image_pdfimage_print

Ley Núm. 52 de 2017

(P. de la C. 378)

 

LEY

 

Para enmendar los Artículos 96 y 97 y añadir un inciso 8 al Artículo 1232 del “Código Civil de Puerto Rico de 1930”, según enmendado, con el propósito de disponer que cuando la acción del divorcio se funde en el “mutuo consentimiento”, Éste pueda ser concedido a través de la formalización de una escritura pública, a ser otorgada ante Notario y para que se incluya el divorcio por consentimiento mutuo dentro de los contratos que deben constar en documento público; enmendar los Artículos 1 y 3, y añadir un nuevo Artículo 2-A, en la Ley Núm. 4 de 2 de marzo de 1971, según enmendada, a los fines de autorizar al Director del Registro Demográfico, a anotar, ya sea en el Registro Civil o en el Registro Demográfico, aquellos divorcios concedidos a través de la formalización de una escritura pública, para que dicha información sea parte de las estadísticas de divorcios y anulaciones de matrimonios contabilizados por el Departamento de Salud; añadir un nuevo inciso (j) al Artículo 15 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como “Ley Notarial de Puerto Rico”, a los efectos de establecer qué información expondrá y contendrá toda escritura pública en la cual se consigne la disolución de un matrimonio, mediante mutuo consentimiento entre los cónyuges; proveer para la promulgación de la reglamentación que sea necesaria para asegurar la cabal consecución de los objetivos de esta Ley; y para otros fines relacionados.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

En lo que a nuestra jurisdicción se refiere, tanto por jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, así como por legislación refrendada, se ha reconocido como una de las causas del divorcio “[l]a consignación del mutuo consentimiento entre los cónyuges para la disolución del matrimonio; presentada conjuntamente mediante petición ex parte”. En síntesis, se ha dispuesto que “[e] un procedimiento de divorcio en que se alega la mutua decisión de los cónyuges de divorciarse (…), (a) no tienen que mediar partes adversas bastando una petición conjunta, ex parte, de los cónyuges; (b) no tiene que existir una parte inocente y otra culpable; (c) no tienen las partes que expresar las razones de su decisión si ello conlleva, a juicio de las partes, la revelación indeseada de penosos detalles de su vida íntima”. Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978).

 

Sin embargo, cabe señalar que, a pesar de lo antes expuesto, en Figueroa Ferrer v. E.L.A., supra, nuestro más Alto Foro judicial también dispuso que “[r]adicado un procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento (…), un tribunal debe cerciorarse de que la decisión de solicitar conjuntamente la disolución del vínculo matrimonial no es producto de la irreflexión o de la coacción, debiendo el tribunal interrogar a las partes sobre ello. Además, como medida adicional que tienda a garantizar que ha mediado la debida deliberación, el tribunal no aceptará petición alguna de divorcio en estos casos sin que las partes adjunten las estipulaciones correspondientes sobre la división de sus bienes, el sustento de las partes y otras consecuencias del divorcio, estando impedido el tribunal de conceder el divorcio si a su entender alguna de las partes no habrá de recibir protección adecuada”.

 

Ahora bien, una vez superado el escollo que pudiera representar el que las partes estipulen o no, aquellos asuntos referentes a “…la división de sus bienes, el sustento de las partes y otras consecuencias del divorcio…”, se presume que la disolución matrimonial acordada por mutuo consentimiento debería ser una indiscutible y hasta armoniosa.

 

Por ello, y basado en la mencionada premisa, es que mediante la presente legislación se propone enmendar los Artículos 96 y 97 del “Código Civil de Puerto Rico de 1930”, según enmendado, con el propósito de disponer que cuando la acción del divorcio se funde en el “mutuo consentimiento”, este pueda ser concedido a través de la formalización de una escritura pública, a ser otorgada ante Notario.

 

Sobre este particular, es preciso indicar que el Artículo 2 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como “Ley Notarial de Puerto Rico”, sostiene que un abogado, que a su vez es notario, “…ejerce una función pública, autorizado para dar fe y autenticidad conforme a las leyes de los negocios jurídicos y demás actos y hechos extrajudiciales que ante él se realicen…”. Y, que de igual forma, tiene la función de “…recibir e interpretar la voluntad de las partes, dándole forma legal, redactar las escrituras y documentos notariales a tal fin y conferirle autoridad a los mismos”. Asimismo, la Ley contempla que “[l]a fe pública al notario es plena respecto a los hechos que, en el ejercicio de su función personalmente ejecute o compruebe y también respecto a la forma, lugar, día y hora del otorgamiento”.

 

De hecho, tan importante es esta facultad, que se reconoce que “[l]a fe pública notarial, como elemento objetivo que se concreta a través de la persona del notario con la presencia del compareciente, es la espina dorsal de todo el esquema de autenticidad documental”. In re Iglesias Pérez, 146 D.P.R. 14 (1998).

 

Explicado lo anterior, y en consideración a que un Notario, lleva a cabo una función de carácter pública, y que puede dar fe y autenticar cualquier tipo de arreglo extrajudicial que se traiga a su atención, no vemos razón alguna para que este profesional del derecho no pueda documentar o formalizar una disolución matrimonial que nace del mutuo consentimiento de los cónyuges.

 

Actualmente, los tribunales de primera instancia de Puerto Rico atienden, en materia civil, miles de casos que van desde el derecho de familia, derecho laboral, sucesiones, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho corporativo, derecho hipotecario, derecho de obligaciones y contratos, daños y perjuicios, hasta acciones relacionadas con toda clase de contribuciones, casos de expropiaciones, recursos legales especiales y extraordinarios, procedimientos para poner en vigor las determinaciones de las agencias administrativas, o para impugnar o poner en vigor los laudos arbitrales en cualquier materia y, cualquier otro asunto civil. Toda esta amalgama de litigios que tienen que ser considerados por nuestros tribunales los congestiona, cosa que retrasa su adecuada culminación.

 

Por no ser contencioso, el divorcio fundado en el mutuo consentimiento no tiene por qué convertirse en otra carga en la pesada agenda de nuestros jueces y juezas. Entendemos pues, que este tipo de divorcio puede trabajarse extrajudicialmente, y con ello, disminuimos la labor de los tribunales y ayudamos a dar por terminada una relación de pareja que ya no es deseada por las partes. No hay razón que sea óbice para impedir que un abogado, que ejerce como notario, no cuente con la facultad en ley para oficializar un acto jurídico como el antes aludido.

 

Finalmente, es pertinente acotar que adicional a lo relativo a disponer que cuando la acción del divorcio se funde en el “mutuo consentimiento”, Éste pueda ser concedido a través de la formalización de una escritura pública, a ser otorgada ante Notario, esta pieza legislativa busca enmendar la Ley Núm. 4 de 2 de marzo de 1971, según enmendada, a los fines de autorizar al Director del Registro Demográfico, a anotar, en el Registro Demográfico, aquellos divorcios concedidos a través de la formalización de una escritura pública, para que dicha información sea parte de las estadísticas de divorcios y anulaciones de matrimonios contabilizados por el Departamento de Salud. Además, enmienda la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como “Ley Notarial de Puerto Rico”, a los efectos de establecer qué información expondrá y contendrá toda escritura pública en la cual se consigne la disolución de un matrimonio, mediante mutuo consentimiento entre los cónyuges.

 

Básicamente, al enmendarse las leyes 4 y 75, antes citadas, se atempera todo el estado de derecho vigente y relacionado al divorcio por mutuo consentimiento, cuestión de evitar disposiciones legales que riñan unas con otras.

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

 

 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 96 del “Código Civil de Puerto Rico de 1930”, según enmendado, para que lea como sigue:

 

“Artículo 96.-Causas de divorcio.

 

Las causas del divorcio son:

 

 

  • La consignación del mutuo consentimiento entre los cónyuges para la disolución del matrimonio, presentada conjuntamente mediante petición ex parte ante el Tribunal de Primera Instancia; o mediante la consignación del acuerdo de consentimiento mutuo en escritura pública.

 

  • La consignación de una ruptura irreparable de los nexos de convivencia matrimonial presentada por uno de los cónyuges ante el Tribunal de Primera Instancia.”

 

Sección 2.-Se enmienda el Artículo 97 del “Código Civil de Puerto Rico de 1930”, según enmendado, para que lea como sigue:

 

“Artículo 97.-Procedimiento.

