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Porto vs. Bentley Puerto Rico, Inc, 132 DPR 331 (1992 )

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR REBOLLO LOPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 23 de diciembre de 1992.

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El recurrido Iván Porto trabajaba en el departamento de materiales, ocupando la posición de oficinista de recibo (“receiving clerk”), de la corporación recurrente Bentley Puerto Rico, Inc. Llevaba trabajando con dicha empresa dos años y tres meses, mediante contrato de empleo a tiempo indefinido.

En la empresa de la recurrente existía un solo vehículo de motor (Van marca Ford), el cual estaba adscrito al departamento de compras. Dicho vehículo de motor tenía asignado un conductor o chofer que lo utilizaba durante las horas laborables de la Compañía. En las horas no laborables, dicho vehículo solamente podía ser usado con la debida autorización del supervisor de compra, u otro oficial de la Compañía, para casos de emergencia o accidente. Luego de que el chofer del vehículo terminaba su jornada de trabajo, las llaves del referido vehículo se guardaban en unas de las gavetas del escritorio de la Sra. Carmen Delia Vargas, supervisora del departamento de compras.

Así las cosas, durante la semana del 9 de agosto de 1985, el demandante recurrido Iván Porto obtuvo autorización de su jefe inmediato, Sr. Luis J. Berga, gerente de materiales, para utilizar el referido vehículo siempre y cuando sus labores le requirieran quedarse trabajando fuera del horario regular de la empresa. Conforme a dicha autorización, el recurrido venía obligado a devolver el vehículo antes del comienzo de labores del día siguiente.

El martes 13 de agosto de 1985, el recurrido utilizó el automóvil de la empresa; ello debido a que perdió la transportación que le brindaba una compañera de trabajo y su carro personal todavía estaba dañado. Ese día en particular, el demandante no obtuvo la correspondiente autorización de su supervisor inmediato, Luis Berga, ya que éste se encontraba en los Estados Unidos.Tampoco obtuvo autorización de otro oficial de la Compañía. Ante esa situación, y debido a la hora en que terminó su trabajo(1), el recurrido le informó al único otro empleado que permanecía en la empresa, señor Andrés Santos(2), que utilizaría el vehículo de la Compañía. Acto seguido, el recurrido entró en la oficina de la supervisora de compras, tomó las llaves del vehículo, y se marchó en el mismo. El recurrido se detuvo en el portón principal de la planta y le notificó al guardián de turno en ese momento que estaba haciendo uso del vehículo de la compañía. Al día siguiente, antes de las 7:00 a.m., el demandante-recurrido entregó el vehículo.

A su regreso a Puerto Rico, el señor Berga realizó una investigación de lo sucedido. El 16 de agosto de 1985 el señor Iván Porto fue despedido de su empleo. En esa fecha, el señor Berga le entregó al recurrido una carta de despido en la cual indicaba que se le despedía por haber violado la Regla 2 de Conducta de la Compañía, la cual sancionaba el “apropiarse ilegalmente de la propiedad de la compañía o de otro empleado”.(3)

Posteriormente, el 5 de junio de 1986, el señor Iván Porto y su esposa, en su carácter personal y en representación de la sociedad legal de gananciales y de sus hijos menores, presentaron una acción de daños y perjuicios contra la corporación recurrente ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayagüez. En dicha demanda reclamaron una compensación ascendente a $100,000.00 a consecuencia de las alegadas imputaciones falsas, calumniosas y libelosas que le hiciera el patrono con

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(1) Las exigencias del trabajo requirieron que el demandante permaneciera en la empresa después de horas laborables hasta alrededor de las 9:00 p.m. de la noche.

(2) El demandante declaró en la vista en su fondo, que desconocía que Andrés Santos se desempeñaba como mecánico solamente, sino que lo consideraba como la persona que estaba ocupando el puesto de correr la compañía al igual que otras tres personas que corrían la compañía de noche. Transcripción de Evidencia, pág. 49-50.

(3) Al momento del despido, el demandado-recurrente le pagó al recurrido la indemnización que provee la Ley 80 de 30 de mayo de 1976, o sea, la mesada.(Fin de nota al calce)

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motivo de su despido.Se alegó que al momento de ser despedido se le imputó falsamente al demandante recurrido Porto haberse apropiado ilegalmente del vehículo de la compañía y que dicha imputación surgía de la carta de despido fechada 16 de agosto de 1985.(4)

La parte demandada-recurrente contestó la demanda, y luego de los trámites procesales correspondientes, el tribunal de instancia dictó sentencia declarando con lugar la demanda. Como cuestión de hecho y de derecho, el foro de instancia determinó que la carta de despido le imputaba falsamente al demandante la comisión de un delito y la misma le ocasionó daños a su reputación.(5)

Inconforme, el demandado-recurrente acudió en revisión ante este Tribunal. En síntesis, le imputa al foro de ________________

(4) La carta de despido en su totalidad disponía lo siguiente:

“El martes, 13 de agosto de 1985, usted entró sin autorización a la oficina de la compradora, y se apropió ilegalmente de las llaves del vehículo oficial de la Compañía (“Van” marca Ford). Sin autorización de ningún oficial de Bentley, utilizó dicho vehículo y regresó con el mismo el miércoles 14 de agosto.

Dicho acto incurre en una violación a la regla de conducta numero dos (2), que dice ‘no apropiarse ilegalmente de propiedad de la compañía o de otro empleado’. Siendo esto así, usted incurrió en una conducta inaceptable por parte de un empleado de la empresa.

Por esta razón le informamos que efectivo hoy, 16 de agosto de 1985, cesan sus funciones con Bentley AHS del Caribe, Inc.

Le estamos incluyendo el cheque correspondiente al total de días de vacaciones acumulados (11 días). En adición a esto, y como una ayuda de parte de la empresa y un acto de buena fe, le estamos incluyendo el pago de mesada correspondiente a un mes de sueldo mas dos semanas adicionales por sus dos años de servicio.

De tener alguna duda en cuanto a la cantidad recibida, favor de comunicarse por teléfono con el Departamento de Personal.”

(5) En su dictamen el foro sentenciador dispuso las siguientes indemnizaciones: a) A la Sociedad Legal de Gananciales, compuesta por Iván Porto y Mildred Siurano, por concepto de pérdida económica, a razón de $5.00 la hora, por 2,080 horas anuales desde el 16 de agosto de 1985 y hasta el 16 de enero de 1989; la suma de $35,535.00, más los que se hayan acumulado a razón de $867.00 mensuales de 16 de agosto de 1988 hasta la fecha en que se dicta esta sentencia.b) A Iván Porto por sufrimientos y angustias mentales $15,000.00c) A Mildred Siurano por sufrimientos y angustias mentales $5,000.00.d) A Iván José Ernesto por sufrimientos y angustias mentales $500.00.e) A Iván José Ismael por sufrimientos y angustias mentales $500.00f) A Mildred Dinorah Del Carmen por sufrimientos y angustias mentales $500.00(Fin de nota al calce)instancia haber errado al imponerle responsabilidad a la corporación recurrente cuando no se establecieron los elementos esenciales de una causa de acción independiente al despido, siendo el remedio exclusivo la mesada que establece la Ley Núm. 80, la cual ella pagó; que erró el tribunal al concluir que se hicieron manifestaciones libelosas cuando faltó el requisito de “publicación”; que cometió grave error al apreciar la prueba y concluir que el demandante tenía autorización para utilizar el vehículo; y que erró en la concesión de ciertas partidas de daños, las cuales no estaban sostenidas por la prueba.(6)

Expedimos el auto de revisión solicitado. Ambas partes han comparecido. Estando en condiciones de resolver el recurso, procedemos a así hacerlo.

___________________

(6) En el recurso de revisión radicado, el recurrido le imputa al tribunal de instancia haber errado: “A)…al adjudicar daños dentro del contexto obrero-patronal. El tribunal de instancia incurrió en grave error manifiesto y abusó de su discreción al responsabilizar a la demandada recurrente en daños y perjuicios obviando la doctrina del remedio exclusivo diseñada bajo la Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. Sec. 185 ( a) y siguientes. El Tribunal no tenía facultad para conceder el remedio solicitado ya que no se establecieron los elementos esenciales de una causa de acción independiente al acto del despido.

B)…al concluir que se le hicieron imputaciones libelosas o calumniosas al demandante-recurrido que constituyen difamación conforme a la Ley de Libelo y Calumnia de 1902; 32 L.P.R.A. Secs. 3141 y siguientes. No se estableció el elemento esencial de publicación a terceras personas requerido bajo el estatuto. En el contexto en que ocurrió la comunicación alegadamente difamatoria, la misma gozaba de un privilegio restringido.”

C)…al concluir que surgió una causa de acción por difamación cuando tampoco se estableció el elemento de la negligencia de la demandada-recurrente en la publicación de la carta de despido del demandante recurrida [sic] cuando no se presentó prueba que sostenga la concesión de las partidas incluidas en su Sentencia. Por ende, las mismas son excesivas y no guardan relación causal con la prueba presentada durante el juicio.Al no estar sostenidas por la prueba, constituyen un abuso de discreción y denotan prejuicio y parcialidad.”

D)…en su apreciación de la prueba en contra del balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida, al concluir que el demandante-recurrido tenía autorización expresa para utilizar el vehículo propiedad de la Compañía. No se estableció otro de los elementos esenciales a la causa de acción, el de la falsedad de la publicación.

E)…al conceder daños al demandante-recurrida.(Fin de nota al calce)

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I

En esta jurisdicción la norma general, en relación con la materia en controversia, es a los efectos de que un obrero o trabajador contratado por tiempo indeterminado que es despedido sin justa causa solamente tiene derecho al remedio exclusivo que provee la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. sec. 185 a -185i; Rivera v. Security Nat. Life Ins. Co., 106 D.P.R. 517 , 527 (1977); Arroyo v. Rattan Specialties. Inc., 117 D.P.R. 35 , 65 (1986). Dicho estatuto provee una indemnización equivalente a un mes de sueldo mas una semana de compensación por cada año de servicio con el patrono. 29 L.P.R.A. sec. 185 ( a).

No obstante, en Rivera v. Security Nat. Life Ins. Co., ante, pág. 527, reconocimos que los remedios de las leyes de trabajo…”no excluyen la responsabilidad civil de un patrono por conducta torticera en que incurriere por otros motivos que no sean la mera violación de [estas leyes]”. En otras palabras, en relación con el mero despido sin justa causa, el empleado solamente tiene disponible el remedio que provee la Ley Núm. 80, ante; ello no obstante, si con el despido concurren otras actuaciones torticeras, que sean independientes al mismo, entonces procede que se responsabilice al patrono a base de dicha conducta.(7)

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(7) Cabe reiterar lo que expresáramos en Arroyo v. Rattan Specialties. Inc., ante, pág. 65, a los efectos de que:

“El hecho de que la violación de los derechos constitucionales en este caso haya ocurrido dentro del contexto de la relación obrero-patronal y que se trate de un obrero contratado sin tiempo determinado (employment at will), no implica que éste haya renunciado a sus derechos constitucionales y se vea impedido de obtener un remedio real y efectivo que los vindique. A pesar de que, como regla general, a un obrero o trabajador contratado sin tiempo determinado se le puede despedir por justa causa, sin causa o por causa injustificada y que bajo estas circunstancias el único derecho que le asiste es el provisto por la Ley Núm.80 de 30 de mayo de 1976; no es menos cierto que una excepción a esta norma es que el despido se haga con el propósito y la intención de frustrar o subvertir, o que tenga el efecto de frustrar o subvertir una clara política pública. En relación con los contratos sin término determinado, la legislación laboral se ha interpuesto para impedir que al separarse al empleado éste quede en total desamparo económico mientras gestiona y consigue nuevo empleo. Cassasús v. Escambrón Beach Hotel, 86 D.P.R. 375 , 379 (1962). Por lo tanto, esta legislación no puede operar para privar al obrero de los remedios apropiados para vindicar eficazmente sus derechos constitucionales. (Escolios omitidos.)(Fin de nota al calce)

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En el caso ante nos, el demandante-recurrido reclamó los daños y perjuicios causados, no por el mero despido efectuado por el patrono, sino por las alegadas imputaciones difamatorias que le hiciera el patrono en la carta de despido. Esta causa de acción en daños por difamación es una independiente al despido del empleado, por lo que si el demandante-recurrido establece y cumple con los requisitos de dicha acción, el patrono viene obligado a resarcir los daños causados al demandante.

II

El presente caso gira en torno a una acción de libelo dentro de una relación patrono-empleado, en la que ambas partes son “personas privadas” y la alegada expresión difamatoria no es de interés público o general. En nuestra jurisdicción, la fuente principal de protección contra la expresión difamatoria lo es la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La Sección 8 del Artículo II de nuestra Constitución reconoce el derecho de “toda persona a la protección contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar”. Este derecho que se manifiesta a través de la acción de difamación se contrapone al derecho fundamental de libertad de expresión y de prensa, Artículo II, Sección 4, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Méndez Arocho v. El Vocero de P. R., Opinión y Sentencia del 30 de junio de 1992, 130 DPR 867 (1992); Villanueva v. Hernández Class, 128 DPR 618 (1991); Clavell v. El Vocero de P.R., 115 D.P.R. 685 , 690-691 (1984); Cortés Portalatín v. Hau Colón, 103 D.P.R. 734 , 738 ( 1975 ) .

Por otro lado, desde principios de siglo y antes de la vigencia de nuestra Constitución de 1952, la protección

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contra expresiones difamatorias en nuestra jurisdicción surgía de la Ley de 19 de febrero de 1902, la cual estableció en Puerto Rico una acción civil en daños y perjuicios por libelo y calumnia.32 L.P.R.A. Sec. 3141 , et seq.(8) Debido a ello, la vigencia de nuestra Ley de Libelo y Calumnia está condicionada, naturalmente a que su aplicación no sea incompatible con las antes citadas disposiciones de nuestra Constitución…y las interpretaciones judiciales del Supremo federal acerca de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”.(9) Villanueva v. Hernández Class, ante, pág. 8696; Clavell v. El Vocero de P.R., ante, pág. 738; Cortés Portalatín v. Hau Colón, ante, pág. 690; Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323, 348-349 (1974). En vista de lo resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Gertz v. Welch Inc., ante, a las páginas 345 y 347, Puerto Rico puede legislar en el área de libelo y calumnia siempre y cuando no se imponga respon-

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(8) Como es sabido, nuestra Ley de Libelo y Calumnia de 1902 proviene del derecho común norteamericano. Chico v. Editorial Ponce, Inc., 101 D.P.R. 759 , 766 (1973); Díaz v. P.R. Ry., Lt. & P. Co., 63 D.P.R. 808 , 811 (1944). La Sección 2, 32 L.P.R.A. Sec. 3142 , define libelo como:

“Se entiende por libelo la difamación maliciosa que públicamente se hace en contra de una persona, por escrito, impreso, signo, retrato, figura, efigie u otro medio mecánico de publicación, tendente a exponer a dicha persona al odio del pueblo o a su desprecio, o a privarle del beneficio de la confianza pública y trato social, o a perjudicarle o deshonrarle, o cualquiera difamación maliciosa publicada, como antes se ha dicho, con la intención de denigrar o deprimir la memoria de un muerto y desacreditar o provocar a los parientes y amigos sobrevivientes.”

(9) Cabe reiterar que estos nuevos elementos constitucionales que rigen nuestra Ley de Libelo y Calumnia, “aun cuando no la han derogado en su totalidad, sí han tenido el efecto de modificarla significativamente. A manera de ejemplo, mencionamos que doctrinas que fueron desarrolladas al amparo de la citada Ley, tales como las doctrinas de la presunción de malicia, la responsabilidad sin falta, y la presunción de daños, carecen de vigencia en nuestros días”. Villanueva v. Hernández Class, ante, pág. 8702; Torres Silva v. El Mundo Inc., ante, pág. 423. “Ello, sin embargo, no debe constituir impedimento para que nos esforcemos por darle efecto a las disposiciones de nuestra Ley de Libelo que aun tiene vigencia teniendo en mente el ideal de lograr un derecho propio o netamente puertorriqueño más atento a nuestras necesidades y aspiraciones.” Villanueva, supra, pág. 8702, escolio 13.(Fin de nota al calce) sabilidad absoluta en los casos en que el reclamante sea “figura privada”. En otras palabras, en nuestra jurisdicción rige la norma que exige responsabilidad, basada en negligencia, en todas las acciones en daños por libelo instadas por personas privadas. Torres Silva v. El Mundo, 106 D.P.R. 415 , 422 (1977); Romany v. El Mundo, Inc., 89 D.P.R. 604 (1963). De esta manera, se eliminó en esta jurisdicción la responsabilidad absoluta o sin falta que surgía de nuestra Ley de Libelo y Calumnia, ante.(10) La acción por difamación (libelo y calumnia) es una de “…resarcimiento de daños dirigida a vindicar el interés social en la reputación de la persona”. Torres Silva v. El Mundo Inc., ante, pág. 423-424. El demandante en un caso de libelo debe probar que la información o expresión publicada es falsa y difamatoria(11), y, que por causa de su publicación sufrió daños reales. Torres Silva, ante, pág. 427. En el caso ante nos, siendo el demandante una figura privada, debe establecer que la publicación se hizo negligentemente, González Martínez v. López, 118 D.P.R. 190 , 192-193 (1987), según este concepto es entendido en el campo del derecho de daños y perjuicios. En síntesis, cuando el demandante “…es figura privada y el demandado es ajeno al medio noticioso y está presente el ________________

(10) En cuanto a la responsabilidad sin falta, esta ocurría de la siguiente manera: si el reclamante establecía que la expresión era libelosa per se, entonces, se presumía la malicia en la publicación; y si el demandado no podía probar algunas de las defensas disponibles como los privilegios estatutarios de la Sec. 3144 y 3145, entonces ahí terminaba el caso a favor del demandante. Solamente, por ejemplo, si el demandado establecía que la expresión difamatoria era privilegiada, era que el demandante tenía que probar la malicia en la publicación con prueba independiente a la misma.

(11) Aunque en una acción libelosa privada no es de aplicación el requisito de malicia en la publicación, y si el de negligencia, no obstante, es importante señalar que la expresión dicha o publicada deberá ser injuriosa e infamatoria según lo contempla la sección 3142 32 LPRA) de la Ley, o sea, que tiene que ser infamatoria en cuanto a su carácter y sus efectos dañosos. Véase, Herminio Brau del Toro, Los Daños y Perjuicios Extracontractuales en Puerto Rico, 2da. Ed., Publicaciones J.T.S., pág. 988.

(Fin de nota al calce)

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ejercicio de libertad de expresión, para que la acción prospere, el primero debe de demostrar la existencia de negligencia…” González Martínez ante, pág.196.(12)

III

Surge con meridiana claridad que uno de los elementos esenciales de la causa de acción por libelo entre personas privadas lo es la “publicación” de la expresión falsa y difamatoria. González Martínez v. López, ante, pág. 192; Torres Silva v. El Mundo, Inc., ante, pág. 427; H. Brau del Toro, ob. cit., nota 12, pág. 986-989. El elemento de publicación se configura cuando la expresión difamatoria es comunicada a una ter-

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(12) El Tribunal Supremo federal en Gertz v. Welch Inc., ante, determinó que si el reclamante era una persona privada, los estados podían elaborar una norma de responsabilidad menos exigente que la de New York Times v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964), siempre que no sea la de responsabilidad sin falta.

Cabe señalar, sin embargo, que la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Dun & Bradstreet, Inc. v. Greenmoss Builders Inc., 472 U.S. 749 (1985), levanta serias dudas sobre la validez actual de la norma de Gertz, ante, en cuanto impone un mínimo de responsabilidad (e.g.: negligencia) en los casos en que el demandante sea una figura privada. Comentaristas legales en Estados Unidos entienden que luego de este caso, aunque no está resuelto directamente, los estados pueden volver a la norma tradicional de responsabilidad sin falta (Pre-Gertz) en casos en que el demandante es una figura privada y la expresión difamatoria no envuelve un asunto de interés público o general. Véase, R. Smolla, Law of Defamation, Sec. 3.02[5]-.10 (1986); F. Harper, F. James & O. Gray, The Law of Torts, Sec. 5.0, pág. 2-24 (1986); Middleton, Employers Face Upsurge in Suits over Defamation, The Nat’l L.J., May 4, 1987; Comment, Defamation in the Workplace: The Impact of Increasing Employer Liability, 72 Marq. L. Rev. 264 (1989); Comment, America Defamation Law: From Sullivan, Through Greenmoss, and Beyond, 48 Ohio St. L. J. 513 (1987); Lewis, Ottley & Mersol, Defamation and the Workplace: A Survey of the Law and Proposals for Reform, 54 Mo. L. Rev. 797 (1989); Dun & Bradstreet, Inc. v. Greenmoss Builders Inc., Does the Actual Malice Standard of Gertz v. Robert Welch Inc., Apply to Speech on Matters of Purely Private Concern?, 14 Pepperdine L. Rev. 337 (1987); 3 Restatement (Second) of Torts, Sec. 580B (1977). En Puerto Rico, sin embargo, hemos mantenido el requisito de negligencia para todas las acciones en que el reclamante sea persona privada. González Martínez, ante, pág. 196.(Fin de nota al calce)

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cera persona, o sea, a otra distinta de la difamada.(13) Por tal razón, las palabras o expresiones difamatorias hechas a la propia persona difamada no constituye publicación, a menos que un tercero se entere de la comunicación. Mulero v. Martínez, 58 D.P.R. 321 (1941); Irizarry v.Puerto Rico Auto Corp., 60 D.P.R. 1 , 5 (1942); Jiménez v. Díaz Caneja, 14 D.P.R. 9 (1908); . Brau del Toro; ob. cit.; J. Elías Rivera, El Elemento de Publicidad en una Acción Difamatoria por Calumnia entre Personas Privadas Bajo una Estructura Mercantil, 30 Revista de Der. Prtho. 37, 45 (1990); Smolla, ob. cit., Sec. 4.12[1], pág. 4-58 a 4-59; Restatement (Second) of Torts, Sec. 577 (1977); Prosser & Keeton, ob. cit., pág. 797. Por otro lado, la regla general es a los efectos de que el elemento de la publicación no se configura cuando es la propia persona afectada quien comunica la expresión difamatoria a terceros.(14). Restatement

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(13) Entiéndase que la comunicación difamatoria se efectúa a través de cualquier forma de “escrito, impreso, signo, retrato, figura, efigie u otro medio mecánico de publicación, tendente a exponer a dicha persona al odio del pueblo…, o a perjudicarla en sus negocios…” 32 L.P.R.A. Sec. 3141 . En adición “…[p]ara sostener el cargo de haber publicado o libelo, no es necesario que las palabras objeto de la demanda hayan sido leídas por persona alguna; será prueba suficiente del hecho el que el acusado, a sabiendas, haya dejado o expuesto el libelo de tal manera que éste haya podido ser leído por cualquier otra persona. 32 L.P.R.A. Sec. 3148 . En Jiménez v. Díaz, ante, pág. 12, expresamos que “…no es necesario que la comunicación esté dirigida a la persona objeto del libelo, pues generalmente estas comunicaciones se dirigen a una persona distinta, y su publicación queda efectuada cuando se muestran por ésta a un tercero”.

(14) Como excepción a esta norma general, en el campo laboral ha surgido la doctrina de “compelled self-publication”. Dicha doctrina permite al empleado despedido satisfacer el requisito de publicación, si al buscar nuevo empleo de alguna manera está obligado a revelar o repetir la razón de su despido (que contiene información difamatoria) al patrono prospectivo y por último, que el patrono original le era previsible que dicha comunicación se llevaría a cabo. De esta manera, el patrono original es responsable por la difamación aunque la expresión libelosa sea publicada a terceros por el demandante exclusivamente. En el presente caso, es innecesario que nos expresemos acerca de si adoptamos en esta jurisdicción dicha doctrina, ya que el demandante no aportó prueba alguna que demostrase que al buscar nuevo empleo vino obligado a revelar las razones del despido. Las comunicaciones si algunas, que tuvo con otros posibles patronos son meramente especulativas. Transcripción de la Evidencia, pág. 38-39. Véase: J. Elías Rivera, ob. cit.; Lewis v. Equitable Life Assurance Society, 389 N.W.2d 876 (Minn. 1986); McKinney v. County of Santa Clara, 110 Cal. App. 3d 787, 168 Cal. Rptr.89 (1980); Colonial Stores, Inc. v. Barrett, 38 S.E.2d 306 (1946); Grist v. UpJohn Co., 168 N.W.2d 389 (1969); Nota, Publication of Allegedly Defamatory Matter By Plaintiff (“Self-Publication”) As Sufficient to Support Defamation Action, 62 A.L.R. 4th 616 y casos allí citados; Langvardt, Defamation in the Employment Discharge Context: The Emerging Doctrine of Compelled Self Publication. 26 Duq. L.Rev. 227 (1987); Comentario, Defamation in the Workplace: The Impact of Increasing Employer Liability, 72 Marq. L. Rev. 264 (1989); Smolla, ob. cit., Sec. 15-02 [3][a]-[3][c], pág. 15-8 a 15-13.(Fin de nota al calce)

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(Second) of Torts, Sec. 577; Smolla, ob. cit., Sec. 4.12[4], pág. 4-60; Harper, James & O Gray, ob. cit., Sec. 5.15, pág. 122.

Con estos principios en mente, pasamos a examinar cómo se configura el elemento de publicación en una entidad corporativa, y, por consiguiente, si la parte demandante en el presente caso estableció el hecho de la “publicación” de la carta de despido. En primer lugar, en el ámbito patrono empleado, cualquier comunicación “externa” de la expresión libelosa, por parte de la empresa a una persona distinta del empleado afectado, automáticamente configura el elemento de la publicación. Smolla, ob. cit., Sec. 15.92[1], pág. 15-5. La dificultad estriba en determinar, si hay publicación en las llamadas “comunicaciones intracorporativas”.

La posición minoritaria que rige en algunos de los tribunales estatales norteamericanos es a los efectos de que las comunicaciones intracorporativas no constituyen publicación a terceros. Se ha dicho, en apoyo de dicha posición minoritaria, que no hay “publicación” en las comunicaciones habidas entre los oficiales, gerentes o agentes y empleados de una corporación, ya que la corporación “se está comunicando asimisma”. Kmart Corporation Inc. v. Pendergrass, 494 So.2d 600 (1986); Halsell v. Kimberly Clark Corp., 683 F2d. 285 (8th Cir. 1982); Jones v. Golden Spike Corp., 623 P.2d 970 (1981); Monahan v. Sims, 294 S.E.2d 548 (1982); Commercial Union Ins. Co. v. Melikyan, 424 So.2d. Página: 349

1114 (La. App. 1982); Prins v. Holland-North America Mortg. Co., 181 P.680 (1919).(15)

En contraposición, la mayoría de los estados han adoptado la norma, sugerida por el Restatement (Second) y el profesor Prosser, a los efectos de que se configura el elemento de publicación en las comunicaciones habidas entre los miembros de la corporación. Restatement (Second) of Torts, Sec. 577 (comentario i); W. Keeton, D. Dobbs, R. Keeton & D. Owen, Prosser & Keeton on the Law of Torts, Sec. 113, pág. 798-799, (5th ed. 1984); Smolla, ob. cit., Sec. 15.02[2][b], pág. 15-7 a 15-8; Luttrell v. United Tel. Sys., 683 P2d 1292 (1984); Frankson v. Design Space Int’l, 394 N.W.2d 140 (1986); Cashio v.Holt, 425 So.2d 820 (La. App. 1983); Pirre v. Printing Devs. Inc., 468 F.Supp. 1028 (1979); Welch v. Chicago Tribune Co., 340 N.E.2d. 539 (1975).(16) La razón de ser de esta posición es que los empleados de una corporación son seres humanos y que al enterarse de la expresión difamatoria, la reputación del empleado afectado claramente se ve menospreciada en su trabajo.

Luego de analiz1ar cuidadosamente las diferentes fuentes legales, somos del criterio que la posición mayoritaria esbozada anteriormente está más a tono con nuestras necesidades, aspiraciones y nuestro sentido de hacer justicia. No cabe la menor duda, que las expresiones falsas y difamatorias que haga un oficial corporativo respecto a un empleado en particular, de advenir al conocimiento de _______________

(15) Véase en adición: Smolla, ob. cit., Sec. 15.02[2][a]; Restatement (Second) of Torts, Sec. 577; Annotation, Defamation: Publication By Intracorporate Communication of Employee’s Evaluation, 47 A.L.R. 4th 674; Recent Decisions, Tort-Libel and Slander-Communications Between Employees of Company Concerning Company Business Held Sufficient Publication to Subject Company To Liability, 38 Va. L. Rev. 400 (1952).(Fin de nota al calce)

(16) Véase en adición: Comentario, Defamation in the Workplace: The Impact of Increasing Employer Liability, 72 Marq. L. Rev. 264 (1989); Annotation, Defamation: Publication By Intracorporate Communications of Employer’s Evaluation, 47 A.L.R. 4th 674; Nota, Libel and Slander Intracorporate Communications as Publication to Third Persons, 33 U. RAN. L. Rev. 759 (1985).(Fin de nota al calce) los restantes empleados de la empresa, afecta la opinión y el respeto que tienen estos respecto al empleado en controversia.(17) Cabe citar la expresiones vertidas en el caso de Pierre v. Printing Devs., Inc., ante, a la pág. 1041:

“While corporate officers may be…the embodiment of the corporation, they remain individuals with distinct personalities and opinions, which opinions may be affected just as surely as those of other employees by the spread of injurious falsehooods. It is this evil that the law of defamation is design to remedy. To find no inter-personal communication when a corporate employer speaks to a corporate officer would be to ignore the distinct personalities of the human beings involved.”

En adición, somos del criterio, que donde más expuesto está un empleado a sufrir un daño a su reputación como consecuencia de imputaciones falsas y libelosas, es en su lugar de trabajo o negocio. Las comunicaciones intracorporativas, que tengan el efecto de degradar o menospreciar la reputación de un empleado, claramente afectarán las relaciones de éste con los otros miembros de la corporación y, posiblemente, de la comunidad en que vive. Resolvemos, en consecuencia, que la reputación de una persona en su empleo puede ser menospreciada mediante cualquier comunicación intracorporativa y, si hay prueba de la misma el elemento de publicación queda satisfecho.De la transcripción de la evidencia sometida en el caso de autos se desprende con claridad que la parte demandante no aportó prueba alguna a los efectos de que el demandado recurrente hubiera hecho comunicaciones externas, o sea, a personas ajenas a la Compañía, acerca de la _______________

(17) Como bien señala el autor Rodney Smolla, bajo esa doctrina la única expresión intracorporativa que no daría base a la publicación, sería el caso en que la expresión libelosa se efectuare solamente entre el oficial corporativo y el empleado sin ninguna prueba de terceros presentes en la reunión o que la información difamatoria hubiera sido leída por otros miembros de la corporación. Smolla, ob. cit., sec. 15.02[3][a], pág. 15-8.(Fin de nota al calce)

Página: 351

alegada expresión difamatoria (carta de despido).(18) La única prueba de la “publicación” de la carta de despido son los hechos acaecidos en la reunión en que se despidió al demandante, Iván Porto.

La prueba refleja con sencilla claridad que en dicha reunión el señor Luis Berga le entregó la carta de despido al señor Porto. El contenido de la carta fue discutido ampliamente no solo entre el demandante y su jefe, el señor Berga, sino que estaba presente otro miembro de la corporación, la Srta. Elvira Alfonso, quien era la Administradora de Personal de la misma.(19) A base de ello se alega

________________

(18) En el contrainterrogatorio del demandante, Iván Porto, el abogado del demandado le preguntó lo siguiente:

LCDO. IRIZARRY:

P. Muy bien. Testigo, es o no cierto que desde que se efectuó el despido suyo en la Compañía, usted no tiene información, o sea, no ha habido ningún oficial ni ejecutivo, ni supervisor, ni representante de la empresa que haya estado divulgando públicamente ante otros la razón del despido suyo?

R. Desconozco. Si lo han hecho, desconozco y si no, desconozco.

P. Es o no cierto que hasta el día de hoy la Compañía Bentley no ha enviado la información a nadie, a ninguna empresa, entidad o persona por escrito o verbalmente de las razones que hubo sobre su despido?

R. Yo se, yo no puedo saber lo que están haciendo la gerencia, lo que están haciendo allí arriba porque verdaderamente no es…

P. Usted no conoce?

R. No, desconozco.

P. Testigo, le consta a usted si algún familiar suyo, su esposa o sus hijos, sabe o tienen información de que [sic] la empresa, algunos ejecutivos, oficiales o supervisores hayan hecho manifestaciones en contra suya.

LCDO. ALCARAZ:(Abogado del demandante)

Señoría, si es para fines de establecer el hecho, nosotros estipulamos que no tenemos prueba alguna en el sentido de que ni la Compañía ni el gerente haya de forma alguna divulgado que fue despedido por haber hurtado propiedad de la compañía.

(19) En el contrainterrogatorio del demandante se le hicieron las siguientes preguntas: LCDO.IRIZARRY:

P. Cuando usted le entrega la carta de despido, ¿qué personas estaban presentes en esa reunión?

R. Estaba el Sr. Luis Berga.

P. ¿Qué otra persona había presente si alguna otra, en adición a usted?

R. ¿En el momento de entregar la carta? Solamente estábamos él y yo. Más tarde vino la señora Lorenzo o señorita Lorenzo.

P. Más tarde vino…?

R. Elvira Lorenzo.

P. Es o no cierto que ella, doña Elvira estaba en ese tiempo a cargo de personal?

R. Si, estaba . . . era la persona que estaba al frente de…

P. Y nadie más aparte de usted y esas dos personas estuvieron presentes durante la comunicación, eh…en la cual se habló de su despido, ¿correcto?

R. Sí, eso es así. Transcripción de la Evidencia, a la pág. 41 y 42.

En el directo del señor Luis Berga, el abogado le hizo la siguiente pregunta:

LCDO. IRIZARRY:

Testigo., en el momento en que ocurre el despido podría usted relatarnos qué ocurrió?

