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Ley de Justicia a los Miembros de los Cuerpos de Seguridad de Puerto Rico, Ley Núm. 64 2017

(P. del S. 565)

 

LEY

Para crear la “Ley de Justicia a los Miembros de los Cuerpos de Seguridad de Puerto Rico”; para establecer el Fondo de Enfermedades Catastróficas mediante donaciones privadas para los miembros de las agencias que componen el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la actualidad los entes que componen en el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico lo son el Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, el Negociado de Ciencias Forense de Puerto Rico, el Negociado de Sistemas de Emergencia 911, el Negociado para el Manejo de Emergencia y Administración de Desastres, el Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico y el Negociado de Investigaciones Especiales de Puerto Rico. Estos entes carecen de una medida protectora en caso de que alguno de sus miembros quede incapacitado por alguna enfermedad catastrófica. Por razón del trabajo que realizan y en ocasiones por razones ajenas a la voluntad del ser humano algunos miembros de estas agencias sufren percances de salud que los obligan a alejarse del ámbito laboral. Es por ello, que nace esta medida legislativa en busca de brindarle una herramienta adicional a estas agencias y hacerle justicia a estos héroes anónimos de Puerto Rico.

Según definido, una enfermedad catastrófica es una enfermedad devastadora y casi siempre incurable, que necesita de muchos recursos económicos y de muchos cuidados médicos. Este concepto de enfermedad pobremente definida y entendida, incluye a los pacientes con cáncer terminal, a los cuadripléjicos por accidentes, trasplantes de médula y otros órganos sólidos, tratamiento de cáncer, pacientes con enfermedad renal terminal en programa de hemodiálisis, entre otros. Además debe considerarse dentro del concepto de enfermedades catastróficas, el costo económico del tratamiento y la devastación que produce la enfermedad sobre la salud. En conclusión la enfermedad puede ser considerada como catastrófica por su calamitosa naturaleza, por los altos costos del tratamiento y por la extensión del mismo.

Mediante esta medida legislativa se busca autorizar al Departamento de Seguridad Pública a crear un fondo con donativos privados que vaya dirigido a ayudar a aquellos miembros de los organismos que lo componen o familiares de estos últimos que padezcan alguna enfermedad catastrófica. En la actualidad existen varios casos de miembros de la uniformada que han dejado el ambiente laboral por padecer una enfermedad que les imposibilita el continuar laborando y mediante esta iniciativa se les daría una herramienta para recibir alguna ayuda que les permita llevar una mejor calidad de vida.

Ante este panorama fáctico y la carencia de fondos provenientes del Estado para este propósito esta Asamblea Legislativa entiende meritoria esta medida en busca de brindarles una herramienta de justicia a estos héroes de nuestra Isla.

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:


Artículo 1. Se crea la “Ley de Justicia a los Miembros de los Cuerpos de Seguridad de Puerto Rico”.

Artículo 2. -Política Pública

El Gobierno de Puerto Rico consciente de las vicisitudes que en ocasiones pasan los miembros que componen el Departamento de Seguridad Pública de la Isla y siendo cónsono con su propósito de brindar mejores herramientas a dichos entes, promueve la creación del Fondo para Enfermedades Catastróficas adscrito al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico mediante el recibo de donaciones privadas. Los fondos allegados serán única y exclusivamente para el uso de los miembros de los entes que componen el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico que así lo necesiten y sus familiares de ser este el caso.

Artículo 3. Se autoriza al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico a crear un Fondo para Enfermedades Catastróficas mediante donaciones privadas. Para la creación de dicho fondo el Departamento de Seguridad Pública podrá aceptar regalos o donativos de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales de empresas, agrupaciones, instituciones sin fines de lucro, sociedades y entidades corporativas del sector privado, y de ciudadanos en particular que ayuden a la realización de sus propósitos. Además, podrá realizar actividades de recaudación de fondos, por sí misma o en conjunto con cualquier otra entidad, con o sin fines de lucro para el mejor funcionamiento del Fondo. Aquellos donantes que cualifiquen podrán acogerse a los beneficios que establece la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, en lo que respecta a la deducción por donativos permitida por el Código. El jefe del Departamento de Seguridad Pública o la persona que él disponga aceptará las donaciones, aportaciones, asignaciones, ayudas o transferencia de fondos provenientes del sector privado, guiándose por las disposiciones del Artículo 4.2 de la Ley 1-2012, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico”.

Artículo 4.- Reglamentación

El jefe del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico o la persona que él disponga será el responsable de establecer la reglamentación necesaria para la implementación de esta legislación, así como, velar por la máxima transparencia y el mejor uso de los fondos recaudados.

Artículo 5. – Cláusula de Salvedad

Si cualquier disposición de esta Ley fuera declarada inconstitucional o nula, por Tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará ni invalidará el resto de esta Ley.  El efecto de dicha sentencia quedará limitado al párrafo, inciso o artículo de la misma que así hubiese sido declarado inconstitucional.

Artículo 6.- Vigencia

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

 

 

 

 

 

 

Ley Núm. 130 del año 2016

 Ley Núm. 130 del año 2016

(P. del S. 1543); 2016, ley 130

(Conferencia)

 

Para enmendar  la Ley Núm. 73 de 2008, Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico; enmendar la Ley Núm. 20 de 2012, Ley Núm. 173 de 2014, Ley Núm. 31 de 2012 y la Ley de 12 de marzo de 1903, Ley General de Expropiación Forzosa.

LEY NUM. 130 DE 5 DE AGOSTO DE 2016

 

Para enmendar el subinciso (L) del inciso (d) (1) y el inciso (p) de la Sección 2; enmendar los incisos (g) (2) y (g) (3) de la Sección 5; enmendar el subinciso (B) del inciso (a) (1) y el inciso (e) de la Sección 6; y enmendar el inciso (a) de la Sección 17 de la Ley 73-2008, según enmendada, mejor conocida como la “Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico”, a los fines de incorporar como proyecto estratégico el desarrollo de componentes de vivienda asequible de alquiler, servicios relacionados e infraestructuras en áreas adyacentes a sistemas de transportación en masa (“transit-oriented developments”) o el Frente Portuario de la Isleta de San Juan, en aras de promover el desarrollo económico de Puerto Rico; además, con los fines de incluir el desarrollo de propiedad intelectual como negocio e inversión elegible; y con los fines de eximir a los pequeños y medianos negocios del recobro del crédito por inversión industrial; enmendar el inciso (c) del Artículo 4 de la Ley 20-2012, según enmendada, mejor conocida como “Ley para Fomentar la Exportación de Servicios”, a los fines de eximir a las solicitudes de incentivos presentadas o a ser presentadas bajo la Ley 173-2014; añadir un nuevo inciso (c), enmendar y reenumerar el actual inciso (c) como (d) al Artículo 8, enmendar el inciso (e) del Artículo 10 y añadir un Artículo 10(a) a la Ley 31-2012, según enmendada, conocida como “Ley para Viabilizar la Restauración de las Comunidades de Puerto Rico”; para enmendar las Secciones 4 y 5(a) de la Ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada, conocida como “Ley General de Expropiación Forzosa”; a los fines de agilizar el proceso de expropiación forzosa de propiedades declaradas estorbos públicos por parte de los municipios para ser utilizadas para un fin público de mejoramiento a las comunidades; y para otros fines relacionados.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las leyes que otorgan incentivos o beneficios contributivos son creadas con el propósito de generar una actividad económica que el Estado desea promover.  Comprenden áreas como el turismo, la agricultura, la construcción, la salud, entre otras, las cuales tienen un impacto directo en los servicios provistos a la ciudadanía.  Así esto, constituye un interés apremiante del Estado, el disponer de recursos del erario para el desarrollo de todo aquello que resulte en mayores beneficios al pueblo.  Mediante la creación de incentivos, créditos, deducciones, exenciones y beneficios contributivos, se ha estimulado la producción en estas áreas, así como también la inversión local y extranjera.

Recientemente, esta Legislatura revisó alrededor de treinta (30) leyes de incentivos, créditos, exenciones, deducciones y beneficios contributivos para promover actividades económicas de gran impacto en el desarrollo del País, a los fines de asegurar que cumplen su objetivo de crear empleos en Puerto Rico, promover la adquisición de materia prima, productos manufacturados, materiales de construcción y productos agrícolas, así como la contratación de servicios profesionales locales y la utilización de servicios financieros en instituciones con presencia en Puerto Rico.

Una adecuada infraestructura es la principal herramienta para propiciar el desarrollo económico de Puerto Rico.  Los sistemas de acueductos y alcantarillados, de energía eléctrica, transportación y carreteras, las viviendas en las comunidades de bajos recursos o especiales, el mantenimiento de los terrenos y la construcción planificada y ordenada son, entre otras, algunas de las áreas de infraestructura que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene como prioridad.  El deterioro de la infraestructura en Puerto Rico contribuye a la abstención de inversiones económicas significativas que redundan en una mejor calidad de vida y su descuido drena los recursos fiscales del Gobierno y desacelera, consecuentemente, el desarrollo económico, ya que éste depende en gran parte de la construcción, administración y mantenimiento de la infraestructura.

Un adecuado desarrollo de la infraestructura está íntimamente ligado al desarrollo de nuestras ciudades y representa una oportunidad singular para encauzar nuestro futuro económico.  En la construcción de un clima industrial, la planificación de nuestras ciudades figuró como bloque fundamental de la estrategia de desarrollo económico que impulsó el milagro económico puertorriqueño de mediados del siglo pasado.  Hoy, confrontados con retos similares, es preciso reconocer que las ciudades son el motor, a nivel global, del desarrollo económico.

La Ley 73-2008, mejor conocida como la “Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico”, es la pieza fundamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para el desarrollo de nuestro crecimiento económico.  Si bien reconoce como actividad elegible el desarrollo de comunidades sostenibles de vivienda, resulta imperativo asegurar la vinculación de la vivienda con la revitalización de sectores estratégicos, antes que propiciar desarrollos autónomos, de modo que la ciudad contribuya efectivamente el ecosistema de nuestro desarrollo económico.

Las oportunidades para el desarrollo conjunto a lo largo del corredor del Tren Urbano guardan aún enorme potencial para realizar y extender las metas de desarrollo urbano, social y económico de la Región Metropolitana de San Juan.  El potencial de beneficio de estos desarrollos se puede maximizar mediante una intervención pública que asegure una efectiva integración entre las actividades y usos del terreno con las propias facilidades de tránsito o de transportación.  Los espacios reservados para desarrollo conjunto en las propiedades adyacentes a estaciones del Tren Urbano conforman el núcleo de un Distrito Especial de Desarrollo establecido mediante la Ley 207-2000, que abarca un área total de poco más de trescientos (300) kilómetros cuadrados y comprende, aproximadamente, unas catorce mil (14,000) parcelas que vertebran la Región Metropolitana.

Por su parte, el Frente Portuario de la Isleta de San Juan, al sur del barrio de Puerta de Tierra, ha inspirado varios esfuerzos de planificación que reconocen su potencial y su importancia estratégica.  Su desarrollo persigue interconectar centros de actividad a través de una red de transportación integrada; estimular un crecimiento que sea económico, social y ambientalmente sostenible; y crear un espacio atrayente y ecléctico que sea valorado por los residentes de San Juan y Puerto Rico, así como por sus visitantes.  La visión persigue revitalizar un sector que ha estado subutilizado por años, a través del redesarrollo de áreas deterioradas y su conversión en un sector habitable y productivo de la ciudad, en apoyo a la oferta de la Isleta, el Distrito del Centro de Convenciones, la infraestructura portuaria de la bahía y el destino del Viejo San Juan, Patrimonio de la Humanidad.

La realización de estos beneficios potenciales requiere la adopción de medidas que permitan planificar, guiar y hacer realidad dicho desarrollo integrado.  Conviene, además, al interés público que su inversión provea para que el propio proyecto público que viabiliza y estimula los desarrollos pueda beneficiarse de los mismos, bien sea mediante generación de rentas o mediante la participación directa en el desarrollo conjuntamente con gobiernos locales y entidades privadas.  Este esfuerzo conjunto de entidades públicas y privadas en desarrollos que beneficien tanto a las entidades participantes como a la comunidad, resulta no solamente deseable, sino esencial para el adecuado desarrollo urbano, económico y social.  La certeza provista por la naturaleza contractual de los incentivos bajo la “Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico” provee una garantía esencial para la consecución de estos objetivos.

En ánimo de actualizar dicha Ley a las corrientes modernas a nivel mundial, en la búsqueda de soluciones a la recesión económica y al deterioro de nuestra calidad de vida, esta Asamblea Legislativa considera impostergable reformular la “Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico”, a fin de que se convierta en una herramienta que promueva la inversión en componentes de vivienda asequible de alquiler, servicios relacionados e infraestructuras para el desarrollo de sectores urbanos estratégicos, que contribuyan a crear las condiciones para que nuestras ciudades sean, nuevamente, motor de nuestro desarrollo económico.

