Resumen:Dobbins v. Hato Rey Psychiatric Hospital 87 DPR 30 (1962):brief

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Hechos

  • Myriam S. Dobbins visitó al doctor José Alberto Salazar, Director Médico Auxiliar del Fondo del Seguro del Estado. Éste le entregó en un sobre sellado una “Orden de Hospitalización”, y sin informarle de que se trataba el documento la envió a la Clínica Julía, dándole a entender que la enviaba para entrevistarse con un psiquiatra. Al llegar a allí, “fue privada ilegalmente y contra su voluntad, de su libertad, al mantenerla por medio de sus empleados y agentes, condenada en dicha clínica, a pesar de sus protestas y requerimientos para que la dejasen libre.
  • Dobbins ahora demanda a Salazar, la Clínica Julia, y el Estado Libre Asociado (E.L.A.). El E.L.A. solicitó la desestimación por ser el “encarcelamiento ilegal” una de las razones para las cuales el E.L.A. no autorizó a ser demandada. Dobbins contesta diciendo que la detención ilegal se le imputa solo al Hato Rey Psychiatric Hospital y al estado solo se le atribuye “haber realizado actos y omisiones que constituyeron un ‘factor sustancial’, como causa co-activa, en los daños sufridos, y que estos en si solo no constituyen una restricción ilegal de la libertad.

Controversia

  1. ¿Constituye una restricción ilegal de la libertad el que un médico ordene la restricción de la libertad de un paciente?

Decisión

  1. Sí, constituye una restricción ilegal de la libertad el que un médico ordene la restricción de la libertad de un paciente.

Fundamentos

  • “La responsabilidad por daños causados con motivo de un encarcelamiento ilegal recae no sólo sobre las personas que perpetran el confinamiento, sino también sobre quienes lo ordenan o instigan, aún cuando no participen activamente en el acto de la detención.”
  • “Las consecuencias de que se querella la demandante tienen su origen en la orden de hospitalización. Como cuestión de realidad, éste es el punto de partido único de la causa de acción. Cfr. Ginés Meléndez v. Autoridad de Acueductos, 86 DPR 518 (1962)”.
  • “La situación es similar a la que ordinariamente ocurren en los casos por arresto ilegal, en que si bien el denunciante del hecho no toma parte en la detención del perjudicado, es su actuación al denunciar o imputar la comisión de un acto delictivo la que pone en marcha la acción de los agentes policíacos o judiciales”.

Comentarios

  • Si ella hubiera llegado inconsciente al hospital y la hubiera recluido, no hubiera una acción porque no había conciencia de la detención.
  • ¿Por qué no aplicaron los primeros tres itenes (II-23 primer párrafo ultimas tres lineas) son circunstancias constitutivas de delitos, pero lo próximo que sigue no son delitos?

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