TESTIGO:

Si, eso fue un viernes por la tarde, se trajo al Sr. Porto a mi oficina…conversamos sobre…exactamente sobre el contenido de la carta. Estuvimos por espacio de tres horas hablando de eso en par…en parte de…la conversación participó la Srta. Elvira Alfonso que era la…Administradora de Personal, y se fue sobre el contenido de la carta… Transcripción de la Evidencia, a la pág. 85.(Fin de nota al calce)
que se estableció prima facie el hecho de la “publicación” de la carta de despido. No estamos de acuerdo; era completamente lógico y razonable que dicha ejecutiva participara en la referida reunión. No podemos concebir que el jefe de personal de una empresa no esté al tanto de las personas que se reclutan y de los empleados que se despiden de la misma.

IV

Aun asumiendo, a los fines de la argumentación, que la carta de despido contenga información que es falsa y difamatoria y que la misma en efecto fue objeto de “publicación”, ese hecho no da base para una acción de libelo por ser la publicación privilegiada de acuerdo con las Secs. 4 y 5 de nuestra Ley de Libelo y Calumnia (20), 32 ______________

(20) Sección 3144

“No se tendrá por maliciosa, ni como tal se considerará la publicación que se hace en un procedimiento legislativo, judicial, u otro procedimiento cualquiera autorizado por la ley.No se presumirá que es maliciosa la publicación que se hace:

Primero: En el propio desempeño de un cargo oficial;

Segundo: En informe justo y verdadero, de un procedimiento judicial, legislativo u oficial, u otro procedimiento cualquiera, o de algo dicho en el curso de dichos procedimientos;

Tercero: A un funcionario oficial, apoyada en causa probable, con la intención de servir al procomún, o de conseguir remedio a un perjuicio hecho a un particular.

Sec. 3145. Se presumirá que existe malicia en cualquier comunicación o escrito infamatorio o calumnioso que se dirija a otra persona que no sea un pariente dentro del tercer grado, o a una persona a quien el autor tenga bajo su tutela, o cuando dicha comunicación se cruce entre personas que tengan negocios en sociedad, u otra asociación semejante.”(Fin de nota al calce)

LPRA Secs. 3144-3145”. Bosh v. Editorial El Imparcial, 87 D.P.R. 285 , 304-305 (1963); Díaz v. P. R. Ry.. Lt. & Co., supra, pág. 811; Quiñones v. J.T. Silva Banking and Commercial Co., 16 D.P.R. 696 (1910). Nuestro estatuto, siguiendo el derecho común anglosajón, estableció diversos tipos de comunicaciones privilegiadas, algunas de las cuales eran absolutas y otras solamente condicionales o restringidas. Díaz, ante, pág. 811; Villanueva v. Hernández Class, supra, pág. 8698. A tales efectos, hemos expresado que la doctrina de los privilegios en Puerto Rico es más restrictiva que en otras jurisdicciones del derecho común y, en adición, que la misma es puramente estatutaria. Bosh v. Editorial El Imparcial Inc., ante, pág. 305; Díaz, ante.

La doctrina de inmunidad condicional o restringida está fundada en la política pública de “conciliar el interés en la reputación individual y otros intereses igualmente legítimos”. Cortes Portalatín v. Hau, supra, pág. 739. A esos efectos, hemos señalado que “una información privilegiada es aquella, que a no ser por la ocasión o circunstancia, sería difamatoria y sujeta a reclamación”. Díaz, ante, pág. 812. La comunicación puede ser falsa pero el privilegio persiste. Quiñones v. J.T. Silva Banking and Commercial Co., supra; Cortes Portalatín, ante.

De igual forma, “el privilegio condicional comprende la publicación de toda comunicación hecha de buena fe con relación a un asunto en que el autor tiene interés o con respecto al cual tiene un deber que cumplir hacia otros. Se le considera condicional porque la persona que lo utiliza deberá hacerlo de acuerdo con la ley y para un fin apropiado”. Caraballo v. P.R. Ilustrado, Inc., 70 D.P.R. 283 , 291 (1949); Restatement (Second) Sec. 594-598.

Por otro lado, la inmunidad condicional “se pierde” si la parte demandada “abusa del privilegio”. En Cortes Portalatín v.Hau Colon, ante, señalamos que el privilegio se desvanece si “…la comunicación se entabla con quien no existe razón para creer que puede proteger el interés del autor o de la comunidad, según sea el caso; o si el autor le imparte publicidad excesiva al asunto; o si el autor se mueve por motivos impropios. El hecho de que otras personas escuchen o lean incidentalmente una comunicación hecha de modo razonable no anula el privilegio”. (Citas omitidas.)

En el ámbito obrero-patronal, el derecho común ha reconocido la necesidad e importancia de la inmunidad condicional para promover el libre flujo de comunicación entre patrono y empleado. La existencia del privilegio restringido se ha extendido a diferentes modos de comunicación en el trabajo. Aunque la existencia de este se determina caso a caso, a manera ilustrativa, las siguientes comunicaciones han sido consideradas condicionalmente privilegiadas: comunicaciones del “patrono” a gerentes o supervisores de un empleado despedido, informándoles las razones del despido; comunicaciones hechas a patronos prospectivos informándoles la razón del despido del empleado; manifestaciones hechas en las hojas de evaluación de rendimiento de un empleado; dando información de referencia acerca de un empleado a otros patronos potenciales; comunicaciones entre supervisores y em-

pleados de personal. Véase: Annot., 60 A.L.R. 3d 1080 (1974) y casos allí citados; Duffy, Defamation and Employer Priviledge, 9 Employee REL. L.J. 444 (1983); Martin & Bartol, Potential Libel and Slander Issues Involving Discharged Employees, 13 Employee REL. L.J. 43 (1987); Comentario, Defamation In The Workplace: The Impact of Increasing Employer Liability, 72 Marq. L. Rev. 264 (1989) y casos allí citados; Lewis, Ottley & Mersol, Defamation and the Workplace: A Survey of the Law and Proposals for Reform, 54 MO. L. Rev. 797 (1989) y casos allí citados; Smolla, ob. cit., Sec. 15.07[2][a].

En el caso ante nos, el demandado recurrente arguye que es de aplicación el privilegio restringido de la Sec. 3145.(21) En lo pertinente, dicha sección establece que no se presumirá la malicia en las comunicaciones habidas “entre personas que tengan negocios en sociedad, u otra asociación semejante”. En Quiñones v. J.T. Silva Banking & Commercial Co., ante, analizamos el alcance y significado de este privilegio. En Quiñones, ante, uno de los directores de la sociedad demandada consignó una información difamatoria sobre un empleado en un asiento del libro del diario de operaciones, en la cual le imputaba el apropiarse ilegalmente de fondos de la sociedad. Aunque el propósito legítimo de copiar dicho asunto era que los diferentes accionistas, directores, socios y otras partes interesadas tuvieran conocimiento de dicha información, la información llegó a conocimiento de otros dependientes o _______________

(21) En cuanto a la Sec. 3145, ante, es importante señalar, que la Legislatura limitó el alcance de los privilegios restringidos del derecho común a cuatro clases de comunicaciones.Por tal razón, este Tribunal está impedido de importar otros privilegios del derecho común, ya que dicha tarea le compete a la propia Legislatura. Díaz, ante, pág. 815-816.(Fin de nota al calce)

empleados. No obstante, este Tribunal resolvió que el asunto de referencia era una comunicación privilegiada. A esos efectos, expresamos que:

“…es absolutamente necesario que una casa de comercio o Compañía que hace negocios de gran magnitud, emplee un numero de dependientes más o menos grande, [y por consiguiente es], indispensable incluir dichos dependientes o empleados en la clase de personas que ocupan una posición análoga a la de los socios [que señala la sec. 3145]. El hecho de que el asunto ofensivo fuera leído y comentado por los dependientes y empleados en la casa bancaria de los demandados, era un mero incidente de la existencia del mismo asunto, y no constituye una publicación ilegal [o publicación no privilegiada]…” Quiñones, ante, pág. 701.

Claramente, la ocasión de efectuar el despido de un empleado es un evento legítimo que puede llevar a cabo un patrono. Para el buen funcionamiento del negocio o empresa, existe, por consiguiente, un interés legítimo de poder comunicar libremente a aquellas personas con derecho a conocer o a estar informadas las razones del despido de un empleado. En autos, el señor Luis Berga, como gerente y supervisor de la recurrente, tenía el deber de disciplinar a sus empleados y poner en vigor las normas de conducta de la empresa. A esos efectos, éste era la persona con interés en la comunicación, o sea, la persona adecuada para llevar a cabo el despido y explicarle las razones del mismo al demandante. Igualmente y como parte inherente de sus funciones era legítimo que el contenido de la carta llegara a conocimiento de la Administradora de Personal de la Compañía. En resumen, las personas que tuvieron conocimiento de la carta de despido eran partes interesadas que cumplían con su deber y a la vez dicha comunicación era necesaria para el libre flujo de información dentro de la empresa.

Somos del criterio que, bajo los hechos de este caso, no hubo “publicación” de la carta de despido en controversia; Página: 357

pero, aun de haberla habido, la misma estaba condicionalmente privilegiada. Mas aun, la prueba demuestra que la comunicación aquí envuelta fue mucho más limitada que la efectuada en Quiñones, ante, ya que el contenido de la carta no fue divulgado a otros empleados que no eran partes interesadas en dicha comunicación.

Por otro lado, no hay base alguna en el récord para concluir que la parte recurrente abusara de dicho privilegio. Ante esa situación, forzoso es concluir que erró el tribunal de instancia al responsabilizar a la corporación recurrente por difamación o injuria.Por las razones anteriormente expuestas, se deberá dictar Sentencia revocatoria de la emitida en el presente caso por el tribunal de instancia. Francisco Rebollo López, Juez Asociado

Opinión

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 23 de diciembre de 1992.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente, se dicta Sentencia revocatoria de la emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayagüez.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado señor Alonso Alonso emitió Opinión concurrente. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri emitió Opinión disidente.

Francisco R. Agrait Lladó, Secretario General

Opinión

Opinión Concurrente emitida por el Juez Asociado señor Alonso Alonso

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de diciembre de 1992

Concurro con el resultado a que llega la Opinión Mayoritaria del Tribunal pero por razón de que los demandantes no probaron que el demandado fuera negligente o existiera relación causal entre ésta y el supuesto daño bajo las disposiciones del Artículo 1802 del Código Civil de P.R.; 31 L.P.R.A. Sec. 5141 . Me explico.

La demanda instada por el demandante fue al amparo del Art. 1802. La Sentencia dictada por el tribunal de instancia también fue al amparo de dicha deposición. (Véase pág. 7 de la Sentencia).

En este caso no es necesario recurrir al articulado de la Ley de Libelo y Calumnia, 32 LPRA sec. 3141, et seq., pues se trata de una persona privada que insta una acción común y corriente de daños y perjuicios contra su patrono, acción que hemos autorizado en Rivera v. Security Nat. Life Ins. Co., 106 D.P.R. 517 , pág. 527 (1977) en las acciones instadas en relación con la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. sec. 185 a – 185i. Equivocadamente, una vez más la mayoría de este Tribunal recurre a la Ley de Libelo y Calumnia, para dilucidar acciones cobijadas por el Art. 1802 del Código Civil de P.R.

Ya en Méndez Arocho v. El Vocero res. 29 de junio de 1992, 130 DPR 867 (1992) (opinión disidente del Juez Asociado señor Alonso Alonso), censuramos esta práctica de confinar estas acciones en daños a los ya superados preceptos de la Ley de Libelo y Calumnia de 1902 obviando la razón de pedir de los demandantes al amparo del Art. 1802 del Código Civil. Allí, citando las palabras del Prof. Serrano Geyls, señalamos que la tendencia moderna de este Tribunal era adjudicar los casos bajo las doctrinas constitucionales aplicables y el Art. 1802 del Código Civil.Hoy nuevamente este Tribunal adjudica la reclamación en autos bajo los preceptos de la Ley de 1902, extraños a nuestro ordenamiento civilista.

Por lo anterior es innecesario entrar a considerar si la comunicación se hizo pública al amparo de la Ley de Libelo y Calumnia o si ésta es una privilegiada, o si se hizo de forma maliciosa.

Debo destacar además, que la opinión de la mayoría del Tribunal utiliza la norma de negligencia al analizar el presente caso bajo la Ley de Libelo y Calumnia. En la pág. 10, expresa lo siguiente: “En otras palabras, en nuestra jurisdicción rige la norma que exige responsabilidad, basada en negligencia, en todas las acciones en daños por libelo instadas por personas privadas”. (Enfasis suplido)

Sin embargo, hace unos meses atrás, el 29 de junio de 1992, al resolver el caso de Méndez Arocho v. El Vocero, Página: 359

supra, el cual trataba de personas privadas que demandaron en daños y perjuicios, y donde este Tribunal aplicó equivocadamente la Ley de Libelo y Calumnia, al enfrentarse al problema de que dicha ley requiere que el demandante pruebe la intención del demandado cuando se difama a una persona fallecida, este Tribunal expresó que el demandante tenía que probar que el demandado actuó de manera intencional o con negligencia crasa y grave menosprecio de la verdad” (Enfasis suplido). Ello es una norma distinta para los casos en que se difama a una persona fallecida.

En vez de tener normas distintas, con la confusión que ello crea, para lo que simple y llanamente es una acción en daños y perjuicios de una persona privada, es más sensato sostener que todas estas acciones se rigen por el Art. 1802 del Código Civil y aplicarle una norma uniforme: la de negligencia.

Por otra parte, en este caso el patrono simplemente no fue negligente al despedir a uno de sus empleados conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 80 en la forma en que lo hizo. ¿De qué otra manera lo hubiera podido hacer? Obviamente tenía que notificar de su acción de despido al afectado indicándole la razón para ello y a la jefa de personal de la empresa. Ante tales hechos tampoco existe relación causal entre la acción del patrono y los alegados daños mentales y aprehensiones del demandante.

Por todo lo anterior concurro con el resultado.

Rafael Alonso Alonso, Juez Asociado

Opinión

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR FUSTER BERLINGERI

San Juan, Puerto Rico, a 23 de diciembre de 1992

En este caso, un empleado de una Compañía que tenía autorización expresa para utilizar un vehículo propiedad de esta, no solo fue despedido fulminantemente por hacer Página:360

tal uso de dicho vehículo sino que además tuvo que sufrir que en su carta de despido, que es conocida por compañeros de trabajo y forma parte permanente de su expediente en esa Compañía, se le imputara falsamente la comisión del delito de apropiación ilegal.(1)

En su opinión, la mayoría de este Tribunal claramente reconoce que el contenido de la carta en cuestión era conocido por otros empleados de la empresa. En efecto, en el último párrafo de la parte III de la opinión mayoritaria se indica expresamente lo siguiente:

El contenido de la carta fue discutido ampliamente no solo entre el demandante y su jefe, el señor Berga, sino que estaba presente otro miembro de la corporación, la Srta. Elvira Alfonso, quien era la Administradora de Personal de la misma.(2) Más aun, la mayoría también afirma que en tales circunstancias, “no cabe la menor duda que las expresiones falsas y difamatorias que haga un oficial corporativo respecto a un empleado particular… afecta la opinión y el respeto que tienen [los otros empleados] respecto al empleado en controversia’, añadiendo que “las comunicaciones intracorporativas que tengan el efecto de degradar o menospreciar la reputación de un empleado claramente afectarán las rela-

____________

(1) Tales fueron los hechos que el Tribunal de instancia encontró probados. La mayoría de este Tribunal no hace expresión alguna al efecto de que el foro sentenciador haya incurrido en prejuicio o error grave en la apreciación de la prueba.(Fin de nota al calce)

(2) Además de las dos personas de la empresa aludidas en la cita anterior, parecería lógico suponer que debe haber intervenido también al menos alguna secretaria en la preparación y archivo de la carta, como usualmente sucede en las empresas, y ésta también se habrá enterado directamente del asunto.

Tampoco debemos ignorar la realidad de las comunicaciones informales sobre estos asuntos en oficinas de trabajo en Puerto Rico. Un despido como el de marras es en nuestra experiencia precisamente el tipo de evento que genera comentarios y chismorreo entre compañeros de trabajo. Parafraseando la penetrante observación de ese eminente jurista puertorriqueño, Raúl Serrano Geyls, los jueces no debemos ser tan inocentes como para ignorar la experiencia común que es generalmente conocida.(Fin de nota al calce)
ciones de éste con otros miembros de la corporación y posiblemente de la comunidad en que vive”, resolviendo en consecuencia que “…la reputación de una persona en su empleo puede ser menospreciada” mediante tales comunicaciones intercorporativas.(3)

Lo anterior no obstante, la mayoría sorprendentemente nos dice que aun cuando la carta de despido contuviese información falsa y difamatoria y la reputación del empleado hubiese sido menospreciada, no se puede responsabilizar al patrono por la injuria al empleado porque supuestamente nuestro ordenamiento jurídico establece un privilegio que permite que puedan realizarse comunicaciones intercorporativas difamatorias impunemente, para proteger “el libre flujo de información dentro de la empresa”. La mayoría del Tribunal, en efecto, le da carta blanca a los patronos para difamar y calumniar a sus empleados, en aras de “promover el libre flujo de comunicación entre patrono y empleado”.

No veo como puede llegarse a ese insólito resultado a base de lo dispuesto en la sección 5 de la Ley de Libelo y Calumnia. 32 L.P.R.A. 3145 ). Esa sección no crea un privilegio de inmunidad. La misma meramente establece

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(3) La posición de la mayoría respecto a si hubo o no “publicación” en este caso es realmente incomprensible. La mayoría dedica toda la extensa tercera parte de su opinión a discutir la doctrina anglosajona sobre qué constituye “publicación” como elemento esencial en una acción difamatoria, particularmente en el ámbito patronal. Como parte de dicha discusión, la mayoría expresa su rechazo a la posición adoptada por algunos tribunales supremos estatales de que no puede configurarse el elemento de “publicación mediante comunicaciones intracorporativas. En su lugar, la mayoría adopta la posición contraria, sostenida también en numerosas jurisdicciones estatales norteamericanas y por los principales comentaristas de Estados Unidos, de que existe “publicación” si hay alguna comunicación intracorporativa que es libelosa. Sin embargo, después de fundamentar porque adopta esta posición, y después de admitir expresamente que en este caso si hubo al menos una tal comunicación intracorporativa, misteriosamente, sin explicar, la mayoría nos dice que no está de acuerdo con que aquí se haya establecido el elemento de publicación”, ni siquiera prima facie. La mayoría, pues, llega a una conclusión incoherente, ofuscando así la distinción doctrinal que antes había formulado tan afanosamente.(Fin de nota al calce)

Página: 362

cuándo existe una presunción de malicia y cuándo no. El único efecto de tal presunción es que evita probar los daños causados. Si la presunción de malicia de dicha sección no aplica a la controversia concreta ante el Tribunal, el demandado no queda por ello liberado de responsabilidad. Puede ser aun responsable si el demandante en efecto prueba los daños causados. Quiñones v. J. T. Silva, 16 D.P.R.696 (1910). Se trata, pues, de una mera disposición sobre el peso de la prueba, no sobre inmunidad de responsabilidad. Jiménez v. Díaz Caneia, 14 D.P.R. 9 (1908). Así expresa y diáfanamente lo explicamos en Romany v. El Mundo, 89 D.P.R. 604 (1963) cuando resolvimos que la ley especial de libelo y calumnia del 1902 no impide la indemnización por daños causados si se demuestra que el demandado actuó negligentemente, aun cuando no fuesen aplicables las presunciones que establece dicha ley especial “… que alteran las normas de evidencia de ordinario aplicables en cuanto a la necesidad de probar un hecho o a quien corresponde el peso de la prueba”. (Supra, pág. 618, subrayados nuestros). Así también lo reiteramos más recientemente al indicar que establecido el privilegio evidenciario de la sección 5 de la Ley de Libelo y Calumnia,… el peso de la prueba… recae enteramente sobre el demandante”. Cortes Portalatín v. Hau Colon, 103 D.P.R. 734 , 740 (1975).

Aun si pudiese demostrarse que el insólito resultado al que llega la mayoría del Tribunal en este caso es requerido por la vieja Ley de Libelo y Calumnia del 1902, ello no sería finalmente determinativo de la cuestión ante nos. Reiteradamente hemos dicho que a partir del 1952 no son sostenibles “muchas soluciones antiguamente derivables de la ley de 1902” porque desde esa fecha “la fuente principal de la protección contra injurias es… la Constitución, no la ley de 1902. Esta sobrevive tan sólo en cuanto es compatible con la Constitución” Cortes Portalatín v. Hau, supra; García v. El Mundo, 108 D.P.R. 174 (1978); Clavel v. El Vocero. 115 D.P.R. 685 Página: 363

(1984); Villanueva v. Hernández, 129 DPR (1991). No veo como puede la mayoría de este Tribunal reconocer una situación de claro ataque a la honra y reputación de una persona, que nuestra Constitución indudablemente repudia, y a la vez decir que tal ataque puede hacerse impunemente, para proteger unas comunicaciones intercorporativas. Darle prioridad a tales comunicaciones a costa de la honra y reputación de un individuo constituye un claro menosprecio del patente mandato de la Constitución. Yo, por lo menos, no estoy dispuesto a poner una mera conveniencia patronal por encima del pricipalísimo valor de respeto a la persona humana que consagra nuestra ley fundamental. Por ello, disiento.

Jaime B. Fuster Berlingeri, Juez Asociado

Asoc. Maestros v. Depto. Educacion 171 D.P.R. 640 (2007)

Asociación de Maestros de Puerto Rico, por sí y en representación de sus Socios, y Educadores Puertorriqueños en Acción, por sí y en representación de sus Socios, apelantes,
v.
Departamento de Educación, Hon. César Rey, en su carácter oficial como Secretario del Departamento de Educación, Estado Libre Asociado y Federación de Maestros de Puerto Rico, apelados.
Número: AC-2004-64

En El Tribunal Supremo De Puerto Rico.
Resuelto: 15 de junio de 2007

El Juez Presidente Señor Hernández Denton emitió la opinión del Tribunal.
En esta ocasión nos corresponde determinar si la Ley Núm. 96 del 7 de agosto de 2001, mediante la cual se autorizó el cobro de un cargo por servicio a los empleados que opten por la no afiliación a la organización sindical que los representa, debe aplicarse retroactivamente a los empleados que no se afiliaron mientras estaba vigente la legislación anterior que los eximía de pagar dicho cargo por servicio.
En el caso ante nuestra consideración, la Asociación de Maestros y Educadores Puertorriqueños en Acción (los peticionarios) nos solicitan la revocación de una sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones que resolvió que la Ley Núm. 96 de 7 de agosto de 2001 no se aplicó retroactivamente porque el cobro de los cargos por servicio comenzó a efectuarse luego de su entrada en vigor. Por entender que la legislación en controversia sí fue aplicada retroactivamente en ausencia de una disposición expresa o circunstancias extraordinarias que así lo requirieran, revocamos.
I

La Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 1451 et seq., conocida como la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico (Ley Núm. 45) le confirió a los empleados públicos el derecho a no afiliarse ni ser representados por la organización obrera certificada. Asimismo, se dispuso que los empleados que optaran por la no afiliación estarían exentos del pago de cargos por servicio.
Posteriormente, la Asamblea Legislativa promulgó la Ley Núm. 96 de 7 agosto de 2001 (Ley Núm. 96), que enmendó la Ley Núm. 45, y estableció un cargo por servicio de hasta un máximo de 50% de la cuota regular de los *644 afiliados para los empleados que opten por no afiliarse. En otras palabras, la enmienda mantuvo inalterada la opción de los empleados de no afiliarse, pero dispuso que, en esos casos, estarían obligados a pagar un cargo por servicio.
Una vez se aprobó la Ley Núm. 96, el Departamento de Educación comenzó a descontarles a todos los maestros no afiliados una cantidad de $8 por cargos por servicio a favor de la Federación de Maestros.FN1 Dicho descuento cubrió el periodo desde la aprobación de la Ley Núm. 96 hasta el presente.

FN1. Desde 1999 la Federación de Maestros es la organización obrera certificada por la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público como la representante exclusiva de la unidad apropiada del personal docente del Departamento de Educación.

Inconformes con dicha decisión, la Asociación de Maestros y Educadores Puertorriqueños en Acción, en representación de sus miembros, presentó una demanda en la que solicitó una sentencia declaratoria e injuction contra el Departamento de Educación y la Federación de Maestros. Alegó, en síntesis, que dicho descuento es ilegal y que sus miembros, al notificar su interés en no afiliarse a la Federación de Maestros al amparo de la Ley Núm. 45, adquirieron el derecho a no pagar cargos por servicio. Asimismo, sostuvo que la Ley Núm. 96 no dispone para que tenga efectos retroactivos, por lo que el Departamento de Educación debe abstenerse de continuar descontándoles el cargo en controversia.
Por su parte, el Departamento de Educación adujo que la Ley Núm. 96 no se está aplicando retroactivamente, ya que los descuentos se comenzaron a cobrar luego de su entrada en vigor. Señaló, además, que para que los peticionarios tengan derecho a beneficiarse de los servicios que brinda la Federación de Maestros deben aportar con algún porciento de lo que pagan los empleados afiliados. Finalmente, sostuvo que los peticionarios no tienen un derecho adquirido a no pagar cargos por servicio en virtud de la legislación anterior.
Luego de sometido el caso para su adjudicación, la Federación*645 de Maestros presentó un Memorando de Derecho en el que reiteró varios de los planteamientos esbozados por el Departamento de Educación. En particular, arguyó que no se le estaba dando efecto retroactivo a la Ley Núm. 96, ya que los descuentos comenzaron a efectuarse después de su entrada en vigor y que los peticionarios no adquirieron un derecho, en virtud de la legislación anterior, a no pagar cargos por servicio. Por otro lado, señaló que la Ley Núm. 96 se promulgó con el fin de resolver contradicciones entre las disposiciones de la Ley Núm. 45.
Luego de varios trámites procesales, el Tribunal de Primera Instancia resolvió mediante una sentencia enmendada nunc pro tunc que la deducción de cargos por servicio que realizaba el Departamento de Educación a los peticionarios era ilegal, ya que éstos notificaron su interés en no afiliarse antes de la vigencia de la Ley Núm. 96. Determinó que dicha ley sólo podía aplicarse de manera prospectiva en virtud del Art. 3 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3, y su jurisprudencia interpretativa. En vista de lo anterior, ordenó al Departamento a descontinuar la deducción de los cargos y a devolver a los peticionarios el dinero recolectado hasta ese momento.
Insatisfecho con el dictamen, la Federación de Maestros acudió ante el Tribunal de Apelaciones reiterando los argumentos presentados ante el Tribunal Primera Instancia. Adujo que el foro inferior había errado al concluir que los descuentos se hicieron retroactivamente, aun cuando se efectuaron luego de que la Ley Núm. 96 entrara en vigor. Así las cosas, el foro intermedio revocó al Tribunal de Primera Instancia por entender que el Departamento de Educación no cobró retroactivamente los cargos por servicio, puesto que los descuentos comenzaron a efectuarse luego de su entrada en vigor.
De esa decisión apelan ante nos los peticionarios. Aducen que el Tribunal de Apelaciones erró al resolver que la Ley Núm. 96 fue puesta en vigor prospectivamente y que, por lo tanto, la disposición legal en controversia no se está aplicando retroactivamente. Sostienen que la actuación del *646 Departamento de Educación atenta contra su derecho adquirido a no pagar cargos por servicio a la Federación de Maestros.
Acogido el recurso como certiorari, y con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a resolver.
II

[1] La Ley Núm. 45 se promulgó para conferir a los empleados públicos el derecho a la organización sindical y a la negociación colectiva dentro de los parámetros establecidos en la propia ley. Exposición de Motivos Ley Núm. 45 (1998 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 146); Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 168 D.P.R. 527 (2006). Conforme a esto, se les confirió el derecho a afiliarse a una organización sindical que haya sido certificada por la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público como la representante exclusiva de los empleados. Art. 4 de la Ley Núm. 45 (3 L.P.R.A. sec. 1451(b)). Dicha organización representará a los empleados ante la agencia gubernamental correspondiente para propósitos de salarios, beneficios marginales, términos y condiciones de empleo. Art. 3 de la Ley Núm. 45 (3 L.P.R.A. sec. 1451(j)).
En lo pertinente a la controversia ante nuestra consideración, la Ley Núm. 45 reconoció el derecho de los empleados a no afiliarse ni ser representados por la organización obrera certificada. Asimismo, la Sec. 4.2 de Ley Núm. 45 (3 L.P.R.A. sec. 1451c (ed. 2000)), ya derogada, eximió del pago de cargos por servicio a los empleados que hubiesen optado por ejercer tal derecho. FN2 Es decir, mediante dicha *647 legislación los empleados que optasen por la no afiliación estarían exentos de pagar cargos por servicio a su representante, aun cuando le aplicaran las disposiciones del convenio colectivo en lo que respecta a salarios, beneficios marginales y condiciones generales de empleo.

FN2. “ Sección 4.2- Derecho a no afiliarse
“Aquellos empleados que formen parte de una unidad apropiada para fines de negociación colectiva debidamente certificada por la Comisión, que no interesen afiliarse ni ser representados por la organización obrera debidamente certificada, podrán solicitar ser excluidos de la misma. Este derecho no aplicará una vez sean miembros de la organización obrera. Estos empleados no pagarán cargos por servicio a la organización obrera. Los empleados no afiliados a la organización obrera observarán las disposiciones del convenio colectivo en cuanto a los procedimientos para ventilar quejas, agravios, arbitraje; y les serán aplicables para su beneficio las disposiciones del convenio colectivo en lo que respecta a salarios, beneficios marginales y términos y condiciones de empleo. El taller cerrado y el taller unionado estarán prohibidos.” Sec. 4.2 de la Ley Núm. 45 (3 L.P.R.A. sec. 1451c (ed. 2000)).

[2] En el 2001 la Asamblea Legislativa enmendó la Ley Núm. 45 para, entre otras cosas, sustituir la Sec. 4.2 por un nuevo articulado denominado “Opción de no afiliarse y cargos por servicio”. La Ley Núm. 96, supra, incorporó la opción de no afiliarse y estableció un nuevo cargo por servicio para los que opten por ejercerla. Por su importancia, trascribimos el mencionado Art. 17:
Opción de no afiliarse
Aquellos empleados que formen parte de una unidad apropiada para fines de negociación colectiva debidamente certificada por la Comisión, que opten por no afiliarse ni ser representados por la organización obrera debidamente certificada, podrán solicitar ser excluidos de la misma mediante presentación de una notificación al efecto al jefe de la agencia, con copia al representante exclusivo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la certificación del representante exclusivo. 3 L.P.R.A. sec. 1454.

