonable pensar que los empleados estuvieran robando.

Opinión disidente de Negrón García

  • Dice que el arresto cumple con las Reglas de Procedimiento Criminal, ya que la certeza que piden estas reglas no es una absoluta, comparable al “más allá de duda razonable”, sino la convicción interna del arrestador de que se está cometiendo, o se cometió, un delito.

Comentarios

  • Jose Julian Álvarez  dice que lo que se está diciendo es que si quien detiene es una persona privada, en vez de llamar un policía, va a tener más problemas.

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