 

El divorcio sólo puede ser concedido mediante juicio en la forma ordinaria y por sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, salvo que la disolución del matrimonio sea consignada mediante mutuo consentimiento entre los cónyuges, en cuyo caso, podrá ser formalizada a través de una escritura pública a ser otorgada ante Notario. En ningún caso puede concederse el divorcio por una de las causas dispuestas en los incisos 1 al 10 y 12 del Artículo 96 de este Código, cuando la causa en que se funde sea el resultado de un convenio o confabulación entre cónyuges.

 

Ninguna persona podrá obtener el divorcio de acuerdo con este Código, que no haya residido en Puerto Rico un año inmediatamente antes de hacer la demanda, a menos que la causa en que se funde se cometiera en Puerto Rico o cuando uno de los cónyuges residiese aquí.

 

Cuando la acción de divorcio se funde en el abandono de uno de los cónyuges por su cónyuge, por un término mayor de un año” y hubiere hijos menores de edad en el matrimonio que se intenta disolver por dicha acción de divorcio, será deber del tribunal, antes de señalar fecha para la celebración del juicio, si las partes residieren en Puerto Rico, citar a éstas, bajo apercibimiento de desacato, para una vista preliminar o acto de conciliación que presidirá el juez del tribunal en su despacho, y el mismo deberá celebrarse dentro de los diez (10) días siguientes a la citación arriba mencionada; disponiéndose, que si en el acto de conciliación cualquiera de los cónyuges manifestare su firme e irrevocable propósito de no reanudar las relaciones matrimoniales, el juez que lo presida dictará orden al secretario para que incluya el caso en el calendario especial.

 

Cuando la acción de divorcio se funde en “mutuo consentimiento”, y este vaya a concederse a través de la formalización de una escritura pública a ser otorgada ante un Notario, éste profesional deberá consignar en dicho documento, que la decisión de solicitar conjuntamente la disolución del vínculo matrimonial es voluntaria y que los peticionarios han llegado a esta, mediando la reflexión, y que a su vez, es libre de toda coacción, estando impedido el Notario de otorgar el divorcio, si a su entender los acuerdos incumplen con las formalidades que debe contener la escritura, de conformidad con la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como “Ley Notarial de Puerto Rico”, o con cualesquiera otras disposiciones reglamentarias que sean promulgadas por el Tribunal Supremo, al amparo de la antes mencionada ley o cualquier otra aplicable.

 

En el caso que los cónyuges que acuerden solicitar la disolución de su vínculo matrimonial ante Notario tengan bienes para liquidar, deberán previo a otorgar la escritura de divorcio, alcanzar un acuerdo para la liquidación de dichos bienes gananciales y/o comunidad de bienes. Dicho acuerdo deberá ser juramentado y deberá consignar que ambas partes fueron debidamente asesoradas por sus respectivos abogados y que es libre de coacción. El Notario consignará en la escritura de divorcio que dicho acuerdo fue alcanzado previamente, que fue libre de coacción y que ambas partes fueron asesoradas por sus respectivos abogados.

 

En el caso que los cónyuges que acuerden solicitar la disolución de su vínculo matrimonial ante Notario, tuvieran hijos menores de edad, podrán establecer los términos y condiciones sobre los siguientes aspectos, custodia, patria potestad, alimentos, relaciones filiales y hogar seguro, como parte de la estipulación a ser preparada por los representantes legales de las partes, quienes a su vez tendrán la obligación de hacer constar en el escrito, que su cliente fue debidamente informado de los derechos que le asisten, y que en caso de no estar conforme con atender mediante este acto los asuntos relacionados con el o los menores, siempre estará disponible la vía ordinaria en el tribunal.  Cualquier documento y/o escrito que incluya y exprese la voluntad de las partes comparecientes sobre la disposición de los bienes gananciales y/o los acuerdos relacionados a los menores será denominado como: “Estipulación y Acuerdos sobre Divorcio por Consentimiento Mutuo”. Dicho documento formará parte de la escritura de divorcio.  Todo caso que incluya incapacitados será de exclusiva competencia del Tribunal de Primera Instancia.

 

En caso de que el divorcio por consentimiento mutuo se efectúe mediante escritura pública, la misma advendrá final y firme con la firma de los comparecientes.”

 

Sección 3.-Se añade un nuevo inciso 8 al Artículo 1232 del “Código Civil de Puerto Rico de 1930”, según enmendado, para que lea como sigue:

 

“Artículo 1232.-Contratos que deben constar en documento público; contratos que deberán constar por escrito.

 

Deberán constar en documento público:

 

 

  • El acuerdo de culminar el vínculo matrimonial por la causal de consentimiento mutuo, según lo dispuesto en el Artículo 96, inciso 11, y en el Artículo 97 de este Código.

 

…”.

 

Sección 4.-Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 4 de 2 de marzo de 1971, según enmendada, para que se lea como sigue:

 

“Artículo 1.-

 

Se autoriza al Director del Registro Demográfico, a anotar, en la forma que estime conveniente, en los originales de las actas de matrimonio y transcripciones de las mismas archivadas en el Registro Demográfico, las sentencias de divorcio o anulaciones de matrimonio que se decreten por el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, y por los tribunales de los Estados Unidos y tribunales extranjeros con jurisdicción competente, y aquellos divorcios que se funden en “mutuo consentimiento”, concedido a través de la formalización de una escritura pública otorgada ante un Notario, de acuerdo a lo contemplado en el Artículo 97 del “Código Civil de Puerto Rico de 1930”, según enmendado. Cuando el divorcio o anulación de matrimonio de personas cuyo matrimonio se haya llevado a cabo en Puerto Rico, se decrete fuera de Puerto Rico, el mismo se anotará en el Registro Demográfico a petición de parte interesada y previa presentación al encargado del Registro de la sentencia, resolución u orden debidamente certificada y legalizada mediante el procedimiento de “Execuátur” ante los Tribunales de Puerto Rico previo a ser enviada al Registro Demográfico para su inscripción.”

 

Sección 5.-Se añade un nuevo Artículo 2-A en la Ley Núm. 4 de 2 de marzo de 1971, según enmendada, que leerá como sigue:

 

“Artículo 2-A.-

 

Será deber de todo Notario que, a través del procedimiento de una escritura pública, y a base de lo contemplado en el Artículo 97 del “Código Civil de Puerto Rico de 1930”, según enmendado, provea para la disolución de un matrimonio, el enviar al Director de Registro Demográfico la certificación correspondiente, dentro del término de diez (10) días a partir de la fecha en que dicho documento fue suscrito por ambas partes. Además, la notificación del divorcio, por el Notario, también puede realizarse mediante correo electrónico a la dirección de correo electrónico designada para dicho fin por el Registro Demográfico.”

 

Sección 6.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 4 de 2 de marzo de 1971, según enmendada, para que se lea como sigue:

 

“Artículo 3.-

 

El Director del Registro Demográfico utilizará la información que se obtenga de dichas sentencias, resoluciones, escrituras públicas u órdenes para formalizar estadísticas de divorcios y anulaciones de matrimonios y para establecer un Registro de divorcios y anulaciones de matrimonios, el que se establecerá similar a los demás registros que mantiene la Oficina del Registro Demográfico.”

 

Sección 7.-Se añade un nuevo inciso (j) al Artículo 15 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, que leerá como sigue:

 

“Artículo 15.-Instrumentos públicos – Formalidades; conocimiento; advertencias.

