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Szendrey v. Hospicare Inc., 158 D.P.R. 648 (2003)

Ladislaus M. Szendrey, su esposa Maricarmen Ramos de Szendrey y la Sociedad Legal de Gananciales que existe entre ellos, demandantes y peticionarios,
v.
Hospicare, Inc. y otros, demandados y recurridos.
Número: CC-2000-845

En El Tribunal Supremo De Puerto Rico.
Resuelto: 14 de febrero de 2003

Petición de Certiorari para revisar una Sentencia de Héctor Urgell Cuebas, Charles A. Cordero Peña, Roberto González Rivera, Js. del Tribunal de Circuito de Apelaciones (Circuito Regional I), mediante la cual se modifica una resolución del Tribunal de Primera Instancia para permitir traer como tercero demandado a Hospicare, Inc. Así modificada, el foro apelativo confirmó las resoluciones recurridas. Se dicta una sentencia que revoca la decisión del Tribunal de Circuito de Apelaciones con el fin de declarar improcedente la demanda contra tercero.

Lino J. Saldaña, abogado de la parte peticionaria; José G. Barea Fernández, abogado de la parte recurrida; Ramón H. Vargas y Charles A. Cuprill Hernández, abogados de Hospicare, Inc.; Felipe Algarín Echandi, abogado de la Administración de Corrección. *650

El Juez Presidente Señor Andréu García emitió la opinión del Tribunal.

El 23 de abril de 1993 Hospicare, Inc. (Hospicare), en carácter de vendedor, y el Sr. Ladislaus Szendrey y su esposa, en carácter de compradores, otorgaron un contrato de promesa bilateral de compraventa sobre las oficinas núms. 802 y 804 del edificio Condominio Metropolitan Professional Park, ubicado en Río Piedras. Para entonces, Hospicare era la propietaria de todas las oficinas localizadas en cinco de los diez pisos del Condominio Metropolitan Professional Park. Por otro lado, Inversiones y Desarrollos del Caribe, Inc. (INDECA) era la dueña de las oficinas restantes en los otros cinco pisos del edificio. Al poco tiempo, Hospicare e INDECA alquilaron todas las oficinas del condominio al Departamento de Corrección y otras entidades relacionadas.

El 23 de marzo de 1994 el Sr. Ladislaus Szendrey, su esposa y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos, presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia una demanda contra Hospicare; INDECA; Enrique Irizarry Sorrentini, su esposa y la sociedad de gananciales compuesta por ambos; Baldomero Collazo Salazar, su esposa y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos, y Metropolitan Office Park, Inc. Como primera causa de acción, alegaron incumplimiento del contrato de compraventa de las oficinas núms. 802 y 804. Solicitaron que se otorgase la escritura de compraventa correspondiente. Como segunda causa de acción, plantearon que los demandados estaban infringiendo las disposiciones de la escritura matriz en cuanto al uso permitido de los locales del condominio y de ciertos elementos comunes. Solicitaron el cumplimiento específico de las restricciones incluidas en la escritura matriz y el resarcimiento de los daños sufridos como resultado de tales violaciones. *651

La demanda fue enmendada en varias ocasiones con la autorización del tribunal.NOTA1 En la tercera demanda enmendada se ampliaron las alegaciones respecto a los daños por los cuales se reclamaba para incluir a todas las partes demandadas, y reclamarles una indemnización por quinientos mil dólares.

El 20 de enero de 2000 los demandantes y Hospicare presentaron en el tribunal un convenio de transacción, titulado Estipulación de Transacción y Relevo, en la que se informa que Hospicare otorgó la escritura de compraventa a favor de los demandantes, según solicitado en la primera causa de acción, y que habían llegado a un acuerdo sobre los daños que eran responsabilidad de la codemandada. Específicamente, la parte demandante se reservó el derecho a proseguir con sus reclamaciones en contra de los demás codemandados. El 21 de enero de 2000 el foro de instancia dictó una sentencia parcial en la cual aceptó la estipulación de las partes y decretó el desistimiento con perjuicio de las reclamaciones de la parte peticionaria contra Hospicare.

Oportunamente, INDECA solicitó la reconsideración de dicha sentencia parcial. Alegó que, de sostenerse la transacción, procedía la desestimación de las reclamaciones en su contra. En la alternativa, solicitó que se le permitiese *652 traer como terceros demandados a Hospicare y a los actuales titulares de las unidades del condominio que antes pertenecían a Hospicare, Sr. Luis Fernando Castillo y Sra. Gladys Cruz Chinea. El Tribunal de Primera Instancia sostuvo su sentencia parcial, denegó la solicitud de desestimación contra INDECA y no permitió la demanda contra terceros.NOTA2

Inconformes, INDECA recurrió junto a los otros codemandados al Tribunal de Circuito de Apelaciones. Éste sostuvo la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia de desestimar la demanda contra INDECA por entender que de la demanda se desprende una reclamación separada e independiente de la que fue transigida con Hospicare, a saber, una solicitud de injunction que ordena a los demandados a observar el destino y el uso de los apartamentos y las áreas comunes del edificio, según dispuestas en la escritura del régimen de propiedad horizontal. No obstante, concluyó dicho foro intermedio que a pesar de afectar a todos los codemandados la reclamación por daños, la intención de la parte demandante fue relevar de responsabilidad a Hospicare solamente. Por esta razón, determinó que procedía la demanda contra tercero presentada por INDECA, ya que alegadamente todos son cocausantes de los daños por los cuales se reclama y la determinación de la proporción de la responsabilidad atribuible a cada cocausante requiere la presencia de todos. Estimó que de otro modo se vulneraría el principio de economía procesal, ya que una vez impuestos los daños, INDECA se vería obligada a presentar una acción de nivelación separada y posterior al presente litigio. *653

Resuelto lo anterior, la parte demandante acude ante nos y señala como errores del foro apelativo el

… resolver que INDECA puede traer al pleito como tercero demandado a Hospicare, ya que Szendrey [la parte demandante] relevó a éste de toda responsabilidad y en consecuencia le toca a Szendrey satisfacer o absorber cualquier reclamación que INDECA pueda tener en el pleito de daños como deudor solidario por razón de su derecho a nivelación.NOTA3 Petición de certiorari, pág. 10.

II

[1] La Regla 12.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone que

[e]n cualquier momento después de comenzado el pleito, el demandado podrá, como demandante contra tercero, notificar un emplazamiento y demanda a una persona que no sea parte en el pleito y (1) que le sea responsable al demandado por toda o parte de la reclamación del demandante, o (2) que sea o pueda serle responsable exclusivamente al demandante.

El propósito de esta regla es establecer un mecanismo para facilitar la resolución pronta y económica de pleitos múltiples que puedan surgir de unos mismos hechos. Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 D.P.R. 20 (1986); A.A.A. v. Builders Ins. Co., Etc., 115 D.P.R. 57 (1984). Esta acción no crea, extiende o limita derechos sustantivos, sino que acelera su dilucidación. Por ello, la reclamación contra tercero sólo procede cuando su responsabilidad sea contingente al resultado de la acción principal o cuando el tercero le sea “secundaria o directamente responsable al demandante”. Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, 148 D.P.R. 523 (1999); Camaleglo v. Dorado Wings, Inc, supra. *654

[2] En Puerto Rico el derecho de nivelación entre cocausantes de un daño ha sido reconocido a partir de García v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R. 138 (1951). La consabida norma, que aplica cuando un daño es causado por dos o más personas, establece que todos los cocausantes responden al demandante por los daños sufridos por él. Sin embargo, entre estos cocausantes existe un derecho de contribución o nivelación, procedente del Art. 1098 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3109, que permite al deudor solidario que haya pagado más de lo que le corresponde, reclamar a los demás codeudores las porciones correspondientes. Así hemos determinado que los cocausantes responden solidariamente al perjudicado, pero el efecto oneroso se distribuye en proporción a sus respectivos grados de negligencias en la relación interna entre ellos. Security Ins. Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 191, 208 (1973). Véase, además, Arroyo v. Hospital de La Concepción, 130 D.P.R. 596 (1992).