De igual forma, a través de esta Ley se enmienda la Ley 73-2008 para incluir el desarrollo de propiedad intelectual como negocio e inversión elegible, permitiendo así que todos los negocios locales de propiedad intelectual también tengan acceso a inversión por medio de dicha ley.  Asimismo, se enmienda la Ley 73-2008 con los fines de eximir a los pequeños y medianos negocios, según definidos en la ley, del recobro del crédito por inversión industrial, para así estimular y fomentar la inversión en este tan importante sector empresarial.

Por otro lado, a través de esta Ley se enmienda la Ley 20-2012, según enmendada, mejor conocida como “Ley para Fomentar la Exportación de Servicios”, a los fines de eximir a las solicitudes de incentivos presentadas o a ser presentadas bajo la Ley 173-2014 de la limitación dispuesta en el inciso (c) del Artículo 4 de la Ley 20-2012, supra.

Además, es la intención de esta Asamblea Legislativa aprobar toda aquella legislación que facilite el proceso de restaurar y ocupar las estructuras abandonadas, que por sus condiciones constituyen amenazas a la salud, seguridad y bienestar de los residentes de las comunidades donde están situadas y de fortalecer la seguridad en las comunidades, propiciando la mejor calidad de vida y la autoestima de los residentes.  Esta medida persigue que los municipios puedan transformar estos espacios abandonados y en desuso convirtiéndolos en centros educativos, sociales y cívicos, una vez tengan el dominio de la propiedad y la capacidad de vender, ceder, donar o arrendar las mismas.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Se enmiendan el subinciso (L) del inciso (d) (1) y el inciso (p) de la Sección 2 de la Ley 73-2008, según enmendada, para que lean como sigue:

“Sección 2.- Definiciones.-

Para los fines de esta Ley, los siguientes términos, frases y palabras tendrán el significado y alcance que se expresa a continuación:

(a)    …

(d) Negocio Elegible.  —

(1) Los siguientes serán negocios elegibles a los fines de esta Ley:

(A)…

(L) Desarrollo de programas o aplicaciones (“software”) licenciados o patentizados, que se puedan reproducir en escala comercial y poseen los siguientes atributos: (1) El usuario interactúa con el programa para realizar tareas específicas de valor y (2) los modelos de negocios pueden envolver (a) la distribución de forma física, en la red cibernética o por computación de la nube y (b) los ingresos provienen del licenciamiento, suscripciones del programa y/o cargos por servicio.

Las siguientes tareas no añaden valor y se consideran no elegibles:

  1. Compañía de publicaciones de contenido en la red cibernética y su dispositivo de búsqueda.
  2. Compañía que utiliza la tecnología para dar un servicio y no tiene el recurso humano para el desarrollo de nuevos productos.
  3. Compañía donde el ingreso primario es por publicidad y mercadeo.
  4. El programa no contiene una metodología para realizar una tarea de valor.
  5. Programas que comprenden juegos de azar donde el ingreso es una apuesta.

(M)…

(R)…

(e)…

(p) Proyectos Estratégicos.-

Las siguientes unidades participantes en consorcios público-privados se considerarán proyectos estratégicos para fines de esta Ley:

(1) La limpieza, recuperación, conversión y restauración de los vertederos que han sido cerrados en Puerto Rico, incluyendo actividades de recuperación de metano y la limpieza de acuíferos;

(2) la construcción de embalses y/o represas, incluyendo toda infraestructura necesaria para su funcionamiento, a los fines de aumentar el almacenamiento y las reservas, y salvaguardar el valor de producción de agua de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la producción de energía hidroeléctrica; y la construcción de plantas de tratamiento de aguas usadas;

(3) la construcción de plantas para la producción de energía que utilicen combustibles alternos al petróleo y fuentes renovables. Disponiéndose, que a partir del tercer año de la vigencia de esta Ley, toda planta que solicite los beneficios de esta Ley bajo este párrafo (3) será de fuentes renovables y que a partir del sexto año de vigencia de esta Ley, toda planta que inicie operaciones a tenor con lo dispuesto en este párrafo tendrá que ser de fuentes renovables;

(4) la construcción de sistemas de transportación en masa, incluyendo, pero sin limitarse, a sistemas de transportación en masa de sistemas ferroviarios; y

(5) la construcción de componentes de vivienda asequible para alquiler, servicios relacionados o infraestructuras, en áreas adyacentes a sistemas de transportación en masa (“transit-oriented developments“) o el Frente Portuario de la Isleta de San Juan, previa recomendación del Departamento de la Vivienda, de conformidad con un plan de desarrollo para el área adoptado por la Junta de Planificación

(q)…

…”

Artículo 2.- Se enmiendan los incisos (g) (2) y (g) (3) de la Sección 5 de la Ley 73-2008, según enmendada, para que lean como sigue:

 

“Sección 5.- Créditos.-

(a)…

(g) Crédito por inversión en Proyectos Estratégicos.-

(1)…

(2) Para propósitos del crédito provisto en esta Sección, el término “Inversión Elegible en Proyectos Estratégicos”, significa la cantidad de efectivo, proveniente de cualquier fuente de financiamiento, utilizado por el negocio exento, o por cualquier entidad afiliada al negocio exento, en actividades de diseño, desarrollo y construcción de las estructuras, instalaciones, así como todas las infraestructuras para la operación de un proyecto estratégico. El término inversión elegible incluirá una inversión efectuada con el efectivo proveniente de un préstamo que esté garantizado por el propio negocio exento o por sus activos, o por cualquier entidad afiliada al negocio exento o por sus activos.

(3) Utilización del Crédito- El negocio exento podrá utilizar el crédito por inversión elegible para satisfacer hasta el cincuenta por ciento (50%) del monto de la contribución sobre ingresos dispuesta en el párrafo (a) de la Sección 3 de esta Ley, o contribución sobre ingresos aplicable bajo la ley de incentivos anterior bajo la cual se otorgó el decreto al negocio exento del año contributivo del negocio exento. Disponiéndose, que dicha limitación no aplicará en cuanto a los costos operacionales del negocio exento relacionados a energía eléctrica, agua y alcantarillado. Además, el crédito por inversión elegible en proyectos estratégicos para la construcción de componentes de vivienda asequible para alquiler, descrito en la Sección 2(p)(5) de esta Ley, será amortizable y reclamado en partes iguales por un término de diez (10) años. Disponiéndose además que, a partir de treinta (30) días luego de la vigencia de esta Ley, ningún nuevo decreto o renegociación de decretos bajo esta Ley incluirá ni contemplará crédito contributivo alguno en cuanto a los costos operacionales del negocio exento relacionados a energía eléctrica, agua y alcantarillado por inversión en proyectos estratégicos.

(4)…

…”

Artículo 3.- Se enmiendan el subinciso (B) del inciso (a) (1) y el inciso (e) de la Sección 6 de la Ley 73-2008, según enmendada, para que lean como sigue:

“Sección 6.  — Crédito por Inversión Industrial.  —

(a) A los fines de esta Sección, los siguientes términos tendrán los siguientes significados:

(1) …

(2) Inversión Elegible.  —

A los fines de este apartado, cualquiera de las siguientes inversiones se considerará como inversión elegible:

(A) …

(B) La cantidad de efectivo aportado a cambio de acciones corporativas o de participación social en el establecimiento de un negocio exento que posea un decreto concedido bajo esta Ley o leyes anteriores, considerado como una pequeña o mediana empresa, a tenor de lo dispuesto en el apartado (i) de la Sección 2 de esta Ley, que sea utilizado por el negocio exento para la: (i) construcción o mejoras de las facilidades físicas; y (ii) compra de maquinaria y equipo a ser dedicado exclusivamente a desarrollo industrial; o (iii) desarrollo de propiedad intelectual.

La cantidad de efectivo aportado a cambio de acciones corporativas o de participación social de un negocio exento considerado como una pequeña o mediana empresa a tenor de lo dispuesto en el inciso (i) de la Sección 2 de esta Ley, que sea utilizado por el negocio exento para la: (i) construcción o mejoras de las facilidades físicas; (ii) compra de maquinaria y equipo, a ser dedicado exclusivamente a desarrollo industrial en una expansión sustancial; y (iii) desarrollo de propiedad intelectual. Para cualificar como una expansión sustancial bajo este párrafo, la inversión deberá ser equivalente al menos a un cincuenta por ciento (50%) del valor en los libros de los activos operacionales del Negocio Exento al cierre de sus libros de contabilidad para el año anterior a la fecha de la expansión.

Cualquier otra inversión que no sea utilizada directamente y en su totalidad para los propósitos descritos en este apartado quedará excluida de la definición de inversión elegible de esta Ley.

El término inversión elegible no incluirá una inversión efectuada con el efectivo proveniente de un préstamo que esté garantizado por el propio negocio exento o por sus activos.

(3)…

(4)…

(b)…

(c)…

(d)…

(e) Ajuste de Base y Recobro del Crédito por Inversión Industrial.  —

(1) La base de toda inversión elegible se reducirá por la cantidad tomada como crédito por inversión industrial, pero nunca podrá reducirse a menos de cero.

(2) Si cualquier negocio exento, que dé origen al crédito por inversión industrial para generar un crédito bajo el apartado (a)(2)(A) de esta Sección, cesa operaciones como tal antes del vencimiento de un período de diez (10) años contados a partir del día de la inversión elegible, el inversionista adeudará, como contribuciones sobre ingresos, una cantidad igual al crédito por inversión industrial reclamado por dicho inversionista, multiplicado por una fracción cuyo denominador será diez (10) y cuyo numerador será el balance del período de diez (10) años que requiera este apartado.  La cantidad adeudada por concepto de contribución sobre ingresos será pagada en dos (2) plazos comenzando con el primer año contributivo siguiente a la fecha del cese de la actividad industrial.

(f)…”

Artículo 4.- Se enmienda el inciso (a) de la Sección 17 de la Ley 73-2008, según enmendada, para que lea como sigue:

“Sección 17.-Fondo Especial para el Desarrollo Económico-

En general.

(a)    El Secretario de Hacienda establecerá un fondo especial, denominado “Fondo Especial para el Desarrollo Económico”, al cual ingresará durante los primeros cuatro (4) años de vigencia de esta Ley, el cinco por ciento (5%) de los recaudos provenientes de la contribución sobre ingresos que paguen los negocios exentos bajo esta Ley o leyes de incentivos anteriores referente al ingreso de desarrollo industrial, así como de los recaudos por el pago de contribuciones retenidas por concepto de regalías relacionadas a las operaciones exentas bajo esta Ley o leyes de incentivos anteriores. Comenzando con el quinto año de vigencia de esta Ley, ingresará al fondo el siete punto cinco por ciento (7.5%) de las partidas antes dispuestas en lugar del cinco por ciento (5%) dispuesto para el período inicial de cuatro (4) años. Disponiéndose sin embargo, que de forma excepcional, para el Año Fiscal 2015-2016, ingresará al fondo el cuatro por ciento (4%) de las partidas antes dispuestas, y el tres punto cinco por ciento (3.5%) se transferirá al Fondo de Responsabilidad Legal 2015-2016. Si la suma producto de esta última transferencia no excediere de catorce millones doscientos sesenta y tres mil doscientos dólares ($14,263,200), el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto realizará los ajustes correspondientes en las asignaciones a ser sufragadas con cargo al Fondo de Responsabilidad Legal 2015-2016. Si la suma excediere de catorce millones doscientos sesenta y tres mil doscientos dólares ($14,263,200), el exceso ingresará al Fondo General. Disponiéndose además que comenzando con el noveno año de vigencia de esta Ley, ingresará al fondo el diez por ciento (10%) de las partidas antes dispuestas en lugar del siete punto cinco por ciento (7.5%) antes dispuesto.

Anualmente se destinarán, con carácter de prioridad sobre cualquier otro propósito dispuesto en esta Sección, la cantidad de un millón de dólares ($1,000,000) para el funcionamiento y operación del Portal Interagencial de Validación para la Concesión de Incentivos para el Desarrollo Económico de Puerto Rico, adscrito al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Será responsabilidad del Director Ejecutivo establecer con el Director Ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico los mecanismos necesarios para la consecución de la asignación dispuesta para el referido Portal. Esta asignación de fondos no requerirá la aprobación de la Junta de Directores de la Compañía de Fomento Industrial. No obstante, se permite al Secretario de Desarrollo Económico ordenar a la Compañía de Turismo y/o a la Compañía de Comercio y Exportación a transferir al fondo aquí establecido, las cantidades necesarias para sufragar en todo o en parte, el millón de dólares ($1,000,000) dispuesto en esta Ley en favor del Portal Interagencial de Validación para la Concesión de Incentivos para el Desarrollo Económico de Puerto Rico, adscrito al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.

