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Resumen: Miranda v. Editorial el Imparcial, Inc., 99 D.P.R 601, (1971); [brief]

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Hechos

  • El Editorial El Imparcial había contratado los servicios del periodista Luis Antonio Miranda para servir como subdirector de su periódico. Los términos del contrato no fueron detallados en el escrito, sin embargo, el Vicepresidente de la Editorial le envió una carta a Miranda en la que detallaba la situación de la compañía y ponía por escrito las acuerdos a los que habían llegado con Miranda, incluyendo una oración que decía que Miranda tendría “absoluta autoridad sobre el personal a tu cargo y la libre dirección del periódico bajo las normas y características que estimes conveniente….”. También, según, las conclusiones de hechos del Tribunal, se le dijo que “le decía que según opinión del Lic. Ochoteco, la Junta Editorial tendría que crearla la Junta de Directores y que ‘te confirmo que serás el único jefe en la Dirección del periódico.”
  • Al comenzar a trabajar, Miranda objetó que un ejecutivo de la empresa le asignara trabajos a los redactores, pues entendía que eso usurpaba la “absoluta autoridad” que se le había dicho que tendría sobre su personal. También objetó la creación de una Junta Editorial, por considerarla ilegal por no cumplir con los términos que habían acordado. Por tal razón, la empresa dio por terminado su contrato por insubordinación.
  • Miranda demanda, y presenta como prueba del acuerdo las cartas dirigidas a él el día después de pactar, pero el “[e]l juez sentenciador las rechazó como evidencia, por considerar que el único contrato entre las partes era el que contenía la citada carta-contrato y no podían variarse esos términos bajo el Art. 25 de la Ley de Evidencia”
  • El art. 25 de la Ley de Evidencia decía:
    • “Cuando las condiciones de un convenio se hayan consignado por las partes en un documento, se considerará que contiene éste todas dichas condiciones, por lo que no cabrá entre las partes y sus representantes o sucesores en interés, evidencia alguna de las condiciones del convenio, fuera de lo contenido en el documento, excepto en los siguientes casos:
      • “1. Cuando una equivocación o imperfección en el documento fuere alegada en el litigio.Página: 8”
      • 2. Cuando la validez del convenio constituyere el hecho controvertido.”
    • Pero este artículo no excluye otra evidencia de circunstancias bajo las cuales fuere hecho el convenio, o con las cuales se relacionare, según lo definido en el artículo veinte y ocho, o para explicar una ambigüedad extrínseca, o probar ilegalidad o fraude. La palabra ‘convenio’ incluye escrituras y testamentos, así como contratos entre las partes.”

Controversia

  1. ¿Debe excluirse como evidencia una carta que podría detallar “circunstancias bajo las cuales fue hecho el convenio o con las cuales se relaciona”?

Decisión

  1. No.

Fundamentos

  • “Por otra parte, nuestro Código Civil, sobre la interpretación de los contratos en su Art. 1234 dispone que para juzgar de la intención de los *629 contratantes deberá atenderse principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato.”
  • “En la situación específica del caso de autos, el Art. 25 no autorizaba la no admisión de esas cartas, al contrario, aun tratándose de un solo contrato, en el propio Art. 25 se dispone que el mismo ‘no excluye otra evidencia de circunstancias bajo las cuales fue hecho el convenio o con las cuales se relaciona.‘”

Comentario

  • En su Tratado de Derecho probatorio, Chiesa dice:
    • “ Miranda v. Editorial El Imparcial [199] explica muy bien lo relativo a “circunstancias bajo las cuales fuere hecho el convenio o con las cuales se relacionare”. En ese caso se sostiene la admisibilidad de gran cantidad de evidencia extrínseca para determinar el alcance y verdadera intención de las partes contratantes con relación a una “carta-contrato”. El juzgador puede recibir evidencia extrínseca sobre “todas las circunstancias concurrentes al otorgamiento del contrato para adjudicar la intención de las partes.”

