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Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973

Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor

Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973, según enmendada (3 L.P.R.A. sec. 341 y ss)

Art. 1 Título corto (3 L.P.R.A. sec. 341)

Esta ley se conocerá como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”.

Art. 2 Creación (3 L.P.R.A. sec. 341a)

Se crea por la presente como departamento ejecutivo del Gobierno un Departamento de Asuntos del Consumidor.

Art. 3 Propósitos (3 L.P.R.A. sec. 341b)

El Departamento de Asuntos del Consumidor tendrá como propósito primordial vindicar e implementar los derechos del consumidor, frenar las tendencias inflacionarias; así como el establecimiento y fiscalización de un control de precios sobre los artículos y servicios de use y consumo.

Art. 4 Secretario; nombramientos (3 L.P.R.A. sec. 341c)

El Departamento estará bajo la dirección de un Secretario quien será nombrado por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de conformidad con la Sección 5 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El Secretario podrá nombrar aquellos otros funcionarios que considere necesarios para el mejor cumplimiento con los propósitos de esta ley.

Art. 5 Transferencias (3 L.P.R.A. sec. 341d)

(A) Se transfieren al Departamento de Asuntos del Consumidor las siguientes funciones y poderes:

(a) Todas las funciones, poderes y deberes de la Administración de Servicios al Consumidor, así como la propiedad, récord, cantidades no gastadas de las asignaciones, partidas u otros fondos en poder y bajo la custodia de dicha Administración y se suprime ésta.

(b) Todas las funciones, poderes y deberes de la Junta Reguladora del Crédito en Ventas al por Menor a Plazos y de Compañías de Financiamiento que establecen las [10 LPRA secs. 731 a 793].

(c) Todas las funciones, poderes y deberes del Secretario de Hacienda con respecto a las [10 LPRA secs. 981 a 981s]; así como la propiedad, récord, cantidades no gastadas de las asignaciones, poderes, u otros fondos en poder del Departamento de Hacienda asignados para la implementación de dichas secciones.

(B) El Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor será miembro de la Junta Especial que establece la [10 LPRA sec. 259].

Art. 5a Transferencia de la Oficina de Energía de Puerto Rico (3 L.P.R.A. sec. 341d-1)

Se transfiere todo lo referente a la Oficina de Energía de Puerto Rico al Departamento de Asuntos del Consumidor. Dicha transferencia incluye lo siguiente, sin que esto se entienda como una limitación:

(1) Todos sus poderes, deberes, funciones, facultades, puestos; propiedades, equipo, expedientes y documentos; fondos disponibles y sobrantes de cualquier procedencia; contratos, obligaciones, exenciones y privilegios originados al amparo de la Ley Núm. 128 de 29 de junio de 1977, según enmendada.

(2) Cualquier reglamento que rija la operación de la Oficina de Energía de Puerto Rico, que esté vigente a la fecha en que tenga efectividad la transferencia autorizada en esta ley. Estos continuarán en vigor hasta que sean enmendados o derogados por la autoridad administrativa correspondiente.

(3) El personal de la Oficina de Energía de Puerto Rico que a la fecha de vigencia de esta ley estuviere ocupando puestos regulares con funciones permanentes del Servicio de Carrera se transferirán status regular de carrera. Los empleados de confianza que a dicha fecha tenían derecho de reinstalación, en armonía con las [3 LPRA secs. 1301 et seq.], se transferirán con status de confianza y permanecerán en sus puestos con ese status hasta que la autoridad nominadora los reinstale al status de carrera. En lo referente a los empleados transitorios que a dicha fecha tenían derecho a permanencia, según lo dispuesto en la Ley Núm. 56 de 16 de agosto de 1989, según enmendada, se continuará con los trámites que correspondan.

El Director de la Oficina Central de Administración de Personal, en coordinación con el Secretario de Justicia, evaluará los expedientes de los empleados a ser transferidos a los fines de determinar si la Oficina de Energía cumplió con todas las disposiciones relativas al sistema de mérito, con atención especial al reclutamiento, selección y nombramiento de éstos. El Director recomendará las acciones que procedan.

El personal transferido conservará los mismos derechos y beneficios que tenía al momento de la transferencia, así como los derechos y obligaciones respecto a cualquier sistema de pensión, retiro o fondos de ahorro y préstamos. La clasificación, reclasificación y retribución de los puestos se establecerá en armonía con los planes de clasificación y retribución aplicables al Departamento de Asuntos del Consumidor. Los empleados transferidos deberán reunir los requisitos mínimos de la clasificación de los puestos a que se asignen sus funciones. La Oficina Central de Administración de Personal tomará las medidas necesarias para que la retribución de los empleados se afecte lo menos posible por razón de la transferencia.

(4) Todos los poderes, deberes y funciones asignados en las [23 LPRA secs. 1062 et seq.] y cualesquiera otras leyes. (Art. 5A, adicionado en la Ley Núm. 47, del 21 de agosto de 1990).

Art. 6 Poderes y facultades del Secretario (3 L.P.R.A. sec. 341e)

En adición a los poderes y facultades transferidos por esta ley, el Secretario de Asuntos del Consumidor tendrá los siguientes poderes y facultades:

(a) Reglamentar, fijar, controlar, congelar y revisar los precios, márgenes de ganancias y las tasas de rendimiento sobre capitales invertidos a todos los niveles de mercadeo, sobre los artículos, productos y aquellos servicios que corriente y tradicionalmente se prestan y se cobran por horas o por unidad, se ofrezcan o se vendan en Puerto Rico, en aquellos casos que tales medidas se justifiquen para proteger al consumidor de alzas injustificadas en los precios, evitar el deterioro del poder adquisitivo del consumidor, y proteger la economía de presiones inflacionarias. Disponiéndose, que el Secretario vendrá obligado, además, a establecer y reglamentar las tarifas que deben cobrar los establecimientos privados que se dedican al cuidado de personas de edad avanzada y que residen en éstos, siguiendo las guías que se disponen para estos casos en el inciso (c) del artículo 8 de esta ley.

(b) Atender consultas y ofrecer asesoramiento técnico y, además, prestar ayuda legal a los consumidores en casos meritorios.

(c) Atender, investigar y resolver las quejas y querellas presentadas por los consumidores de bienes y servicios adquiridos o recibidos del sector privado de la economía. Cuando declare con lugar una querella, el Secretario ordenará al querellado perdido que haya procedido con temeridad que pague total o parcialmente los gastos incurridos por el Departamento en su tramitación. El Secretario dispondrá por reglamento los cargos por concepto de gastos que deberá pagar el querellado perdido.

(d) Poner en vigor, implementar y vindicar los derechos de los consumidores, tal como están contenidos en todas las leyes vigentes, a través de una estructura de adjudicación administrativa con plenos poderes para adjudicar las querellas que se traigan ante su consideración y conceder los remedios pertinentes conforme a derecho, disponiéndose que las facultades conferidas en este inciso podrá delegarlas el Secretario en aquel funcionario que él entienda cualificado para ejercer dichas funciones.

(e) Representar al público consumidor ante cualquier entidad privada u organismo público en cualquier asunto que afecte o pueda afectar los intereses del consumidor.

(f) Comparecer por y en representación de los consumidores ante cualquier Tribunal, junta o comisión, organismo administrativo, departamento, oficina o agencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y/o del Gobierno de los Estados Unidos en cualquier vista, procedimiento o asunto que afecte o pueda afectar los intereses del consumidor en general, de grupos de consumidores o de cualquier consumidor en particular.

(g) Establecer las reglas y normas necesarias para la conducción de los procedimientos administrativos, tanto de reglamentación como de adjudicación, que celebre el Departamento.

(h) Emitir órdenes (subpoena) para compeler la comparecencia de testigos y la producción de documentos y/o información.

(i) Interponer cualesquiera remedios legales que fueran necesarios para hacer efectivos los propósitos de esta ley y hacer que se cumplan las reglas, reglamentos, órdenes, resoluciones y determinaciones del Departamento.

(j) Reglamentar y fiscalizar los anuncios y las prácticas engañosas en el comercio, incluyendo la facultad de fiscalizar los reclamos sobre la calidad y demás cualidades de los productos y servicios, realizados a través de los distintos medios de comunicación, así como requerir de los anunciantes evidencia de la veracidad de los reclamos realizados.

(k) Reglamentar y fiscalizar la venta y mecanismos de distribución de franquicias en Puerto Rico en las áreas cubiertas en los incisos (a) y (j) de esta sección.

(l) Promover y establecer normas de calidad, seguridad e idoneidad en los servicios y en los productos de uso y consumo y requerir su cumplimiento. El Secretario podrá requerirle, dentro de un tiempo razonable, a toda empresa que venda algún producto u ofrezca algún servicio en Puerto Rico y que sea objeto de una querella, investigación rutinaria o información que impugne la idoneidad del producto o servicio, que lleve a cabo pruebas de calidad, seguridad e idoneidad, realizadas según se disponga específicamente en cada caso y costeadas por la propia empresa. El Secretario podrá optar por mandar a realizar tales pruebas y cobrarle su costo o parte de éste a la empresa si el resultado revelase alguna falta en la calidad, seguridad e idoneidad del producto o servicio. También podrá cobrarle el costo en que incurra al divulgar cualquier advertencia relacionada con la calidad, seguridad e idoneidad del producto o servicio.

(m) Estimular la formación de agrupaciones privadas de consumidores con fines no pecuniarios, dedicadas exclusivamente a proteger y velar por los intereses del consumidor.

(n) Estudiar los problemas del consumidor y las mejores maneras de proteger sus intereses mediante la promulgación de la debida reglamentación.

(o) Recomendar la legislación que estime necesaria para proteger al consumidor. Recopilar, evaluar y divulgar legislación y reglamentación existente de protección al consumidor, estudios, opiniones y resoluciones, normas y procedimientos, transcripciones, y cualquier documento o grabación que obre en expedientes oficiales. Disponiéndose, que podrá cobrar los derechos correspondientes por copias de tales documentos, reproducciones, transcripciones y regrabaciones, emitidas a solicitud de parte interesada, que se expidan al público en general, a los fines de recuperar los gastos, o parte de los gastos, en que se incurra en su impresión, reproducción y distribución. Los ingresos que por este concepto se obtengan ingresarán en una cuenta especial a favor del Departamento de Asuntos del Consumidor. El Secretario de Hacienda pondrá a disposición del Departamento de Asuntos del Consumidor los dineros ingresados en dicha cuenta especial mediante libramientos autorizados o firmados por el Secretario. No obstante, el Secretario podrá distribuir dichas copias, transcripciones y regrabaciones gratuitamente a organismos gubernamentales, universidades, escuelas públicas y privadas que las soliciten y a cualesquiera otras personas que las soliciten cuando ello, a su juicio, sea necesario para los propósitos de los programas del Departamento de Asuntos del Consumidor. El Secretario consignará en un reglamento las guías, condiciones y excepciones que han de regir la distribución y cobro de dichas publicaciones, documentos, reproducciones, transcripciones y regrabaciones.

(p) Educar y orientar al consumidor en la adecuada solución de sus problemas de consumo y en el mejor uso de sus ingresos y de su crédito, utilizando para ello todas las técnicas y medios de comunicación a su alcance.

(q) Establecer la coordinación necesaria con otras agencias y organismos gubernamentales para la canalización efectiva de la educación y orientación del consumidor de acuerdo con los programas y actividades de cada agencia.

(r) Referir a los organismos, agencias o departamentos correspondientes aquellos asuntos y querellas que le[s] corresponda atender a los mismos bajo sus respectivas leyes.

(s) En coordinación con las demás agencias y departamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, promover y velar por el cumplimiento de todas las leyes, reglas, reglamentos y órdenes que afecten los intereses del consumidor.

(t) Hacer contratos o convenios con personas o instituciones, públicas o privadas, tanto para llevar a cabo investigaciones, pruebas, exámenes o análisis sobre productos, artículos o servicios, como para llevar a cabo campaña de divulgación.

(u) Requerir que se lleven y guarden aquellos récord y otros documentos que fueren necesarios para poner en vigor las disposiciones de esta ley.

(v) Tomar declaraciones bajo juramento.

(w) Inspeccionar récord, inventarios, documentos y facilidades físicas y examinar las operaciones de personas o entidades sujetas a reglamentación bajo las disposiciones de esta ley y demás leyes que administra el Departamento. La persona o entidad objeto de la investigación deberá reembolsar las erogaciones razonables y adecuadas y los gastos incurridos en la investigación, a la presentación por el Secretario de una cuenta detallada de tales erogaciones o gastos. El Secretario dispondrá por reglamento los cargos por concepto de inspección o de examen que deberá pagar la persona o entidad intervenida; en ningún caso los cargos excederán el medio (0.5) del uno (1) por ciento del volumen anual del negocio.

(x) Adjudicar las querellas que la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, radique y procese en virtud de lo dispuesto en la [10 LPRA sec. 259].

(y) Cobrar, recibir, depositar y entregar el importe que corresponda a reclamaciones de consumidores por concepto de cualquier compensación, derecho o beneficio, como resultado de trámites administrativos o gestiones judiciales realizadas bajo las disposiciones de esta ley cuando tales cantidades sean consignadas en este Departamento o cuando no pueda localizarse a los consumidores. En estos casos el Secretario procederá según se establece en el artículo 25 de esta ley.

(z) Establecer un sistema de licencias y de fianzas para la venta y alquiler de bienes, productos y servicios que se ofrezcan en Puerto Rico, cuando ello sea necesario y propio para poner en efecto los propósitos de esta ley. El Secretario podrá también requerir el registro de personas que se dediquen a cualquier actividad comercial, de propiedades para venta o alquiler, de garantías y de cualquier otra información cuya divulgación beneficie a los consumidores. Los requisitos de fianzas, licencias o registros establecidos por esta ley, no serán aplicables a actividades comerciales o personas sujetas a otros registros, licencias o fianzas en virtud de otras leyes especiales. No se entenderán como tales las patentes municipales o los certificados de incorporación.

Mediante los reglamentos aprobados a esos fines, el Secretario fijará y revisará los derechos a cobrar por las licencias que expida bajo esta ley, así como los cargos por concepto de investigación de las solicitudes de licencia y los derechos por concepto de registro. De la misma manera dispondrá las formas y el monto de las fianzas que requiera. Los derechos de licencias, los cargos por concepto de investigación y los derechos por concepto de registro no serán menores de veinticinco (25) dólares ni mayores de trescientos (300) dólares. Para su determinación se tomará en consideración, entre otros criterios, la cuantía de derechos, cargos y fianzas que se hayan establecido por ley o por reglamento para actividades comerciales y de servicio que sean similares y comparables y los gastos que acarrea su tramitación. En el caso de las fianzas, éstas se fijarán y se revisarán para que, a base de la experiencia, la cuantía y el tipo de fianza responda razonablemente por el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

(aa)(1) Atender, investigar, adjudicar y procesar las querellas presentadas por aquellas personas con deficiencias en el desarrollo en contra de entidades privadas que reciban fondos de programas que para beneficio y protección de dichas personas contemplan las leyes federales.

(2) Atender, investigar y adjudicar las querellas presentadas por aquellas personas con deficiencias en el desarrollo en contra de agencias públicas o cuasi públicas que estén acogidas a los beneficios de los programas mencionados en la cláusula (1) de este inciso.

(3) Comparecer por y en representación de aquellas personas con deficiencias en el desarrollo que cualifiquen para obtener beneficios bajo las leyes federales pertinentes, ante cualquier foro, tribunal estatal o federal, junta o comisión, organismo administrativo, departamento, oficina o agencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en cualquier vista, procedimiento, asunto que afecte, o pueda afectar, los intereses, derechos y prerrogativas de éstas.

(4) Previa consulta al Secretario de Justicia, a interponer cualquier recurso o remedio legal vigente por y en representación de las personas con deficiencias en el desarrollo que para beneficio y protección de las mismas contemplan las leyes federales, contra cualquier agencia pública o cuasi pública, para defender, proteger y salvaguardar los intereses, derechos y prerrogativas de esas personas.

Los ingresos que se cobren bajo los incisos (c), (l), (w) y (z) de esta sección ingresarán en los libros del Secretario de Hacienda en forma separada de cualesquiera otros fondos que tenga a bien recibir el Departamento de Asuntos del Consumidor. Estos fondos serán contabilizados sin año natural determinado. Una vez pasados cinco (5) años de la vigencia de esta ley, los recaudos por este concepto ingresarán al Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Disponiéndose, que el Secretario, antes de utilizar los recursos depositados en el Fondo Especial deberá someter anualmente, para la aprobación de la Oficina de Presupuesto y Gerencia, un presupuesto de gastos con cargos a estos fondos. El remanente de fondos que al 30 de junio de cada año fiscal no haya sido utilizado u obligado para los propósitos de esta ley se transferirá al Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Los ingresos recaudados podrán ser utilizados por el Departamento para contratación de personal consultivo, adquisición y reemplazo de equipo, compra de materiales y en todo aquello que tenga el propósito de mejorar y aligerar los procedimientos seguidos por el Departamento. (Enmendado en el 1974, 78, 80, 85, 86, 88 y 90)

Art. 7 Protección de consumidores (3 L.P.R.A. sec. 341f)

El Secretario tendrá poderes y facultades para, en protección de los consumidores, fiscalizar el cumplimiento de las leyes sobre protección al consumidor que estén bajo la jurisdicción de otras agencias y organismos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y referir a los mismos las querellas y notificar las infracciones para que éstos tomen la acción que proceda.