Además, de la cantidad que ingrese al fondo especial aquí dispuesto se destinará anualmente un cinco por ciento (5%) de dicha cantidad para el establecimiento y desarrollo de los proyectos estratégicos contemplados en el subinciso (5) del inciso (p) de la Sección 2 de esta Ley. El Secretario de Hacienda y el Secretario de la Vivienda establecerán los mecanismos y acuerdos pertinentes para la transferencia de este fondo.

Los dineros del Fondo Especial aquí establecido serán administrados por el Director Ejecutivo y se utilizarán, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, exclusivamente para los siguientes propósitos:

(1) Incentivos especiales para la investigación científica y técnica y el desarrollo de nuevos productos y procesos industriales, lo cual podrá llevarse a cabo, entre otros, directamente o en acuerdos con agencias gubernamentales o con universidades públicas y privadas o con cualquier persona natural o jurídica con conocimiento y experiencia; así como para el Programa de Incentivos Industriales, que administra la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico en apoyo a sus esfuerzos de promoción industrial incluyendo el mejoramiento y desarrollo de propiedades industriales.

(2) El desarrollo e implantación de programas especiales de autoempleo o microempresas encaminados a contrarrestar el problema de las personas o familias que, por razón del desempleo crónico o cualesquiera otras consideraciones, estén en rezago económico o marginadas y para cuya rehabilitación se requiera acción gubernamental más allá de los servicios tradicionales de la Rama Ejecutiva para integrarlos a las corrientes modernas del desarrollo socioeconómico.

(3) Proveer incentivos especiales para el establecimiento en Puerto Rico de industrias de importancia estratégica para el Gobierno, incluyendo la inversión de fondos de capital de riesgo que promuevan este tipo de industria previa autorización del Banco de Desarrollo Económico.

(4) Proveer incentivos especiales para la adquisición de negocios exentos por su gerencia.

(5) Proveer incentivos especiales en el establecimiento de programas para incentivar y promover inversión, tecnología y capacitación de pequeñas y medianas empresas.

(6) Proveer apoyo financiero a empresas comunitarias, según ese término se define en el apartado (r) de la Sección 2 de esta Ley.

(7) Proveer incentivos especiales para el establecimiento y desarrollo de los Proyectos Estratégicos en esta Ley.

(8) Proveer incentivos especiales para investigación y desarrollo, dirigidos a bio-ciencias, tecnología de información, bio-médica e ingeniería aeronáutica.

(9) El veinte por ciento (20%) de los dineros que ingresen al Fondo Especial se destinarán al Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación, creado por la Ley Núm.  214 de 18 de agosto de 2004, no menos del cuarenta por ciento (40%) de los cuales se utilizarán para proyectos de investigación en instituciones de educación superior privadas sin fines de lucro.

(10) Apoyo a entidades o programas dedicadas a adelantar las siguientes iniciativas:

(A) El establecimiento de redes de acceso público de Internet y otras iniciativas dirigidas a reducir la brecha digital (“digital divide”) en Puerto Rico.

(B) La prestación de servicios de asesoría en el campo de sistemas de información para pequeñas y medianas empresas.

(C) El establecimiento de centros de incubación que proporcionen una estructura de apoyo y un marco adecuado para el establecimiento y desarrollo de nuevas empresas mediante recursos especializados.

(D) El establecimiento de centros y programas de adiestramiento en sistemas de información y comunicación para personas desempleadas a través de toda la Isla.

(E) El establecimiento de programas educativos a todos los niveles con énfasis en idiomas, ciencias y matemáticas.

(11) Apoyo a las iniciativas regionales, según definidas en el inciso (v) de la Sección 2 de esta Ley, o a otras entidades, para propósitos de desarrollo de empresas, investigación y desarrollo, construcción y operación de incubadoras y otros propósitos mencionados en esta Sección.

El Director Ejecutivo, tendrá la discreción necesaria y suficiente para la utilización de los dineros del Fondo Especial, siempre que dicha utilización conduzca al logro de los fines antes dispuestos.  Asimismo, establecerá mediante reglamento en consulta con el Secretario de Desarrollo, los criterios a utilizar para el desembolso de los dineros del Fondo Especial para el Desarrollo Económico que aquí se establece.  Toda asignación de dineros del Fondo Especial deberá ser aprobado por la Junta de Directores de la Compañía de Fomento Industrial.

(b)…”

Artículo 5.- Se enmienda el inciso (c) del Artículo 4 de la Ley 20-2012, según enmendada, mejor conocida como “Ley para Fomentar la Exportación de Servicios”, para que lea como sigue:

“Artículo 4.  –Tasa Fija de Contribución sobre Ingresos.-

(a)…

(b)…

(c) Limitación de Beneficios.-

(i)   En el caso de que a la fecha de la presentación de la solicitud de decreto, conforme a las disposiciones de esta Ley, un negocio elegible estuviese dedicado a la actividad para la cual se conceden los beneficios de esta Ley o haya estado dedicado a dicha actividad en cualquier momento durante el período de tres (3) años contributivos anteriores a la fecha de someter la solicitud, el cual se denomina como “Período Base”, el negocio elegible podrá disfrutar de la tasa fija de contribución sobre ingreso que dispone el Artículo 4, únicamente en cuanto al incremento del ingreso neto de dicha actividad que genere sobre el ingreso neto promedio del Período Base, el cual se denomina como “Ingreso de Período Base”, para fines de este apartado.

(ii)  A los fines de determinar el Ingreso de Período Base, se tomará en cuenta el ingreso neto de cualquier negocio antecesor del negocio solicitante.  Para estos propósitos, “negocio antecesor” incluirá cualquier operación, actividad, industria o negocio llevado a cabo por otro negocio y que haya sido transferido, o de otro modo adquirido, por el negocio solicitante, y sin considerar si estaba en operaciones bajo otro nombre legal, o bajo otros dueños.

(iii) El ingreso atribuible al Ingreso de Período Base estará sujeto a las tasas de contribución sobre ingresos que dispone el Código, excepto en el caso de entidades con decretos de exención contributiva bajo la Ley 73-2008 y Ley 135-1997, en cuyo caso aplicará la tasa fija establecida en el decreto, y la distribución de las utilidades y beneficios provenientes de dicho ingreso no calificará para el tratamiento dispuesto en el Artículo 6 de esta Ley.

Disponiéndose que la limitación de beneficios impuesta bajo este inciso (c) no será de aplicación a solicitudes de incentivos presentadas o a ser presentadas bajo la Ley 173-2014.”

Artículo 6.-Se añade un nuevo inciso (c) y se reenumera el actual inciso (c) como (d) al  Artículo 8 de la Ley 31-2012, según enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo 8.-Declaración de Estorbo Público; Efectos.-

La declaración de estorbo público tendrá los siguientes efectos:

(a)    El Municipio podrá disponer la rotulación del inmueble como estorbo público.

(b)   El Municipio podrá realizar la tasación de la propiedad, a ser hecha por un tasador con licencia para ejercer en Puerto Rico, para determinar su valor en el mercado.

(c)    El Municipio podrá solicitar al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales la certificación de deuda de contribución sobre la propiedad.

(d)   El Municipio podrá expropiar el inmueble por motivo de utilidad pública. Disponiéndose que cuando el inmueble objeto de expropiación tenga deudas, intereses, recargos o penalidades con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales sobre la contribución a la propiedad se le restará la cantidad adeudada al valor de tasación al momento de calcular la justa compensación. Una vez se le transfiera la titularidad al Municipio, toda deuda, intereses, recargo o penalidades con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales será cancelada en su totalidad.”

Artículo 7.-Se enmienda el inciso (e) del Artículo 10 de la Ley 31-2012, según enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo 10.-Intencion de Adquirir; Expropiación.-

Las propiedades incluidas en el Inventario de Propiedades Declaradas como Estorbo Público podrán ser objeto de expropiación por el Municipio, para su transferencia a toda persona que esté en disposición de adquirirla para su reconstrucción y restauración. Ninguna persona podrá adquirir más de una propiedad según el procedimiento establecido en esta Ley. Se observará el procedimiento siguiente:

(a)    El adquirente le notificará al Municipio de su intención de adquirir el inmueble de que se trate.

(b)   …

(c)    …

(d)   …

 

(e)    La demanda de expropiación se presentará por el Municipio de conformidad con las disposiciones de la Regla 58 de Procedimiento Civil de 2009. Disponiéndose que, bajo la Regla 58 de Procedimiento Civil el pleito judicial, desde la contestación a la demanda o la anotación en rebeldía, en caso de no contestar la demanda en el tiempo estipulado por las Reglas de Procedimiento Civil, hasta la resolución en sus méritos, no podrá exceder de un (1) año.

(f)    …”

Artículo 8.-Se añade un Artículo 10(a) en la Ley 31-2012, según enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo 10(a).Propiedades sin titular ni heredero; Herencias ab intestato.-

Cuando un inmueble declarado estorbo público no tenga titular o dueño vivo alguno ni heredero que lo reclame, aplicarán las disposiciones respecto a la herencia ab intestato de los Artículos 912 al 913 del Código Civil y cuando el inmueble tenga heredero(s) que lo reclamen pero haya pasado más de diez (10) años, luego de haber sido declarado estorbo público, sin ser reclamado el mismo será adjudicado al municipio donde este sito. El Inventario de Propiedades Declaradas Estorbo Público, identificará las propiedades inmuebles que sean adjudicadas a los municipios por herencia. Los Municipios podrán vender, ceder, donar o arrendar estas propiedades conforme lo establece esta Ley y la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como la “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado”.”

Artículo 9.-Se enmienda la Sección 4 de la Ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada, para que lea como sigue:

“Sección 4.-Inicio del procedimiento de expropiación forzosa.

En todos los casos en que por una ley se autorice la adquisición de una propiedad o cualquier derecho o servidumbre sobre la misma para fines públicos o declarada una propiedad o cualquier derecho o servidumbre sobre la misma de utilidad pública en los casos en que fuere necesaria tal declaración, o sin ella cuando dicha declaración no fuere necesaria, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o el funcionario, persona, agencia, autoridad, instrumentalidad o cualquier otra entidad u organismo autorizado por ley podrá expropiarla mediante la correspondiente acción de expropiación forzosa instituida en la sala de San Juan del Tribunal de Primera Instancia, en la forma ordinaria dispuesta por ley para el ejercicio de las acciones civiles. Dicho procedimiento de expropiación se llevará a cabo siguiendo las disposiciones de la Regla 58 de Procedimiento Civil o de la Regla 60 de Procedimiento Civil, según aplique. El procedimiento será in rem, y el demandante puede incluir, si así lo cree conveniente en la misma demanda, una o más propiedades, pertenezcan o no al mismo dueño. Disponiéndose, que cuando la totalidad de una propiedad a ser expropiada sea el resultado de la agrupación de dos o más propiedades o parcelas que por colindar entre sí forman un solo cuerpo de bienes, bien pertenezcan o no al mismo dueño, dicha propiedad a ser expropiada podrá describirse en la demanda como si fuera un solo cuerpo de bienes a todos los fines del procedimiento. La demanda podrá ir dirigida contra los dueños de la propiedad, sus ocupantes y todas las demás personas con derecho o interés sobre la misma; o podrá ir dirigida contra la propiedad en sí. Cuando ocurriere esto último, en la demanda se mencionarán, hasta donde sea posible al demandante determinarlo, los nombres de todas aquellas personas que como dueños, ocupantes, o poseedores de cualquier derecho o interés sobre la propiedad deben ser notificados del procedimiento a los fines del derecho que puedan tener a la compensación que se fije por el valor de la propiedad expropiada, o a los daños que el procedimiento ocasione.”

Artículo 10.Se enmienda el inciso 5 de la Sección 5(a) de la Ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada, para que lea como sigue:

“Sección 5(a).-Declaración de adquisición; investidura del título y derecho a compensación.

En cualquier procedimiento entablado o que se entable por y a nombre bajo la autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o Gobierno Estatal, bien actúe en tales procedimientos el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o Gobierno Estatal por propia iniciativa y para su propio uso o bien a requerimiento de cualquier agencia o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y en todo procedimiento entablado o que se entable por y a nombre de la Autoridad de Hogares de Puerto Rico, de cualquier Autoridad Municipal de Hogares, de cualquier municipio de Puerto Rico para la expropiación o adquisición de cualquier propiedad para uso público, el peticionario o demandante podrá radicar dentro de la misma causa, al tiempo de radicar la demanda o en cualquier momento antes de recaer sentencia, una declaración para la adquisición y entrega material de la propiedad objeto de expropiación, firmada dicha declaración por la persona o entidad autorizada por ley para la expropiación correspondiente, declarando que se pretende adquirir dicha propiedad para uso del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o Gobierno Estatal, o de la agencia o instrumentalidad gubernativa que la hubiere requerido, o de cualquier otro peticionario o demandante. Dicha declaración sobre adquisición y entrega material deberá contener y estar acompañada de:

(1)   Una relación de la autoridad bajo la cual se pretende adquirir la propiedad y el uso público para el cual se pretenda adquirirla.