Resumen:Santiago Torres v. Pérez López, 2008 TSPR 119; Brief

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de este caso

Hechos

  • Santiago Torres, la demandante, era una puertorriqueña casada con el demandado, Pérez López, cubano. Éstos se casaron en la Plaza de la Revolución en la Havana Cuba, mientras Santiago Torres obtenía su doctorado. En Cuba engendraron un cubanito.
  • En el 2007 Santiago Torres radicó una demanda de divorcio y sometió como prueba de su matrimonio “el original de una certificado de nacimiento del hijo menor de edad habido durante el matrimonio y una copia del Certificado de Matrimonio expedido por el Registrador del Estado Civil de la Dirección de Registros y Notarías de la República de Cuba.”. El Tribunal le pidió un certificado de matrimonio original, y ésta le contestó que no tenía uno, y debido a las relaciones diplomáticas entre EE.UU. y Cuba le era imposible conseguir uno. Se le pidió entonces una moción explicativa, la cuál se sometió, pero el Tribunal después dijo que no le convencía la explicación y desestimó la demanda.
  • Se apela al Tribunal de Apelaciones y se vuelve a perder la demanda. Recurrer al Supremo.

Controversia

  1. ¿Se puede probar el contenido de un documento, ante la ausencia del original y la imposibilidad de conseguir un original, mediante una copia del mismo?

Decisión

  1. Pues claro.

Fundamentos

  • “… el Profesor Ernesto L. Chiesa Aponte nos llama la atención sobre la posibilidad de probar un hecho particular a través de otros medios diferentes al escrito. A esos efectos expresa:
    • … cuando determinado hecho puede ser probado mediante el contenido de un escrito … y mediante cualquier otra prueba, la regla de la mejor evidencia no exige que se pruebe mediante la presentación del escrito, aunque éste sea la “mejor evidencia” o la evidencia primaria. El elegir uno u otro medio de prueba es aquí cuestión de credibilidad y valor probatorio para el juzgador. E.L. Chiesa, ante, Tomo II, a la pág. 936.”
  • “Regla 70 de Evidencia establece que Será admisible otra evidencia del contenido de un escrito, grabación o fotografía que no sea el original mismo cuando:
    • (a) El original se ha extraviado o ha sido destruido, a menos que el proponente lo haya perdido o destruido de mala fe.
    • (b) El original no puede ser obtenido por ningún procedimiento judicial disponible ni de ninguna otra manera.
    • (c) El original está en poder de la parte contra quien se ofrece y ésta no produce el original en la vista a pesar de haber sido previamente advertida de que se necesitaría producirlo en la vista.
    • (d) El original no está íntimamente relacionado con las controversias esenciales y resultare inconveniente requerir su presentación. (Énfasis suplido.)”
  • “Regla 73 de Evidencia dispone que:
    • Un duplicado es tan admisible como el original a no ser que surja una genuina controversia en torno a la autenticidad del original o que, bajo las circunstancias del caso, sea injusto admitir el duplicado en lugar del original.
  • Por otro lado, en esta etapa de los procedimientos, no existe ninguna controversia genuina en torno a la autenticidad de la copia del documento radicado ante el tribunal de instancia por la demandante; tampoco creemos que surja alguna en el futuro. Después de todo, nadie radica una demanda de divorcio-con los gastos y molestias que ello conlleva-si no está verdaderamente casado.

Resumen: Oficina de Ética Gubernamental (OEG) v. Rodriguez Martinez, 159 D.P.R. 98 (2003); [brief]

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de este caso

Hechos

  • Funcionarios de la Comisión de Servicio Público (CSP) subcontrataron a la Compañía Arta Promotions, Inc. para la promoción y preparación de un suplemento que serviría de relaciones públicas a la CSP. En las reuniones preliminares entre el CSP y Arta, surgió la idea de pedirle donativos a las personas y empresas reguladas directamente por la Comisión de Servicio Público. El plan fue un éxito: se recolectó el dinero, se publicó el suplemento en un diario del país, y todos estaban contentos, hasta que ciertos personajes radiales comenzaron a cuestionar el suplemento que anunciaba abiertamente el auspicio de las empresas que aportaron dinero.
  • A raíz de ello, se radicaron querellas en la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) contra la CSP, especialmente contra la funcionaria Rodríguez Martínez, por alegadamente “haber solicitado aportaciones económicas a varias compañías reguladas y con asuntos pendientes de resolver ante la CSP para proporcionarle un beneficio económico a Arta”.
  • En una vista administrativa, la OEG trajo la transcripción de una declaración anterior tomada al señor Feliciano, testigo principal contra la querellada, a lo que se opuso Rodríguez Martínez por ser ésta una declaración no sujeta a confrontación. Ante la objeción, el oficial examinador dijo “… yo voy a admitir tentativamente, y enfatizo el tentativamente, … la declaración. Los compañeros, naturalmente, tendrán derecho a contrainterrogar sobre ambos puntos”.
  • Luego, Feliciano testificó en la vista y fue interrogado y contrainterrogado. El oficial examinador le preguntó a la defensa de Rodríguez Martínez si deseaban contrainterrogar al testigo sobre su declaración anterior, pues solamente lo había contrainterrogado con relación a lo que había dicho en la vista (aunque en realidad ambas declaraciones eran sobre los mismos hechos) , pero se contestó en la negativa.
  • Entonces el oficial examinador admite la trascripción de la declaración anterior de Feliciano y adjudica el caso en contra de Rodríguez Martínez. Se apela, y se señala como error tal admisión.