Art. 8 Reglas, reglamentos, órdenes, resoluciones y determinaciones (3 L.P.R.A. sec. 341g)

(a) El Secretario, tendrá poder para aprobar, enmendar o revocar aquellas reglas, reglamentos, órdenes, resoluciones y determinaciones necesarias al cumplimiento de esta ley. Las reglas y reglamentos, que no sean de carácter interno, serán promulgadas conforme a lo dispuesto por la [3 LPRA secs. 1041 a 1059], disponiéndose que las órdenes y reglamentos promulgados conforme al inciso (a) del artículo 6 de esta ley y/o a las [23 LPRA secs. 731 a 745] entrarán en vigor inmediatamente después de su radicación en la Oficina del Secretario de Estado.

Para la adopción de reglas y reglamentos que no sean de carácter interno, el Secretario celebrará vistas públicas luego de haber publicado aviso por lo menos en uno de los periódicos de mayor circulación en Puerto Rico, indicando la fecha, el sitio y la naturaleza de dicha vista. La publicación se hará con no menos de quince (15) días de anticipación a la vista o audiencia.

No obstante, lo anteriormente dispuesto en este inciso, las órdenes de precios emitidas en base a reglamentos que contienen criterios para dicha fijación, entrarán en vigor en la misma fecha de su publicación en uno de los periódicos de mayor circulación en Puerto Rico, a menos que en el texto de la orden publicada se especifique una fecha distinta. En estos casos no será necesario celebrar vistas públicas ni radicar dichas órdenes en la Secretaría de Estado.

(b) Cuando el Secretario determine que existe una situación que requiere una acción inmediata para evitar serios perjuicios a los consumidores, el Secretario podrá adoptar, con la aprobación del Gobernador de Puerto Rico cualquier orden o reglamento sin necesidad de celebrar vistas públicas. Dentro de los quince (15) días posteriores a la promulgación de la orden o reglamento así adoptado, el Secretario deberá comenzar a celebrar las vistas públicas para la consideración de dicho reglamento u orden. De no comenzarse la celebración de las vistas públicas dentro del término de los quince (15) días antes señalados, la orden o reglamento provisional promulgado quedará sin efecto ni validez legal alguna.

Estas vistas públicas se celebrarán luego de haber publicado aviso en unos de los periódicos de mayor circulación en Puerto Rico indicando la fecha, el sito y la naturaleza de dicha vista. La publicación se hará con no menos de cinco (5) días de anticipación a la vista o audiencia.

(c) Para establecer y reglamentar las tarifas correspondientes que deberán cobrar los establecimientos privados que se dedican al cuidado de personas de edad avanzada, que residen en éstos, el Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor deberá estudiar las características biofisiológicas, sociológicas y sicológicas de las personas de edad avanzada, los datos demográficos actuales y las proyecciones futuras y sus necesidades de servicio y apoyo. Deberá además, sin que constituya una limitación, utilizar los siguientes criterios:

(1) Ubicación del establecimiento;

(2) facilidades físicas, tales como equipo y materiales;

(3) privacidad;

(4) servicios de transportación y ambulancia;

(5) personal y su preparación profesional y experiencia;

(6) programa de recreación y rehabilitación;

(7) acceso a sistemas de apoyo;

(8) sistemas de seguridad;

(9) alimentación;

(10) servicios médicos, atención médica y de dentista;

(11) grado de dependencia del envejeciente, según su condición de salud;

(12) asuntos administrativos. (Enmendado en 1974 y 1988).

Art. 9 División administrativa para ventilar querellas (3 L.P.R.A. sec. 341h)

El Secretario establecerá una división administrativa en el Departamento con el propósito de recibir, ventilar y adjudicar las querellas que por violación a las leyes, o disposiciones de las mismas, que den protección al consumidor, radiquen consumidores individuales, grupos de consumidores y funcionarios del Departamento u otros funcionarios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Art. 10 Examinadores; vistas administrativas (3 L.P.R.A. sec. 341i)

El Secretario designará un cuerpo de examinadores cuya función será la de presidir las vistas administrativas que se celebren por el Departamento, tanto las de naturaleza cuasi legislativa como las de naturaleza cuasi judicial.

Los examinadores rendirán un informe al Secretario o al funcionario que éste designe a tenor con el inciso (d) del artículo 6 de esta ley sobre los resultados de cada vista administrativa llevada a cabo y someterán sus recomendaciones. (Enmendado en el 1974)

Art. 10a Quejas y querellas de Consumidores—Término para resolverlas (3 L.P.R.A. sec. 341i-l)

El Secretario deberá resolver las quejas y querellas presentadas por los consumidores de bienes y servicios adquiridos o recibidos del sector privado de la economía, y conceder los remedios pertinentes conforme a derecho, a través de la estructura de adjudicación administrativa, dentro de un plazo de ciento veinte (120) días laborables a partir de la radicación de la querella, siempre que no exista causa justificada. A partir del 1 de julio de 1986 el plazo de ciento veinte (120) días laborables se aplicará a las querellas relativas a bienes inmuebles. En todo otro caso el plazo será de ciento veinte (120) días naturales. ( Art. 10-A, adicionado el 31 de Mayo de 1985, Ley Núm. 19, art. 1, efectiva el 1 de. Julio de 1985).

Art. 10b Queja y querellas de Consumidores—Remedio en caso de demora injustificada (3 L.P.R.A. sec. 341i-2)

En caso de que el Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor o su designado demorare más del plazo fijado por esta ley, el querellante podrá recurrir a la Sala del Tribunal Superior correspondiente a la Oficina donde se haya radicado la querella y solicitar a este foro que expida una orden de mostrar causa sobre la justificación de la demora. El tribunal podrá a su discreción, fijar un plazo para que el Departamento de Asuntos del Consumidor resuelva. (Art. 10-B, adicionado el 31 de Mayo de 1985, Ley Núm. 19, art. 1, efectiva el 1 de. Julio de 1985).

Art. 11 Abogados del interés público (3 L.P.R.A. sec. 341j)

(a) El Secretario designará un cuerpo de los abogados del interés público cuya función será la de representar a los consumidores individuales, a grupos de consumidores y al Departamento en procedimientos ante otras agencias u organismos y tribunales, tanto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como de los Estados Unidos.

(b) El Secretario podrá solicitar del Secretario de Justicia el nombramiento de los abogados del interés público como fiscales especiales en procedimientos de naturaleza criminal por violaciones a las leyes, reglamentos u órdenes que administra el Departamento.

Art. 12 Separación de examinadores y abogados del interés público (3 L.P.R.A. sec. 341k)

El Secretario mantendrá separadas, la unidad de examinadores y la de los abogados del interés público. En caso de resultar necesario realizar transferencias de personal entre una y otra unidad las personas envueltas en la transferencia no participarán en casos en los cuales hayan intervenido anteriormente en otra capacidad.

Art. 13 Sanciones y órdenes (3 L.P.R.A. sec. 341l)

El Secretario, o el funcionario que éste designe a tenor con el inciso (d) del artículo 6 de esta ley, tendrá facultad para emitir las siguientes sanciones y órdenes:

(a) Previa notificación y vista imponer multas administrativas por las violaciones a esta ley o las reglas, reglamentos y órdenes aprobadas o dictadas por el Departamento a tenor con esta ley.

(b) Previa notificación y vista podrá emitir órdenes para cesar y desistir, y prescribir los términos y condiciones correctivas que por la evidencia a su disposición y a tenor con el derecho aplicable determine que son en beneficio del consumidor. Cuando en el criterio del Secretario se cause o se pueda causar un grave daño inmediato a los consumidores o a un consumidor en particular, podrá emitir dicha orden, de carácter provisional, obviando el requisito de celebrar una vista. Dentro de los diez (10) días posteriores a la emisión de dicha orden provisional, el Secretario deberá celebrar una vista administrativa en la que resolverá si dicha orden provisional se hace permanente o se revoca. Las órdenes emitidas bajo este inciso serán notificadas a la persona que corresponda en su sitio de negocios o por correo certificado a su última dirección conocida.

(e) El Secretario podrá recurrir al Tribunal Superior de Puerto Rico en solicitud que se ponga en vigor cualquier orden de cesar y desistir por él emitida o cualquier orden correctiva. El incumplimiento de una orden judicial declarando con lugar tal solicitud constituirá desacato al Tribunal. (Enmendado en el 1974, Ley Núm. 87)

Art. 14 Estudios e investigaciones (3 L.P.R.A. sec. 341m)

(a) Se faculta al Departamento para llevar a cabo toda clase de estudios e investigaciones sobre asuntos que afecten al consumidor, y a tales fines, el Secretario podrá requerir la información que sea necesaria, pertinente y esencial para lograr tales propósitos y aprobar aquellas reglas y reglamentos necesarias y razonables. El Secretario podrá expedir citaciones requiriendo la comparecencia de testigos y la presentación de datos o información para llevar a cabo los propósitos de esta ley. Podrá, además, por sí o mediante su agente debidamente autorizado, tomar juramentos y recibir testimonios, datos o información.

(b) Si una citación expedida por el Secretario no fuese debidamente cumplida, el Secretario podrá comparecer ante el Tribunal Superior de Puerto Rico y solicitar se ordene el cumplimiento de la citación. El Tribunal Superior dará preferencia al curso y despacho de dicha petición y podrá dictar órdenes haciendo obligatoria la comparecencia de testigos a la presentación de los datos o información requerida previamente por el Secretario. El Tribunal Superior tendrá facultad para castigar por desacato la desobediencia de esas órdenes.

(c) Ninguna persona podrá negarse a cumplir una citación del Secretario o de su representante, o producir la evidencia requerida o rehusar contestar cualquier pregunta en relación con cualquier estudio o investigación, o porque la evidencia que se le requiere podría incriminarle o le expondría a un proceso criminal o a que se le destituya o suspendiera de su empleo, profesión u ocupación; pero el testimonio o evidencia producida por dicha persona a requerimiento del Secretario o su representante o en virtud de orden judicial, no podrá ser utilizada o presentada como prueba en su contra en ningún proceso criminal, o en procesos civiles o administrativos que puedan resultar en la destitución o suspensión de su empleo, profesión u ocupación.

(d) Toda información obtenida como resultado de las investigaciones practicadas por el Departamento será de carácter público, excepto, aquella que incrimine al deponente y aquella que constituya secreto de producción o esté protegida por la legislación federal sobre patentes.

Art. 15 Querellas de consumidores (3 L.P.R.A. sec. 341n)

Cualquier consumidor podrá radicar una querella en el Departamento para vindicar los derechos que le conceden las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En caso de que la querella radicada por el consumidor no plantee ninguna controversia adjudicable, el Departamento asesorará al consumidor con respecto a la solución de su querella y o referirá la misma a cualesquiera agencia pertinente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de los Estados Unidos.

Las querellas de los consumidores se regirán por el procedimiento de adjudicación que dispone esta ley.

Art. 16 Decisiones del Secretario, reconsideración (3 L.P.R.A. sec. 341o)

Cualquier parte adversamente afectada por la decisión del Secretario, o del funcionario que éste designe a tenor con el inciso (d) del artículo 6 de esta ley, en un procedimiento de naturaleza cuasi judicial o cuasi legislativa deberá, salvo en los procedimientos radicados por la Oficina de Asuntos Monopolísticos, solicitar dentro del término de diez (10) días a partir de la fecha de notificación de la decisión, la reconsideración del Secretario. El Secretario tendrá treinta (30) días para decidir la reconsideración solicitada, pasados los cuales, si no ha emitido su decisión se entenderá No Ha Lugar a la reconsideración solicitada, disponiéndose que el Secretario notificará tal hecho a la parte afectada. (Enmendado en el 1974 y 1978)

Art. 17 Revisión judicial de decisiones (3 L.P.R.A. sec. 341p)

(a) cualquier parte adversamente afectada por una decisión en reconsideración del Secretario o del funcionario que éste designe a tenor con el inciso (d) del artículo 6 de esta ley podrá solicitar la revisión judicial de dicha decisión al Tribunal Superior del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la Sala del Tribunal Superior correspondiente a la residencia del perjudicado, mediante un recurso emitido por el Tribunal a su discreción. La solicitud de revisión deberá ser radicada ante el Tribunal Superior dentro de los quince (15) días a partir de la fecha de la notificación de la referida decisión.

(b) La decisión del Secretario, o del funcionario designado por éste, permanecerá en todo su vigor y efecto hasta tanto no haya una decisión del Tribunal Superior de Puerto Rico final y firme revocando la decisión del Secretario.

(c) El recurso de revisión se formalizará presentando una solicitud en la Secretaría del Tribunal, en la cual se expondrán los fundamentos en que se apoya la solicitud de revisión. Radicado el recurso, el peticionario deberá notificar el mismo al Secretario dentro de un término de cinco (5) días a partir de su radicación.

(d) El Secretario deberá elevar al tribunal copia certificada de los documentos que obren en el expediente, dentro de un término de diez (10) días a contar de la fecha en que fuere notificado de la expedición del auto de revisión.

(e) El Tribunal revisará las resoluciones u órdenes del Secretario con base al récord administrativo sometido y sólo en cuanto a las conclusiones de derecho; las determinaciones de hecho del Secretario serán concluyentes para el Tribunal si estuvieren sostenidas por evidencia sustancial.

(f) La solicitud de reconsideración hecha al Tribunal Superior no suspenderá los efectos del reglamento, orden o resolución del Secretario.

Las disposiciones de esta sección no serán de aplicación a las querellas que sean instadas por la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia en virtud de lo dispuesto en la [10 LPRA sec. 259].

(Enmendado en el 1974, 78 y 85)

Art. 18 Multas (3 L.P.R.A. sec. 341q)

El Secretario tendrá facultad para imponer multas hasta un máximo de diez mil (10,000) dólares.

El Secretario podrá imponer multa por violación de las disposiciones de esta ley, las leyes que administra el Departamento o los reglamentos u órdenes emitidas por el Departamento. Cada día en que se incurra en la misma violación será considerada como una violación separada. (Enmendado en el 1974 y 1990).

Art. 19 Actos prohibidos (3 L.P.R.A. sec. 341r)

Se prohibe todo tipo o clase de acto, práctica, anuncio o publicidad que constituya o tienda a constituir fraude y/o engaño y/o falsa representación, sobre la marca, precio, cantidad, tamaño, calidad, garantía o salubridad de un producto, artículo o servicios.

Cualquier violación de esta sección constituirá un delito público y cada día en que se incurra en la misma violación se considerará un delito separado. En caso de convicción se impondrá una pena de cárcel hasta un término que no excederá de seis (6) meses, o una multa hasta un máximo de quinientos (500) dólares o amas penas a discreción del Tribunal. (Enmendado en el 1974)

Art. 20 Servicios profesionales y técnicos (3 L.P.R.A. sec. 341s)

El Secretario contratará los servicios profesionales y técnicos que fueren necesarios para atender los múltiples y complejos problemas que confrontan al consumidor y que requieren atención y acción de personal especializado.

Art. 21 Informe anual ( 3 L.P.R.A. sec. 341t)

El Secretario deberá rendir al Gobernador y a la Asamblea Legislativa un informe de la labor realizada durante el año, al finalizar cada año fiscal.

Art. 22 (Suprimido)

Art. 23 Reglamentos vigentes; sucesor legal (3 L.P.R.A. sec. 341u)

Todas aquellas leyes, reglas, reglamentos y órdenes aplicables a la Administración de Servicios al Consumidor y al Departamento de Hacienda, en cuanto a las [10 LPRA secs. 981 a 981s], que no estén en conflicto con las disposiciones de esta ley, continuarán en vigor, y se entenderá que a partir de la vigencia de esta ley, se relacionan, refieren y serán administradas por el Departamento de Asuntos del Consumidor y su Secretario, quien será, para todos los efectos, el sucesor legal del Director de la Administración de Servicios al Consumidor y el Secretario de Hacienda respectivamente.

Art. 24 Comisión, miembros, propósitos (3 L.P.R.A. sec. 341v)

Se crea una Comisión compuesta por el Secretario de Asuntos del Consumidor, el Secretario de Justicia, el Presidente de la Junta de Planificación dos personas que representen el interés público designados por el Gobernador de Puerto Rico, que en el curso de un año, a partir de la fecha de vigencia de esta ley, efectuará un estudio en el cual se determinarán las funciones y programas del Estado Libra Asociado de Puerto Rico que deban ser transferidas al Departamento de Asuntos del Consumidor por razón de su estrecha relación a los problemas y asuntos del consumidor.

En base a estas recomendaciones el Gobernador someterá a la Asamblea legislativa no más tarde de 30 días después de comenzada una sesión ordinaria ó 10 días después de comenzada una extraordinaria, las transferencias de programas que estime necesarias. Si la Asamblea Legislativa recesare sin que ninguna de las Cámaras rechazare alguna propuesta para transferencias, ésta quedará automáticamente aprobada y entrará en vigor al día siguiente de haber recesado la Asamblea Legislativa.

Art. 25 Facultades y deberes del Secretario respecto a reclamaciones y querellas (3 L.P.R.A. sec. 341w)

(1) El Secretario podrá cobrar, recibir, depositar y entregar el importe de las reclamaciones a los consumidores a quienes corresponda. Si las cantidades recibidas no pudieran ser entregadas prontamente a los consumidores con derecho a recibirlas, las mismas permanecerán bajo la custodia del Secretario en una cuenta bancaria que devengue intereses. En estos casos, el Secretario tendrá facultad para endosar y depositar en la referida cuenta aquellos cheques bancarios, giros postales y cualesquiera otros valores librados a favor de los consumidores. Los desembolsos contra esta cuenta se efectuarán conforme a la reglamentación promulgada por el Secretario de Asuntos del Consumidor en coordinación con el Secretario de Hacienda.

(2) En caso de muerte del consumidor con derecho a recibir determinada cantidad por el concepto expresado, el Secretario de Asuntos del Consumidor hará el pago a sus herederos de acuerdo con la determinación que haga al respecto, en las proporciones que les correspondan de conformidad con el [título 31 LPRA].

La prueba de la condición de heredero, según se provee en esta sección, será establecida ante el Secretario de Asuntos del Consumidor en la forma que éste disponga mediante reglamento.