Cargo por servicio
Los miembros de la unidad apropiada que opten por no afiliarse pagarán al representante exclusivo un cargo por servicio hasta un máximo de cincuenta (50) por ciento de la cuota regular establecida para los afiliados al representante exclusivo. También tendrán que observar las disposiciones del convenio colectivo en cuanto a los procedimientos para ventilar quejas, agravios y arbitraje, siéndole aplicables, en igual medida, las disposiciones del Convenio Colectivo referentes a salarios, beneficios marginales y condiciones de empleo. (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. sec. 1454a.
De las disposiciones antes transcritas se desprende la intención del legislador de modificar la situación jurídica vigente hasta ese momento, para obligar a los empleados que en adelante opten por no afiliarsea contribuir a la *648 organización sindical que los representa. Claramente la Ley Núm. 96 cambió la situación jurídica para los que, al momento en que entró en vigor, no hubiesen ejercido la opción de no afiliarse.
Aclarado lo anterior, nos resta examinar si la intención del legislador fue para que dicha obligación se aplicase retroactivamente a los empleados que hubiesen optado por la no afiliación bajo el estado de derecho hasta entonces vigente.
III

[3] La irretroactividad de las leyes se concibe como un principio fundamental de interpretación estatutaria. Dicho principio se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico a través del Art. 3 del Código Civil, supra, que establece que las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren expresamente lo contrario. Por lo tanto, la excepción es la retroactividad. Consejo Titulares v. Williams Hospitality, 168 D.P.R. 101 (2006); Nieves Cruz v. U.P.R., 151 D.P.R. 150 (2000); Ocasio v. Díaz, 88 D.P.R. 676 (1963). Aclaramos que la retroactividad no sólo es la excepción, sino que tiene lugar en circunstancias extraordinarias como veremos más adelante. A raíz de ello, son pocas las ocasiones en que nos hemos apartado de la norma general de irretroactividad, ya que la absoluta retroactividad de las leyes conlleva la muerte de la seguridad y de la confianza jurídica. Ocasio v. Díaz, supra, págs. 728-729.
[4] Aunque de la referida disposición del Código Civil surge el deber de establecer expresamente la retroactividad, hemos resuelto que ésta puede surgir de la voluntad implícita del legislador. Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984); Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378 (1973). Es decir, la intención del legislador de darle efecto retroactivo a una ley puede ser expresa o tácita. Consejo Titulares v. Williams Hospitality, supra; Rodríguez v. Retiro, 159 D.P.R. 467 (2003). *649
Ahora bien, ello no significa que podamos impartirle retroactividad a una ley a la ligera. La intención del legislador de darle efecto retroactivo a una ley debe desprenderse del estatuto. En síntesis, la retroactividad, por ser un acto excepcional, debe aparecer expresamente o surgir claramente del estatuto. Nieves Cruz v. U.P.R., supra; Vázquez v. Morales, 114 D.P.R. 822 (1983). Así es como único mantenemos el principio de irretroactividad de las leyes.
A esos fines, en ausencia de un mandato expreso del legislador, sólo le hemos impartido efecto retroactivo a una ley en circunstancias supremas y extraordinarias. Se trata de circunstancias en las que el interés público, la justicia o los propósitos de la propia ley así lo ameritan. Nieves Cruz v. U.P.R., supra. Por ejemplo, en Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, supra, le impartimos efecto retroactivo a la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964 para no derrotar el propósito cardinal del estatuto convirtiéndolo en una medida inocua. De igual forma, en Vélez v. Srio. de Justicia, supra, resolvimos que la legislación para prohibir la operación de máquinas electrónicas de “Pin Ball” a una distancia de 200 metros de las escuelas tenía efectos retroactivos. Notamos como, mientras más grave sea el mal social que el estatuto intenta remediar, mayor justificación para su aplicación retroactiva. Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, supra.
[5] Conforme a lo anterior, no podemos endosar cualquier determinación de retroactividad que se haga ignorando los principios antes esbozados. Partimos de la premisa que existe una presunción de irretroactividad en los casos en los que el legislador guarda silencio al respecto. Por consiguiente, si del texto o de los propósitos legislativos no surge de forma clara, cierta y definitiva la intención de que la ley tenga efecto retroactivo, no podemos nosotros impartirle dicho efecto. Vargas v. Retiro, 159 D.P.R. 248 (2003). De hecho, en Nieves Cruz v. U.P.R., supra, pág. 160, resolvimos que de existir una intención legislativa de retroactividad definitiva “lo lógico hubiese sido que se incluyera*650 en la citada Ley Núm. 98 en una sencilla oración que expresara tal intención”.
[6] Por último, cabe recordar que, en materia de interpretación estatutaria, las reglas de hermenéutica establecen que cuando el texto de la ley es claro y libre de ambigüedad hay que ceñirse a éste. Es decir, cuando el texto de la ley es claro y libre de ambigüedad no debe ser sustituido bajo el pretexto de cumplir con los propósitos legislativos. Nieves Cruz v. U. P.R., supra, Irrizary v. J & J Cons. Prods. Co., Inc., 150 D.P.R. 155 (2000). Por ende, si del texto de la ley no surge su aplicación retroactiva no podemos, en ausencia de circunstancias extraordinarios, ignorar la letra de la ley.
IV

En el caso ante nuestra consideración, los peticionarios sostienen que la Ley Núm. 96 les fue aplicada retroactivamente, ya que fueron eximidos del pago de cargos por servicio en virtud de la legislación anterior. Alegan que la Ley Núm. 96 no dispone para su aplicación retroactiva por lo que el Departamento de Educación está impedido de descontarles de su salario un cargo por servicio. Les asiste la razón.
[7] Del texto de la Ley Núm. 96 no surge de modo alguno que el cobro de un cargo por servicio a los empleados no afiliados ha de tener efecto retroactivo. Por el contrario, hay disposiciones que sostienen que su aplicación debe ser prospectiva. Así, por ejemplo, el Art. 10 de la Ley Núm. 96 dispone que su entrada en vigor será “inmediatamente después de su aprobación”, sin especificar si tendrá efecto retroactivo. Es decir, se limita a establecer que tendrá vigencia inmediata. Cabe mencionar que en otros casos en los que el legislador ha querido conferir efecto retroactivo a una ley, lo ha dispuesto expresamente en ese mismo articulado.FN3 *651

FN3. En el caso Consejo Titulares v. Williams Hospitality, 168 D.P.R. 101 (2006), resolvimos que la nueva Ley de Condominios, Ley Núm. 103 de 5 de abril de 2003, debía aplicarse retroactivamente. Cabe señalar que en aquel caso, del propio texto de la ley surgía una disposición en cuanto a que la ley “entrará en vigor a los (90) días después de su aprobación y sus disposiciones regirán a todo inmueble sometido al régimen de Propiedad Horizontal, cualquiera que sea el momento en que fuera sometido a dicho régimen”. (Énfasis suplido.) Art. 44 de la Ley Núm. 103 (2003 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 410).

Del mismo modo, la citada Sec. 17.2 de la Ley Núm. 96 en controversia establece que “[l]os miembros de la unidad apropiada que opten por no afiliarse pagarán al representante exclusivo un cargo por servicio …”. Del lenguaje de la disposición antes transcrita se desprende la intención del legislador de que se cobre el cargo por servicio a los empleados que, a partir de su vigencia, opten por no afiliarse. Entendemos que si otro hubiese sido el ánimo del legislador, así lo hubiese aclarado en el texto de la ley. Este Tribunal no puede sustituir la palabra opten por optaron.
[8] Por otro lado, para auscultar la intención del legislador, en ausencia de una disposición expresa en la ley, es preciso que nos encontremos en circunstancias extraordinarias. Nos referimos a los casos en que se intenta corregir un mal social o evitar una injusticia. Claramente el cobro retroactivo de un cargo por servicio a favor de una organización sindical no constituye uno de estos supuestos.
Según surge de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 96, su propósito fue el de “atemperar la legislación existente a las necesidades y aspiraciones de nuestros servidores públicos y para proveer un marco legal adecuado que garantice y amplíe el ámbito de negociación lo que redundará en un mejor servicio a la ciudadanía”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 96 (2001 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 404). Tal expresión legislativa, por sí sola, no nos mueve a concluir que debemos aplicar la ley retro activamente. Por otro lado, la única mención que se hace con relación a la Ley Núm. 45 es que ésta no llenó totalmente las expectativas de los grupos impactados. No hace referencia a incompatibilidades o contradicciones que se quieran remediar con la aprobación de la Ley Núm. 96. *652
V

[9] En virtud de lo antes expuesto, declaramos ilegales los descuentos de cargos por servicio efectuados a los maestros que notificaron su interés en no afiliarse a la Federación de Maestros y fueron eximidos de pagar cargos por servicio en virtud de la legislación anterior. Resolvemos que la Ley Núm. 96 sólo aplica prospectivamente a los empleados que opten por no afiliarse a la organización obrera después de su vigencia.
Se dictará sentencia de conformidad.
La Jueza Asociada Señora Fiol Matta disintió con una opinión escrita, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Rebollo López.
–O–

Opinión disidente emitida por la Jueza Asociada Señora Fiol Matta, a la cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo López.
Disiento de la decisión mayoritaria que resuelve eximir a un grupo selecto de empleados públicos de pagar los cargos por servicio a favor de la organización sindical certificada y les permite disfrutar, a título gratuito, de los beneficios y mecanismos que provee el convenio colectivo. La opinión mayoritaria concluye en el caso de autos que quienes únicamente tendrían que pagar por los servicios del sindicato sin ser miembros de éstos son los empleados que opten por no afiliarse a la organización obrera después del 7 de agosto de 2001, fecha de vigencia de la Ley Núm. 96, que enmendó la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público. De esta forma, aquellos empleados que notificaron su decisión de no afiliarse al sindicato antes del 7 de agosto de 2001, están exentos de no pagar cargos por servicios a la organización sindical que, en última instancia,*653 representa sus intereses y negocia en su nombre las condiciones y los términos de su empleo. Ello permite a un grupo de empleados beneficiarse gratuitamente de los servicios que provee el representante exclusivo en la negociación colectiva y en la administración de un convenio colectivo. A pesar de que la intención legislativa tras la Ley Núm. 96 era precisamente la de clarificar las disposiciones sobre los cargos por servicio para quienes optasen por no afiliarse, la Mayoría de este Tribunal decide perpetuar la situación que dicha legislación buscó corregir al imponer el pago de un cargo razonable por los servicios que provee una organización sindical a los trabajadores. Por las razones que expreso a continuación, disiento de esa decisión.
I

En el caso de autos, la opinión mayoritaria resuelve que el Departamento de Educación no puede hacer descuentos por concepto de cargos por servicio a los maestros que habían notificado su interés en no afiliarse a la Federación de Maestros antes de la vigencia de la Ley Núm. 96. Resuelve que la Ley Núm. 96, que enmienda la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, conocida como la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público, no provee para que el cobro de un cargo por servicio a los empleados no afiliados se extienda a aquellos empleados que fueron originalmente eximidos del pago de tal cargo en virtud de la Ley Núm. 45. En otras palabras, concluye que la Ley Núm. 96 sólo puede tener efecto prospectivo y que por esa razón las disposiciones que imponen el cargo por servicio no aplican a los empleados que ya habían optado por no afiliarse a la fecha de vigencia de estas enmiendas.
Para llegar a este resultado, la opinión mayoritaria hace uso de una exégesis a mi juicio incompleta, que no ausculta cumplidamente la verdadera intención legislativa tras las enmiendas que la Ley Núm. 96 introdujo a la Ley *654 de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico.
La opinión se apoya en que la Ley Núm. 96 sólo expresa que será vigente “inmediatamente después de su aprobación”, sin disponer su aplicación retroactiva. Con igual lógica concluimos que el que no se mencione el supuesto de aplicación retroactiva, de por sí, no nos permite llegar a ninguna conclusión sobre la retroactividad de la ley.
Al hablar de la vigencia de una ley nos referimos al momento a partir del cual ésta tendrá efectos jurídicos, es decir, el momento en que ésta “existe” jurídicamente, de manera que pueda ser aplicada. Así, no hay duda que la Ley Núm. 96 de 7 de agosto de 2001 “existe” para ser aplicada desde su aprobación. Pero esa vigencia inmediata no puede llevarnos a concluir ineluctablemente que sus disposiciones no pueden aplicarse a un grupo de personas que ya habían actuado de determinada forma o habían realizado ciertos actos antes de que ésta entrara en vigor. Por eso, para determinar el alcance retroactivo o prospectivo de la Ley Núm. 96 hay que acudir a su contenido sustantivo y a la intención legislativa.
La opinión mayoritaria también encuentra apoyo en el tiempo verbal utilizado por la Ley Núm. 96 para establecer el cargo por servicio. Esta disposición, incluida como la nueva Sección 17.2 en la Ley de de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico, establece que “[l]os miembros de la unidad apropiada que opten por no afiliarse pagarán al representante exclusivo un cargo por servicio hasta un máximo de cincuenta (50) por ciento”. 3 L.P.R.A. sec. 1454a. La opinión mayoritaria destaca la utilización del verbo “optar” en el modo subjuntivo presente (“opten”) para concluir que, al no usarse el tiempo pasado “optaron”, se revela que la intención del legislador era la de cobrar el cargo por servicio sólo a los empleados que optaran por no afiliarse a partir de la vigencia de la Ley Núm. 96.
No estoy de acuerdo con esta interpretación, pues no *655 pone la fijación del cargo por servicio en el contexto de las demás disposiciones sobre la no afiliación. La opinión del Tribunal no considera que la Ley Núm. 96 adopta no una, sino dos disposiciones para sustituir la Sección 4.2 de la Ley Núm. 45 (3 L.P.R.A. sec. 1451c (ed. 2000)). La nueva Sección 17.1 (3 L.P.R.A. sec. 1454) atiende al concepto de la no afiliación y establece que el empleado podrá solicitar ser excluido de la organización obrera que sea certificada por la Comisión de Relaciones del Trabajo como representante exclusivo de determinada unidad apropiada. Según esta disposición el empleado deberá notificar su solicitud de exclusión dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la certificación del representante exclusivo. En otras palabras, la Sección 17.1 establece un término dentro del cual un empleado puede notificar su interés en no afiliarse. Esta notificación sólo puede darse dentro del término establecido y una sola vez, siendo pues un acto único de consumación instantánea que no se repite.
Por otro lado, la nueva Sección 17.2 de la ley dispone que los empleados que opten por no afiliarse tendrán que pagar un cargo por servicio al representante exclusivo, equivalente a no más de la mitad de la cuota regular establecida para los empleados afiliados. Además, esta sección indica cuáles disposiciones del convenio colectivo le aplicarían a estos empleados no afiliados. De esa forma, la Sección 17.1 regula el evento de la notificación de la solicitud de no afiliación, mientras la Sección 17.2 establece el cargo por servicio que pagarán los empleados que ejerzan la opción de no afiliarse.
La acción de notificar la no afiliación que establece la Sección 17.1 puede darse en una sola ocasión, dentro del término allí establecido. Sin embargo, como cuestión de realidad, la acción de optar por no afiliarse no está circunscrita a un momento particular, sino que es reiterativa y continua, pues después de notificar su decisión de no afiliarse oportunamente, estos empleados pueden siempre optar por afiliarse a la representante exclusiva. Indudablemente*656 la ley no prohíbe su afiliación eventual. De esa forma, la notificación sólo se puede dar en un momento determinado, pero la opción de no afiliarse es una acción que se ejerce continuamente por los empleados que hayan notificado su no afiliación. Por lo tanto, mientras no se afilien a la organización obrera certificada, los empleados a los que alude la Sección 17.2 están ejerciendo constante y continuamente su opción de no afiliarse.
Por todo lo anterior, entiendo que en el caso particular de la Ley Núm. 96, el uso del subjuntivo del verbo “optar” en tiempo presente no es determinativo de su aplicación temporal, ya que el ejercicio de esta opción es continua. FN1 Un empleado que en 1998 notificó oportunamente su interés de no afiliarse, aún hoy está ejerciendo su opción de no afiliarse. Por eso el análisis gramatical de la Sección 17.2 no resulta suficiente para determinar si la intención legislativa fue la de otorgarle efecto retroactivo a esta disposición. Para ello este Tribunal debió auscultar la intención legislativa a la que responde la Ley Núm. 96, que, según explico a continuación, era que esta legislación aplicara a todos los empleados públicos que no se afiliaran a la organización obrera de su agencia, indistintamente del momento en el que notificaron su decisión.

FN1. Cabe destacar también que la Ley Núm. 96 de 7 de agosto de 2001 enmendó la definición de cargo por servicio contenida en la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, para que leyera, en lo pertinente, de la siguiente forma:
“(g) Cargo por servicio- Pago hecho al representante exclusivo por empleados de la unidad contratante que han optado por la no afiliación al sindicato de su agencia.” (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. sec. 1451a(g).
En esta disposición el legislador se inclinó por el uso del participio pasivo del verbo “optar”, el cual dota de cierta ambigüedad temporal a lo allí establecido, además de otorgarle una dimensión más genérica y de carácter continuo.

II

La Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, conocida como Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. secs. 1451-1453j, confiere a los empleados públicos de las agencias del gobierno central y los *657 municipios el derecho a la organización sindical y a la negociación colectiva, dentro de ciertos parámetros que la misma ley establece. De acuerdo con la Ley Núm. 45, los empleados públicos que no estén cubiertos por la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945 (29 L.P.R.A. secs. 61-76), podrán organizarse y afiliarse en organizaciones sindicales de su selección para negociar sus condiciones de trabajo.
La Ley Núm. 45 dispone que los empleados de las diferentes unidades apropiadas escogerán, mediante voto mayoritario, la organización sindical que los representará ante la agencia correspondiente. 3 L.P.R.A. sec. 1451g. La organización que obtenga la mayoría absoluta de los votos en las elecciones será certificada como el representante exclusivo de los empleados comprendidos en la unidad apropiada y tendrá autoridad para negociar con la agencia un convenio colectivo en la que se acuerden, entre otras cosas, los salarios, los beneficios marginales, los términos y las condiciones de empleo. 3 L.P.R.A. sec. 1451j. Véanse: Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 168 D.P.R. 527 (2006); A.R.Pe. v. Coordinadora, 165 D.P.R. 850 (2005); Federación v. Molina, 160 D.P.R. 571 (2003); Pérez v. Com. Rel. Trab. Serv. Púb., 158 D.P.R. 180 (2002). Una vez se certifique a una organización sindical como representante de una unidad apropiada, ninguna otra entidad podrá representar a los empleados de dicha unidad. 3 L.P.R.A. sec. 1451f.
A pesar de esto, los empleados públicos que no interesen afiliarse ni ser representados por el representante exclusivo, tienen derecho a ser excluidos de la organización sindical, prohibiéndose expresamente el taller cerrado. Estos empleados, al igual que aquellos que opten por ser miembros de la organización sindical, se beneficiarían del procedimiento de quejas y agravios del convenio colectivo, incluyendo arbitraje, y de la misma forma disfrutarían de los salarios, los beneficios marginales, los términos y las condiciones de empleo contenidas en el convenio colectivo que suscriban la agencia y el representante exclusivo. *658 3 L.P.R.A. sec. 1451c (ed. 2000). Véanse: Asociación Maestros v. Comisión, 159 D.P.R. 81 (2003); Pérez v. Com. Rel. Trab. Serv. Púb., supra.
La Ley Núm. 45 disponía originalmente en su Sección 4.2 que “[e]stos empleados [no afiliados] no pagarán cargos por servicios a la organización obrera”.FN2 Sin embargo, la Ley Núm. 96 de 7 de agosto de 2001, como mencionamos anteriormente, derogó esta sección y la sustituyó por dos nuevas. La Sección 17.1 reafirma la opción de los empleados a solicitar la exclusión de la organización sindical certificada. 3 L.P.R.A. sec. 1454. En cambio, la Sección 17.2 dispone que “[l]os miembros de la unidad apropiada que opten por no afiliarse pagarán al representante exclusivo un cargo por servicio hasta un máximo de cincuenta por ciento (50%) de la cuota regular establecida para los afiliados al representante exclusivo”. (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. sec. 1454a.

FN2. Esta sección leía en su totalidad:
“Aquellos empleados que formen parte de una unidad apropiada para fines de negociación colectiva debidamente certificada por la Comisión, que no interesen afiliarse ni ser representados por la organización obrera debidamente certificada, podrán solicitar ser excluidos de la misma. Este derecho no aplicará una vez sean miembros de la organización obrera. Estos empleados no pagarán cargos por servicios a la organización obrera. Los empleados no afiliados a la organización obrera observarán las disposiciones del convenio colectivo en cuanto a los procedimientos para ventilar quejas, agravios y arbitraje; y les serán aplicables para su beneficio las disposiciones del convenio colectivo en lo que respecta a salarios, beneficios marginales y términos y condiciones de empleo. El taller cerrado y el taller unionado estarán prohibidos.” (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. sec. 1451c (ed. 2000).

En la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 96, la Asamblea Legislativa reconoció “la necesidad de enmendar la Ley [Núm. 45] para atemperar la legislación existente a las necesidades y aspiraciones de nuestros servidores públicos”. 2001 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 404. La intención legislativa que se desprende de su historial es de clarificar ciertos aspectos de la Ley Núm. 45 relacionados a la no afiliación. Prioritario entre éstos es lo concerniente al cargo por los servicios prestados a los empleados no afiliados, pues la Ley Núm. 96 está expresamente dirigida a *659 resolver la confusión causada por las contradicciones internas de la Ley Núm. 45 en cuanto a esta opción.
Al examinar el historial de ambas leyes advertimos que la intención original de la Ley Núm. 45 era la de requerir un cargo por estos servicios. Así, la versión original del Proyecto del Senado 813, que eventualmente fue aprobado como la Ley Núm. 45 en 1998, establecía en su Sección 4.2 un cargo por servicio para los empleados que optaran por no afiliarse a la organización sindical certificada como representante exclusivo. Dicho cargo no excedería el 66% del pago de la cuota establecida para los empleados afiliados, y la organización debía justificarlo como costo de la negociación y la administración del convenio y de la representación sindical en general.
En su Sección 3, el proyecto definía el cargo por servicio como el “[p]ago hecho al representante exclusivo por empleados de la unidad contratante que han ejercido el derecho a no afiliarse al sindicato de su agencia”. P. del S. 813 de 26 de enero de 1998, pág. 6. A su vez, la Sección 15.1 del proyecto imponía a los representantes exclusivos la obligación de someter un informe a la Comisión de Relaciones del Trabajo que indicara, entre otras cosas, “la suma exigida a sus miembros en concepto de cuotas de iniciación, cuotas periódicas, o cargos por servicios a empleados no afiliados”. (Énfasis suplido.) Íd., pág. 49. La intención de imponer un cargo por servicio a los empleados que optasen por no afiliarse quedó más clara aún al discutirse el proyecto de ley en el hemiciclo del Senado. Allí el senador Charlie Rodríguez Colón afirmó:
No debemos obligar a ningún trabajador a tener que afiliarse si no quiere. Pero sí tenemos que obligar a ese trabajador que decida no afiliarse a que tenga que pagar una cuota, una cuota razonable a la unión que estará representando los intereses de los trabajadores. Porque ese trabajador que no se afilia va a disfrutar de los beneficios que pueden obtenerse en la Negociación Colectiva y debe pagar como se establece aquí [en el proyecto de ley]. Senado de Puerto Rico, Discusión del Proyecto del Senado 813 durante la sesión del día lunes, 26 de enero de 1998, pág. 54. *660
Sin embargo, según vimos, en la versión final aprobada como la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998 se dispuso que los empleados no afiliados no habrían de pagar cargos por servicios a la organización sindical certificada, mientras se mantuvieron, en evidente contradicción, ciertas disposiciones relacionadas a dicho cargo por servicio. Incluso quedó, en la ley finalmente adoptada, la disposición del proyecto de ley que obligaba al representante exclusivo a informar a la Comisión la suma que exigiría como “cargos por servicio a empleados no afiliados”. Véase 3 L.P.R.A. sec. 1453d. De esta forma, la Ley Núm. 45 fue aprobada con serias incongruencias sustantivas.
Es en este contexto que debemos precisar la intención de la Asamblea Legislativa al aprobar la Ley Núm. 96 y establecer expresamente la obligación de los empleados no afiliados de pagar cargos por servicios a las organizaciones obreras certificadas como representantes exclusivos. El Informe sobre el proyecto que se convertiría en la Ley Núm. 96 revela que el propósito legislativo era aclarar las incongruencias de la Ley Núm. 45. Resulta esclarecedor también que, según el informe, “la no afiliación en el contexto de la Ley [Núm.] 45 es una opción y no un derecho, puesto que lo que es un derecho conforme a la Ley, es la afiliación al sindicato”. Comisión de Trabajo y Asuntos de Veteranos de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Informe sobre el P. de la C. 1219, 21 de junio de 2001, pág. 4. Tras esta explicación, el Informe indica que se hizo necesario enmendar la Ley Núm. 45 porque “el cargo por servicio estaba definido pero no establecido en el cuerpo de la medida”. Íd., pág. 10. Por eso, al incluir la nueva Sección 17 “se armonizan las disposiciones sobre no afiliación y cargos por servicios contenidos en la ley”. Íd.
Conforme a lo discutido, queda claro que la intención legislativa al aprobar la Ley Núm. 96 era la de corregir la contradicción entre el lenguaje de la Sección 4.2 de la Ley Núm. 45 y las demás disposiciones de la ley. La Ley Núm. 96 busca clarificar efectivamente la intención legislativa en torno a la no afiliación y a los cargos por servicios. Ello *661 nos lleva a concluir, forzosamente, que tras la aprobación de esa ley los cargos por servicios deben ser cobrados a todos los empleados que opten por no afiliarse a la organización obrera que la Comisión de Relaciones del Trabajo haya certificado como representante exclusiva. Sólo de esta forma se cumpliría con la intención legislativa de evitar que estos empleados se beneficien de forma gratuita de los servicios de los sindicatos en la administración de convenios colectivos y en la negociación colectiva de términos y condiciones de trabajo. No aplicar la Ley Núm. 96 a los empleados que notificaron su decisión de no afiliarse antes de que ésta entrara en vigor conllevaría perpetuar, respecto a un grupo específico de empleados, la situación que el legislador buscó corregir y sería contrario a la intención legislativa. Además representaría una grave injusticia el permitir que un grupo selecto de empleados disfruten libre de costo de los beneficios del convenio colectivo mientras los demás pagan una cuota sindical o un cargo por servicio.
No cabe duda, pues, que el propósito de la Ley Núm. 96 es que todos los empleados no afiliados paguen el cargo por servicio. Debemos determinar entonces si esto puede hacerse extensivo a los empleados que optaron por no afiliarse antes de 7 de agosto de 2001, y si la alegada facultad de “no afiliación, no representación, no cargo por servicio” concedida por la Ley Núm. 45 es un derecho adquirido por ellos que podría verse afectado por la aplicación retroactiva de la ley. A su vez, esto nos requiere examinar nuevamente el principio de la irretroactividad de las leyes y la doctrina de los derechos adquiridos, concretados ambos en nuestro Código Civil.
III

Las normas jurídicas pueden aplicarse a hechos y situaciones que ocurran a partir de su vigencia o pueden regular hechos y situaciones ocurridos antes de ese momento, siendo entonces retroactivas. F. Bonet Ramón, Compendio de Derecho Civil, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1959, T. I, *662 págs. 199-200. Estas modalidades representan el conflicto clásico de leyes en el tiempo, en el que se contraponen dos principios opuestos. De un lado, el principio de la irretroactividad de las leyes, que impide que un estatuto posterior influya en situaciones jurídicas constituidas al amparo de la anterior, garantizando de esa manera la seguridad y estabilidad de las relaciones jurídicas. Del otro lado, el principio de retroactividad, que extiende la eficacia de una norma jurídica a hechos y situaciones anteriores a su entrada en vigor, o a la regulación de actos y negocios jurídicos creados o permitidos al amparo de un estatuto anterior, en aras de promover la evolución del Derecho. D. Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, 8va ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1982, Vol. I, pág. 192.
En varias oportunidades nos hemos expresado sobre la centralidad del principio de la irretroactividad de las leyes en nuestro ordenamiento. Véanse: Vargas v. Retiro, 159 D.P.R. 248 (2003); Almodóvar v. Méndez Román, 125 D.P.R. 218 (1990); Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984); Claudio v. Cruz Águila, 84 D.P.R. 435 (1962). Se trata de una norma de marcado abolengo civilista, plasmada en el Artículo 3 del Código Civil de Puerto Rico, que dispone lo siguiente:
Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren expresamente lo contrario.
En ningún caso podrá el efecto retroactivo de una ley perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior. 31 L.P.R.A. sec. 3.
La doctrina española ha identificado tres fundamentos para este principio de irretroactividad. El primero es una política legislativa dirigida a garantizar a la ciudadanía en general confianza y seguridad jurídica. Tiene también una justificación de moral humana basada en los principios de libertad individual que garantizan a los ciudadanos el poder actuar sin obstáculos dentro del margen de la ley. El tercer fundamento, según la doctrina, responde a la psicología colectiva que proclama que las leyes deben mirar al porvenir y no al pasado. F. Puig Peña, Tratado de Derecho *663 Civil Español, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1957, T. I, Vol. I, págs. 438-439. Véase, además, Vázquez v. Morales, 114 D.P.R. 822, 826 (1983).
No obstante lo anterior, la regla de irretroactividad no es una norma rígida de aplicación absoluta. Véanse: Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378, 384-385 (1973); Rodríguez v. Miller, 23 D.P.R. 594, 601-602 (1916). El propio lenguaje del Artículo 3 del Código Civil nos lo confirma, pues no prohíbe absolutamente la aplicación retroactiva de las leyes; más bien la permite en “determinadas y supremas circunstancias” y en “supuestos de carácter excepcional”. Nieves Cruz v. U.P.R., 151 D.P.R. 150, 158 (2000); F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, 3ra ed., Madrid, Eds. Pirámide, 1976, T. I, pág. 131. Desde hace muchos años reconocimos que “la absoluta retroactividad del derecho positivo sería la muerte de la seguridad y de la confianza jurídica; pero también sabemos que la absoluta irretroactividad sería la muerte del desenvolvimiento del derecho”. Ocasio v. Díaz, 88 D.P.R. 676, 728 (1963). De igual forma, citando a Suárez Collía, señalamos recientemente que nuestro ordenamiento jurídico “se resiste a ser inmovilizado en un momento histórico preciso [ya que] por su propia naturaleza … debe responder a la realidad de cada momento como instrumento de progreso y perfeccionamiento”. J.M. Suárez Collía, El principio de irretroactividad de las normas jurídicas, 2da ed. rev., Madrid, Actas, 1994, pág. 56, citado en Consejo Titulares v. Williams Hospitality, 168 D.P.R. 101, 108 (2006).
Por esta razón hemos resuelto que, aun cuando sea un acto excepcional, una ley puede tener efecto retroactivo si esa es la intención legislativa, sea ésta expresa o tácita, y también hemos recalcado que debe darse efecto retroactivo a una ley cuando dicha interpretación resulte ser la más razonable de acuerdo al propósito legislativo. Consejo Titulares v. Williams Hospitality, supra. Véase, también, Nieves Cruz v. U.P.R., supra, págs. 158-159. La retroactividad de una norma jurídica puede afectar sus elementos estructurales, esto es, el supuesto fáctico que determina las condiciones*664 o presupuestos de su aplicación y el mandato que determina los efectos jurídicos que de ésta se deriva. J. Santos Briz y otros, Tratado de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 2003, T. I, pág. 295. Ahora bien, el Artículo 3 del Código Civil impone una limitación significativa a dicho efecto retroactivo, ya surja éste expresamente del texto de la ley o se derive de la intención legislativa, y es que la retroactividad de una ley no puede perjudicar los derechos adquiridos en virtud de una legislación anterior. Véase 31 L.P.R.A. sec. 3. Examinemos más de cerca ese concepto.
Históricamente se ha expresado que un derecho es “adquirido” ( ius quaesitum firmum) si es “consecuencia de un hecho idóneo para producirlo en virtud de la ley vigente en el tiempo en que se haya cumplido o realizado … y que entró a formar parte de[l] … patrimonio [de la persona]”. L. Díez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 9na ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1997, Vol. I, pág. 108. Véase, también, J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, 12ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1982, T. I, Vol. I, pág. 616. Los derechos adquiridos son, pues, aquellos cuya consecuencia jurídica es la de entrar directamente al patrimonio del individuo,FN3 cuyo ejercicio y disfrute, por razón de su importancia social, no puede ser alterado retroactivamente por una ley aprobada después de su adquisición.FN4 Estos derechos*665 tienen “tal fuerza y autonomía” derivada de la norma jurídica que los instituyó, que pueden oponerse con “toda la magnitud de su fuerza” a cualquier intento de destruirlos o ignorarlos que provenga de una ley posterior. Puig Peña, Tratado de Derecho Civil Español, op. cit., pág. 445; E. Vázquez Bote, Derecho Privado Puertorriqueño, Orford-San Juan, Equity Publishing Co., 1992, T. II, pág. 442. De esta forma la aplicación inmediata de una ley posterior a las situaciones o relaciones jurídicas subsistentes al momento de su vigencia se encuentra limitada ante la necesidad de respetar aquellos derechos legítimamente adquiridos. F. Puig Brutau, Introducción al Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1981, pág. 184.

FN3. Puede llamarse patrimonio al conjunto de derechos y relaciones jurídicas que se deriva necesariamente de la persona del titular y conforma su esfera de acción jurídica, cuyo contenido el ordenamiento dota de unidad por estar sujeto a un régimen unitario de poder y responsabilidad. L. Díez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 5ta ed., Madrid, Ed. Civitas, 1996, Vol. I, pág. 39; R. Badenes Gasset, Conceptos fundamentales del Derecho: las relaciones jurídicas patrimoniales, 7ma ed., Barcelona-México, Marcombo Boixareu eds., 1987, págs. 55-56. Este conjunto también incluye derechos y obligaciones pertenecientes al individuo y que son susceptibles de valor pecuniario. Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., 101 D.P.R. 598, 606 (1973). También algunos tratadistas señalan que, para efectos de derechos adquiridos, el patrimonio es el conjunto de preceptos cimentados en lo más profundo de la formación popular que provoca el rechazo de aquellas leyes que perjudiquen sin causa justificada situaciones reconocidas previamente por el ordenamiento. E. Vázquez Bote, Derecho Privado Puertorriqueño, Orford-San Juan, Equity Publishing Co., 1992, T. II, pág. 438.

FN4. Se ha entendido que los derechos adquiridos nacen de “la conjunción de una norma jurídica existente (situación abstracta de derecho) y la ejecución de un hecho por ella misma previsto (situación concreta); pero que, por razón de la importancia del derecho desde el punto de vista del interés social, ha recibido vida perdurable de la ley que lo generó”. R. Noguera Barreneche, De la no retroactividad de las leyes civiles, 3ra ed., Santa Fe de Bogotá, Fondo de Publicaciones Institución Universitaria Sergio Arboleda, 1995, págs. 73-74.

