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Delitos Contra la Función Legislativa Delitos Contra la Integridad Corporal (Código Penal de Puerto Rico)

CAPÍTULO III. — Delitos Contra la Función Legislativa

 

Artículo 295. — Alteración del texto de proyectos. (33 L.P.R.A. § 5391)

Toda persona que altere el texto de cualquier proyecto de ley, ordenanza o resolución que se haya presentado para su votación y aprobación a cualquiera de las Cámaras que componen la Asamblea Legislativa o las Legislaturas Municipales y sus respectivas comisiones, con el propósito de conseguir que se vote o apruebe por cualquiera de dichas Cámaras o Legislaturas Municipales, o que se certifique por el Presidente de las mismas, en términos distintos de los que se propusiere, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

 

Artículo 296. — Alteración de copia registrada. (33 L.P.R.A. § 5392)

Toda persona que altere el texto registrado de una ley, ordenanza o resolución aprobada por la Asamblea Legislativa, por cualquiera de sus Cámaras o por cualquier Legislatura Municipal y sus respectivas comisiones con el propósito de conseguir que dicha ley, ordenanza o resolución, sea aprobada por el Gobernador o el Alcalde, certificada por el Secretario de Estado o Secretario Municipal, según sea el caso, o impresa o divulgada por el publicador oficial de los estatutos y ordenanzas en un lenguaje distinto del votado, aprobado, firmado o promulgado, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

 

Artículo 297. — [Derogado, Ley 10-2013, Art. 5] (33 L.P.R.A. § 5393)

 

Artículo 298. — Negativa de testigos a comparecer, testificar o presentar evidencia a la Asamblea Legislativa o a las Legislaturas Municipales. (33 L.P.R.A. § 5394)

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años toda persona que:

(a) Habiendo sido citada como testigo ante cualquiera de las Cámaras de la Asamblea Legislativa, Legislaturas Municipales o comisiones de éstas, se niegue a comparecer y acatar dicha citación, o deje de hacerlo sin justificación legal; o

(b) que hallándose ante cualquiera de las Cámaras de la Asamblea Legislativa, de las Legislaturas Municipales o comisiones de éstas, sin justificación legal se niegue a prestar juramento o afirmación, o a contestar a cualquier pregunta esencial y pertinente, o a presentar, después de habérsele fijado un término conveniente al efecto, cualquier libro, documento o expediente que tenga en su poder o se halle bajo su autoridad.

Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta diez mil dólares ($10,000).

[Nota: Enmiendas: Ley 246-2014] 

 

Delitos Contra La Función Judicial (Código Penal de Puerto Rico)

CAPÍTULO II. — Delitos Contra La Función Judicial

 

Artículo 268. — Declaración o alegación falsa sobre delito. (33 L.P.R.A. § 5361)

Toda persona que mediante querella, solicitud, información, confidencia, independientemente que sea anónima o bajo falso nombre, dirigida a personas o funcionarios con autoridad en ley para hacer investigaciones de naturaleza criminal, declare o alegue falsamente teniendo conocimiento de su falsedad, que se ha cometido un delito, que provoque así el inicio de una investigación encaminada a esclarecerlo, incurrirá en delito menos grave.

Si el hecho alegado falsamente es uno que constituye delito grave, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

 

Artículo 269. — Perjurio. (33 L.P.R.A. § 5362)

Toda persona que jure o afirme, testifique, declare, deponga o certifique la verdad ante cualquier tribunal, organismo, funcionario o persona competente y declare ser cierto cualquier hecho esencial o importante con conocimiento de su falsedad o declare categóricamente sobre un hecho esencial o importante cuya certeza no le consta, incurrirá en perjurio y será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta diez mil dólares ($10,000).

También incurrirá en perjurio toda persona que bajo las circunstancias establecidas en el párrafo anterior, preste dos o más testimonios, declaraciones, deposiciones o certificaciones irreconciliables entre sí. En este caso será innecesario establecer la certeza o falsedad de los hechos relatados.

Para propósitos de este Artículo, “organismo” incluye toda institución que tiene funciones cuasi judiciales, cuasi legislativas o cuasi adjudicativas.

[Nota: Enmiendas: Ley 246-2014]

 

Artículo 270. — Perjurio agravado. (33 L.P.R.A. § 5363)

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años, si la declaración prestada en las circunstancias establecidas en el delito de perjurio tiene como consecuencia la privación de libertad o convicción de un acusado. Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta treinta mil dólares ($30,000).

[Nota: Enmiendas: Ley 246-2014]

 

Artículo 271. — Forma de juramento. (33 L.P.R.A. § 5364)

A los efectos del delito de perjurio y de perjurio agravado, no se exigirá forma especial alguna de juramento o afirmación. Se usará la forma que el declarante tenga por más obligatoria o solemne.