Cuando las personas con derecho a un pago fueren menores de edad o incapacitadas, el mismo se hará a la persona que estuviere a cargo de dichos menores o incapacitados si, después de hecha la investigación correspondiente, fuere aconsejable efectuarlo a esa persona.

(3) Efectuado el pago del importe de una reclamación en la forma provista en esta ley, el Secretario de Asuntos del Consumidor y sus agentes y empleados quedarán relevados de toda responsabilidad futura.

(4) El importe de la reclamación de un consumidor que no haya podido ser localizado pasará al fondo general luego de transcurridos cinco (5) años de la publicación en un periódico de mayor circulación de su nombre, última dirección conocida y cualquier otra información que el Secretario de Asuntos del Consumidor disponga por reglamento.

(5) El Secretario de Asuntos del Consumidor deberá transferir periódicamente al Secretario de Hacienda el importe de los intereses devengados por las cantidades depositadas en la cuenta bancaria que devengue intereses, para que este último funcionario, a su vez, lo deposite en una cuenta especial bajo su custodia. Estos fondos se destinarán única y exclusivamente para los siguientes fines:

(a) Sufragar los gastos en que incurra el Secretario de Asuntos del Consumidor para localizar a los reclamantes;

(b) Para fortalecer y darle más efectividad a las actividades de investigación de querellas, adjudicación y cobro de reclamaciones y acciones judiciales iniciadas por el Secretario de Asuntos del Consumidor.

(6) El Secretario de Asuntos del Consumidor queda autorizado para incurrir en los gastos necesarios para la publicación de los nombres y direcciones de los reclamantes que no se hayan podido localizar y para cumplir con cualquier otro requisito necesario en la administración de esta ley.

(7) El Secretario de Asuntos del Consumidor promulgará la reglamentación necesaria para llevar a cabo las disposiciones de esta ley.

(8) La facultad que se le concede al Secretario de Asuntos del Consumidor para el endoso y depósito de cheques bancarios, giros postales y otros valores expedidos en pago de reclamaciones se hace extensiva a cualesquiera otros valores de la misma naturaleza que tenga bajo su custodia al entrar en vigor esta ley. (Art. 25, adicionado el 12 de Julio de 1986, Ley Núm. 129, sec. 2, efectiva el 12 de Julio de 1986).

Ley Núm. 42 de 16 de abril de 2010

(P. del S. 877)

(Conferencia)

Para declarar la política pública sobre la integridad y eficiencia gubernamental; crear la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico y establecer sus funciones y facultades; crear el Comité del Gobernador para la Integridad y Eficiencia Gubernamental y establecer sus funciones y facultades; disponer para el apoyo administrativo de la Oficina; autorizar la transferencia del personal del Area de Auditoría Operacional de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, así como el personal de las oficinas de auditoría interna de las entidades gubernamentales; derogar el inciso (4) del apartado (b) del Artículo 3, y el Artículo 6 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto”; para disponer el presupuesto operacional de la Oficina; y para otros fines. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A través de los años, en Puerto Rico se han creado diversos organismos y programas a nivel ejecutivo y legislativo dirigidos a fiscalizar y a promover la óptima utilización de los recursos, y procurar la adopción de sanas prácticas gerenciales en la gestión pública. Igualmente, dentro de las propias agencias gubernamentales se han establecido unidades de auditoría para propósitos similares. No obstante, estas unidades han sido objeto de señalamientos, tales como la falta de independencia de criterio, objetividad y posible conflicto de interés, al realizar las investigaciones para evaluar la eficiencia y efectividad de las actividades y referir hallazgos. Esto se manifiesta, en mayor grado, cuando los hallazgos y señalamientos pueden involucrar al titular del organismo, ya que el personal de estas unidades es nombrado y responde a éste. De igual forma, podría ocurrir debido a la complicidad que puede ser provocada por la tendencia y práctica de favorecer a algún miembro de su unidad familiar ni a persona particular, que entorpezca el buen funcionamiento y transparencia de las funciones gubernamentales. La situación antes planteada, unida a la precaria situación fiscal que atraviesa el Gobierno de Puerto Rico y a la falta de controles, ameritan que se adopten medidas rigurosas para lograr la recuperación económica, fiscalizar efectivamente el uso de los fondos y sanear la administración pública. Puerto Rico necesita que sus organismos gubernamentales trabajen conjuntamente para rescatar los más altos valores, la confianza, la integridad y las mejores prácticas de sana administración en el servicio público. Para ello, es apremiante erradicar los malos hábitos y conducta impropia de aquellos en quienes se les ha confiado la administración de los fondos públicos y le han fallado al pueblo.De la misma manera, es imprescindible adoptar una nueva opción que contribuya a fomentar y lograr la óptima utilización de los recursos del Gobierno para ofrecer los mejores servicios, según lo esperan y merecen los ciudadanos.

Conforme a lo anterior, es imprescindible fortalecer los mecanismos de prevención, fiscalización, investigación y auditoría de la gestión gubernamental. Es preciso, además, elevar los niveles de transparencia, honestidad y pulcritud en la gestión pública, para poder rescatar y devolverle al pueblo la confianza en sus instituciones gubernamentales. A tales efectos, reorganizamos, reenfocamos y fortalecemos, mediante esta pieza legislativa, las entidades, programas y recursos existentes en la Rama Ejecutiva dirigidos a prevenir, fiscalizar y auditar las operaciones de nuestro Gobierno. Para ello, esta Asamblea Legislativa dispone la creación de la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico, así como la creación del Comité del Gobernador para la Integridad y Eficiencia Gubernamental. La Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico tendrá la responsabilidad de coordinar y ampliar los esfuerzos gubernamentales para promover la integridad y eficiencia; y detectar y prevenir fraude, malversación y abuso en el uso de los fondos públicos estatales y federales. De la misma manera, detectará e investigará las posibles fuentes de corrupción y tomará acciones proactivas para prevenir situaciones de esta naturaleza. Además, identificará recursos que se estén utilizando en procesos innecesarios e ineficientes para que puedan ser reasignados para atender otras prioridades del Gobierno. Igualmente, establecerá controles internos para prevenir y detectar la corrupción, sin insertar procesos burocráticos.

Esta Oficina absorberá las funciones, recursos y personal del Area de Auditoría de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, los cuales serán fortalecidos para que se puedan lograr efectivamente los propósitos de esta Ley. Esta acción no conllevaría un incremento en la estructura, recursos y burocracia gubernamental, sino que se trata de un nuevo enfoque y reestructuración de una unidad existente, que continuaría operando bajo la dirección de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. El enfoque será la realización de auditorías y evaluaciones preventivas para evitar la redundancia y burocracia, optimizar el uso de los recursos y evitar el uso indebido de los mismos. Una vez establecidos los controles necesarios, dicho enfoque se centraría en los asuntos verdaderamente relevantes, evitando el uso de esfuerzos y recursos en actividades de menor trascendencia. En cuanto a las asignaciones de fondos federales, esta Ley le otorga la facultad a la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico para fiscalizar e investigar aquellas entidades no gubernamentales que reciban fondos federales.

Actualmente, el Area de Auditoría de la OGP cuenta con más de 40 auditores, los cuales serán transferidos a la Oficina de Integridad y Eficiencia Gubernamental.Este personal será reforzado con el personal de las oficinas de auditoría interna de las agencias, departamentos y entidades gubernamentales, quienes le responderán directamente a dicha Oficina. A este personal se le proveerá el adiestramiento necesario para reforzar sus destrezas y actualizar sus conocimientos en las materias inherentes a las funciones de la Oficina. Además, se establecerá un sistema de mejoramiento profesional con miras a que el personal obtenga un progreso planificado en su trabajo o en su campo que le permita lograr sus metas profesionales. De igual forma, se le proveerán las herramientas tecnológicas necesarias para el desempeño de sus funciones. La centralización de las funciones de auditoría, en esta Oficina, permitirá tener una visión integral de los esfuerzos del Gobierno en esta área. Además, resultarían en una disminución de costos y maximización de los recursos disponibles para esta gestión.

Por su parte, el Comité del Gobernador para la Integridad y Eficiencia Gubernamental sustituirá al Comité del Gobernador sobre Auditoría Operacional, creado en virtud de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto”. Actualmente, el Comité del Gobernador sobre Auditoría tiene la responsabilidad de adoptar y promover la ejecución de un plan de auditoría anual de la Rama Ejecutiva, y establecer la reglamentación con las guías y parámetros generales que se utilizarán para llevar a cabo las auditorías. Mediante esta Ley se faculta a la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico y al Comité del Gobernador para la Integridad y Eficiencia Gubernamental, a coordinar con la Oficina de Nombramientos del Gobernador para obtener aquella información necesaria sobre los Jefes de Agencia y funcionarios de Gobierno, con el fin de poder detectar cualquier posible irregularidad que pudiera ser objeto de alguna investigación por parte de la Oficina.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Título de la Ley

Esta Ley se conocerá como “Ley del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico”.

Artículo 2.- Declaración de Política Pública

Es política pública del Gobierno de Puerto Rico:

lograr los más óptimos niveles de integridad, honestidad, transparencia, efectividad y eficiencia en el servicio público;

repudiar y rechazar todo acto, conducta o indicio de corrupción por parte de los funcionarios o empleados públicos; referir al Secretario de Justicia los señalamientos y hallazgos sobre actos de corrupción, ilegalidades y conducta indebida de funcionarios en el manejo de fondos públicos;

establecer controles, así como tomar acción y las medidas pertinentes para detectar, prevenir y actuar, de forma proactiva, para evitar actividades de corrupción en los organismos gubernamentales; y

desalentar las prácticas de malversación, uso indebido, fraude y manejo ilegal de fondos públicos.Será responsabilidad de cada Secretario, Director Ejecutivo, Jefe de Agencia o cuerpo rector observar y velar por que se cumpla con esta política pública en cada entidad gubernamental. De la misma manera, establecer los controles y mecanismos adecuados para garantizar su cumplimiento. Será deber, además, de cada uno de éstos y de los demás funcionarios y servidores públicos, poner en vigor las normas, prácticas y estándares que promulgue el Comité del Gobernador para la Integridad y Eficiencia creado mediante esta Ley, así como de las recomendaciones, medidas y los planes de acción correctiva que surjan de las evaluaciones de la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico.

Artículo 3.- Definiciones

Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se indica: Comité del Gobernador para la Integridad y Eficiencia Gubernamental- Organismo creado al amparo de esta Ley, en adelante se denominará como “el Comité”.

Corrupción – Mal uso del poder de un funcionario público para conseguir una ventaja ilegítima, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.

Efectividad – Logro de los objetivos o resultados de un programa o actividad con los recursos disponibles en un tiempo determinado.

Eficiencia – Capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo de recursos disponibles y tiempo, logrando su optimización. Se trata de obtener el máximo rendimiento de un volumen determinado de recursos. Empleado Público – Se refiere a aquellas personas que ocupan cargos o empleos en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que no están investidos de parte de la soberanía del Estado; comprende los empleados públicos regulares e irregulares, los que prestan servicios por contrato, que equivalen a un puesto o cargo regular, los de confianza, los de nombramiento transitorio y los que se encuentran en período probatorio.

Entidades Gubernamentales – Se refiere a las agencias, departamentos, oficinas e instrumentalidades de la Rama Ejecutiva, incluyendo las corporaciones públicas.

Fraude – Según establece el Código Penal de Puerto Rico, cuando una persona, fraudulentamente, induce a otra a realizar actos u omisiones que afecten derechos o intereses patrimoniales sobre bienes inmuebles o bienes muebles del Estado; o realizare actos u omisiones que priven a otra persona o afecten los derechos o intereses patrimoniales sobre bienes inmuebles o bienes muebles para perjuicio de ésta o de un tercero.

Funcionario Público – Es aquella persona que ejerce un cargo o desempeña una función o encomienda, con o sin remuneración, permanente o temporeramente, en virtud de cualquier tipo de nombramiento, contrato, designación, para la Rama Legislativa, Ejecutiva o Judicial o del Gobierno Municipal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.Incluye aquellas personas que representan el interés público y que sean designadas para ocupar un cargo en una junta, corporación pública, instrumentalidad y sus subsidiarias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como aquéllos que sean depositario de la fe pública notarial. Integridad – Se refiere a la honestidad, transparencia y pulcritud en el desempeño de la gestión pública. Oficina de Gerencia y Presupuesto – Agencia gubernamental creada en virtud de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada. Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico – Organismo creado al amparo de esta Ley, para fortalecer los mecanismos de prevención, fiscalización, investigación y auditoría de la gestión gubernamental. En adelante se denominará como “la Oficina”.

Normas de Auditoría Gubernamental Generalmente Aceptados (“Government Auditing Standards”) – Se refiere a los estándares adoptados por el Instituto Americano de Contadores Públicos Autorizados (en adelante “AICPA”, por sus siglas en inglés). Estos estándares establecen la calidad en el desempeño de los procedimientos de auditoría.

Transparencia – Hacer pública la información acerca de las decisiones, prácticas de política pública y resultados del Gobierno. Esto con el fin de facilitar la relación entre el Gobierno y la ciudadanía, a través de una gestión pública, abierta a las opiniones de los ciudadanos respecto a los servicios públicos y las políticas públicas. Además, para ampliar y hacer habitual la rendición de cuentas y reducir los riesgos de la corrupción.

Acciones anti-éticas – Son aquellos actos reconocidos por cada individuo y por la sociedad como contrarios a la moral, la ética o la ley. Incluye actos de fraude, corrupción, abuso del poder, apropiación ilegal de fondos, malversación de fondos, uso de fondos públicos para propósitos personales, enriquecimiento ilícito, privación al pueblo de servicios honestos, negligencia intencional en el desempeño del deber y otros.

Artículo 4.- Creación de la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico

Se crea la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico, adscrita a la Oficina del Gobernador, con el fin de coordinar y mejorar los esfuerzos gubernamentales para promover la integridad y eficiencia en el uso y manejo de fondos públicos , prevenir el fraude y la corrupción. Debido a la naturaleza sensitiva de sus funciones, la Oficina tendrá independencia y autonomía operacional del resto de las agencias, departamentos y entidades gubernamentales.

La Oficina tendrá acceso a información y documentos relacionados al presupuesto y de todas las agencias y corporaciones de la Rama Ejecutiva.Se exceptúan de la aplicabilidad de esta Ley a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico y la Oficina del Contralor de Puerto Rico, a fin de reiterar la política pública de independencia administrativa que es indispensable para ejercer las delicadas funciones que se le encomiendan en dichas agencias.

Artículo 5.- Director de la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico

El Director de la Oficina será nombrado por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado y de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, por el término del cuatrienio al cual fue nombrado. La compensación del mismo será la que determine el Gobernador, conforme al nivel de responsabilidad del puesto. El funcionario designado deberá ser una persona de reconocida capacidad profesional, probidad moral y conocimientos en el campo de la administración pública y la gestión gubernamental. La persona designada como Director no podrá ser candidato para un puesto electivo mientras trabaje para la Oficina ni por los tres (3) años subsiguientes a su salida de la misma. De la misma manera, no podrá pertenecer a ningún comité político ni participar en campañas políticas.

Artículo 6.- Funciones y Facultades de la Oficina

Coordinar y ampliar los esfuerzos gubernamentales para promover la integridad y eficiencia en el manejo de fondos públicos, estatales y federales, detectar y prevenir el fraude, malversación y abuso en su uso. Detectar posibles fuentes de corrupción y malversación de fondos y tomar acciones proactivas para prevenir situaciones de esta naturaleza; tales como el establecimiento de controles internos. Monitorear y fiscalizar el cumplimiento de la política pública, las leyes, reglamentos, así como cualquier otra normativa establecida para garantizar una sana administración de los recursos públicos por parte de las entidades gubernamentales. Además, fiscalizar el uso de fondos federales y estatales por parte de los municipios, universidades y entidades sin fines de lucro.

Identificar recursos que se estén utilizando en procesos innecesarios e ineficientes para recomendarle a la Oficina de Gerencia y Presupuesto la reasignación de los mismos a otras prioridades del Gobierno, así como también, las economías que se generen o los fondos que se recuperen a través de las evaluaciones realizadas. Desarrollar el Plan Estratégico, dirigido a mejorar los niveles de eficiencia y efectividad de los programas, procesos y proyectos gubernamentales. Esto en cumplimiento con las Normas de Auditoría Gubernamental Generalmente Aceptados (“Government Auditing Standards”), las Normas para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna y el Código de Etica del Instituto de Auditores Internos. Llevar a cabo auditorías en las entidades gubernamentales, por iniciativa propia o a requerimiento del Gobernador, para evaluar los resultados alcanzados por los programas y proyectos gubernamentales, en términos de eficiencia y efectividad.Realizar auditorías sobre la utilización de fondos federales y estatales asignados a las entidades gubernamentales, así como a los municipios, universidades y entidades sin fines de lucro. Realizar auditorías sobre los sistemas de información gubernamentales.

Mantener información relacionada con los costos de las investigaciones de las entidades no gubernamentales que incurran en conducta impropia, y cooperar con las agencias administrativas y judiciales en la recuperación de dichos costos.

Identificar, revisar, y discutir continuamente aquellas áreas o programas que sean susceptibles a fraude, abuso o malversación de fondos.

Trabajar en coordinación con el Area de Gerencia Gubernamental de la OGP, para referirle los estudios y evaluaciones que se consideren necesarios para medir, mejorar y aumentar la eficiencia y efectividad en el funcionamiento de las entidades gubernamentales, así como reducir reglamentaciones innecesarias, mejorar el servicio al cliente y eliminar procedimientos ineficientes e inefectivos.