Sin embargo, no toda situación jurídica que surge al amparo de una ley anterior es un derecho adquirido cobijado por el principio de irretroactividad frente a otra ley posterior. Explica Santos Briz que para que un supuesto sea un derecho adquirido
… es necesario que se trate de situaciones subjetivas, cuya extensión y alcance son determinados por un acto o negocio jurídico, no directamente por la ley, que se limita a hacer posible la conclusión de ese acto o negocio …. En cambio, las situaciones jurídicas objetivas … pueden ser modificadas por leyes posteriores. J. Santos Briz y otros, Tratado de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 2003, T. I, pág. 294.
Basándonos en la cita anterior, en Consejo Titulares v. Williams Hospitality, supra, pág. 109, indicamos que el derecho adquirido no abarca el conjunto de facultades que una ley anterior permita ejercer a los ciudadanos, “ya que esto sería el estado de derecho objetivo que la nueva ley intenta cambiar”.
Así, lo que se adquiere con inmunidad contra la retroactividad, propiamente hablando, es el derecho como unidad conceptual, y no las facultades y cualidades accesorias que *666 determinan su ejercicio, contenido y adquisición. Véanse: Santos Briz y otros, op. cit., pág. 294; C. Valverde y Valverde, Tratado de Derecho Civil Español, 4ta ed., Valladolid, Ed. Talleres Tipográficos Cuesta, 1935, T. I, págs. 137-138. Este contenido accesorio se compone sólo de manifestaciones secundarias del derecho, que aun cuando falten, no por ello desaparece o se socava el derecho principal.
Un derecho adquirido sólo puede ser aquel que se deriva de un título individual y privado, producto de una situación subjetiva consumada que es, a su vez, resultado de un acto o negocio jurídico amparado en un estado de derecho creado por una ley anterior. En cambio, las facultades y los atributos accesorios de un derecho se derivan directamente de un título común a todos los ciudadanos, determinado por una situación jurídica objetiva que promueve un interés público, y no son atribuibles a ningún ciudadano en particular debido a que se conceden con abstracción a un acto de voluntad individual. Santos Briz, op. cit., pág. 294; Valverde y Valverde, op. cit., pág. 137.
Estos aditamentos legales no entran directamente al patrimonio del titular, ya que al ser meramente circunstanciales al derecho principal y dependientes de éste, no pueden ser apropiados ni se puede producir un interés propietario en su tenencia. Por consiguiente, una nueva ley podría delimitar no sólo los atributos accesorios de un derecho que se adquieren prospectivamente a partir de la efectividad de dicha ley, sino los conseguidos al amparo de una ley anterior. Véase M. Albaladejo, Derecho Civil, 9na ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. I, Vol. I, pág. 200.
IV

En el caso de autos, no hay duda en cuanto a que la Ley Núm. 96 fue aplicada de forma retroactiva a los maestros que expresaron su no afiliación a la organización obrera al amparo de la Ley Núm. 45. La eficacia de la Ley Núm. 96 se extendió a la regulación de hechos y situaciones anteriores*667 a su entrada en vigor y permitidos plenamente al amparo de un estatuto anterior. Como indicamos previamente, esta era precisamente la intención legislativa, para así corregir las incongruencias que presentaba la ley anterior y fortalecer el derecho de negociación colectiva en el gobierno central.
Sin embargo, aún debemos evaluar si dicha aplicación retroactiva perjudica algún derecho adquirido de los maestros que notificaron su determinación de no afiliarse antes de la vigencia de la Ley Núm. 96. Los peticionarios entienden que estos maestros adquirieron dos derechos: el de no estar representados por la organización obrera certificada y el de no pagar cargos por servicio. Sin embargo, la naturaleza de estos derechos no nos permite concluir que ambos estuvieran inmunes al efecto de la nueva ley.
Hemos visto que la característica principal de los derechos adquiridos es que provengan de situaciones subjetivas, que su alcance se determine por un acto o negocio jurídico y que, en virtud de ese negocio jurídico, entren a formar parte del patrimonio de la persona. Igualmente, hemos explicado que el derecho que se adquiere de esa forma tiene que ser de por sí una unidad conceptual y no una facultad o cualidad accesoria de éste. Contrario a lo que pretenden los peticionarios, el no tener que pagar cargos por servicio no es una unidad conceptual independiente de por sí que se determine por un acto o negocio jurídico basado en la voluntad individual. La prerrogativa de no pagar estos cargos es una facultad accesoria que el ordenamiento previo otorgaba a los empleados que en aquel entonces optaron por no afiliarse. La unidad conceptual independiente es la facultad de no afiliarse; el no pagar cargos por servicio es uno de los aspectos supletorios que determinan el ejercicio de dicha facultad. La no afiliación es la situación subjetiva nacida de la voluntad de los empleados, mientras que el pago de cargos por servicio es una situación objetiva que tiene su causa inmediata en la ley, con abstracción de actos voluntarios e individuales, puesto *668 que no requiere para su efectividad ejercicio de voluntad adicional alguno.
El no pagar cargos por servicios prestados no se deriva de un título propio y privado de cada una de las personas que optaron por no afiliarse antes de la aprobación de la Ley Núm. 96, ni fue determinado por un negocio jurídico que descansó en el estado de derecho que regía al amparo de la Ley Núm. 45. Por el contrario, este concepto se deriva de un título común a todos los empleados que optaron por no afiliarse en ese momento. Debido a su contenido de interés público, no pertenece a ningún empleado en particular. De esta manera, la facultad de no pagar cargos por servicio dimana de la no afiliación, pero no es un derecho de por sí, y por ser sólo accesorio y circunstancial a la no afiliación, puede ser alterado retroactivamente por una nueva ley. Por tal razón entiendo que la aplicación retroactiva de la Ley Núm. 96 no afecta ningún derecho adquirido de los empleados que optaron por no afiliarse antes de su vigencia bajo la ley anterior.
En el caso de autos, también tenemos que tomar en consideración la sustancialidad del interés público que promueve la enmienda a la Ley Núm. 45, lo que la opinión mayoritaria descarta en su interpretación de la ley. La Ley Núm. 96 buscó rectificar las incongruencias de la Ley Núm. 45 que permitían a los empleados no afiliados disfrutar a título gratuito de los beneficios y mecanismos que provee el convenio colectivo negociado por la organización obrera con el patrono. Acceder a la solicitud de las agrupaciones peticionarias, que es precisamente lo que hace una mayoría del Tribunal, conlleva reconocer a cierto grupo de empleados un derecho a beneficiarse gratuitamente de los servicios que provee la organización sindical certificada en la negociación colectiva y en la administración del convenio colectivo.
Lo anterior me lleva a concluir que el Tribunal de Apelaciones no erró al resolver que los descuentos de cargos por servicios prestados realizados por el Departamento de Educación a los empleados no afiliados desde la vigencia *669 de la Ley Núm. 96 son válidos y al disponer que dicha agencia puede continuar efectuándolos. Todos los empleados no afiliados a la organización obrera certificada como representante exclusivo, sin distinción de cuándo notificaron su interés de ser excluidos de la representación, deben pagar cargos por servicios, según dispuesto por la Ley Núm. 96. Además, el no pagar cargos por servicio no es un derecho adquirido que deba ser preservado ante la vigencia de dicha ley.
V

Por todo lo anterior, disiento de la decisión a la que llega este Tribunal en el caso de autos. Hubiese confirmado la sentencia recurrida, para así permitir el cobro uniforme y razonable de un cargo por los servicios que provee una organización sindical en la negociación colectiva. Al suscribir la opinión emitida hoy, este Tribunal ha afectado negativamente a las organizaciones sindicales que sirven los intereses de los empleados públicos del gobierno central de Puerto Rico. En vez de fortalecer la organización sindical de estos empleados, lo que hace la opinión mayoritaria es fraccionar el apoyo que pueden recibir los esfuerzos de negociación colectiva para el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los servidores públicos.
En este sentido, el resultado que produce la opinión mayoritaria es la división de una unidad apropiada en tres clases de miembros. En primer lugar, tenemos a los empleados afiliados al representante exclusivo certificado por la Comisión que pagan cuotas y participan de las actividades sindicales y en el proceso de negociación colectiva. De otro lado, se encuentran los empleados públicos que no interesan afiliarse a la organización sindical ni participar de sus actividades, pero como se benefician de los resultados de la negociación colectiva pagan un cargo, menor al de la cuota sindical, por los servicios ofrecidos por el sindicato en la preparación y administración del convenio colectivo. Y por último, tenemos a una tercera categoría de empleados *670 públicos, miembros de la unidad apropiada, quienes disfrutan de todos los beneficios obtenidos en la negociación colectiva y por las acciones sindicales sin tener que pagar ningún tipo de cargo por este servicio. Estos empleados, con la venia de una mayoría de este Tribunal, están autorizados a servirse gratuitamente a posteridad del esfuerzo de la organización sindical, mientras que los otros dos grupos de empleados pagan razonablemente por los servicios que les son ofrecidos en el mejoramiento de sus condiciones y términos de empleo.
Hoy este Tribunal ha perpetuado el cuadro confuso y desarticulado de la actividad sindical de los empleados públicos de Puerto Rico que la Ley Núm. 45 intentó remediar en 1998. Por todas estas razones, y a gran pesar mío, me veo en la obligación de emitir estas expresiones en disidencia.
P.R., 2007
Asociación de Maestros de Puerto Rico, por sí y en representación de sus Socios, y Educadores Puertorriqueños en Acción, por sí y en representación de sus Socios, apelantes, v.