 

Artículo 272. — Defensas no admisibles. (33 L.P.R.A. § 5365)

No se admitirá como defensa en ninguna causa por perjurio o perjurio agravado:

(a) La circunstancia de haberse prestado o tomado el juramento en forma irregular.

(b) El hecho de que el acusado ignoraba la importancia de la declaración falsa hecha por él o que ésta en realidad no afectó a la causa. Bastará que tal declaración sea esencial o importante y que hubiera podido utilizarse para afectar a dicho proceso.

 

Artículo 273. — Cuándo se considera consumada la declaración o certificación. (33 L.P.R.A. § 5366)

Se considera consumada una declaración o certificación, a los efectos del delito de perjurio o de perjurio agravado, desde el momento en que sea prestada por el declarante con el propósito de que se publique, divulgue o se utilice como verdadera.

 

Artículo 274. — Justicia por sí mismo. (33 L.P.R.A. § 5367)

Toda persona que con el propósito de ejercer un derecho existente o pretendido, haga justicia por sí misma en lugar de recurrir a la autoridad pública, incurrirá en delito menos grave.

Si comete el delito mediante violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

 

Artículo 275. — Fuga. (33 L.P.R.A. § 5368)

Toda persona sometida legalmente a detención preventiva, a pena de reclusión o de restricción de libertad, o a medida de seguridad de internación, a tratamiento y rehabilitación en un programa del Estado Libre Asociado o privado, supervisado y licenciado por una agencia del mismo, o a un procedimiento especial de desvío bajo la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal o bajo una ley especial, que se fugue o que se evada de la custodia legal que ejerce sobre ella otra persona con autoridad legal y toda persona que a sabiendas actúe en colaboración con aquella, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

La pena se impondrá consecutiva con la sentencia que corresponda por el otro delito o a la que esté cumpliendo. En este delito no estarán disponibles las penas alternativas a la reclusión para la persona que se fugue.

[Nota: Enmiendas: Ley 246-2014]

 

Artículo 276. — Ayuda a fuga. (33 L.P.R.A. § 5369)

Toda persona encargada de la custodia de otra persona que a sabiendas cause, ayude, permita o facilite su fuga en cualquiera de las circunstancias previstas en el delito de fuga, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años si la persona a quien ayudó a fugarse estuviere cumpliendo pena de reclusión o de restricción de libertad. En todos los demás casos, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

[Nota: Enmiendas: Ley 246-2014]

 

Artículo 277. — Posesión e introducción de objetos a un establecimiento penal. (33 L.P.R.A. § 5370)

Toda persona que introduzca, venda o ayude a vender, o tenga en su poder con el propósito de introducir o vender drogas narcóticas, estupefacientes o cualquier sustancia controlada o armas de cualquier clase, bebidas alcohólicas o embriagantes, explosivos, proyectiles, teléfonos celulares, u otros medios de comunicación portátil o cualquier otro objeto que pudiera afectar el orden o la seguridad de una institución penal o de cualquier establecimiento penal bajo el sistema correccional, dentro o fuera del mismo, a un confinado, a sabiendas de que es un confinado, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Toda persona confinada en una institución penal o juvenil que, sin estar autorizado, posea teléfonos celulares u otros medios de comunicación portátil, o cualquier otro objeto que pudiera afectar el orden o la seguridad de una institución penal o de cualquier establecimiento penal bajo el sistema correccional, dentro o fuera del mismo, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

[Nota: Enmiendas: Ley 246-2014]

 

Artículo 278. — Manipulación o daño al sistema de supervisión electrónica. (33 L.P.R.A. § 5371)

Toda persona que manipule o cause cualquier daño al sistema de supervisión electrónica que le haya sido impuesto, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Artículo 279. — Desacato. (33 L.P.R.A. § 5372)

Incurrirá en delito menos grave, toda persona que realice cualquiera de los siguientes actos:

(a) Perturbe el orden, cause ruido o disturbio o se conduzca en forma desdeñosa o insolente hacia un tribunal de justicia o un juez durante el desarrollo de una investigación judicial o una sesión, tendiendo con ello directamente a interrumpir los procedimientos o menoscabar el respeto debido a su autoridad, o en presencia del jurado mientras esté en estrado o deliberando en alguna causa;

(b) Desobedezca cualquier decreto, mandamiento, citación u otra orden legal expedida o dictada por algún tribunal.

(c) Demuestre resistencia ilegal y contumaz a prestar juramento o llenar los requisitos como testigo en una causa pendiente ante cualquier tribunal, se niegue sin excusa legítima a contestar cualquier interrogatorio legal después de haber jurado o llenado dichos requisitos.

(d) Exprese crítica injuriosa o infamatoria de los decretos, órdenes, sentencias o procedimientos de cualquier tribunal que tienda a desacreditar al tribunal o a un juez.

(e) Publique cualquier informe falso o manifiestamente inexacto sobre procedimientos judiciales, a sabiendas de su falsedad.