Llevar a cabo estudios preventivos para detectar posibles desvíos de los recursos del Gobierno, acciones anti-éticas y abuso de poder por parte de los funcionarios y empleados gubernamentales, que conduzcan a actos de fraude, corrupción y malversación de fondos públicos. Evaluar y corroborar alegaciones sobre posibles irregularidades en las operaciones de las agencias, en cuyos casos no podrá revelarse la identidad de la(s) persona(s) que sometieron la queja o señalamiento, sin el previo consentimiento de éstos. En aquellos casos que resulte imprescindible revelar la identidad de esta persona, el Director deberá notificárselo por lo menos siete (7) días antes de hacerlo.

Efectuar investigaciones especiales relacionadas a cualquiera de los asuntos contenidos en esta Ley, a requerimiento del Gobernador o de la Asamblea Legislativa. Evaluar la confiabilidad e integridad de la información financiera y operacional, y la forma de identificar, medir, clasificar y rendir informes sobre la misma. Establecer procesos uniformes para las auditorías, evaluaciones e investigaciones que se lleven a cabo.

Dar seguimiento a los planes de acción correctiva ante las deficiencias encontradas en las entidades gubernamentales.

Asesorar a las entidades gubernamentales en el establecimiento de los planes de acción correctiva y otras medidas para lograr una sana administración pública.

Asesorar al Gobernador y a la Asamblea Legislativa en materia relacionada a los deberes y facultades asignados a la Oficina, en virtud de esta Ley.

Contratar servicios profesionales que estime necesarios para atender aquellas situaciones donde se necesite conocimiento especializado.

Requerir a las entidades gubernamentales toda documentación de índole programática, fiscal, gerencial y operacional, entre otras, para el desarrollo de las auditorías, estudios, evaluaciones e investigaciones que se estén llevando a cabo.

Tener acceso a registros, informes, auditorías, documentos, contratos, presupuestos, cuentas, sistemas electrónicos de información y/o cualquier otro material disponible en las entidades gubernamentales que estén relacionados con los programas, procesos y proyectos gubernamentales que se estén auditando, evaluando o investigando.Celebrar reuniones con los titulares de las entidades gubernamentales, así como con funcionarios o empleados de las mismas, conforme sea requerido para la realización de los trabajos.

Coordinar esfuerzos para atender asuntos y situaciones que requieran la participación de entidades, tales como: la Oficina de Etica Gubernamental, el Departamento de Justicia y la Oficina del Contralor.

Previa aprobación del Comité, referir al Departamento de Justicia, Oficina de Etica Gubernamental y al Contralor, cualquier informe realizado en el cual, razonablemente se entienda que se ha cometido alguna infracción a las leyes aplicables, en cuanto a utilización de propiedad y fondos públicos.

Trabajar en coordinación con el Area de Presupuesto de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para compartir información que redunde en beneficios para las entidades gubernamentales. El Area de Presupuesto podrá referir a la Oficina cualquier asunto que entienda deba ser objeto de auditoría, evaluación o investigación por parte de ésta. La Oficina, por su parte, podrá compartir los resultados de dichas auditorías y estudios para que se tomen en cuenta al momento de analizar y trabajar con las peticiones presupuestarias de las entidades gubernamentales. Citar testigos, tomar juramentos o declaraciones, tomar testimonios y obligar la producción de libros, expedientes y documentos, incluyendo datos electrónicos, según se determine su relevancia para cualquier investigación que esté realizando la Oficina. De igual forma, solicitar al Tribunal de Primera Instancia citaciones requiriendo la comparecencia y declaración de testigos, y la presentación de documentos y toda prueba que se relacione con un asunto que se esté evaluando, investigando o estudiando. Emitir las órdenes que sean necesarias y convenientes para poder cumplir con sus funciones, responsabilidades y deberes bajo esta Ley.

Desarrollar y promulgar los reglamentos que sean necesarios y convenientes para cumplir con los propósitos de esta Ley, incluyendo reglas de procedimientos para las investigaciones que efectúe, las cuales tendrán fuerza de ley.

Desarrollar estándares, políticas, normas y procedimientos para guiar a las agencias en el establecimiento de controles y en la observación de prácticas de sana administración. Desarrollar y mantener una página electrónica y otros sistemas electrónicos, con información disponible para las entidades gubernamentales y público general sobre distintos asuntos concernientes a la Oficina, en coordinación con el Principal Ejecutivo de Información. Monitorear aquellos contratos y/o subastas emitidas por todas las entidades gubernamentales, cuyo monto exceda un millón de dólares. A tales efectos, todas las entidades gubernamentales vendrán obligadas a someter a la Oficina dichos contratos y convocatorias a subastas, así como las enmiendas a las mismas.

Artículo 7.- Poderes y Funciones Adicionales del Director de la Oficina

El Director Ejecutivo de la Oficina tendrá, además, los siguientes poderes y funciones:

Planificar, supervisar y dirigir los trabajos de la Oficina.Elaborar el Plan Estratégico Anual de Auditorías, Evaluaciones e Investigaciones a llevarse a cabo por la Oficina, el cual someterá al Comité para su aprobación.

Someter a la Oficina de Gerencia y Presupuesto la petición presupuestaria anual de la Oficina, previa aprobación del Comité.

Nombrar el personal que estime necesario para el desempeño de las funciones de la Oficina; así como contratar servicios de profesionales con peritaje, según estime conveniente, para colaborar en las investigaciones y evaluaciones sobre áreas de mayor complejidad. Establecer un sistema de mejoramiento profesional con miras a aumentar la efectividad del personal de la Oficina, mediante el desarrollo de políticas, estándares y enfoques que permitan contar con una fuerza trabajadora bien adiestrada y con las destrezas requeridas. Dicho sistema debe proveer para que el personal obtenga un progreso planificado en su trabajo o en su campo que le permita lograr sus metas profesionales. Establecer la organización interna de la Oficina con la colaboración y asesoramiento de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Establecer la reglamentación interna para el funcionamiento de la Oficina.

Artículo 8.- Registros

Durante el transcurso de los trabajos, ninguna documentación o registros podrán ser vistos o revisados por terceras partes. Los resultados de las auditorías, estudios, evaluaciones e investigaciones deberán hacerse públicos, a menos que incluyan información que sea confidencial o esté exenta de tener que darse a la luz pública por alguna disposición legal. El Director de la Oficina deberá mantener la confidencialidad de los registros públicos que necesiten ser confidenciales y estará sujeto a las mismas penalidades que el custodio de dichos documentos, si viola los estatutos de confidencialidad. Artículo 9.- Informes al Gobernador y a la Asamblea Legislativa

La Oficina preparará un Informe Anual sobre las evaluaciones, estudios, auditorías e intervenciones realizadas a las entidades gubernamentales, municipios o entidades sin fines de lucro, dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre de año fiscal.

Dicho Informe contendrá los hallazgos y recomendaciones producto de las auditorías, evaluaciones, estudios e intervenciones realizadas en las entidades gubernamentales; incluyendo los planes de acción correctiva que deberán tomar ante las deficiencias encontradas.

Artículo 10.- Comité del Gobernador para la Integridad y Eficiencia Gubernamental

Se establece el Comité del Gobernador para la Integridad y Eficiencia Gubernamental, el cual estará integrado por el Director o la Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, quien lo presidirá, el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento, el Secretario de Hacienda, y dos (2) miembros del interés público con experiencia en auditorías, quienes serán nombrados por el Gobernador y ejercerán su cargo a discreción de éste. El Director de la Oficina también formará parte del Comité, quien tendrá voz, pero no voto en las decisiones del mismo.El Comité celebrará por lo menos dos (2) reuniones ordinarias en el año y aquellas otras extraordinarias que se estimen convenientes para llevar a cabo los propósitos de esta Ley. Cuatro (4) miembros constituirán quórum y las decisiones del Comité sobre Auditoría se tomarán por mayoría de sus miembros.

Artículo 11.- Funciones y Facultades del Comité

Aprobar el Plan Estratégico de Auditoría Operacional, Gerencial, de Sistemas de Información, Administrativa y Fiscal, desarrollado por la Oficina. Aprobar los reglamentos desarrollados por la Oficina para cumplir con los propósitos de esta Ley, con excepción de aquéllos que sean para el funcionamiento interno de la Oficina, a tenor con la Ley Núm. 170 de 12 agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”.

Aprobar los estándares, políticas, normas y procedimientos desarrollados por la Oficina para guiar a las agencias en el establecimiento de controles y en la observación de prácticas de sana administración. Evaluar los resultados de las auditorías realizadas por la Oficina, con el fin de tomar determinaciones respecto al Plan Estratégico.

Evaluar y aprobar los referidos al Departamento de Justicia, a la Oficina de Etica Gubernamental y al Contralor sobre cualquier informe realizado por la Oficina en el cual, razonablemente, se entienda que se ha cometido alguna infracción a las leyes aplicables, en cuanto a utilización de propiedad y fondos públicos.

Asesorar al Gobernador y a la Asamblea Legislativa sobre los resultados de las auditorías, estudios, evaluaciones e investigaciones realizadas.

Llevar a cabo actividades preventivas, tales como revisión de política pública, legislación, procedimientos y reglamentación encaminada a mejorar los sistemas y controles fiscales y operacionales del Gobierno, así como para promover la integridad y eficiencia de los funcionarios públicos.

Requerir a la Oficina la realización de auditorías, estudios, evaluaciones e investigaciones sobre alguna entidad gubernamental. De igual forma, referir a la Oficina aquellos asuntos que entienda debe investigar, estudiar o auditar.

Monitorear aquellos contratos y/o subastas emitidas por todas las entidades gubernamentales, cuyo monto exceda un millón de dólares. A tales efectos, todas las entidades gubernamentales vendrán obligadas a someter al Comité dichos contratos, así como las enmiendas a los mismos. Identificar, revisar y discutir, continuamente, áreas de debilidad y vulnerabilidad en los programas estatales y federales, operaciones de fraude, malversación y abuso de fondos, y desarrollar planes para coordinar actividades que atiendan los problemas que trascienden las agencias en su carácter individual.

Establecer, por acuerdo de sus miembros, las normas para su organización, funcionamiento interno y aquellas otras que estime conveniente para llevar a cabo los propósitos de esta Ley.Artículo 12.- Apoyo Administrativo

La Oficina de Gerencia y Presupuesto proveerá a la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico y al Comité del Gobernador para la Integridad y Eficiencia Gubernamental, el apoyo administrativo que sea necesario para llevar a cabo sus funciones. Los jefes de las agencias representadas en el Comité, también deberán colaborar con el apoyo administrativo que sea necesario para permitir a sus representantes cumplir cabalmente con sus funciones.

Artículo 13.- Responsabilidad de las Agencias, Departamentos y Entidades de la Rama Ejecutiva

Cada Auditor Interno de las agencias, departamentos y entidades de la Rama Ejecutiva, en lo sucesivo se reportarán directamente a la Oficina, excepto los auditores internos adscritos a las corporaciones públicas. No obstante, su compensación será sufragada del presupuesto de cada agencia, departamento o entidad gubernamental de la cual éste provenga. Artículo 14.- Transferencias

Se transfiere a la Oficina el personal, presupuesto, documentos, expedientes, materiales y equipo del Area de Auditoría de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Igualmente, se transfieren a esta Oficina el personal adscrito a las distintas unidades de auditoría interna de las entidades gubernamentales, con excepción del personal de las corporaciones públicas.

Este personal retendrá todos los derechos, privilegios, obligaciones y estatus, respecto a cualquier sistema o sistemas existentes de pensión, retiro o fondos de ahorro y préstamo al cual estuvieron afiliados al aprobarse esta Ley, mientras se mantengan en el mismo puesto que ocupaban al momento de la transferencia.

Mientras el Director de la Oficina no reubique el mismo personal, éste permanecerá en las agencias en las cuales han sido nombrados.

Artículo 15.- Derogaciones

Se deroga el inciso (4) del Apartado (b) del Artículo 3 y el Artículo 6 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto”.

Artículo 16.- Presupuesto

La Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico operará durante el presente año fiscal con el presupuesto proveniente del Programa de Auditoría Operacional de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Para los años subsiguientes, el presupuesto de la Oficina será incluido dentro del Presupuesto General de Gastos de Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico. A tales efectos, el Director de la Oficina del Inspector General someterá anualmente a la Oficina de Gerencia y Presupuesto la petición presupuestaria para los gastos de funcionamiento de la Agencia.

Artículo 17.- Aplicabilidad

Las funciones y facultades de la Oficina relacionadas con la fiscalización de fondos públicos serán de aplicabilidad a las agencias, departamentos e instrumentalidades de la Rama Ejecutiva, incluyendo las corporaciones públicas. En lo concerniente a la fiscalización de fondos federales, será de aplicabilidad, además, a los municipios, universidades e instituciones sin fines de lucro.Artículo 18.- Salvedad Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, capítulo o parte de esta Ley fuera declarada inconstitucional por un Tribunal con jurisdicción, la sentencia dictada no afectará ni invalidará el resto de esta Ley, y su efecto se limitará a la cláusula, párrafo, artículo, capítulo o parte declarada inconstitucional.

Artículo 19.- Vigencia Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

Ley Núm. 8 de abril de 1997

Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas

LEY NUM. 8 DEL 8 DE ABRIL DE 1997

(P. del S. 174)

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas de Puerto Rico, aprobada el 1 de diciembre de 1995 y enmendada mediante la Ley Núm. 35 de 30 de abril de 1996, contiene una serie de disposiciones dirigidas a estimular el crecimiento de la actividad agrícola en Puerto Rico. Esta legislación tiene el propósito de conceder incentivos contributivos adicionales para tratar de que el sector agrícola recupere parte de la participación que tenía en la producción y la generación de empleos en la economía de la Isla.

Nuestro gobierno reconoce la importancia de disponer de un sector agrícola vigoroso que pueda afrontar con éxito los retos de los avances tecnológicos y los efectos de la competencia globalizada que cada día se hacen más evidentes. En este contexto es que este sector primario está considerado en el Nuevo Modelo de Desarrollo Económico, que fuera promulgado en febrero de 1994.

Sin embargo, la estrategia de otorgar incentivos contributivos para fomentar la inversión u otra actividad económica debe estar fundamentada en el efecto real de crecimiento económico a generarse por dicha medida de política fiscal. Además, debe tomar en consideración el efecto sobre la capacidad fiscal del gobierno, sobre los servicios primarios y los compromisos que éste contrajo con el pueblo de Puerto Rico, cuando recibió su mandato electoral.

En este sentido, la Ley Núm. 225 , antes citada, aunque tiene grandes méritos debe ser reevaluada debido a que el impacto fiscal de la misma impedirá el crecimiento natural de la base contributiva.De esta manera, los ingresos del Fondo General, que son la principal fuente del Presupuesto de Gastos del Gobierno Central tendrán una drástica desaceleración en su crecimiento. Este comportamiento afectará notablemente el nivel de recursos disponibles para llevar a cabo la actual obra de gobierno.

En estos momentos, el Departamento de Hacienda ha recibido información de que más de $180 millones en créditos contributivos están acumulados para reclamarse en la planilla de contribución sobre ingresos de los años contributivos 1996 y 1997. La cantidad de estos créditos Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas

se ha acumulado a tan sólo un (1) año de implantación de esta legislación. El nivel de esta cifra produce gran preocupación, cuando la comparamos con el crecimiento esperado de los ingresos al Fondo General para el año fiscal 1996-97. Para este año, se proyecta que los recaudos gubernamentales aumenten en unos $251 millones, lo que implica que estos créditos representan aproximadamente el 72 por ciento del incremento de la capacidad fiscal del gobierno.

Ante esta situación, es que la Ley Núm. 225 , antes citada, debe ser enmendada para evitar que se afecte adversamente la expansión de la capacidad fiscal del gobierno. Las modificaciones a la ley deben básicamente dirigirse a reestructurar el crédito por inversión y ampliar el concepto de lo que se considera una inversión elegible en un negocio agrícola.

Estas modificaciones, aunque limitan los créditos contributivos por inversión en negocios agrícolas, mantienen unos incentivos adicionales para la agricultura suficientes para que ésta pueda expandirse, desarrollarse sustancialmente y aumentar su competitividad ante la llegada del próximo siglo.

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:

§ Artículo 1.- Se enmienda el inciso (a), el subinciso (v) del inciso (b) y el subinciso (4) del inciso (k) del Artículo 3 de la Ley Núm. 225 de 1 de diciembre de 1995, según enmendada, para que lean como sigue:

“Artículo 3.- Definiciones

Para los fines de esta ley, los siguientes vocablos y frases tendrán el significado y alcance que a continuación se expresa:(a) Agricultor “bona fide” – El término agricultor “bona fide” significa toda persona natural o jurídica que durante el año contributivo para el cual reclama deducciones, exenciones o beneficios provistos por esta ley tenga una certificación vigente expedida por el Secretario de Agricultura, en previa consulta con el Secretario de Hacienda, la cual certifique que durante dicho año se dedicó a la explotación de una actividad que cualifica como un negocio agrícola, según dicho término se define en el inciso (b), y que derive el cincuenta (50) por ciento o más de su ingreso bruto de un negocio agrícola como operador, dueño o arrendatario, según conste en su planilla de contribución sobre ingresos.