Controversia

  1. ¿Se viola el derecho a la confrontación al admitir en una vista investigativa administrativa una transcripción de una declaración anterior de una persona que posteriormente testificó en una vista administrativa sobre los mismos hechos sujeta a confrontación?

Decisión

  1. No, no se viola el derecho a la confrontación al admitir en una vista investigativa administrativa una transcripción de una declaración anterior de una persona que posteriormente testificó en una vista administrativa sobre los mismos hechos sujeta a confrontación

Fundamentos

  • “…los abogados de la peticionaria contrainterrogaron brevemente al testigo con relación a lo declarado por él en la vista. Cuando el oficial examinador les preguntó si deseaban contrainterrogar al testigo en cuanto a su declaración anterior, la representación legal de la peticionaria contestó en la negativa y el testigo fue excusado”.
  • “Hemos establecido firmemente que la admisibilidad de las declaraciones anteriores de un testigo que está ocupando la silla testifical, y sujeto a ser contrainterrogado, es una de las instancias en que menos se vulnera el *114 derecho constitucional a la confrontación”.
  • Asimismo, hemos reiterado que el requisito de confrontación que exige nuestra citada Regla 63 de Evidencia se satisface si en el juicio o vista se le brinda a la otra parte la oportunidad de contrainterrogar al testigo con relación a la declaración que prestó previamente. Pueblo v. Stevenson Colón, 113 D.P.R. 634, 639 (1982). En este caso expresamos que “lo crucial en relación con el derecho a la confrontación es que la defensa tenga la oportunidad de contrainterrogar”. (Énfasis suplido.) Íd., pág. 639. Es decir, la declaración será admisible siempre que haya habido una oportunidad para contrainterrogar al testigo y que éste, a su vez, esté disponible para ser contrainterrogado por la parte adversa en el momento en que la declaración es ofrecida en evidencia.

Resumen: Pueblo v. Mendoza Lozada, 120 D.P.R. 815 (1988) [brief]

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de este caso

Hechos

  • Una mujer supuestamente fue testigo de un asesinato, pero muere antes de que pudiera testificar en juicio. La defensa, ante esto, recurre al testimonio de la hija de la muerta, quién alega que su madre le contó lo sucedido.
  • Según la hija, ese día su madre se encontraba vendiendo drogas como de costumbre, mientras a su vez discutía con la víctima, Samuel Rosario. Entonces, ésta dejó de atender su pequeño negocio y buscó una pistola para matar a Rosario, pero en seguida llegó un individuo apodado “Algarín” y le quitó el revolver, no para evitar el incidente, si no para ser él quien matara a Rosario, lo que según la muerta hizo.
  • La defensa argumentó que se debía aceptar como prueba de referencia el testimonio de la hija de la muerta sobre lo que supuestamente dijo la testigo, ya que esto constituía una declaración contra interés, en la medida que el relato incriminaba de varias maneras a la testigo. El procurador, por su parte, dijo que no se cumplía el requisito de ser “contra interés” de la prueba de referencia ya que, al ser la hija la persona a la cual se le contaba lo supuestamente contra interés, no había ningún riesgo envuelto pues la muerta sabía que la hija no la iba a delatar.

Controversia

  1. ¿El hecho de que la prueba de referencia contra interés sea ofrecido por un pariente cercano del declarante es suficiente para no admitir la prueba de referencia?

Decisión

  1. No, la identidad de quién ofrece el testimonio es solo uno de los factores a considerar.
    • Erró el Tribunal de Primera Instancia al no aceptar el testimonio, pero dicho error no acarea revocación.