 

Artículo 280. — Encubrimiento. (33 L.P.R.A. § 5373)

Toda persona que con conocimiento de la ejecución de un delito, oculte al responsable del mismo o procure la desaparición, alteración u ocultación de prueba para impedir la acción de la justicia, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta diez mil dólares ($10,000).

Cuando el encubridor actúe con ánimo de lucro o se trate de un funcionario o empleado público y cometa el delito aprovechándose de su cargo o empleo, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años. Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta treinta mil dólares ($30,000).

[Nota: Enmiendas: Ley 246-2014]

 

Artículo 281. — Impedimento o persuasión de incomparecencia de testigos. (33 L.P.R.A. § 5374)

Toda persona que sin justificación legal impida o disuada a otra, que sea o pueda ser testigo, de comparecer u ofrecer su testimonio en cualquier investigación, procedimiento, vista o asunto judicial, legislativo o administrativo, o en cualesquiera otros trámites autorizados por ley, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta diez mil dólares ($10,000).

[Nota: Enmiendas: Ley 246-2014]

Artículo 282. — Fraude o engaño sobre testigos. (33 L.P.R.A. § 5375)

Toda persona que realice algún fraude o engaño con el propósito de afectar el testimonio de un testigo o persona que va a ser llamada a prestar testimonio en cualquier investigación, procedimiento, vista o asunto judicial, legislativo o administrativo o en cualesquiera otros trámites autorizados por ley, o que a sabiendas haga alguna manifestación o exposición o muestre algún escrito a dicho testigo o persona con el propósito de afectar indebidamente su testimonio, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta diez mil dólares ($10,000).

[Nota: Enmiendas: Ley 246-2014]

 

Artículo 283. — Amenaza o intimidación a testigos. (33 L.P.R.A. § 5376)

Toda persona que amenace con causar daño físico a una persona, su familia o daño a su patrimonio, o incurra en conducta que constituya intimidación o amenaza, ya sea física, escrita, verbal, o no-verbal, cuando dicha persona sea testigo o por su conocimiento de los hechos pudiera ser llamado a prestar testimonio en cualquier investigación, procedimiento, vista o asunto judicial, legislativo o asunto administrativo, que hubiese o no comenzado, si este último conlleva sanciones en exceso de cinco mil dólares ($5,000) o suspensión de empleo o sueldo, con el propósito de que no ofrezca su testimonio, lo preste parcialmente o varíe el mismo, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

Se considerará una circunstancia agravante a la pena, cuando la víctima sea menor de 18 años.

[Nota: Enmiendas: Ley 246-2014]

 

Artículo 284. — Conspiración, amenazas o atentados contra funcionarios del sistema de justicia o sus familiares. (33 L.P.R.A. § 5377)

Toda persona que conspire, amenace, atente o cometa un delito contra la persona o propiedad de un policía, alguacil, oficial de custodia, agente del Negociado de Investigaciones Especiales, agente investigador u otro agente del orden público, fiscal, procurado[r] de menores, procurador de asuntos de familia, juez, o cualquier otro funcionario público relacionado con la investigación, arresto, acusación, procesamiento, convicción o detención criminal, contra los familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de estos funcionarios, y tal conspiración, amenaza, tentativa de delito contra la persona o propiedad surgiere en el curso o como consecuencia de cualquier investigación, procedimiento, vista o asunto que esté realizando o haya realizado en el ejercicio de las responsabilidades oficiales asignadas a su cargo, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

[Nota: Enmiendas: Ley 246-2014]

Artículo 285. — Destrucción de pruebas. (33 L.P.R.A. § 5378)

Toda persona que sabiendo que alguna prueba documental o cualquier objeto pudiera presentarse en cualquier investigación, procedimiento, vista o asunto judicial, legislativo o administrativo, o cualesquiera otros trámites autorizados por ley, la destruya o esconda con el propósito de impedir su presentación, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta diez mil dólares ($10,000).

[Nota: Enmiendas: Ley 246-2014]

 

Artículo 286. — Preparación de escritos falsos. (33 L.P.R.A. § 5379)

Toda persona que prepare algún libro, papel, documento, registro, instrumento escrito, u otro objeto falsificado o antedatado con el propósito de presentarlo o permitir que se presente como genuino y verdadero, en cualquier investigación, procedimiento, vista o asunto judicial, legislativo o administrativo, o cualesquiera otros trámites autorizados por la ley, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta diez mil dólares ($10,000).

[Nota: Enmiendas: Ley 246-2014]

 

Artículo 287. — Presentación de escritos falsos. (33 L.P.R.A. § 5380)

Toda persona que en cualquier investigación, procedimiento, vista o asunto judicial, legislativo o administrativo, o cualesquiera otros trámites autorizados por ley, ofrezca en evidencia como auténtica o verdadera alguna prueba escrita sabiendo que ha sido alterada, antedatada o falsificada, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta diez mil dólares ($10,000).