[3] El propósito fundamental del derecho de nivelación en Puerto Rico ha sido el de evitar el enriquecimiento injusto. Según expresamos en P.R. Fuels, Inc. v. Empire Gas Co., Inc., 149 D.P.R. 691, 713 (1999), se evitan

“… [s]ituaciones de enriquecimiento injusto, reconduciendo subjetivamente la carga prestacional hacia quienes, en último término, corresponda.”

El derecho a la nivelación se basa principalmente en la equidad, toda vez que resulta completamente injusto que siendo dos (2) o más personas las causantes de un daño, se permita que el demandante, por razón de parentesco, amistad, colusión, o por cualquier motivo, releve a éstas de responsabilidad y dirija la acción exclusivamente contra otros. Véanse, además: Arroyo v. Hospital La Concepción, supra; Ramos v. Caparra Dairy, Inc., 116 D.P.R. 60, 64 (1985); García v. Gobierno de la Capital, supra.

[4] Aunque el derecho de nivelación de un codeudor no surge hasta que éste haya efectuado un pago mayor a la proporción que le corresponde, el codeudor sujeto al pago *655 puede incoar una reclamación contingente contra el otro codeudor. Security Ins. Co. v. Tribunal Superior, supra, pág. 198; García v. Gobierno de la Capital, supra, pág. 146. Esto es, el cocausante de un daño puede presentar, conforme a la Regla 12.1 de Procedimiento Civil, supra, una demanda contra tercero en el pleito donde se le requiere responder por tal daño en una cantidad mayor a la porción que representa su grado de contribución a la ocurrencia del daño.

[5-6] El relevo o descargo de responsabilidad hecho por un demandante a favor de un codemandado y codeudor solidario, no releva de responsabilidad a los demás causantes comunes del daño, cuando la intención de las partes en el acuerdo de desistimiento así lo reconoce. P.R. Fuels, Inc. v. Empire Gas Co., Inc., supra; Merle v. West Bend Co., 97 D.P.R. 403 (1969). En Merle v. West Bend Co., supra, los codemandados alegaron que al haberse relevado de responsabilidad a uno de los demandados, tal relevo beneficiaba a todos los codemandados, puesto que la responsabilidad entre éstos era solidaria. Procedía, por lo tanto, la desestimación a favor de todos los codemandados. Allí consideramos como factor determinante la intención de las partes en el relevo del causante común de un daño, conforme a las disposiciones del Art. 1233 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3471, el cual dispone que si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se interpretan literalmente sus cláusulas. Determinamos que los cocausantes de un daño no quedaban relevados de responsabilidad en el caso en que esa no sea la intención de las partes en el convenio de transacción. Merle v. West Bend Co., supra, pág. 412.

En Merle v. West Bend Co., supra, sin embargo, no nos expresamos respecto a la cuestión planteada en este caso; esto es, si es necesario acumular como tercero demandado al cocausante del cual se desiste para la nivelación. Señalamos allí que le correspondía al foro de primera instancia *656 determinar el alcance del convenio de transacción con respecto al cocausante que permaneció en el pleito, porque aparentaba haberse pactado en el convenio que la demandante asumía la responsabilidad del codeudor contra quien desistió ante el codeudor que permanecía en el pleito, Merle v. West Bend Co., supra, pág. 413.

[7] Al igual que en Merle v. West Bend Co., supra, es necesario en el presente caso analizar el alcance del relevo pactado en el convenio de transacción para poder determinar la procedencia de la demanda contra tercero solicitada por INDECA. Si el codemandado que permanece en el pleito sólo se encuentra sujeto a responder a la parte demandante por la porción representativa de su grado de contribución a la causa del daño, es innecesaria e improcedente una demanda contra tercero, por éste no cumplir con el requisito de responderle al demandado por toda o parte de la reclamación. Regla 12.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III n. Véase, en general, Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, supra. La procedencia de la demanda contra tercero depende, por lo tanto, de un análisis práctico de los hechos en el cual es necesario caracterizar la responsabilidad del o de los demandados restantes, esto es, aquel o aquellos que no han formado parte del convenio transaccional. Dicho de otro modo, habrá que determinar si les corresponderá a éstos responder o no al demandante por la responsabilidad del cocausante que fue liberado como resultado de la transacción. Véase, en general, A.A.A. v. Builders Ins. Co., etc., supra.

III

En el presente caso, el Tribunal de Primera Instancia desestimó todas las reclamaciones contra Hospicare el 21 de enero de 2000, al aprobar la Estipulación de Transacción y Relevo de 20 de enero de 2000, suscrita por la parte demandante y la codemandada. *657

En lo relativo al alcance del relevo de Hospicare, el Núm. 1(e) de la mencionada estipulación expresa que

[l]os demandantes relevan a Hospicare, Inc …. de toda y cualquiera responsabilidad, económica o de cualquier naturaleza, por cualquier causa de acción que tengan o hayan tenido entre sí, como consecuencia de todos los hechos a que se contrae esta demanda, las hayan ejercido o no, incluyendo el procedimiento de quiebra llevado a cabo por Hospicare, Inc. Apéndice, pág. 108.

En el mismo inciso, la parte demandante relevó de responsabilidad a los nuevos adquirentes de las unidades propiedad de Hospicare, el Sr. Castillo Barahona y a su esposa, Sra. Cruz Chinea, por

… los daños o causas de acción que pudieran tener contra éstos por razón de actos de Hospicare, Inc …. cometidos hasta el día 31 de marzo de 1999, fecha en que los señores Castillo Barahona-Cruz Chinea adquirieron la titularidad de los inmuebles. Apéndice, pág. 108.

En el Núm. 1(f) se aclara que

… los demandantes expresamente se reservan íntegramente todos y cada uno de sus derechos de proseguir su demanda y causas de acción, incluyendo tanto las que se refieran al resarcimiento de daños, como las que se refieran al cumplimiento del régimen de propiedad horizontal, contra todos y cada uno de los codemandados en el pleito que no queden relevados por esta transacción …. Apéndice, pág. 109.

Podemos observar, por lo tanto, la voluntad inequívoca de la parte demandante de relevar a Hospicare, de toda responsabilidad procedente de los hechos del presente caso relativos al incumplimiento del contrato, a los daños y perjuicios reclamados, y al cumplimiento con el régimen de propiedad horizontal.NOTA4 Esta voluntad, sin embargo, no *658 afecta la causa de acción contra los demás codemandados en virtud de la acción de daños y del injunction permanente solicitado, ya que así se convino expresamente.

Constituye el lenguaje central que dispone de esta controversia el relevo expreso de la codemandada (Hospicare) de

… toda o cualquier sentencia en su contra que surja o pueda surgir a favor de otras personas, codemandadas o no en la demanda, como consecuencia de reclamaciones de coparte, de demandas contra tercero o acciones de nivelación o contribución ya instadas o que en el futuro se insten, contra ellas para resarcirse de condenas impuestales [sic] a favor de las demandantes …. (Énfasis suplido.) Apéndice, págs. 109-110.

Vemos, pues, que la intención de las partes fue relevar a Hospicare de los hechos relativos a la segunda causa de acción que la exponía a responder por los daños ocasionados como titular de algunos apartamentos y como cocausante solidario, junto con los otros titulares de derechos sobre los apartamentos del edificio en cuestión.

En otras palabras, aun cuando mediante la sentencia final que dicte en su día el Tribunal de Primera Instancia concluya que los codemandados que permanecen en el pleito contribuyeron conjunta y solidariamente con Hospicare a los daños causados a la parte demandante, éstos no tendrán que reclamar contra Hospicare por su contribución en la ocurrencia de tales daños. Esto se debe a que el tribunal tendrá que determinar en su sentencia el monto líquido total de los daños ocasionados a la parte demandante por todos sus cocausantes y deducirá de dicho monto total aquella porción monetaria equivalente al grado de responsabilidad de Hospicare. Igualmente, para la nivelación entre los codemandados que permanezcan en el pleito,NOTA5 el tribunal tendrá que determinar el grado de contribución*659 de cada uno de éstos a los daños sufridos por la parte demandante, aun cuando permanecen obligados solidariamente frente a ésta por la totalidad de los daños restantes, esto es, los que resulten luego de descontada la suma correspondiente al grado de contribución de Hospicare.