(2)   …

(3)   …

(4)   …

(5)   Una fijación de la suma de dinero estimada por la autoridad adquirente como justa compensación de la propiedad que se pretende adquirir. Disponiéndose que en el caso de aquellas propiedades que hayan sido declaradas estorbos públicos, y sean objeto de expropiación por parte de un Municipio por motivo de utilidad pública, y las mismas deban alguna cantidad por el concepto de contribución sobre la propiedad inmueble, la suma de dinero como justa compensación será el valor de tasación menos las deudas por contribución a la propiedad, incluyendo deudas, intereses, recargos o penalidades.

…”

Artículo 11.- Separabilidad

Si cualquier parte, inciso, artículo o sección de esta Ley fuera declarada inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada se limitará a la parte, inciso, artículo o sección declarada inconstitucional, y no afectará ni invalidará el resto de las disposiciones de esta Ley.

Artículo 12.- Vigencia

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente luego de su aprobación.

Ley para Fomentar las Industrias Creativas de Puerto Rico, Ley Núm. 13 de 2014

Ley Núm. 173 del año 2014

(P. del S. 655); 2014, ley 173

 

Ley para Fomentar las Industrias Creativas de Puerto Rico.

LEY NUM. 173 DE 13 DE OCTUBRE DE 2014

 

Para crear la “Ley para Fomentar las Industrias Creativas”; disponer la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para estimular y promover las industrias creativas; establecer las funciones de la Compañía de Comercio y Exportación con respecto a las industrias creativas; crear el Consejo Asesor de las Industrias Creativas y establecer sus funciones; asignar un millón (1,000,000) de dólares a la Compañía de Comercio y Exportación; añadir un inciso (ff) al Artículo 5.01 de la Ley 83-1991, según enmendada, conocida como la “Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991”; enmendar el subinciso (v) del inciso (k) del Artículo 3 y los subincisos (i) e (ii) del inciso (a) del Artículo 5 de la Ley 20-2012, según enmendada, conocida como la “Ley para Fomentar la Exportación de Servicios”, establecer elegibilidad bajo la Ley 62-2014, mejor conocida como la “Ley de Apoyo a la Microempresa, al Pequeño y Mediano Comerciante”; establecer elegibilidad bajo la Ley 120-2014, mejor conocida como la “Ley de Incentivos para la Generación y Retención de Empleos en PyMEs”; para extender beneficios a las industrias creativas; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pueblo de Puerto Rico enfrenta serios retos económicos en la actualidad. Particularmente, la segunda década del Siglo XXI ha estado marcada por el colapso de la estructura económica del país, unido a una crisis sin precedentes en las finanzas públicas. Los economistas coinciden en que en el año 2006, la economía puertorriqueña entró en un período recesionario del que todavía no se ha recuperado. Citamos del economista Gustavo Vélez:

“La primera década del nuevo siglo y milenio no fue buena para Puerto Rico. Por primera vez desde el inicio del proyecto de industrialización, a mediados del siglo veinte, la economía experimentó un estancamiento estructural. Los economistas le hemos llamado a este período la década perdida, toda vez que hubo un retroceso económico y social, debido a la profunda recesión que comenzó en el 2006 y que aún persiste.

Diez años en la historia de un País es mucho tiempo, y si se toma en consideración los profundos cambios económicos y tecnológicos que ocurrieron en el primer decenio del milenio, el efecto sobre el futuro puede ser mayor.

Mientras Puerto Rico dormía, otras economías lograron avanzar, y no muy lejos de nosotros, países como Brasil, Panamá, Colombia, Chile y República Dominicana, entre otros, fueron capaces de crecer y adelantar sus agendas económicas. Fuera de Haití, todas las economías del hemisferio adaptaron sus estructuras productivas a los nuevos retos de una economía global más compleja y competitiva.

El efecto neto es que Puerto Rico ha perdido ventajas competitivas en el hemisferio y que para recuperar el terreno perdido hay que trabajar arduamente y tomar las decisiones correctas para alcanzar y superar a nuestros competidores. Luego de ser un modelo a seguir, la economía ha perdido relevancia global.” Gustavo Vélez, La Próxima Década, publicado en El Nuevo Día, 22 de abril de 2012.

La crisis actual requiere medidas audaces e innovadoras para reinventar la estructura económica de nuestro País. Como indica Florida, “la historia señala que los cambios sociales que perduran ocurren, no durante los tiempos de crecimiento económico (como en las décadas de  1920 y 1990), sino en periodos de crisis y cuestionamientos [como en la década de 1930 y en la década actual]. Lo que enfrentamos es construir una nueva forma de cohesión social apropiada para la nueva Edad Creativa; las viejas formas ya no funcionan, porque no se ajustan a las personas en las cuales nos hemos convertido.” Richard Florida, The Rise of the Creative Class, Revisited, xxiv [prólogo a la edición original] (2012).

Una de las alternativas para salir del atolladero y recesión permanente en el que se encuentra Puerto Rico es aprovechar las fuentes de creatividad e innovación de nuestra gente, recursos naturales que existen y deben ser utilizados al máximo.  Como también indica Florida, “la labor esencial ante nosotros es sacar a la luz las energías creativas, talento y potencial de todos, para construir una sociedad que reconozca y propicie la creatividad en cada ser humano. La creatividad es verdaderamente un recurso ilimitado; es algo que todos compartimos.” Véase a Florida, supra, en la pág. xi [prólogo a la edición original].

Las industrias creativas son un sector emergente de vasta productividad en las economías de diversos países, e incluso ciudades. El concepto industrias creativas es relativamente reciente, y puede variar dependiendo de las decisiones de política pública que toman los países o ciudades que deciden incentivarlas. De conformidad con el modelo británico puesto en práctica desde 1997, con la creación del Creative Industries Task Force, las industrias creativas se definen como aquellas industrias que requieran creatividad, pericia y talento, y que tienen el potencial de crear riqueza y empleos. United Nations Conference on Trade and Development, Creative Economy Report 2010, 6 (http://unctad.org/en/docs/ditctab20103_en.pdf). Por su parte, una entidad de la Organización de las Naciones Unidas, la United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), definió a las industrias creativas como “cualquier actividad económica que produzca productos simbólicos que dependan mayormente de propiedad intelectual y que tenga potencial de llegarle a un mercado amplio”. Con mayor detalle, UNCTAD expresó que las industrias creativas:

  1. Son el ciclo de creación, producción y distribución de bienes y servicios que utilizan la creatividad y el capital intelectual como medio o herramienta principal.
  2. Constituyen actividades basadas en conocimiento y enfocadas en, pero sin limitarse a, las artes, potencialmente generando ingresos que surgen del comercio y los derechos de propiedad intelectual.
  3. Incluyen productos tangibles y servicios artísticos o intelectuales intangibles con contenido creativo, valor económico y objetivos de mercado.
  4. Se sitúan entre los artesanos, los servicios y los sectores industriales.
  5. Constituyen un nuevo sector dinámico en el comercio mundial. Véase Creative Economy Report 2010supra, en las págs. 7-8.

El concepto “economía creativa” fue popularizado por el autor John Howkins con la publicación de su libro THe Creative Economy: How People Make Money and Ideas (2001). En la introducción al libro, Howkins indica que “la creatividad no es necesariamente una actividad económica, pero se puede tornar en una actividad económica cuando se produce una idea con implicaciones económicas o se crea un producto mercadeable”.

Como destaca un informe fundamental de la Organización de las Naciones Unidas sobre las industrias creativas,

“In 2008, the eruption of the world financial and economic crisis provoked a drop in global demand and a contraction of 12 per cent in international trade. However, world exports of creative goods and services continued to grow, reaching $592 billion in 2008 — more than double their 2002 level, indicating an annual growth rate of 14 percent over six consecutive years. This is a confirmation that the creative industries hold great potential for developing countries that seek to diversify their economies and leapfrog into one of the most dynamic sectors of the world economy.” United Nations Conference on Trade and Development, Creative Economy Report 2010, 254 (http://unctad.org/en/docs/ditctab20103_en.pdf).

Según la UNCTAD, la noción de “empresarios creativos” está ganando terreno para caracterizar a personas exitosas, talentosas y emprendedoras, capaces de transformar ideas en productos o servicios creativos para la sociedad. Véase Creative Economy Report 2010supra, en la pág. 38. Estos empresarios se convierten en agentes de cambio que además del impacto económico contribuyen a la innovación, cohesión social y la regeneración de espacios urbanos. Por la naturaleza de las industrias creativas, gran parte de la actividad económica se genera en pequeñas empresas, por lo que resulta necesario desarrollar mecanismos para potenciar su desarrollo.

Las industrias creativas pueden y deben incentivarse desde el gobierno central, pero la tendencia mundial es que las ciudades, e incluso sectores dentro de las mismas ciudades, asumen un papel central en fomentar la economía creativa. Según Florida, “las ciudades son las unidades clave de organización social y económica de la Era Creativa”. De ahí el surgimiento de las “ciudades creativas”, como se han conceptuado Londres, Berlín, Toronto, Vancouver, Cincinnati, y Tampa Bay en Florida, entre otras.

Por todo lo cual, es de rigor que se fomenten las industrias creativas en Puerto Rico tanto desde el gobierno central del Estado Libre Asociado, así como desde sus municipios. El objetivo principal de esta ley es crear un ecosistema de industrias creativas entre el sector público, la empresa privada, la academia, y las comunidades, tanto a nivel general en Puerto Rico, pero con mayor énfasis en los esfuerzos basados en sectores estratégicos de nuestros municipios.

Esta Asamblea Legislativa entiende necesario crear la política pública para fomentar las industrias creativas como elementos clave de creación de riqueza y empleos en Puerto Rico.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

 

Artículo 1.-Título.

Esta Ley se conocerá como “Ley para Fomentar las Industrias Creativas de Puerto Rico”.

Artículo 2.- Declaración de Política Pública.

Se declara como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico estimular y promover a las industrias creativas, tanto existentes como potenciales. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias e instrumentalidades, corporaciones públicas, y los municipios, por sí y en conjunción con sectores de la sociedad civil, empresarial y la Academia, estarán obligados a tomar las medidas correspondientes para promover e incentivar a las industrias creativas como elementos clave de creación de riqueza y empleos.

Artículo 3.- Definiciones.

A los efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que se expresa a continuación:

(a)    Creatividad- la habilidad de traer a la existencia un objeto o forma artística, una solución a un problema o método o dispositivo, la creación de una obra de arte o una nueva combinación de elementos existentes.

(b)    Industrias Creativas- Para fines de esta Ley, se consideran Industrias Creativas aquellas empresas con potencial de creación de empleos y riqueza, principalmente a través de la exportación de bienes y servicios creativos en los siguientes sectores: Diseño (gráfico, industrial, moda e interiores); Artes (música, artes visuales, escénicas y publicaciones); Medios (desarrollo de aplicaciones, videojuegos, medios en línea, contenido digital y multimedios); Servicios Creativos (arquitectura y educación creativa) .

(c)    Grupos Creativos- redes y asociaciones que se crean entre empresas o industrias creativas para estimular actividades comunes, eslabonamientos entre sí, o lograr economías a escala.

Artículo 4.- Responsabilidad Primaria.

La Compañía de Comercio y Exportación tendrá la responsabilidad primaria de implantar la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre las industrias creativas, conforme dispone esta Ley.

Artículo 5.- Funciones de la Compañía de Comercio y Exportación.

La Compañía de Comercio y Exportación tendrá las siguientes funciones:

(a)    Formular la política pública para la promoción y desarrollo de las industrias creativas en Puerto Rico;

(b)   Crear programas para apoyar y fomentar a las industrias creativas, por sí o en coordinación con otras agencias o departamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, municipios y corporaciones públicas;

(c)    Realizar seminarios e investigaciones sobre las industrias creativas;

(d)   Diseminar información del impacto económico, social y cultural de los derechos de propiedad intelectual creado por las industrias creativas en la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico;

(e)    Diseñar herramientas para asistir a creadores individuales y grupos creativos en la venta de sus productos en el mercado local y global;

(f)     Colaborar con auspiciadores públicos y privados para fomentar actividades involucradas con las industrias creativas, de tal manera que se creen y fomenten proyectos de cooperación técnica entre las mismas;

(g)    Promover eslabonamientos entre los individuos o grupos creativos involucrados en las industrias creativas;

(h)    Trabajar junto al Consejo Asesor de las Industrias Creativas para adelantar la política pública dispuesta en esta Ley;

(i)      Realizar todas aquellas gestiones que ayuden a fomentar a las industrias creativas en Puerto Rico.

Artículo 6.- Consejo Asesor de las Industrias Creativas.