[Nota: Enmiendas: Ley 246-2014]

 

Artículo 288. — Certificación de listas falsas o incorrectas. (33 L.P.R.A. § 5381)

Toda persona a quien legalmente corresponda certificar la lista de personas elegidas para servir como jurados que certifique una lista falsa o incorrecta o conteniendo nombres distintos de los elegidos; o que estando obligado por ley a anotar en papeletas separadas los nombres puestos en las listas certificadas, no anote y coloque en la urna los mismos nombres que constan en la lista certificada, sin añadir ni quitar ninguno, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Artículo 289. — Alteración de lista de jurado. (33 L.P.R.A. § 5382)

Toda persona que añada un nombre a la lista de personas elegidas para prestar servicios de jurado en los tribunales, bien depositando dicho nombre en la urna de jurados o en otra forma; o que extraiga cualquier nombre de la urna, o destruya ésta, o cualquiera de las papeletas conteniendo los nombres de los jurados, o mutile o desfigure dichos nombres, de modo que no puedan ser leídos, o los altere en las papeletas, salvo en los casos permitidos por ley, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

 

Artículo 290. — Obstrucción a los procedimientos de selección de jurados. (33 L.P.R.A. § 5383)

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años toda persona que de cualquier forma:

(a) Interfiera en los procedimientos para la selección de jurados con el propósito de impedir la ordenada administración de los procesos penales.

(b) Provea información falsa al Negociado de Administración del Servicio de Jurado o al tribunal durante los procedimientos de selección de jurados.

Se podrá imponer la pena con circunstancias agravantes, cuando la persona esté vinculada en un caso particular como acusada, testigo, candidata calificada a jurado o como funcionario del tribunal.

[Nota: Enmiendas: Ley 246-2014]

 

Artículo 291. — Promesa de rendir determinado veredicto o decisión. (33 L.P.R.A. § 5384)

Será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años todo jurado o persona sorteada o citada como tal, o todo juez, árbitro o persona autorizada por ley para oír y resolver una cuestión o controversia que:

(a) prometa o acuerde pronunciar un veredicto o decisión a favor o en contra de una de las partes; o

(b) admita algún libro, papel, documento o informe relativo a cualquier causa o asunto pendiente ante ella, excepto en el curso regular de los procedimientos.

 

Artículo 292. — Influencia indebida en la adjudicación. (33 L.P.R.A. § 5385)

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años toda persona que intente influir sobre algún juez, jurado o persona citada o sorteada como tal, o elegida o nombrada como árbitro, o persona autorizada por ley para oír o resolver una cuestión o controversia, por lo que respecta a su veredicto o decisión en cualquier causa o procedimiento que esté pendiente ante ella o que será sometido a su resolución, valiéndose al efecto de alguno de los siguientes medios:

(a) Cualquier comunicación, oral o escrita, tenida con dicha persona, excepto en el curso ordinario de los procedimientos.

(b) Cualquier libro, papel o documento mostrándole fuera del curso regular de los procedimientos.

(c) Cualquier amenaza, intimidación, persuasión o súplica.

 

Artículo 293. — Negación u ocultación de vínculo familiar. (33 L.P.R.A. § 5386)

Será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años:

(a) Todo abogado, fiscal o procurador que esté interviniendo en un caso por jurado, o Juez que esté presidiendo el caso, y a propósito oculte el hecho de que tiene vínculos de consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con uno de los jurados seleccionados para actuar en el caso.

(b) Cualquier persona seleccionada a actuar como jurado que, con el propósito de evitar ser recusado, oculte o niegue que tiene vínculos de consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con el acusado, o su abogado, juez, fiscales o testigos que estén interviniendo en el caso.

[Nota: Enmiendas: Ley 246-2014]

 

Artículo 294. — Despido o suspensión de empleado por servir como jurado o testigo. (33 L.P.R.A. § 5387)

Todo patrono que autorice, consienta o lleve a efecto el despido, y toda persona que amenace con despedir, o despida, suspenda, reduzca en salario, rebaje en categoría o imponga o intente imponer condiciones de trabajo onerosas a un empleado, por el hecho de que dicho empleado haya sido citado para servir, esté sirviendo, o haya servido como jurado o haya sido citado o esté obligado a comparecer bajo apercibimiento de desacato ante un juez, tribunal, fiscal, agencia administrativa, tanto estatal como federal, ambas Cámaras de la Asamblea Legislativa y sus comisiones, Legislatura Municipal y sus comisiones o todo patrono que se niegue a reinstalar a dicho empleado, cuando éste haya solicitado su reinstalación dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al cese de su función como jurado o testigo, incurrirá en delito menos grave.