Por todo lo cual, la demanda contra tercero no procede en este caso ya que no cumple con el propósito de la Regla 12.1 de Procedimiento Civil, supra, que requiere que el tercero le pueda ser responsable al demandado por toda o parte de la reclamación del demandante o le pueda ser responsable exclusivamente al demandante.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, procede revocar la sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones para establecer la improcedencia de la demanda contra tercero, según resuelto por el Tribunal de Primera Instancia.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez se inhibió.

NOTA1. En la primera demanda enmendada se incluyeron como demandados a los inquilinos de todas las otras unidades del condominio. Se solicitó como remedio la concesión de daños por la cantidad de cincuenta mil dólares. En la segunda demanda enmendada se incluyó a Metropolitan Profesional Park, Inc. como demandado. En la tercera demanda enmendada no se alteró la lista de demandados, pero se extendió la solicitud del remedio en daños y perjuicios a todos los demandados y se aumentó la cuantía a quinientos mil dólares. En la cuarta demanda enmendada, la cual fue presentada luego de haberse presentado el recurso de certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, se eliminó a Hospicare, Inc. (Hospicare) como demandado para reflejar el acuerdo de transacción con ésta. Además, se adicionaron, como partes demandadas, en cuanto al remedio interdictal, a F. Castillo Family Properties, Inc. y Gam Realty, Sociedad en Comandita, S.E., adquirentes de las unidades previamente poseídas por Hospicare, y se restringió hasta el 31 de marzo de 1999, fecha en que los primeros adquirieron las unidades de Hospicare, el período para el cual se reclaman los daños.

NOTA2. La cuarta demanda enmendada de 19 de marzo de 2000 eliminó a Hospicare como demandado para reflejar el acuerdo de transacción con ésta. Se adicionaron, además, a los nuevos adquirentes de las unidades previamente poseídas por Hospicare como partes demandadas en el injunction solicitado en la segunda causa de acción, y se limitó la reclamación de daños contra éstos al 31 de marzo de 1999, fecha en que adquirieron las unidades de Hospicare.

NOTA3. El segundo señalamiento de error dispone que, contrario a lo determinado por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, la demanda contra tercero se solicitó tardíamente. La improcedencia de la demanda contra tercero en el presente caso nos releva de atender este segundo señalamiento de error.

NOTA4. Una vez Hospicare cesa de ser titular de participación en el edificio sometido a propiedad horizontal, procede la desestimación de la acción sobre el cumplimiento con tal régimen. Art. 15 de la Ley de la Propiedad Horizontal, según enmendada por la Sec. 1 de la Ley Núm. 157 de 4 de junio de 1976 (31 L.P.R.A. sec. 1291m-1).

NOTA5. El derecho de contribución, también llamado de nivelación, de reembolso y de regreso, entre codeudores solidarios, está reconocido en el Art. 1098 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3109, que dispone:

“El pago hecho por uno de los deudores solidarios extingue la obligación.

“ El que hizo el pago sólo puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno corresponda, con los intereses del anticipo.

“La falta de cumplimiento de la obligación por insolvencia del deudor solidario será suplida por sus codeudores a prorrata de la deuda de cada uno”. (Énfasis suplido.)

Desde Méndez v. Torres, 56 D.P.R. 74, 79 (1940), expresamos que

“[l]a confusión que a primera vista se advierte desaparece cuando se considera que el concepto de solidaridad sólo se aplica a la obligación de los deudores para con el acreedor [relación externa], pero no a las relaciones de los deudores entre sí [relación interna]. Para con el acreedor la responsabilidad es solidaria. Entre los deudores la responsabilidad se divide. De modo claro y terminante prescribe el artículo 1098 del Código Civil que ‘el pago hecho por uno de los deudores solidarios extingue la obligación’ y que ‘el que hizo el pago sólo puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno corresponda con los intereses del anticipo’. ”

Véase Carr v. Nones, 98 D.P.R. 236 (1970), donde este Tribunal rehusó extender la aplicación de tal artículo a un contrato tácito de fianza solidaria.

Dolphin Internacional of PR, inc. v. Ryder Truck Lines, Inc 127 D.P.R. 869 (1991)

DOLPHIN INTERNATIONAL OF PUERTO RICO, INC., demandante y recurrida
v.
RYDER TRUCK LINES, INC. y OTROS, demandados y recurrentes.
Número: RE-85-250

En El Tribunal Supremo De Puerto Rico.
Resuelto: 31 de enero de 1991

SENTENCIA PARCIAL de Ismael O’Neill Rosa, J. (Carolina), que declara con lugar cierta demanda por daños y perjuicios. Se revoca en cuanto ésta le impone responsabilidad a la Corporación Ryder Truck Lines y desestima en su totalidad la reconvención. Se devuelve el caso al tribunal de instancia para procedimientos ulteriores.

Pedro J. Santa-Sánchez, de O’Neill & Borges, abogado de los recurrentes; María Soledad Piñeiro y Nelson Biaggi García, de Ramírez, Látimer & Biaggi, abogados de la recurrida.

LA JUEZ ASOCIADA SEÑORA NAVEIRA DE RODON emitió la opinión del Tribunal.

Este caso nos permite, entre otras cosas, analizar el alcance de la disposición constitucional que garantiza a los empleados el derecho ‘a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella‘. Art. II, Sec. 16, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 327. Antes de comenzar el análisis corresponde hacer una exposición de los hechos pertinentes a las controversias planteadas.

I

Los hechos

La demandante Dolphin International of Puerto Rico, Inc. (en lo sucesivo Dolphin) es una corporación creada al amparo de las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con oficinas principales en la ciudad de Carolina. Esta corporación se dedica al negocio de recibir, almacenar y entregar mercancía que llega en *873 furgones desde fuera de Puerto Rico, las cuales se consignan a favor de clientes en Puerto Rico.

La codemandada Ryder Truck Lines, Inc. (en lo sucesivo Ryder) es una corporación organizada bajo las leyes del estado de Florida, EE. UU., con oficinas principales en la ciudad de Jacksonville, Florida, y autorizada para hacer negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En enero de 1978 Dolphin y Ryder dieron inicio a una relación comercial mediante la cual Dolphin actuaba como agente comercial de Ryder. Los servicios prestados por la demandante consistían en recibir furgones enviados por clientes de Ryder desde Estados Unidos, almacenar su contenido y distribuirlo a consignatarios localizados en Puerto Rico. Para poder operar, Dolphin contaba con una estructura organizativa integrada por un grupo de oficiales. Además, en el área operacional, utilizaba los servicios de un gerente, un asistente de gerente, un representante de servicios al cliente, un supervisor de almacén, personal de contabilidad, personal de facturación (encargados del manejo de la carga), personal de almacén y conductores de camiones. El gerente era responsable de todo el personal y de tomar las decisiones necesarias para el manejo de la empresa, esto es, ejercía la función administrativa de ésta. En ausencia del gerente, el asistente del gerente fungía como administrador.

El representante de servicios al cliente se encargaba del servicio directo a éstos. Entre sus responsabilidades estaba notificar a los clientes sobre la disponibilidad de sus cargamentos y el status de los mismos en cuanto a determinar el pago de arbitrios y cargos por transportación. Conservaba el archivo de cada una de las compañías clientes con sus respectivos documentos e información relativa a las personas de enlace con éstas. Se encargaba, además, de indagar sobre los servicios que requerían los clientes y contestaba las interrogantes que éstos tenían referentes a sus cargamentos. Por su parte, el supervisor del almacén era responsable de los empleados del almacén dedicados a la carga y descarga. Además, registraba la localización de la carga dentro del almacén y mantenía un itinerario del contenido *874 de los furgones para descargarlos en aquél. Estas cuatro (4) posiciones eran las de mayor relevancia dentro de la estructura organizativa y operacional de la empresa.

Debido a la relación comercial establecida entre Dolphin y Ryder, la demandante le concedió a Ryder un espacio de oficina en sus facilidades físicas para que ésta mantuviera allí a un empleado suyo. Este empleado estaría dedicado al mercadeo y venta de los servicios que prestaba Ryder, a través de Dolphin, a sus clientes en Puerto Rico.