 

La escritura pública, además al negocio jurídico que motiva su otorgamiento y sus antecedentes y a los hechos presenciados y consignados por el notario en la parte expositiva y dispositiva, contendrá lo siguiente:

 

 

(j)         Además a los requisitos anteriores que pudieran aplicar, en toda escritura pública en la cual se consigne la disolución de un matrimonio, mediante mutuo consentimiento entre los cónyuges, se expondrá que esta decisión es voluntaria y que los peticionarios han llegado a ésta, mediando la reflexión, y que, a su vez, es libre de toda coacción. En el caso que los cónyuges que acuerden solicitar la disolución de su vínculo matrimonial ante Notario tengan bienes para liquidar, deberán previo a otorgar la escritura de divorcio, alcanzar un acuerdo para la liquidación de dichos bienes gananciales y/o comunidad de bienes. Dicho acuerdo deberá ser juramentado y deberá consignar que ambas partes fueron debidamente asesoradas por sus respectivos abogados y que es libre de coacción. El Notario consignará en la escritura de divorcio que dicho acuerdo fue alcanzado previamente, que fue libre de coacción y que ambas partes fueron asesoradas por sus respectivos abogados. En el caso que los cónyuges que acuerden solicitar la disolución de su vínculo matrimonial ante Notario, tuvieran hijos menores de edad, podrán establecer los términos y condiciones sobre los siguientes aspectos, custodia, patria potestad, alimentos, relaciones filiales y hogar seguro, como parte de la estipulación a ser preparada por los representantes legales de las partes, quienes a su vez tendrán la obligación de hacer constar en el escrito, que su cliente fue debidamente informado de los derechos que le asisten, y que en caso de no estar conforme con atender mediante este acto los asuntos relacionados con el o los menores, siempre estará disponible la vía ordinaria en el tribunal. Todo caso que incluya incapacitados será de exclusiva competencia del Tribunal de Primera Instancia.”

 

Sección 8.-Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de ley, que sea incompatible con ésta.

 

Sección 9.-Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido.

 

Sección 10.-Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula o inconstitucional por un tribunal de jurisdicción y competencia, este fallo no afectará ni invalidará el resto de la Ley y su efecto quedará limitado al aspecto objeto de dicho dictamen judicial.

 

Sección 11.-Esta Ley entrará en vigor a los noventa (90) días a partir de su aprobación.

Ley de Centros Pediátricos de Salud para Niños con Condiciones Especiales de Mayagüez, Ley Núm. 55 de 2017

(P. del S. 63)

 

 

LEY NÚM. 55

29 DE JULIO DE 2017

 

Para crear la “Ley de Centros Pediátricos de Salud para Niños con Condiciones Especiales de Mayagüez”, con el fin de establecer el Centro de Servicios Médicos Especializados Para Niños con Necesidades Especiales, adscrito al Hospital Materno Infantil San Antonio de Mayagüez.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A nivel nacional, el acceso a tratamiento médico especializado para niños con retardación mental, autismo u otros impedimentos físicos o cognitivos está seriamente limitado. Estudios indican que más de una tercera parte de los niños con autismo, más de una quinta parte de los niños con retardación mental o impedimentos cognoscitivos y más de una tercera parte de los niños con impedimentos físicos o de otro tipo, constantemente enfrentan problemas para obtener tratamiento médico especializado. Entre los problemas más comunes se incluye, el obtener referidos y acceso a profesionales de la salud con entrenamiento apropiado. Los niños con condiciones de salud inestables, autismo o cuyos padres no gozan de buena salud, sufren en mayor grado de problemas de inaccesibilidad a tratamiento.

Por su parte, la Ley Pública Núm. 101-496, según enmendada, conocida como “Ley de Asistencia para Deficiencias en el Desarrollo y Cartas de Derechos”, por virtud de la cual se crea el “Instituto de Deficiencias en el Desarrollo” (IDD), define las deficiencias en el desarrollo como una incapacidad severa y crónica de una persona, atribuible a un impedimento mental o físico o una combinación de ambas; que se manifiesta en la persona antes de los veintidós (22) años y puede ser de larga duración; impide a la persona funcionar en por lo menos tres (3) de las siguientes áreas: cuidado propio, lenguaje receptivo y expresivo, aprendizaje, movilidad y autodeterminación (tomar decisiones acerca de sus relaciones con otras personas, el empleo, la educación, el dinero). Por lo tanto, esto significa un retraso sustancial en el desarrollo, ya que son condiciones genéticas específicas o condiciones adquiridas con alta probabilidad de resultar en deficiencia si la persona no recibe los servicios necesarios.

La definición de “necesidades especiales” es extensa e incluye salud, salud mental, el desarrollo y otros tipos de condiciones y diagnósticos. Algunos ejemplos incluyen: el autismo, trastornos serios emocionales y de comportamiento, retraso mental, el trastorno por déficit de atención o hiperactividad (TDA/H), epilepsia, parálisis cerebral, desorden alimenticio, un tic, desórdenes de eliminación, problemas del aprendizaje, impedimentos ortopédicos, visuales, de discurso o lenguaje, otras condiciones médicas serias, historia de abuso o negligencia, riesgo médico o genético debido a una enfermedad mental familiar o abuso de drogas o alcohol paternal. Los niños con necesidades especiales también incluyen a los niños con “alto potencial” para discapacidades, como los que tienen un retraso de desarrollo.

Es posible que los niños con problemas médicos requieran de más exámenes de lo normal, deban permanecer en el hospital de forma prolongada o permanente, requieran y dependan de equipo costoso para preservar su salud y, además, necesiten de hospedaje, lugares o sitios específicamente diseñados para estimular su aprendizaje y socialización. A pesar de que las condiciones que afectan a estos niños son en extremo complejas y diversas, existen preocupaciones y asuntos compartidos por todas sus familias, servicio de cuidado médico integrado para sus hijos, asistencia en la planificación para un futuro incierto y accesibilidad de profesionales especialmente adiestrados en atenderlos.

La capacidad económica para el tratamiento médico de los niños con necesidades especiales, en la inmensa mayoría de los casos se suplementa por conducto de programas de asistencia, como Mi Salud y el Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas Remediables (FSECR). El problema esencial que enfrentan estas familias es la carencia de infraestructura adecuada diseñada y destinada para el servicio especializado. Actualmente, los recursos de tratamiento están dispersos a través de la Isla. El carecer de un Centro de Servicios Médicos Integrados, provoca diversos problemas para nuestros niños, como la pérdida de citas médicas, la incomodidad del menor por largos traslados, la pérdida de días laborales de los padres, entre muchos otros. Todo esto termina repercutiendo en problemas mayores, ya que algunas de estas condiciones necesitan tratamiento continuo y la interrupción de los mismos podría ocasionar cambios patológicos irreversibles.

En la actualidad Puerto Rico cuenta con siete (7) Centros Pediátricos a través de toda la Isla; de estos, cinco (5) Centros brindan únicamente servicios de educación en la intervención temprana de niños con necesidades especiales.  Dos (2) de estas clínicas ofrecen un servicio limitado; el Centro de Mayagüez, que brinda el servicio médico de ortopedia; y el Centro Pediátrico de Centro Médico en el Municipio de San Juan, que cuenta con los servicios de neurocirugía, cirugía plástica y ortopedia. Siendo así, es importante mencionar que el Centro Pediátrico de Centro Médico de San Juan es quien atiende principalmente a los niños con necesidades especiales en Puerto Rico. Por tanto, es necesario contar con al menos dos (2) clínicas de servicios integrados para los niños con condiciones especiales, con el fin de permitir que estos niños cuenten con varias alternativas donde puedan recibir servicios médicos.  Esto evitaría la conglomeración de casos en el Centro Médico de San Juan y los largos traslados de pacientes de la Región Oeste de Puerto Rico, que actualmente se encuentran descubiertos de dicha atención médica integrada.

El Hospital Materno Infantil San Antonio, propiedad del Municipio de Mayagüez, fue tomado en consideración para establecer el Centro de Servicios Médicos Especializados para Niños con Necesidades Especiales, ya que esta es una institución hospitalaria terciaria y ofrece servicios de salud especializados de naturaleza pediátrica y de obstetricia y ginecología.  Además, esta institución ha sido la única del área oeste en mantener intensivos neonatales y pediátricos (PICU y NICU), por más de doce (12) años. El Comité de este Hospital se ofreció voluntariamente a ser parte de este proyecto, con la satisfacción de poderle extender una mano a la población de niños con necesidades especiales.

A nivel Isla, la prevalencia de niños menores de dieciocho (18) años con necesidades especiales, según los datos provistos por el Departamento de Salud, es de ciento ochenta mil ochocientos ochenta y nueve (180,889) niños. De dicha cifra, el 79% de las familias tuvieron problemas para conseguir especialistas y ser atendidos de manera multidisciplinaria. Según dichos datos, trescientas veintiocho (328) familias participantes expresaron que su mayor necesidad es la disponibilidad de especialistas y profesionales de la salud ubicados en un solo lugar, con el fin de que se le provea una atención médica integrada a sus hijos. Este marco estadístico representa un problema de acceso mucho mayor al índice nacional.