(b) Negocio agrícola – El término negocio agrícola significa la operación o explotación de uno o más de los siguientes negocios:

(i) …

(v) operaciones dedicadas al empaque, envase o clasificación de productos agrícolas frescos que forman parte del mismo negocio agrícola; disponiéndose, que las operaciones que sean exclusivamente de empaque, envase o clasificación de productos agrícolas no constituyen de por sí un negocio agrícola;

(vi) …

(c) …

(k) Inversión elegible significa:

(1) …

(4) Constituirá una inversión elegible el efectivo o el valor de los terrenos aportados en la emisión primaria de acciones o participaciones en un negocio agrícola que lleve a cabo dichas operaciones durante por lo menos un período de diez (10) años consecutivos, siempre y cuando los fondos obtenidos en dicha emisión sean utilizados en su totalidad única y exclusivamente para:

A. Establecer y operar negocios agrícolas nuevos.- El término “negocio agrícola nuevo” significa cualquier negocio agrícola, según definido en esta ley, que se inicie o comience en o después de la capitalización inicial del negocio. No cualificarán como inversión elegible los fondos utilizados para la adquisición de un negocio agrícola existente. No obstante, se considerará como una inversión elegible el monto del precio de compra de un negocio agrícola existente cuando como parte de dicha adquisición el adquirente aporta capital adicional al negocio agrícola por una suma no menor del doscientos (200) por ciento del precio de adquisición. Las disposiciones anteriores no aplican a la compra o adquisición por personas relacionadas de un negocio agrícola existente. El término “persona relacionada” se determinará conforme a los criterios establecidos en las Secciones 1024(b) y 1028 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”.

El término “inversión elegible” no incluirá una inversión efectuada con el efectivo proveniente de un préstamo que esté garantizado por el propio negocio agrícola o por sus activos.

B.La renovación o expansión sustancial de negocios agrícolas existentes.- Los fondos aportados para la renovación o expansión sustancial cualificarán como una inversión elegible, únicamente si dicha renovación o expansión equivale a por lo menos veinticinco (25) por ciento de: (i) el valor del terreno utilizado en el negocio agrícola existente; o (ii) el valor en los libros de los bienes inmuebles utilizados en el negocio agrícola existente, sin considerar

los terrenos. El término “inversión elegible” no incluirá una inversión efectuada con el efectivo proveniente de un préstamo que esté garantizado por el propio negocio agrícola o por sus activos.

C. La adquisición de maquinaria, equipo o capital de trabajo a ser utilizados en operaciones corrientes.- Los fondos aportados para la adquisición de maquinaria, equipo o capital de trabajo cualificarán como inversión elegible siempre y cuando la maquinaria, equipo o capital de trabajo sean utilizados exclusivamente en el negocio agrícola. Para estos fines, no se considerará como un uso elegible de fondos la adquisición de la maquinaria o equipo previamente utilizado en un negocio agrícola en Puerto Rico. Además, el término capital de trabajo no incluye fondos utilizados para el establecimiento de reservas.

En los casos en que se adquiera maquinaria y equipo o un negocio agrícola existente que de otro modo hubiese cualificado como una inversión elegible, dicha adquisición no constituirá una inversión elegible si media un contrato de compraventa con pacto de retroventa.

En el caso de que se efectúe una de las aportaciones descritas en los párrafos (1) o (2) de este inciso, dicha aportación se considerará como inversión elegible sólo si dicha inversión se hace en la emisión primaria de las acciones o participaciones.

(l) …”

§ Artículo 2.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 225 de 1 de diciembre de 1995, según enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo 5.- Certificación

El Secretario de Agricultura de Puerto Rico, expedirá una certificación indicando que el agricultor “bona fide” se dedica a la explotación u operación de una actividad que cualifica como un negocio agrícola. El Secretario de Hacienda determinará si el agricultor al rendir su planilla de contribución sobre ingresos cumple con el requisito del cincuenta (50) por ciento de ingreso de negocio agrícola para considerarle agricultor bona fide.”

§ Artículo 3.- Se enmienda el inciso (a) y se adiciona un segundo párrafo al inciso (b) del Artículo 10 de la Ley Núm. 225 de 1 de diciembre de 1995, según enmendada, para que se lea como sigue:

“Artículo 10.- Exención de contribuciones sobre ingresos

(a) Para los años contributivos comenzados a partir del 1ro.de enero de 1996, se exime a los agricultores bona fide del pago de contribuciones sobre ingresos sobre el noventa (90) por ciento de sus ingresos que provengan directamente del negocio

agrícola, siempre y cuando el agricultor “bona fide” no se haya acogido a las disposiciones de la Sección 1023(s) de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”. Esta exención no es extensiva a los ingresos por concepto de intereses, dividendos, regalías o ganancias derivadas de la venta de activos, incluyendo los activos utilizados en el negocio agrícola, o a cualesquiera otros ingresos que deriven los negocios agrícolas “bona fide” y que no provenga directamente de la actividad agrícola.

(b) …

Los intereses pagados por un agricultor “bona fide” estarán exentos del pago de contribuciones. Para disfrutar de la exención sobre dichos intereses, el prestamista tiene que otorgar el préstamo directamente al agricultor. Si el financiamiento se concede a un intermediario quien a su vez presta, o de otro modo contribuye, el producto del financiamiento a un negocio agrícola, el préstamo al intermediario no constituirá un préstamo elegible para propósitos de esta exención. El término “intermediario” incluye, pero no se limita, a personas relacionadas conforme a los criterios establecidos en las Secciones 1024 (b) y 1028 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico 1994”.

En caso que el negocio agrícola “bona fide” se descualifique como tal, los intereses generados por los instrumentos de deuda no se considerarán elegibles para la exención dispuesta en este párrafo.

El término “financiamiento” no incluye el refinanciamiento de deuda en la medida que se utilice el producto para saldar deudas existentes ya sea del negocio agrícola u otros. Por lo tanto, la exención de contribución sobre ingresos sobre los intereses de bonos, pagarés y otros instrumentos de deuda no aplica a dicho refinanciamiento.

(c) …”

§ Artículo 4.- Se enmiendan los incisos (a) y (c), el subinciso (3) y se adiciona un subinciso (4) al inciso (d), se enmienda el segundo párrafo del inciso (e), el subinciso (1) y se adicionan los subincisos (5), (6) y (7) al inciso (f) y se enmienda el subinciso (1) del inciso (h) del Artículo 12 de la Ley Núm. 225 de 1 de diciembre de 1995, según enmendada, para que se lea como sigue:”Artículo 12.- Crédito contributivo por inversión en negocios agrícolas

(a) Sujeto a las disposiciones del inciso (c) de este Artículo, todo inversionista, incluyendo un participante en un Fondo, tendrá derecho a un crédito por inversión en negocios agrícolas elegibles igual al cincuenta (50) por ciento de su inversión elegible o su inversión en valores de un Fondo de Valores, o Fondos a ser reclamado en dos (2) plazos: hasta la mitad de dicho crédito en el año en que el negocio agrícola obtuvo el financiamiento necesario para su operación, de requerir financiamiento, y el balance de dicho crédito, en el año siguiente. Si se estableciese una

cuenta en plica y la misma fuese disuelta por no haberse obtenido el financiamiento necesario para la operación del negocio agrícola, los participantes no tendrán derecho al crédito. Toda inversión elegible hecha en o antes de la fecha límite para la radicación de la planilla de contribución sobre ingresos, según dispuesto por la Ley Núm. 91 de 29 de junio de 1954, según enmendada, conocida como, Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954 o por la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, cualificará para el crédito contributivo de este Artículo en el año contributivo para el cual se está radicando la planilla antes mencionada, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos de este Artículo. Dicho crédito por inversión podrá aplicarse contra cualquier contribución determinada por el inversionista o el participante bajo la Ley Núm. 91 de 29 de junio de 1954, según enmendada, conocida como Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954 o bajo el Subtítulo A de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como, Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, incluyendo la contribución alternativa mínima aplicable a corporaciones y sociedades y la contribución básica alterna aplicable a individuos. Este crédito no podrá ser utilizado para satisfacer las contribuciones impuestas por cualquier otro Subtítulo de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994” o por cualquier otra ley, incluyendo pero sin limitarse a, la Ley Núm. 8 de 24 de enero de 1987, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 1987”, o cualquier otra ley de naturaleza similar que la sustituya o complemente.El crédito por inversión en negocios agrícolas permitido por este Artículo no será aplicable, ni estará disponible en el caso de que el participante adquiera valores de un Fondo de Valores, o Fondos, en emisión primaria, para sustituir otros valores de un Fondo que fueron vendidos, permutados o transferidos de cualquier forma por dicho participante y respecto a los cuales el participante no reconocerá, en todo o en parte, la ganancia derivada de dicha venta, permuta o transferencia.

El inversionista o participante deberá solicitar una determinación administrativa del Secretario de Hacienda antes de reclamar el crédito por inversión en el negocio agrícola, a fin de que éste determine si la inversión realizada o que se propone realizar el negocio agrícola cualifica para el crédito contributivo por inversión.

En el caso de un negocio agrícola “bona fide” existente y en operaciones a la fecha de aprobación de esta Ley, la primera mitad del crédito podrá reclamarse en el año en que se realice la inversión elegible.

En el caso en que se adquiera un negocio agrícola existente aportando capital adicional de por lo menos doscientos (200) por ciento del costo de dicho negocio, el inversionista tendrá derecho al crédito que se concede en este inciso siempre y cuando dicha aportación adicional se lleve a cabo dentro de un período no mayor de tres (3) años a partir de la fecha de adquisición del nuevo negocio. Para estos fines, el inversionista o participante deberá efectuar no menos del veinticinco (25) por ciento de la inversión elegible durante el 1er. año de este periodo; no menos del treinta y cinco (35) por ciento en el 2do. año y el remanente, si alguno, en el 3er. año.

(b) …

(c) Cantidad Máxima de Crédito.- La cantidad máxima de crédito por inversión en negocios agrícolas por cada negocio que estará disponible a los inversionistas y a los participantes que efectuaron una inversión elegible antes del 8 de abril de 1997 será el cincuenta (50) por ciento del efectivo aportado por los inversionistas y los participantes, a través del Fondo, a los negocios agrícolas a cambio de acciones o participaciones en dichos negocios agrícolas. La cantidad máxima del crédito disponible se distribuirá entre los inversionistas y los participantes en las proporciones determinadas por ellos. El negocio agrícola notificará la distribución del crédito al Secretario de Agricultura, al Secretario de Hacienda y a sus accionistas en o antes de la fecha provista por la Ley Núm. 91 de 29 de junio de 1954, según enmendada, conocida como Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954 o por la Ley Núm.120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, según sea el caso, para radicar la planilla de contribución sobre ingresos para su primer año de operaciones, incluyendo cualquier prórroga otorgada por el Secretario de Hacienda para la radicación de la misma. La distribución elegible será irrevocable y obligatoria para el negocio agrícola, los inversionistas y participantes.

En el caso de inversiones elegibles efectuadas a partir del 8 de abril de 1997, la cantidad máxima de crédito por inversión será como sigue:

(1) Si el monto de la inversión elegible no excede de dos (2) millones de dólares, la cantidad máxima del crédito por inversión, por cada negocio agrícola, que estará disponible a los inversionistas y a los participantes será el cincuenta (50) por ciento del efectivo aportado a cada negocio agrícola durante al año contributivo.

(2) En caso de que la inversión elegible exceda de dos (2) millones de dólares, el inversionista o participante tendrá derecho al crédito contributivo por inversión establecido en el subinciso (1) más el monto del crédito correspondiente al efectivo incluido en dicho exceso hasta el límite del diez (10) por ciento del costo total del negocio agrícola, reducido por los dos (2) millones de dólares.

En ningún caso el monto del crédito por inversión en negocios agrícolas excederá de cinco (5) millones de dólares por año contributivo por negocio agrícola.

El Secretario de Hacienda autorizará los créditos por inversión reclamados por los inversionistas o por los participantes, según sea el caso, hasta el límite de quince (15) millones de dólares por año fiscal. No obstante, en aquellos casos en que el Secretario de Agricultura y el Secretario de Hacienda evalúen las actividades que se propone realizar un negocio agrícola, y consideren que el mismo contribuirá sustancialmente al desarrollo de este sector económico, el Secretario de Hacienda podrá autorizar los créditos por

inversión en dicho negocio aun cuando para el año fiscal particular ya se hayan concedido créditos hasta el límite de quince (15) millones que autoriza este apartado.

Para estos fines, de la cantidad de quince (15) millones de dólares se reservarán durante los primeros seis (6) meses del año fiscal, créditos por inversión de cinco (5) millones de dólares para los inversionistas o participantes, cuyas inversiones no excedan un (1) millón de dólares. De no haberse utilizado dicha cantidad reservada en su totalidad durante el período antes mencionado, la misma estará disponible para cualquier inversionista o participante, independientemente del monto de su inversión.(d) Ajuste de Base y Recobro del Crédito

(1) …

(2) …

(3) Transcurrido el término de tres (3) años desde la fecha de la notificación descrita en el inciso (c) de este Artículo, el Secretario de Agricultura determinará la inversión total hecha por el negocio agrícola. En el caso de inversiones hechas a partir del 8 de abril de 1997, el inversionista o participante deberá efectuar no menos del veinticinco (25) por ciento de la inversión elegible durante el 1er. año de este periodo; no menos del treinta y cinco (35) por ciento en el 2do. año y el remanente, si alguno, en el 3er. año. En el caso de que el crédito por inversión en el negocio agrícola reclamado por los inversionistas exceda el crédito computado por el Secretario de Agricultura, basado en la inversión total hecha por el negocio agrícola en la actividad, dicho exceso se considerará como contribución sobre ingresos adeudada a ser pagada por los inversionistas en dos (2) plazos, el primero de los cuales vencerá en el primer año contributivo siguiente a la fecha de expiración del período de tres (3) años antes mencionado y el segundo, en el año contributivo siguiente.

(4) Si cualquier negocio agrícola “bona fide” cesa de llevar a cabo operaciones como tal antes de la expiración del período de diez (10) años dispuesto en el Artículo 3(k)(4) de esta ley, el inversionista o participante adeudará como contribuciones sobre ingresos una cantidad igual al crédito por inversión en el negocio agrícola reclamado por dicho inversionista o participante, multiplicado por una fracción cuyo denominador será diez (10) y cuyo numerador será el balance del período de diez (10) años que requiere esta ley. La cantidad adeudada por concepto de contribución sobre ingresos será pagada en dos plazos comenzando con el primer año contributivo siguiente a la fecha del cese de la actividad agrícola.

(e) Crédito por pérdida.- …

En el caso de pérdidas por inversión sufridas con relación a inversiones efectuadas antes del 8 de abril de 1997, la cantidad total del crédito por pérdida no podrá exceder del cincuenta (50) por ciento de la inversión en el negocio agrícola. En el caso de pérdidas por inversión atribuibles a inversiones efectuadas a partir del 8 de abril de 1997, la cantidad del crédito por pérdida no podrá exceder del diez (10) por ciento del costo total del negocio agrícola.Los inversionistas y participantes que reclamaron, o de cualquier otro modo transfirieron créditos por inversión en un negocio agrícola como resultado de su inversión elegible o su inversión en valores de un Fondo, se distribuirán el derecho de beneficiarse del crédito utilizando el mecanismo dispuesto en el inciso (c) de este Artículo. Una vez se haya efectuado dicha distribución, no serán de aplicación las disposiciones referentes a la transferencia o cesión de créditos del inciso (f) de este Artículo. Cualquier exceso del crédito así concedido sobre la contribución determinada en los referidos cinco (5) años contributivos no podrá reclamarse como una deducción o un crédito, ni retrotraerse o arrastrarse a otro año contributivo.

(f) Cesión del Crédito

(1) Después de la fecha de notificación de la distribución del crédito por inversión en negocios agrícolas que dispone este Artículo en su inciso (c), el crédito provisto por este Artículo podrá ser cedido, vendido o de cualquier modo traspasado, en su totalidad o parcialmente, por un inversionista o participante, a cualquier otra persona.

(2) …

(5) El crédito contributivo por inversión concedido por esta ley podrá ser transferido, permutado o vendido, una sola vez. Dicha transferencia, venta o permuta, será la efectuada por el inversionista o participante a cualquier otra persona. Una transferencia, permuta o venta a una persona relacionada constituye una transferencia para propósitos de dicha limitación. El término “persona relacionada” se determinará conforme a los criterios establecidos en las Secciones 1024 (b) y 1028 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como ‘Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994’.

(6) Cuando el crédito contributivo por inversión concedido por la ley sea transferido, permutado o vendido, la diferencia entre el monto del crédito y la cantidad pagada por dicho crédito, no se considerará ingreso para el comprador del crédito.

Una persona que adquiera, de un inversionista o participante, un crédito contributivo por inversión en una de las actividades descritas en el inciso (k) del Artículo 3 de esta ley, no estará sujeto a las disposiciones de recobro del inciso (d)(3) de este Artículo.

(7) Una inversión en un negocio agrícola, que de por sí no constituya una inversión elegible, no confiere al inversionista o participante el derecho a reclamar, transferir, vender o permutar, el crédito contributivo por inversión descrito en el inciso (a) de este Artículo.Si un contribuyente reclama contra su responsabilidad contributiva un crédito por inversión en un negocio agrícola y posteriormente se determina que el mismo no era válido porque de por sí, basado en la naturaleza de la inversión, no se pudo haber generado dicho crédito, la insuficiencia en el pago de la contribución se regirá por las disposiciones del Subtítulo F de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994 y no por las disposiciones de recobro del crédito contributivo que dispone el inciso (d)(3) de este Artículo.