 

Delitos Contra el Ejercicio Gubernamental (Código Penal de Puerto Rico)

CAPÍTULO I. — Delitos Contra el Ejercicio Gubernamental

SECCIÓN PRIMERA. — De los delitos contra el ejercicio del cargo público

Artículo 250. — Enriquecimiento ilícito. (33 L.P.R.A. § 5341)

Todo funcionario o empleado público, ex-funcionario o ex-empleado público que, para beneficio personal o de un tercero, utilice información o datos que sólo haya podido conocer por razón del ejercicio de su cargo, empleo o encomienda, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Si la persona obtiene el beneficio perseguido, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

Artículo 251. — Enriquecimiento injustificado. (33 L.P.R.A. § 5342)

Todo funcionario o empleado público, ex-funcionario o ex-empleado público que injustificadamente haya enriquecido su patrimonio o el de un tercero, cuando tal enriquecimiento haya ocurrido con posterioridad a la asunción del cargo, empleo o encomienda y hasta cinco (5) años de haber concluido su desempeño, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

Se entiende que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se haya incrementado con dinero o bienes, sino también cuando se hayan cancelado o extinguido obligaciones que lo afectaban.

El tercero beneficiado también incurrirá en este delito.

Artículo 252. — Aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos. (33 L.P.R.A. § 5343)

Toda persona que utilice de forma ilícita, para su beneficio o para beneficio de un tercero, propiedad, trabajos o servicios pagados con fondos públicos será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta diez mil dólares ($10,000).

Se podrá imponer la pena con circunstancias agravantes, cuando el delito sea cometido por un funcionario o empleado público.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

[Nota: Enmiendas: Ley 246-2014]

Artículo 253. — Negociación incompatible con el ejercicio del cargo público. (33 L.P.R.A. § 5344)

Todo funcionario o empleado público que por razón de su cargo, directamente o mediante un tercero, promueva, autorice o realice un contrato, subasta o cualquier operación en que tenga interés patrimonial sin mediar la dispensa o autorización que permita la ley, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

El tercero beneficiado también incurrirá en este delito. Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta diez mil dólares ($10,000).

Si la persona obtiene el beneficio perseguido, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años. Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta treinta mil dólares ($30,000).

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

[Nota: Enmiendas: Ley 246-2014]

Artículo 254. — Intervención indebida en las operaciones gubernamentales. (33 L.P.R.A. § 5345)

Toda persona que intervenga sin autoridad de ley o indebidamente en la realización de un contrato, en un proceso de subasta o negociación o en cualquier otra operación del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el propósito de beneficiarse o beneficiar a un tercero, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta diez mil dólares ($10,000).

Si la persona obtiene el beneficio perseguido, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años. Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta treinta mil dólares ($30,000).

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

[Nota: Enmiendas: Ley 246-2014]

Artículo 255. — Usurpación de cargo público. (33 L.P.R.A. § 5346)

Incurrirá en delito menos grave, toda persona que:

(a) usurpe un cargo, empleo o encomienda para el cual no ha sido elegido, nombrado o designado, o lo ejerza sin poseer las cualificaciones requeridas; o

(b) ejerza obstinadamente alguna de las funciones del cargo, empleo o encomienda al que fue designado, después de cumplido su término de servicio o después de recibir una comunicación oficial que ordene la terminación o suspensión de funciones.

[Nota: Enmiendas: Ley 246-2014]

Artículo 256. — Retención de propiedad. (33 L.P.R.A. § 5347)

Todo funcionario o empleado público, ex-funcionario o ex-empleado público que, después de cumplido el término del cargo, empleo o encomienda, abolido el cargo o cesado en su ejercicio por renuncia o separación, retenga en su poder o se niegue a hacer entrega de la propiedad, los archivos, expedientes, documentos, códigos de acceso, discos, archivos electrónicos y demás información o material oficial perteneciente a su despacho en soporte papel o electrónico, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Cuando la propiedad o material bajo su custodia se mutile, dañe, destruya o sustraiga, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

Artículo 257. — Alteración o mutilación de propiedad. (33 L.P.R.A. § 5348)

Todo funcionario o empleado público que esté encargado o que tenga control de cualquier propiedad, archivo, expediente, documento, registro computadorizado o de otra naturaleza o banco de información, en soporte papel o electrónico que lo altere, destruya, mutile, remueva u oculte en todo o en parte, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Cuando se produzca la pérdida de propiedad o fondos públicos, el tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

Artículo 258. — Certificaciones falsas. (33 L.P.R.A. § 5349)

Todo funcionario o empleado público, autorizado por ley para expedir certificaciones y otros documentos que expida como verdadera una certificación o documento que contenga declaraciones que le constan ser falsas, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Artículo 259. — Soborno. (33 L.P.R.A. § 5350)

Todo funcionario o empleado público, jurado, testigo, árbitro o cualquier persona autorizada en ley para tomar decisiones, o para oír o resolver alguna cuestión o controversia que solicite o reciba, directamente o por persona intermedia, para sí o para un tercero, dinero o cualquier beneficio, o acepte una proposición en tal sentido por realizar, omitir o retardar un acto regular de su cargo o funciones, o por ejecutar un acto contrario al cumplimiento regular de sus deberes, o con el entendido de que tal remuneración o beneficio habrá de influir en cualquier acto, decisión, voto o dictamen de dicha persona en su carácter oficial, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

Cuando el autor sea un funcionario público, árbitro o persona autorizada en ley para oír o resolver una cuestión o controversia, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años.

