De Las Penas Para Las Personas Jurídicas (Código Penal de Puerto Rico de 2004)

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Nota: Este artículo corresponde a un código penal derrogado. El código penal vigente es el Código Penal de Puerto Rico, del año 2012. Para ver el artículo equiavalente a éste en el código penal actual, presione aquí.

CAPÍTULO III
DE LAS PENAS PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS

Artículo 83. Las penas para personas jurídicas. Las penas que este Código establece
para las personas jurídicas, según definidas en este Código, son las siguientes:
(a) multa
(b) suspensión de actividades
(c) cancelación del certificado de incorporación
(d) disolución de la entidad
(e) suspensión o revocación de licencia, permiso o autorización
(f) restitución
(g) probatoria.
Artículo 84. Multa. La pena de multa consiste en la obligación impuesta por el tribunal
a la persona jurídica convicta de pagar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico la cantidad de
dinero señalada en la sentencia.
La multa a imponer se determinará a base del ingreso bruto anual de la persona jurídica
durante el año que cometió el delito, según se dispone en el párrafo siguiente de acuerdo a la
clasificación del delito. El tribunal podrá requerir la información necesaria para determinar el
ingreso bruto, incluyendo un estado financiero auditado por un Contador Público Autorizado.
No obstante, en la fijación de la multa, el tribunal tomará en consideración la situación
económica de la persona jurídica al momento de imponer sentencia y las circunstancias
agravantes o atenuantes que concurran.
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El tribunal impondrá una multa a ser seleccionada según corresponda a la clasificación
del delito por el que la persona jurídica resultó convicta, como sigue:
(a) “Delito Grave de Primer Grado” una multa equivalente al diez (10) por ciento del
ingreso anual de la persona jurídica al momento de cometer el delito.
(b) “Delito Grave de Segundo Grado” una multa equivalente al ocho (8) por ciento del
ingreso anual de la persona jurídica al momento de cometer el delito.
(c) “Delito Grave de Tercer Grado” una multa equivalente al seis (6) por ciento del
ingreso anual de la persona jurídica al momento de cometer el delito.
(d) “Delito Grave de Cuarto Grado” una multa equivalente al cuatro (4) por ciento del
ingreso anual de la persona jurídica al momento de cometer el delito.
(e) “Delito Menos Grave” una multa equivalente al dos (2) por ciento del ingreso anual
de la persona jurídica al momento de cometer el delito.
Artículo 85. Suspensión de actividades. La pena de suspensión de actividades consiste
en la paralización de toda actividad de la personalidad jurídica, salvo las estrictas de
conservación, durante el tiempo que determine el tribunal, que no podrá ser mayor de seis (6)
meses.
Esta pena está disponible únicamente para convicciones en reincidencia según se dispone
en el Artículo 90 de este Código.
La pena de suspensión de actividades conlleva también la pena de multa que corresponda
al delito.
Artículo 86. Probatoria. La pena de probatoria consiste en la supervisión de las
actividades de la persona jurídica bajo los términos que el tribunal determine y a cargo de la
persona o entidad nombrada por el tribunal para esos fines, por un término no mayor de un (1)
año.
Esta pena está disponible únicamente por convicciones en reincidencia según se dispone
en el Artículo 90 de este Código.
La pena de probatoria conlleva también la pena de multa que corresponda al delito.
Artículo 87. Suspensión o revocación de licencia, permiso o autorización. Cuando en
la comisión del delito, la persona jurídica viola por primera vez los requisitos exigidos por la ley
para otorgar una licencia, permiso o autorización, se dispondrá la suspensión de los mismos por
un término que no podrá exceder de un (1) año; además de cualquier pena de multa que se le
imponga según se provea en el delito.
Si la persona jurídica viola en más de una ocasión los requisitos exigidos por ley para
otorgar una licencia, permiso o autorización, el tribunal podrá revocar permanentemente los
mismos.
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Artículo 88. Cancelación del certificado de incorporación o disolución. La pena de
cancelación del certificado de incorporación o disolución de una de las entidades mencionadas
en este Código, estará disponible únicamente según se dispone en el Artículo 90 de este Código.
Esta pena será adicional a la pena de multa dispuesta para el delito.
Artículo 89. Restitución. La pena de restitución consiste en la obligación impuesta por
el tribunal a la persona jurídica de pagar a la parte perjudicada daños y pérdidas que le haya
ocasionado, a su persona y a su propiedad, como consecuencia de su acto delictivo.
La pena de restitución será fijada teniendo en cuenta el capital social de la persona
jurídica, el estado de negocios, la naturaleza y consecuencias del delito y cualquier otra
circunstancia pertinente.
Artículo 90. Reincidencia. Cuando una persona jurídica resulta convicta de un delito
grave de primer grado o un delito grave de segundo grado, luego de una convicción anterior por
un delito de gravedad similar, se le impondrá la multa prevista para el delito, además de la
suspensión de actividades por un término no mayor de seis (6) meses. Si se trata de un delito
grave de tercer grado se podrá imponer probatoria hasta un (1) año, en adición a la multa.
Cuando la persona jurídica resulta convicta por un tercer o subsiguiente delito grave,
luego de tener dos o más convicciones previas por delitos de la misma naturaleza cometidos en
tiempos diversos, el tribunal podrá imponer la cancelación del certificado o el cese de las
actividades de la persona jurídica si se demuestra una tendencia persistente a delinquir. Si se
trata de delitos menos graves se le impondrá probatoria de hasta un (1) año.
En todo caso de reincidencia será necesario imponer como pena, la multa correspondiente
al delito de convicción.
Para fines de computar la reincidencia se aplicarán los términos prescriptivos del Artículo
82 de este Código.
CAPÍTULO IV

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