Esta Asamblea Legislativa reconoce las necesidades particulares de los niños con necesidades especiales.  Por ello, a tono con la política pública establecida en la Ley de Igualdad de las Personas con Impedimentos, entiende necesario crear el Centro Pediátrico de Salud para Niños con Necesidades Especiales en Mayagüez, adscrito al Hospital Materno Infantil San Antonio de Mayagüez, con el propósito de brindar servicios médicos de forma integrada para los niños de necesidades especiales de nuestra Isla.

 

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:


Artículo 1. ? Creación de la Ley

Esta Ley se conocerá como la “Ley de Centros Pediátricos de Salud para Niños con Necesidades Especiales en Mayagüez “, mediante la cual se crea el “Centro Pediátrico de Salud para Niños con Necesidades Especiales de Mayagüez”, adscrito al Hospital Materno Infantil San Antonio en Mayagüez, en adelante el “Centro”.

Artículo 2.- Política Pública

Se establece la “Ley de Centros Pediátricos de Salud para Niños con Necesidades Especiales de Mayagüez”, en el Hospital Materno Infantil San Antonio de Mayagüez, con el fin de proveer servicios médicos especializados, de forma integrada, a los niños con necesidades especiales.  De esta forma, se provee una atención médica adecuada y justa, logrando el bienestar de ellos y sus familias.

Artículo 3.- Estructura de la Clínica

El “Centro Pediátrico de Salud para Niños con Necesidades Especiales de Mayagüez”, será el organismo responsable de atender, de forma integral, a los niños con necesidades especiales de la zona oeste de la Isla. El mismo contará con:

  1. Áreas quirúrgicas, clínicas, rehabilitación; y asesoramiento y educación sobre las necesidades especiales y ayudas disponibles para estos niños y sus familias.
  2. Médicos especialistas y especialidades quirúrgicas pediátricas, como pediatras, especialistas del desarrollo, neurólogos, neurocirujanos, ortopedas, gastroenterólogos, dentistas y otras especialidades que el director médico entienda necesarias, de acuerdo a la prevalencia de las condiciones que se atienden.
  3. Evaluaciones y servicios de audiología, patología del habla y lenguaje y visual.
  4. Rehabilitación y terapias físicas y ocupacionales, así como servicios educativos de nutrición para niños con necesidades especiales.
  5. Evaluaciones y servicios sociales, psicológicos y siquiátricos para los niños con necesidades especiales y sus familias.
  6. Asesoramiento sobre beneficios y coordinación para la transportación de

estos niños y sus familias.

Artículo 4. ? Coordinación de Servicios

El Centro proveerá los servicios en coordinación, y con la colaboración de los Centros Pediátricos del Departamento de Salud de Puerto Rico. Dichos servicios médicos especializados serán coordinados a los efectos de evitar la duplicidad de esfuerzos y garantizar el ofrecimiento de los servicios médicos integrados en dos áreas geográficas de la Isla.

El Centro de Servicios Médicos Especializados para Niños con Necesidades Especiales de Mayagüez, coordinará con la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, así como con la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de Ponce para servir de Centro/Residencia a estudiantes que se especialicen en las áreas concernidas y necesarias para atender a esta población.

Artículo 5.- Comité Interagencial sobre Niños con Condiciones Especiales.

Se crea la Junta Interagencial de Niños con Necesidades Especiales. Esta Junta consistirá de un grupo multidisciplinario e interagencial, el cual será presidido por el Secretario de Salud, quien tendrá los siguientes deberes y responsabilidades:

  • Presidir las reuniones de la Junta. Dichas reuniones se celebrarán por lo menos una vez cada tres (3) meses, en el lugar que sea designado por este.
  • Dar el seguimiento necesario para que se cumplan las medidas y estrategias delineadas para proveer los servicios médicos integrados en el Centro Pediátrico de Salud para Niños con Necesidades Especiales en Puerto Rico, creado mediante esta Ley.
  • Evaluar el funcionamiento, los resultados y el impacto de la creación, así como el Plan Estrátegico para el Desarollo del Centro.
  • Promover el establecimiento y desarrollo de los servicios pedriáticos integrados para los niños con necesidades especiales.
  • Promover la participación plena y coordinada de las agencias públicas pertinentes en Puerto Rico en el esfuerzo de servir efectivamente a los niños con necesidades especiales y sus familias.
  • Recibir información y preocupaciones de ciudadanos y grupos de interés de la comunidad sobre la población de niños con necesidades especiales, así como de las diversas condiciones que prevalecen para ser estudiados en la Junta para hacer recomendaciones y traer soluciones sobre las preocupaciones presentadas.

(7) Hacer recomendaciones al Gobernador y a la Asamblea Legislativa sobre cualquier medida legislativa que afecte directa o indirectamente a la población con necesidades especiales.

(8) Someter recomendaciones al Gobernador y a la Asamblea Legislativa para actualizar la política pública, conforme a los avances de la investigación científica en este campo.

(9) Establecer el reglamento que regirá el funcionamiento de la Junta.

(10) Establecer el reglamento que regirá el funcionamiento del Comité.

Artículo 6.- Composición de la Junta

La Junta estará compuesta por un representante de las siguientes agencias, organizaciones o entidades:

  1. Departamento de Salud
  2. Centro Pediátrico de Centro Médico de San Juan
  3. Hospital Materno Infantil San Antonio en Mayagüez
  4. Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico
  5. Departamento de la Familia
  6. Instituto de Deficiencias del Desarrollo de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico
  7. Defensoría de las Personas con Impedimentos
  8. Red de Apoyo a Familias de Niños con Necesidades Especiales (APNI) Fundación ESPIBI
  9. SER de Puerto Rico
  10. Fondos Unidos de Puerto Rico

Artículo 7.- Informes

El Secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico someterá al Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa, ante la Secretaría de ambos Cuerpos, informes detallados sobre las operaciones del Centro, dentro de los treinta (30) días siguientes al cierre de cada año fiscal.

Artículo 8.- Acuerdos de Colaboración

El Secretario del Departamento de Salud establecerá acuerdos de colaboración con las instituciones hospitalarias, organizaciones sin fines de lucro y los médicos que participen como proveedores de salud a la población de necesidades especiales, para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley.

Artículo 9. ? Reglamentación

El Secretario del Departamento de Salud deberá adoptar las reglas y reglamentos que sean necesarios para asegurar el fiel cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, siguiendo las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”, o cualquier ley posterior que sustituya la misma.

Artículo 10.- Fondos para la implantación de esta Ley

Los fondos para la implantación de esta Ley provendrán del presupuesto del Hospital Materno Infantil San Antonio de Mayagüez, sin menoscabo de cualesquiera aportaciones adicionales que se hagan mediante asignaciones especiales, transferencias de fondos y aportaciones o donaciones de agencias gubernamentales, corporaciones públicas, municipios y personas naturales o jurídicas del sector privado.  No se asignarán fondos al Centro que sean parte del presupuesto de otros Centros Pediátricos. Cualesquiera fondos asignados para la implantación de esta Ley podrán ser pareados con fondos estatales y federales.  De igual forma, el Hospital Materno Infantil San Antonio de Mayagüez queda facultado para solicitar fondos federales para el cumplimiento de esta Ley.

Artículo 11. ? Vigencia

Esta Ley comenzará a regir ciento ochenta (180) días después de su aprobación.

Ley Núm. 1 de 2017 (Para crear el Programa “Mujeres Agricultoras”, adscrito al Departamento de Agricultura)

(P. del S. 32)

 

 

LEY NÚM. 58

1 DE AGOSTO DE 2017

Media

Para crear el Programa “Mujeres Agricultoras”, adscrito al Departamento de Agricultura, con el fin de fomentar y desarrollar la participación de la mujer en el sector agrícola; y para otros fines relacionados.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el Siglo XIX y comienzos del siglo XX, la agricultura jugó un rol trascendental en el desarrollo económico de la Isla.  En dicha época, Puerto Rico fue uno de los grandes exponentes de la exportación de productos como el tabaco, el café y el azúcar.  Sin embargo, a través de los años, como consecuencia del desarrollo industrial y la modernización, el desarrollo agrícola fue en descenso, al igual que el interés de nuestros ciudadanos en trabajar la misma.