Artículo 260. — Oferta de Soborno. (33 L.P.R.A. § 5351)

Toda persona que, directamente o por persona intermediaria, dé o prometa a un funcionario o empleado público, testigo, o jurado, árbitro o a cualquier otra persona autorizada en ley para oír o resolver una cuestión o controversia, dinero o cualquier beneficio con el fin previsto en el Artículo 259, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años. Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta treinta mil dólares ($30,000).

[Nota: Enmiendas: Ley 246-2014]

Artículo 261. — Influencia indebida. (33 L.P.R.A. § 5352)

Toda persona que obtenga o trate de obtener de otra cualquier beneficio al asegurar o pretender que se halla en aptitud de influir en cualquier forma en la conducta de un funcionario o empleado público en lo que respecta al ejercicio de sus funciones, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta diez mil dólares ($10,000).

Si la persona obtiene el beneficio perseguido, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años. Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta treinta mil dólares ($30,000).

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

[Nota: Enmiendas: Ley 246-2014]

Artículo 262. — Incumplimiento del deber. (33 L.P.R.A. § 5353)

Todo funcionario o empleado público que mediante acción u omisión y a propósito, con conocimiento o temerariamente, incumpla un deber impuesto por la ley o reglamento y, como consecuencia de tal omisión se ocasione pérdida de fondos públicos o daño a la propiedad pública, incurrirá en delito menos grave.

Si el valor de la pérdida de los fondos públicos o el daño a la propiedad pública sobrepasa de diez mil (10,000) dólares, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

[Nota: Enmiendas: Ley 246-2014]

Artículo 263. — Negligencia en el cumplimiento del deber. (33 L.P.R.A. § 5354)

Todo funcionario o empleado público que obstinadamente mediante acción u omisión y negligentemente incumpla con las obligaciones de su cargo o empleo y como consecuencia de tal descuido se ocasione pérdida de fondos públicos o daño a la propiedad pública, incurrirá en delito menos grave.

Si el valor de la pérdida de los fondos públicos o el daño a la propiedad pública sobrepasa de diez mil (10,000) dólares, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

[Nota: Enmiendas: Ley 246-2014]

SECCIÓN SEGUNDA. — De los delitos contra los fondos públicos

Artículo 264. — Malversación de fondos públicos. (33 L.P.R.A. § 5355)

Será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años, independientemente de si obtuvo o no beneficio para sí o para un tercero todo funcionario o empleado público que sea directa o indirectamente responsable de la administración, traspaso, cuidado, custodia, ingresos, desembolsos o contabilidad de fondos públicos que:

(a) se los apropie ilegalmente, en todo o en parte;

(b) los utilice para cualquier fin que no esté autorizado o que sea contrario a la ley o a la reglamentación;

(c) los deposite ilegalmente o altere o realice cualquier asiento o registro en alguna cuenta o documento relacionado con ellos sin autorización o contrario a la ley o a la reglamentación;

(d) los retenga, convierta, traspase o entregue ilegalmente, sin autorización o contrario a la ley o a la reglamentación; o

(e) deje de guardar o desembolsar fondos públicos en la forma prescrita por ley.

Cuando el autor sea un funcionario público o la pérdida de fondos públicos sobrepase de cincuenta mil (50,000) dólares, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

Artículo 265. — Posesión y uso ilegal de información, recibos y comprobantes de pago de contribuciones. (33 L.P.R.A. § 5356)

Toda persona que tenga en su poder, sin estar autorizado para ello, formularios de recibos o comprobantes de pago de impuestos, patentes, contribuciones, arbitrios o licencias; o que expida, use o dé algún recibo de pago de contribución, arbitrios, impuesto o patente contrario a lo dispuesto por ley o reglamentación; reciba el importe de dicha contribución, arbitrio, licencia, impuesto o patente sin expedir recibo o comprobante; o realice cualquier asiento ilegal o falso en el recibo, comprobante que expida o en los documentos o bancos de información fiscal, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Artículo 266. — Compra y venta ilegal de bienes en pago de contribuciones. (33 L.P.R.A. § 5357)

Será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años todo colector o agente que directa o indirectamente realice cualquiera de los siguientes actos:

(a) Compre cualquier porción de bienes muebles o bienes inmuebles vendidos para el pago de contribuciones adeudadas.

(b) Venda o ayude a vender cualesquiera bienes inmuebles o bienes muebles, a sabiendas de que dichas propiedades están exentas de embargo, o exentas del pago de contribuciones, o satisfechas las contribuciones para las cuales se vende.