(g) …

(h) …

(1) Todo Fondo de Capital de Inversión creado bajo la Ley Núm. 3 de 6 de octubre de 1987, según enmendada, conocida como “Ley de Fondos de Capital de Inversión de Puerto Rico de 1996”, o bajo cualquier otra ley de naturaleza similar que la sustituya o complemente, que sea un inversionista o participante en proyectos de negocios agrícolas estará sujeto a todas las disposiciones de este Artículo, excepto que:

(i) para inversiones efectuadas antes del 8 de abril de 1997 tendrá derecho a un crédito por inversión en negocios agrícolas equivalente a sólo el veinticinco (25) por ciento de su inversión elegible o su inversión en valores del Fondo, en vez del cincuenta (50) por ciento al que se hace referencia en el inciso (a) de este Artículo. La totalidad del crédito del veinticinco (25) por ciento de su inversión podrá ser reclamada en el año en que el negocio obtuvo el capital necesario para desarrollar la actividad agrícola; disponiéndose, que para inversiones efectuadas a partir del 8 de abril de 1997 el crédito será equivalente al diez (10) por ciento del costo total del negocio agrícola, en vez del cincuenta (50) por ciento que concede el inciso (a) de este Artículo;

(ii) para propósitos de la limitación impuesta por el inciso (c) de este Artículo a los efectos de que el total del crédito por inversión en negocios agrícolas no podrá exceder del cincuenta (50) por ciento del efectivo aportado por los inversionistas y los participantes, o del cincuenta (50) por ciento del efectivo aportado hasta dos (2) millones de dólares más el exceso sobre dos (2) millones de dólares del efectivo aportado hasta el límite de diez (10) por ciento del costo total del negocio agrícola, según sea el caso, el cómputo se hará como si los fondos de capital de inversión creados bajo la Ley Núm. 3 de 6 de octubre de 1987, según enmendada, conocida como “Ley de Fondos de Capital de Inversión de Puerto Rico de 1996”, o bajo cualquier otra ley de naturaleza similar que la sustituya o complemente, hubiesen reclamado el cincuenta (50) por ciento de su inversión elegible;

(iii) los Fondos de Capital de inversión creados bajo la Ley Núm. 3 de 6 de octubre de 1987, según enmendada, conocida como “Ley de Fondos de Capital de Inversión de Puerto Rico de 1996″, o bajo cualquier otra ley de naturaleza similar que la sustituya o complemente, no tendrán derecho al crédito por pérdida dispuesto en el inciso (e) de este Artículo.

(2) …”

§ Artículo 5.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación, excepto que el Secretario de Hacienda atenderá las solicitudes de determinaciones administrativas sometidas ante el Departamento de Hacienda al 8 de abril de 1997 conforme las disposiciones de ley en vigor al momento de la radicación de tales solicitudes.

Ley Núm. 28 del 20 de julio de 1989

P. del S. 550

P. de la C. 685

Ley Número: 28

Aprobada 20 de julio de 1989

LEY

Para enmendar el Inciso (b) de la Sección 207 y la Sección 225 de la Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, conocida como Código Militar de Puerto Rico, a los fines de aclarar las facultades del Gobernador sobre la Guardia Nacional.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En años recientes la legislación y reglamentación federal ha permitido un uso más amplio de los efectivos de la Guardia Nacional. El más importante cambio es la autorización del Congreso de los Estados Unidos de América a que los Estados utilicen efectivos de la Guardia Nacional en la lucha contra el narcotráfico. Es necesario, pues, disponer en forma explícita esta facultad de Gobernador, como Comandante en jefe de la Guardia Nacional en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y conformar nuestro Código Militar a la legislación de otros Estados que permiten el uso de efectivos de la Guardia Nacional para otras funciones. Esta ley está sostenida por un interés público claro como lo es velar y proteger la seguridad pública de los puertorriqueños.

Esta medida consta de tres propósitos esenciales: autorizar al Gobernador de Puerto Rico a utilizar efectivos de la Guardia Nacional en apoyo a los oficiales del orden público para combatir el narcotráfico, permitirle utilizar dicho cuerpo militar en funciones protocolarias y civiles y en la prestación de servicios especializados en salud, equipo técnico de ingeniería o educación cuando los mismos no están disponibles de fuentes civiles, públicas o comerciales.

En consonancia con lo anterior, se enmienda la Sección 225 de la Ley Núm. 62 para disponer el procedimiento mediante el cual el Gobernador de Puerto Rico ordenará la utilización de equipo, activos y personal de la Guardia Nacional de Puerto Rico en las circunstancias que se propone adicionar el inciso (b) de la Sección 207, sujeto a la reglamentación aplicable que prohíbe, entre otras cosas, su uso para fines políticos y la competencia con la empresa privada.

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:

Artículo 1.-Se enmienda el inciso (b) de la Sección 207 de la Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, para que se lea como sigue:

Sección 207.-Autoridad y Deberes del Comandante en Jefe

El Gobernador de Puerto Rico en su carácter de Comandante en Jefe de la Guardia Nacional estará facultado para:(a)…

(b) Ordenar a Servicio Militar Activo Estatal a la Guardia Nacional de Puerto Rico a cualquier parte de ella, cuando la seguridad pública lo requiera en tales casos como guerra, invasión, insurrección, rebelión, motín, desórdenes públicos o inminente peligro de los mismos, o en casos de desastres naturales, tales como huracán, tormenta, inundación, terremoto, incendio y otras causas de fuerza mayor.

Podrá, además, ordenar la utilización de equipo, activos y personal de la Guardia Nacional de Puerto Rico en las siguientes situaciones:

(1) En apoyo a oficiales del orden público en funciones dirigidas al control del tráfico de narcóticos.

(2) Para recibir, despedir y proveer servicios de transportación y escoltas a dignatarios y para participar en paradas, marchas, revistas militares y ceremonias análogas.

(3) Cuando ésta constituya una alternativa viable para prestar servicios especializados en salud, equipo técnico de ingeniería o educación y por no estar los mismos razonablemente disponibles de fuentes civiles, públicas o comerciales; disponiéndose que la agencia que solicite tales servicios pagará, de los fondos que tenga disponible, los costos en que incurra al Guardia Nacional en la prestación del servicio.

(c)…

Artículo 2.-Se enmienda la Sección 225 de la Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, para que se lea como sigue:

“Sección 225.-Llamadas de las Fuerzas Militares de Puerto Rico al Servicio Militar Activo Estatal.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución y las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cuando la seguridad pública lo requiera en casos tales como guerra, invasión, insurrección, rebelión, motín, desórdenes públicos o peligro inminente de los mismos o de cualquier otra grave perturbación del orden o seguridad pública y en caso de que las autoridades civiles no pudieran afrontar las mismas, el Comandante en Jefe podrá dictar una orden por escrito al Ayudante General para que movilice aquellas unidades de las Fuerzas Militares de Puerto Rico que sean necesarias para mantener o restablecer el orden público y garantizar la seguridad de vidas y propiedades. La susodicha orden definirá con toda particularidad la misión a realizarse.

Podrá en igual manera el Comandante en Jefe, en casos de desastres causados por la naturaleza, tales como huracán, tormenta, inudación, terremoto, incendio y otras causas de fuerza mayor y en caso que las autoridades civiles no pudieran afrontar la misma, dictar una orden por escrito al Ayudante General para que movilice aquellas Fuerzas Militares de Puerto Rico que sean necesarias para atender la situación creada por el desastre ocurrido.En las situaciones que se consignan en el segundo párrafo del inciso (b) de la Sección 207, el Comandante en Jefe podrá dictar una orden por escrito al Ayudante General, autorizando y disponiendo la utilización de equipos, activos y personal de la Guardia Nacional que sea necesario para atender la situación de que se trate.”

Artículo 3.-Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

Ley del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, Ley Núm. 214 de 18 de agosto de 2004

Ley Núm. 214 del año 2004

(P. de la C. 4742), 2004, ley 214

(Conferencia)

Ley para Crear el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico

Ley Núm. 214 de 18 de agosto de 2004

Para autorizar al Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y al Presidente de la Universidad de Puerto Rico a que establezcan mediante escritura pública un fideicomiso que se conocerá como el “Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico”; establecer el Fondo del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico bajo el control y custodia del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico; adicionar un nuevo inciso (O) al párrafo (1) del apartado (j) de la Sección 2 de la Ley Núm. 8 de 24 de enero de 1987, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de Puerto Rico”; enmendar el inciso (K) y el inciso (L) y adicionar un nuevo inciso (M) al párrafo (1) del apartado (j) de la Sección 2 de la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, según enmendada, conocida como la “Ley de Incentivos Contributivos de 1998”; adicionar un nuevo inciso (bb) al Artículo 5.01 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como la “Ley de Contribución Municipal de la Propiedad de 1991”; y enmendar la Sección 6 de la Ley Núm. 101 de 12 de mayo de 1943, según enmendada.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La política pública sobre el desarrollo económico de Puerto Rico exige reorientar nuestra economía con una visión de futuro y atemperarla a las tendencias económicas mundiales y a los adelantos en la ciencia, informática y tecnología. Como parte de dicha visión, es importante proteger y apoyar los sectores tradicionales de la agricultura, la manufactura, el turismo, el servicio y el cooperativismo. Sin embargo, considerando la globalización de la economía, y la constitución de bloques económicos regionales, es esencial promover iniciativas de desarrollo económico modernas, que permitan diversificar nuestra economía y hacerla cada vez más competitiva.

Los más recientes estudios económicos revelan que si Puerto Rico interesa competir en la nueva economía mundial debe dirigir sus esfuerzos a fomentar y desarrollar una economía fundamentada en el conocimiento. Ello, debido a que el nuevo motor económico mundial girará alrededor de los activos del conocimiento, como la ciencia, la tecnología e investigación. Países como Irlanda, Singapur, Chile y Taiwán, entre otros, ya han realizado inversiones significativas en investigación científica y tecnológica y la manufactura de alta tecnología. Más importante aún, estudios realizados demuestran una correlación positiva entre la intensidad de la inversión en ciencia y tecnología y la productividad de un país.

Ejemplo de áreas donde la alta tecnología repunta la competitividad económica de un país lo son la biotecnología y las telecomunicaciones y los sistemas de información. Con los avances tecnológicos, la industria de las ciencias biológicas es más abarcadora que nunca. En el pasado, dicha industria estaba orientada principalmente al aspecto médico y compuesta de compañías farmacéuticas, de diagnóstico médico- y de equipo y productos médicos. Hoy en día, las ciencias biológicas se han convertido en un importante y creciente componente de industrias médicas y biológicas que reducen la necesidad. de pesticidas, aumentan las posibilidades en la agricultura y remueven desperdicios ambientales. Más aún, prácticas de investigación innovadora en el campo de la genética harán posible que se interrelacionen las tecnologías en las industrias de información y de las ciencias biológicas, en campos novedosos como la bioinformática y la genética.

De igual manera, el campo de las telecomunicaciones e Internet ha evolucionado de manera acelerada, creando una necesidad inmediata de fomentar la investigación y el estudio en las áreas de la infraestructura de informática y el campo de la transmisión de data, video y multimedios. En el nuevo mundo de la alta tecnología es necesario aúnar esfuerzos de investigación en la creación de productos concentrados en el servicio, que fomenten la adopción de tecnología en distintos campos y que permitan, eventualmente, la comercialización y distribución de nuevas invenciones y productos tangibles. Igualmente, es necesaria la investigación, el desarrollo, o la aplicación de herramientas computacionales para expandir el uso de datos biológicos, médicos, de salud y de comportamiento social. Estas herramientas deben incluir, además, aquellas que se utilizan para adquirir, almacenar, organizar, archivar, analizar y visualizar estos datos. Por último, la convergencia de data video y telefonía en una sola plataforma, utilizando el protocolo de Internet, requiere que se incremente la infraestructura de comunicación en la Isla, y que se fomenten proyectos de investigación y estudio que sirvan para promover el crecimiento de productos y servicios dirigidos a estos mercados globales, particularmente en un mundo en el cual existe una escasez de los mismos en el idioma español.

Una economía basada en el conocimiento y en modelos de alta tecnología e innovación tecnológica provee los cimientos para competir mundialmente. Auspiciar, apoyar y fomentar las actividades de investigación y desarrollo en Puerto Rico y comercializar sus resultados es un paso esencial para el éxito continuado de las industrias existentes y para el desarrollo de nuevas actividades. Además, es indispensable fortalecer la transferencia de tecnología mediante mecanismos que protejan y comercialicen 01 producto intelectual de inversionistas locales y que permitan la transferencia de tecnología a las industrias incipientes. Por último, la formación de capital humano en estas áreas provee las bases para una creación de riqueza sostenida para cualquier país en la economía global actual.

El Proyecto Puertoriqueño para el Siglo 21 que incorpora el Programa de Gobierno 2001-2004 reconoce que la nueva economía está fundamentada en las industrias de alta tecnología y la informática, y que una política pública fundamentada en una economía del conocimiento provee la base para una estrategia de desarrollo económico sustentable. Asimismo, el Proyecto acepta la necesidad de promover esquemas con alto potencial en los campos de tecnología e informática y de introducir medidas que estimulen la inversion y atraigan a Puerto Rico a científicos, investigadores y empresas productoras. Sólo así, logrará Puerto Rico convertirse en un centro de investigación y en un propulsor de tecnología y manufactura especializada.

En la actualidad, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no posee una estructura, unos fondos y un mecanismo de implantación efectivo que permita establecer un modelo integrado para el desarrollo de la ciencia, tecnología e investigación en la Isla. Para fortalecer el desarrollo económico de nuestra Isla y para competir a la altura de los países en desarrollo acelerado, es vital que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ejerza un papel protagónico en el desarrollo de las industrias altamente especializadas que puedan continuar ofreciendo nuevas alternativas de ingresos para sus ciudadanos. Por tanto, es indispensable acelerar la implantación de una política pública fundamentada en una economía de conocimiento que permita a Puerto Rico competir globalmente y promover, invertir y financiar las actividades de investigación y desarrollo necesarias para fortalecer las industrias de las ciencias biológicas y las tecnologías de información y comunicación en Puerto Rico. Asimismo, y en alianza con el sector privado y la academia, es necesaria la formulación de iniciativas de ciencia, tecnología e investigación de forma estratégica y coherente y la formación del capital humano especializado en estas áreas.

Esta Administración y esta Asamblea Legislativa reconocen la necesidad que existe de establecer un andamiaje que dé paso a la creación de organizaciones y mecanismos concentrados en la ciencia, tecnología e Investigación que sirvan como estímulo para atraer talentos y recursos significativos a la Isla, y para convertirse en una localización preferida para la consecución de alianzas entre el sector público, privado y la academia. En la medida en que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico acelere la implantación de iniciativas de ciencia, tecnología e investigación y estimule el desarrollo de nuevos mercados, se viabilizará que se abran puertas para la entrada de nuevos inversionistas y se promoverá la proliferación de nuevas fuentes de empleo que redunden en un mejor bienestar para nuestra gente.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Artículo 1.-Título de la Ley.

Esta Ley se conocerá y podrá ser citada oficialmente como “Ley del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico”.
Artículo 2. -Definiciones.

Todo término utilizado en esta Ley para referirse a una persona o puesto se refiere a ambos géneros, y los siguientes términos, dondequiera que aparecen utilizados en esta Ley, tendrán los significados que a continuación se expresan, excepto donde el contexto claramente indique otra cosa:

(a) Actividades Elegibles – significará:

1. actividades de investigación o desarrollo en ciencia y tecnología en las siguientes áreas:

(i) tecnología de información y comunicación;

(ii) creación de protocolos de convergencia de data, video y telefonía;

(iii) infraestructura de informática, transmisión de data, video y multimedios;

(iv) desarrollo de programación que promueva el uso de nuevos métodos de acceso a los sistemas de salud, por ejemplo en telemedicina y aprendizaje a distancia;

(v) comercio electrónico y programación que se desarrolla en código de lenguaje digital y se incorpora en una computadora para usos directos – (application service software);

(vi) procesos y tecnologías de investigación y desarrollo de medicamentos incluyendo, sin limitarse a, la biología molecular, ciencias genómicas, ciencias proteómicas, análisis y tecnologías de secuencia de genotipos, química combinacional, aplicaciones en robótica, bioinformática, bioquímica, oncología molecular, farmacología genómica, marcadores biológicos, toxicología molecular, ingeniería del tejido, química medicinal, microfluidicos y modelos de enfermedad;

(vii) investigación y desarrollo clínico en las áreas mencionadas en la cláusula (vi) e integración de investigación clínica y plataformas de bioanálisis;

(viii) investigación y desarrollo clínico, integración de biología experimental y computacional, farmacología, toxicología molecular, modelos de animales;

(ix entrega de medicamentos y áreas relacionadas;

(x) investigación y desarrollo de procesos de biomanufactura, biocatalisis, desarrollo de procesos químicos; manufactura y bioprocesos de manufactura de proteínas y síntesis química; y

(xi) tecnología para el fenotipo molecular, el descubrimiento de medicamentos y desarrollo de la nanotecnología;

2. educación, entrenamiento y desarrollo profesional en los campos de investigación o desarrollo en ciencia y tecnología;

3. prestación de servicios y tecnología incluyendo, asesoría, consultoría, estudios, análisis, cobro, gerencia y manejo de propiedad intelectual, implantación y manejo de incubadoras y el financiamiento de innovaciones e invenciones; atracción de recursos humanos científicos a Puerto Rico en los términos que defina el Consejo de Fiduciarios;

5. construcción y desarrollo de parques científicos o el desarrollo de la infraestructura social* adecuada para actividades de investigación o desarrollo en ciencia y tecnología; y

6. otras actividades que el Consejo de Fiduciarios designe como actividades elegibles, siempre y cuando determine que redundarán en el crecimiento de la investigación o desarrollo en ciencia y tecnología en Puerto Rico.

(b) Agencia Federal – significará los Estados Unidos de América, su Presidente, cualesquiera de los departamentos de la Rama Ejecutiva del Gobierno de los Estados Unidos de América o cualquier corporación, agencia o instrumentalidad creada o que pueda crearse, designarse, o establecerse por los Estados Unidos de América;

(c) Banco – significará el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, creado en virtud de la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, según enmendada;

(d) Ciencia – significará el con unto de conocimientos obtenidos mediante la observación, la experimentación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales, e incluye, entre otros, los conocimientos relativos a las ciencias exactas, fisicoquímicas y naturales, así como su estudio;

(e) Ciencias Biológicas – significará la ciencia que trata de los seres vivos, incluyendo, entre otras cosas, su composición molecular y los fenómenos vitales con arreglo a las propiedades de su estructura molecular, y que para fines de esta Ley, comprende el uso de procesos celulares y moleculares para resolver problemas o hacer productos incluyendo, sin limitarse a, aquellos procesos que utilizan células y moléculas biológicas para aplicaciones en la medicina, agricultura y el manejo del ambiente, equipo e instrumentos médicos, medicinas y la industria de la farmacéutica (laboratorios médicos, hospitales y centros médicos), químicos orgánicos utilizados en la agricultura y la investigación, desarrollo y servicios de análisis.