Poco a poco, Puerto Rico ha ido dependiendo aún más de la exportación para suplir las necesidades alimentarias de nuestra población.  Es por ello, la necesidad de establecer programas que despierten el interés de laborar en la agricultura.  Un estudio realizado por Inteligencia Económica destacó que aproximadamente la tasa de desempleo en el centro de la Isla corresponde a un veinte (20) por ciento de la población como consecuencia del debilitamiento de las actividades agrícolas en la Isla. Por tanto, es necesario fomentar el desarrollo agrícola y concienciar a la ciudadanía de que la agricultura es esencial para el desarrollo de nuestra economía.

A esos fines, el Departamento de Agricultura ha establecido diversos programas con el fin de estimular la eficiencia, productividad y mercadeo adecuado de los productos agrícolas locales. Sin embargo, estos programas van dirigidos esencialmente a suplir las necesidades particulares de los agricultores, obviando que las mujeres también forman parte de dicho cuerpo laboral y que éstas, además de ser agricultoras, son madres, hijas, esposas y hermanas.

La Agencia Nacional de Estadísticas Agropecuarias del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en el año 2002 incluyó por primera vez en el Censo una pregunta sobre cuál es el género del operador de la finca. Dicha consulta reflejó que el 8.8% de los agricultores en Puerto Rico son del género femenino.  De igual forma, el Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, realizó un estudio en el año 2006 sobre las necesidades de la mujer en el quehacer agrícola. De las 80 mujeres encuestadas, 43% reportó laborar en la industria agrícola, 40% es esposa de un agricultor y 17% que es trabajadora agrícola.  El 86% de éstas expresó haber recibido orientación sobre temas agrícolas por parte del Servicio de Extensión Agrícola, el Departamento de Agricultura y el Servicio de Conservación de Recursos Naturales. Sin embargo, el estudio reflejó una necesidad de fomentar el área de mercadeo, la protección de cultivos, aspectos de producción, seguridad, finanzas y preparación de un plan de negocio, con el fin de incrementar las posibilidades de desarrollo agrícola en la Isla.

Las mujeres en el sector agrícola, al igual que en cualquier área del sector laboral, enfrentan grandes retos para lograr ser exitosas.  Algunos de estos retos lo son la limitación de tiempo por tener que cumplir con las obligaciones del hogar y de ser madres, la limitación en el trabajo físico, pocos incentivos económicos, siendo en ocasiones objeto de discrimen.  Además de ello, específicamente en el área de la agricultura, la mujer no es debidamente orientada sobre sus necesidades, facultades y derechos.

Así las cosas, a inicios del año 2007, el Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico desarrolló un programa piloto para “apoderar a las mujeres puertorriqueñas en la agricultura, mediante la educación para convertirlas en agroempresarias exitosas que aporten al desarrollo económico de su comunidad y de Puerto Rico”.  A través de éste, se ofrecieron conferencias y talleres dirigidos a la mujer sobre la administración de negocios agrícolas.  El objetivo primordial era proveerles las herramientas necesarias para desarrollar una agro-empresa exitosa. A raíz de ello, surgió la necesidad de impactar a un mayor número de mujeres.

Es por ello que esta Asamblea Legislativa, entiende meritorio y pertinente brindar mayores oportunidades que propendan al desarrollo integral de la mujer.  Por tanto, esta Ley crea el Programa Mujeres Agricultoras, adscrito al Departamento de Agricultura, con el fin de promover el apoderamiento de las mujeres agricultoras puertorriqueñas y atender de manera efectiva sus necesidades particulares.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:


Artículo 1.- Título

Esta Ley se conocerá y podrá citarse como “Ley del Programa Mujeres Agricultoras”.

Artículo 2.- Definiciones

Para fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán los siguientes significados:

  • – Significa el Departamento de Agricultura de Puerto Rico.
  • Secretario(a).- Significa el (la) Secretario(a) del Departamento de Agricultura de Puerto Rico.
  • Agricultora “bona fide”.- Significa toda persona natural o jurídica que durante el año contributivo para el cual reclama deducciones, exenciones o beneficios provistos por esta Ley tenga “Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas de Puerto Rico” [Ley 225-1995, según enmendada] una certificación vigente expedida por el Secretario de Agricultura, la cual certifique que durante dicho año se dedicó a la explotación de una actividad que cualifica como un negocio agrícola, según dicho término se define en el inciso (b) de esta Sección, y que derive el cincuenta por ciento (50%) o más de su ingreso bruto de un negocio agrícola como operador(a), dueño(a) o arrendatario, según conste en su planilla de contribución sobre ingresos.
  • Negocio agrícola.- El término negocio agrícola significa la operación o explotación en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico de uno o más de los siguientes negocios: (1) La labranza y/o cultivo de la tierra para la producción de frutas y vegetales, especies para condimentos, semillas y toda clase de alimentos para seres humanos y animales. (2) La crianza de animales para la producción de carnes, leche y huevos. (3) La crianza de caballos de carrera de pura sangre y la crianza de caballos de paso fino y la crianza de caballos de paseo. (4) Las operaciones agroindustriales y agropecuarias que compren la materia prima producida en Puerto Rico, siempre que la misma esté disponible. (5) Los productores, elaboradores o esterilizadores de leche y sus agentes, según definidos como tales en el Artículo 1 de la Ley Núm. 34 de 11 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar la Industria Lechera de Puerto Rico”, siempre y cuando la leche utilizada sea extraída del ordeño hecho en Puerto Rico. (6) Operaciones dedicadas al empaque, envase o clasificación de productos agrícolas cultivados en Puerto Rico, que forman parte del mismo negocio agrícola; Disponiéndose, que las operaciones que sean exclusivamente de empaque, envase o clasificación de productos agrícolas no constituyen de por sí un negocio agrícola. (7) Maricultura, pesca comercial y acuicultura. (8) La producción comercial de flores, plantas y gramíneas ornamentales para el mercado local y de exportación, sin incluir los servicios profesionales de paisajistas. (9) El cultivo de vegetales por métodos hidropónicos, las casetas y demás equipo utilizado para estos fines. (10) La elaboración de granos para el consumo de las empresas pecuarias por asociaciones compuestas de agricultores “bona fide”. (11) La crianza de gallos de pelea y para la reproducción de espuelas. (12) Cualquier otro negocio que el Secretario de Agricultura de Puerto Rico mediante reglamento considere negocio agrícola, siempre que el mismo no vaya en contra del propósito de esta legislación.

Artículo 3.- Creación del Programa Mujeres Agricultoras

Se crea y se establece el Programa Mujeres Agricultoras, adscrito al Departamento de Agricultura, con el fin de proveer ayuda, orientación, y los servicios esenciales a las mujeres agricultoras “bona fide”:

  1. Ofrecer anualmente seminarios y talleres dirigidos específicamente a mujeres agricultoras en áreas de mercadeo, aspectos de producción y calidad, seguridad y administración de negocios agrícolas a través de acuerdos de cooperación entre el Departamento de Agricultura Estatal, el Departamento de Agricultura Federal, el Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico y la Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
  2. Facilitar a través de acuerdos entre el Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el Departamento de Agricultura Estatal y el Departamento de Agricultura Federal, la financiación de proyectos agrícolas promovidos por mujeres, así como la otorgación de incentivos y ayudas.
  3. Promover investigaciones y estudios en torno a las necesidades particulares de las mujeres agricultoras con la colaboración del Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico.
  4. Documentar los avances en Puerto Rico de la mujer en el campo agrícola. Por tanto, se separarán por género las estadísticas que viene obligado a recopilar el Departamento de Agricultura.
  5. El Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto de Mayagüez en la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de Educación y la Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores tendrán la obligación de someter anualmente un informe al Departamento de Agricultura, que contendrá el número de mujeres agricultoras que aprobaron los adiestramientos brindados al Departamento de Agricultura.

Artículo 4.- Divulgación del Programa Mujeres Agricultoras y Ofrecimiento de Seminarios Informativos.

Será responsabilidad del (de la) Secretario(a) concienciar a la ciudadanía sobre los esfuerzos, contribuciones y ayudas que proveen tanto entidades públicas, como privadas, en pro del desarrollo y bienestar de la mujer agricultora.

Artículo 5.- Reglamentación

El (La) Secretario(a) tendrá que aprobar y adoptar la reglamentación pertinente para cumplir con los propósitos de esta Ley en o antes de sesenta (60) días de aprobada la misma.

