Delitos contra la familia (Código Penal de 2004 de Puerto Rico)

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CAPÍTULO III
DELITOS CONTRA LA FAMILIA

SECCIÓN PRIMERA
De los delitos contra el estado civil

Artículo 126. Bigamia. Toda persona que contrae un nuevo matrimonio sin haberse anulado o disuelto el anterior o declarado ausente el cónyuge conforme dispone la ley incurrirá en delito menos grave.

Artículo 127. Contrayente soltero. Toda persona soltera que contrae matrimonio con una persona casada conociendo que dicha persona está cometiendo bigamia incurrirá en delito menos grave.

Artículo 128. Celebración de matrimonios ilegales. Toda persona autorizada a celebrar matrimonios que a sabiendas celebre o autorice un matrimonio prohibido por la ley civil incurrirá en delito menos grave.

Artículo 129. Matrimonios ilegales. Incurrirá en delito menos grave:
(a) Toda persona que celebre un matrimonio sin estar autorizada.
(b) Toda persona que contraiga un matrimonio prohibido por la ley civil.

Artículo 130. Adulterio. Toda persona casada que tenga relaciones sexuales con una persona que no sea su cónyuge incurrirá en delito menos grave.
El proceso por el delito de adulterio se instruirá dentro del año de haberse cometido el delito o de haber llegado éste a conocimiento de la parte actora.
Si el delito de adulterio se comete por una mujer casada y un hombre soltero, o un hombre casado y una mujer soltera, el hombre soltero o la mujer soltera incurrirá en el delito de adulterio.

SECCIÓN SEGUNDA
De la protección debida a los menores

Artículo 131. Incumplimiento de la obligación alimentaria. Todo padre o madre que, sin excusa legal, deje de cumplir con la obligación que le impone la ley o el tribunal de proveer alimentos a sus hijos menores de edad incurrirá en delito menos grave.
(a) Cuando la paternidad no esté en controversia. Cuando el imputado ha aceptado la paternidad ante el tribunal antes de comenzar el juicio, o cuando la paternidad no esté en controversia, se celebrará el juicio, y de resultar culpable de incumplimiento de la obligación alimentaria, el tribunal fijará mediante resolución una suma razonable por concepto de alimentos,
apercibiendo al acusado que el incumplimiento de dicha resolución, sin excusa legal, podrá ser castigado como un desacato civil.

(b) Cuando la paternidad esté en controversia. Cuando el imputado niegue la
paternidad, el tribunal le concederá un plazo de no más de diez (10) días para que conteste la alegación e inmediatamente celebrará un juicio en el cual se seguirán las reglas para la presentación de evidencia vigentes. Dentro del quinto día de haberse oído la prueba, el juez resolverá sobre la paternidad y de resultar probada, levantará un acta y dictará la resolución
correspondiente fijando, además, la cuantía que por concepto de alimentos deberá proveer al hijo.
(c) Otras disposiciones procesales. Luego de los procedimientos preliminares que se
establecen en los dos párrafos anteriores, el caso continuará ventilándose a base de alegaciones
de incumplimiento de la obligación alimentaria y el fallo recaerá sobre este extremo. El tribunal
tiene discreció n para suspender los efectos de la sentencia si lo estima necesario para el bienestar del menor. Del fallo adverso sobre paternidad y sobre incumplimiento de la obligación alimentaria, el acusado podrá apelar en un solo acto. Las vistas sobre estos casos tendrán preferencia en los calendarios de los tribunales de apelación. La apelación de cualquier sentencia u orden dictada bajo este Artículo, no suspenderá los efectos de la resolución que ordene el pago de alimentos y el acusado tiene la obligación de depositar en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia las cuantías fijadas por concepto de alimentos. A solicitud de parte interesada, el tribunal, luego de escuchar el testimonio de ambas partes, puede autorizar al Secretario a que disponga a favor del alimentista las cuantías consignadas, hasta que recaiga el fallo. En los casos en que el fallo dictado sea a favor del
acusado, el alimentista tiene la obligación de devolver las cuantías que el acusado había consignado. En los casos en que el fallo dictado confirme la sentencia del tribunal apelado, pero disminuya la cuantía por concepto de alimentos, la diferencia en dicha cuantía le será acreditada al acusado en los pagos futuros que deba depositar para beneficio del alimentista. Si el acusado deja de cumplir con la consignación dispuesta, se celebrará una vista y de no mediar razón justificada, el tribunal desestimará la apelación. Cuando la sentencia sea firme, el tribunal dictará una orden acompañada de copia certificada del acta de aceptación de la paternidad o de la determinación de paternidad hecha por el juez, dirigida al encargado del Registro Demográfico para que proceda a inscribir al menor como hijo del acusado con todos los demás detalles requeridos por el acta de nacimiento para todos los efectos.

En todas las acciones relacionadas con este Artículo, incluso en las vistas sobre incumplimiento de la orden de alimentar, el interés público debe estar representado por el ministerio público.

Artículo 132. Abandono de menores. Todo padre o madre de un menor o cualquier persona a quien esté confiado tal menor para su manutención o educación, que lo abandone en cualquier lugar con intención de desampararlo incurrirá en delito grave de cuarto grado.

Cuando por las circunstancias del abandono se pone en peligro la vida, salud, integridad física o indemnidad sexual del menor, la persona incurrirá en delito grave de tercer grado.