Se crea el Consejo Asesor de las Industrias Creativas, compuesto por nueve (9) miembros: dos (2) representantes por cada uno de los siguientes sectores de las industrias creativas: Diseño, Artes, Medios y Servicios Creativos; y un (1) representante de la Academia, quienes serán designados por el Director Ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación, para ejercer en sus puestos por un término de cuatro (4) años, ad honorem. El Presidente del Consejo Asesor será seleccionado por el Director Ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación. Serán miembros ex officio del Consejo Asesor, sin derecho a voto, el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el Director de la Compañía de Comercio y Exportación, el Director de la Compañía de Fomento Industrial, el Director Ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica de Puerto Rico, el Director Ejecutivo del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación y el Director Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

Artículo 7.- Funciones del Consejo Asesor de las Industrias Creativas.

El Consejo Asesor de las Industrias Creativas tendrá las siguientes funciones:

(a)    Formular recomendaciones de política pública para la promoción y desarrollo de las industrias creativas en Puerto Rico;

(b)   Desarrollar mayor conciencia y comprensión de las industrias creativas y su contribución a la economía de Puerto Rico;

(c)    Formular estrategias para que el gobierno, el sector privado y la academia puedan trabajar juntos en el desarrollo y promoción de las industrias creativas;

(d)   Preparar un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo para desarrollar a las industrias creativas identificadas en esta Ley, enfocado en la creación de riqueza y empleos y en su capacidad de exportación;

(e)    Realizar todas aquellas gestiones que ayuden a fomentar a las industrias creativas en Puerto Rico.

Artículo  8.- Registro de las Industrias Creativas.

Los individuos o grupos creativos que interesen acogerse a los beneficios o incentivos provistos por las leyes o reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o por ordenanzas emitidas por los municipios de Puerto Rico, deberán registrarse en el Registro de las Industrias Creativas que a esos fines establecerá la Compañía de Comercio y Exportación. A tales efectos, la Compañía de Comercio y Exportación deberá establecer mediante reglamento el procedimiento de registro de las industrias creativas y el otorgamiento de una certificación a los fines de demostrar que están registrados de conformidad con las disposiciones de esta Ley.

Artículo  9.- Estadísticas de las Industrias Creativas.

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico creado por la Ley 209-2003, según enmendada, preparará un informe anual sobre índices sociales, económicos, estadísticas, aspectos laborales, entre otros, que sean necesarios para el desarrollo de las industrias creativas en Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico colaborará con el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico en la preparación y análisis de la información ordenada por esta Ley. El Consejo Asesor de las Industrias Creativas y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico podrán acordar áreas adicionales a las dispuestas mediante esta Ley, a fin de incluirse en el referido informe.

Artículo 10.- Industrias Creativas y el Sistema de Educación Pública y Privada.

Para asegurar un constante suministro de talentos creativos y para estimular la creatividad y la innovación en los estudiantes del sistema de educación pública del País, el Consejo Asesor de las Industrias Creativas deberá proponer medidas que fomenten la conexión entre creatividad, educación y desarrollo económico, en aras de estimular el potencial creativo de la juventud. El Consejo Asesor de las Industrias Creativas trabajará a esos efectos en coordinación con el Departamento de Educación, la Escuela de Artes Plásticas y el Conservatorio de Música, así como entidades privadas de educación.

Artículo 11.- Encuentro Anual de las Industrias Creativas.

La Compañía de Comercio y Exportación y el Consejo Asesor, en coordinación con las dependencias del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y el Instituto de Cultura Puertorriqueña, realizarán un Encuentro Anual de las Industrias Creativas para promover dichas industrias y fomentar eslabonamientos entre individuos y grupos creativos en Puerto Rico y a nivel internacional.

Artículo 12.- Promoción Internacional de las Industrias Creativas de Puerto Rico.

Se le ordena a la Compañía de Comercio y Exportación establecer estrategias y asistir en la promoción internacional de las industrias creativas sujetas a esta Ley y debidamente registradas en el Registro de Industrias Creativas creado de conformidad con esta Ley.

Artículo 13.- Asignaciones  a la Compañía de Comercio y Exportación.

Se asigna a la Compañía de Comercio y Exportación la cantidad de un millón de dólares ($1,000,000) del “Fondo para la Promoción de Empleos y Actividad Económica” creado por la Ley 73-2014, bajo el control y custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, a fin de cumplir con los objetivos de esta Ley. En años subsiguientes, los fondos necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta Ley serán consignados mediante Resolución Conjunta del Presupuesto General de Gastos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Artículo 14.- Reglamentos.

La Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico adoptará la reglamentación necesaria para el cumplimiento de los propósitos de esta Ley, de conformidad con la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, dentro de un término que no excederá noventa (90) días contados a partir de la vigencia de esta Ley. La ausencia de algún reglamento contemplado en esta Ley no impedirá la aplicación de la misma.

Artículo 15.- Se añade un inciso (ff) al Artículo 5.01 de la Ley Núm. 83-1991, según enmendada, conocida como la “Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991” con el fin de que lea como sigue:

“Artículo 5.01.-Propiedad exenta de la imposición de contribuciones

Estarán exentos de tributación para la imposición de toda contribución sobre la propiedad mueble e inmueble los siguientes bienes:

(a)    …

(ff) Propiedades muebles o inmuebles pertenecientes a las industrias creativas,  que sean utilizadas para tales fines y registradas de conformidad con lo dispuesto en la “Ley para Fomentar las Industrias Creativas de Puerto Rico”, en casos en los cuales el Municipio opte por emitir una ordenanza autorizando tales exenciones, de manera parcial o total, y en la manera que mejor se entienda conveniente para fomentar el establecimiento y desarrollo de dichas industrias.”

Artículo 16.- Se enmienda el subinciso (v) del inciso (k) del Artículo 3 de la Ley 20-2012, según enmendada, conocida como “Ley para Fomentar la Exportación de Servicios”, para que lea como sigue:

“Artículo 3. — Definiciones. —

Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos, frases y palabras tendrán el significado y alcance que se expresa a continuación, excepto donde claramente indique lo contrario, y los términos utilizados en singular incluirán el plural y viceversa:

(a)    …

(b)   …

(c)    ….

(k)   Servicios Elegibles. — Servicios elegibles incluyen los siguientes servicios que, a su vez, sean considerados servicios para exportación:

(i)      …

(ii)    …

(iii)   …

(iv)  …

(v)    Industrias Creativas definidas por ley como aquellas empresas con potencial de creación de empleos y riqueza, principalmente a través de la exportación de bienes y servicios creativos en los siguientes sectores: Diseño (gráfico, industrial, moda, interiores); Artes (música, artes visuales, escénicas y publicaciones); Medios (desarrollo de aplicaciones, videojuegos, medios en línea, contenido digital y multimedios); Servicios Creativos (arquitectura y educación creativa).”

Artículo 17. – Se enmiendan los subincisos (i) y (ii) del inciso (a) del Artículo 5, de la Ley 20-2012, según enmendada, conocida como “Ley para Fomentar la Exportación de Servicios”, para que lea como sigue:

“Artículo 5. — Contribuciones sobre la Propiedad Mueble e Inmueble.

(a) En General. —

(i) Excepto según se dispone en el párrafo (ii) de este apartado, la propiedad mueble e inmueble de un negocio elegible al amparo de las disposiciones del Artículo 3, inciso (k), subincisos (v), (viii), (xii) y (xiii) de esta Ley, utilizada en la operación de la actividad cubierta bajo decreto, gozará de un noventa por ciento (90%) de exención sobre las contribuciones municipales y estatales durante el período de exención establecido en el Artículo 8 de esta Ley.

(ii) La propiedad mueble e inmueble de un negocio elegible descrito en el Artículo 3, inciso (k), subincisos (v), (viii), (xii) y (xiii) de esta Ley estará totalmente exenta de contribución sobre la propiedad mueble e inmueble durante los primeros cinco (5) años a partir del comienzo de operaciones.

(b)…”

Artículo 18.-  Elegibilidad a beneficios de la Ley 62-2014, conocida como “Ley de Apoyo a la Microempresa, al Pequeño y Mediano Comerciante”

Las Industrias Creativas certificadas bajo esta Ley podrán participar de los procedimientos de permisos de uso expeditos, programas de reservas en las compras de gobierno, programas preferenciales de rentas, procedimientos de solicitud preferentes de acceso a las reservas destinadas para la subvención de los micro, pequeños y medianos negocios del Fondo para el Fomento de Oportunidades de Trabajo y Adiestramiento, y de otros incentivos generales adicionales a tenor con los procedimientos generales sobre elegibilidad y requisitos establecidos en la Ley 62-2014, conocida como “Ley de Apoyo a la Microempresa, al Pequeño y Mediano Comerciante”.

Artículo 19.- Elegibilidad a beneficios de la Ley 120-2014, conocida como “Ley de Incentivos para la Generación y Retención de Empleos en PyMEs”

Las Industrias Creativas certificadas bajo esta Ley podrán participar de los beneficios e incentivos propuestos por la Ley 120-2014 en caso de suscribir un acuerdo como PyMEs Elegible con la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (CCE).

Artículo 20.- Cláusula de derogación.

Todas las leyes, reglas y reglamentos, o partes de cada una, inconsistentes con las disposiciones de esta Ley, estarán derogadas o modificadas de conformidad a lo establecido  en esta Ley.

Artículo 21.- Cláusula de Separabilidad.

Si cualquier artículo, inciso, parte, párrafo o cláusula de esta Ley o su aplicación a cualquier persona o circunstancia, fuera declarada inconstitucional por un Tribunal con jurisdicción, la sentencia dictada no afectará ni invalidará las demás disposiciones de esta Ley, sino que su efecto quedará limitado y será extensivo al inciso, parte, párrafo o cláusula de esta Ley, o su aplicación, que hubiera sido declarada inconstitucional.

Artículo 22.- Vigencia.

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

Ley del Derecho sobre la Propia Imagen, Ley Núm. 139 de 2011

Ley Núm. 139 del año 2011

(P. del S. 1750); 2011, ley 139

 

Ley del Derecho sobre la Propia Imagen

Ley Núm. 139 de 13 de julio de 2011

 

Para adoptar un nuevo estatuto que regule el uso y protección sobre la propia imagen para propósitos comerciales en Puerto Rico que se conocerá, como la “Ley del Derecho sobre la Propia Imagen”; y para otros fines.

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

Por años hemos tenido en nuestro sistema una línea muy difusa entre dos derechos constitucionales importantes: el derecho a la libertad de expresión, en una situación en que la expresión impugnada es de naturaleza comercial; y el derecho a la intimidad, en su vertiente del derecho a la propia imagen.

La Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico protege expresamente el derecho fundamental a la intimidad y la dignidad de las personas.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que la protección a lo privado opera ex proprio vigore y puede hacerse valer entre personas privadas. Vigoreaux Lorenzana v. Quizno’s Sub, Inc 2008 T.S.P.R. 38; López Tristani v. Maldonado Carrero, 2006 T.S.P.R. 143; López Rivera v. E.L.A, 2005 T.S.P.R. 102; Castro Cotto v. Tiendas Pitusa, Inc., 159 D.P.R.650 (2003); Vega Rodríguez v. Telefónica de P.R., 2002 T.S.P.R 50; Arroyo v. Rattan Specialties, 117 D.P.R. 35 (1986); Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573 (1982).  Ante la ausencia de legislación específica sobre el uso de la propia imagen, los tribunales han tenido que aplicar las normas derivadas del derecho general de la responsabilidad extracontractual que surge del Art. 1802 del Código Civil, enmarcado en los parámetros constitucionales.  El Tribunal ha reconocido el mencionado derecho subjetivo para configurar una causa de acción en daños por violación al derecho a la intimidad. Vigoreaux Lorenzana v. Quizno’s Sub, Inc, supra.

A través de nuestra jurisprudencia podemos encontrar casos en los que se ha reclamado el uso indebido de la imagen de una persona, particularmente para usos comerciales.  Se considera como imagenla proyección o representación de la figura humana mediante cualquier procedimiento o técnica de reproducción.  La imagen propia constituye un atributo fundamental con el cual se individualiza socialmente a la persona; es decir, es parte integral de la identidad del sujeto representado. López Tristani v. Maldonado Carrerosupra. Aunque no cabe duda que la expresión para fines lucrativos y comerciales se encuentra bajo el ámbito de protección de las constituciones de Puerto Rico y de los Estados Unidos, ésta puede ser regulada sustancialmente por el Estado con mayor facilidad. In re Gervitz Carbonell, 2004 T.S.P.R. 141.