Pueblo v. Flores Flores, 2011 TSPR 38

1 Pueblo v. Flores Flores 2011 TSPR 38, 181 DPR ____
SENTENCIA
NOTA: ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN DOCUMENTO OFICIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO QUE ESTÁ SUJETO A LOS CAMBIOS Y CORRECCIONES DEL PROCESO DE COMPILACIÓN Y PUBLICACIÓN OFICIAL DE LAS DECISIONES DEL TRIBUNAL. SU DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA SE HACE COMO UN SERVICIO PÚBLICO A LA COMUNIDAD.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico, peticionario v. José Miguel Flores Flores, recurrido.
Número: CC-2007-148 Resuelto: 23 de marzo de 2011
Tribunal de Apelaciones (Región Judicial de Caguas, Panel X) Juez Ponente, Hon. Carmen A. Pesante Martínez.
Luana R. Ramos Carrión, Zulema E. Martínez Álvarez, Oficina del Procurador General; José Luis Rivera Fernández, abogado de la parte recurrida.
Sentencia
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de marzo de 2011.
El 14 de mayo de 2006, el Ministerio Público presentó una denuncia contra José Miguel Flores Flores, en la cual le imputó la comisión del delito de maltrato tipificado en el artículo 3.1 de la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.1 La denuncia explica que ese día el señor Flores Flores cruzó su vehículo frente al automóvil de la señora Carmen Romero Pérez, le quitó las llaves, se montó en el auto y comenzó a discutir con ella y a golpearla. Cuando la señora Romero Pérez intentó salir del vehículo, el acusado la sujetó fuertemente por el brazo, la haló y agarró por el pelo y le apretó fuertemente el cuello, causándole marcas.
El expediente indica que el acusado mantuvo con la víctima una relación afectiva que incluyó relaciones sexuales durante aproximadamente diez meses. Sin embargo, nunca cohabitaron y la señora Romero Pérez estaba casada con otro hombre.
2 Pueblo v. Flores Flores 2011 TSPR 38, 181 DPR ____
SENTENCIA
El mismo día en que se presentó la denuncia, se determinó causa probable para el arresto y se fijó fianza. Poco tiempo después, se celebró la vista preliminar, en la cual el Tribunal de Primera Instancia determinó causa para acusar por el delito imputado. El 12 de junio de 2006, se llevó a cabo el acto de lectura de acusación, luego de lo cual el señor Flores Flores solicitó la desestimación del caso al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal.1 Adujo que la determinación de causa probable no se hizo conforme a la ley y al derecho, y que se violó su derecho al debido proceso de ley. Más concretamente, expresó que hubo ausencia total de prueba que demostrara la comisión del delito imputado, porque su relación con la supuesta perjudicada era una de “novios” pero ella estaba casada con otro hombre. Según el acusado, este tipo de relación adúltera no está contemplada en la Ley 54 y, por ende, no se probaron los elementos del delito de maltrato tipificado en dicho estatuto. El 26 de junio de 2006, el señor Flores Flores presentó una moción para solicitar que el Ministerio Público descubriera la prueba en su contra, amparado en la Regla 95 de Procedimiento Criminal.2
El 7 de julio de 2006, el Gobierno se opuso a la desestimación de la acusación al entender que en la vista preliminar se había presentado prueba suficiente para sostener una determinación de causa probable para acusar por el delito imputado. Expuso que la relación sostenida por el acusado y la perjudicada está contemplada en la definición del concepto relación de pareja contenida en el artículo 1.3 de la Ley 54, la cual incluye a aquellas personas que sostienen o han sostenido una relación consensual íntima.3 Además, el Ministerio Público objetó las expresiones de la defensa en cuanto al estado civil de la perjudicada, argumentando que el derecho vigente nada dispone respecto al estado civil del acusado o la perjudicada en casos presentados al amparo de la Ley 54. Por último, el Ministerio Público contestó el descubrimiento de prueba de la defensa y solicitó el descubrimiento recíproco al amparo de la Regla 95A de Procedimiento Criminal.4
1 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 64(p).
2 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 95.
3 8 L.P.R.A. sec. 602.
4 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 95A.
3 Pueblo v. Flores Flores 2011 TSPR 38, 181 DPR ____
SENTENCIA
El tribunal celebró vista para determinar si procedía la desestimación de la acusación, tras lo cual decidió que no había ausencia total de prueba y ordenó que se continuaran los procedimientos.
Habiéndose denegado una petición de reconsideración, el acusado recurrió al Tribunal de Apelaciones mediante petición de certiorari. En ésta, reprodujo los argumentos planteados en su petición de desestimación y solicitó que se paralizaran los procedimientos, en auxilio de jurisdicción. Así lo hizo el Tribunal de Apelaciones y le ordenó al Procurador General mostrar causa por la cual no debía revocar la resolución recurrida y desestimar la acusación.
El 13 de octubre de 2006, el Procurador General se opuso a la expedición del recurso. Planteó que entre el acusado y la perjudicada hubo una relación consensual íntima, independientemente de que ésta estuviese casada con otra persona, y que una relación de este tipo estaba incluida en el concepto de relación de pareja que sirve de base para la aplicación de la Ley 54. Por ende, indicó, el acto de violencia que se le imputaba al acusado tenía que juzgarse según la ley especial y no dentro de la estructura penal tradicional.
El foro intermedio apelativo expidió el recurso y revocó la determinación del tribunal de instancia. Concluyó que, aunque el estatuto contiene un lenguaje amplio para proteger una serie de relaciones que trascienden el vínculo conyugal, la relación adúltera que hubo entre la alegada víctima y el acusado no está comprendida en el concepto de relación consensual de la Ley.5
Inconforme, el Procurador General recurrió ante este Tribunal. En su recurso de certiorari, señaló que el foro intermedio erró al resolver que la Ley 54 no aplica a los actos de maltrato que se suscitan en el seno de una pareja consensual si uno de sus miembros está casado con otra persona. Expedimos el auto y ambas partes presentaron sus alegatos.
5 Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 5 de diciembre de 2006, caso KLCE 06 1118 (Panel integrado por las juezas Pesante Martínez y Hernández Torres y el juez Escribano Medina).
4 Pueblo v. Flores Flores 2011 TSPR 38, 181 DPR ____
SENTENCIA
Por estar igualmente dividido el Tribunal, se dicta Sentencia confirmatoria de la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones en este caso.
Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal. El Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo emitió una Opinión de conformidad, a la cual se unen el Juez Asociado señor Martínez Torres y la Jueza Asociada señora Pabón Charneco. La Jueza Asociada señora Fiol Matta emitió una Opinión disidente, a la cual se unen el Juez Presidente señor Hernández Denton y la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez. El Juez Asociado señor Rivera García emitió un Voto de inhibición.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
5 Pueblo v. Flores Flores 2011 TSPR 38, 181 DPR ____
OPINIÓN DE CONFORMIDAD
Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo a la cual se unen el Juez Asociado señor Martínez Torres y la Jueza Asociada señora Pabón Charneco
San Juan, Puerto Rico a, 23 de marzo de 2011.
Estoy conforme con la Sentencia emitida en el día de hoy, en tanto confirma el dictamen del Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de Caguas. Este dictamen sostuvo que el Art. 3.1 de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54) no es de aplicación a un incidente de violencia dentro de una relación adulterina.
Al expresar mi conformidad pesa en mi ánimo no sólo el estar convencido que la sentencia del Tribunal de Apelaciones se ajusta a los principios del Derecho Penal puertorriqueño, sino, además, que la mujer víctima de esta alegada agresión no quedará desprovista de protección. Como detallamos más adelante, la víctima cuenta con remedios análogos para proteger su vida e integridad, y hacerle finalmente justicia. Como señalamos en Pueblo v. Ruiz, infra:
La persona agredida no queda desprovista de protección aunque no aplique la Ley Num. 54, supra, no solamente por que la conducta imputada puede constituir un delito bajo el Código Penal, sino porque también podrían aplicar los Arts. 4 y 5 de la Ley Num. 284 de 21 de agosto de 1999 (33 L.P.R.A. secs. 4014 y 4015),[Ley contra el Acecho en Puerto Rico] que establecen un mecanismo de órdenes protectoras contra toda persona que intencionalmente manifieste un patrón de conducta persistente de acecho dirigido a intimidar a otra persona.
Repasemos brevemente los hechos que originan la controversia.
I
Contra el Sr. José Miguel Flores Flores (en adelante acusado) se presentó una denuncia por infracción al Art. 3.1 de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica
6 Pueblo v. Flores Flores 2011 TSPR 38, 181 DPR ____
OPINIÓN DE CONFORMIDAD
(Ley 54). A éste se le imputó haber empleado maltrato físico contra la Sra. Carmen M. Romero Pérez (perjudicada), persona con la cual, alegadamente, cohabitaba y sostenía una relación consensual.
Así, se celebró una oportuna vista preliminar en la que se determinó causa probable para acusar, por lo que se presentó la acusación correspondiente. Posteriormente, el acusado presentó una moción al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal en la que alegó la ausencia total de prueba respecto al delito que se le imputó debido a que la relación que sostenía o sostuvo con la perjudicada no estaba contemplada por la Ley 54. Ello, porque los actos imputados se produjeron dentro de una relación adulterina. El Ministerio Público se opuso a lo solicitado y sostuvo que la relación entre el acusado y la perjudicada era la de una pareja y en la que incluso se sostuvieron relaciones sexuales. Además, alegó que el Derecho vigente no exigía algún requisito en cuanto al estado civil del acusado o de la perjudicada para la aplicación del artículo en cuestión.
Tras realizar el examen de rigor, el Tribunal de Primera Instancia determinó que no existía tal ausencia total de prueba, por lo cual, declaró no ha lugar la moción de desestimación. Luego de la denegatoria de las solicitudes de reconsideración, el acusado acudió al Tribunal de Apelaciones, el cual revocó. El foro apelativo intermedio sostuvo, conforme al historial legislativo de la Ley 54 y al principio de legalidad, que en el presente caso no se configuraron todos los elementos del delito imputado. En vista de ello, el Tribunal de Apelaciones desestimó la acusación. De esta decisión recurre el Procurador General.
Veamos la normativa aplicable a la controversia que hoy atendemos.
II
A
De entrada, debemos estar conscientes que la Ley 54 es un estatuto con disposiciones de carácter penal. Por consiguiente, al ejercer nuestra función de interpretar dicho estatuto, no debemos perder de perspectiva los principios generales del Derecho Penal que limitan tal función. Entre estos se encuentra el principio de legalidad.
7 Pueblo v. Flores Flores 2011 TSPR 38, 181 DPR ____
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El principio de legalidad es una exigencia de seguridad jurídica que requiere el conocimiento previo de los delitos y sus penas, además es una garantía política que protege al ciudadano de verse sometido por parte del Estado a penas que no admita el Pueblo.6 El propósito principal de este principio es limitar las aplicaciones arbitrarias y caprichosas de los estatutos penales.7 Asimismo, el principio de legalidad salvaguarda la separación de poderes al reconocerle sólo a la Asamblea Legislativa la legitimidad para criminalizar una conducta.8 De igual forma, se entiende que este principio fomenta la prevención general y fundamenta el principio de culpabilidad.9 Lo anterior se sustenta en que no puede hablarse de culpabilidad ni de motivar a una persona a actuar conforme a Derecho si la conducta no estaba prohibida al momento de los hechos.10
En Puerto Rico, el principio de legalidad está recogido específicamente en el Art. 2 del Código Penal, el cual dispone que:
No se instará acción penal contra persona alguna por un hecho que no esté expresamente definido como delito, ni se impondrán penas o medidas de seguridad que la ley no hubiere previamente establecido.11
De esta forma, se prohíbe instar una acción penal por un hecho que no está expresamente definido como delito, así como imponer penas o medidas de seguridad que no estén establecidas por la ley con anterioridad a los hechos. Con ello, se pretende que la Asamblea Legislativa sea la que defina lo que constituye una conducta delictiva y sus respectivas penas.12 Así, se elimina la posibilidad de crear delitos a través de la jurisprudencia o el Derecho consuetudinario.13 Es principio reiterado que los tribunales no tienen la autoridad “para considerar como constitutivos de delito hechos distintos a los consignados en la ley,
6 S. Mir Puig, Derecho Penal: Parte General, 8va ed., Barcelona, Ed. Reppertor, 2008, pág. 106.
7 L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, San Juan, Ed. Publicaciones JTS, 2007, pág. 43.
8 Íd.
9 Íd.
10 Íd.
11 33 L.P.R.A. sec. 4630.
12 Chiesa Aponte, op. cit., pág. 44.
13 Íd.
8 Pueblo v. Flores Flores 2011 TSPR 38, 181 DPR ____
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ni imponer sanciones no previstas en la misma”.14 (Énfasis suprimido).
Por su parte, se ha establecido claramente que, conforme al principio de legalidad, lo importante es que una persona común y corriente, que carezca de conocimientos legales, pueda comprender razonablemente lo que se prohíbe.15 “No se satisface el fundamental principio de legalidad, si para conocer lo que está vedado es necesario un esfuerzo hermenéutico propio de juristas”.16
Cónsono con lo anterior, el Art. 3 del Código Penal establece la prohibición de crear delitos o imponer penas o medidas de seguridad por analogía.17 Conforme a esta prohibición, “el juez está impedido de penalizar por un hecho no tipificado como delito por su semejanza con uno tipificado como tal; o admitir un agravante o una gradación específica no enumerada, basándose en sus semejanzas con una enumerada; o imponer una pena no contemplada por la ley por su analogía con una prevista en la ley”.18 En este contexto, al analizar la prohibición de analogía, en Pueblo v. Bonilla, 148 D.P.R. 486, 503 (1999), expresamos que:
La analogía conlleva aplicar la ley a unos hechos o situaciones no considerados en determinada ley, porque son semejantes o parecidos a los allí dispuestos. Al aplicar la analogía, el juez suple la voluntad del legislador, la cual no existe para los hechos que tiene ante sí, basado en su semejanza a los hechos sí tipificados.
Como toda ley, las leyes penales están sujetas a interpretación. Sin embargo, la diferencia entre la interpretación (permitida si es razonable) y la analogía (prohibida en lo que perjudica al acusado) estriba en lo siguiente: la interpretación busca un sentido en el texto de la ley que se enmarque en su “sentido literal posible” y la analogía supone la aplicación de la ley
14 Pueblo v. Figueroa Garriga, 140 D.P.R. 225, 231 (1996).
15 Pueblo v. Martínez Yanzanis, 142 D.P.R. 871, 877 (1997).
16 Íd.
17 33 L.P.R.A. sec. 4631.
18 D. Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General, 6ta ed., San Juan, Ed. Instituto para el Desarrollo del Derecho, 2010, pág. 76.
9 Pueblo v. Flores Flores 2011 TSPR 38, 181 DPR ____
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penal a un supuesto que no está comprendido en ninguno de los sentidos posibles de su letra, pero análogo a otros en el texto legal.19
Ahora bien, uno de los fundamentos principales de la hermenéutica legal es que siempre “debe describirse y hacerse cumplir la verdadera intención y deseo del poder legislativo”.20 Incluso, en ocasiones debemos suplir las posibles deficiencias presentes en las leyes, a través de una interpretación en la que analicemos la ley como un ente armónico y lógico.21 Sin embargo, en el campo penal el proceso de hermenéutica legal es limitado. La interpretación de los estatutos penales debe ser restrictiva en lo que desfavorece al acusado y liberal en lo que le favorece.22
Por ello, cuando existen dudas en torno al alcance o sentido de una disposición penal, los tribunales debemos aclarar dicho sentido o alcance. Lo anterior no significa que podemos darle a una ley un significado más limitado al que usualmente tiene dentro de la realidad social.23 No obstante, tampoco significa que debemos ignorar la clara intención legislativa.24 “[N]inguna regla de interpretación –ni siquiera la de interpretación restrictiva de los estatutos penales- debe derrotar el propósito que la legislación persigue”.25 Así, la interpretación restrictiva aplicable a los estatutos penales se hará sin menoscabo de la intención legislativa conocida o evidente.26
En ese ejercicio de interpretación, y cónsono con lo antes expuesto, cabe señalar lo que dispone el Art. 13 del Código Penal sobre esta materia:
Las palabras y frases se interpretarán según el contexto y el significado sancionado por el uso común y corriente. …Si el lenguaje empleado es susceptible de dos o más interpretaciones, debe ser interpretado para adelantar los propósitos de este
19 Mir Puig, op. cit., pág. 115.
20 Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 D.P.R. 530, 549 (1999).
21 Sucn. Álvarez v. Srio. Justicia, 150 D.P.R. 252 (2000).
22 Pueblo v. Barreto Rohena, 149 D.P.R. 718, 722 (1999).
23 Pueblo v. Figueroa Pomales, 172 D.P.R. 403, 417 (2007)
24 Íd.; Pueblo v. Sierra Rodríguez, 137 D.P.R. 903 (1995); Pueblo v. Arandes de Celis, 120 D.P.R. 530 (1988); Pacheco v. Vargas, 120 D.P.R. 404 (1988).
25 Pueblo v. Figueroa Pomales, supra.
26 Íd.; Pueblo v. De León Martínez, 132 D.P.R. 746, 750-751 (1993).
10 Pueblo v. Flores Flores 2011 TSPR 38, 181 DPR ____
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Código y del artículo particular objeto de interpretación.
Claramente, el precepto anterior requiere que las disposiciones del Código Penal se interpreten conforme a la voluntad del legislador. De igual forma, al examinar los estatutos penales en el ejercicio de nuestra función de interpretar las leyes, debemos considerar la realidad social de donde surgen y operan.27 Sin embargo, tal y como expresa el profesor L.E. Chiesa Aponte, “cuando de interpretar textos jurídicos se trata, los límites no están principalmente dictados por el sentido ordinario del lenguaje, sino por la comunidad interpretativa a la cual pertenece el juzgador”.28 Por consiguiente, “las interpretaciones de las leyes penales son válidas siempre y cuando sean previsibles a la luz de la normativa vigente previo a realizarse la interpretación”.29
B
La violencia doméstica es uno de los problemas más graves y complicados que enfrenta nuestra sociedad. Aunque generalmente se le utiliza en referencia a la violencia contra la mujer, este concepto es más amplio. Se entiende que la violencia doméstica incluye los actos de violencia intrafamiliar, siendo los niños y las mujeres los más afectados.30 Por lo que en términos generales, el concepto se refiere a la “violencia entre personas que participan del mismo núcleo familiar y, en la mayor parte de los casos, comparten una misma unidad de vivienda”.31
En Puerto Rico, luego de largas luchas y múltiples esfuerzos, la Asamblea Legislativa aprobó la ley que busca prevenir e intervenir con la violencia doméstica. Por consiguiente, la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, conocida como Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54) es el estatuto que refleja la política pública del Gobierno en torno
27 Pueblo v. Figueroa Pomales, supra, págs. 416-417 (2007); Pueblo v. Sierra Rodríguez, supra; Pueblo v. Arandes de Celis, supra; Pacheco v. Vargas, supra.
28 Chiesa Aponte, op. cit., pág. 47.
29 Íd.
30 E.B. Marín de Espinosa Ceballos, La Violencia Doméstica, Análisis Sociológico, Dogmático y de Derecho Comparado, Granada, Ed. Comares, 2001, págs. 1-3.
31 R.E. Ortega-Vélez, Sobre… Violencia Doméstica, 2da ed., San Juan, Ed. Scisco, 2005, pág. 1.
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a este grave problema. En esencia, la Ley 54 estableció un sistema más ágil y sencillo para la protección de las víctimas a través de la expedición de órdenes de protección. También incorporó elementos de auto-ayuda que procuran estimular a las víctimas de violencia doméstica a solicitar remedios legales provisionales e inmediatos por sí mismas. Además, la Ley tipifica el delito de maltrato en diversas modalidades y sus respectivas penalidades, las cuales son mayores en caso de reincidencia y ante circunstancias agravantes. Asimismo, establece medidas para la intervención de la policía, como el arresto mandatorio, la responsabilidad de proveer asistencia a la víctima y de recopilar información sobre la violencia doméstica. Todas estas medidas tienen el propósito de “atender las áreas fundamentales que requieren solución inmediata para ejecutar la política pública de combatir la criminalidad y brindar alternativas de esperanza a la familia puertorriqueña”.32
No obstante, en el contexto particular de la Ley 54 la violencia doméstica es definida como:
…un patrón de conducta constante de empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución contra una persona por parte de su cónyuge, ex cónyuge, una persona con quien cohabita o haya cohabitado, con quien sostiene o haya sostenido una relación consensual o una persona con quien se haya procreado una hija o un hijo, para causarle daño físico a su persona, sus bienes o a la persona de otro o para causarle grave daño emocional.33
Es decir, contrario al concepto amplio de la violencia doméstica, nuestra legislación se limitó a la violencia en el ámbito conyugal o entre parejas o ex parejas. En consecuencia, para poder comprender con claridad los alcances de esta ley en las diversas relaciones de pareja que abarca, es necesario referirnos no sólo a sus disposiciones, sino también a la intención legislativa. Por tal razón, para resolver la controversia ante esta Curia es necesario
32 Exposición de Motivos, Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989.
33 8 L.P.R.A. sec. 602.
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interpretar la Ley 54 y por ende, es preciso comprender la política pública que le subyace.
Precisamente, el Art. 1.2 de la Ley expone esa política pública, de la forma siguiente:
El Gobierno de Puerto Rico reconoce que la violencia doméstica es uno de los problemas más graves y complejos que confronta nuestra sociedad. En el desarrollo de la política sobre este asunto, debemos dar énfasis a atender las dificultades que las situaciones de violencia doméstica presentan, particularmente a mujeres y menores, para preservar su integridad física y emocional, procurar su seguridad y salvar sus vidas.
La violencia doméstica es una de las manifestaciones más críticas de los efectos de la inequidad en las relaciones entre hombres y mujeres. Las ideas, actitudes y conductas discriminatorias también permean las instituciones sociales llamadas a resolver y a prevenir el problema de la violencia doméstica y sus consecuencias. Los esfuerzos de estas instituciones hacia la identificación, comprensión y atención del mismo han sido limitados y en ocasiones inadecuados.
El Gobierno de Puerto Rico se reafirma en su compromiso constitucional de proteger la vida, la seguridad y la dignidad de hombres y mujeres. Además, reconoce que la violencia doméstica atenta contra la integridad misma de la familia y de sus miembros y constituye una seria amenaza a la estabilidad y a la preservación de la convivencia civilizada de nuestro pueblo.
Como política pública, el Gobierno de Puerto Rico repudia enérgicamente la violencia doméstica por ser contraria a los valores de paz, dignidad y respeto que este pueblo quiere mantener para los individuos, las familias y la comunidad en general. A través de esta política pública se propicia el desarrollo, establecimiento y fortalecimiento de
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remedios eficaces para ofrecer protección y ayuda a las víctimas, alternativas para la rehabilitación de los ofensores y estrategias para la prevención de la violencia doméstica.
Claramente, la política pública expuesta presta especial atención a la violencia contra las mujeres, ya que éstas son las que más han sufrido los embates de la desigualdad social, las relaciones de poder y el resquebrajo de un hogar seguro. Sin embargo, aunque la violencia doméstica afecta principalmente a las mujeres, la legislación fue finalmente aprobada con un lenguaje neutral. Es decir, la política pública del Estado está dirigida a preservar la integridad física y emocional de la mujer y el hombre en sus relaciones de pareja.34 Así, al examinar la política pública expuesta en la Ley 54 es evidente que ésta se fundamenta en el sentido máximo de proteger la vida, la seguridad y la dignidad de los hombres y las mujeres.
Ahora bien, esa política pública también resalta la importancia que tiene el núcleo familiar en la legislación contra la violencia doméstica. En ésta se reconoció que dicha violencia “atenta contra la integridad misma de la familia”.35 Además, se reconoció expresamente que como política pública, “el Gobierno de Puerto Rico repudia enérgicamente la violencia doméstica por ser contraria a los valores de paz, dignidad y respeto que este pueblo quiere mantener para los individuos, las familias y la comunidad en general”.36
El historial legislativo de la Ley 54 refleja que el interés principal del Estado fue la tipificación del delito de maltrato conyugal, aunque finalmente este estatuto terminó aprobándose con un lenguaje que protege varios tipos de relaciones.37 No obstante, de dicho historial surge el claro deseo legislativo de proteger la integridad misma de la familia y sus miembros. Por ejemplo, se señaló que la violencia doméstica constituye un serio problema para la familia puertorriqueña ya que “[s]e trata de
34 Véase, Pueblo v. Figueroa Santana, 154 D.P.R. 717, 723-724 (2001).
35 8 L.P.R.A. sec. 601.
36 Íd.
37 Véase, Informe Conjunto de las Comisiones de lo Jurídico, de Desarrollo Cultural y Seguridad Social y de Asuntos de la Mujer en torno al Sustitutivo a los Proyectos del Senado 90 y 470 de 25 de junio de 1989.
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violencia entre personas que participan del núcleo familiar y comparten la unidad de vivienda”.38 Lo anterior es cónsono con las expresiones vertidas por la entonces Directora Ejecutiva de la Comisión para los Asuntos de la Mujer, Oficina del Gobernador, en su informe ante las comisiones legislativas que estudiaron dicha legislación. En ese informe se expresó que:
Más allá de los efectos que el maltrato pueda tener directamente sobre la víctima, todos los estudios consultados indican que tiene efectos sumamente detrimentales sobre los niños y niñas y sobre la familia en general. Los niños y niñas que viven en hogares violentos aprenden la conducta violenta como aprenden cualquier otro tipo de comportamiento. Reciben el mensaje de que la violencia es un mecanismo normal para resolver conflictos y para tratar a las demás personas.39
Además, al citar con aprobación un informe del Procurador de Estados Unidos se señaló que “[l]a familia es la unidad fundamental sobre la que se construye la sociedad”.40 Así, pues, el legislador tomó como referencia no sólo la violencia intrafamiliar y el maltrato conyugal, sino los efectos y las consecuencias de dicha violencia en el seno familiar.41
Por tal razón, al aprobar la Ley 54, nuestra Asamblea Legislativa expresó diáfanamente que la violencia doméstica es un elemento dañino a nuestra sociedad, en especial a la institución familiar.42 Precisamente, en su Exposición de Motivos la Ley 54 dispone que “[l]a violencia doméstica es un comportamiento antisocial que constituye un serio problema para la familia puertorriqueña”. Ello, porque todos los componentes de ésta pueden ser víctimas de la violencia en el ámbito familiar. De manera que, aunque las mujeres usualmente son las víctimas
38 Íd., pág. 4.
39 Informe de la Comisión para los Asuntos de la Mujer ante las Comisiones de lo Jurídico, de Desarrollo Cultural y Seguridad Social y de la Mujer del Senado sobre el Proyecto del Senado 470, de 1 de junio de 1989, pág. 10.
40 Íd., págs. 10-11.
41 Véase, la discusión de la aprobación del proyecto en el Pleno del Senado, Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Senado), 26 de junio de 1989, pág.2271 et seq.
42 Pueblo v. Ruiz, 159 D.P.R. 194, 201 (2003).
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principales de dicha violencia, lo anterior no sólo afecta a la mujer o al hombre, según sea el caso, sino que afecta directamente a los hijos y consecuentemente a la institución familiar. A tales efectos, el legislador señaló que “[t]olerar la violencia doméstica hoy, contribuye a la desintegración de la familia, a fomentar la criminalidad y al debilitamiento de los valores de la convivencia humana”.43 Por tal razón, hemos reconocido que la política pública enunciada en la Ley 54 tiene como propósito cardinal el “fortalecer la institución familiar, que se visualiza como una política que surge y se ampara en la unión sentimental y legal entre un hombre y una mujer”.44
C
El Art. 3.1 de la Ley Núm. 54, tipifica el delito de maltrato de la manera siguiente:
Toda persona que empleare fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución en la persona de su cónyuge, ex cónyuge, o la persona con quien cohabita o haya cohabitado, o la persona con quien sostuviere o haya sostenido una relación consensual, o la persona con quien haya procreado un hijo o hija, para causarle daño físico a su persona, a los bienes apreciados por ésta, excepto aquellos que pertenecen privativamente al ofensor, o a la persona de otro o para causarle grave daño emocional…
Del citado artículo se desprende que éste es aplicable a las relaciones afectivas entre cónyuges, ex cónyuges, personas que cohabiten o hayan cohabitado, que sostengan o sostuvieren una relación consensual o entre personas con quien se haya procreado un hijo o una hija. En torno a las primeras dos relaciones, claramente ambas se sustentan en la figura del matrimonio. Esto es, la disposición le es aplicable a la relación entre esposa y esposo (los cónyuges) y a la que subsiste entre aquellos que estuvieron casados en algún momento (los ex cónyuges). Por su parte, el artículo también hace mención de la relación entre personas que
43 Exposición de Motivos, Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989.
44 Pueblo v. Ruiz, supra, pág. 202.
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cohabitan o hayan cohabitado. En ese sentido la Ley define “cohabitar” como “sostener una relación consensual similar a la de los cónyuges”.45 En otras palabras, como ya este Tribunal ha reconocido, lo anterior se refiere al concubinato.46
En cuanto a la expresión “relación consensual”, ésta no estuvo en los proyectos originales y la misma fue añadida al final del proceso. En el caso Pueblo v. Ruiz, 159 D.P.R. 194 (2003), tuvimos la oportunidad de interpretarla. En esa ocasión determinamos que dicha expresión no incluía a las parejas del mismo sexo, por lo que concluimos que la Ley 54 sólo aplica a relaciones de parejas heterosexuales. No obstante, al interpretar lo que es una relación consensual según la ley, sostuvimos que ésta incluye a aquellas parejas compuestas por un hombre y una mujer que aunque no necesariamente cohabitan, llevan una relación afectiva-consensual.47 Lo anterior fue ejemplificado con la exposición de la relación amorosa íntima que pudieran llevar unos novios que no conviven.48 Ello, porque tal interpretación es cónsona con “la política pública a favor de la familia, ya que en estas relaciones muchas veces se tienen hijos en común, además de que en algunas ocasiones suponen un eventual matrimonio”.49 Por tal razón, podemos decir que el legislador distinguió entre la relación consensual en la que la pareja convive, la que llamó cohabitar, y la mera relación consensual, en la que no es necesario que la pareja viva bajo el mismo techo.
Ahora bien, es evidente que el artículo aquí en cuestión protege una serie de relaciones que trascienden el vínculo matrimonial. No obstante, el hecho de que se trascienda el vínculo matrimonial no significa que el legislador quiso incluir y proteger las relaciones adulterinas. Resulta claro del historial legislativo que el propósito de la Ley 54 es atender el maltrato y la violencia en el contexto familiar, ya sea entre cónyuges o entre los que cohabitan, o entre aquellos que fueron cónyuges o mantienen una relación consensual. Incluso aplica a aquellos que sin cohabitar o mantener una relación consensual procrearon un hijo entre sí. Sin
45 Art. 1.3 inciso (d) de la Ley Núm. 54, 8 L.P.R.A. sec. 602.
46 Pueblo v. Ruiz, supra, pág. 206; Véase, Domínguez Maldonado v. E.L.A., 137 D.P.R. 954 (1995); Caraballo Ramírez v. Acosta, 104 D.P.R. 474 (1975).
47 Pueblo v. Ruiz, supra, pág. 208
48 Íd.
49 Íd.
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embargo, nótese que la propia ley atiende asuntos de custodia de menores, alimentos para menores, domicilio de la pareja y las pertenencias personales, por lo que expresamente el legislador mantuvo siempre una clara tendencia a la protección del contexto familiar.
Por su parte, el Art. 130 del Código Penal de Puerto Rico dispone que cuando una persona casada tiene relaciones sexuales con una persona que no sea su cónyuge incurrirá en el delito de adulterio.50 Además, si ese delito “se comete por una mujer casada y un hombre soltero, o un hombre casado y una mujer soltera, el hombre soltero o la mujer soltera incurrirá en el delito de adulterio”.51 Este delito es análogo al Art. 129 del derogado Código Penal de 1974. Respecto a esto, la Doctora Nevares Muñiz señala que, “el legislador decidió mantener el delito en el Código Penal en protección a la unidad familiar y en su redacción incluyó los elementos que existían desde el Código de 1902 derogado”.52 Por consiguiente, es evidente que por décadas las relaciones adulterinas han sido ilegales en nuestra jurisdicción. Así lo dispuso nuestra Asamblea Legislativa.
La Ley 54 sólo hace mención del adulterio en las disposiciones sobre el desvío del procedimiento. Específicamente, el Art. 3.6 señala “que en el caso del delito de agresión sexual conyugal, el desvío del procedimiento sólo estará disponible para los casos en que el acusado sea el cónyuge o cohabite con la víctima al momento de la agresión sexual, siempre y cuando dicha cohabitación no sea adúltera…”.53 De esta forma, el legislador sólo mencionó las relaciones adulterinas para expresar claramente la inaplicabilidad de un beneficio de desvío. En ninguna otra parte del texto legal existe otra mención a las relaciones adulterinas.
III
En el presente caso, se alegó que el Sr. José Miguel Flores Flores golpeó a la Sra. Carmen M. Romero Pérez y por tal actuación se le imputó haber infringido el Art. 3.1 de la Ley 54.
50 33 L.P.R.A. sec. 4758.
51 Íd.
52 D. Nevares Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Ed. Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2005, pág. 168.
53 8 L.P.R.A. sec. 636.
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Ello, porque alegadamente éstos cohabitaban y sostenían una relación consensual. No obstante, surge del expediente que la señora Romero Pérez declaró en la Vista Preliminar que la relación que ellos llevaban era una como de “novios” y en la que llegaron a sostener relaciones sexuales. Además, que simultáneamente a dicha relación afectiva, ésta se encontraba legalmente casada con otro hombre.
Ahora bien, no surge del expediente que el señor Flores Flores conviviera con la perjudicada, por lo que no se puede sostener que éstos cohabitaban. Lo anterior, no fue negado por ninguno de éstos. El señor Flores Flores y la perjudicada sostenían conscientemente una relación adulterina. Así, pues, nos corresponde determinar si la relación entre ambos constituyó una relación consensual para fines de la legislación en cuestión y si ésta, a su vez, es aplicable a una relación adulterina.
Al examinar el historial legislativo de la Ley 54 resulta evidente que ese estatuto está dirigido a la intervención y prevención de la violencia en las relaciones de pareja en el contexto familiar. Surge con claridad el deseo legislativo de proteger la integridad misma de la familia y sus miembros. El Art. 3.1 de la Ley 54 dispone su aplicación a las relaciones de pareja en el contexto familiar: cónyuges, ex cónyuge y aquellos que cohabitan. Además, tal es el fundamento familiar que incluso aplica a aquellos que, aunque no les apliquen ninguna de estas categorías ni mantengan una relación consensual, hayan procreado un hijo en común. Ello es así, ya que existiría un derecho de relaciones paterno y materno filiales de ese hijo que los vinculará por el resto de sus vidas. Cabe señalar, y atendiendo la inquietud de la opinión disidente de la compañera Jueza Asociada señora Fiol Matta, que ante la clara intención legislativa en pro de la institución familiar y el bienestar de sus miembros, en el caso de que se procree un hijo en el seno de una relación adulterina, sí la ley le sería aplicable. La protección no adviene por la relación estar enmarcada en una de índole consensual o de cohabitación, sino, por el hecho de que hayan procreado un hijo. Ello, es cónsono con el interés del Estado de proteger a los hijos de la violencia entre sus padres. Lo anterior, es claramente sustentable al examinar la intención legislativa de la Ley 54. Además, cónsono con el referido contexto expresamos que en el caso de la relación
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consensual ésta puede entenderse por la de los novios que sin convivir pueden llegar a mantener una relación afectiva.54
Sin embargo, de los diferentes tipos de pareja a los que el Art. 3.1 hace mención, no encontramos un mandato expreso del legislador que incluya las relaciones adulterinas. Ello es importante porque no debemos perder de perspectiva que estamos ante un estatuto con disposiciones penales, por lo que tenemos que abordarlo restrictivamente conforme al principio de legalidad. Contrario a la postura del Procurador General, no podemos interpretar el referido artículo de forma expansiva y hacer de la definición de pareja una enumeración numerus apertus.
Entre los principios esenciales del Derecho Penal está el que nos impide crear delitos por analogías y por ende, no podemos crear elementos de un delito que no han sido considerados por el legislador. En nuestro sistema de gobierno, la Legislatura, como representante del pueblo, es la única que está legitimada para criminalizar una conducta. Aunque es correcto que la Ley 54 está enfocada en la víctima, ello no puede utilizarse como subterfugio para crear los elementos de un delito por analogía y violar el debido proceso de ley.
En Puerto Rico las relaciones adulterinas son claramente penalizadas en el Código Penal. Mas aún, es evidente que la Asamblea Legislativa ha identificado el adulterio como un mal social y destructor de nuestra familia al punto que lo ha mantenido como delito reiteradamente por ya más de un siglo. Por ende, y ante tal realidad, para poder establecer que esa misma Asamblea Legislativa que ha insistido en combatir este mal social, ahora lo pasa por alto en los casos de violencia doméstica, es necesario que surja claramente del texto de la ley. No obstante, esto no es así. Ni de su faz, ni de su historial, surge lo sostenido por el Procurador General. Por consiguiente, sin un claro mandato legislativo, no podemos expandir la definición de “relación consensual” para abarcar relaciones que son ilegales en nuestra jurisdicción.
Por otro lado, no podemos utilizar la única mención del adulterio en la ley, que trata sobre la negación de un beneficio al proceso de desvío, para llegar a la conclusión de que si el
54 Véase, Pueblo v. Ruiz, supra, pág. 208.
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legislador hubiese querido exceptuar las relaciones adúlteras de la aplicación de la Ley 54, hubiese hecho una expresión clara en la ley. Sostener esa conclusión implicaría ignorar los principios de hermenéutica legal penal, los cuales prohíben tipificar conductas como delitos a base del silencio del legislador o por analogías.55 La interpretación de los estatutos penales debe ser restrictiva en lo que desfavorece al acusado y liberal en lo que lo favorece. Por más loable que pueda ser la posición en pro de la víctima, en circunstancias como las de este caso, ese enfoque es ajeno a la normativa vigente en nuestra jurisdicción, máxime cuando el legislador ha provisto un mecanismo a través del Código Penal para hacerle justicia a esa víctima. Es un principio elemental que en el campo penal toda conducta tipificada como delito, así como sus penas, tienen que estar expuesta con claridad en la ley. Por tal razón, entendemos que conforme al principio de legalidad si el legislador quería aplicar la Ley 54 a las relaciones adulterinas tenía que hacerlo expresamente.
Asimismo, si interpretamos liberalmente la definición de “relación consensual” y nos enfocamos sólo en la víctima, no sólo violaríamos el principio de legalidad sino que infringiríamos la política pública enunciada en la Ley 54. Dicha política pública tiene como propósito cardinal el fortalecimiento de la institución familiar, la cual se visualiza como una política que surge y se ampara en la unión sentimental y legal entre un hombre y una mujer.56
Por tal razón, al examinar el historial legislativo, así como el Derecho, entiendo que la relación consensual adulterina no está protegida por la Ley 54. No existen bases suficientes en el historial para incluir en la definición de “relación consensual” la relación afectiva entre un hombre y una mujer en la que cualquiera de ellos esté legalmente casado. La relación antedicha claramente sería una relación adulterina, por ende, ilegal. Cabe señalar, que del expediente surge que éste era el tipo de relación que conscientemente, el peticionario y la perjudicada, sostenían. De esta forma, como el Art. 3.1 de la Ley 54 no abarca ese tipo de relación tenemos que concluir que ésta no está protegida por esa disposición legal. Por lo tanto, procesar al acusado bajo un
55 Véanse, Arts. 2 y 3 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. secs. 4630-4631.
56 Pueblo v. Ruiz, supra, pág. 201.
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estatuto que no le es aplicable claramente violaría el principio de legalidad.
Ahora bien, lo anterior no significa que la perjudicada queda desprovista de remedios en ley. Por ejemplo, la Ley Núm. 284 de 21 de agosto de 1999, conocida como Ley contra el Acecho en Puerto Rico, según enmendada,57 cuenta con varios mecanismos de protección que pueden utilizarse en estos casos.58 El Art. 2 de este estatuto señala que el Gobierno se reafirma en su política pública de luchar contra cualquier tipo de manifestación de violencia que atente contra los valores de paz, seguridad, dignidad y respeto. Esta ley aplica categóricamente a personas que hayan tenido una relación de cortejo. Al amparo de la misma, un tribunal podrá expedir una Orden de Protección a una persona que haya sido víctima de acecho.
De igual forma, el Ministerio Público cuenta con varias disposiciones del Código Penal con las cuales pudiera reiniciar el proceso penal. Nuestra postura simplemente se sustenta en que conforme a los hechos y el Derecho que circunscriben el caso de autos, el Art. 3.1 de la Ley 54 no es de aplicación.
Por último, contrario a lo implicado por la apreciada y distinguida compañera Jueza Asociada señora Fiol Matta al final de su Opinión Disidente, mi posición no obedece a “ideas, actitudes o conductas discriminatorias”. Mucho menos me hago “cómplice de la violencia de pareja que tantas vidas está destruyendo en Puerto Rico”. Hasta el día en que podamos erradicar el terrible mal de la violencia desmedida que sufre nuestro pueblo, los ciudadanos, sin importar su estatus civil, contarán con los remedios que provee la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica o, en su defecto, con los mecanismos también efectivos que proveen nuestro Código Penal y otras leyes especiales.
Por otro lado, mi criterio no obedece a ningún prejuicio pues la norma cardinal del Derecho Penal que constituye el principio de legalidad no conoce estatus civil alguno. Más bien asegura un proceso sustantivo justo al acusado, sin importar cuál sea su relación con la víctima. Por eso no puedo refrendar la posición de la compañera Jueza Asociada Fiol Matta pues, en su análisis, ésta va más allá de la mera interpretación de la ley
57 33 L.P.R.A. sec. 4013 et seq.
58 Véase, Pueblo v. Ruiz, supra, pág. 213, escolio 20.
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pretendiendo, mediante fiat judicial, ampliar el alcance del delito que se le imputa al peticionario Flores Flores. Avalar que se amplíe el alcance de un delito por fiat judicial sería nefasto y un precedente peligroso. No podemos arrogarnos el rol de la Asamblea Legislativa. Le compete a dicho Cuerpo formular el marco jurídico que establecerá la política pública y legislar al respecto.
La interpretación que hagamos de la Ley Núm. 54, supra, debe ser cónsona con la política pública enunciada por el Legislador y guiada por el espíritu que la originó. Como señalamos en Pizarro v. Nicot, 151 D.P.R. 944, 951 (2000):
Reiteradamente hemos resuelto que es principio cardinal de hermenéutica que „[a]l interpretar una disposición específica de una ley, los tribunales deben siempre considerar cuáles fueron los propósitos perseguidos por la Asamblea Legislativa al aprobarla y nuestra determinación debe atribuirle un sentido que asegure el resultado que originalmente se quiso obtener?… Nuestra obligación fundamental en estos casos, es imprimirle efectividad a la intención legislativa, propiciando de esta forma la realización del propósito que persigue la ley… Al interpretar y aplicar un estatuto hay que hacerlo teniendo presente el propósito social que lo inspiró…”. (Citas omitidas.)59
A toda ley se le dará la interpretación que mejor responda a los propósitos que persigue. Los tribunales deben interpretar la ley como un ente armónico, dándole sentido lógico a sus diferentes disposiciones, supliendo las posibles deficiencias cuando esto fuere necesario.60 Vía interpretación forzada no podemos jurídicamente ampliar el alcance de un estatuto ignorando el espíritu que lo
59)Véase además, Vázquez v. Administración de Reglamentos y Permisos, 128 D.P.R. 513 (1991); González Pérez v. E.L.A., 138 D.P.R. 399 (1995).
60 Pizarro v. Nicot, supra, González Pérez v. E.L.A., supra; Zambrana v. E.L.A., 129 D.P.R. 740 (1992); Gobernador de P.R. v. Alcalde de Coamo, 131 D.P.R. 614 (1992); Torres v. Castillo Alicea, 111 D.P.R. 792 (1981); Bernier y Cuevas Segarra, Aprobación e Interpretación de las Leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pub. J.T.S., Inc., 1987.
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motivó, sobre todo cuando se trata de un estatuto penal, y dicha interpretación militaría en contra del acusado. Como señalan los profesores Bernier y Cuevas Segarra:
En el desempeño normal de sus funciones, los tribunales están obligados a respetar la voluntad legislativa aunque los magistrados discrepen personalmente de la sabiduría de los actos legislativos. Interpretar una ley en forma que sea contraria a la intención del legislador implica la usurpación por la rama judicial de las prerrogativas de la rama legislativa. Por tanto, el intérprete debe abstenerse de sustituir el criterio legislativo por sus propios conceptos de lo justo, razonable y deseable.61
Por todo lo anterior, entiendo que el Tribunal de Apelaciones actuó correctamente al concluir que en la determinación de causa probable para acusar en la Vista Preliminar la prueba no sostenía la concurrencia de todos los elementos del delito imputado. Por tal razón, su actuación de declarar con lugar la moción al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal presentada por el peticionario y desestimar la acusación, fue acertada.
Erick V. Kolthoff Caraballo
Juez Asociado
61 Bernier y Cuevas Segarra, op. cit., pág. 299.
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OPINIÓN DISIDENTE
Opinión disidente emitida por la Jueza Asociada señora Fiol Matta a la cual se unen el Juez Presidente señor Hernández Denton y la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de marzo de 2011.
Los progresos sociales […] se realizan en función del progreso de las mujeres hacia la libertad, y las decadencias de orden social se realizan en función de la disminución de la libertad de las mujeres.62
Charles Fourier
La división de los miembros del Tribunal avala hoy una sentencia del foro apelativo que le niega la protección de la Ley 54 a una mujer por la sola razón de ser adúltera. Esa ratificación excluye a los agresores dentro de relaciones adulterinas del rigor de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, también conocida como la Ley 54.63 El efecto práctico de dicha exclusión es privilegiar a los agresores adúlteros y dar carta blanca al maltrato de pareja en esas situaciones, so color de proteger la institución familiar.
Poco pesa en el ánimo de quienes se niegan a aplicar la Ley a los hechos del presente caso el que otra mujer haya sido víctima de la violencia de pareja en nuestro país. La Ley 54, que tipifica el delito de maltrato entre parejas de diversos tipos,64 se aprobó para atender este mal.65 Resolver que sus disposiciones no aplican a un incidente de violencia que surge dentro de una relación consensual, únicamente porque uno de sus participantes está casado con otra persona, conlleva ignorar el claro propósito de la
62 C. Fourier, Teoría de los cuatro movimientos y de los destinos generales, Barcelona, Ed. Barral, 1974, pág. 167.
63 Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 8 L.P.R.A. secs. 601-664.
64 Art. 3.1, Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 8 L.P.R.A. sec. 631.
65 La violencia doméstica también se conoce como “violencia machista”. En algunos países, se ha denominado “terrorismo sexual”. Carole J. Sheffield, Sexual Terrorism en L. O?Toole and J. Schiffman, Gender Violence: Interdisciplinary Perspectives, 2da ed., New York, New York University Press, 1997, pág. 111.
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OPINIÓN DISIDENTE
Ley y vendarse los ojos ante la innegable realidad de que la violencia machista, no importa el tipo de relación en que ocurra, está cobrando decenas de vidas anualmente y afectando a miles de personas en nuestro país.
Decisiones como esa desechan el fin expreso de proteger la vida, la seguridad y la dignidad de las personas involucradas en relaciones de pareja que persiguió la adopción de ese estatuto. Limitar los remedios y mecanismos de protección para las víctimas de la violencia de pareja, injustificadamente y en obvia contravención con el verdadero espíritu de la Ley 54, es un error judicial que pagarán con más sufrimientos las propias perjudicadas. Como no puedo guardar silencio ante semejante desacierto, disiento.
I
El señor José Miguel Flores Flores y la señora Carmen Romero Pérez mantuvieron una relación de pareja, que incluyó relaciones sexuales sin cohabitación, por aproximadamente diez meses, estando ella casada con otro hombre. En mayo de 2006, Flores Flores y Romero Pérez tuvieron una discusión que concluyó con actos de agresión de él contra ella y su posterior denuncia. Los hechos violentos incluyeron interceptar el vehículo de la señora Romero Pérez, golpearla, halarle el pelo y apretarla por el cuello. El Ministerio Público le imputó al señor Flores Flores haber cometido el delito de maltrato tipificado en el artículo 3.1 de la Ley 54.
Tras la vista preliminar y la lectura de acusación, el señor Flores Flores solicitó que se desestimara el caso bajo el fundamento de que no se determinó causa probable con arreglo a la ley y al derecho, establecido en la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal.66 A su favor, el acusado argumentó que la Ley 54 no aplica a relaciones adúlteras, por lo que no estaban presentes los elementos del delito imputado. El Ministerio Público replicó que la Ley 54 no contiene disposición alguna sobre el estado civil de la perjudicada y que la relación que sostuvo el acusado con la víctima está contemplada en el concepto relación consensual que especifica en artículo 3.1. El Tribunal de Primera Instancia denegó la petición de desestimación. El Tribunal de Apelaciones revocó al de
66 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 64(p).
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instancia, por entender que las relaciones adulterinas quedan fuera del ámbito protector de la Ley 54.
Luego de examinar detenidamente el expediente y el derecho aplicable, revocaría la Sentencia del tribunal apelativo y reinstalaría la acusación para que el foro primario continúe con los procedimientos. Sin embargo, como la división de este Tribunal confirma la sentencia recurrida, no puedo menos que disentir.67
II
A. La Ley 54: su aprobación y objetivos
Diversos proyectos legislativos sometidos desde 1984 reconocían el problema social de la violencia de pareja,68 pero no fue hasta 1989 que se logró aprobar una ley especial para atenderlo. El 2 de febrero de 1989, la senadora Velda González presentó el Proyecto del Senado 90, para añadir el artículo 122-A al Código Penal de Puerto Rico y tipificar el delito de maltrato conyugal.69 Posteriormente, el Ejecutivo presentó el Proyecto del Senado 470 y el Proyecto de la Cámara 615. Tras la celebración de vistas públicas, foros y reuniones con profesionales de la salud mental, educación y derecho, se redactó un proyecto de ley sustitutivo que recogió las inquietudes de los diversos borradores y las recomendaciones de los expertos. Entonces, se aprobó la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica o Ley 54.
Como todo análisis de un estatuto que tipifica una conducta como delictiva, nuestro estudio de la Ley 54 nos requiere, en primer lugar, identificar cuál fue el interés único que la Asamblea Legislativa pretendió tutelar, al tipificar el delito de maltrato en la relación de pareja. Ello, pues “la indagación y concreción del bien jurídico protegido es cuestión previa en todo estudio jurídico de un tipo delictivo”.70 Concretamente, el bien
67 El Juez Asociado señor Rivera García, quien, como juez superior, dictó la resolución revocada por el Tribunal de Apelaciones, está inhibido.
68 Véase el Proyecto del Senado 1197 del cuatrienio de 1981-1984, que proponía añadir el artículo 95-A al Código Penal para tipificar el delito de maltrato conyugal, y los Proyectos del Senado 497 y 1140 del cuatrienio 1985-1988.
69 En 1989, la senadora Velda González también presentó el Proyecto del Senado 91, relacionado con el mismo asunto.
70 N. Castelló Nicás, Problemática sobre la concreción del bien jurídico protegido en A. García Vitoria y C. Aránguez Sánchez, Estudios penales sobre la violencia doméstica, Madrid, Edersa, 2006. Este concepto del “bien jurídico” se refiere al interés protegido
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jurídico ha de definirse “como el objeto inmediato de protección de la norma penal”.71 Sobre esto, el profesor Lascuraín Sánchez explica que
[l]a norma penal es una directriz coactiva de conducta que, por una parte, aísla conceptualmente un determinado tipo de comportamientos y, por otra, pretende su evitación o su realización a través de la amenaza de la pena y de los diversos efectos… que ésta despliega en sus destinatarios. El bien jurídico-penal indica sintéticamente la razón principal de la coacción, al expresar el objeto afectado por los comportamientos amenazados y cuya protección es el fin que ha motivado la puesta en marcha del mecanismo instrumental penal.72
Para determinar cuál es el bien jurídico protegido por la norma penal tenemos que examinar las conductas prohibidas “en relación con el enunciado legal principal, con el tipo inicial del injusto [y] con otras normas, de incriminación y permisivas, con las que aquel enunciado se relaciona”.73 Esto porque la norma penal representa el valor social que el legislador le brinda a la realidad agredida y su vulnerabilidad.74 Por consiguiente, examinemos en detalle la Ley 54, su historial legislativo y los estudios que se han realizado sobre la violencia de pareja.
Para empezar, el título de esta legislación es inexacto porque, como veremos, no se ajusta a su contenido. El término “violencia doméstica” cubre conductas no contempladas por la Ley 54. Ganzenmüller aclara que la violencia doméstica se entiende como
toda acción u omisión física, psíquica o sexual practicada sobre los miembros más débiles
por la norma penal y, por tal razón, es de gran importancia a lo largo de la historia moderna del Derecho Penal.
71 J.A. Lascuraín Sánchez, Bien Jurídico y objeto protegible, Anuario de derecho Penal y Ciencias Penales- Número LX, Enero de 2007, pág. 125-126. “El vocablo <<bien>> hace referencia al objeto de una valoración positiva y el adjetivo <<jurídico>> que le acompaña alude al sujeto y a la forma de dicho juicio”. Id., pág. 123.
72 Id., págs. 126-127.
73 Id., pág. 127.
74 Id. Una vez identificado el bien jurídico, éste, “en un viaje de vuelta, […] precisa los contornos de la norma” penal. Id., pág. 128.
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de una comunidad familiar, fundamentalmente las ejercidas sobre los menores, mujeres y ancianos, así como las derivadas de la ruptura de la convivencia o relación afectiva, que cause daño físico o psicológico o maltrato sin lesión.75
Sin embargo, la Ley 54 no se limita a prohibir el maltrato en el ámbito doméstico sino que criminaliza la violencia contra cualquier pareja o ex pareja.76 Es decir, puede que la víctima y el agresor compartan el espacio doméstico o puede que no; lo importante es que sostengan o hayan sostenido una relación íntima. Por otro lado, aunque la Ley 54 regula de forma secundaria asuntos relacionados a la violencia entre la pareja, como la custodia de los hijos e hijas de los actores del delito, no tipifica como delito el maltrato de menores o ancianos. Para proteger a estos miembros del espacio doméstico hay artículos específicos en el Código Penal.77
Por consiguiente, el propósito principal de la Ley 54 fue terminar con la violencia de pareja y proveer protección inmediata a las víctimas de este tipo de agresión, quienes eran, principalmente, mujeres.78 Según dispone el artículo 1.2 de la Ley 54, que establece la política pública del estatuto, se pretendía “dar énfasis a atender las dificultades que las situaciones de violencia doméstica presentan, particularmente a mujeres y menores, para
75 C. Ganzenmüller Roig y otros, La violencia doméstica: Regulación legal y análisis sociológico y multidisciplinar, Barcelona, Bosh, 1999, pág. 14-15.
76 Véase el artículo 1.3(m) de la Ley 54, 8 L.P.R.A. sec. 602(m). Le damos énfasis a que esta ley aplica a situaciones en las cuales ya no existe la relación afectiva íntima.
77 Véanse las secciones segunda y tercera del Código Penal de Puerto Rico de 2004, que regulan la protección debida a los menores y a las personas de edad avanzada, respectivamente. 33 L.P.R.A. secs. 4759-4767. Otras leyes que protegen a estas personas, consideradas débiles dentro de la relación social, son La Carta de Derechos de la Persona de Edad Avanzada, Ley Núm. 121 de 12 de julio de 1986, y la Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez, Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003.