(c) Venda o ayude a vender, cualesquiera bienes inmuebles o bienes muebles para el pago de contribuciones, con el propósito de defraudar al dueño de los mismos.

(d) Expida un certificado de venta de bienes inmuebles enajenados en las circunstancias descritas en los incisos anteriores.

(e) De cualquier modo cohíba o restrinja a postores en cualquier subasta pública para el pago de contribuciones adeudadas.

Artículo 267. — Impedir la inspección de libros y documentos. (33 L.P.R.A. § 5358)

Todo empleado encargado del cobro, recibo o desembolso de fondos públicos que, requerido para que permita al funcionario competente inspeccionar los libros, documentos, registros y archivos pertenecientes a su oficina, se niegue a permitirlo, deje de hacerlo u obstruya la operación, incurrirá en delito menos grave.

 

Delitos Contra El Orden Público y el Respecto a la Autoridad Pública (Código Penal de Puerto Rico)

CAPÍTULO III. — Delitos Contra El Orden Público y el Respecto a la Autoridad Pública

Artículo 241. — Alteración a la paz. (33 L.P.R.A. § 5331)

Incurrirá en delito menos grave, toda persona que realice cualquiera de los siguientes actos:

(a) perturbe la paz o tranquilidad de una o varias personas con conducta ofensiva que afecte el derecho a la intimidad en su hogar, o en cualquier otro lugar donde tenga una expectativa razonable de intimidad;

(b) perturbe la paz o tranquilidad de una o varias personas mediante palabras o expresiones ofensivas o insultantes al proferirlas en un lugar donde quien las oye tiene una expectativa razonable de intimidad; o

(c) perturbe la paz o tranquilidad de una o varias personas en forma estrepitosa o inconveniente mediante vituperios, oprobios, desafíos, provocaciones, palabras insultantes o actos que puedan provocar una reacción violenta o airada en quien las escucha.

[Nota: Enmiendas: Ley 246-2014]

Artículo 242. — Motín. (33 L.P.R.A. § 5332)

Constituye motín cuando dos o más personas, obrando juntas y sin autoridad en ley, empleen o amenacen con emplear algún tipo de fuerza o violencia que perturbe la tranquilidad pública, acompañada la amenaza con la aptitud para realizarla.

Los participantes serán sancionados con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Artículo 243. — Obstruir la labor de la prensa durante la celebración de actos oficiales. (33 L.P.R.A. § 5333)

Incurrirá en delito menos grave, toda persona que ilegalmente y sin propósito legítimo alguno, durante la celebración de actos oficiales, obstruya a propósito, la transmisión de cualquier medio de comunicación, o la toma de imágenes fotográficas, digitales o de video.

[Nota: Enmiendas: Ley 246-2014]

Artículo 244. — Conspiración. (33 L.P.R.A. § 5334)

Constituye conspiración, el convenio o acuerdo, entre dos o más personas para cometer un delito y han formulado planes precisos respecto a la participación de cada cual, el tiempo y el lugar de los hechos.

Cuando el convenio tenga como propósito la comisión de un delito menos grave, se incurrirá en delito menos grave.

Si el convenio es para cometer un delito grave, serán sancionadas con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Ningún convenio, excepto para cometer un delito grave contra alguna persona, o para cometer el delito de incendiar o escalar un edificio, constituye conspiración a no ser que concurra algún acto para llevarlo a cabo, por uno o más de los conspiradores.

Se impondrá pena con circunstancias agravantes, cuando uno de los conspiradores fuera funcionario del orden público y se aprovechara de su cargo para cometer el delito.

[Nota: Enmiendas: Ley 246-2014]

Artículo 245. — Empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública. (33 L.P.R.A. § 5335)

Toda persona que use violencia o intimidación contra un funcionario o empleado público para obligarlo a llevar a cabo u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Artículo 246. — Resistencia u obstrucción a la autoridad pública. (33 L.P.R.A. § 5336)

Constituirá delito menos grave la resistencia u obstrucción al ejercicio de la autoridad pública a propósito o con conocimiento en cualquiera de las siguientes circunstancias:

(a) Impedir a cualquier funcionario o empleado público en el cumplimiento o al tratar de cumplir alguna de las obligaciones de su cargo.

(b) Impedir u obstruir a cualquier persona, funcionario o empleado público en el cobro autorizado por ley, de rentas, contribuciones, arbitrios, impuestos, patentes, licencias u otras cantidades de dinero en que esté interesado el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(c) La negativa a impedir la comisión de un delito que afecte la vida o integridad corporal de las demás personas, después de serle requerido por una persona con autoridad para ello y sin riesgo propio o ajeno.

(d) La negativa a ayudar al arresto de otra persona, después de serle requerido por una persona con autoridad para ello y sin riesgo propio o ajeno.

(e) Resistir al arresto o huir violentamente luego de ser informado por un funcionario del orden público o persona particular en los casos permitidos por ley, de su autoridad legal para practicarlo.