Artículo 6.- Fondos del Programa

Se faculta al (a la) Secretario(a) a realizar convenios o propuestas con entidades gubernamentales estatales, federales o municipales para cumplir con los propósitos de esta Ley, así como recibir aportaciones y donativos de entidades públicas o privadas.

Artículo 7.- Cláusula de Separabilidad

Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula o inconstitucional por un Tribunal con jurisdicción competente, el dictamen no afectará ni invalidará el resto de la Ley y su efecto quedará limitado al aspecto objeto de dicho dictamen judicial.

Artículo 8.- Cláusula de Cumplimiento

El Departamento de Agricultura rendirá un informe a la Asamblea Legislativa, a través de la Secretaría de ambos cuerpos, detallando el estado, costos, efectividad y progreso del Programa Mujeres Agricultoras, no más tarde de treinta (30) días después de la culminación de cada año fiscal.

Artículo 9.-Vigencia

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

 

 

 

 

 

 

 

Ley Núm. 62 de 2017

(P. del S. 171)

(Conferencia)

 

LEY NÚM. 62

3 DE AGOSTO DE 2017

 

Para disponer el desarrollo de un proyecto piloto de escuelas coeducativas dirigido a promover la equidad de género y de esta forma prevenir el discrimen entre la mujer y el hombre en las escuelas públicas de Puerto Rico; determinar la cantidad de escuelas que participarán del proyecto; y para otros fines relacionados.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La educación pública es uno de los pilares del bienestar social y como sistema educativo viene obligado a garantizar la igualdad de oportunidades para todos y todas los niños y las niñas de Puerto Rico. Es un hecho que una educación de avanzada adelanta la lucha contra la discriminación y la desigualdad, sean éstas por razón de lugar de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión, origen familiar o social. Por esto, el sistema de educación y la actividad educativa que éste genere debe desarrollarse atendiendo los siguientes principios rectores:

  1. Una educación integral en conocimientos, destrezas y valores de los alumnos y alumnas en todos los ámbitos de la vida, incluyendo personal, familiar, social y profesional.
  2. La participación y colaboración de los padres, madres o tutores para contribuir a la obtención de los objetivos educativos.
  3. El rechazo a todo tipo de discriminación.
  4. La igualdad de derechos entre la mujer y el hombre.
  5. El desarrollo de las capacidades creativas y del análisis crítico.
  6. El fomento de los hábitos de comportamiento democrático.
  7. La atención psicopedagógica y la orientación educativa y profesional.
  8. La metodología activa que asegure la participación del estudiantado en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
  9. La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de los centros docentes y de los diversos componentes del sistema.
  10. La relación con el entorno social, económico y cultural.
  11. El desarrollo de actitudes de respeto hacia sus semejantes.
  12. La enseñanza para pensar y actuar con autonomía y aceptar la responsabilidad de sus decisiones.

El modelo de escuelas coeducativas tiene como objetivo primario la desaparición de los mecanismos o estilos discriminatorios en las escuelas. El mismo implica la integración de la comunidad educativa en un proyecto de reflexión y acción, cuya meta es la equidad entre mujeres y hombres y la no violencia hacia las mujeres.

El modelo coeducativo tiene como objetivo la eliminación de estereotipos entre sexos superando las desigualdades sociales y las jerarquías culturales entre niñas y niños. La coeducación tiene un doble efecto: contribuye a modernizar y adaptar la escuela y el proceso educativo a las demandas de la sociedad y, además, se perfila como motor de cambio para avanzar hacia una equidad efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos y espacios. La legislación existente tanto en materia educativa, en igualdad de oportunidades y en la lucha contra la violencia de género, insta a desarrollar acciones de carácter coeducativo en las escuelas y los procesos educativos como medida de prevención de futuras situaciones de discriminación y violencia contra las mujeres.

Este modelo reconoce a la familia como agente socializador y transmisor natural de patrones de conducta y valores y que, además, desempeña un papel fundamental para hacer efectiva la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Por ello, la participación de las familias en la educación de sus hijas e hijos es esencial en el modelo de las escuelas coeducativas ya que permite ampliar el espacio de acción, debate y análisis crítico para derribar los estereotipos que imperan en la sociedad. Dentro de este modelo, las familias se involucran en el proceso educativo para que éste sea igualitario y puedan, dentro de su plan de acción, trabajar en distintas áreas de la equidad, mediante las siguientes estrategias:

  • No reproduciendo roles estereotipados, por ejemplo, en el reparto de las tareas del hogar.
  • Reforzando el mensaje de cero tolerancia a la violencia de género, fomentando la equidad en su sentido más amplio; que la violencia dirigida tanto hacia una mujer como hacia un hombre es igualmente censurable, por el motivo que sea.
  • Reforzando el mensaje de que la discriminación por razón de género es inadmisible.
  • Fomentando el respeto a la diferencia y el diálogo como vía para resolver conflictos.
  • Trabajando para cambiar modelos estereotipados como niños fuertes/niñas débiles.

Por lo antes expuesto, y a tenor con la Ley 108-2006, que enmienda el Artículo 6.03 de la “Ley del Departamento de Educación”, urge que el sistema educativo puertorriqueño desarrolle e incorpore un modelo educativo que promueva la equidad de género e igualdad de oportunidades.

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:


Artículo 1.- Se ordena a la Secretaria de Educación y a la Procuradora de la Mujer crear un grupo compuesto por los diversos miembros de la comunidad escolar (gremios profesionales, grupos de padres, madres y tutores, profesores y comunidad, incluyendo organizaciones sin fines de lucro y representantes de grupos interdenominacionales), el cual estará a cargo de diseñar las estrategias a llevarse a cabo en el sistema escolar para evitar el discrimen por género.  Este grupo deberá estar constituido treinta (30) días calendario posterior a la vigencia de esta Ley y tendrá ciento veinte (120) días calendario para desarrollar las estrategias a ser implantadas en enero de 2018.

Artículo 2.- Las estrategias a utilizarse podrán incluir modalidades, tales como: educación a la ciudadanía, red de escuelas, actividades escolares, materiales educativos, desarrollo de una asignatura sobre equidad de género; y campañas de divulgación ciudadana.

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se adoptan las siguientes definiciones:

  1. Coeducación: Método educativo que parte del principio de la equidad y la no-discriminación por razón de género. Coeducar significa reemplazar relaciones de dominio que supeditan un sexo al otro, con modelos que incorporan en igualdad de condiciones las realidades y la historia de las mujeres y de los hombres para educar en la igualdad desde la diferencia.
  2. Equidad de género: La equidad de género se refiere a la imparcialidad y la justicia en la distribución de beneficios y responsabilidades entre hombres y mujeres. El concepto reconoce que el hombre y la mujer tienen distintas necesidades y gozan de distinto poder, y que esas diferencias deben determinarse y abordarse con miras a corregir el desequilibrio entre los sexos.
  3. Género: Las características de las mujeres y los hombres definidas por la sociedad, como las normas, los roles y las relaciones que existen entre ellos.
  4. Violencia: Uso intencional de la fuerza física o de amenazas contra sí mismo, otra persona o un grupo de personas que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia, un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte.
  5. Sexo: Condición genética y orgánica, que distingue a la mujer del hombre en los seres humanos.

Artículo 4.- La Secretaria de Educación en coordinación con la Procuradora de las Mujeres escogerá un mínimo de diez (10) escuelas elementales para implantar el Proyecto Piloto. El número de escuelas podrá ampliarse a discreción del Departamento de Educación. Estas escuelas elementales deberán estar en sectores donde se haya registrado el más alto índice de discrimen y violencia de género. Inicialmente las escuelas que participen en el Proyecto Piloto deberán estar ubicadas en municipios diferentes. La experiencia derivada de estas escuelas servirá de base para la eventual expansión del Proyecto y la transformación del sistema educativo.

Artículo 5.- La Secretaria de Educación deberá radicar ante la Secretaría de los Cuerpos Legislativos el Plan de Implementación y un informe cada seis (6) meses del progreso e implantación de esta iniciativa y de los resultados que se vayan generando.

Artículo 6.- Este proyecto piloto tendrá una vigencia de dos (2) años. Completado dicho término, el Departamento de Educación realizará una evaluación de la efectividad de este Proyecto Piloto y presentará a la Asamblea Legislativa sus hallazgos y recomendaciones sobre los próximos pasos para modificar y/o ampliar el mismo.