78 Informe Conjunto de las Comisiones de lo Jurídico, de Desarrollo Cultural y de Asuntos de la Mujer, Diario de Sesiones, Procedimientos y Debates de la Asamblea Legislativa del lunes 26 de junio de 1989, Núm. 66 [en adelante, Informe Conjunto], pág. 2289-2290; E. Vicente, Beyond Law Reform: The Puerto Rican Experience in the Construction and Implementation of the Domestic Violence Act, 68 Rev. Jur. U.P.R. 553, 580-581 (1999). No cabe duda que las mujeres siguen siendo las principales víctimas de este problema social. Basta mirar la prensa diaria de nuestro país para concluir que éstas son las que mayormente padecen este mal.
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preservar su integridad física y emocional, procurar su seguridad y salvar sus vidas”.79 Es por esto que, en Pueblo v. Ruiz, explicamos que las ponencias ante las comisiones legislativas revelan que el enfoque principal de la legislación es la protección de las mujeres maltratadas en la relación de pareja.80
Más importante aun, el texto de la Ley establece el objetivo de lograr suprimir la justificación cultural de la violencia contra las mujeres que le atribuye a éstas ser causa de su victimización cuando alegadamente no se comportan según las expectativas de los varones. Esta justificación de la violencia de pareja se fundamenta en la convicción de que la mujer es propiedad del hombre, es decir, en una ideología tradicionalmente patriarcal.81 Nuestra sociedad, como tantas otras, respondía a esta mentalidad patriarcal hegemónica, que concibe la violencia de pareja como un problema que debe resolverse en el ámbito privado o doméstico.82
79 Art. 1.2 de la Ley 54, 8 L.P.R.A. sec. 601. Ciertamente, la Ley 54 tenía objetivos adicionales, como tipificar y prevenir la violencia en las relaciones de pareja y rehabilitar a los agresores. También se interesaba que las autoridades del orden público fueran responsables e intervinieran eficazmente en el arresto del agresor, la protección de la víctima y la recopilación de la información relativa a los incidentes de este tipo de violencia. Informe Conjunto, supra.
80 159 D.P.R. 194 (2003). A pesar de que el maltrato contra las mujeres era el principal problema que dominó el proceso legislativo de la Ley 54, el proyecto terminó aprobándose con un lenguaje neutral en cuanto al hombre y la mujer. Reconociendo esta realidad, en Pueblo v. Figueroa Santana, 154 D.P.R. 717, 724 (2001), indicamos que, aunque en su aplicación la Ley 54 generalmente protege a las mujeres víctimas de maltrato, se creó también para proteger a los hombres “que, en ocasiones, también son víctimas silentes de este triste drama”.
81 Ponencia de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT) en torno al Proyecto 470 del Senado y 615 de la Cámara de Representantes sobre Violencia Doméstica [en adelante, Ponencia OPMT], pág. 4. En ésta se hace énfasis en la importancia de que se tipifique el delito de maltrato para “ayudar a combatir la visión de que la agresión no es algo tan malo cuando se comete contra la mujer, dentro de la familia”. Véase M. Comas d?Argemir i Cendra, Poder Judicial y Violencia Doméstica, ¿Qué hemos logrado? ¿Qué debemos lograr? en I. Tena Franco, La Violencia Doméstica: Su enfoque en España y en el Derecho Comparado, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 2005, pág. 15-16. Véase, además, el Informe sobre el Discrimen por Razón de Género en los Tribunales de Puerto Rico, Puerto Rico, Tribunal Supremo, Comisión Judicial Especial para Investigar el Discrimen por Género en los Tribunales de Puerto Rico, agosto 1995 [en adelante, Informe sobre Discrimen en Tribunales], pág. 322.
82 Véase R. S. Bonilla, Ay! Ay! Amor: No me quieras tanto. El marco social de la violencia contra las mujeres en la vida conyugal, Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Centro Coordinador de Estudios, Recursos y Servicios a la Mujer (CERES), 1985; Comas d?Argemir i Cendra, supra, pág. 19; Ganzenmüller Roig, supra, pág. 15. Véase, además, Informe sobre Discrimen en Tribunales, supra,
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Así, por razones histórico culturales, no se concebía que golpear a una compañera íntima fuese un crimen o un delito.
Por esa razón, antes de la Ley 54, como regla general, las autoridades públicas no intervenían en este tipo de situación.83 La Ley 54 expresamente reconoce la importancia de transformar esta mentalidad. Sobre ello, el artículo 1.2 de la Ley 54 dispone lo siguiente:
La violencia doméstica es una de las manifestaciones más críticas de los efectos de la inequidad en las relaciones entre hombres y mujeres. Las ideas, actitudes y conductas discriminatorias también permean las instituciones llamadas a resolver y a prevenir el problema de la violencia y sus consecuencias. Los esfuerzos de estas instituciones hacia la identificación, comprensión y atención del mismo han sido limitados y en ocasiones inadecuados.84
Ante este panorama, la Ley 54 tuvo la encomienda de informar de forma contundente a la ciudadanía y a los oficiales del orden público que la violencia de pareja no sería tolerada. Además, aunque la Ley utilizó lenguaje neutral, advirtiendo que este tipo de violencia es igualmente delictiva cuando es perpetrada por la mujer, reconoció la realidad de que esos casos eran ínfimos.85 El mensaje no podía ser más claro: ya el hombre no podía agredir a “su” mujer sin que alguien interviniera.86 Con este mensaje, los
pág. 318. En Pueblo v. Ruiz Martínez, 159 D.P.R. 194, 204-205 (2003), indicamos que el objetivo de la Ley 54 es “consustancial con el propósito de liberar a [las mujeres] de las desventajas que supone su rol tradicional en el sistema social del patriarcado, el cual las relega a un rol secundario y pasivo dentro de la relación de pareja”.
83 Ponencia OPMT, supra. La OPMT explica que la legislación puede aliviar el problema de que las autoridades se nieguen a tramitar o desalienten las querellas de las mujeres contra la pareja que las maltrata. Véase, además, R. M. Silva Bonilla, Hay amores que matan: La violencia contra las mujeres en la vida conyugal, Río Piedras, Ediciones Huracán, 1990, pág. 63.
84 8 L.P.R.A. sec. 601.
85 Véanse el Memorial Explicativo del Proyecto de la Cámara 615 y el Proyecto del Senado 470 [en adelante, Memorial Explicativo], págs. 2-3; la Exposición de Motivos del Proyecto Sustitutivo al Proyecto del Senado 90 y al Proyecto del Senado 470, págs. 1-2, y la Ponencia de la Comisión para los Asuntos de la Mujer, Oficina del Gobernador, para el Proyecto del Senado 470, págs. 2-3.
86 Silva Bonilla, supra, pág. 61.
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legisladores intentaron eliminar actitudes, patrones de conducta y prácticas de dominación que promovían y condonaban la violencia de pareja.
A pesar de todo esto, la Opinión de Conformidad señala insistentemente que el propósito de la Ley es proteger la integridad familiar. Luego de citar en su totalidad la política pública de la Ley, establecida en su artículo 1.2, y de reconocer que “es evidente que ésta se fundamenta en el sentido máximo de proteger la vida, la seguridad y la dignidad de los hombre y las mujeres”,87 la Opinión indica que, como en esos párrafos también se habla de la importancia del núcleo familiar, se deben interpretar las disposiciones de la Ley 54 con el fin de fortalecer la familia como institución y amparar sólo a quienes constituyen uniones legales entre hombres y mujeres.88 Pero repetir en múltiples ocasiones esa pretensión y resaltar la mención de la palabra familia en la Ley y en nuestra jurisprudencia no transforma la política pública de la Ley 54 de una centrada en la eliminación de la violencia entre parejas a una enfocada en la unión familiar. Además, cabe preguntarse qué unión familiar o qué tipo de familia es la que la Opinión de Conformidad pretende proteger. ¿La que conforman una mujer y su agresor por el hecho de estar casados o poderse casar? ¿Realmente hay familia que proteger en una relación de violencia? ¿Y qué hay de un niño que nace o puede nacer de una relación extramarital; acaso no forma parte de una familia? Entonces, ¿por qué no merece protección la madre o futura madre de ese niño cuando su pareja dentro de la relación consensual adúltera la agrede?
Los ensayos de hermenéutica de la Opinión de Conformidad no pueden cambiar el propósito esencial de la Ley 54, expuesto diáfanamente como sigue:
El Gobierno de Puerto Rico se reafirma en su compromiso constitucional de proteger la vida, la seguridad y la dignidad de hombres y mujeres. Además, reconoce que la violencia doméstica atenta contra la integridad misma de la familia y de sus miembros y constituye una seria amenaza a la
87 Opinión de Conformidad, pág. 13. Más adelante en la Opinión, se vuelve a reconocer que “la Ley 54 está enfocada en la víctima”. Id., pág. 19.
88 Id., págs. 13-15.
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estabilidad y a la preservación de la convivencia civilizada de nuestro pueblo.
Como política pública, el Gobierno de Puerto Rico repudia enérgicamente la violencia doméstica por ser contraria a los valores de paz, dignidad y respeto que este pueblo quiere mantener para los individuos, las familias y la comunidad en general.89
Es claro que la protección de “la vida, la seguridad y la dignidad” de las personas que forman parte de la relación de pareja es el fin primordial de esta legislación. La preservación de la convivencia, no sólo de los miembros de cada familia sino de la sociedad en general y de todos los individuos que la componen, es una consecuencia lógica del control de la violencia de pareja; es un objetivo general e incidental al propósito principal y específico de la Ley 54. La Ley no propone mantener los valores de paz, dignidad y respeto sólo para ciertos tipos de parejas o para quienes encajan en determinado molde de familia; son principios que desea que imperen para el beneficio de todas las personas que conviven en nuestro país.90
B. La necesidad de una ley especial
Debemos recordar que las leyes penales especiales se crean cuando los estatutos penales tradicionales han demostrado no ser suficientes para garantizar la protección del bien jurídico que la sociedad interesa resguardar. El historial legislativo de la Ley 54 refleja que ésta fue necesaria porque las leyes existentes no proveían un remedio adecuado para atender las características particulares del maltrato entre pareja.91 Por eso, llama la atención
89 8 L.P.R.A. sec. 601.
90 La Opinión de Conformidad asevera que las reglas de interpretación, y específicamente la que ordena que los estatutos penales que desfavorecen a los acusados se interpreten restrictivamente, no pueden utilizarse para menoscabar la intención legislativa. Opinión de Conformidad, pág. 9, citando a Pueblo v. Figueroa Pomales, 172 D.P.R. 403 (2007). No obstante, ignora el propósito evidente de la Ley 54, invierte el orden de prioridades de la legislación y propone su propia interpretación a favor la integridad familiar, como alternativa al fin indudable de proteger a las víctimas de la violencia de pareja.
91 Informe Conjunto, supra, pág. 2290. Para ello, la Ley 54 combina remedios civiles y penales.
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que la Opinión de Conformidad despache el problema de la perjudicada con mencionar que ésta no queda desprovista de remedios, ya que puede utilizar la orden de protección contra el acecho y el Ministerio Fiscal cuenta con las disposiciones generales del Código Penal para reiniciar el proceso contra el agresor.92
La realidad es que la violencia o maltrato de pareja tiene unas cualidades especiales que la diferencian de otros tipos de agresión. Se requiere un trato jurídico especial precisamente porque, dadas la naturaleza de la relación de pareja y las necesidades que presenta la víctima, los estatutos generales no amparan al bien jurídico protegido por la Ley 54.93
Cuando hay maltrato entre pareja, por definición, la perjudicada está ligada íntimamente a su agresor y, por consiguiente, se presentan unas consecuencias emocionales y psicológicas particulares que no están presentes cuando hay una pelea entre desconocidos e, incluso, entre amigos.94 En la violencia entre pareja, la víctima está en una posición especialmente vulnerable.95 Sufre el riesgo de episodios recurrentes de violencia física, psicológica y sexual.96
Más aun, los incidentes de violencia tienden a escalar en frecuencia y severidad a través del tiempo.97 La víctima puede
92 Opinión de Conformidad, pág. 21.
93 Véase Memorial Explicativo, supra, pág. 6.
94 Véase a Castelló Nicás, supra, en que la profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Granada distingue la violencia entre sujetos que sostienen o sostuvieron una relación íntima y la violencia entre unos compañeros de residencia o de servicio militar.
95 Id.
96 Memorial Explicativo, supra, pág. 10. La Asamblea Legislativa reconoció la importancia de que las agencias encargadas provean protección a la víctima de violencia de pareja “que por su naturaleza está mucho más expuesta a sufrir represalias por parte del ofensor que la víctima de conducta delictiva proveniente de un extraño”.
97 La Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora lo describió de la siguiente manera en su ponencia durante el proceso de aprobación de la Ley 54: “Una mujer que sufre bofetadas y empujones hoy, mañana recibirá una paliza y más tarde una amenaza de muerte. Hoy sufre episodios de maltrato esporádicamente, mañana cada semana, finalmente diariamente o varias veces al día”. Ponencia OPMT, supra.
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temer a las amenazas de que, si delata la violencia, ésta pueda agravarse o costarle la vida a ella o a un ser querido.98
De otra parte, cuando se acaba la relación de intimidad, también es frecuente la violencia, el acoso y la humillación, porque el agresor no acepta el fin del compromiso o está inconforme con otros efectos de la separación.99 El ofensor se ve amenazado en su poder de dominación y, por ello, arremete contra quien ve como rebelde y desafiante.
Hay que añadir a este escenario el silencio de la víctima, que en múltiples ocasiones tarda en informar los actos de violencia, así como la indiferencia de las personas externas a la relación, quienes no los notifican a las autoridades porque no quieren involucrarse en problemas “entre marido y mujer” o porque piensan que ese tipo de violencia es “normal”.100
El silencio de la perjudicada y la tardanza en denunciar a su agresor se debe, muchas veces, a que entre ellos existe una relación sentimental de afecto.101 En el caso de las mujeres que se ven involucradas en relaciones adulterinas, la vulnerabilidad es aun mayor, porque su silencio no responde solamente al cariño que pueda tenerle a su compañero consensual, sino también al
98 Véase Castelló Nicás, supra, en que se indica que las mujeres víctimas de violencia doméstica son usualmente amenazadas “con recibir más violencia si toman medidas contra el agresor”.
99 Id. Esta relación de ex pareja también se caracteriza por “la imposibilidad e incapacidad de la víctima de defenderse ante el permanente hostigamiento” del agresor. Id.
100 Id.; Silva Bonilla, supra, pág. 75. Roxana Vásquez describe la resistencia a identificar la violencia doméstica y reconocerse víctima de violencia de la forma siguiente: “un inmenso territorio en donde la violencia se ha instalado mejor que en ningún otro, donde por eterna, invisible o silenciada, se convierte en lo más temible. Su gravedad reside en la naturalidad con la que se asume, es tal que para muchos ni siquiera existe”. R. Vásquez y G. Tamayo, Violencia y legalidad, Lima, Concytec, 1989, pág. 24.
101 Los sentimientos que se producen cuando se recibe una dosis de violencia de una persona a quien se ama son muy distintos a los que se sienten cuando el agresor es un desconocido. Véanse los Comentarios de la Directora Ejecutiva de la Comisión para los Asuntos de la Mujer, Oficina del Gobernador en torno al Proyecto del Senado 470 para crear la Ley sobre la Intervención con y la Prevención de la Violencia Doméstica, pág. 10. En el primer escenario se puede tener la esperanza de que la relación mejore y ello influye en el comportamiento de la víctima; obviamente, en el segundo esto no es una consideración. La dependencia afectiva dificulta el que una mujer rompa con un ciclo de malos tratos de parte de su pareja. Silva Bonilla, supra, págs. 65-75.
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miedo de que su esposo y su comunidad se enteren de su acto de infidelidad, lo que podría conllevar desde la condena y exclusión social hasta episodios de violencia doméstica en su hogar. La mujer adúltera que sufre agresiones por parte de su amante puede ser objeto de amenazas de ser delatada si denuncia la violencia de pareja. Si logra superar esa coacción para escapar de la relación violenta, se enfrenta a la recriminación social. En ese momento, si no se le proveen medidas de protección adecuadas, se le expone a un doble peligro: la reprimenda por haber sido infiel y la venganza de su amante por denunciar el maltrato.
En distintos tipos de relaciones, factores como la dependencia económica también pueden provocar que la víctima no delate a quien la maltrata.102 Las investigaciones sociológicas sobre el problema revelan que muchas veces la víctima duda separarse del agresor, no porque sea masoquista, sino porque tiene miedo de no poder alimentarse ni proveerle a los suyos los bienes necesarios para su subsistencia.103 Esto va unido al temor de que el sistema de justicia no pueda socorrerla y que su denuncia sólo sirva para recrudecer el maltrato.104
Por éstas y otras razones, los científicos han identificado la naturaleza cíclica de la violencia en la relación de pareja.105 Las tres etapas de este patrón de dominación son claras y perceptibles.106 La primera es la etapa de tensión, en la cual se pueden observar maltratos menores tanto a la víctima como a objetos, sujetos o animales que ella quiere y valora. En la segunda etapa, que es la de agresión, ocurren las peores golpizas o ataques emocionales. La tercera y última es la etapa de reconciliación, en la cual el agresor se torna amoroso y muestra arrepentimiento. Entonces, la víctima perdona a su compañero y confía en que todo va a cambiar, solamente para comenzar el ciclo de nuevo, cuando
102 Castelló Nicás, supra.
103 Véase Informe sobre Discrimen en Tribunales, supra, pág. 323. El miedo a la miseria económica es uno de los factores que contribuyen, como expresa la profesora Silvia Bonilla, a “encadenar a… [la] mujer a su presente estado de vulneración personal”. Silva Bonilla, supra, págs. 59-60.
104 Véanse Memorial Explicativo, supra, pág. 10; Silva Bonilla, supra, pág. 60.
105 Los científicos asemejan las prácticas de la violencia de pareja a la táctica conocida como lavado de cerebro. Es decir, se somete a la víctima a “períodos sucesivos de maltrato y de recompensas con el propósito de dominar su voluntad”. Informe sobre Discrimen en Tribunales, supra, pág. 324.
106 Ganzenmüller, supra, pág. 49.
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el maltratante sienta la necesidad de hacer patente su dominio sobre ella.
Es a raíz de estas consideraciones, que particularizan la violencia en el ámbito de una relación de pareja y la distinguen de otras instancias de violencia, que se decidió tipificar este tipo de violencia en una ley especial, separada del delito de agresión del Código Penal.
C. El delito de maltrato de pareja tipificado en el artículo 3.1 de la Ley 54
El delito de maltrato tipificado en el artículo 3.1 de la Ley 54 es más específico respecto a la conducta prohibida que el delito de agresión tipificado en el Código Penal. El mismo dispone como sigue:
Toda persona que empleare fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución en la persona de su cónyuge, ex cónyuge o la persona con quien cohabita o haya cohabitado, o la persona con quien sostuviere o haya sostenido una relación consensual, o la persona con quien haya procreado un hijo o hija, para causarle daño físico a su persona, a los bienes apreciados por ésta, excepto aquellos que pertenecen privativamente al ofensor, o a la persona de otro o para causarle grave daño emocional, incurrirá en delito grave de cuarto grado en su mitad superior.
El tribunal podrá imponer pena de restitución, además de la pena de reclusión establecida.107
En primer lugar, a diferencia del delito de agresión, el artículo citado equipara la violencia física a la psicológica, como también a la intimidación o persecución.108 Reconoce así que el
107 8 L.P.R.A. sec. 631.
108 La Dra. Catherine Kirkwood, para definir abuso emocional, cita a Ginny Ni Carthy en la segunda edición de su libro Getting Free: You Can End Abuse and Take Back Your Life, que dispuso que este tipo de abuso se considera tal cuando los insultos ocasionales alcanzan un “nivel de campaña [que] reduce la autoestima de la esposa y de recurso para mantener el control”. C. Kirkwood, Cómo separarse de su pareja
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maltrato de pareja es producto de un proceso recurrente y escalonado en la severidad de la agresión.109 Es decir, que las agresiones psicológicas son comúnmente el preámbulo de una agresión física o hasta de un homicidio. Por otro lado, además de reconocer la violencia física, que es la forma de maltrato de pareja más visible,110 atiende la gravedad de los abusos emocionales en las relaciones de pareja, que, según se ha documentado, se “parecen mucho a las torturas que sufren los rehenes, que también están privados de toda libertad e incluso del sueño, sin saber cuándo les caerá encima el próximo golpe”.111
En segundo término, el artículo 3.1 de la Ley 54 identifica como sujeto pasivo del delito de maltrato, no sólo al cónyuge y al ex cónyuge, sino también a las personas que cohabitan o han cohabitado con el agresor, las que sostienen o han sostenido una relación consensual íntima con éste y las personas con quienes éste tiene hijos o hijas en común.112 Es importante señalar que la definición de relación de pareja, recogida en el artículo 1.3 de la Ley 54, identifica a esos mismos sujetos.113 Cada una de estas categorías debe tener una definición propia, porque, de lo contrario, no tendría sentido enumerarlas como conceptos separados. Las figuras del cónyuge y el ex cónyuge se refieren lógicamente a la institución del matrimonio. La persona con quien se ha procreado un hijo está identificada con la paternidad y la maternidad. El concepto cohabitar, de otra parte, está definido por la propia ley e implica “sostener una relación similar a la de los cónyuges”.114
Entonces, hay que concluir que, para tener un campo de acción independiente, el término relación consensual se tiene que
abusadora: Desde las heridas de la supervivencia a la sabiduría para el cambio, Barcelona, Granica, 1999, págs. 69-70.
109 Kirkwood explica cómo las mujeres que ella estudió indicaron que, con el tiempo, los ataques de su pareja “se tornaban más prolongados y crueles”. Id., pág. 67.
110 Silva Bonilla, supra, pág. 57.
111 A. Mullender, La violencia doméstica: una nueva visión de un viejo problema, Barcelona, Paidós, 2000, pág. 49, citando a D.L.R. Graham y otros, Survivors of Terror: Battered Women, Hostages and the Stockholm Syndrome en K. Yllo y M. Bograd, Feminist Perspectives on Wife Abuse, Newbury Park, Sage, 1988.
112 Id.
113 Véanse el artículo 1.3(m) de la Ley 54, 8 L.P.R.A. sec. 602(m), y el artículo 3.1 de la Ley 54, 8 L.P.R.A. sec. 631.
114 Art. 1.3 de la Ley 54, 8 L.P.R.A. sec. 602.
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referir a una relación que no sea similar a la de los cónyuges. Para propósitos de la Ley, existe una relación consensual cuando hay un trato de carácter amoroso entre dos o más personas aceptado voluntariamente por éstas, es decir, consentido, sin que necesariamente habiten o hayan habitado juntos, ni se hayan casado o procreado hijos en común.115 No podemos concebir, como sugiere la Opinión de Conformidad, que el término relación consensual se refiera únicamente a novios que no viven juntos, que pueden tener hijos en común y casarse eventualmente, porque de esa forma la definición se acerca más a la de una familia.116 No puede dejar de preocuparnos el que los fundamentos filosóficos de este análisis se asemejen tanto a los que justificaron en su momento el sistema de clasificaciones de los hijos como legítimos, ilegítimos o naturales según el estatus matrimonial o “matrimoniable” de los padres, antes de la adopción de la Constitución de Puerto Rico, que decretó la igualdad de las personas y repudió el discrimen por razón de nacimiento.117 Por eso, hoy resuenan nuevamente las sabias palabras del juez Hernández Matos en Ocasio v. Díaz: “No podemos perdernos en el laberinto de las injustas distinciones”.118
Como señalamos anteriormente, la política pública que inspira la Ley 54 no se basa en la protección de la integridad familiar sino en la de la vida y seguridad de todas las personas que son parte de una relación de pareja. Por tanto, la interpretación lógica del término tiene que referirnos a todas las parejas que se encuentran voluntariamente en una relación amorosa y que no pueden ubicarse dentro de las demás categorías por no estar casados o divorciados, no tener hijos en común o no haber residido juntos. Si la propia Ley define “cohabitar” como “sostener una relación consensual similar a la de los cónyuges”, no puede definirse “relación consensual” de la misma forma, como
115 Véase la definición de consensual, como “perteneciente o relativo al consenso”, y la de relación, en el diccionario de la Real Academia Española, http://www.rae.es/rae.html.
116 Opinión de Conformidad, pág. 16.
117 Art. II, Sec. 1, Const. P.R. Véanse los artículos 111 a 129 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 441-508.
118 Ocasio v. Díaz, 88 D.P.R. 676, 728 (1963). En este caso establecimos que un hijo es simplemente un hijo y sus progenitores su padre o madre, independientemente de las circunstancias del nacimiento y el estado civil de los padres.
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una relación que suele convertirse en matrimonio. De ser así, no hubiese sido necesario crear una categoría separada.
Bien advierte la Opinión de Conformidad que aclarar el alcance de una disposición estatutaria “no significa que podemos darle a una ley un significado más limitado al que usualmente tiene dentro de la realidad social”.119 No podemos ocultar que las relaciones consensuales extramaritales, independientemente de lo que pensemos sobre éstas, son parte de nuestra realidad cotidiana y una porción considerable de nuestra población es producto de las mismas.120
El término “relación consensual” no estaba incluido en los proyectos de ley que precedieron a la versión que finalmente prevaleció, sino que fue añadido al proyecto sustitutivo luego de que se celebraran vistas públicas y antes de la aprobación final del estatuto. Así, el que se añadiera el concepto de “relación consensual” denota la clara intención de los legisladores de extender el ámbito de la Ley para proteger a todas aquellas víctimas que, sin tener una relación similar a la de los cónyuges, son especialmente vulnerables a sufrir ciclos de violencia de parte de su compañero o compañera.
Finalmente, el tercer elemento del delito de maltrato es que la agresión esté dirigida a causarle grave daño físico o emocional a la víctima, a sus bienes o a otra persona. En este punto debemos resaltar que, en Pueblo v. Figueroa Santana, este Tribunal resolvió que no se requiere probar, como elemento del delito de maltrato bajo esta sección, que la persona acusada ha incurrido en un patrón constante de fuerza física en contra de la víctima.121
119 Opinión de Conformidad, pág. 9.
120 Según señaló el profesor Miguel Velázquez hace ya 15 años, “desde hace aproximadamente medio siglo, el propio Tribunal Supremo comenzó a elaborar las normas jurisprudenciales que culminaron en el reconocimiento del hecho de que no se considerara contrario a la política pública el reconocer que existen y son inevitables las uniones extramatrimoniales”. M. Velázquez Rivera, Derecho de Familia, 64 Rev. Jur. UPR 799, 807 (1995).
121 Pueblo v. Figueroa Santana, supra.
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D. Otros mecanismos o remedios provistos en la Ley 54 para proteger a las víctimas de maltrato de pareja
Con el propósito de atender la situación de violencia de pareja de manera integral, la Ley 54 también adoptó otros mecanismos o remedios para proteger a las víctimas. Estas herramientas no necesariamente están disponibles para los perjudicados de otros tipos de delitos.
Entre estos mecanismos está el remedio civil de la orden de protección, establecido en el artículo 2.1 de la Ley 54 en los siguientes términos: “Cualquier persona que haya sido víctima de violencia doméstica… en el contexto de una relación de pareja, podrá… solicitar una orden de protección”.122 Se trata de un instrumento que tiene la víctima de la violencia de pareja para alejar a su agresor y organizar otros asuntos relacionados, como la custodia de menores y las relaciones paterno filiales.123
Este tipo de orden de protección fue concebida para atender las características particulares de la violencia de pareja y por ello se distingue de la orden de protección contra el acecho provista en nuestro ordenamiento. Ésta se concede cuando hay un patrón de conducta repetida o constante de vigilancia, proximidad física o visual, amenazas, vandalismo u hostigamiento contra una persona.124 Como podemos notar, para obtener una orden de protección contra el acecho se requiere un patrón de conducta repetida o constante, mientras que para que se conceda una orden de protección contra la violencia de pareja es suficiente probar un incidente de agresión física o emocional. Con toda probabilidad, los legisladores actuaron conscientes de que, en la violencia de pareja, la integridad física de la víctima, e incluso su vida, puede estar en peligro si se espera hasta el próximo incidente.
Otra de las medidas protectoras adoptadas en la Ley 54 obliga al oficial del orden público a tomar todos los pasos necesarios para prevenir que el abuso se repita. Entre otros, puede arrestar al imputado, aun sin orden judicial, cuando tenga fundamentos para creer que se ha violado la Ley 54, aunque el crimen no haya ocurrido en su presencia y sin importar si el delito
122 8 L.P.R.A. sec. 621.
123 Id.
124 Ley contra el Acecho en Puerto Rico, Ley Núm. 284 de 21 de agosto de 1999, 33 L.P.R.A. sec. 4013-4026.
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es grave o menos grave.125 Distinto a esto, la Regla 11 de Procedimiento Criminal, que aplica en todos los demás casos, requiere que en caso de delito menos grave el policía haya presenciado el comportamiento ilegal u obtenido una orden judicial antes de arrestar al sospechoso.126 Dado el peligro en que generalmente se encuentra la víctima de violencia doméstica, a diferencia del perjudicado de un delito aislado de agresión, el que el agente del orden público pueda intervenir con el denunciado inmediatamente evita que se desencadene mayor violencia o que se susciten consecuencias fatales.127 Claramente, la Legislatura entendió que el arresto de la persona que maltrata, tan pronto se manifiesta la violencia, es la medida más eficaz para proteger a la víctima y disuadir al agresor.128
Por último, el policía que atiende una denuncia de violencia entre una pareja debe informar a la denunciante sobre los servicios sociales disponibles y, si ésta expresa preocupación por su seguridad, transportarla a un lugar seguro.129 También se requiere que los oficiales del orden público llenen un informe escrito sobre todos los incidentes de violencia entre pareja, independientemente de que no se presenten cargos.130 No hay tal requisito en otros casos en los que se denuncien hechos presuntamente ilegales. Todas estas protecciones para la víctima de violencia doméstica evidencian que la Asamblea Legislativa reconoció el carácter particular de este delito y por ello lo tipificó en una ley distinta al Código Penal.
E. Procedimiento de desvío
Es significativo que cuando único se hace referencia a la relación de tipo adúltera en todo este andamiaje normativo de rechazo a la violencia de pareja es en la porción de la Ley dedicada a establecer y regular el procedimiento de desvío. Este procedimiento, que tan solo se da luego de una convicción, permite que el convicto de violencia de pareja se someta a un régimen de libertad a prueba, sujeto a su participación en un programa de
125 8 L.P.R.A. sec. 638.
126 34 L.P.R.A. Ap. II, R.11.
127 Informe Conjunto, supra, pág. 2293.
128 Véase Memorial Explicativo, supra, págs. 12-13.
129 8 L.P.R.A. sec. 640.
130 8 L.P.R.A. sec. 641.
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reeducación y readiestramiento para personas que incurren en conducta agresiva en la relación de pareja.131
El artículo 3.6 de la Ley 54 otorga al juez de instancia discreción para “suspender todo procedimiento y someter a la persona convicta a libertad a prueba”, en situaciones específicas.132 Entre éstas, cuando la persona haya sido convicta por el delito de agresión sexual, bajo el artículo 3.5 de la Ley 54,133 “el desvío del procedimiento sólo estará disponible para los casos en que el acusado sea el cónyuge o cohabite con la víctima al momento de la agresión sexual, siempre y cuando dicha cohabitación no sea adúltera”.134
La única referencia a las relaciones adúlteras en toda la Ley 54 se da, pues, en el contexto de la concesión de un beneficio al agresor que es convicto. Evidentemente, el legislador reconoció que la violencia de pareja penalizada por la Ley podía suceder en una relación adulterina, pero no quiso beneficiar con el privilegio de desvío a un agresor convicto que sostuvo con la víctima una relación de ese tipo.
Si las disposiciones de la Ley 54 no aplicaran a las relaciones adulterinas, como concluye la Opinión de Conformidad, no sería necesario especificar que no puede otorgarse el beneficio del procedimiento de desvío al adúltero convicto. De esta intención de no favorecer a un acusado que es convicto no podemos extrapolar una intención de perjudicar a su víctima negándole la protección de la Ley 54. En otras palabras, el que se niegue un beneficio al victimario no puede conllevar negarle derechos a su víctima. De otro lado, no escapa nuestro análisis el que la decisión
131 8 L.P.R.A. sec. 636. El propósito de este mecanismo de rehabilitación, además de los punitivos incorporados en la Ley 54, es “detener la espiral de la violencia doméstica” al cambiar el patrón de conducta y la visión sobre las relaciones humanas. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 91 de 26 de agosto de 2005, que enmendó el artículo 3.6 de la Ley 54 para condicionar la participación del acusado en los programas de desvío a que éste acepte la comisión del delito imputado y reconozca su conducta.
132 Id.
133 8 L.P.R.A. sec. 635. El delito de agresión sexual conyugal tipificado en la Ley 54 fue innovador cuando ésta se aprobó en 1989. Esto porque el Código Penal vigente disponía que el delito de violación no se cometía contra la mujer “propia”, es decir, contra la esposa. Por lo tanto, la Ley de Violencia Doméstica incorporó este elemento del delito. Sin embargo, en el Nuevo Código Penal de 2004 se incluyó el delito de agresión sexual que puede cometerse también contra la esposa, e incluso, el esposo.
134 8 L.P.R.A. sec. 636.
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de excluir a las parejas adúlteras del alcance de la Ley realmente favorece al victimario que maltrata a su pareja,135 sobre quien se tiende, por efecto de la determinación que se está confirmando, un manto de impunidad.136
No se trata, como aduce la Opinión de Conformidad, de crear elementos del delito por analogía, en contravención al principio de legalidad. Más bien, como hemos explicado, del texto de la Ley se desprende que el estatuto aplica a las relaciones consensuales en las que se pueda dar la violencia de pareja, y éstas incluyen las relaciones adúlteras. No estamos proponiendo cambiar la definición de pareja de la Ley para incluir relaciones que no están protegidas.137 Es la propia Ley 54 la que contiene las relaciones consensuales presentes y pasadas en su enumeración, sin referencia al estado matrimonial de las partes.
III
Tras evaluar la conducta típica prohibida por el delito de maltrato y las demás disposiciones de la Ley 54, concluimos que el bien jurídico protegido por el delito de maltrato es la integridad física y psíquica de la víctima. Según demuestra el historial legislativo y la declaración de política pública de este estatuto especial, su propósito principal es proteger a la víctima de ese tipo de agresión; específicamente, “preservar su integridad física y emocional, procurar su seguridad y salvar su vida”.138 La razón para ello, como hemos expresado, es que las leyes penales tradicionales no protegían adecuadamente a la víctima de maltrato de pareja, que es más vulnerable a la reincidencia de la violencia, al aumento escalonado en severidad y a unas consecuencias psíquicas y sociales más brutales que las que sufre el perjudicado o perjudicada por la agresión según tipificada en el Código Penal.139
135 Incurre en el delito de adulterio tanto la persona casada que tiene relaciones sexuales con una persona distinta a su cónyuge como la persona soltera con quien tiene las relaciones. Art. 130 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4758.
136 Según hemos explicado, la denuncia por el delito de agresión no subsana esta situación.
137 Véase Opinión de Conformidad, págs. 19-23.
138 Art. 1.2 de la Ley 54, 8 L.P.R.A. sec. 601.
139 Basta fijarse en los otros mecanismos que incorpora la Ley 54 para darse cuenta de que la integridad física y psíquica de las víctimas es el bien jurídico protegido por el estatuto. Entre estas herramientas, la orden de protección inmediata evita la
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Sin duda, el legislador tomó en consideración que el maltrato en el seno de una pareja, o entre quienes fueron una pareja, es más difícil de identificar e incluso de probar en un tribunal, muchas veces por la resistencia que tienen sus víctimas a reconocer las implicaciones y el carácter delictivo de este tipo de violencia y por nuestra cultura que, aún en nuestros tiempos, la remite al ámbito de lo privado.140
Abona a nuestra conclusión la claridad con la que la Ley 54 establece que aplica a personas que sostienen o han sostenido una relación consensual, independientemente de su estatus civil. Esta ley no se limita a prohibir el maltrato conyugal, como lo hicieron algunos de los proyectos que le antecedieron.141 Por el contrario, el estatuto es expresamente aplicable a víctimas y agresores que tienen una relación íntima consensual o de convivencia. También cobija a aquellos cuya única relación fue tener un hijo en común. La diversidad de situaciones a las que aplica la Ley refuerza nuestra apreciación de que, más que promover o proteger un tipo de relación particular, la Ley 54 protege la integridad de la víctima que se encuentra en un particular estado de indefensión y susceptibilidad. Una mujer adúltera sufre lo mismo que el resto de las mujeres que son víctimas de violencia por parte de sus parejas. Profesionales de la conducta humana explican que “este ambiente de terror y de miedo lo pueden experimentar independientemente
reincidencia al prohibirle al agresor acercarse a la víctima. Además, el que el oficial del orden público pueda arrestar al agresor sin tener una orden del tribunal, cuando tenga fundamentos para creer que se infringió la Ley 54, contribuye a evitar que en ese intervalo de tiempo se cobre la vida de la víctima. Por eso también, el policía tiene la obligación de orientar al denunciante sobre los servicios sociales disponibles, e incluso, transportarle a un lugar seguro cuando exista una amenaza a su seguridad. Todos estos mecanismos demuestran que el legislador estaba preocupado por proteger la vida e integridad física y emocional de la víctima que es vulnerable a los ataques de su pareja. Son herramientas que se han juzgado necesarias para proteger a la víctima del maltrato de pareja y atender las características especiales de ese delito. Por eso, no están disponibles para otros tipos de delitos.
140 Ganzenmüller, supra, pág. 15. Estos autores se refieren al caso común en que una mujer, luego de presentar una denuncia de violencia de pareja, quiere retirarla, lo que hace difícil presentar una acusación contra el agresor. Concretamente, relatan que “[l]a mujer suele comparecer a los pocos días en el juzgado para indicar que ya se ha reconciliado con su pareja y no desea intervenir en el procedimiento, modificando sustancialmente su declaración de forma que las contradicciones sean evidentes”. Id.
141 Véanse el Proyecto del Senado 90 de 1989, el Proyecto del Senado 470 de 1989 y el Proyecto de la Cámara 615 del mismo año.
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de si su matrimonio es legalmente validado o de si es consensual, o si es la amante de un hombre específico”.142
Si entendiéramos, como lo hizo el tribunal intermedio apelativo y lo hacen los miembros de este Tribunal que suscriben la Opinión de Conformidad, que la Ley 54 no aplica a los miembros de una pareja consensual adúltera porque el adulterio es ilegal, tendríamos que concluir que ese estatuto tampoco protege a la víctima de una agresión a manos de la persona con quien tuvo un hijo si el hijo fue fruto de una relación adúltera. Tampoco protegería a quien haya convivido o conviva con su agresor si uno de ellos está casado legalmente con otra persona, ni a quien hubiera puesto fin a una relación adúltera y fuera atacada por esa ex pareja consensual. Resulta irrazonable que la Ley exponga claramente que aplica a quienes cohabitan y este Tribunal exceptúe a quienes conviven con un amante; que la Ley disponga que aplica a quienes han procreado hijos en común y este Tribunal exceptúe a quienes tuvieron ese hijo con una persona casada; que la Ley establezca indiscutiblemente que aplica a personas que hayan tenido o mantengan una relación consensual y este Tribunal exceptúe a quienes incurren en adulterio en esa relación consensual. Se trata, pues, de una interpretación contraria a la intención legislativa que no encuentra apoyo en el texto de la Ley ni en su historial.
La Opinión de Conformidad argumenta que la intención legislativa al incluir la frase “relación consensual” no fue abarcar uniones como las adulterinas. Se basa en que, en el contexto penal, la Asamblea Legislativa ha decidido mantener el adulterio como un delito, a pesar de haber tenido oportunidades para seguir la tendencia moderna de suprimirlo. Su lógica enuncia que no es posible que la misma Asamblea Legislativa que busca combatir el
142 Silva Bonilla, supra, pág. 58. Estas investigadoras se refieren a una narración hecha por una trabajadora social sobre la fuerte presencia de la violencia física en las relaciones entre amantes. La orientadora relató:
Nosotras nos enteramos de muchos casos de mujeres a quienes sus amantes las maltratan. Esas mujeres no se atreven a pedirnos orientación y ayuda porque creen que nosotras las vamos a perjudicar por vivir con esas personas en violación a los reglamentos de estos tipos de residenciales (viviendas subsidiadas). Pero nosotras nos enteramos de todos modos porque los golpes son visibles y porque las demás residentes de los edificios lo comentan.
Véase a estas mismas autoras a la pág. 97.
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adulterio por entender que es un mal social proteja la integridad física y emocional de alguien que ha participado en una relación adúltera.143 El problema de ese razonamiento es que parte de la premisa errada de que se está tratando de proteger, y con ello condonar, una ilegalidad, cuando lo que se está intentando proteger es el bien jurídico de mayor jerarquía, la vida.144
Además, el propósito del Estado al enjuiciar al agresor bajo la Ley 54 es prevenir el crimen y proteger a las víctimas, no juzgarlas por otro comportamiento del cual no han sido acusadas. El enfoque moderno en el campo penal no favorece que se realicen juicios valorativos sobre la moralidad de las víctimas.145
Es absurdo pensar que no se pueda cometer un crimen sobre una persona porque ésta posiblemente cometió otro delito. Es igualmente absurdo pensar que una persona pierde el derecho a todos los remedios y las protecciones que le otorgan las leyes sólo porque posiblemente participó en un acto que está sancionado por alguna ley. Desproteger a una víctima de violencia de pareja porque ha sido infiel se asienta en ese absurdo.
Es evidente que la interpretación que propone la Opinión de Conformidad dejaría desprotegidas a cientos o miles de mujeres que, si bien son adúlteras, son tan susceptibles o vulnerables como una esposa o una novia a la agresión física o psíquica del maltrato de pareja. Nuestra labor como foro de justicia no es emitir opiniones en el abstracto. Tenemos que analizar y reconocer las consecuencias de nuestras decisiones.
En este contexto, es meritorio resaltar que, en los últimos 10 años, más de 250 mujeres han sido asesinadas por sus compañeros consensuales o sus ex parejas en Puerto Rico y que nuestro país ocupa el puesto número 12 respecto a asesinatos por
143 Véase Opinión de Conformidad, pág. 19.
144 Encontramos un ejemplo de cómo las leyes ignoran una violación a un bien jurídico de menor importancia para proteger uno de mayor importancia en la ley federal Violence Against Women Act (VAWA), 42 U.S.C. secs. 13931-14040 (1994), que dispone excepciones a las leyes de inmigración para que las mujeres que se encuentran residiendo ilegalmente en Estados Unidos y sufren de violencia doméstica por parte de sus esposos o ex esposos ciudadanos norteamericanos puedan recibir sus documentos de residencia. De esta forma, se le da más peso a la vida y la seguridad de la inmigrante que a su estatus migratorio ilegal.
145 Véanse, por ejemplo, las Reglas 412 y 413 de Evidencia de Puerto Rico de 2009, sobre la inadmisibilidad de evidencia sobre conducta sexual de las víctimas de agresión sexual y hostigamiento sexual. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 412-413.
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violencia de pareja per cápita y el número 5 en prevalencia del problema de violencia machista entre las naciones del mundo.146 Las estadísticas de la Policía de Puerto Rico reflejan que cada año se reportan entre 17,000 y 23,000 incidentes de violencia doméstica. En el 2008, murieron 26 mujeres en sucesos de violencia machista; en el 2009, murieron 16, y en el 2010, murieron 19.147 Cualquier persona atenta a la realidad que nos rodea sabe que, en tan sólo los primeros tres meses de este año, 10 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas.148 Ante esta triste e indignante situación, la decisión de limitar la aplicación de las pocas herramientas legales con que cuentan las víctimas para proteger su integridad y sus vidas es profundamente decepcionante.
IV
La Ley 54 no requiere de la víctima una cualidad especial, como lo sería la fidelidad. Tampoco impone una cualidad especial a la relación, como lo sería la legalidad.149 Por el contrario, el legislador quiso incluir las relaciones consensuales dentro del
146 Véase Instituto Centro Reina Sofía, III Informe internacional: Violencia contra la mujer en las relaciones de pareja, España, 2006, disponible en http://www.malostratos.org/images/pdf/010%20informe%20reina%20sofia.pdf.
147 Véanse las estadísticas sobre violencia doméstica recopiladas por la Policía de Puerto Rico y por el proyecto TendenciasPR adscrito a la Universidad de Puerto Rico en http://www.pr.gov/PoliciaPR/Estadisticas/ViolenciaDomestica.htm y http://www.tendenciaspr.com/Violencia/Violencia.html.
148 Véase el recuadro sobre las víctimas fatales de violencia de género en el 2011, como parte del reportaje especial de portada Imparable violencia de género de la serie Basta ya, en Primera Hora, 17 de marzo de 2011, pág. 4. Véanse también Miguel Rivera Puig, Mata esposa y se suicida, El Vocero, 17 de marzo de 2011, pág. 10, y Javier Colón Dávila, Comerciante mata a su esposa y se suicida, El Nuevo Día, 17 de marzo de 2011, http://www.elnuevodia.com/despiadadoasesinato-916623.html. De los 10 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas consensuales ocurridos desde enero de este año, 7 han sido certificados por la Policía como asesinatos por violencia doméstica; los otros 3 se encuentran en investigación para clasificación estadística.
149 En este sentido, debemos aclarar que la Ley 54 no está diseñada para proteger las uniones sentimentales y legales de hombres con mujeres. La Opinión de Conformidad cita este falso propósito, enfatizando en un supuesto requisito de legalidad de la relación que no contiene la Ley, sino que fue mencionado en Pueblo v. Ruiz, supra, para darle mayor fuerza a la Opinión mayoritaria de ese caso, con el fin de impedir que la Ley 54 aplicara a parejas homosexuales. No se puede sacar esa expresión de su contexto para exigir que las relaciones heterosexuales sean “legales” como requisito para brindar protección al miembro de la pareja que sufre actos de violencia. Véase Opinión de Conformidad, págs. 15 y 20.
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ámbito protegido por el estatuto especial, porque reconoció que se trata de una realidad social moderna en la cual se pueden suscitar los incidentes de violencia que la Ley 54 pretendió atender.150 Es importante enfatizar que este estatuto protege a la persona que sufre la violencia, no a la relación constituida con su agresor.151
No proteger a una víctima de violencia doméstica porque está o estuvo involucrada en una relación adúltera implicaría castigarla doblemente. Recibiría así el castigo de ser víctima de su agresor y el castigo de la indiferencia del Estado.152 No podemos pasar por alto que esa indiferencia a la destrucción de la integridad física y psíquica de un ser humano es contraria a
150 A modo ilustrativo, exponemos a continuación algunos de los casos sobre violencia doméstica al interior de relaciones adúlteras que han llegado a nuestro Tribunal de Apelaciones en años recientes. En Pueblo v. Chico Rivera, KLCE20050361 (Panel integrado por la jueza López Vilanova y los jueces Córdova Arone y Escribano Medina, quien disintió; 30 de junio de 2005), la perjudicada era una mujer casada a quien su amante amenazó con hacerle daño si no volvía con él luego de que ella le anunciara su intención de terminar la relación adúltera. El Tribunal falló en contra del acusado, quien alegaba que no le aplicaba la Ley 54 por la relación ser adulterina, y subrayó que el alcance de dicha ley no puede limitarse a las relaciones socialmente aceptadas, porque la misma no fue creada para otorgar legitimidad a cierto tipo de parejas, sino para proteger de violencia a todos los involucrados en relaciones íntimas. Asimismo, en Pueblo v. Vélez González, KLAN0601657 (Panel integrado por los jueces Rodríguez Muñiz, Soler Aquino y Cordero Vázquez; 25 de febrero de 2008), los jueces señalaron que el planteamiento del acusado de que no le aplicaba la Ley 54 porque su pareja era una mujer casada carecía de todo mérito, ya que quedó probado que mantuvo una relación amorosa con la perjudicada durante 11 meses, lo que responde a una relación consensual sin cohabitación protegida por la Ley. El acusado llevó a cabo un patrón de persecución, intimidación y violencia contra su amante casada, que incluyó romperle sus pertenencias, decirle que mataría a sus hijos, amenazarla con un arma blanca, echarle gas pimienta, golpearla y treparse en el bonete de su auto cuando intentó huir. Véanse también Pueblo v. Valentín, KLAN200901279 (Panel integrado por los jueces Aponte Hernández y Cabán García y la jueza Cintrón Cintrón; 30 de junio de 2010) y Pueblo v. Flores Rodríguez, KLCE200900073 (Panel integrado por los jueces Feliciano, Hernández Serrano y Rosario Villanueva; 10 de julio de 2009). Este último, en alusión a lo comunes que son estos tipos de casos, comienza señalando: “Nuevamente regresa a este Tribunal de Apelaciones la controversia de si a una relación consensual adúltera, dentro de la que surge un incidente de violencia o maltrato entre sus componentes, le son de aplicación las disposiciones de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989”.
151 Vicente, supra, págs. 580-581. Precisamente, el que se extendiera su alcance para cubrir a las personas que están en relaciones fuera del matrimonio legal, incluso en relaciones de pareja ilegales, fue un paso importante en el proceso de reconocer que en Puerto Rico las relaciones afectivas familiares y sexuales están formadas en múltiples estructuras y no limitadas a la unidad familiar tradicional. Id.
152 El Jefe de Fiscales de Girona, Carlos Ganzenmüler Roig, lo llama violencia complementaria. Ganzenmüller, supra, pág. 47.
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nuestros principios constitucionales. La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico consagra que “la dignidad del ser humano es inviolable”, lo cual incluye el derecho a la vida que también está reconocido expresamente.153 La palabra “vida” se incorporó en nuestra Constitución para significar tanto el “hecho de continuar uno respirando” como otros derechos que son “necesarios para el debido desenvolvimiento de la personalidad humana”.154 Así, el Estado es el responsable de proteger los derechos constitucionales de las personas y, para ello, debe ser activo y efectivo.
El Tribunal Supremo es uno de los componentes del Estado llamados a cumplir con ese deber de protección. No es un foro para pasar juicio sobre la moralidad de la conducta de los ciudadanos y las ciudadanas. En palabras de la profesora Ivette Ramos Buonomo: “La obligación de los jueces del Tribunal Supremo es definir la libertad de todos, hacer respetar los derechos fundamentales de todos. Ello no incluye imponer su propio código de moralidad”.155
Y si fuéramos a entrar en consideraciones morales, tendríamos que concluir que lo inmoral sería abandonar a una persona afligida por la violencia de su pareja. No podemos, en un afán de promover una visión de lo que consideramos que debe ser el comportamiento adecuado, negarle protección a una persona que ve en peligro su seguridad y su vida. No debemos enclaustrarnos en categorías absolutas del bien y el mal para condenar todo lo que no se ajuste a nuestra visión de lo que es correcto.156 El adulterio, independientemente de nuestro criterio moral, no puede ser la razón por la cual le neguemos a una mujer los remedios que la legislación ha dispuesto para ayudarla a salvarse de una pareja que le hace daño. Hacerlo constituiría un
153 Véanse Art. II, Sec. 1, Const. P.R., L.P.R.A., Tomo 1, 2008, pág. 272; Art. II, Sec. 7, Const. P.R., L.P.R.A., Tomo 1, 2008, pág. 296; 2 Diario de Sesiones 1371-1372 (1961). El señor Benítez, uno de los constituyentes, expresó que “el principio de que el ser humano y su dignidad constituyen la razón de ser y la justificación de la organización política”. 2 Diario de Sesiones 1372 (1961).
154 2 Diario de Sesiones 1503-1504 (1961).
155 Ivette Ramos Buonomo, Análisis del Término 2004-2004: Tribunal Supremo de Puerto Rico: Derecho de Familia, 75 Rev. Jur. UPR 293, 319-320 (2006).
156 Para una discusión sobre los valores morales y cómo moldean inconscientemente nuestras acciones, véase George Lakoff, The Brain’s Role in Family Values, en The Political Mind, New York, Viking, 2009, págs. 75-91.
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atropello a un valor mucho más poderoso en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestros cimientos como sociedad: el respeto a la vida humana.
V
El señor Flores Flores aceptó que entre él y la señora Romero Pérez hubo una relación consensual de “novios”, que incluyó relaciones sexuales por aproximadamente diez meses. El que la perjudicada estuviera casada con otro hombre al mismo tiempo no afecta el hecho de que mantenía una relación consensual con el recurrido. Conforme con lo aquí explicado, la relación sostenida entre el acusado y la perjudicada está incluida tanto en la definición de “pareja” del artículo 1.3 de la Ley 54, como en el artículo 3.1 del mismo estatuto, que tipifica el delito de maltrato dentro de una “relación consensual”. Por lo tanto, lo correcto debió haber sido resolver que la determinación de causa probable se hizo conforme a la ley y al derecho. Esa decisión hubiese sido cónsona con el texto y el espíritu de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.
La política pública contenida en la Ley 54 expresa que: “Las ideas, actitudes y conductas discriminatorias también permean las instituciones sociales llamadas a resolver y a prevenir el problema de la violencia doméstica y sus consecuencias”.157 El Tribunal Supremo no puede ser una de esas instituciones. Sin embargo, con decisiones como la que algunos miembros de este foro avalan hoy, nuestro sistema de justicia se hace cómplice de la violencia de pareja que tantas vidas está destruyendo en Puerto Rico. Como me niego a ser partícipe en esta injusticia, disiento.
Liana Fiol Matta
Jueza Asociada
157 8 L.P.R.A. sec. 601.
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VOTO DE INHIBICIÓN
Voto de Inhibición emitido por el Juez Asociado señor Rivera García
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de marzo de 2011.
En el recurso de referencia el Juez suscribiente participó directamente en calidad de Juez Superior en el Tribunal de Primera Instancia. En el foro primario se emitió una resolución declarando no ha lugar una solicitud de desestimación presentada bajo el palio de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II R. 64(p).
El dictamen emitido en ese entonces, estuvo fundamentado en el criterio de ausencia total de prueba necesario para demostrar que la determinación de causa probable no fue con arreglo a la ley y a derecho. Es decir, solo ante la carencia total de prueba sobre la probabilidad de que estén presentes y probados uno, varios o todos los elementos del delito imputado o la conección del imputado con tal delito, procede decretar la desestimación de la acusación presentada contra el solicitante. Pueblo v. Rodríguez Ríos, 136 D.P.R. 685 (1994); Pueblo v. Rivera Alicea, 125 D.P.R. 37 (1989). Al evaluar la prueba de cargo y la defensa vertida durante la vista de desestimación colegimos que el acusado incumplió con el referido criterio.
Como es sabido, la Regla 63 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, al igual que los Cánones de Ética Judicial exigen que el juez no solamente ha de ser imparcial, sino que su conducta ha de excluir toda posible apariencia de parcialidad. Es por ello, que los criterios de imparcialidad y objetividad que rigen la función judicial son de tal trascendencia que nuestro ordenamiento jurídico exige que en cualquier causa que tienda a minar la confianza pública o razonablemente arrojar dudas sobre la imparcialidad para adjudicar, el juez deberá inhibirse de actuar en el pleito o procedimiento.
A la luz de las circunstancias esbozadas y en consideración a los imperativos éticos, nos inhibimos de entrar a evaluar los méritos del presente caso.
Edgardo Rivera García
Juez Asociado
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VOTO DE INHIBICIÓN