Mientras el derecho sobre la propia imagen o derecho a la publicidad, como se conoce en algunas jurisdicciones, provee al individuo un derecho propietario sobre lo que es su identidad, el derecho a la intimidad protege la información que tiene el Estado u otras personas sobre ese individuo, sus comunicaciones, cuerpo y pensamientos.  Aunque a veces concurren las violaciones a ambos, ya que se producen por una interferencia no autorizada ni consentida de terceros, los bienes jurídicos concretos protegidos en ambos derechos son diferentes.  Por otro lado, el derecho a la propia imagen se diferencia de la difamación en que ésta última requiere publicación de información falsa.

La tendencia actual predominante, tanto en el derecho civil como en el derecho común anglosajón, es el reconocimiento de la protección de la imagen o derecho de publicidad como un derecho independiente.  Este derecho otorga a su titular la facultad erga omnes de excluir la reproducción y publicación de la propia imagen por un tercero que carece del consentimiento para ello. Vigoreaux Lorenzana v. Quizno’s Sub, Inc, supra.  Cabe destacar que en algunos lugares como España, el derecho a la propia imagen es un derecho de rango constitucional.  En  los Estados Unidos, aunque se ha reconocido jurisprudencialmente en varios estados, ya existen otros que han tomado la iniciativa de establecer un derecho a la publicidad de manera estatutaria.  Este derecho establece que el sujeto tiene derecho a participar económicamente en la comercialización de su propia imagen, su nombre o aspectos reconocibles de su persona.

Jurisprudencialmente se ha establecido que toda persona tiene derecho a controlar dónde, cuándo y cómo se le toma una fotografía o se reproduce de cualquier forma su imagen, siempre y cuando no se trate de una figura accesoria.  Bonilla Medina v. Partido Nuevo Progresista, 140 D.P.R. 294 (1996); Cólon v. Romero Barceló, supra.   Sin embargo, como ha reiterado nuestro más Alto Foro Judicial en los casos citados anteriormente, no hay legislación específica.  Es importante no sólo establecer esta protección por vía estatutaria, sino que quede claro que la misma cobija a toda persona, aún a aquellas que no son figuras públicas. Esta Asamblea Legislativa entiende que es tiempo de que quede claramente definido en nuestro ordenamiento el derecho a la propia imagen.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

 

Artículo 1. – Título

Esta Ley se conocerá como la “Ley del Derecho sobre la Propia Imagen”.

Artículo 2. – Definiciones

  1. a)Agente autorizado –  aquel que está autorizado directamente para consentir a nombre de una persona la utilización de su imagen, bajo un contrato de agencia o representación.
  2. b)Daños –todos los daños pecuniarios,  incluyendo pero sin limitarse a, el dinero dejado de devengar si hubiera concedido una licencia sobre su imagen, así como las ganancias del infractor derivadas exclusivamente del uso no autorizado de la imagen del propietario.
  3. c)Imagen – nombre, fotografía, retrato, voz, firma, atributo o cualquier representación de una persona que sirva para identificar a esa persona, ante un observador o escucha promedio, mediante cualquier procedimiento o técnica de reproducción.
  4. d)Negligencia crasa – ausencia total de cuidado o el ejercicio de un grado tan pequeño de cuidado, que origina una presunción de indiferencia hacia las consecuencias, implicando una total despreocupación
  5. e)Parodia – imitación burlesca que utiliza algunos elementos que, por lo menos en parte, comente o se burle directamente de la persona, alterando su imagen.
  6. f)Persona – persona natural, viva o muerta, independientemente del uso que se le haya dado a su imagen para propósitos comerciales.  Incluye aquella entidad jurídica a quien una persona haya otorgado una licencia o haya transferido su derecho a la propia imagen.
  7. g)Persona accesoria – persona que no se presenta en el plano principal de una comunicación, sino como parte de un grupo o figura de trasfondo.
  8. h)Propósito comercial – el uso de la imagen de una persona en conexión con el anuncio, la oferta de venta o la venta de un producto, mercancía, bien o servicio en el mercado.
  9. i)Propósitos publicitarios – el uso de  la imagen de una persona al difundir o informar al público sobre un bien o servicio en el mercado a través de los medios de comunicación, incluyendo el uso en los anuncios institucionales.
  10. j)Sátira – expresión cuyo objeto es censurar o poner en ridículo a alguien o algo, utilizando  la imagen sin alteración o transformación.

Artículo 3. – Causa de Acción

Cualquier persona natural o jurídica que utilice la imagen de otra persona con fines o propósitos comerciales, mercantiles o publicitarios,  sin el consentimiento previo de ésta, de la persona que posea una licencia sobre tal imagen, de los herederos en caso de haber fallecido o del agente autorizado de uno de éstos, responderá por los daños causados.

En el evento de no obtenerse el consentimiento requerido en esta Ley, la persona afectada podrá presentar una acción para detener la utilización de dicha imagen y para recobrar los daños causados, incluyendo regalías dejadas de devengar o cualquier pérdida económica resultante de la violación del derecho aquí establecido.

Artículo 4. – Remedios

El propietario del derecho a la propia imagen que encuentre que el mismo ha sido violentado tendrá disponible el remedio de interdicto,  así como una acción en daños y perjuicios.  El Tribunal fijará la cuantía de los daños tomando como base los siguientes elementos: el beneficio bruto que hubiera obtenido la parte infractora mediante el uso de la imagen en cuestión; el importe de la ganancia que la persona perjudicada hubiere dejado de percibir como resultado de la actuación de la parte demandada; el valor del menoscabo que la actuación del demandado le hubiera ocasionado al demandante; y cualquier otro factor que a juicio del tribunal cuantifique adecuadamente los daños.

El tribunal, en su discreción, podrá fijar la cuantía de los daños en una cantidad que no exceda tres (3) veces la ganancia del demandado y/o la pérdida del demandante cuando determine que la violación fue intencional o de mala fe.

En la alternativa, el demandante podrá optar por solicitarle al tribunal, daños estatutarios.  Los daños estatutarios podrán fijarse en una cuantía no menor de $750 ni mayor de $20,000 por violación, según el tribunal lo considere justo.  En un caso en el cual el tribunal determine que la violación fue intencional o debido a una negligencia crasa, el tribunal, en su discreción, podrá aumentar la cuantía de daños estatutarios a una suma no mayor de $100,000 por violación.  Cada violación bajo estos daños estatutarios será equivalente al acto de la utilización ilegal de la imagen del reclamante en un  trabajo, independiente del número de copias que se hagan del trabajo en cuestión en un momento dado.

Además, si el caso se resuelve a favor del titular del derecho, el tribunal siempre fijará la cuantía de las costas, honorarios y gastos del pleito a favor de éste.

Cuándo el tribunal determine que el demandado desconocía y no tenía razón para saber o creer que sus actos constituían una violación a los derechos del demandante, el tribunal, en su discreción, podrá reducir la cuantía de daños.

Los remedios provistos por este Artículo son en adición a los remedios provistos por cualquier otro estatuto estatal o federal aplicable.

Artículo 5. – Transmisibilidad

Los derechos bajo esta Ley son derechos discernibles de propiedad libremente transferibles en todo o en parte a cualquier persona o entidad con personalidad jurídica a través de una transferencia escrita, incluyendo pero no limitándose a un contrato firmado entre las partes, poderes, licencias, donaciones y testamentos, o mediante sucesión intestada.

Artículo 6. – Extensión

El derecho a la propia imagen se extenderá hasta 25 años después de la muerte de la persona, independientemente de si se utilizó para propósitos comerciales durante su vida.

Artículo 7. – Prescripción

Toda acción o procedimiento que se lleve a cabo para hacer cumplir cualquier disposición de esta Ley deberá iniciarse no más tarde de un (1) año a partir de la fecha en que la persona afectada adquirió o debió haber adquirido conocimiento del surgimiento de los hechos que dan pie a la causa de acción que sirve de base para dicha acción o procedimiento.

Artículo 8. – Excepciones

Esta Ley no aplicará bajo las siguientes circunstancias:

(a)    Cuando se utilice la imagen de una persona en cualquier medio como parte de un reportaje noticioso, expresión política, transmisión de evento deportivo o artístico, o una presentación que tenga un interés público legítimo, y en donde no sea utilizada con propósitos comerciales o publicitarios.

(b)   Cuando se utilice la imagen de una persona como parte de una sátira o parodia, en donde el propósito principal del uso de la imagen no sea uno comercial o publicitario.

(c)    Cuando se utilice la imagen con propósitos de crítica o comentario, académicos o investigativos, siempre que dicha utilización no constituya una explotación encubierta de la imagen protegida.

(d)   Cuando se utilice la imagen de una persona accesoria.

Artículo 9. – Aplicabilidad

Esta Ley aplica a cualquier acto o evento que ocurra dentro de los límites territoriales de Puerto Rico, independientemente del domicilio, residencia o ciudadanía de la persona.

Artículo 10. – Inmunidad Limitada

Los dueños o empleados de cualquier medio, incluyendo pero sin limitarse a, periódicos, revistas, vallas publicitarias, internet y estaciones de radio o televisión, en el que aparezca la imagen de una persona  en violación de esta Ley, no será responsable excepto en el caso que se establezca que tenían conocimiento de que el uso de esa imagen se hizo sin la autorización requerida por esta Ley.

Artículo 11. – Cláusula de Separabilidad

Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, sección, inciso o parte de esta Ley fuere declarada inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará ni invalidará el resto de la misma. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, artículo, sección, inciso o parte de la misma que así hubiere sido declarada inconstitucional.

Artículo 12. – Vigencia

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

 

Reglamento para la Presentación, Inscripción y Depósito de Obras en el Registro de la Propiedad Intelectual (Reglamento 6157)

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GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE ESTADO
SAN JUAN, PUERTO RICO

REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN, INSCRIPCIÓN Y DEPÓSITO DE OBRAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

ÍNDICE

PÁGINA

ARTÍCULO 1: BASE LEGAL 1

ARTÍCULO 2: DEFINICIONES 1

ARTÍCULO 3: QUIEN PUEDE INSCRIBIR 3

ARTÍCULO 4: QUE PUEDE INSCRIBIR 3

ARTÍCULO 5: EFECTO LEGAL DE LA INSCRIPCIÓN 4

ARTÍCULO 6: QUE NO ES INSCRIBIBLE 4

ARTÍCULO 7: PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD 4

7a: PRESENTACIÓN Y SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 4

7b: DEPÓSITO 5

7c: PRESENTACIÓN UNITARIA DE OBRAS DE COMPONENTES
MÚLTIPLES O EN SERIE 7

7d: RECIBO OFICIAL 8

7e: ENMENDAR A LA PRESENTACIÓN 8

7f: DEFECTOS SUBSANABLES 8

7g: SOLICITUD DE RECALIFICACIÓN 8

7h: NOTA DE CADUCIDAD 9

7i: PRESENTACIÓN POR REPRESENTANTE AUTORIZADO 9

ARTÍCULO 8: OPOSICIÓN ALA INSCRIPCIÓN 10

ARTÍCULO 9: NOTIFICACIÓN DEL ESTADO DE OPOSICIÓN 10

ARTÍCULO 10: IMPEDIMENTO DE INSCRIPCIÓN 10

ARTÍCULO 11: PUBLICACIÓN DE OBRAS INEDITAS Y EDICIONES
POSTERIORES 11

ARTÍCULO 12: DIARIOS E ÍNDICES 11

ARTÍCULO 13: CUADRE SEMANAL 12

ARTÍCULO 14: INSCRIPCIÓN 12

ARTÍCULO 15: MARCA DEL REGISTRO 12

ARTÍCULO 16: DIVISIÓN DEL REGISTRO 13

ARTÍCULO 17: INSCRIPCIONES PROVISIONALES 13

ARTÍCULO 18: DENEGACIÓN DE INSCRIPCION, ENTREVISTA INFORMAL
PARA DILUCIDAR DISCREPANCIAS Y REVISION JUDICIAL 13

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ARTÍCULO 19: DOCUMENTACIÓN RADICADA 13

ARTÍCULO 20: COPIAS CERTIFICADAS 14

ARTÍCULO 21: COPIAS SIMPLES 14

ARTÍCULO 22: AUTORIZACIÓN DEL AUTOR PARA TRANSMISION DE
DERECHOS 14

ARTÍCULO 23: AUTORIZACIÓN DEL AUTOR PARA OBRAS DERIVADAS 14

ARTÍCULO 24: ACREDITACIÓN COMO DERECHOHABIENTE 14

ARTÍCULO 25: CONSULTAS AL REGISTRO 15

ARTÍCULO 26: DERECHOS A PAGAR 15

ARTÍCULO 27: CERTIFICACIONES 16

ARTÍCULO 28: SOLICITUD O MANDAMIENTOS DUDOSOS 16

ARTÍCULO 29: CARÁCTER PUBLICO DEL REGISTRO 16

ARTÍCULO 30: HORARIO DEL REGISTRO 17

ARTÍCULO 31: DEROGACIÓN 17

ARTÍCULO 32: VIGENCIA 17

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GOBIERNO DE PUERTO RICO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
DEPARTAMENTO DE ESTADO

REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN, INSCRIPCIÓN Y DEPÓSITO DE OBRAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo 1: Base Legal

La Ley Núm. 96 del 15 de julio de 1988, según enmendada, crea el Registro de la Propiedad Intelectual adscrito al Departamento de Estado, así como el cargo de Registrador y en los Artículos 359(k) y 359(n) faculta a éste a adoptar los reglamentos relativos a la ejecución de la misma, incluyendo el procedimiento de presentación, inscripción y depósito de obras y los derechos a cobrarse por los actos a que se refieran.