La relación comercial entre Dolphin y Ryder continuó de forma ininterrumpida hasta el 26 de junio de 1978. En esa fecha el Sr. Larry Porter, representante de Ryder en Puerto Rico, le informó a Dolphin que Ryder iba a establecerse por su cuenta en Puerto Rico, razón por la cual prescindiría de los servicios de la demandante. Para esa fecha los codemandados Joseph D’Bella, Elba Meléndez y Alejo Rivera llevaban varios años trabajando para Dolphin y ocupaban las posiciones de gerente, representante de servicios al cliente y supervisor del almacén, respectivamente. El 24 de junio de 1978 el señor D’Bella presentó su carta de renuncia a Dolphin. Su renuncia sería efectiva el 28 de ese mismo mes y año. Por su parte, la señora Meléndez y el señor Rivera presentaron sus cartas de renuncia el 23 de junio de 1978 para ser efectivas el 30 de junio de 1978. Todos estos empleados irían a trabajar con la codemandada Ryder, ocupando puestos de igual o superior jerarquía a los que desempeñaban en Dolphin.

Así las cosas, el 7 de junio de 1979 Dolphin presentó demanda por daños y perjuicios contra Ryder, Joseph D’Bella, Mildred Arroyo, Elba Meléndez y Alejo Rivera.NOTA1 En su demanda alegó lo siguiente:

Que Ryder negligente, intencional y maliciosamente, con conocimiento de quiénes eran los empleados principales de la demandante para correr dicho negocio, sin los cuales el mismo prácticamente se paralizaría, intervino en la relación contractual entre éstos y la *875 demandante y causó y obtuvo que dichos empleados renunciaron [sic] a sus respectivos empleos con la demandante y se fueran a trabajar con Ryder. Apéndice E, pág. 23.

Alegó, además:

Que los codemandados Joseph D’Bella, Mildred Arroyo, Elba Meléndez y Alejo Rivera, conspiraron entre sí y con Ryder y actuaron dolósamente [sic] por lo que son solidariamente responsables junto con Ryder de los daños causados a la parte demandante. Apéndice E, pág. 24.

El 30 de julio de 1979 los demandados contestaron la demanda y, a su vez, presentaron reconvención contra Dolphin alegando que, ‘con motivo de haber instituído [sic] un pleito malicioso y de haber dado conocimiento del mismo a terceros‘ (Apéndice F, pág. 27), la demandante les causó ‘serios daños a [la] reputación y prestigio‘ (íd.) de los demandados. En la reconvención, la codemandada Ryder alegó, además, que por haber incumplido Dolphin con sus obligaciones para con ésta se afectaron sus negocios y sufrió daños.

Trabada así la controversia, luego de un prolongado trámite procesal, el 10 de abril de 1985 el tribunal de instancia dictó sentencia parcial mediante la cual dispuso de algunas de las reclamaciones en el caso.NOTA2 Específicamente declaró con lugar la demanda y concluyó ‘que Ryder interfirió en las relaciones contractuales entre Dolphin y sus empleados y debido a ello le es responsable a Dolphin de los daños que esto le causó ‘. Apéndice A, pág. 9. Desestimó ‘la reconvención radicada por Ryder contra Dolphin por no haberse probado ninguno de los elementos de la misma‘. Id. Luego de haberse dispuesto de las reclamaciones en cuanto a la responsabilidad, señaló que la prueba de los daños *876 ‘sería presentada en su día, una vez se señale la continuación del presente caso‘.NOTA3 Id.

El tribunal a quo le adjudicó responsabilidad a los codemandados fundamentándose en las disposiciones del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, en su modalidad de interferencia culposa con las obligaciones contractuales de terceros, o sea, el deber de no interferir con las obligaciones contractuales con la intención de lograr su incumplimiento, causa de acción reconocida en nuestra opinión de Gen. Office Prods. v. A.M. Capen’s Sons, 115 D.P.R. 553 (1984).

De esta sentencia parcial acudieron los demandados ante nos en solicitud de revisión. Alegaron los señalamientos de error siguientes:

1. Erró el Honorable tribunal de instancia al imponer responsabilidad, en las circunstancias particulares de este caso, a quien concede empleo a un trabajador, en ausencia de un contrato a término fijo o pacto restrictivo alguno entre éste y su anterior patrono.

2. Erró el Honorable tribunal de instancia en su aplicación al presente caso de la norma vigente sobre interferencia con relaciones contractuales.

3. Erró el Honorable tribunal de instancia al negarse a desestimar la reclamación contra todos los demandados, descartando el derecho constitucional de todo trabajador a renunciar a su empleo.

4. Erró el Honorable tribunal de instancia al formular determinaciones de hecho sin apoyo alguno en la prueba y al basar sus determinaciones de hecho y conclusiones de derecho, casi literalmente, en un alegato sometido por la parte demandante.

*877 5. Erró el Honorable tribunal de instancia al descartar prueba muy pertinente al caso.

6. Erró el Honorable tribunal de instancia al desestimar la reconvención instada contra la demandante.

Decidimos revisar y expedimos el auto.

II

La responsabilidad del patrono que ofrece empleo y el derecho constitucional de todo trabajador a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella

La controversia principal en el caso de autos, recogida en el primer, segundo y tercer señalamiento de error, plantea las interrogantes siguientes: ¿ Qué responsabilidad tiene un patrono que ofrece y concede empleo a un trabajador quien, al momento de recibir la oferta, está empleado con otro patrono? ¿Qué responsabilidad tiene el empleado que acepta tal oferta de empleo?

La respuesta a la primera pregunta está, en parte, estrechamente vinculada a la contestación que demos a la segunda. Ésta, a su vez, nos lleva a la consideración de ciertas disposiciones constitucionales pertinentes a la controversia de autos. Veamos.

A. El derecho constitucional de los empleados de Dolphin a escoger y renunciar libremente a su ocupación.

[1] Al redactar nuestra Constitución, los delegados a la Convención Constituyente le dieron cardinal importancia al área del derecho del trabajo y de los trabajadores. Así quedó evidenciado en la agenda de trabajo de la Comisión de Carta de Derechos. Como parte de sus labores, dicha Comisión celebró tres (3) vistas públicas, una de las cuales fue dedicada por completo al tema de los ‘derechos del trabajo‘. Resultado de esto es la Sec. 16 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra. NOTA4 *878 [2] Esta sección establece el derecho de todo trabajador a escoger y a renunciar libremente a la ocupación a que quiera dedicarse. Tal derecho, a pesar de ser de rango constitucional, no es absoluto. Puede ser renunciado o limitado por el propio trabajador. Éste puede, mediante la celebración de un contrato, establecer las condiciones razonables de trabajo que regirán la relación obrero-patronal. Sin embargo, dicho contrato no puede ir contra lo establecido en las leyes protectoras del trabajo ni ser producto de una presión u opresión indebida por parte del patrono.

[3] Del informe presentado por la Comisión de Carta de Derechos, en ocasión de discutir la propuesta Sec. 15 de dicha carta (hoy Sec. 16, Art. II, Const. E.L.A., supra), surge claramente que aunque no estamos ante un derecho absoluto, sí estamos ante uno de carácter fundamental, parte integral de una ‘declaración constitucional, de gran jerarquía. . .‘. Martín Santos v. C.R.U.V., 89 D.P.R. 175, 185 (1963). En lo pertinente, dicho informe dispuso lo siguiente:

La Comisión subraya la alta dignidad del esfuerzo humano y destina esta sección al señalamiento de los derechos básicos del trabajador como tal. Coloca particular énfasis en aquel grueso de la clase trabajadora que por razón de especial desvalimiento históricamente ha necesitado, aunque no siempre ha recibido, protección social.