Asoc. Res. Park Side, Inc. v. J.P. , 147 D.P.R. 277 (1998)

Asociación de Residentes de Park Side, Inc., apelante,
v.
Junta de Planificación de Puerto Rico y Manuel Fernández Martínez, apelados.
Número: AA-96-15

En El Tribunal Supremo De Puerto Rico.
Resuelto: 15 de diciembre de 1998

El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde determinar si la Junta de Planificación de Puerto Rico (en adelante la Junta de Planificación) actuó conforme a Derecho cuando autorizó la rezonificación de un solar ubicado en la urbanización Park Side de Guaynabo de la categoría Distrito Residencial General (R-3), a la categoría Distrito Comercial de Oficinas Uno (CO-1). Dicha autorización fue realizada con la oposición de la Asociación de Residentes de la referida urbanización, la cual plantea ante nos que la Junta de Planificación actuó de forma arbitraria y claramente caprichosa al incumplir con varias disposiciones reglamentarias aplicables. Estimamos que la Asociación de Residentes tiene razón. Por ello, revocamos la rezonificación impugnada ante nos.
I

La urbanización Park Side es una zona residencial localizada en el Municipio de Guaynabo que está compuesta por aproximadamente sesenta y cinco (65) unidades de vivienda. En marzo de 1995, el Sr. Manuel Fernández Martínez gestionó ante la Junta de Planificación un cambio de zonificación de un solar de su propiedad localizado en la calle A-2, Núm. 19, de dicha urbanización. Su intención era cambiar la zonificación del referido solar de la categoría Distrito Residencial General (R-3) a una categoría Distrito Comercial Local (C-1) o a una categoría Distrito Comercial de Oficina 1(CO-1).
Según el Reglamento de Zonificación (Reglamento de Planificación Núm. 4), Junta de Planificación de Puerto Rico, Santurce, 1992 (en adelante el Reglamento de Zonificación), el Distrito R-3 fue establecido para clasificar “áreas residenciales desarrolladas o que puedan desarrollarse y en donde se permitirán diferentes tipos de viviendas en solares de trescientos (300) metros cuadrados o *282 más”. Sec. 13.01 del Reglamento de Zonificación, supra, pág. 67. Por su parte, el Distrito C-1 fue establecido en el Reglamento de Zonificación “para clasificar áreas comerciales o para crear nuevas áreas comerciales que suplan las necesidades diarias de las personas que residen en el vecindario”. Sec. 21.01 del Reglamento de Zonificación, supra, pág. 94. Mientras, el Distrito Comercial de Oficina 1 fue establecido para clasificar áreas “donde existan o puedan existir oficinas, excepto las de alto volumen de clientela principalmente como transición entre otros distritos comerciales y áreas residenciales”. Sec. 18.01 del Reglamento de Zonificación, supra, pág. 85.
Hasta el momento de la solicitud de rezonificación, el señor Fernández Martínez operaba en su propiedad una oficina comercial dedicada a la promoción de diversos productos. Esto era así a pesar de que esta era una actividad no autorizada por el ordenamiento de zonificación vigente y de que la Administración de Reglamentos y Permisos (en adelante A.R.Pe.) había emitido el 25 de marzo de 1994 una resolución mediante la cual ordenó a Fernández Martínez a que cesara la operación de la referida oficina en un período de veinte (20) días. Surge del expediente que Fernández Martínez incumplió esta orden.
Como parte del proceso de rezonificación, el 23 de marzo de 1995 el señor Fernández Martínez, a través del Ing. Daniel Gómez, le envió una comunicación escrita a algunos de los vecinos para informarles las gestiones que realizaba ante la Junta de Planificación y que eventualmente se les notificaría la fecha exacta en la que se realizarían las vistas públicas al respecto.
La vista pública fue realizada el 31 de mayo de 1995. A ella comparecieron varios vecinos de la urbanización organizados como la Asociación de Residentes de Park Side, Inc. (en adelante la Asociación de Residentes) para manifestar su oposición al cambio de zonificación solicitado. En esencia, la Asociación de Residentes alegó que la solicitud *283 de rezonificación no cumplía con varias disposiciones del Reglamento de Zonificación, ya que no contenía una descripción clara y completa del sector donde se proponía hacer la rezonificación, no señalaba cuáles eran las características sobresalientes del sector y no expresaba cuál sería el beneficio que derivaría la comunidad de la rezonificación, según lo requiere la reglamentación aplicable. Además, planteó que la solicitud debía ser rechazada, porque el solar en cuestión no contaba con el número de estacionamientos requeridos por el Reglamento de Zonificación.
Finalmente, la Asociación de Residentes destacó otros elementos que, a su juicio, ameritaban la denegatoria de la solicitud de rezonificación: (1) la calle Núm. 2 de la urbanización no es un área comercial en donde existan oficinas; (2) la comunidad no recibirá beneficio alguno del cambio solicitado, ya que el establecimiento de oficinas atraerá personas extrañas a la urbanización durante todas las horas del día; (3) la concesión de la autorización solicitada promueve el spot zoning, situación que es contraria a la propia política pública de la Junta de Planificación, y (4) la aprobación de la rezonificación constituiría el comienzo de la destrucción de la urbanización Park Side como un área residencial. Escrito de apelación, pág. 6.
Luego de la celebración de vistas públicas, el 20 de septiembre de 1995 la Junta de Planificación emitió una resolución mediante la cual aprobó la rezonificación solicitada. Inconforme con esta determinación, la Asociación de Residentes acudió ante nos a través un recurso de apelación,NOTA1 planteando como fundamentos para revocar la referida resolución los errores siguientes: (1) la Junta de Planificación actuó de manera arbitraria, caprichosa e irrazonable y *284 de forma contraria a sus reglamentos al aprobar los cambios solicitados, y (2) la reorganización solicitada viola varias disposiciones del Plan de Usos del Terreno de la región metropolitana de San Juan, particularmente en cuanto a que ésta constituye una zonificación aislada o spot zoning.NOTA2
El apelado Fernández Martínez, por su parte, acudió ante nos para expresarnos su posición. Así, pues, con el beneficio de la comparecencia de las partes, y luego de evaluar el derecho aplicable, resolvemos.
II

[1] La Junta de Planificación es una entidad creada por ley, cuyo objetivo principal es guiar el desarrollo integral y balanceado de Puerto Rico. Para hacer viable esa importante función, la Asamblea Legislativa le confirió amplios poderes para clasificar y designar los terrenos en zonas y distritos, y para establecer las normas que guiarán su uso y desarrollo. Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, 23 L.P.R.A. sec. 62 et seq.; Arenas Procesadas, Inc. v. E.L.A., 132 D.P.R. 593 (1993). Los reglamentos y mapas de zonificación aprobados con ese fin pretenden promover el uso más eficaz del limitado recurso de la tierra, de forma que se promueva el desarrollo urbano de una manera ordenada y lógica, con el menor impacto adverso posible sobre el ecosistema.NOTA3 *285
En conformidad con los poderes delegados, la Junta de Planificación elaboró el Reglamento de Zonificación. Aunque este reglamento fue aprobado originalmente en 1955, los cambios continuos en nuestra sociedad han requerido de múltiples revisiones para atemperarlo a las nuevas realidades y necesidades de nuestro entorno urbano y social.
El Reglamento de Zonificación vigente crea varios tipos de distritos de zonificación, tales como: residenciales, comerciales, industriales, agrícolas y para uso público, entre otros. Provee una descripción de los propósitos de cada uno de estos tipos de distritos y sus diversas variantes y define sus posibles usos. A través de este proceso, la Junta de Planificación establece normas específicas sobre el uso de los terrenos y sobre las obras o estructuras que puedan ser construidas en ellos, de forma que se haga viable un desarrollo balanceado que, a su vez, garantice la salud y seguridad pública y la mejor convivencia humana.
Los mapas de zonificación elaborados por la Junta de Planificación complementan el ordenamiento de zonificación en Puerto Rico. El propio Reglamento de Zonificación dispone que “[l]os mapas de zonificación que la Junta aprueb[a] y adopt[a] forma[n] parte integral de y [rigen] conjuntamente con [el] Reglamento”. Sec. 4.12 del Reglamento de Zonificación, supra, pág. 48. Estos mapas delimitan geográficamente los distritos que se describen en el referido Reglamento.
[2] Una vez establecida una zonificación en los mapas de zonificación, ésta sólo podrá ser variada en conformidad con la Sec. 4 del Reglamento de Zonificación, supra, págs. 4448. Esta sección dispone que la Junta de Planificación “podrá considerar cambios a la zonificación de determinado sector o solar por petición de alguna persona, funcionario u organismo”. Sec. 4.04 del Reglamento de Zonificación, supra*286 , pág. 45. Asimismo, la Sec. 4.06 del Reglamento de Zonificación, supra, págs. 4647, establece los requisitos procesales que deben cumplirse para efectuar la referida rezonificación.
[3] La autoridad para zonificar y rezonificar conferida a la Junta de Planificación forma parte del poder de reglamentación que le fue delegado por la Asamblea Legislativa. Las actuaciones realizadas al amparo de esta autoridad constituyen actos de naturaleza cuasi legislativa, 23 L.P.R.A. sec. 63d, ya que “no que no adjudica[n] una controversia, sino que establece[n] una reglamentación”. Luan Investment Corp. v. Román, 125 D.P.R. 533, 545 (1990).
Al respecto, en Luan Investment Corp. v. Román, supra, pág. 547, señalamos:
Los mapas de zonificación y sus enmiendas representan la forma visual y práctica de instrumentar los reglamentos de zonificación y sus enmiendas. Su aprobación y enmiendas no son actos de naturaleza adjudicativa, dirigidos a resolver una controversia en particular entre una o más personas, sino que son actos producto de los instrumentos con los cuales el Estado ha provisto a la Junta para reglamentar el uso de la tierra en Puerto Rico, de manera que se logre un desarrollo integral y balanceado de nuestra sociedad.
[4] La Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico dispone la revisión judicial para este tipo de actuaciones cuasi legislativas. 23 L.P.R.A. sec. 63d.NOTA4 En este contexto, aunque la Junta de Planificación posee un amplio margen de discreción para implantar la política pública estatal sobre zonificación y, como entidad administrativa, sus actuaciones poseen una presunción de validez y regularidad, *287 M. & B.S., Inc. v. Depto. de Agricultura, 118 D.P.R. 319 (1987), compete a los tribunales examinar, en última instancia, la validez jurídica de sus actuaciones.
[5] Para que el ejercicio del poder de reglamentar el uso de los terrenos por parte de la Junta de Planificación sea válidamente ejercido y no entre en conflicto con la disposición constitucional que reconoce como un derecho fundamental el derecho al disfrute de la propiedad -Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1- su ejercicio debe estar razonablemente relacionado a un interés gubernamental legítimo, como lo es la protección de la seguridad pública, la salud, la moralidad o el bienestar general. Además, debe estar enmarcado en el ámbito de los poderes delegados por la Legislatura y debe ser compatible con las disposiciones de los reglamentos que rigen en materia de zonificación y de planificación en nuestro país.
[6] Por ello, como medida fiscalizadora, hemos sostenido que para evaluar si la Junta de Planificación se ha extralimitado en el ejercicio de sus poderes, los tribunales deberán evaluar los factores siguientes: (1) si la actuación administrativa está autorizada por ley; (2) si se delegó el poder de reglamentación; (3) si la reglamentación promulgada está dentro de los poderes delegados; (4) si al aprobarse la reglamentación se cumplió con las normas procesales, y (5) si la reglamentación es arbitraria o caprichosa. Luan Investment Corp. v. Román, supra, pág. 550.
[7] Compete a la parte que impugna una determinación de la Junta de Planificación demostrar su invalidez. Por lo tanto, en este caso le compete a la Asociación de Residentes demostrar que la actuación de la Junta de Planificación fue arbitraria y caprichosa, por apartarse de las normas antes expuestas.
En el caso de autos, la Asociación de Residentes argumenta que la Junta de Planificación incumplió con la Sec. 4.06 del Reglamento de Zonificación, supra, la cual requiere que la parte promovente de una rezonificación someta*288 a la Junta un memorial explicativo que contenga información esencial respecto a la naturaleza del sector que sea objeto de la solicitud de rezonificación. Además, argumenta que el local rezonificado no posee el número de estacionamientos requeridos para el tipo de actividad que se propone realizar en él. Por otro lado, en el segundo señalamiento de error nos plantean que la rezonificación aprobada constituye una rezonificación aislada ( spot zoning) lo que es contrario al Plan de Usos del Terreno del Área Metropolitana de San Juan.
Notamos que aunque las controversias que plantea el primer señalamiento de error inciden sobre el cumplimiento de disposiciones reglamentarias, éstas disposiciones se enmarcan en la política pública de evitar la rezonificación de zonas de forma desordenada y sin que posean las condiciones necesarias para satisfacer las necesidades del nuevo tipo de zonificación. Estimamos, por lo tanto, que para un mejor análisis de las controversias que plantea el caso de autos, debemos analizar inicialmente el segundo señalamiento de error, el cual se circunscribe a determinar si la rezonificación impugnada viola el ordenamiento vigente.
III