Artículo 7.- La Secretaria de Educación tendrá sesenta (60) días a partir de aprobada esta Ley para redactar y aprobar la reglamentación necesaria para que cumpla con lo establecido en la misma.

Artículo 8.- Se requiere que los padres, madres o tutores legales de las niñas y los niños en las escuelas seleccionadas para el programa piloto según el Artículo 4 de esta Ley, sean notificados con no menos de dos (2) semanas de anticipación a la implantación del Programa.

Se hará una amplia divulgación del proyecto y programas en todas las vías formales y electrónicas sobre toda actividad relacionada con total transparencia sobre su contenido, los datos sobre los agentes o entidades invitadas y el tipo de interacción, comunicación o relación que tendrán con los estudiantes.

Artículo 9.- Si cualquier cláusula, párrafo, sección o parte de esta Ley fuera declarada inconstitucional por un Tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará el resto de las disposiciones de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, sección o parte de la Ley que hubiere sido declarada inconstitucional.

Artículo 10.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

 

Ley Núm. 59 de 2017

(P. del S. 264)

LEY NÚM. 59

1 DE AGOSTO DE 2017

 

Para crear el “Registro de Personas Convictas por Violaciones a la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, establecer quiénes serán registrados en el mismo, sus deberes y obligaciones y los de los organismos gubernamentales concernidos; establecer penalidades; proveer sobre la disponibilidad de la información y la notificación a la comunidad; facultar a los departamentos e instrumentalidades del Gobierno Estatal a adoptar la reglamentación necesaria; enmendar el segundo párrafo del Artículo 2A de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, y el inciso (a) del Artículo 3 de la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada, a fin de imponer como condición al beneficio de libertad a prueba y libertad bajo palabra el haber sido registrado según lo dispone esta Ley; y para otros fines relacionados.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La violencia doméstica es una violación a los derechos humanos de sus víctimas, quienes se ven afectados por la fuerza física, la coerción y la intimidación que ejerce la parte agresora.  El maltrato físico, la violencia psicológica, las amenazas, la restricción de la libertad y las agresiones sexuales contra la pareja son algunas de las manifestaciones de la violencia doméstica que afecta mayormente, aunque no exclusivamente, a mujeres.

A tales efectos, la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, reconoció el problema de violencia doméstica en Puerto Rico y con su aprobación se adoptó como política pública repudiarlo enérgicamente.  No obstante, la aprobación de dicha Ley hace ya un cuarto de siglo, la violencia doméstica sigue siendo un serio problema en nuestra sociedad.

De hecho, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, a través de su expresidente, Hon. Federico Hernández Denton, ha expresado que el veinticinco por ciento (25%) de las denuncias y querellas que se reciben en los tribunales de Puerto Rico son casos de órdenes de protección y de víctimas de violencia doméstica.  También reveló que en el año natural 2015 se recibieron 16,721 solicitudes de órdenes de protección a nivel Isla.

Según datos provistos por la Oficina de la Procuradora de la Mujer, en tan solo 10 meses se reportaron sobre 6,000 casos de mujeres víctimas de violencia doméstica.  Los asesinatos a personas, en su gran mayoría mujeres, a manos de sus parejas siguen ocurriendo en la Isla.  Según estadísticas de la Oficina de la Procuradora de la Mujer, ocho (8) mujeres y un (1) hombre perdieron sus vidas entre enero y octubre de 2016, a raíz de esto.  La violencia doméstica se ha convertido en una situación preocupante.

Es urgente y necesario que se continúen tomando medidas para prevenir la violencia doméstica en todas sus expresiones.  Una de las mismas sería que tanto las agencias de orden público, como la comunidad, conozcan mediante un registro, el nombre y fotografía del agresor(a), que ha sido convicto por el delito de violencia doméstica. Esto no sólo podría servir de disuasivo para este tipo de conducta criminal, sino que pondría en alerta a potenciales víctimas.

Muchas veces hay personas que comienzan una relación con otra persona, desconociendo el historial violento de ésta.  Existen ocasiones en donde no es hasta que comienzan a convivir juntos que este tipo de comportamiento emerge.   Esta medida servirá para que, mínimo, tengan un tipo de aviso sobre el historial de quien fuera convicto por este tipo de violencia.  La implementación de esta medida se establecería con miras a prevenir futuros incidentes de violencia doméstica, advirtiendo a la persona del riesgo de proseguir una relación sentimental con el agresor identificado.  En algunos casos, no solo protegiendo a la potencial víctima, sino a los hijos de la misma de tenerlos.

La creación de un registro de personas convictas por violencia doméstica no tiene un propósito punitivo, sino más bien el de establecer un medio mediante el cual el Estado y sus habitantes puedan velar por la seguridad, protección y bienestar en general. Mediante este conocimiento se evitaría en muchos casos que mujeres y hombres sean víctimas de agresores reincidentes y de esta manera de evitar mayores casos de violencia doméstica.  Medidas similares existen en países como España y están siendo consideradas en estados como New Jersey y Texas.

La creación de un registro de personas convictas por violencia doméstica complementa el esfuerzo para atender la violencia doméstica desde una perspectiva preventiva.  Esta Asamblea Legislativa entiende que mediante el mecanismo que se establece mediante esta Ley se provee una herramienta útil para la prevención de la violencia doméstica, proveyendo acceso a información que podría salvar vidas.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

 

Artículo 1. -Definiciones

  1. a) “Convicto”- significa toda persona convicta por algún delito, sus tentativas o conspiraciones, según establecidos en esta Ley, incluye, además, a toda persona que disfrute de libertad bajo palabra, o algún método de cumplimiento alterno de la pena de reclusión, por los delitos, sus tentativas o conspiraciones, establecidas en esta Ley.
  2. b) “Registro” – “Registro de Personas Convictas por Violaciones a la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, el cual es un Registro de Personas Convictas por Violaciones a la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, según enmendada, según creado en esta Ley.
  3. c) “Sistema” – Sistema de Información de Justicia Criminal creado mediante la Ley143-2014, según enmendada, mejor conocida como la “Ley del Protocolo para Garantizar la Comunicación Efectiva entre los Componentes de Seguridad de Puerto Rico y del Sistema de Información de Justicia Criminal.”

Artículo 2.- Creación del Registro de Agresores de Violencia Doméstica

Se crea un Registro de Personas Convictas por Violaciones a la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”.  Serán registradas en el mismo todas aquellas personas que resulten convictas por alguno de los delitos contenidos en la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, incluyendo pero sin limitarse a maltrato, maltrato agravado, maltrato mediante amenaza, maltrato mediante restricción de la libertad y agresión sexual conyugal; o en el caso de que haya participado de algún programa de desvío y sea posteriormente convicto por violaciones a la referida Ley.

Este Registro estará adscrito al Departamento de Justicia.

Artículo 3.- Deberes ante el Registro

  1. El Tribunal con jurisdicción, durante el acto de lectura de sentencia, ordenará se notifique al Sistema en el Departamento de Justicia y a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, mediante el envío de copia de la Sentencia, información del convicto tal como: nombre, seudónimos, descripción física, incluyendo si la persona tiene alguna marca particular, tales como lunares, cicatrices o tatuajes, fecha de nacimiento, dirección residencial más reciente, número de licencia de conducir, fotocopia de la licencia de conducir válida o de alguna tarjeta oficial de identificación emitida por un estado, seguro social, fotografía, la disposición legal que describa el delito o su tentativa por el cual está registrado, el historial criminal, incluyendo las fechas de arrestos y convicciones, estatus de libertad condicional, sentencia suspendida o libertad supervisada, estatus del registro y existencia de órdenes de arrestos pendientes y otros datos esenciales que deben suministrar las personas sujetas al Registro según dispone esta Ley. Asimismo, el Tribunal durante el acto de lectura deberá advertir al convicto sobre su obligación de notificar cualquier cambio de dirección al Sistema y de la obligación anual de actualizar su información, aún cuando esta no haya cambiado. Toda la información recopilada deberá ser registrada dentro de los cinco (5) días laborables a partir de la orden del Tribunal.
  2. El Departamento de Corrección y Rehabilitación, treinta (30) días previos a que la persona registrada sea liberada por haber cumplido la sentencia, por disfrutar de libertad a prueba, de libertad bajo palabra, o participar en un programa de desvío, tratamiento o rehabilitación establecido por dicha Agencia, tendrá la obligación de notificar la información del convicto al funcionario del Departamento de Justicia dentro de cuyas responsabilidades se encuentre el establecer y llevar un sistema de cotejo, registro y expedición de certificaciones relacionadas al Registro de Personas Convictas por Violaciones a la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.
  3. El Departamento de Corrección y Rehabilitación, además notificará a la persona, que tiene la obligación de informar cualquier cambio en su dirección residencial a la Comandancia del Negociado de la Policía de la jurisdicción donde reside, por lo menos diez (10) días antes de ocurrir el mismo.
  4. El Departamento de Corrección y Rehabilitación hará constar por escrito que informó y explicó a la persona su obligación de notificar cualquier cambio de dirección residencial a tenor con lo establecido en los incisos (b) y (c) de este Artículo. Dicho documento deberá ser leído y firmado por la persona obligada a registrarse. Una copia del mismo será retenida en el Departamento de Corrección y Rehabilitación, una copia será remitida al Sistema y otra se entregará al convicto.