(f) Compañía – significará la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico.

(g) Consejo de Fiduciarios – significará el grupo de personas designadas como fiduciarios del Fideicomiso;

(h) Costos Elegibles – significará aquellos costos relacionados con un proyecto de investigación o desarrollo en ciencia y tecnología, que cualifican para ser sufragados con fondos obtenidos del Fideicomiso en virtud de lo que disponga el Consejo de Fiduciarios en el reglamento que apruebe, y podrán incluir, sin que se entienda como una limitación, los siguientes:

1. costos de planta, equipo, maquinaria, materia prima, y materiales;

2. costos de reclutamiento de talento, los cuales deberán ser definidos reglamentariamente por el Consejo de Fiduciarios;

3. costos de adquisición de terreno, de construcción de edificios, de desarrollo de la infraestructura social necesaria o la adaptación de facilidades existentes;

4. honorarios por servicios consultivos o cualquier otro tipo de remuneración pagada a asesores técnicos consultados con relación a la investigación y el desarrollo, el pago de salarios, estipendios, gastos de viaje y dietas que se paguen a personas relacionadas con las actividades de investigación y desarrollo o con la identificación de desarrollo de productos, servicios y procesos; y

5. gastos generales, administrativos y operacionales.

(i) Departamento – significará el Departamento del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio;

(j) Desarrollo – significará actividades dirigidas al mejoramiento o establecimiento de materiales, productos, componentes, sistemas o servicios con atributos innovadores;

(k) Director Ejecutivo – significará el Director Ejecutivo del Fideicomiso.

(l) Entidad Beneficiada – significará cualquier persona natural o jurídica, incluyendo cualquier entidad gubernamental, a la cual se le provean fondos del Fideicomiso;

(m) Escritura Constituyente – significará la escritura pública mediante la cual se crea el Fideicomiso otorgada por el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio y el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, actuando como fideicomitentes;

(n) Fideicomiso – significará el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico cuya creación se autoriza en esta Ley;

(o) Fondo – significará el Fondo del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico creado en el Artículo 6 de esta Ley;

(P) Gobierno – significará el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo todas sus subdivisiones, corporaciones públicas y municipios;

(q) Investigación – significará estudiar o trabajar, incluyendo realizar proyectos teóricos o experimentales, con el objetivo de obtener o ampliar el conocimiento sobre alguna ciencia, que puede o no estar relacionados con resultados prácticos;

(r) Oficina – significará la Oficina de Gerencia y Presupuesto;

(s) Persona – significará cualquier persona natural o jurídica; disponiéndose que, en caso de personas jurídicas, podrán ser de naturaleza pública o privada, y estar organizadas o existiendo bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de los Estados Unidos de América o de cualquier Estado de los Estados Unidos de América;

(t) Proponente – significará la persona que solicita asistencia económica del Fideicomiso;

(u) Proyectos del Fideicomiso – significará aquellos proyectos de investigación o desarrollo en ciencia o tecnología que el Consejo de Fiduciarios determine que cualifican para ser financiados con fondos del Fideicomiso;

(v) Secretos de negocio – significará que el dueño de un secreto comercial o de negocio tiene el privilegio, que podrá ser invocado por él o por su agente o empleado, de no divulgarlo y de impedir que otro lo divulgue, siempre que ello no tienda a ocultar fraude o a causar una injusticia.;

(w) Tecnología – significará conjunto de teorías, de conocimientos y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, incluyendo los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto;

(x) Tecnología de Información y Comunicación – significará el aprovechamiento o aplicación práctica del conocimiento de las ciencias de la información y de la comunicación, y comprende cualquier dispositivo o aplicación de comunicación incluyendo, sin limitarse a, radio, televisión, teléfonos celulares, computadoras, equipo de datos, equipos de redes, programas, sistemas satélites, así como servicios y aplicaciones asociadas con ellos como la video conferencia y la educación a distancia, y herramientas de computadoras para adquirir, almacenar, organizar, archivar, analizar y visualizar datos;

(y) Universidad – significará la Universidad de Puerto Rico;

(z) Universidad Privada – significará cualquier universidad privada licenciada por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico.
Artículo 3.-Creación, Propósito y Deberes

Se autoriza al Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y al Presidente de la Universidad de Puerto Rico, actuando como fideicomitentes, a otorgar la escritura constituyente mediante la cual se establecerá un fideicomiso con fines no pecuniarios el cual se conocerá como el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, y adelante “el Fideicomiso”.

(a) El Fideicomiso tendrá el propósito de definir e implantar, la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para la investigación y el desarrollo en la ciencia y la tecnología, que deberá incluir el establecimiento de una alianza entre el Gobierno y el sector privado para la promoción y desarrollo de las mismas para el beneficio de todos los puertorriqueños. En la consecución de su propósito, el Fideicomiso actuará como un agente para la promoción, inversión y financiamiento de actividades que fortalezcan la investigación y el desarrollo en la ciencia y la tecnología en Puerto Rico y que redunden en beneficio del desarrollo económico de Puerto Rico; promoverá la colaboración estrecha entre los sectores gubernamentales, académicos e industriales del País, encaminadas, sin limitarse, a la investigación básica para el descubrimiento de nuevo conocimiento, la investigación aplicada para traducir nuevos conocimientos a aplicaciones utilizables, y a la investigación clínica que incluya la administración de terapias e intervenciones para determinar la eficacia de las mismas; desarrollará y promoverá una cultura y una infraestructura que reconozca el valor que tiene la investigación y el desarrollo en la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico y social de Puerto Rico; promoverá la transferencia de tecnología y la comercialización de los productos que resulten de investigaciones locales; y financiará y creará una estrategia coherente para atraer a Puerto Rico a investigadores de calibre mundial que den impulso a las nuevas iniciativas.

(b) Inicialmente el Fideicomiso deberá concentrar sus esfuerzos en actividades relacionadas con las Ciencias Biológicas o sector relacionado a la salud, la cual incluye sin estar limitada, a los siguientes sectores:  farmacéutica, biotecnológica, instrumentos médicos, entre otros, y la tecnología de información y comunicación, la cual incluye, sin estar limitada al sector de electrónica, entre otros.

(c) En aras de cumplir con los objetivos de esta Ley, el Fideicomiso deberá realizar las siguientes encomiendas, entre otras:

1. desarrollar un plan estratégico coherente destinado a facilitar la creación de las condiciones propicias al desarrollo científico y técnico en Puerto Rico mediante la formación de alianzas entre los sectores gubernamentales, académicos e industriales del País;

2. ayudar a promover el desarrollo de una infraestructura educativa y social necesaria en los campos científicos y técnicos;

3. apoyar la comercialización de productos y servicios fundamentados en la ciencia, tecnología o investigación;

4. incrementar el financiamiento disponible para las actividades de investigación y desarrollo en ciencia y tecnología, en las instituciones académicas de Puerto Rico;

5. identificar capital y financiamiento para iniciativas de investigación o desarrollo en ciencia y tecnología;

6. promover la inversión privada en actividades y proyectos de investigación o desarrollo en ciencia y tecnología y en compañías incipientes de alta tecnología así como multinacionales que tienen una alta presencia en Puerto Rico;

7. incrementar la inversión en innovación mediante la alianza de instituciones públicas y privadas;

8. viabilizar iniciativas para patentizar y proteger la propiedad intelectual, la labor de los científicos, y los resultados de las actividades realizadas en la investigación o el desarrollo en ciencia y tecnología;

9. colaborar con el sector privado en el desarrollo de productos, negocios, servicios y procesos innovadores, a la vez que se estimula el crecimiento económico y la capacidad de la competencia global;

10. estimular mecanismos que faciliten el acceso y uso optimo de todos los ciudadanos interesados a las fuentes de recursos internacionales existentes en las áreas de investigación o desarrollo en ciencia o tecnología; y

11. fortalecer la capacidad de investigación de las instituciones educativas tanto públicas como privadas, para fomentar el desarrollo a largo plazo de la industria;
Artículo 4.-Fiduciarios del Fideicomiso.

(a) El Consejo de Fiduciarios del Fideicomiso, en adelante “el Consejo” estará constituido por once (11) fiduciarios, cinco (5) de los cuales serán las personas que ocupan los cargos de Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, el Director Ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial y el Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, quienes serán fiduciarios ex officio, los cuales podrán estar representados en estas funciones por las personas quienes los mencionados funcionarios designen y seis (6) ciudadanos particulares.

La Escritura Constituyente deberá disponer que los seis (6) ciudadanos particulares serán fiduciarios por un término de seis (6) años y hasta que sus sucesores sean nombrados. Tres (3) de los seis (6) ciudadanos particulares deberán ser o haber sido miembros de la comunidad universitaria en calidad de profesores o investigadores, tres (3) deberán pertenecer al sector privado de alta tecnología. Dos (2) de los seis (6) ciudadanos particulares deberán ser reconocidos internacionalmente en

su campo, y dos (2) de los ciudadanos particulares deberán estar familiarizados de manera general con las ciencias biológicas o el sector de la salud o las tecnologías de información y comunicación, las tendencias recientes de investigación en estas áreas y los mecanismos técnicos y científicos para traducir nuevos conocimientos en aplicaciones que estimulen el desarrollo económico.

(b) El Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, el Director Ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial y el Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, designarán, inicialmente, los seis (6) primeros ciudadanos particulares que actuarán como fiduciarios. Dichas designaciones se harán por los siguientes términos: un fiduciario por tres (3) años; otro fiduciario por cuatro (4) años; dos (2) fiduciarios por cinco (5) años; y otros dos (2) fiduciarios por seis (6) años. Cualquier vacante en las posiciones de fiduciarios que ocupan los ciudadanos particulares que ocurran antes de expirar el término de dicha posición será cubierta mediante un nuevo nombramiento por el término no cumplido. Ningún miembro del Consejo de Fiduciarios podrá servir como fiduciario por más de dos términos consecutivos de seis (6) años.

(c) Los ciudadanos particulares que sucederán a los ciudadanos particulares nombrados inicialmente como miembros del Consejo de Fiduciarios, así como los ciudadanos particulares designados para ocupar cualquier vacante que ocurra en las plazas de ciudadano particular en el Consejo, serán seleccionados por el voto de la mayoría de los miembros del Consejo.

(d) Los ciudadanos particulare1 designados o elegidos como miembros del Consejo de Fiduciarios no serán considerados funcionarios públicos para todos los efectos, incluyendo las disposiciones de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada.

Disponiéndose que, ningún miembro del Consejo que tenga cualquier interés personal, institucional o económico, según dichos términos son definidos más adelante, podrá participar en cualquier decisión o tener acceso a cualquier información relacionada con el asunto o a los asuntos en el cual tenga un interés personal o económico. “Interés Económico” significará la titularidad directa o indirecta, ya sea legal o en equidad, de un individuo o un miembro de su unidad familiar según definido más adelante, de (1) por lo menos diez (10) por ciento de las acciones emitidas de una corporación; (2) por lo menos un diez (10) por ciento de interés en cualquier otra entidad; o (3) la titularidad de suficientes acciones o participación en una entidad que le conceda a dicha persona un control efectivo de las decisiones de dicha entidad. El término “Interés Personal” significará cualquier relación personal, familiar o de negocios, que pudiera interpretarse como que afecte la objetividad de un miembro de la Junta. El término “Unidad Familiar” significará la esposa de un persona, sus hijos, dependientes o aquellas personas que compartan su residencia legal o cuyos asuntos financieros estén bajo el control de jure o de facto de dicha persona.

(e) El Presidente del Consejo de Fiduciarios será uno de los cinco (5) funcionarios públicos miembros del Consejo y será seleccionado por votación de dichos cinco (5) funcionarios públicos. El Consejo seleccionará, de entre sus miembros, que son ciudadanos particulares, un Vice-Presidente, quien sustituirá al Presidente en ausencia de éste, así como un Secretario.

(f) Los miembros del Consejo de Fiduciarios que no sean funcionarios públicos, incluyendo los miembros de la comunidad académica, tendrán derecho a recibir la dieta básica establecida mediante votación unánime del Consejo.

(g) Una mayoría de los miembros del Consejo constituirá quórum para todos los fines y los acuerdos se tomarán por la mayoría de los presentes. Disponiéndose que cualquier acción necesaria o permitida en cualquier reunión del Consejo, será autorizada sin que medie una reunión, siempre y cuando todos los miembros del Consejo, den su consentimiento escrito a dicha acción. En tal caso, el documento escrito constará en las actas del Consejo. Se dispone, además que los miembros del Consejo podrán participar, respectivamente, en cualquier reunión de la Junta o cualquier comité de ésta, mediante conferencia telefónica, u otro medio de comunicación, a través del cual todas las personas participantes en la reunión puedan escucharse simultáneamente. La participación de cualquier miembro del Consejo en la forma antes descrita constituirá asistencia a dicha reunión.
Artículo 5.-Derechos, Poderes y Funciones del Consejo de Fiduciarios.

(a) El Consejo de Fiduciarios tendrá todos aquellos poderes y facultades que expresamente se le confieran a los fiduciarios en la Escritura Constituyente, sujeto a los Artículos 834 a 874, inclusive del Código Civil de Puerto Rico 1930, según enmendado, incluyendo el poder de demandar y ser demandados como fiduciarios en representación del Fideicomiso. La escritura constituyente dispondrá los poderes y deberes del Consejo de Fiduciarios, los cuales incluirán, entre otros, los siguientes:

1. actuar como el organismo rector del Fideicomiso.

2. establecer la política general del Fideicomiso para cumplir con los objetivos de esta Ley;

3. preparar un Plan Estratégico que deberá ser revisado y actualizado cada cinco (5) años;

4. autorizar el plan de trabajo y el presupuesto anual del Fideicomiso;

5. nombrar un Director Ejecutivo, establecer sus deberes y poderes en armonía con lo dispuesto en esta Ley y fijar su compensación; disponiéndose que, el Director Ejecutivo será el único funcionario compensado directamente por el Fideicomiso; y que todo funcionario o personal será compensado de las derramas anuales que aportarán las dos (2) entidades autorizadas a establecer el fideicomiso a tenor con los informes previstos para el año.

6. formular, adoptar, enmendar y derogar reglas y reglamentos que rijan su funcionamiento interno, así como aquellos que sean necesarios para regir sus actividades y las del Fideicomiso y desempeñar sus facultades y deberes;

7. determinar la elegibilidad de las entidades beneficiadas y de los proyectos o iniciativas a ser financiados con los fondos del Fideicomiso;

8. autorizar la contabilidad y el desembolso de los fondos y otras operaciones administrativas del Fideicomiso y establecer un mecanismo efectivo para la auditoría y la fiscalización de las asignaciones, usos y desembolsos de los fondos del Fideicomiso;

9. implantar la política pública y los objetivos del Fideicomiso a tenor con esta Ley;

10. determinar las áreas y prioridades programáticas del Fideicomiso y aprobar los planes de trabajo que se formulen de conformidad con las mismas;

11. delegar en cualquier agencia del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la ejecución de medidas, planes y proyectos del Fideicomiso aprobados por el Consejo de Fiduciarios de conformidad con esta Ley;

12. contratar, establecer acuerdos y alianzas con personas o entidades jurídicas públicas o privadas que sean necesarias para el adecuado desempeño de las responsabilidades dispuestos en esta Ley;

13. adquirir bienes muebles e inmuebles por cualquier forma legítima, incluyendo por concesión, regalo, compra, legado o donación y poseer y ejercer todos los derechos de propiedad sobre los mismos, así como disponer de ellos;

14. tomar dinero a préstamo y emitir notas, bonos y cualquier otra evidencia de deuda del Fideicomiso con el propósito de proveer fondos para sufragar los costos de operación del Fideicomiso, hacer inversiones o conceder ayuda financiera a proyectos del Fideicomiso, pagar el costo de adquisición de cualquier propiedad para el Fideicomiso, llevar a cabo cualquiera de sus fines, refinanciar, pagar o redimir cualesquiera de sus notas, bonos u otras obligaciones. El Fideicomiso podrá garantizar el pago de sus notas, bonos y todas y cualesquiera de sus obligaciones mediante cesión, pignoración, hipoteca o cualquier otro gravamen sobre todos o cualesquiera de sus contratos, rentas, ingresos o propiedades; podrá negociar y otorgar con cualquier entidad contratos de financiamiento, pagarés en evidencia de deuda y todos aquellos otros instrumentos, acuerdos y obligaciones de cualquier naturaleza, que sean necesarios o convenientes para ejercer los poderes y funciones conferidos al Fideicomiso; disponiéndose que, en toda emisión de deuda del Fideicomiso, el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico actuará como agente fiscal, según dispone la Ley Núm. 272 de 15 de mayo de 1945, según enmendada;

15. otorgar financiamientos y hacer inversiones o donaciones bajo los términos y condiciones que estime apropiados en proyectos del Fideicomiso;

16. conceder asistencia económica o de cualquier otro tipo a agencias, instrumentalidades del Gobierno y entidades privadas
con el propósito de fomentar y costear el desarrollo de proyectos e infraestructura para ciencia, tecnología y/o investigación;

17. recibir asistencia gerencial, técnica, administrativa y contratar para estos fines;

18. invertir sus fondos, según sea autorizado por resolución de la Junta, sujeto a cualquier restricción y limitación, conforme con la Ley Núm. 113 de 3 de agosto de 1995, según enmendada;

19. negociar y otorgar, con cualquier persona, incluyendo cualquier agencia gubernamental, federal o estatal, todo tipo de contrato y todos aquellos instrumentos y acuerdos necesarios o convenientes para ejercer los poderes y funciones conferidos al Fideicomiso por esta Ley;

20. crear, a su discreción, concilios asesores para proveer al Fideicomiso asesoría técnica y científica especializada y proveer
para la organización y funcionamiento de los mismos;

21. utilizar el dinero del Fideicomiso siempre que dicha utilización sea cónsona con los propósitos de esta Ley;

22. articular periodicamente y en coordinación con el Director Ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial la política de
inversiones de los recursos del Fondo Especial para Desarrollo Económico, entendiéndose, sin embargo, que queda inalterada la autoridad de la Compañía sobre el manejo del dinero del Fondo Especial no transferidos al Fideicomiso; y

23. ejercer todos los poderes inherentes a las funciones, prerrogativas y responsabilidades que le confiere esta Ley y ejercer aquellos otros poderes que le confiera la escritura constituyente.