La primera cláusula subraya el carácter, libre y voluntario de todo trabajo. A nadie se puede imponer una tarea en contra de su voluntad; tampoco se pierde nunca el derecho a renunciar. No quiere decir esto que el trabajador tenga derecho constitucional a rehusar llevar a cabo parte de su labor y continuar, no obstante, detentando determinado empleo en violación de los términos de su contrato. Las condiciones de trabajo quedan normalmente convenidas de antemano en forma bilateralmente obligatoria y tendrán *879 mayor o menor amplitud con arreglo a su particular naturaleza. (Énfasis suplido.) 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2573-2574 (1951).

[4-6] De otra parte, en Gen. Office Prods. v. A.M. Capen’s Sons, supra, pág. 558, resolvimos ‘que el Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico permite . . . la acción por interferencia culposa con las obligaciones contractuales de terceros‘. Señalamos allí que dicha acción es aplicable a pactos de exclusiva pero que, sin embargo, ‘[h]ay situaciones en las que no se da, mas ello ocurre mayormente cuando intereses públicos de alto rango lo impiden‘. (Énfasis suplido.) Id. Señalamos como los elementos constitutivos de la causa de acción los siguientes: Primero: la existencia de un contrato con el cual interfiera un tercero. Si lo que se afecta es una expectativa o una relación económica provechosa sin que medie contrato, la acción no procede. Segundo: que medie culpa. Basta con que el perjudicado pruebe o presente hechos que permitan inferir que el tercero actuó intencionalmente, con conocimiento de la existencia del contrato. Tercero: que se haya ocasionado un daño al actor. Cuarto: que el daño sea consecuencia de la actuación culposa del tercero. Estos requisitos son de carácter copulativo. Expusimos, además, que la responsabilidad del que interfiere con el contrato es solidaria con la responsabilidad del contratante que lo inejecuta a sabiendas.

En su sentencia parcial el tribunal de instancia, al aplicar la doctrina de interferencia culposa antes reseñada, concluyó, como cuestión de derecho, ‘?que la anterior teoría de derecho es aplicable incluso al industrial, que sonsaca a un trabajador especializado de la factoría donde presta sus servicios, ofreciéndole mejor remuneración . . .’‘.NOTA5 Fundamentó su dictamen sobre la norma que rige en España.

En el caso de autos, sin embargo, no podemos optar por la fórmula civilista española. En material de derecho laboral, el enfoque de la legislación española ha sido completamente distinto al nuestro. Contrario al nuestro, allí no se dispone ni se permite *880 que un trabajador pueda renunciar libremente a su ocupación. El contrato de trabajo español recibe un tratamiento parecido al que se sigue con los contratos civiles en general. Al comentar sobre el particular, Hernainz Márquez nos apunta lo siguiente:

¿Puede terminar el contrato de trabajo por la simple voluntad de una sola de las partes? La doctrina de la Ley, exponiendo causas determinadas que justifiquen la cesación de la relación de trabajo bien por el empresario o bien por el trabajador, parece indicar la repugnancia a aceptar el fin de este contrato por el simple deseo de uno solo de los que en él intervienen. Las tendencias imperantes sobre dicha relación también parecen un tanto opuestas a dicha cesación unilateral, en beneficio tanto del trabajador como de la empresa y del supremo interés nacional.

. . . . . . . .

. . . Aún más: entendemos que así como el despido injustificado del trabajador por parte del empresario origina una sanción para éste, así también en determinados casos en que el abandono injustificado del trabajo suponga un evidente perjuicio para la empresa debía ser específicamente sancionado. M. Hernainz Márquez, Tratado elemental de derecho del trabajo, 12ma ed., Madrid, Inst. de Estudios Políticos, 1977, Vol. I, págs. 459-460 y 461.

Como vemos, no sólo desfavorece el derecho laboral español la renuncia a su empleo por parte del trabajador, sino que, en aquellos casos en que éste termine su relación laboral por razones distintas a las establecidas como justificadas en las leyes del trabajo de esa nación, está sujeto a ser sancionado.

[7] Al plantearnos el asunto de la interferencia culposa con las obligaciones contractuales en el área de las relaciones obreropatronales, no podemos perder de vista el desarrollo particular de nuestro sistema de derecho laboral. De acuerdo con éste, en ausencia de un contrato donde el trabajador específicamente y bajo condiciones razonables abdique a su derecho constitucional a escoger su ocupación o a renunciar en cualquier momento y por cualquier razón a ésta, tal actuación no puede acarrearle la imposición de sanciones de tipo alguno.

De la prueba desfilada en el caso de autos surge que los empleados codemandados Elba Meléndez y Alejo Rivera no tenían contrato escrito con la demandante Dolphin. Tampoco *881 estaban sujetos a pactos restrictivos o de no competencia ni a compromiso alguno de permanecer en sus empleos por un período determinado o a no ocupar empleos análogos una vez renunciasen. Sus empleos eran a tiempo indeterminado, terminables a voluntad. De los autos y expediente tampoco surge que el otro codemandado, Joseph D’Bella, estuviera sujeto a un contrato escrito con la demandante Dolphin. Por el contrario, estaba trabajando en las mismas condiciones que sus compañeros codemandados. NOTA6

Le asiste la razón a los demandados recurrentes cuando señalan que erró el tribunal de instancia al negarse a desestimar la reclamación contra los empleados codemandados. Éstos podían renunciar en cualquier momento y por cualquier razón, aun sin notificación previa de su renuncia. Al así hacerlo, no están sujetos a responderle en daños y perjuicios a su patrono por la acción tomada.NOTA7

Ahora bien, pasemos a analizar la interrogante de si incurre o no en responsabilidad la empresa o patrono que solicita de un trabajador con empleo a tiempo indeterminado la terminación de su relación laboral existente con otro patrono con el propósito de emplearlo.

B. La interferencia de Ryder con las obligaciones contractuales de Dolphin y sus empleados

Según se desprende de la exposición que hemos hecho, debido a las diferencias entre la doctrina laboral española y la nuestra, el problema que confrontamos requiere una solución ecléctica. Los postulados civilistas en materia de interferencia culposa y el enfoque angloamericano, más afín al desarrollo de nuestro sistema *882 de derecho laboral, deben ser atemperados a nuestra realidad jurídica de manera racional y ponderada mediante la inclusión y utilización de normas de derecho autóctonas.

De acuerdo con la doctrina angloamericana, en su origen la acción por interferencia culposa con las obligaciones contractuales suponía la existencia de un contrato.NOTA8 El desarrollo posterior de la misma extendió el principio a la interferencia con las relaciones económicas provechosas o ventajosas, aun cuando éstas no hayan sido afianzadas mediante la celebración de un contrato. W.P. Keeton, Prosser and Keeton on Torts, 5ta ed., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1984, pág. 981.

Generalmente, se le impone responsabilidad aquiliana a aquel que, de forma ‘impropia‘ e intencional, interfiere con los derechos que surgen de las relaciones contractuales del perjudicado con otras personas si dicha interferencia le ocasiona daños a éste. También podría imponérsele responsabilidad a quien interfiere con las proyecciones de beneficio económico del perjudicado, aun cuando éstas no se hayan reducido a escrito mediante el otorgamiento de un contrato. No obstante, en los casos de meras proyecciones la responsabilidad no se impone livianamente. Keeton, op. cit., pág. 978.

Bajo la casuística angloamericana, la llamada interferencia ‘impropia‘ fue descrita originalmente como ‘maliciosa‘ (culposa). Esta terminología, sin embargo, está cayendo en desuso y la responsabilidad ahora se centra más bien en el propósito con que actúa el demandado, no ya en una expresión vaga e indefinida como ‘impropia‘ o ‘maliciosa‘.NOTA9 Keeton, op. cit., pág. 979.

[8-9] En nuestra jurisdicción hemos establecido que, como requisito indispensable para iniciar una acción por interferencia culposa, debe existir un contrato con el cual interfiera un tercero.

*883 No procede la acción cuando lo que se afecta es una mera expectativa o una relación económica provechosa. General Office Prods. v. A.M. Capen’s Sons, supra. En cuanto al asunto particular que hoy nos ocupa, adoptamos este postulado de nuestro derecho civilista, distinto al de la doctrina angloamericana. Para que pueda iniciarse la acción por interferencia culposa contra el segundo patrono no sólo debe existir un contrato, sino que éste sea a término fijo.