(e) El Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Junta de Libertad Bajo Palabra y el Tribunal General de Justicia deberán proveer al Sistema la información correspondiente necesaria para cumplir con los propósitos de esta Ley.

(f) Las personas convictas por delitos de violencia doméstica de otros estados, territorios o jurisdicciones, o de tribus indígenas reconocidas por el gobierno federal, se evaluarán antes de entrar a Puerto Rico por el Departamento de Corrección y Rehabilitación por medio de su Oficina de Probatoria. Una vez el Departamento remita al Sistema la información provista en este Artículo, y entre todos los datos necesarios en el Sistema, la información estará disponible de forma inmediata a través de terminales de computadora, configurados en la red de telecomunicaciones del Sistema para uso de la Comandancia del Negociado de la Policía de la jurisdicción donde va a residir la persona.

Artículo 4.- Obligaciones de la Persona Sujeta al Registro

La persona registrada, según dispone esta Ley, deberá notificar a la Comandancia del Negociado de la Policía de la jurisdicción donde reside cualquier cambio en su dirección temporal o permanente, su nombre, (incluyendo seudónimo o alias), número de seguro social, números de teléfono, fecha de nacimiento, correo electrónico, dirección en internet, nombre o designación que utiliza en las redes sociales, dirección de cada residencia en la cual reside o tendrá su residencia, lugar habitado en los últimos diez (10) años, si posee alguna licencia profesional y el número de ésta, nombre, dirección y número de teléfono del lugar de empleo actual o donde será empleada, y de los patronos que ha tenido por los pasados diez (10) años; nombre y dirección de cualquier institución donde haya estudiado, estudia o estudiará; descripción de cualquier vehículo de motor que posea o conduzca, incluyendo motoras, embarcaciones o avionetas, entre otros y su número de tablilla, y cualquier otra información requerida mediante reglamentación por el Sistema, por lo menos diez (10) días antes de mudarse. En caso de que el convicto no tenga un hogar o una dirección física fija, deberá proveer el nombre, descripción o localización física del lugar donde vive o pernocta habitualmente, incluyendo, pero sin limitarse a, un parque, una calle, albergue u otro similar.

Será condición para disfrutar de los beneficios de libertad a prueba o libertad bajo palabra, o para participar de un programa de desvío, tratamiento o rehabilitación establecido por el Departamento de Corrección y Rehabilitación, cumplir con los requisitos de registro que establece esta Ley. El incumplimiento de cualquier requisito será causa para la revocación de estos beneficios.

 

Artículo 5. – Eliminación de récord del Registro

La información de la persona registrada bajo esta Ley, se mantendrá en el Registro por un período de siete (7) años desde que cumplió la sentencia impuesta, y siempre y cuando ello no contravenga con otras disposiciones donde se impone un término mayor de permanencia en otros Registros. En los casos en que la persona hubiese sido convicta por violación a los Artículos 3.2 (g) y 3.5 de la Ley Núm. 54, supra, la información del convicto deberá permanecer en el Registro que se crea mediante la presente Ley, durante el término que se establece en el Artículo 5 de la Ley 266-2004, según enmendada, la cual crea el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores en el Sistema de Información de Justicia Criminal.

Dicha información solamente podrá ser eliminada del Registro, previo a que transcurra el período mínimo, si la convicción que conlleva la aplicación de esta Ley es revocada por un tribunal o el convicto recibe un perdón ejecutivo o indulto total. El Sistema adoptará la reglamentación necesaria para cumplir con lo dispuesto.

Se le permitirá a cualquier persona registrada peticionar la remoción de su récord en el Registro una vez se cumpla el término mínimo establecido en este Artículo, o cumpla con las condiciones establecidas.  En el Registro debe incluirse información sobre la manera en que se peticiona la remoción y las circunstancias bajo las cuales se puede peticionar.

Artículo 6. – Publicación del Registro

El Sistema creará la infraestructura y la programación necesaria para hacer disponible, públicamente, la información del Registro por vía del Internet. No obstante, la información que posee el Sistema sobre una persona registrada, según dispuesto en esta Ley, estará accesible para cualquiera que así lo solicite por escrito. En estos casos, la información registrada en el Sistema será provista por el Negociado de la Policía de Puerto Rico.

El Sistema aprobará la reglamentación necesaria para que la información esté disponible al público.  El Registro no podrá publicar:

  1. Información sobre el seguro social, licencia de conducir, número telefónico; o
  2. Información que identifique a la(s) víctima(s) de los delitos por los cuales el convicto ingresó al Registro.

Artículo 7. – Inmunidad cualificada

Cualquier persona encargada de llevar a cabo los propósitos y deberes que impone esta Ley, estará relevada y será inmune de responsabilidad civil cuando actúe de buena fe en el desempeño de sus funciones.

Artículo 8.- Penalidad

Toda persona que infrinja las disposiciones de esta Ley, incurrirá en delito grave y será sancionada con las penas que se establezcan en el Código Penal vigente para este tipo de delito.

Artículo 9.- Poderes de Reglamentación

El Departamento de Justicia, queda expresamente facultado a establecer la reglamentación necesaria para la implantación de esta Ley.

Artículo 10. – Se enmienda el segundo párrafo del Artículo 2A de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo 2A.-

. . . Como condición a la libertad a prueba, la persona sentenciada habrá satisfecho la pena especial al Fondo de Víctimas dispuesta en el Código Penal de Puerto Rico, consentirá a someterse a un programa regular para la detección de presencia de sustancias controladas mediante pruebas confiables que permitan su orientación, tratamiento, y rehabilitación, a la toma de muestra para el análisis de ADN de ser requerido por la ley y, además, tener registrado su nombre, dirección y otros datos personales en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso Contra Menores o en el Registro de Personas Convictas por Violaciones a la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, creados en el Sistema de Información de Justicia Criminal o en el Registro de Personas Convictas por Corrupción, cuando haya sido convicto por alguno de los delitos allí enumerados. . .”

Artículo 11. – Se enmienda el inciso (a) del Artículo 3 de la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo 3. – Autoridad, Poderes y Deberes de la Junta:

La Junta de Libertad Bajo Palabra tendrá la siguiente autoridad, poderes y deberes:

(a). Podrá decretar la libertad bajo palabra…

(1)…

(2)…

(3)…

(4)…

En cualquier caso…

Como condición a la libertad bajo palabra, la persona consentirá a someterse a un programa regular  para la detección de presencia de sustancias controladas mediante  pruebas confiables que permita su orientación, tratamiento y rehabilitación y deberá, además, tener registrado su nombre, dirección y demás datos en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso contra Menores que se crea por ley en el Sistema de Información de Justicia Criminal, así como en el Registro de Personas Convictas por Violaciones a la “Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, cuando le sea requerido por disposición estatutaria.

Además, el liberado, como condición a su libertad bajo palabra…”

Artículo 12.- Cláusulas de Separabilidad

Si cualquier cláusula, párrafo, artículo o parte de esta Ley fuera declarada inconstitucional por un Tribunal con competencia y jurisdicción, la sentencia dictada no afectará ni invalidará el resto de esta Ley y su efecto se limitará a la cláusula, párrafo, artículo o parte declarada inconstitucional.

Artículo 13.- Vigencia

Esta Ley comenzará a regir el día 1 de julio de 2018.