Resumen:E.L.A. v. Aguayo 80 D.P.R. 552 (1958):brief

image_pdfimage_print

Ver texto completo

Hechos

La Autoridad sobre Hogares estaba realizando un programa de urbanización de sectores, y para ello estaba expropiando algunas propiedades. Uno de los dueños que estaba siendo expropiado, manifestó su molestia con la expropiación, y con la compensación económica que se le estaba ofreciendo. Aprovechando esto, una funcionaria de la Autoridad sobre Hogares le ofreció pagarle el abogado y los gastos en los tribunales para que retara la constitucionalidad de estas acciones. El interés de la funcionaria era obtener una especie de consulta del tribunal que despejara dudas a los bonistas sobre la constitucionalidad de sus obras.

Luego de que el Tribunal descubriera que la Autoridad sobre Hogares controlaba ambas partes del litigio, se le pidió al Tribunal que como quiera resolviera el “conflicto” amparándose en el “interés público” de la cuestión.

Controversia

¿Puede un Tribunal de Puerto Rico resolver una cuestión constitucional aún cuando no exista controversia entre las partes, por el hecho de ser de “interés público”?

Decisión

No, tiene que haber una controversia para emitir una decisión.

Fundamentos

  • La Regla 7 (d) de las Reglas de Enjuiciamiento Civil “exige que la controversia sea ‘real y efectiva’… Se acentúa esta exigencia mediante el uso de las frases ‘disputa que puede dar lugar a una acción civil’… y ‘una acción en controversia’… No cabe duda, por consiguiente, que la Regla 7 (d) no solamente no constituye excepción a la norma básica que exige una controversia real entre las partes de un litigio, sino que además, y obviamente con el propósito de que no pudiera utilizarse para cobijar acciones ficticias, colusorias o académicas, expresamente requirió de las partes atestiguar bajo juramento tanto su buena fe como la existencia entre elas de una ‘controversia real y efectiva’”.
  • “El Tribunal Supremo federal ha establecido que una ‘controversia debe ser definida y concreta, afectando las relaciones jurídicas de partes que tengan intereses jurídicas antagónicos’.
  • En una opinión concurrente en Ashwander v. Tennessee, 297 US 288, 346 (1935), el juez Brandereis estableció guías de auto limitación judicial que incluia el que exista una controversia.
  • “Factores determinantes de estas normas son la falibilidad del juicio humano, la condición negativa del poder judicial que no posee la autoridad directa que adviene a las otras dos ramas por ser electas por el pueblo, y la convicción de que la Corte perdería su influencia y prestigio y finalmente su autoridad, si, a diario, y fuera de los estrictos límites de un genuino procedimiento judicial, estuviese pasando juicio sobre la validez” [de acciones de otras Ramas].
  • Pedir la revisión por solo “ser de interés público” es “una doctrina que solo puede redundar en un peligrosísimo crecimiento del poder judicial”

Comentarios

  • Sin embargo, si emitieron una “opinión consultiva” al decirles que deben tomar en consideración “los precedentes de este tribunal, del Tribunal Supremo federal, y de una abrumadora mayoría de los estados”, que declara situaciones similares constitucionales.

Secciones relacionadas:

  1. Jurisprudencia de derecho constitucional del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR)
  2. Resumenes de jurisprudencia constitucional del TSPR
  3. Comentarios de temas relacionados al derecho constitucional (Blog de PopJuris)
  4. Derecho constitucional de P.R. (información general)

Leave a Reply