(f) La negativa sin excusa legítima a comparecer o acatar una citación expedida por un fiscal o procurador de menores, cualquiera de las Cámaras de la Asamblea Legislativa, cualquier Legislatura Municipal o cualquier comisión de éstas en el curso de una investigación.

(g) La resistencia ilegal y contumaz a prestar juramento o llenar los requisitos como testigo en una causa o investigación pendiente o la negativa sin excusa legítima a contestar cualquier interrogatorio legal después de haber jurado o llenado dichos requisitos ante cualquiera de las Cámaras de la Asamblea Legislativa, de las Legislaturas Municipales o comisión de éstas.

(h) La negativa a prestar o suscribir cualquier juramento, declaración o afirmación requerida por la legislación fiscal del Estado Libre Asociado o por persona, empleado o funcionario competente.

(i) La negativa a contestar cualquier interrogatorio a suplir, dar o devolver alguna planilla, certificación, lista o formulario fiscal con información incompleta, falsa o fraudulenta, luego de ser debidamente requerida por la autoridad fiscal competente.

[Nota: Enmiendas: Ley 246-2014]

Artículo 247. — [Derogado, Ley 10-2013, Art. 4] (33 L.P.R.A. § 5337)

Artículo 248. — Uso de disfraz en la comisión de delito. (33 L.P.R.A. § 5338)

Incurrirá en delito menos grave, toda persona que utilice una máscara o careta, postizo o maquillaje, tinte, o cualquier otro disfraz, completo o parcial, que altere de cualquier forma temporera o permanentemente su apariencia física con el propósito de:

(a) Evitar que se le descubra, reconozca o identifique en la comisión de algún delito.

(b) Ocultarse, evitar ser arrestado, fugarse o escaparse al ser denunciado, procesado o sentenciado de algún delito.

[Nota: Enmiendas: Ley 246-2014]

Artículo 249. — Riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego. (33 L.P.R.A. § 5339)

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de veinte (20) años toda persona que, poniendo en riesgo la seguridad u orden público, a propósito, con conocimiento o temerariamente dispare un arma de fuego:

(a) desde un vehículo de motor, ya sea terrestre o acuático; o

(b) en una discoteca, bar, centro comercial, negocio o establecimiento; o

(c) en un sitio público o abierto al público.

[Nota: Enmiendas: Ley 246-2014] 

 

De Las Falsas Alarmas E Interferencia Con Los Servicios Públicos (Código Penal de Puerto Rico)

CAPÍTULO II. —  De Las Falsas Alarmas E Interferencia Con Los Servicios Públicos

 

SECCIÓN PRIMERA — De las falsas alarmas

 

Artículo 238. — Alarma falsa. (33 L.P.R.A. § 5321)

Toda persona que a sabiendas dé un aviso o alarma falsa de fuego o bomba o cualquier otro artefacto explosivo, emanación de gases o sustancias dañinas a la salud, en un edificio o en cualquier otro lugar donde haya personas congregadas, incurrirá en delito menos grave.

 

Artículo 239. — Llamada telefónica falsa a sistema de emergencia. (33 L.P.R.A. § 5322)

Toda persona que a sabiendas efectúe o permita que desde cualquier teléfono bajo su control se efectúe una llamada telefónica a cualquier sistema de respuesta a llamadas telefónicas de emergencia, como el tipo conocido comúnmente como “9-1-1”, para dar aviso, señal o falsa alarma de fuego, emergencia médica, comisión de delito, desastre natural o cualquier otra situación que requiera la movilización, despacho o presencia del Cuerpo de Bomberos, personal de Emergencias Médicas, la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias, Junta de Calidad Ambiental o fuerzas del orden público, incluyendo la Policía de Puerto Rico, o que efectúe o permita que desde cualquier teléfono bajo su control se efectúe una llamada obscena o en broma a tal sistema de respuestas a llamadas telefónicas de emergencia, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución para subsanar cualquier utilización innecesaria de recursos o desembolsos innecesarios de fondos por parte del Estado Libre Asociado para responder a cualquier llamada telefónica obscena, en broma o constitutiva de falsa alarma a tales sistemas de emergencia.

 

SECCIÓN SEGUNDA — De la interferencia con los servicios públicos

Artículo 240. — Sabotaje de servicios esenciales. (33 L.P.R.A. § 5323)

Toda persona que a propósito, con conocimiento o temerariamente, destruya, dañe, vandalice, altere o interrumpa el funcionamiento de las instalaciones o equipos del servicio de agua, gas, electricidad, teléfono, telecomunicaciones, sistemas o redes de computadoras o cualquier otra propiedad destinada a proveer servicios públicos o privados esenciales, incluyendo el de transportación y comunicación, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

Cuando la comisión de este delito resulte en impedir que una persona solicite o reciba ayuda para su vida, salud o integridad física, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años.

[Nota: Enmiendas: Ley 246-2014]