Fundamentos

  • “La identidad de la persona a quien se hace la declaración es uno entre otros factores. Aun cuando podamos inferir que la testigo tenía conocimiento de las actividades ilegales de su madre, precisamente, el reconocimiento de una actividad criminal de ordinario se hace ante amigos o gente en la que el declarante confía”.
  • “Bajo un enfoque más realista y lógico, la estrecha relación entre la declarante y la testigo tiende a asegurar el elemento de confiabilidad. Chambers v. Mississippi, supra, pág. 300. Por último, aunque nuestra regla — distinto a la federal– no exige corroboración cuando la declaración tiende a exculpar al acusado, en el caso de autos hubo abundante prueba directa de corroboración de la participación de ‘Algarin’ en los incidentes.”.

Opinión concurrente

  • Se concurre con el Tribunal en la decisión de no revocar la sentencia, pero niega que se debe aceptar la prueba de referencia por no ser ésta realmente contra interés.
    • En estas circunstancias, según dispone la Regla 64(B)(3) de Evidencia, supra, ¿ puede sostenerse que la interlocutora percibió que tales manifestaciones la sometían al riesgo de responsabilidad criminal o de convertirla en objeto de odio, ridículo o *836 desgracia social en la comunidad? En sana lógica la respuesta es negativa. No concurre la condición necesaria de que la declaración contra interés fuera percibida como adversa a la declarante al momento de hacerla.”
  • Además, la declaración de la muerta no aportaba “conocimiento personal del asunto central, esto es, el autor del asesinato de ‘Papi Sammy’.”

Resumen:Pueblo v. Melia León, 143 D.P.R. 708 (1997); [brief]

Hechos

  • Una organización criminal en el área oeste estaba por introducir drogas al país, y dos sujetos de la organización pusieron al jefe de la organización, Israel Sanabria, en contacto con el coronel de la policía Enrique Meliá.
  • En la primera etapa, los dos sujetos le indicaron a Sanabria que conocían “a un sargento de la Policía de Puerto Rico que es compadre del Coronel Enrique Meliá, que es persona con mucho poder y que ambos bregan”. Todavía no habían establecido contacto con el Coronel.
  • En la segunda etapa se reúnen, cenan, e intercambias mensajes que según los testimonios estaban en clave, y que en ellos se habló de la transportación de la droga y de la protección que le daría la policía a los traficantes.
  • Dentro de la operación, la Policía tenía agentes encubiertos que testificaron contra Sanabría y el Coronel Meliá. Los dos sujetos que sirvieron de contácto, fueron testigos contra Meliá y expresaron que éste les había dicho que cooperaría con la operación delictiva. En Tribunal de Instancia declara culpable a Meliá, y éste apela y objeta la admisión de los testimonios de estos dos sujetos sobre lo que supuestamente él dijo ya que consideraba que era prueba de referencia no cumplía con los estándares de las Reglas de Evidencia, que admite tal declaración ““[e]s hecha por un coconspirador de dicha parte durante el curso de la conspiración y en la consecución del objetivo de ésta”.
  • No obstante, “un examen de la exposición narrativa de la prueba advierte que el Ministerio Público presentó prueba adicional a las declaraciones impugnadas por la defensa”. Por lo que queda como controversia lo siguiente:

Controversia

  1. ¿Debe presentarse prueba independiente sobre la existencia de la conspiración antes de la admisión de las declaraciones de los supuestos coconspiradores?

Decisión

  1. No, las Reglas de Evidencia nada disponen.

Fundamentos

  • «En otras jurisdicciones, al evaluar similar controversia, se ha establecido que el tribunal puede admitir condicionalmente la declaración objeto de impugnación, sujeto a que en algún momento del proceso el Ministerio Público presente la evidencia independiente que requiere la regla evidenciaría. Esta posición ha sido sostenida bajo el fundamento de que se trata de un asunto de orden de prueba sobre el cual el juez tiene amplia discreción.».
  • Es válido aceptar las declaraciones de los supuestos coconspiradores si esto está sujeto a la posterior presentación de prueba independiente que prueba la conspiración según establecen las Reglas de Evidencia.
    • «En el caso de autos, resulta significativo el hecho de que el juicio fue tramitado por tribunal de derecho. De este modo no estamos ante la situación en que una declaración erróneamente admitida puede constituir una influencia indebida para el Jurado. Como hemos afirmado, a diferencia de éste, los jueces son especialistas en Derecho, educados para sopesar aquella evidencia admisible y pertinente, o para admitirla sólo para unos fines y descartarla cuando el ordenamiento jurídico así lo exige. Pueblo v. De Jesús Rivera, 113 D.P.R. 817, 826 (1983).»