Artículo 133. Exclusión. No constituye el delito de abandono de menores la entrega de un menor a una institución para el cuidado de menores, ya sea pública o privada por parte de los padres, o uno de éstos, o el tutor encargado. Los directores, funcionarios o empleados de la institución no podrán requerir información alguna sobre la madre o el padre del menor entregado, a menos que el menor demuestre señales de maltrato.

La patria potestad del menor corresponde al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la custodia a la institución que le dio acogida, hasta tanto el Departamento de la Familia disponga otra cosa.

Artículo 134. Secuestro de menores. Toda persona que mediante fuerza, violencia, intimidación, fraude o engaño sustraiga a un menor con el propósito de retenerlo y ocultarlo de sus padres, tutor u otra persona encargada de dicho menor incurrirá en delito grave de segundo
grado.

Se impondrá la pena en la mitad superior del intervalo correspondiente, cuando la conducta prohibida en el párrafo anterior se lleve a cabo en:

(a) una institución hospitalaria, pública o privada;
(b) una escuela elemental, intermedia o secundaria, pública o privada;
(c) un edificio ocupado o sus dependencias;
(d) un centro de cuidado de niños; o
(e) un parque, área recreativa o centro comercial.

Artículo 135. Privación ilegal de custodia. Toda persona que sin tener derecho a ello prive a un padre, madre u otra persona de la custodia legítima de un menor o de un incapacitado, incurrirá en delito menos grave.

Se considera delito agravado e incurrirá en delito grave de cuarto grado cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

(a) Si se traslada al menor fuera de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(b) Si el padre o madre no custodio residente fuera de Puerto Rico retiene al menor cuando le corresponde regresarlo al hogar de quien tiene su cus todia legítima.

Artículo 136. Adopción a cambio de dinero. Toda persona que con ánimo de lucro reciba dinero u otros bienes a cambio de la entrega de un menor para adopción, o que ofrezca o dé dinero a cambio de la entrega de un menor para adopción en violación a la ley que regula dicho procedimiento incurrirá en delito grave de cuarto grado.

Artículo 137. Corrupción de menores. Incurrirá en delito grave de cuarto grado:

(a) Toda persona que intoxique, induzca, aconseje, incite o ayude a intoxicar con bebidas
embriagantes a un menor que no ha cumplido dieciocho (18) años.

(b) Todo dueño, empresario, administrador, gerente, director, dependiente o empleado de un establecimiento o negocio público que consienta o tolere que en dicho establecimiento se cometa cualquiera de los actos señalados en el inciso (a).

(c) Todo dueño, administrador o encargado de cualquier establecimiento utilizado en todo o en parte como salón de bebidas o sala de juegos que permita a un menor que no ha cumplido dieciocho (18) años tomar parte en juegos de azar.

(d) Toda persona que autorice, induzca, permita u ordene a un menor que no ha cumplido dieciocho (18) años a dedicarse a la mendicidad pública, participar en juegos de azar, o permanecer en una casa de prostitución o de comercio de sodomía.

(e) Todo dueño, administrador, encargado o empleado de una casa de prostitución o de comercio de sodomía que permita la presencia de un menor que no ha cumplido dieciocho
años.

En los casos en que a los establecimientos o locales a que se refiere este Artículo se les ha concedido permiso o licencia, se podrá imponer además la cancelación o revocación de los mismos.

También puede ser sujeto activo de este delito la persona jurídica donde se lleva a cabo la conducta.

SECCIÓN TERCERA
De la protección debida a las personas de edad avanzada e incapacitados

Artículo 138. Incumplimiento de la obligación alimentaria. Toda persona que, sin excusa legal, deje de cumplir con la obligación que le impone la ley o el tribunal de proveer alimentos a otra persona, sea su cónyuge, ascendiente o descendiente mayor de edad, incurrirá en
delito menos grave.

Artículo 139. Abandono de personas de edad avanzada e incapacitados. Toda persona a quien esté confiada una persona de edad avanzada o incapacitada, que no pueda valerse por sí misma, que la abandone en cualquier lugar con intención de desampararla incurrirá en delito grave de cuarto grado.

Cuando por las circunstancias del abandono se pone en  peligro la vida, salud, integridad física o indemnidad sexual de la persona, incurrirá en delito grave de tercer grado.

SECCIÓN CUARTA
Del respeto a los muertos

Artículo 140. Profanación de cadáver o cenizas. Toda persona que ilegalmente mutile, desentierre o remueva de su sepultura, o del lugar en que se halle aguardando el momento de ser enterrado o cremado, el cadáver de un ser humano o parte del mismo, o sus restos o cenizas, o que de otra forma los profane, incurrirá en delito grave de cuarto grado.

Artículo 141. Profanación del lugar donde yacen los muertos e interrupción del funeral. Toda persona que profane el lugar donde yace el cadáver de un ser humano, los objetos que allí se destinan a honrar su memoria o los que contienen sus restos o cenizas, o impida o interrumpa un funeral, velatorio o servicio fúnebre, incurrirá en delito menos grave.

One thought on “Delitos contra la familia (Código Penal de 2004 de Puerto Rico)

  1. Deseo tener información si existe una ley que proteja el matrimonio de personas que traten de acabar con este vínculo.

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