Artículo 2: Definiciones

Para los fines de este Reglamento, las siguientes palabras y términos tendrán los significados que a continuación se dan:

a. “Ley” es la Ley Núm. 96 del 15 de julio de 1988, según enmendada.

b. “Registro” es el Registro de la Propiedad Intelectual creado por Ley.

c. “Registrador” es el Registrador de la Propiedad Intelectual reconocido por Ley.

d. “Derechohabiente acreditado” es el heredero o legatario legítimo del autor después de la muerte de éste, el padre o madre con patria potestad en caso de minoría de edad del autor o el tutor judicialmente designado para éste en caso de incapacidad.

e. “Derechos morales” son aquellas prerrogativas exclusivas del autor que lo facultan a defender la integridad de su obra, a determinar bajo que condiciones y circunstancias ésta ha de divulgarse o publicarse, a atribuirse su autoría o a retractarla cuando la obra ya no coincida con sus convicciones intelectuales, artísticas o éticas, siempre y cuando, en este caso, se respeten los derechos legítimamente adquiridos por terceros.

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f. “Persona” incluirá toda persona natural o jurídica incluyendo sociedades, corporaciones y asociaciones

g. “Autor” es la persona quien, acreditaba debidamente como creador o titular de la obra, o parte de ella, tiene derecho a la protección de la Ley.

h. “Obra” incluye toda creación del intelecto que no sea expresamente excluida por ley y que se manifieste en las formas que la ley contempla.

i. “Obra literaria” incluye textos en prosa y todo artículo o reseña de carácter critico, analítico, descriptivo o académico publicado en revistas o periódicos de circulación general o especializada.

j. “Obra derivada” significa una obra basada en otra obra anterior.

k. “Obra gráfica” incluye pinturas, dibujos, ilustraciones y diseños de cualquier género.

l. “Obra inédita” es la que su autor no haya publicado ni divulgado o la que se haya puesto al alcance de sólo un grupo selecto de personas.

m. “Obra en serie” – Obra compuesta de elementos de naturaleza diversa pero relacionados entre si y concebidos por el autor corno una sola unidad.

n. “Fotografías” incluye audiovisuales, películas y videos de ficción o documentales, disco compacto (CD), DVD, y cualquier otro medio de reproducción digital o videomagnetofónica de imágenes.

o. “Libro” es un impreso o manuscrito de más de dos (2) páginas de texto destinado a la circulación general o limitada e incluye folletos, panfletos y desplegables, pero excluye artículos y reseñas.

p. “Editor” incluye a todo el que publique libros con o sin discursos preliminares, notas, apéndices, vocabularios, glosarios o ilustraciones.

q. “Presentación y Solicitud de Inscripción” incluye el cúmulo de gestiones por un autor o derechohabiente ante el Registro efectuadas con arreglo al Artículo 7 de este Reglamento con la intención de lograr

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la inscripción de una obra y que concluye efectivamente con ésta o con su denegación por el Registrador.

r. “Publicación” es la distribución por el autor o su agente de ejemplares o reproducciones de su obra al público en general por medio de venta, préstamo, alquiler o donación.

s. “Documentos” incluye las solicitudes de los presentantes y las certificaciones, copias, resoluciones, expedientes y legajos que éstos sometan al Registro en apoyo de su gestión, pero excluye el contenido de los archivos administrativos del Registro y las obras en depósito no publicadas, según dispuesto en el Artículo 29 de este Reglamento.

t. “Representante autorizado” es aquél debidamente designado por el autor o derechohabiente en los casos previstos en el Artículo 7(1) de este Reglamento.

Artículo 3: Quién puede inscribir

Podrá presentar obras para su inscripción en el Registro todo autor o su derechohabiente acreditado. El derechohabiente radicará documentación certificada acreditativa de su condición al momento de la presentación. En vida, sólo el propio autor podrá presentar obras originales inéditas para fines de inscripción.

Artículo 4: Quién puede inscribirse

Salvo en lo dispuesto por el Artículo 6 podrán inscribirse en el Registro todas las obras intelectuales que a continuación se enumeran:

a. Las creadas y publicadas en Puerto Rico por autores puertorriqueños o extranjeros domiciliados en Puerto Rico.

b. Las creadas y publicadas en el extranjero por autores puertorriqueños o extranjeros domiciliados en Puerto Rico para venderse, distribuirse o reproducirse en Puerto Rico.

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c. Las obras originales inéditas de autores puertorriqueños o extranjeros domiciliados en Puerto Rico a solicitud del propio autor durante la vida de éste y por sus derechohabientes después de su muerte.

Artículo 5: Efecto legal de la Inscripción

La inscripción de la obra en el Registro tendrá el efecto de reservar a favor de su autor o titular los derechos morales que su creación haya originado y dar fe pública de ese hecho para su protección contra cualquier violación. El autor o titular que hubiere reservado sus derechos respecto a la obra creada podrá, en caso de violación de los mismos, solicitar remedios interdíctales temporeros o permanentes que incluyan el desistimiento de las acciones violatorias, la restitución, confiscación o destrucción de la obra, según sea el caso, y también la indemnización correspondiente por concepto de danos.

Artículo 6: Qué no es inscribible

No serán inscribibles las meras ideas, conceptos o sistemas sin incorporar en un medio de expresión contemplado en la ley o incorporados en forma contraria a la intención legislativa que es proteger a quien, de manera original, expone su personalidad en una creación intelectual. Tampoco serán inscribibles en el Registro a nombre propio las creaciones de funcionarios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el ejercicio de sus deberes ni las compilaciones, compendios o antologías de trozos incompletos o extractos fragmentados de la obra de un autor a nombre del compendiador o compilador.

Por último, no será inscribible en el Registro ninguna obra que anuncie entidades o promueva bienes o servicios salvo cuando el titular fuere el propio autor o una persona jurídica con una cesión del derecho a su favor por el autor, la cual debe hacerse por escrito.

Artículo 7: Procedimiento para Solicitar Inscripción en el Registro de la Propiedad

a. Presentación y Solicitud de Inscripción

El autor, los co-autores o sus derechohabientes acreditados efectuarán personalmente la presentación de la obra a ser considerada para inscripción en

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el Registro. Una vez presentada la obra, ésta gozará de la plena protección provista en ley desde ese momento en adelante, excepto en aquellos casos en que la inscripción de la misma sea denegada.

El presentante cumplimentará el formulario apropiado donde, bajo juramento, hará constar lo siguiente:

i. Nombre, apellidos, ocupación, domicilio, edad, estado civil, ciudadanía y número de Seguro Social.

ii. Capacidad legal (autor, derechohabiente acreditado o representante autorizado)

iii . Género de la obra.

iv. Descripción de la obra (por ejemplo, partes componentes, páginas, folios, tomos, tamaños, formato, contenido, etc.).

v. Título, nombre o identificación de la obra.

vi. Capacidad creativa (autor, traductor, editor, compendiador, etc.).

vii . Circunstancias y fecha de la creación y de la publicación.

viii. Información adicional que considere necesaria el Registrador para diversos tipos de obras.

Los extranjeros residentes presentarán prueba fehaciente de residencia legal y si es corporación, el certificado de incorporación y de vigencia emitido por la autoridad competente.

b. Depósito

Conjuntamente con su solicitud, el presentante hará el depósito de la obra, conforme a las siguiente especificaciones:

i. Libros, ensayos o artículos impresos, manuscritos y códigos fuente (“source codes”) de programas de computadoras -en forma encuadernada. En el caso de obras publicadas, el material de depósito será el ejemplar publicado de la obra. En el caso que los programas de computadora contuviesen material confidencial, el Registrador podrá, a petición escrita

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del solicitante, admitir un depósito especial del “código fuente” (“source code”) consistente en:

a. las primeras y últimas veinticinco (25) páginas suprimiendo las porciones no divulgables que no deben exceder del cuarenta por ciento (40%) del texto depositado, o bien

b. las primeras y últimas diez (10) páginas sin supresiones, o bien

c. para aquellos “códigos fuente” de cincuenta (50) páginas o menos, el texto completo suprimiendo las porciones no divulgables, siempre que éstas no excedan el veinticinco por ciento (25%) de la totalidad del texto.

ii. Ejemplar único de pintura, dibujo, imagen en relieve o fotografía fija – Una (1) reproducción encuadernada tamaño carta (8 x 11) y una (1) diapositiva.

iii. Obra gráfica en multicopias – Una (1) diapositiva y una (1) copia firmada y numerada o una (1) muestra de artista.

iv. Esculturas y tallas – Un (1) juego de reproducciones a cuerpo entero tamaño carta (8 x 11) con vista frontal y vista lateral y otro juego de diapositivas de los mismos ángulos. Se podrán depositar ambos juegos en una sola encuadernación.

v. Películas y videos – en VHS, o en el formato o medio escogido por el autor (cinta, video, DVD, disco compacto u otro).

vi. Diseños arquitectónicos – juego de pianos encuadernado.

vii. Composiciones o arreglos musicales con o sin letra – Una (1) copia encuadernada de la música con la letra y/o una (1) grabación en disco o cassette. De no existir transcripción

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Musical, una (1) grabación en disco, cassette, disco compacto, DVD, u otro.

Conforme a las disposiciones sobre la administración de documentos públicos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley Núm. 5 del 8 de diciembre de 1955, según enmendada) y mediante un acuerdo por escrito refrendado por el Secretario de Estado, el Registrador podrá traspasar a la Universidad de Puerto Rico, al Archivo General de Puerto Rico, a la Biblioteca General de Puerto Rico o al Instituto de Cultura Puertorriqueña o a otra entidad gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que se estime pertinente, los ejemplares recibidos en depósito de las obras inscritas. Disponiéndose que todo material entregado en depósito al Registro para fines legales se convertirá en propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Periódicamente, el Registrador levantará un inventario del material publicado que haya permanecido en depósito por lo menos diez (10) años y pasará juicio sobre la utilidad de su continuada conservación. Si el Registrador determinare que cierto material del inventario ha perdido el valor registral podrá, previa notificación al autor registrado a su última dirección en récord, disponer del mismo. Todo material inédito se conservará durante la duración del derecho.

c. Presentación unitaria de obras de componentes múltiples o en serie

Una obra en serie podrá presentarse en una sola solicitud y con el pago de derechos únicos si concurriesen todas las siguientes condiciones.

i. Si no hubiese sido publicada:

a. Que todos sus elementos se agrupen ordenadamente.

b. Que todos sus elementos se identifiquen con un titulo com6n.

c. Que el presentante o los presentantes de cada elemento sean los mismos.

d. Que todos los elementos sean del mismo autor, o en caso de co-autores, que por lo menos un autor haya aportado a cada elemento.

ii. Si hubiese sido publicada:

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a. Que todos los elementos inscribibles se hayan incorporado en una sola unidad de publicación.

b. Que el presentante o los presentantes de cada elemento sean los mismos.

iii. Si se tratase de colaboraciones en serie a periódicos o revistas:

a. Que todas las obras sean de un mismo presentante.

b. Que todas las obras sean de un mismo autor o co-autores.

c. Que cada obra se haya publicado o habrá de publicarse corno colaboración a un mismo periódico o revista dentro de un período de doce (12) meses.

d. Que se deposite la sección o el número completo del periódico o la revista donde se publicó cada colaboración o una copia del contrato con el periódico o revista para la publicación futura.

d. Recibo oficial

El Registrador expedirá un recibo oficial al presentante en el cual se hará constar la fecha, hora, número de presentación y la naturaleza de la obra presentada.

e. Enmiendas a la presentación

Si la solicitud contuviera errores o fuese defectuosa, habrá que someter una presentación enmendada. Si estuviese vencida por caducidad, habrá que hacer una nueva presentación.

f. Defectos subsanables

Si el Registrador observare alguna falta en los documentos de presentación, notificará su calificación por escrito al presentante dentro de los sesenta (60) días de la fecha del acto. So pena de caducidad de la presentación, incumbe al presentante corregir la falta dentro de los sesenta (60) días de la notificación del Registrador. Si se hiciera más de una notificación el plazo comenzará a correr desde la última.

g. Solicitud de recalificación

Si el presentante no estuviere de acuerdo con alguna o todas las faltas señaladas por el Registrador, podrá, dentro de los treinta (30) días naturales

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Siguientes a la notificación, someter un escrito de recalificación. El solicitante efectuará sus gestiones personalmente o por correo certificado con Acuse de Recibo. La radicación del escrito interrumpirá el período de caducidad establecido en el párrafo anterior, hasta su disposición final por el Registrador. Una vez el Registrador sostenga su señalamiento desestimando el escrito de recalificación, la negativa del presentante a corregir, dentro del término estipulado en el inciso (f) de este Artículo, las faltas o defectos señalados o su inacción al respecto dará lugar a una denegación final de la inscripción.

h. Nota de Caducidad

Al expirar cualquiera de los plazos de caducidad establecidos en este Reglamento, el Registrador extenderá una nota al efecto en el Diario de Presentaciones, al pié de la solicitud y en el interior de la portada de los ejemplares conservados en el Depósito, los cuales se devolverán al presentante. La nota expresará el hecho de la caducidad, la razón para ella, la fecha y se cerrará con la firma del Registrador.

i. Presentación por representante autorizado

Si por razón de fuerza mayor el autor o el derechohabiente no pudiesen comparecer personalmente a presentar su obra ante el Registro, el Registrador en uso de su discreción, podrá aceptar la comparecencia de un representante designado por el autor o derechohabiente quien realizará las gestiones pertinentes en su nombre.