[10] De ordinario, la interferencia culposa presupone el conocimiento de la existencia del contrato y el derecho del perjudicado, o al menos de los hechos que lleven a un hombre prudente y razonable a creer que dicha relación existe. Sin embargo, bajo la doctrina angloamericana se ha sostenido que un tercero puede interferir culposamente con las obligaciones contractuales del perjudicado, sin que se le imponga responsabilidad, si existen los fundamentos adecuados para permitir tal interferencia. En este sentido algunos tratadistas señalan que, si el tercero actúa con el fin de lograr un propósito legítimo, aunque al hacerlo actúe de manera culposa, su actuación se considerará una privilegiada y no se le impondrá responsabilidad si el propósito legítimo predomina sobre la conducta culposa. Keeton, op. cit., págs. 983-984.

[11] De acuerdo con lo antes expuesto se ha resuelto que, cuando existe una relación obrero-patronal –u otra de índole similar la cual sea terminable a voluntad de las partes– la interferencia de un tercero con dicha relación estará cobijada por lo que los tratadistas norteamericanos han llamado la ‘teoría del privilegio de la competencia‘. En los casos en que las relaciones contractuales son terminables a voluntad, no es necesario determinar la presencia de un propósito legítimo que predomine sobre la conducta culposa a los fines de no imponer responsabilidad. En estos casos simplemente se aplica el privilegio, como veremos a continuación:

Where the contract interfered with is terminable at will, however, the privilege of competition has been recognized. In such a case there is no contract right to have the relation continued, but only an expectancy, which is similar to the expectancy of a business that a *884 customer will continue to do business with it. With such an expectancy of future relations, and prospective advantage, there has been no doubt that a competitor has the privilege of interfering to acquire the business for himself. Accordingly, the considerable weight of authority holds that there is a privilege of competition which extends to inducing the termination of agreements terminable at will, whether they concern employment or other relations. (Citas omitidas y énfasis suplido.) Keeton, op. cit., págs. 987-988. Véanse, además: Triangle Film Corp. v. Artcraft Pictures Corp., 250 F. 981 (1918); Orkin Exterminating Co. v. Martin Co., 242 S.E.2d 135 (1978).

Esta teoría ha sido expuesta de la manera siguiente:

The privilege of competition as here used means not only the privilege to invade interests in contract relations in protection or in furtherance of the interest to enter into trade or employment relations but also the defense of self-interest in the economic struggle in trade and employment relations. The interest of labor to better itself in respect to conditions, hours, wages and, by some courts, even the strengthening of the labor union itself for the accomplishing of these ends, is embraced within this privilege. Competition gives a privilege to invade interests in all cases of contracts terminable at will. (Citas omitidas.) C. Carpenter, Interference with Contract Relations, 41 Harv. L. Rev. 728, 754 (1928).

[12] Al amparo de la teoría del privilegio de la competencia, en los casos de inexistencia de contratos a término fijo la relación contractual interferida adquiere las dimensiones de una expectativa, a lo sumo, de una relación económica provechosa. Tal relación no es suficiente para dar inicio a una acción por interferencia culposa con las relaciones contractuales de terceros. Gen. Office Prods. v. A.M. Capen’s Sons, supra.

Aplicando las normas de derecho antes reseñadas al caso de autos, encontramos que el tribunal a quo erró al imponerle responsabilidad al codemandado Ryder. Los empleados codemandados tenían la libertad de terminar su relación de empleo con Dolphin a voluntad. Ryder, a su vez, les ofreció a estos *885 empleados trabajo en su negocio –uno legítimo– similar a las operaciones que llevaba a cabo la demandante Dolphin.NOTA10

Por otro lado, dadas las circunstancias particulares de este caso, de imponérsele responsabilidad a Ryder estaríamos menoscabando colateralmente el derecho constitucional que tiene todo trabajador a renunciar y escoger libremente su ocupación. Los patronos estarían menos dispuestos a brindarle oportunidades de empleo, mejores o iguales, a un trabajador si saben que esta acción podría acarrearles la imposición de sanciones. Además, por tratarse de un derecho constitucional fundamental no renunciado, estamos ante una situación en que ‘intereses públicos de alto rango‘ impedirían que pueda ejercitarse la acción por interferencia culposa con las obligaciones contractuales. Gen. Office Prods. v. A.M. Capen’s Sons, supra. NOTA11 *886 [13-14] En resumen, de acuerdo con el análisis doctrinal que antecede, concluimos que no procede imponer responsabilidad por interferencia culposa por renunciar a sus trabajos a los empleados bajo contrato sin término fijo. Resolvemos, además, que como norma general en aquellos casos en que un patrono solicite que los empleados de otro patrono terminen su relación laboral con éste con el propósito de obtener sus servicios, si la relación contractual con la que se interfiere es una terminable a voluntad de las partes, el tercero que interfiere no será responsable en una acción en daños y perjuicios por interferencia culposa. NOTA12

Los primeros tres (3) errores señalados se cometieron. En vista de lo anterior, no es necesario discutir los señalamientos de error cuarto y quinto.

III

La desestimación de la reconvención

En la reconvención los demandados alegaron básicamente dos (2) causas de acción:

2. Dolphin le ha causado a los demandados serios daños y perjuicios con motivo de haber instituído [sic] un pleito malicioso y de haber dado conocimiento del mismo a terceros, con lo cual le ha ocasionado a los demandados serios daños a su reputación y prestigio que se estiman razonablemente en la suma de $1,000,000.00.

3. Dolphin incumplió sus obligaciones para con Ryder y/o descargó las mismas en forma negligente.

4. Como consecuencia del incumplimiento y/o negligencia en que incurrió Dolphin se afectaron los negocios de Ryder y ésta sufrió *887 daños que conservadoramente se calculan en la suma aproximada de $500,000.00. Apéndice F, pág. 28.

El tribunal de instancia desestimó la reconvención en su totalidad, aduciendo que la parte demandada ‘no presentó prueba alguna para sostener sus alegaciones‘. Sentencia sumaria, pág. 8.

Ahora bien, al señalar la vista en su fondo, el foro de instancia dictó una orden en la cual indicó específicamente que la vista se efectuaría con el propósito de ‘determinar la responsabilidad de la parte demandada ‘. Apéndice H. Los demandados recurrentes alegan que de la orden se desprendía ‘[c]laramente [que] no era el propósito de dicha vista desfilar prueba sobre las alegaciones contenidas en la reconvención‘ (Alegato de los recurrentes, pág. 37) y que por esta razón no presentó prueba alguna tendente a demostrar la responsabilidad de Dolphin.

Les asiste la razón en cuanto a la segunda causa de acción, contenida en los acápites tres (3) y cuatro (4) de la reconvención. No así en cuanto a la primera.

[15] Dolphin no instó en contra de los demandados un pleito malicioso ni inmeritorio. Prueba de ello es que, al revocar a instancia, estamos pautando normas en un área nueva. Tampoco les asiste la razón al alegar que dar a conocer de la demanda a terceros les ocasionó graves daños a su reputación. La demanda es un documento público, susceptible de ser conocido por quien desee inspeccionarlo. Ahora bien, debido a que la primera causa de acción de la reconvención, expuesta en el acápite dos (2), está directamente relacionada con la reclamación contenida en la demanda, al señalarse la vista en los méritos para la reclamación original se sobreentendía que se dilucidaría también la primera causa de acción incluida en la reconvención. Nada impide, pues, que al disponer de la reclamación del demandante se disponga de la primera causa de acción de los demandados reconvinientes.

En cuanto a la segunda causa de acción (acápites tres (3) y cuatro (4) de la reconvención presentada), ésta no debió *888 desestimarse. Es una reclamación independiente y, como tal, debió haber sido considerada. NOTA13

Erró el tribunal de instancia al desestimar la segunda causa de acción de la reconvención. El sexto error fue cometido sólo en cuanto a lo aquí señalado.

IV

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia para revocar en parte la sentencia parcial recurrida emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Carolina, el 10 de abril de 1985, en cuanto ésta le impone responsabilidad a la codemandada Ryder y desestima en su totalidad la reconvención, y se devuelve el caso para procedimientos ulteriores compatibles con lo resuelto en esta opinión.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión disidente.