La Asociación de Residentes nos plantea que la rezonificación aprobada por la Junta de Planificación viola varias disposiciones del Plan de Usos del Terreno para la Región Metropolitana de San Juan, Santurce, Junta de Planificación, 31 de marzo de 1982 (en adelante el Plan de Usos del Terreno). En específico, destacan que tal autorización viola las disposiciones Núms. 4.01 y 6.03 del referido Plan, que requieren que se examine la compatibilidad de los usos de los terrenos al momento de hacer cambios en las zonificaciones a base de que no se cree un impacto adverso a los usos existentes, y también la necesidad de evitar la introducción*289 de nuevos distritos de zonificación aislados ( spot zoning) en áreas donde predomina otro uso.
A. La Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico define el objetivo de los planes de usos de terrenos. Señala, en lo pertinente, que éstos designan:
… la distribución, localización, extensión, e intensidad de los usos de los terrenos para propósitos urbanos, rurales, agrícolas, de explotación minera, bosques, conservación y protección de los recursos naturales, recreación, transportación y comunicaciones, generación de energía, y para actividades residenciales, comerciales, industriales, educativas, públicas e institucionales. 23 L.P.R.A. sec. 62m.
[8] La misma ley, además, de forma enfática destaca que “[l]os Planes de Usos de Terrenos, así como la disponibilidad y programación de la infraestructura física y social, serán la base para la preparación y revisión de los mapas de zonificación”. 23 L.P.R.A. sec. 62m. Más adelante enfatiza que toda obra o proyecto que sea realizado por cualquier persona o entidad “deberá estar de acuerdo con las recomendaciones de los Planes de Usos de Terrenos”. Íd. Es evidente, pues, la importancia de los planes de usos de terrenos en el ordenamiento de la zonificación en Puerto Rico. Sus preceptos forman parte de la política pública gubernamental en torno a la planificación.
En conformidad con lo anterior, la Junta de Planificación adoptó, y el entonces Gobernador de Puerto Rico aprobó el 31 de marzo de 1982, el Plan de Usos del Terreno vigente. Este Plan delimita el área que abarca y reconoce su carácter flexible y dinámico de forma tal que facilite la toma de decisiones en torno a la planificación del país, sin impedir el desarrollo ordenado. Véase el Plan de Usos del Terreno, pág. 4.
El Plan de Usos del Terreno identifica seis (6) categorías de problemas que afectan la región y los clasifica por aquellos que son generales a toda el área y los que afectan zonas específicas. Al hacerlo, establece metas, objetivos y estrategias*290 que hagan viable la solución de los problemas planteados.NOTA5
En el caso de autos, las disposiciones que argumenta la Asociación de Residentes que fueron violadas están ubicadas en la sección que discute el problema de la especialización de los usos de terrenos. Plan de Usos del Terreno, pág. 72. Esta sección establece como meta “[p]ropiciar la diversificación de actividades y usos compatibles y complementarios en aquellas áreas que reúnan los requisitos y promover mayor vitalidad a sitios estratégicos en espacio y tiempo”. Íd. Más adelante identifica como objetivo “evitar [la] mezcla de usos incompatibles”, y presenta como estrategia lo siguiente:
4.01 Juzgar la compatibilidad de los usos a base de los siguientes criterios[:]
Que las características específicas (magnitud y tipo) del nuevo uso no creen impacto adverso en los usos existentes.
Que el nuevo uso mantenga un balance en los usos en el área. (Énfasis suplido y en el original.) Plan de Usos del Terreno, pág. 72.
Más adelante, el Plan de Usos del Terreno, pág. 73, destaca como otro de los objetivos “[r]estringir la diversificación de usos en áreas cuyo carácter se desea mantener” y define como estrategias lo siguiente:
6.01 Revisar y aplicar el Reglamento de Zonificación
6.02 Desalentar la continuación de los permisos de usos provisionales que han sido denegados como peticiones de rezonificación
6.03 Evitar la introducción de nuevos distritos de zonificación aislados (spot zoning) en áreas donde predomina solamente otro uso. (Escolio omitido y énfasis en el original.) *291
Al evaluar la solicitud de rezonificación presentada por Fernández Martínez, y en conformidad con el claro mandato de la Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico, la Junta de Planificación debía considerar la solicitud de rezonificación, no sólo a la luz de las disposiciones del Reglamento de Zonificación sino, además, tomando en consideración las disposiciones antes citadas. La Asociación de Residentes nos plantea, en específico, que la Junta omitió considerar los criterios identificados en la citada Sec. 4.01 y que su actuación propicia la creación de nuevos distritos de zonificación aislados o spot zoning, práctica que desalienta el Plan de Usos del Terreno. Examinemos sus planteamientos.
[9] B. El término “zonificación aislada” o spot zoning ha sido definido por los tribunales y los comentaristas como una enmienda a una zonificación que no es cónsona con los principios o esquemas generales de planificación. J.B. Kirkpatrick y otros, Spot Zoning and the Domino Effect, 17 Westchester B.J. 133 (1990); 2 Yokley, Zoning Law and Practice 4th ed. Sec. 132, págs. 204206 (1978). De ordinario, estas enmiendas son el resultado de esfuerzos encaminados a favorecer intereses particulares sin brindarle la debida atención a los derechos de los propietarios de solares adyacentes y al bienestar general de la comunidad. Yokley, supra, Sec. 13.3, pág. 207. Por ello, se ha descrito a este tipo de zonificación como la antítesis de la zonificación ordenada – Palisades Properties, Inc. v. Brunetti, 207 A.2d 522, 533 (1965); Rodgers v. Village of Tarrytown, 302 N.Y. 115 (1951); Reynolds Jr., supra, pág. 118-y múltiples tribunales la han catalogado como una actuación inválida. NOTA6 *292 Eden v. Town Plan and Zoning Commission, 89 A.2d 746 (1952); Cleaver v. Board of Adjustment, 414 Pa. 367 (1964); French v. Zoning Board of Adjustment, 408 Pa. 479 (1962); City of Rusk v. Cox, 665 S.W.2d 233, 235 (1984). Estimamos que en Puerto Rico se impone similar conclusión.
[10] La rezonificación aislada, por definición, no guarda relación alguna con la salud, la seguridad o el bienestar general de la ciudadanía. Se trata de una actuación contraria a los mejores intereses de la comunidad que se aparta de los planes de desarrollo de un área geográfica. De hecho, una de las razones por las cuales la rezonificación aislada ha sido catalogada como la antítesis de la planificación ordenada, lo es la posibilidad de que un solar o propiedad sea rezonificada de forma forzada por el hecho de que una propiedad adyacente haya sido rezonificada previamente. Esta situación, que ha sido denominada como el “efecto dominó”NOTA7 -v éase Kirkpatrick, supra, pág. 138- viene a dramatizar los peligros que acarrea la rezonificación aislada dentro de los planes de planificación ordenada de los usos de terrenos y resalta las razones por las cuales esta práctica debe ser evitada. Si las razones que motivan una rezonificación son ajenas al mejor aprovechamiento de los terrenos, desde una perspectiva macrocósmica e integral o a un legítimo interés gubernamental -como lo serían la seguridad pública, la salud o el bienestar general- el caos y el desorden sustituyen a la planificación ordenada, frustrando así la política pública estatal en torno al uso de los terrenos. De ahí que los tribunales de múltiples jurisdicciones no hayan vacilado en decretar su ilegalidad.
[11] Según el ordenamiento de zonificación de Puerto *293 Rico, ocurre una rezonificación aislada o spot zoning cuando un mapa de zonificación es enmendado mediante la rezonificación de uno o varios solares o lotes, para autorizar en ellos un uso diferente al establecido originalmente que resulta incongruente o carente de armonía con los usos de los terrenos de las áreas adyacentes. Esta incongruencia, de ordinario, beneficia a un grupo reducido de propietarios en perjuicio de los mejores intereses de la comunidad. Esta es la práctica que el Plan de Usos del Terreno pretende erradicar al establecer de forma expresa, como una de sus estrategias, que las entidades gubernamentales desalienten esta práctica.
[12] Sin embargo, no toda rezonificación de un solar o una propiedad, que pudiera apartarse de los usos que han prevalecido en un área, constituye una rezonificación aislada y, por lo tanto, una actuación inválida. Para hacer esta determinación es necesario examinar las características precisas del área rezonificada a la luz del ordenamiento que rige en materia de zonificación y examinar si la rezonificación es arbitraria o caprichosa por apartarse significativamente de los usos prevalecientes en el área, afectando adversamente los mejores intereses de la comunidad.
Para hacer esta determinación, en otras jurisdicciones, por ejemplo, se han examinado varios criterios. Entre ellos se ha evaluado si el uso permitido por la rezonificación es muy diferente del uso prevaleciente en el área; esto es, si la rezonificación crea un uso incompatible en un área. Sharp v. Zoning Hearing Bd., 628 A.2d 1223 (1993), Radolph v. Town of Brookhaven, 358 N.Y.S.2d 64 (1974); Kirkpatrick, supra, pág. 136. También se ha examinado si el cambio autorizado a un tipo de distrito menos restrictivo no fue realizado para el beneficio de la comunidad, sino simplemente para favorecer a una persona o a un desarrollador en particular o, en la alternativa, para relevar a un pequeño*294 sector de las restricciones que generalmente aplican a toda el área. 1 Williams, American Planning Law Sec. 27.04, pág. 743 (1988).
[13] Finalmente, se ha examinado si el área involucrada en la rezonificación es particularmente pequeña. Sobre este último criterio se ha destacado, por ejemplo, que “si el área rezonificada involucra sólo un lote o pocos, los tribunales tienden a sospechar y a examinar las justificaciones y los motivos de la rezonificación con mayor cuidado”. (Traducción nuestra.) Williams, supra, pág. 740.NOTA8 No obstante, algunas decisiones de tribunales en Estados Unidos, con las que coincidimos, señalan que una rezonificación no se considera aislada por el único hecho de que incida sobre un solar pequeño o porque aplique sólo a una parcela. Rodgers v. Village of Tarrytown, supra, pág. 13. Aunque el área involucrada en la rezonificación debe ser examinada, tal circunstancia no debe ser determinante.
Estimamos que criterios similares a los antes expuestos resultan útiles para determinar cuándo se constituye una rezonificación aislada. Sin embargo, la evaluación al respecto debe hacerse caso a caso, examinando las particularidades de la zona en cuestión y los planes de usos de terrenos, desarrollados para el área para determinar si la rezonificación es contraria a nuestro ordenamiento de zonificación.
Con lo anterior en mente, evaluemos si tal y como afirma la Asociación de Residentes la rezonificación del solar*295 propiedad del señor Fernández Martínez constituye una rezonificación aislada.
C. Como antes expresamos, el solar rezonificado por la Junta de Planificación comprende un área total de cuatrocientos ochenta (480) metros cuadrados, ubicados en la urbanización Park Side de Guaynabo. El área que comprende esta urbanización está zonificada principalmente como distrito R-3.
Notamos que los solares inmediatamente adyacentes al solar en cuestión -esto es, a la derecha y a la izquierda- tienen una clasificación de distritos R-3. Asimismo, los solares que se encuentran justo frente al solar también tienen una clasificación R-3. Todos estos solares poseen una cabida similar. Notamos, no obstante, que los solares que colindan por la parte trasera del solar rezonificado tienen una clasificación de distrito C-3 o de Comercial Central. Sin embargo, la estructura del área en cuestión, según el mapa de zonificación, revela que el acceso a esa área es independiente del acceso del solar rezonificado y del resto de la urbanización Park Side. Es decir, para llegar a estas áreas clasificadas como distritos C-3 no es necesario transcurrir por la calle Park Side Núm. 2, donde está ubicado el solar en controversia, y ni siquiera es preciso entrar en la urbanización Park Side. De este modo, esa área y la urbanización Park Side se encuentran separadas por la particular organización urbana del área. Más aún, con excepción de algunos solares que están próximos a la avenida San Patricio, que discurre por el extremo oeste de la urbanización, los demás solares con vías de acceso comunes ostentan una clasificación de distrito R-3.
Por otro lado, no hemos hallado argumento alguno que sugiera que la rezonificación del solar del señor Fernández Martínez propenda al bienestar general de la comunidad. Tampoco hemos podido establecer cómo la rezonificación autorizada se atempera al Plan de Usos del Terreno o cómo contribuye a promover un interés gubernamental legítimo. *296
Por el contrario, toda la evidencia tiende a demostrar que la rezonificación es contraria a la armonía vecinal del área y que, en lugar de beneficiar a la comunidad, la rezonificación tan sólo beneficia al propietario del solar.
Debe advertirse que uno de los factores que debió examinar la Junta de Planificación al momento de aprobar la rezonificación lo fue si el nuevo uso autorizado en un área predominantemente residencial afectaba de forma desfavorable la convivencia de la personas que residen en el sector. Aprobar una clasificación distinta a la de R3, sin duda alguna implica promover un tránsito vehicular mayor en una zona concebida en los mapas de zonificación como un área residencial, representa un aumento en el número de vehículos que a diario se estacionan en el área y conlleva un aumento en el ruido que se produce en el área, todo ello en detrimento de la mejor convivencia vecinal.
Por otro lado, la Asociación de Residentes nos dirige la atención al hecho de que la Junta de Planificación había denegado en varias ocasiones solicitudes de rezonificación similares a la solicitada y aprobada en este caso.NOTA9 No vemos diferencias notables entre los solares, cuya rezonificación fue denegada, y el solar, que en el caso de autos fue aprobada, que justifique un resultado distinto. Montoto v. Lorie, 145 D.P.R. 908 (1998).
La aprobación de la rezonificación del solar propiedad del señor Fernández Martínez en este caso es claramente incongruente con la armonía regional. En consecuencia, nos vemos compelidos a concluir que el cambio de zonificación constituyó una rezonificación aislada, que como señalamos, es contraria a los planes de usos de terrenos y constituye*297 una actuación arbitraria que los tribunales debemos desalentar y desautorizar.
Esta conclusión no se fundamenta exclusivamente en que no vemos cómo la rezonificación del solar del señor Fernández Martínez se enmarca en un plan de desarrollo integral del área, ni en que no hemos hallado cómo la comunidad en general se beneficia con la rezonificación. Se fundamenta, además, en que la aprobación de ésta puede tener el efecto de forzar la rezonificación de los solares circundantes de forma desordenada.
[14] No negamos que a medida que los centros urbanos se desarrollan, las áreas residenciales pueden ser desplazadas a otras zonas. Sin embargo, ese proceso no puede ser forzado por rezonificaciones incompatibles con la política pública estatal.
IV

La conclusión a la que hemos llegado al discutir el segundo señalamiento de error se refuerza al examinar las controversias específicas relacionadas al cumplimiento de varias disposiciones del Reglamento de Zonificación que tienen tangencia sobre la práctica que los planes de usos de terrenos para el área metropolitana de San Juan pretenden evitar.
A. La Asociación de Residentes argumenta que la Junta de Planificación incumplió con la Sec. 4.06 del Reglamento de Zonificación, supra, la cual requiere que la parte promovente de una rezonificación someta a la Junta un memorial explicativo que contenga la información siguiente:
… Una descripción clara y completa del sector, su localización, características sobresalientes, importancia agrícola, histórica, escénica, cultural o natural, razones que apoyan la solicitud de cambio de zonificación, y el beneficio que derivaría la comunidad o el sector con respecto al mismo. Sec. 4.06(3) del Reglamento de Zonificación, supra, pág. 47. *298
[15] El Reglamento de Zonificación revela claramente la naturaleza del memorial explicativo y su rol en el esquema de revisión de las zonificaciones promulgadas por la Junta de Planificación. Se trata de un documento de trabajo que le permite a la Junta conocer la naturaleza de la rezonificación solicitada, las condiciones sociales, culturales e históricas del área que se vería afectada por la rezonificación y la deseabilidad de realizar el cambio a la luz del beneficio que derivaría la comunidad o el sector, de aprobarse el cambio. Ningún otro documento requerido por el Reglamento de Zonificación en esta etapa le permite a la Junta de Planificación obtener esta información; la cual, indudablemente, le permite colocarse en condiciones óptimas para evaluar la conveniencia de realizar la rezonificación.NOTA10 De ah í se deriva la importancia y centralidad del memorial explicativo como documento descriptivo de la realidad imperante en el sector que es objeto de la solicitud de rezonificación.
En el caso de autos, la Asociación de Residentes nos plantea que la Junta de Planificación violó la referida disposición reglamentaria al aprobar la rezonificación sin que el memorial explicativo sometido por el señor Fernández Martínez cumpliera los requisitos de la Sec. 4.06 del Reglamento de Zonificación, supra. Tiene razón.
El memorial explicativo sometido por el promovente de la rezonificación contiene sólo la información siguiente:
Se propone rezonificar un solar propiedad del Sr. Manuel Fernández Martínez, en C-1 ó CO-1, el mismo esta [sic] localizado*299 en la Calle ###2, Blq. A-19, urbanización Parkside, Caparra Hgts. Guaynabo, P.R. El cambio de zonificación se basa en que el uso actual que se le esta [sic] dando al solar es comercial, ya que en las facilidades se encuentran unas oficinas de Great Concept, dedicada al mercadeo de productos.
El área donde ubica el solar, esta [sic] rodeado de zonificaciones comerciales; colindando por el lado Norte se encuentran unos solares comerciales C-3, al Este a menos de 100 metros hay zonificaciones C-4 (Caparra Shopping Center) al Oeste aproximadamente a 100 metros un C-4, (San Patricio Shopping Center).
En el local se han preparado 5 estacionamientos que son suficiente para la cantidad de personas que laboran en el local, ya para la cantidad de personas que laboran en el local, ya que esta [sic] es una oficina que utiliza poco personal.
El solar objeto de este cambio de zonificación tiene las siguientes colindancias:
Sin ningún otro particular, queda de usted
Atentamente,

Daniel Gómez

Fdo.

Apéndice, pág. 28.
Este memorial explicativo difícilmente puede colocar a la Junta de Planificación en condiciones adecuadas para concebir el impacto de la rezonificación propuesta. Nótese que no contiene una discusión con respecto a aspectos esenciales que el Reglamento de Zonificación requiere que se incluyan, tales como una descripción clara y completa del área que sería afectada por la rezonificación, así como las razones que apoyan la solicitud de cambio de zonificación y el beneficio que derivaría la comunidad o el sector con respecto éste.
Más aún, el referido memorial omite información significativa, ya que está huérfano de una descripción de las colindancias del solar que es objeto de la solicitud. Debe advertirse que éste señala que “[e]l solar objeto de este cambio de zonificación tiene las siguientes colindancias”. Luego de ello no especifica cuáles son tales colindancias. Esta omisión resulta significativa, más aún cuando las únicas zonas circundantes que se destacan en el memorial explicativo*300 se encuentran a una distancia de alrededor de cien (100) metros del solar objeto de la solicitud de una rezonificación. Asimismo, no hemos hallado ningún otro documento en el expediente que supla esta clara deficiencia. Por ello resulta forzoso concluir que al no incluir en el memorial explicativo toda la información requerida por la Sec. 4.06 del Reglamento de Zonificación, supra, o al menos, aquella información pertinente que razonablemente pudo haber obtenido el allí peticionario Fernández Martínez, la solicitud de rezonificación era defectuosa.
Estimamos que esta omisión fue significativa y que la Junta de Planificación debió rechazar de plano la solicitud, más aún cuando no podía dispensar a Fernández Martínez del cumplimiento de lo requerido en la sección (según lo dispone el Reglamento de Zonificación), toda vez que no se satisfizo lo dispuesto en la propia Sec. 4.06 del Reglamento de Zonificación, supra. Esta sección condiciona la otorgación de una dispensa del cumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en ella por parte de la Junta, a que la parte promovente demuestre satisfactoriamente que no puede cumplirlos. Indica, además, la sección que “[e]n tal circunstancia el peticionario deberá solicitar la dispensa mediante carta que fundamente la petición de dispensa”. Sec. 4.06 del Reglamento de Zonificación, supra, pág. 47. En el expediente no hemos encontrado ninguna solicitud escrita al respecto, ni ninguna razón que justifique el incumplimiento.
B. Como segunda razón para solicitar la revocación de la autorización de rezonificación, la Asociación de Residentes destaca que la rezonificación autorizada por la Junta de Planificación viola la Sec. 84.03(2) del Reglamento de Zonificación, supra, pág. 261. Dicha sección requiere que se provea un (1) espacio para el estacionamiento de vehículos *301 por cada veinticinco (25) metros cuadrados de área bruta dedicada a oficina.NOTA11
Surge de la resolución apelada ante nos, que el solar que es objeto de la rezonificación tiene una cabida total de cuatrocientos ochenta (480) metros cuadrados. Véanse: la Resolución Z-4-A-24, Apéndice, pág. 6; la Solicitud de enmienda al mapa de zonificación, Apéndice, pág. 29. Del expediente surge que el área bruta dedicada a oficina consiste de unos doscientos (200) metros cuadrados. De acuerdo con la Sec. 84.03(2) del Reglamento de Zonificación antes citada, la estructura debía proveer un espacio de estacionamiento “por cada veinticinco (25) metros cuadrados, o parte de éstos, de área bruta de piso dedicado a tales fines”. Surge claramente que, a la luz de esta disposición reglamentaria, el solar rezonificado debía contar con un número mínimo de ocho (8) estacionamientos para vehículos. En el memorial explicativo, aseguran contar con sólo cinco (5) espacios para ello, lo que claramente viola la Sec. 84.02 del Reglamento de Zonificación, supra, págs. 259261.
Más aún, en el memorial explicativo presentado ante la Junta de Planificación los promoventes aseguran que esa cantidad de estacionamientos es suficiente para suplir las necesidades de espacios de estacionamientos “para la cantidad de personas que laboran en el local”. Debemos advertir, en primer lugar, que Fernández Martínez no expresa el número de empleados que laboran en su oficina. En segundo lugar, es preciso destacar que el número de estacionamientos mínimos que el Reglamento de Zonificación *302 exige que se habiliten para operar una oficina como la que se describe en el caso de autos tiene como objetivo atender no sólo las necesidades de las personas que laboran en el local, sino también las necesidades de la oficina en virtud de la clientela que será atendida en ella. La razón aducida por el promovente Fernández Martínez no justifica la evasión del claro mandato reglamentario, más aún cuando pretende operar una oficina dedicada al mercadeo de productos comerciales, lo que sin duda requerirá un número de estacionamientos mayor al requerido para ubicar sólo a los empleados que laborarán en ella.
Por otro lado, la Asociación de Residentes presentó ante el organismo administrativo una fotografía del local de Fernández Martínez. Dicha fotografía forma parte del expediente administrativo y ella revela claramente que el área destinada para estacionamiento incumple otras disposiciones reglamentarias del Reglamento de Zonificación.
La Sec. 84.02(1) del Reglamento de Zonificación, supra, pág. 259, exige, en lo pertinente, que
Las áreas de estacionamiento de vehículos se diseñarán en forma funcional, esto es, para que cualquier vehículo pueda moverse sin que se vea impedido de hacerlo por otros vehículos estacionados, a menos que ello se disponga así en este Reglamento, ni obligado a entrar en el tránsito en retroceso. (Énfasis suplido.)
Contrario al claro mandato reglamentario, el local de Fernández Martínez provee un área para que los autos sean estacionados en una sola hilera, esto es, uno tras otro. Esto, según los términos de la precitada sección reglamentaria, equivale a un solo estacionamiento funcional, ya que no permite que los vehículos sean movidos sin que lo impidan otros vehículos estacionados.
No negamos que la Junta de Planificación posee cierta flexibilidad para discernir y actuar dentro del ámbito de los poderes delegados. Sin embargo, en este caso no surge del expediente que la Junta de Planificación haya dispensado*303 a Fernández Martínez del cumplimiento de estos requisitos ni que existan razones para que dicha entidad pudiera haberlo hecho.
C. La Asociación de Residentes plantea también que la Junta de Planificación no actuó en conformidad con la Sec. 4.06 del Reglamento de Zonificación, supra, pág. 47, que dispone, en lo pertinente, lo siguiente:
Cuando se tratare de una solicitud de enmienda a una pertenencia para la cual la Junta había denegado anteriormente una solicitud similar, será necesario que el peticionario demuestre por escrito que ha habido cambios sustanciales en las condiciones del área o sector donde radica la petición de cambio, en comparación con las existentes cuando se tomó dicho acuerdo, que amerite que la Junta considere nuevamente la solicitud. De no demostrarse los cambios en las condiciones, la Junta podrá actuar sobre la solicitud, denegándola sin que sea objeto de una nueva vista pública. La denegatoria se notificará a la parte interesada mediante resolución. Véase, además, Montoto v. Lorie, supra .
Argumentan los recurrentes que la Junta de Planificación había denegado solicitudes de rezonificación similares a la solicitada y aprobada a Fernández Martínez en solares aledaños al de éste. Por ello, razonan que la Junta debió observar las normas procesales establecidas en la precitada disposición reglamentaria.
[16] No negamos que las actuaciones de la Junta de Planificación con respecto a los solares colindantes o cercanos a aquel que es objeto de una solicitud de rezonificación resultan pertinentes para evaluar la adecuacidad de tal solicitud. Sin embargo, la disposición reglamentaria que la Asociación de Residentes señala como fundamento de su reclamo es invocable sólo en aquellas instancias en las que la Junta de Planificación deniega previamente una solicitud de rezonificación con respecto a un solar o una propiedad y posteriormente se presenta una solicitud de rezonificación similar en relación con esa misma propiedad. No se refiere a solicitudes similares de rezonificación relativas *304 a distintos solares o propiedades, como tratan los ejemplos que nos plantean la Asociación de Residentes. Por lo tanto, consideramos inmeritorio el señalamiento de la Asociación de Residentes sobre este aspecto.
A pesar de lo anterior, estimamos que la Junta actuó de forma arbitraria y caprichosa al autorizar la rezonificación impugnada, ya que la solicitud no cumplió con la Sec. 4.06 del Reglamento de Zonificación, supra, y la estructura ubicada en el solar objeto de la solicitud carecía del número mínimo de estacionamientos requerido por la Sec. 84.03(2) del mismo reglamento, supra, pág. 261. Erró la Junta de Planificación al autorizar la rezonificación solicitada sin que se subsanaran estas serias deficiencias.
V

En resumen, la solicitud de rezonificación presentada por el señor Fernández Martínez ante la Junta de Planificación careció de la información esencial que requiere el Reglamento de Zonificación en su Sec. 4.06, supra. Además, la estructura existente en el solar de su propiedad no satisface la Sec. 84.03(2) del referido reglamento, supra, la cual regula el número mínimo de estacionamientos que deberían ser provistos en el área. Por último, la autorización de la rezonificación por la Junta de Planificación constituyó una zonificación aislada, lo que sin duda invalida la rezonificación autorizada. Ante todo lo anterior, procede revocar la resolución que autorizó la referida rezonificación y reinstalar la zonificación de distrito R-3 previamente existente. Cualquier operación en el referido solar de un uso no autorizado por la zonificación reinstalada, constituye una violación de ley castigable por las leyes y reglamentos que rigen nuestro ordenamiento de zonificación.
Se emitirá la sentencia correspondiente. *305

NOTA1. El recurso de autos fue instado bajo la vigencia de la disposición de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 que establecía que las decisiones administrativas, que antes eran revisadas por el extinto Tribunal Superior de San Juan, serían consideradas en apelación directamente por este Foro. Plan de Reorganización de la Rama Judicial Núm. 1a de 28 de julio de 1994 (4 L.P.R.A. sec. 22 et seq.). Véase Farmacias Moscoso, Inc. v. K-Mart Corp., 138 D.P.R. 497 (1995).

NOTA2. La Asociación de Residentes había presentado ante nos un recurso de apelación, previo al recurso que hoy nos ocupa. Véase Asociación de Residentes Park Side, Inc. v. Junta de Planificación de Puerto Rico, AA-95-112. En aquella ocasión desestimamos el recurso por haber sido presentado prematuramente. Asociación de Residentes de Park Side, Inc. v. Junta de Planificación de Puerto Rico, Resolución de 6 de febrero de 1996.

NOTA3. El Reglamento de Zonificación (Reglamento de Planificación Núm. 4), Junta de Planificación de Puerto Rico, Santurce, 1992 (en adelante el Reglamento de Zonificación) define “ecosistema” como:
“… la unidad funcional básica que constituyen organismos vivos (comunidad biótica) y su ambiente no viviente (abiótico), cada uno de los cuales influye sobre la propiedad del otro, mediante el intercambio cíclico de materia y energía entre sus componentes, siendo ambos necesarios para la conservación de la vida tal como la tenemos en la tierra.” Sec. 2.01 del Reglamento de Zonificación, supra, pág. 11.

NOTA4. La Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico dispone, en parte, que “[l]as actuaciones, decisiones o resoluciones de la Junta de Planificación en el ejercicio de sus funciones cuasi legislativas, tales como la adopción y promulgación de reglamentos y mapas de zonificación o las enmiendas a los mismos, serán finales …”. 23 L.P.R.A. sec. 63d(b). Asimismo, expresa que la revisión judicial se limitará exclusivamente a cuestiones de derecho.

NOTA5. Las seis (6) categorías de problemas identificados en el Plan de Usos del Terreno para la Región Metropolitana de San Juan, Santurce, Junta de Planificación, 31 de marzo de 1982 (en adelante el Plan de Usos del Terreno) son: (1) la escasez de terrenos desarrollables, (2) la densificación uniforme, (3) la especialización de los usos, (4) la insuficiencia de la infraestructura, (5) las amenazas a los sistemas naturales y (6) los patrones de desarrollo que estimulan un consumo ineficiente de energía.

NOTA6. Existen variantes de la práctica denominada como “rezonificación aislada”. Al respecto se mencionan las siguientes: la rezoni cación aislada a la inversa (“reverse spot zoning”) la cual designa aquella situación en la que se le da a un solar una clasificación más restrictiva, y la zonificación parcial ( partial zoning o piecemeal zoning), la cual se refiere a zonificaciones parciales realizadas sobre áreas que carecen de una zonificación o algún plan de zonificación. Véase O.M. Reynolds Jr., “ Spot Zoning”: A Spot That Could be Removed from the Law, 48 Wash. U.J. Urb. & Contemp. L. 117, 118 (1995).

NOTA7. El término recoge la imagen de dominós colocados en una hilera que caen cuando el primero de la fila es empujado.

NOTA8. De hecho, se ha llegado incluso a señalar que la zonificación de solares individuales de pequeña cabida origina una presunción de invalidez sobre la acción gubernamental que corresponde rebatir a quien la defienda. Véanse, además: Chapman v. City of Troy, 4 So. 2d 1 (1941); Davis v. City of Mobile, 16 So. 2d 1 (1943); Johnson v. City of Huntsville, 29 So. 2d 342 (1947). Algunos tribunales, sin embargo, le han otorgado poca importancia al tamaño del área rezonificada al momento de evaluar la validez de la rezonificación. Kutcher v. Town Planning Commission, 88 A.2d 538 (1952); Miss Porter’s School v. Town Plan & Zoning Com’n, 198 A.2d 707 (1964).

NOTA9. Las solicitudes identificadas son las siguientes: (1) 94160305, JPZ, calle 4, Bloque B-5 (solicitud para establecer oficina de contadores); (2) 94160301 JPZ, calle 4, Bloque C-7 (solicitud para establecer negocio de venta de plantas ornamentales); (3) 91161542, JPZ, calle 4, Bloque C-3, (solicitud para establecer local dedicado a la venta de ropa y salón de belleza); (4) 91160083, JPZ, calle 4, Bloque B-2 (solicitud para establecer una oficina comercial); (5) 90161394, calle 5, Bloque C-22 (solicitud para establecer una oficina comercial).

NOTA10. El Reglamento de Zonificación requiere que cuando no sea por iniciativa de la Junta de Planificación, ésta podrá considerar la rezonificación de un sector o solar según uno de los distritos de rezonificación establecidos por el reglamento cuando la parte promovente someta, además del memorial explicativo, la información siguiente: evidencia de haber notificado a los vecinos la intención de rezonificar, (según los criterios que el propio reglamento establece); un plano de localización con información sobre el Norte, la propiedad que es objeto de la petición, las propiedades de los vecinos que han sido notificados y los usos circundantes, y la cabida del solar en metros cuadrados. La Junta podrá requerir aquella información adicional que estime pertinente o dispensar a una parte de la presentación de aquella información cuando se demuestre que resulta imposible cumplir con lo requerido.

NOTA11. El texto completo de la Sec. 84.03(2) del Reglamento de Zonificación, supra, pág. 261, dispone:
“84.03 -Provisión de Espacios de Estacionamiento de Vehículos- Los espacios mínimos de estacionamiento de vehículos a proveerse se determinarán según se indica a continuación:
“2. Oficinas, excepto las que se atienden más adelante en este Inciso-Un (1) espacio por cada veinticinco (25) metros cuadrados, o parte de éstos, de área bruta de piso dedicada a tales fines.”

Autoridad de Tierras v. Reyes, 98 DPR 86 (1969)

Autoridad de Tierras de Puerto Rico, demandante y recurrente
v.
Ramón Reyes, demandado y recurrido.
Número: R-68-302
Resuelto: 25 de noviembre de 1969
NOV 25, 1969

En El Tribunal Supremo De Puerto Rico.
Sentencia de J. Rivera Barreras, J. (San Juan) declarando sin lugar una demanda de desahucio en precario. Revocada, y se dicta otra en su lugar declarando con lugar la demanda y ordenando el desahucio solicitado.
José Alberty Orona, Daniel A. Cabán Castro y Margarita García Santiago, abogados de la recurrente.

El Juez Asociado Señor Ramírez Bages emitió la opinión del Tribunal.

**1 En vista de que concluimos que el dueño de una finca arrendada puede radicar una acción de desahucio en precario en contra del tercero que construyó una edificación en dicha propiedad, revocamos la sentencia en este caso.
La Autoridad de Tierras de Puerto Rico, como dueña de una finca en el barrio Canóvanas del término municipal de Loíza, Puerto Rico, con un área de *87 1943.9292 cuerdas, radicó una demanda en que alega que el recurrido está ocupando precariamente una parte de la misma en la cual ha construido una casa de madera de 10 pies por 10 pies la cual se niega a retirar de la propiedad, y solicita se decrete el desahucio del recurrido. Contestó el recurrido negando los hechos. Luego de celebrada la vista del caso, dictaminó el tribunal de instancia que:
‘3. … en la finca anteriormente descrita está arrendada al Sr. Héctor García una parcela de cincuenta cuerdas (50) y en dicha parcela es que está enclavada la casa del demandado.
4. Que el demandado no paga canon de arrendamiento alguno.
En armonía con los anteriores hechos el Tribunal llega a las siguientes:
Conclusiones de Derecho
Por el artículo 620 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 2821, se dispone:
2821. Personas con derecho a promover acción de desahucio.
?Tienen acción para promover el juicio de desahucio los dueños de la finca, los usufructuarios y cualquiera otro que tenga derecho a disfrutarla, y sus causahabientes.’
… Nuestro Tribunal Supremo tiene resuelto que la acción de desahucio es una de posesoria y en ella no [sic] puede discutirse el derecho a la posesión. Escudero v. Mulero, 63 D.P.R. 574‘; que ‘Habiéndose establecido por la prueba que la parcela de terreno de cincuenta cuerdas (50) donde radica la casa del demandado está arrendada al Sr. Héctor García, el que la disfruta y tiene su posesión, a éste correspondía establecer la acción y no a la demandante, Autoridad de Tierras, por lo que, procede que se declare sin lugar la demanda.‘
Incidió dicho tribunal al así concluir.
El Art. 620 del Código de Enjuiciamiento Civil (32 LPRA sec. 2821), da el derecho de promover el juicio de desahucio a los dueños de la finca, los usufructuarios y a determinadas otras personas. No limita este derecho a aquellas personas que tengan la posesión material del inmueble ni provee que la acción deba ser instada únicamente por el que goza de tal posesión. En *88 el caso de Escudero v. Mulero, 63 D.P.R. 574 (1944), se suscitó un conflicto de título por lo que resolvimos que no procedía la acción de desahucio por ser ésta una acción posesoria. La doctrina de este caso no excluye ni afecta el derecho de dueño de una propiedad a ejercitar la acción de desahucio en contra de un constructor de mala fe en la finca de su propiedad.
El hecho que el interdicto posesorio sea una acción de naturaleza posesoria no nos impidió reafirmar en Texaco P.R., Inc. v. González, 96 D.P.R. 305, 315 (1968), lo que ya habíamos establecido en Serrano v. Sucesión Santos, 24 D.P.R. 175 (1916), o sea, que el dueño de un inmueble arrendado, quien tiene durante el arrendamiento la posesión civil superior pero sólo mediata e indirecta, puede ejercer la acción interdictal. Igualmente no existe razón alguna para que la naturaleza posesoria del desahucio impida que el dueño de una propiedad arrendada ejercite tal acción. Y no podría ser de otro modo pues de lo contrario, como indica la recurrente, ‘ello podría traer como consecuencia la frustración o menoscabo de los derechos de propiedad del verdadero dueño de la finca. En otras palabras, habría situaciones en que el dueño de la finca, impotente para actuar, se tendría que cruzar de brazos ante las actuaciones de un tercero que invade su propiedad creando condiciones gravosas a la misma, y ante la desidia o indiferencia de un poseedor de hecho (arrendatario o usufructuario) que nada hace para evitar la imposición de tales condiciones gravosas a la finca por parte del tercero.‘
**2 Debe revocarse la sentencia dictada en este caso y dictarse otra en su lugar declarando la demanda con lugar, ordenando el desahucio del recurrido, sus familiares, agentes, empleados y otras personas bajo sus órdenes, de la finca de la recurrente, y ordenándole a remover su edificación de dicha propiedad.
El Señor Juez Presidente y el Juez Asociado Señor Hernández Matos no intervinieron.

Autoridad de Tierras de Puerto Rico, demandante y recurrente v. Ramón Reyes, demandado y recurrido.