(b) El Consejo de Fiduciarios deberá establecer por reglamento los criterios a utilizarse para el desembolso de los dineros del Fideicomiso.

(c) El Consejo de Fiduciarios tendrá discreción para elegir los mecanismos de inversión o financiamiento que utilizará para promover el campo de la investigación y el desarrollo en ciencia y tecnología en Puerto Rico, incluyendo el mecanismo de préstamo, dadiva, donación, inversión o cualquier combinación de estas.
Artículo 6.-Fondo del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico

(a) Se crea, dentro y bajo el control y custodia del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico un fondo que se conocerá como el Fondo del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. El Fondo se nutrirá de:

i. un veinte (20) por ciento del dinero depositado en el Fondo Especial para Desarrollo Económico administrado por la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico, ingreso recaudado anualmente en virtud de la Sección 16(c) de la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997. Se ordena al Director Ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico que dichos fondos sean transferidos al Fondo del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. La transferencia comenzará a partir del año fiscal 2004-2005;

ii. los fondos que no hayan sido desembolsados por la Compañía de Fomento Industrial a la Universidad de Puerto Rico al momento de la vigencia de esta Ley, a tenor con la Resolución Número 2003-18 de 18 de junio de 2003 para el “Fondo de Investigación Científica del Centenario de la Universidad de Puerto Rico”;

iii. una asignación especial del cinco millones (5,000,000) de dólares del Fondo de Mejoras Públicas del año fiscal 2004-2005, según se consigne en legislación a esos efectos. Estos recursos se contabilizarán y mantendrán en una cuenta separada de los demás recursos.

iv. cinco millones (5,000,000) de dólares anuales comenzando con el año fiscal 2005-2006, provenientes del balance de los recaudos de los arbitrios federales enviados al Departamento de Hacienda de Puerto Rico en cada año fiscal, de acuerdo con la Sección 7652(a)(3) del Código de Rentas Internas de Estados Unidos de 1986, según enmendado, disponibles luego de que el Departamento de Hacienda haya cumplido con la transferencia de los primeros recaudos de dichos arbitrios a la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura de Puerto Rico conforme con el Artículo 25 de la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada. En el caso de no existir fondos sobrantes en esa distribución, los ingresos necesarios para el Fondo del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico provendrán directamente del Fondo General; y donaciones privadas, fondos gubernamentales, asignaciones legislativas, concesiones o dadivas federales y regalías.  En o antes de noventa (90) días después del cierre de cada año fiscal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Secretario de Hacienda rendirá un informe a la Junta de Fiduciarios sobre el ingreso transferido al Fondo conforme con esta Ley.

(b) El Consejo de Fiduciarios podrá crear dentro de dicho Fondo cualesquiera cuentas que el Consejo estime necesarias. Se depositarán a crédito del Fondo, en aquellas cuentas que determine el Consejo de Fiduciarios, todas las aportaciones que reciba el Fideicomiso y todo el ingreso que se reciba de las inversiones que se hagan con el dinero depositado en el Fondo.

(c) El dinero depositado en el Fondo se podrá invertir en cualquier obligación o instrumento aprobado por el Banco conforme con la Ley Núm. 113 de 3 de agosto de 1995, según enmendada. El Banco se asegurará que las inversiones autorizadas por esta Ley generen el máximo rendimiento que las condiciones del mercado permitan a la par que se proteja el principal invertido, y anualmente rendirá un informe de actividades al Consejo de Fiduciarios.

(d) El dinero depositado en el Fondo se utilizará para los propósitos de esta Ley. Los desembolsos del dinero depositado en el Fondo se harán conforme con esta Ley, con los reglamentos y los presupuestos aprobados por el Consejo de Fiduciarios y con cualquier régimen legal que gobierne el uso de fondos públicos.
Artículo 7. -Proyectos del Fideicomiso

(a) Entre un treinta (30) por ciento y a un cuarenta (40) por ciento del presupuesto anual de los fondos del Fideicomiso disponibles para ser invertidos en proyectos del Fideicomiso deberá ser utilizado para atender actividades y proyectos corporativos que impacten la investigación o desarrollo en la ciencia y la tecnología en Puerto Rico;

(b) Entre un treinta (30) por ciento y a un cuarenta (40) por ciento del presupuesto anual de los fondos del Fideicomiso disponibles para ser invertidos en proyectos del Fideicomiso deberá ser utilizado para:

1. parear de iniciativas académicas de investigación que hayan recibido financiamiento parcial por las agencias federales promotoras de la investigación, sobre bases de alta competitividad;

2. apoyar programas que promuevan el reclutamiento y retención de investigadores competitivos en las ciencias biomoleculares y tecnologías de información y comunicación, incluyendo la creación de sillas dotales, premios para académicos ilustres y reconocimientos a investigadores jóvenes con demostrada capacidad en la investigación competitiva;

3. crear de una estructura ágil y efectiva para la comercialización del producto de las investigaciones de ciencia y tecnología, que pueda ser utilizado por las instituciones académicas o por las compañías privadas para proteger la propiedad intelectual, y mejorar la capacidad de producción y el desarrollo de nuevos productos de acuerdo con los términos del Memorando de Entendimiento suscrito entre la Universidad y la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico el 11 de febrero de 2004.

(c) De un veinte (20) por ciento a un treinta (30) por ciento del presupuesto anual de los fondos del Fideicomiso disponibles para ser invertidos en proyectos del Fideicomiso deberá ser utilizado para proveer apoyo financiero para el desarrollo de infraestructura de investigación tales como:

1. inversión en institutos especializados en tecnologías de información y comunicación, privados o públicos, incluyendo institutos propuestos u operados por compañías elegibles bajo el programa, y cuyos participantes reciben fondos, a través de mecanismos competitivos, para su investigación;

2. instituciones, colaboraciones o programas directamente relacionados con la investigación y desarrollo corporativo;

3. apoyo financiero para el desarrollo de incubadoras que estén relacionadas con centros de apoyo en localizaciones clave, y que puedan facilitar la transferencia de tecnología; y apoyo para el mejoramiento y desarrollo de facilidades físicas aptas para la investigación y/o desarrollo en ciencia y tecnología.

(d) Como primeras iniciativas del Fideicomiso en materia de infraestructura, se atenderán, entre otros, los siguientes proyectos:

1. apoyar financieramente los esfuerzos encaminados a terminar el Parque de Investigación de Puerto Rico a desarrollarse entre la Universidad y la CFI de acuerdo con los términos del Memorando de Entendimiento suscrito entre la Universidad y la CFI el 11 de febrero de 2004; y

2. apoyar financieramente los esfuerzos encaminados a terminar la Planta Piloto de Bioprocesos a desarrollarse entre la Universidad, la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico y la industria farmacéutica de acuerdo con el Memorando de Entendimiento suscrito entre la Universidad y la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico el 11 de febrero de 2004.

(e) No obstante, las disposiciones del Articulo 7(a), (b) y (c), dichas designaciones porcentuales podrán ser revisadas anualmente por el Consejo de Fiduciarios en consideración a las posibilidades de inversión del momento, las necesidades de la industria o la academia y el número y mérito de las propuestas recibidas.
Artículo- 8. -Proceso de Solicitud y Evaluación y Desembolsos de Fondos

(a) El Consejo de Fiduciarios deberá aprobar las normas y reglas concernientes a la presentación, evaluación y selección de propuestas y solicitudes de fondos para proyectos del Fideicomiso. La reglamentación deberá incluir los criterios que el Consejo aplicará al tomar sus decisiones sobre la cualificación y selección de los proponentes y la adjudicación de los contratos. Los criterios de selección deberán incluir, sin que se entienda como una limitación, los siguientes:

1. la reputación comercial y financiera del proponente y su capacidad económica, técnica o profesional, la experiencia del proponente para realizar y conducir actividades de investigación o desarrollo en ciencia y tecnología, para mejorar los procesos de manufactura existentes o innovar procesos nuevos, o elaborar productos innovadores y comercializar los mismos.

2. los fondos competitivos para la investigación científica que haya recibido el proponente;

3. la acreditación de la institución proponente o de sus programas por agencias federales o externas;

4. la competitividad de la facultad o recursos humanos del proponente;

5. la competividad del estudiantado del proponente;

6. la calidad y cantidad de la infraestrutura para la investigación científica de alta calidad y para la transferencia de tecnología;

7. la disponibilidad de fondos;

8. los méritos de otras propuestas;

9. la novedad y complejidad del área de Investigación y Desarrollo a explorarse y el tiempo estimado para su conclusión;

10. el capital, si alguno, -que está dispuesto a invertir el Proponente;

11. el plan de negocios del Proponente, su capacidad económica y el financiamiento solicitado para llevarlos a cabo;

12. la viabilidad de la actividad o proyecto;

13. la posibilidad de comercialización de las actividades y productos o proyectos; y

14. cualquier otro criterio, que a discreción del Consejo, sea idóneo y pertinente para lograr los propósitos de esta Ley, incluyendo el concepto y los parámetros de competividad a utilizarse.

(b) La solicitud de fondos que someta un proponente constituirá un documento público. No obstante, que el Consejo de Fiduciarios, mediante reglamento establecerá las normas que regirán el acceso a dichos documentos, asegurándose, entre otras cosas, que se proteja toda información de carácter confidencial que [sometan] los proponentes; se definan la condiciones que deberán satisfacer las terceras personas que solicitan acceso a la misma; se disponga los estrictos criterios de confidencialidad que se utilizarán en todo el proceso de recibir, evaluar y adjudicar propuestas; se excluya del examen y la divulgación pública, toda aquella información que constituya: (1) secretos de negocios, (2) información propietaria, e (3) información privilegiada o confidencial; y dispongan las normas de conducta que deberán observar los funcionarios y empleados del Fideicomiso respecto al manejo, divulgación y publicación de toda la información que reciba el Fideicomiso durante el proceso de recibir, evaluar y adjudicar propuestas y las sanciones que conlleva la violación de dichas normas.
Artículo 9.-Exención Contributiva.

(a) Se declara que los fines para los cuales se establecerá el Fideicomiso y para los cuales ejercerá sus poderes son propósitos públicos para el beneficio del Pueblo de Puerto Rico. El Fideicomiso estará exento del pago de todas las contribuciones, patentes, cargos o licencias impuestas por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o sus municipios.

(b) El Fideicomiso estará también exento del pago de todo tipo de cargos, sellos y comprobantes de rentas internas, aranceles, contribuciones o impuestos de toda naturaleza requeridos por ley para la tramitación de procedimientos judiciales, la producción de certificados en toda oficina o dependencia del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y el otorgamiento de documentos públicos y su inscripción en cualquier registro público del Estado Libre Asociado de Puerto, Rico.
Artículo 10.-Informe anual

Cada año, dentro de los ciento veinte (120) días después del cierre del año fiscal, el Fideicomiso presentará un informe al Gobernador, así como a las Secretarías de ambos Cuerpos Legislativos. Dicho informe deberá incluir lo siguiente:

(a) un estado financiero auditado por contadores públicos autorizados reconocidos, y un informe completo de las actividades del Fideicomiso para el año fiscal anterior;

(b) una relación completa y detallada de todos sus contratos y transacciones durante el año fiscal a que corresponda el informe;

(c) información completa de la situación y progreso de sus actividades, hasta la fecha de su último informe;

(d) el plan de trabajo del Fideicomiso para el año fiscal siguiente;
Artículo 11. –Auditorías

(a) El Consejo de Fiduciarios nombrará un Auditor General, quien será el director de la División de Auditoría General que deberá crear el Fideicomiso. El Auditor General responderá directamente al Consejo de Fiduciarios, tendrá la responsabilidad de fiscalizar la asignación, uso y desembolso de los fondos del Fideicomiso y auditar trimestralmente los mismos.

(b) Además, será deber del Director Ejecutivo mantener informado periodicamente, al Consejo de Fiduciarios sobre:

1. los desembolsos y usos de los dineros del Fideicomiso;

2. las economías y eficiencias del Fideicomiso en el uso de sus recursos; y

3. los sistemas, procedimientos y prácticas empleadas por el Fideicomiso para monitorear el uso y desembolso de sus Fondos.

(c) El Fideicomiso estará sujeto a las facultades y poderes de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

(d) Además, se faculta a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a llevar a cabo, auditorías y estudios sobre el desempeño del Fideicomiso y sobre su funcionamiento fiscal.
Artículo 12. -Elegibilidad del Fideicomiso para Incentivos Contributivos dispuestos en la Ley Núm. 8 de 24 de enero de 1987, según enmendada.

Se adiciona un nuevo inciso (O) al párrafo (1) del apartado (j) de la Sección 2 de la Ley Núm. 8 de 24 de enero de 1987, según enmendada, para que se lea como sigue:

“Sección 2. Definiciones.

Para los fines de esta Ley, los siguientes términos, frases y palabras significarán lo que a continuación se expresa:

(1) Ingresos de actividades elegibles. – Significará:
(A) . . .

(O) Notas, pagarés, bonos o cualquier otra evidencia de deuda emitida por el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico establecido mediante escritura pública otorgada por el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio y el Presidente de la Universidad de Puerto Rico como fideicomitentes.”
Artículo 13. -Autorización de Incentivos Contributivos Adicionales de acuerdo con la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, según enmendada.

Se enmienda el inciso (K), el inciso (L) y se adiciona un nuevo inciso (M) al párrafo (1) del apartado (j) de la Sección 2 de la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, según enmendada, para que se lean como sigue:

“Sección 2. -Definiciones.

Para los fines de esta Ley, los siguientes términos, frases y palabras tendrán el significado y alcance que a continuación se expresa:

(a) …

(j)(1) Ingresos de actividades elegibles.- Los intereses y dividendos sobre fondos elegibles invertidos por el negocio exento en:

(A) …

(K) Acciones de corporaciones o participaciones en sociedades que se establezcan como Fondos de Capital de Inversión bajo la Ley Núm. 78 de 10 de septiembre de 1993, según enmendada, conocidas como “Ley de Desarrollo Turístico de Puerto Rico 1993 “, siempre y cuando el Fondo invierta por lo menos un veinte por ciento (20 %) del total de las aportaciones recibidas en actividades turísticas;

(L) cualesquiera otras obligaciones o préstamos que designe el Comisionado con la aprobación de los miembros del sector público de la Junta Financiera y del Administrador. Se autoriza al Comisionado a emitir los reglamentos necesarios para la administración de esta cláusula, con la aprobación de los miembros del sector público de la Junta Financiera y del Administrador; y

(M) Notas, pagarés, bonos o cualquier otra evidencia de deuda emitida por el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico establecido mediante escritura pública por el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y el Presidente de la Universidad de Puerto Rico como fideicomitentes.”
Artículo 14.-Exención de Contribuciones Municipales

Se adiciona el inciso (bb) al Artículo 5.01 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que se lea como sigue:

“Artículo 5.01.-Propiedad exenta de la imposición de contribuciones.

Estarán exentos de tributación para la imposición de toda contribución sobre la propiedad mueble e inmueble los siguientes bienes:

(a)  …

(bb) La propiedad del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico establecido mediante escritura pública por el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y el Presidente de la Universidad de Puerto Rico como fideicomitentes.”

Artículo 15.-Se adiciona un segundo párrafo a la Sección 2 de la Ley Núm. 101 de 12 de mayo de 1943, según enmendada, para que lea como sigue:

“Sección 2.

En cada documento e instrumento original, autorizado por notario público, que haya de ser protocolizado y sus copias, se fijarán y cancelarán sellos de rentas internas de los siguientes valores y denominaciones:

Disponiéndose además, que no serán aplicables las disposiciones de esta Sección a las escrituras donde el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, según el mismo ha sido establecido y es operado conforme con las disposiciones de la Escritura Número de 23 de enero de 1970, otorgada por el Notario Público Luis F. Sánchez Vilella y el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, establecido mediante escritura pública por el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, como fideicomitentes, adquieran, traspasen, graven o enajenen bienes que se relacionen con los fines para los cuales dichos Fideicomisos fueron establecidos y organizados.”
Artículo- 16.-Separabilidad

Si cualquiera disposición, palabra, oración, inciso o sección de esta Ley fuera impugnado por cualquier razón ante un tribunal y declarado inconstitucional o nulo, tal sentencia no afectará, menoscabará o invalidará las restantes disposiciones de esta Ley.
Artículo 17. -Disposiciones transitorias

Las transferencias de dinero al Fondo del Fideicomiso autorizadas por las disposiciones del Artículo 6(a) de esta Ley, serán hechas por el Secretario del Departamento de Hacienda y el Director Ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial, según aplique, a una cuenta especifica designada por el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico como custodio de dichos fondos hasta que el Consejo de Fiduciarios los reclame mediante resolución a esos efectos.
Artículo 18.-Vigencia.

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.