— O —

Opinión disidente del Juez Asociado Señor Negrón García.

‘Un Código es un conjunto de reglas que la moral sanciona; eliminad de los textos la buena fe y será un conjunto de ganzúas.‘ Virgilio De Sa Pereira, Direito de Familia, (1923) pág. 222.

ESTE DISENSO SE INSPIRA, PUES, EN LA OMNIPRESENCIA DE LA BUENA FE EN NUESTRO SISTEMA DE DERECHO. Y es que la buena fe como principio programático, modelo de comportamiento, o arquetipo de conducta, no es nuevo. ‘[D]on Manuel González Rodríguez, dice, al comenzar su magnífico boceto jurídico sobre ? La buena fe y la seguridad jurídica’, que ?la buena fe es un elemento jurídico primario que se intuye más *889 que se define’. La fijación de concepto jurídico de la buena fe (en adelante b. fe) es algo que ha traído y sigue trayendo por la calle de la amargura a multitud de juristas, resultando encarecida la dificultad de la cuestión por el hecho de que la b. fe no es, precisamente, un elemento jurídico moderno, sino uno de los elementos jurídicos más antiguos que se conoce, y que, en cierta medida, es común a la Moral y al Derecho.‘ J.A. Molleda Fernández Llamazares, La Presunción de Buena Fe, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1962, T. I, págs. 187-188.

Así honramos nuestros pronunciamientos en Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 D.P.R. 305, 312 (1970), de que la ‘convivencia social ordenada impone un deber general de corrección y de prudencia en relación con los demás ciudadanos, y el acto es ilícito en el sentido extracontractual cuando viola ? los deberes generales de corrección social o de conducta correcta, deberes que no están escritos en los códigos pero que representan el presupuesto mínimo sobreentendido del orden de la vida social’‘. (Énfasis suprimido.)

Como veremos, en el caso de autos la conducta de uno de los protagonistas transgredió el deber que impone la convivencia ordenada, y el daño causado por sus actos exigía el remedio jurídico del Art. 1802 del Código Civil, 32 L.P.R.A. sec. 5141, como ‘infractor de ese deber social por acto de su culpa o de su negligencia‘. (Énfasis suprimido.) Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, supra, pág. 313.

I

En enero de 1978, Dolphin International of Puerto Rico, Inc. (Dolphin) y Ryder Truck Lines, Inc. (Ryder) acordaron verbalmente iniciar una relación comercial en la cual Dolphin actuaría como agente de Ryder en Puerto Rico. NOTA1 Dolphin estaría encargada *890 de recibir los furgones que enviaban los clientes de Ryder desde diferentes puntos de Estados Unidos, descargarlos, notificar a los consignatarios y hacer los arreglos para su entrega.

Con motivo de esta relación, Dolphin le cedió a Ryder en arrendamiento un espacio para oficina localizado dentro de sus facilidades físicas. Allí trabajaba esporádicamente un vendedor de Ryder que gestionaba y mercadeaba sus ventas en la isla.

Así las cosas, el 26 de junio del mismo año Larry Porter, director de la división del Caribe de Ryder, notificó a la gerencia de Dolphin que Ryder contemplaba establecerse por su cuenta en Puerto Rico y, por tal razón, desde ese momento prescindían de sus servicios.

Tres (3) días antes, Elba Meléndez y Alejo Rivera habían presentado sus cartas de renuncia. Joseph D’Bella, quien ocupaba la posición de Gerente, hizo lo mismo un día después. Todos habían trabajado varios años con Dolphin y sus renuncias obedecían al deseo de aceptar las ofertas de trabajo que Ryder les hiciera.

El 12 de junio de 1979, Dolphin demandó en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, a Ryder y a cuatro (4) de sus ex empleados.NOTA2 En síntesis, alegó que Ryder intervino con la relación contractual existente entre Dolphin y sus entonces empleados, motivando que éstos renunciaran a sus respectivos puestos para ir a trabajar con Ryder. Esto, según señaló, ocasionó daños irreparables a su empresa. Sostuvo, además, que todos conspiraron entre sí para sacarla del mercado competitivo y lograr que perdiera su clientela. NOTA3

Ryder contestó y negó responsabilidad. Además, reconvino. Reclamó un millón de dólares ($1,000,000) por alegados daños a su reputación y prestigio por la presentación de un pleito malicioso y su divulgación a terceros.

*891 A solicitud de las partes, el tribunal dilucidó el aspecto de responsabilidad; resolvió contra Ryder. Concluyó que su intervención con la relación contractual entre Dolphin y sus ex empleados fue llevada a cabo ‘con pleno conocimiento de las consecuencias que esto tendría para la corporación demandante‘. Sentencia sumaria, pág. 5. Revisamos.

II

La sentencia del tribunal de instancia, aunque por distintos fundamentos, debe prevalecer. Después de todo, toda revisión se da contra el dictamen y no sus fundamentos. Sánchez v. Eastern Air Lines, Inc., 114 D.P.R. 691, 695 (1983); Collado v. E.L.A., 98 D.P.R. 111, 114 (1969); Rodríguez v. Serra, 90 D.P.R. 776, 777 (1964). Nos explicamos.

Dicho foro aplicó la doctrina establecida en Gen. Office Prods. v. A.M. Capen’s Sons, 115 D.P.R. 553 (1984), al caso de autos que trata sobre contratos de trabajo sin término fijo ni pacto restrictivo en cuanto a empleo futuro con empresas competidoras. En lo pertinente, allí resolvimos que bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra, procede una ‘acción por interferencia culposa con las obligaciones contractuales de terceros. La acción se aplica a pactos de exclusiva como el presente. Hay situaciones en las que no se da, mas ello ocurre mayormente cuando intereses públicos de alto rango lo impiden ‘. (Énfasis suplido.) Id., pág. 558.

Tal es el caso de autos. En una de sus dimensiones, el cuadro fáctico aquí presente está revestido de un interés público de alto rango, a saber, el derecho del trabajador puertorriqueño ‘a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella‘. Art. II, Sec. 16, Const. E.L.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 327. Esta ‘cláusula subraya el carácter, libre y voluntario de todo trabajo. A nadie se [le] puede imponer una tarea en contra de su voluntad; tampoco se pierde nunca el derecho a renunciar‘. 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2574 (1951). La libertad de movilidad en el mercado de empleo obedece al marcado interés de los forjadores de nuestra Constitución en proteger la clase trabajadora *892 y darle la oportunidad de elevar su nivel de vida y el de su familia. Extender los pronunciamientos de Gen. Office Prods. v. A.M. Capen’s Sons, supra, a empleos sin tiempo determinado ni pactos limitativos atentaría contra el diseño laboral constitucional y trastocaría los cimientos que apuntalan toda política pública y legislación en esa área. Bajo este enfoque, es obvio que no procedía la acción de Dolphin contra sus ex empleados.

III

Lo expuesto no exime de responsabilidad a Ryder. Su actuación no se circunscribió a una simple oferta de trabajo a un empleado de una empresa competidora. La prueba directa y circunstancial revela un patrón de conducta doloso y de mala fe.NOTA4 Ryder conoció la manera en que internamente operaba Dolphin. En virtud de ese conocimiento, reclutó a las cuatro (4) personas que tenían principalmente a su cargo la fase administrativa. La naturaleza de sus funciones permiten concluir que todos juntos constituían la piedra angular de la empresa. Por ende, la súbita y simultánea ausencia de éstos ocasionó un caos administrativo en el negocio de Dolphin. Razonablemente tuvo que prever los efectos negativos y detrimentales que ese éxodo de personal acarrearía.

Ryder era consciente de esta situación. Advino en conocimiento so sólo por tener a su vendedor en las facilidades de *893 Dolphin, sino porque así lo exigía la naturaleza de la relación comercial de principal y agente que existía entre ambas entidades. Además, Ryder se dedicaba a este mismo tipo de negocio en Estados Unidos y conocía a perfección el personal clave que una operación independiente precisaba.