A tales fines la designación se efectuará en conformidad con el siguiente procedimiento:

i. La designación se hará mediante declaración jurada en la cual se hará mención del nombre completo y número de Seguro Social del representante designado para fines de la presentación, el titulo y género de la obra a presentarse y las circunstancias que impiden la presentación personal.

ii. El representante, por su parte, hará constar por escrito ante un funcionario autorizado del Registro o mediante declaración jurada que conoce personalmente al autor o derechohabiente representado, que acepta la

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Designación para fines de presentación y que, a su mejor saber y entender la misma no ha sido posteriormente revocada ni modificada por escrito ni verbalmente.

iii. La presentación se efectuará dentro de los diez (10) días laborables siguientes a la declaración jurada.

iv. El representante comparecerá con toda la documentación requerida para la presentación por este Reglamento, y, además, radicará el original de la designación.

Artículo 8: Oposición a la inscripción

Cualquier persona que crea tener razón suficiente, para oponerse a la inscripción de una obra podrá radicar una declaración jurada ante el Registrador a esos efectos. La declaración deberá contener una expresión sucinta de las razones en que se fundamenta su oposición, el nombre y dirección del declarante y numero de presentación de la obra objeto de la reclamación. Vendrá acompañada de un comprobante de Rentas Internas o del Departamento de Estado por valor de quince ($15.00) dólares.

Artículo 9: Notificación del escrito de oposición

El opositor radicará en el Registro el acuse de envío al presentante, de su oposición a la inscripción de la obra presentada dentro de los cinco (5) días de haber radicado su oposición.

Artículo 10: Impedimento de inscripción

El haberse recibido oposiciones a la inscripción de una obra no constituye impedimento a ella. Toda alegación de plagio, apropiación ilegal, usurpación o violación al derecho moral del autor, deberá dilucidarse exclusivamente en los tribunales. Cuando, pendiente de inscripción una obra, se suscitase por un tercero el planteamiento sobre su pertenencia o propiedad y se formalizase oposición, no se suspenderá la inscripción, pero se hará constar en el Registro y certificaciones que se expidan que “Hay reclamación presentada”.

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Artículo 11: Publicación de obras inéditas y ediciones posteriores

Habiéndose inscrito una obra inédita o una primera edición en el Registro, en el caso de publicaciones subsiguientes, se perfeccionarán las inscripciones posteriores con el sólo depósito de la obra publicada y el pago del derecho de inscripción. Dicho depósito debe efectuarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de publicación. De transcurrir ese período sin haberse efectuado el mismo, se tendrán que realizar todas las gestiones de presentación e inscripción detalladas en el Artículo 7 de este Reglamento, incluyendo el pago de todos los derechos aplicables, a fin de obtener la protección de ley para dichas publicaciones o ediciones.

Artículo 12: Diarios e índices

El Registrador llevará asientos diarios por medios manuales o electrónicos confiables sobre la presentación de obras en orden cronológico, fecha, hora, número de presentación, nombre y capacidad del presentante, naturaleza y titulo, nombre o identificación de la obra, notificaciones de defectos, notas de caducidad, denegación o inscripción final.

De utilizar libros de asientos siguiendo el método de inscripción manual, cada vez que el Registrador abra un nuevo tomo hará constar al inicio de éste y bajo su firma la cabida del mismo y el hecho de no hallarse ningún folio manchado, escrito o inutilizado.

Los asientos del Registro también podrán hacerse usando los métodos de impresión confiables disponibles de acuerdo a la tecnología moderna, siempre y cuando se observen las formalidades del Registro.

En el encasillado de cada asiento de presentación y solicitud de inscripción, aparecerá un espacio para que oportunamente se haga allí constar la acción final tomada por el Registrador respecto a la inscripción de la obra y la fecha de la misma. Los Diarios y sus índices estarán disponibles para consulta pública dentro del horario establecido para ello en el Artículo 30. Los índices de

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Presentaciones e inscripciones se organizarán en orden alfabético, uno por nombre de autor, el otro género y título de obras.

Artículo 13: Cuadre semanal

Semanalmente el Registrador efectuará un cuadre bajo su firma del número y clase de presentaciones y solicitudes de inscripciones entradas en el Diario y del número de recibos emitidos.

Artículo 14: Inscripción

Una vez evaluadas las presentaciones, la corrección de defectos, si a1guno, y el pago de derechos, el Registrador procederá a inscribir las obras en las secciones apropiadas del Registro utilizando para ello medios manuales o electrónicos que sean confiables y virtiendo allí los datos especificados en el Artículo 7. Así se lo notificará oficialmente al autor o sus derechohabientes.

A cada obra inscrita se le asignará un número de inscripción en estricto orden cronológico el cual se transcribirá en tinta indeleble en las portadas externas de los ejemplares en depósito y precedido por la marca del Registro.

Para todos los efectos legales la fecha de la inscripción se retrotraerá a la fecha de la presentación.

Artículo 15: Marca del Registro

Será responsabilidad del autor, para acogerse a los beneficios de la ley, hacer imprimir la marca del Registro en toda publicación o reproducción de su obra, posterior a la inscripción. A la marca le seguirá el nombre del titular del derecho y el año de inscripción. Cualquier uso no autorizado del sello o marca oficial del Registro constituirá una violación criminal penalizable según se dispone en el Artículo 165-B del Código Penal de Puerto Rico.

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Artículo 16: División del Registro

El Registrador segregará las obras inscritas en secciones separadas del Registro que correspondan al género de cada cual.

Artículo 17: Inscripciones provisionales

Por circunstancias imprevistas que el Registrador considere meritorias, éste podrá extender inscripciones provisionales las cuales no excederán de un período de noventa (90) días.

Artículo 18: Denegación de inscripción. entrevista informal para dilucidar discrepancias y revisión Judicial

En caso que el Registrador decida que determinada inscripción no puede hacerse conforme a la ley o el Reglamento, denegará la inscripción solicitada con carácter preliminar y notificará dicha denegación al presentante por correo certificado con acuse de recibo. En su notificación el Registrador advertirá al presentante que contará con treinta (30) días a partir de la notificación para solicitar por escrito una reconsideración exponiendo las razones por la cual no deba expedirse una denegación final de inscripción. El Registrador evaluará la misma y notificará si decisión al presentante. Pasados los treinta (30) días sin que el presentante haya solicitado reconsideración al Registrador, la denegación preliminar se convertirá en final y el plazo de treinta (30) días provistos en Ley para recurrir al Tribunal Superior se contará desde esta fecha (o sea, 30 días a partir de la denegación preliminar. En todo caso de denegación final, en su notificación al presentante, el Registrador expondrá las razones que la sustenten.

Artículo 19: Documentación radicada

El Registro podrá devolver las obras cuya inscripción haya sido denegada.

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El interesado a quien se extravíe la certificación de inscripción podrá reclamar y obtener, previo el pago de derechos, una copia certificada del documento el cual producirá los mismos efectos legales que el original.

Artículo 20: Copias certificadas

El interesado a quien se extravíe la certificación de inscripción podrá reclamar y obtener, previo el pago de derechos, una copia certificada del documento el cual producirá los mismos efectos legales que el original.

Artículo 21: Copias simples

Los pliegos informativos y demás documentos que obren en el Registro podrán inspeccionarse y copiarse, previo el pago de derechos, pero tales copias no constituirán prueba de las constancias regístrales, a menos que el Registrador las certifique.

Artículo 22: Autorización del autor para transmisión de derechos

El autor de una obra podrá transferir su derecho a favor de una corporación o sociedad para fines de inscripción de titulo. Toda transmisión de la propiedad intelectual, cualquiera que sea su importancia, deberá hacerse constar por escrito y se inscribirá en el Registro, sin cuyo requisito el adquirente no gozará los beneficios de ley.

Artículo 23: Autorización del autor para obras derivadas

Los autores de obras derivadas, incluyendo antologías, ediciones, traducciones o compendios obtendrán la autorización escrita del autor o autores de la obra original pre-existente o de los derechohabientes acreditados cuyos derechos no hayan prescrito.

Artículo 24: Acreditación como derechohabiente

Se considerará derechohabiente acreditado aquél que presente prueba fehaciente de la adquisición del derecho mediante documentación certificada, la cual debe estar redactada en inglés o español. Por documentación certificada

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se entiende copia certificada del testamento inscrito en el Registro de Testamentos del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Se acompañará una certificación del Registro de Testamentos; acreditativa de que el testamento presentado no ha sido revocado ni modificado y un certificado de defunción del causante. En el caso de herencia intestada, consistirá en la resolución judicial sobre declaratoria de herederos debidamente certificada y en el de tutoría o patria potestad, copia certificada de las respectivas resoluciones del Tribunal.

Artículo 25: Consultas al Registro

El Registro interpreta la Ley para fines de administrarla. El Registro no ejerce funciones de asesoría respecto al derecho de personas particulares sobre la inscripción de obras o alegadas infracciones a las disposiciones de ley u otras materias de naturaleza similar. El que de buena fe desee aclarar dudas sobre sus obligaciones o derechos bajo los términos de la Ley o de este Reglamento, podrá consultar al Registrador siguiendo los procedimientos que éste tenga a bien establecer para esos fines. Para mayor orientación de los interesados, el Registrador mantendrá una lista actualizada de abogados practicantes en el campo de la propiedad intelectual que puedan asesorar y asistir a los autores respecto a sus problemas o inquietudes individuales.

Artículo 26: Derechos a pagar

Los siguientes serán los derechos a pagarse por gestiones ante el Registro:

Presentación de la obra $10.00
Inscripción de la obra $20.00
Oposición a presentación e inscripción $15.00
Solicitud de recalificación $10.00
Certificación del Registrador $15.00
Copia simple de documentación registral (por página) $1.00

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negativas en caso de las- inexistentes. Las certificaciones del Registrador serán documentos públicos admisibles en todo proceso judicial o administrativo. Disponiéndose, que las certificaciones emitidas por mandamiento judicial o para uso oficial por una agencia o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de los Estados Unidos de América no conllevaron pago de derechos.

Artículo 28: Solicitudes o mandamientos dudosos

El Registrador devolverá las solicitudes de los interesados o mandamientos de los tribunales cuando no expresaren con bastante claridad y precisión las circunstancias de las obras o autores a las que las certificaciones solicitadas han de referirse e indicará el motivo por el cual se deniega la certificación.

En igual forma procederá el Registrador siempre que tuviere duda sobra las obras o asientos a que deba referirse la certificación, aunque la solicitud o mandamiento esté claramente redactado, si por cualquier circunstancia imprevista fuere a temer error o confusión.

Artículo 29: Carácter público del Registro

El Registro tiene carácter público y los Diarios de Presentaciones, Libros de Inscripciones y demás documentos podrán ser examinados por quien así lo solicite. Disponiéndose que las obras inéditas en el depósito del Departamento de Estado se podrán examinar pero no se permitirá copiar las mismas sin el permiso escrito del autor. Aquellas obras que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 7(b), se hayan trasladado a la custodia de otros depositarios legales, se podrán examinar en conformidad con la reglamentación institucional allí aplicable.

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Artículo 30: Horario del Registro

El Registro, permanecerá abierto al público de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 a 3:00 p.m. en días laborables. Toda presentación fuera del horario del Registro será nula.

Artículo 31: Derogación

Se deroga el Reglamento Número 4750 de 11 de agosto de 1992.

Artículo 32: Vigencia

Este Reglamento entrará en vigor a los treinta (30) días de su radicación en el Departamento de Estado.

En San Juan, Puerto Rico a 30 de mayo de 2000.

Hon. Ángel Morey Lic. Roberto Bird Hofmann
Secretario de Estado Registrador de la
Propiedad Intelectual