No podemos tolerar impunemente este tipo de conducta que propiciaría prácticas indeseables en el mundo comercial. En circunstancias análogas, cualquier empresa cuyo propósito fuese acaparar el mercado podría utilizar este método para causar perjuicios o sacar del comercio a sus competidores. Los efectos serían particularmente devastadores para el pequeño comerciante debido a su inhabilidad para equiparar el salario, condiciones de trabajo y otros beneficios marginales que ofrecen empresas con un volumen de negocio mucho mayor.

Aunque nunca se redujo a escrito, sí existía un contrato verbal mediante el cual las partes acordaron entrar en esta relación comercial. Su validez y efecto vinculante no se cuestionan.

Irrespectivamente de su tipicidad –fuera agencia, mandato o comisión mercantil– ello configuraba una relación de carácter fiduciario en el cual estaba subyacente un alto grado de confianza recíproca.

Esta confianza es la clave que sirve de base a toda actividad humana exitosa. La interdependencia entre los seres humanos –al actuar en su carácter personal o corporativo– y las normas de convivencia social así lo exigen. No debe menoscabarse a través de actuaciones como la de autos.

La crisis provocada por Ryder pudo y debió haberse evitado. Dada la relación entre las partes en este caso, los más elementales principios de la buena fe y el juego limpio requerían, como mínimo, que con suficiente anticipación notificara a Dolphin de su interés en reclutar dichos empleados. De esa forma, Dolphin hubiese podido evaluar las ofertas hechas a sus empleados y tratar, dentro de sus posibilidades económicas, de igualarlas o mejorarlas para retenerlos. En la alternativa, hubiese podido iniciar con tiempo las gestiones necesarias para reclutar y entrenar nuevo personal que los sustituyera.

*894 La conducta de Ryder es incompatible con la buena fe. No hubo ningún esfuerzo positivo de su parte para evitar las consecuencias de sus actos.

Será ‘de buena fe‘ aquel que haya actuado siguiendo las reglas de honestidad y corrección, cumpliendo las normas que impone el principio general de buena fe. Se nos dirá, entonces, que ‘ser de buena fe‘, de acuerdo con esta tesis, sólo es posible cuando el ordenamiento impone concretamente la obligación de conducirse de tal modo. No es así; la obligación de comportarse según las normas de la buena fe surge de un principio general básico en todo ordenamiento, esté o no expresamente recogido. En líneas generales el contenido de la buena fe como principio general tiene una marcada carga ética, representa una forma de irrupción o conexión entre la moral social y el Derecho. D.M. Ferreira Rubio, La buena fe: el principio general en el derecho civil, Madrid, Ed. Montecorvo, 1984, pág. 95.

En Puerto Rico, nuestra jurisprudencia ha dado ya pasos firmes para afianzar la buena fe como ‘exigencia general de nuestro derecho y que como tal se extiende a la totalidad de nuestro ordenamiento jurídico. El contenido de eticidad de cada acto deberá examinarse a la luz de sus circunstancias particulares, pero el comportamiento conforme a la buena fe es precepto general que abarca toda actividad jurídica‘. Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 D.P.R. 585, 587-588 (1981); Catalytic Ind. Maint. Co. v. F.S.E., 121 D.P.R. 98 (1988); Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339 (1989). Véanse, también: Berríos v. U.P.R., 116 D.P.R. 88 (1985); M.J. Godreau, Lealtad y Buena Fe Contractual, 58 (Núm. 3) Rev. Jur. U.P.R. 367 (1989).

El ámbito del comercio y el derecho mercantil no son excepción a estos postulados. La buena fe penetra en estas áreas y exige que la conducta de las personas se guíe por las normas de convivencia social que rigen en nuestra sociedad. ‘[L]a Etica . . . no quiere renunciar a dictar sus normas justamente en el terreno más comprometido y más arriesgado para ella, a saber, en el campo de la competencia mercantil, donde a diario se ventila el combate para conseguir el mayor lucro económico.‘ Garrigues, Temas de Derecho Vivo, Madrid, Ed. Tecnos, 1978, pág. 209.

*895 El concepto de la buena fe no es estático. No cabe una definición universal. Su alcance habrá de determinarlo el juzgador en virtud de un análisis valorativo de los hechos ante sí.

El proceso que hemos venido describiendo, es decir el de fijación del contenido de la buena fe es un proceso previo a la aplicación de la norma. La buena fe en sí misma, es un criterio normativo, pero ya dijimos que su formulación técnica es indeterminada, por eso para lograr normas un poco más concretas el intérprete debe realizar esta labor de valoración. Una vez cumplida esta ardua tarea de fijación de contenido, la norma de la buena fe actúa como cualquiera otra norma, en el proceso de actualización del Derecho.

. . . . . . . .

Todo este proceso de determinación de contenido no es consciente –por lo menos en la mayoría de los casos–. El intérprete quizá no se percata de que está dotando de contenido a un criterio indeterminado; que lo está haciendo mediante valoraciones; que éstas van referidas a los valores éticos vigentes; que de la moralidad sólo toma en cuenta una faceta; que la zona ética que ingresa está seleccionada en función de unos valores jurídicos, etc. Lo más frecuente es que el intérprete ‘intuya‘ lo que la buena fe exige, porque ‘cualquiera sabe qué es la buena fe‘, o mejor dicho ‘todos saben lo que significa comportarse de acuerdo a la buena fe‘. Ferreira Rubio, op. cit., págs. 136-137.

En resumen, la intención de Ryder de ocasionar daños a Dolphin surge del examen de las circunstancias que rodean el caso. No actuó de buena fe. La situación provocada era previsible y no se hizo nada para evitar sus consecuencias.

De la misma manera no puede hablarse de que hay una conducta conforme a la buena fe, un actuar recto y honesto en su mera exterioridad, si esa conducta va acompañada de mala fe subjetiva. La conducta del hombre de Derecho no es una mera sucesión de actos sin importar el componente intelectual-volitivo.

. . . . . . . .

La conducta del hombre en el ámbito jurídico no es exclusiva exterioridad, sino acto. En consecuencia, no puede pretenderse que pueda haber una buena fe creencia sin una conducta conforme a la buena fe, ni la corrección y rectitud que exige la buena fe es una formalidad externa, vacua de contenido. Ferreira Rubio, op. cit., pág. 97.

*896 IV

Los restantes errores giran en la órbita evidenciaria y procesal. En cuanto al aspecto evidenciario, Ryder se queja de que se le excluyó prueba pertinente en los extremos siguientes: (a) mala situación económica por la que supuestamente atravesaba Dolphin; (b) la fuga de clientes motivada por el mal servicio que prestaba, y (c) usos y costumbres en la industria de la transportación.NOTA5

La Regla 18 de Evidencia gobierna la situación. Dispone:

(A) Excepto cuando de otro modo se disponga por ley o por estas reglas, toda evidencia pertinente es admisible. Evidencia no pertinente es inadmisible.

(B) Evidencia pertinente es aquella tendente a hacer la existencia de un hecho más probable o menos probable de lo que sería sin tal evidencia; dicho hecho debe a su vez, referirse a una cuestión en controversia o a la credibilidad de algún testigo o declarante. 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 18.

El profesor Chiesa explica que ‘decir que una evidencia es pertinente es decir que tiene el mínimo valor probatorio que justifica que se reciba como un elemento de prueba. Pero sostener que una evidencia tiene ese mínimo valor probatorio implica un juicio lógico relativo al asunto que se quiere probar mediante tal evidencia. Dicho asunto deberá referirse a una cuestión en controversia o a la credibilidad de un testigo o declarante‘. E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña: Evidencia, San Juan, Pubs. J.T.S., 1985, Vol. I, pág. 59. Véase, también, E.W. Cleary, *897 Mc Cormick on Evidence, 3ra ed., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1984, Sec. 185, pág. 541.

Bajo esta óptica, ciertamente las razones que pudieron haber tenido los empleados para abandonar sus puestos en Dolphin era un asunto central que estaba en controversia. A esos efectos Ryder intentó traer prueba para demostrar que no hubo interferencia con la relación contractual entre Dolphin y sus empleados, sino que la verdadera motivación fue una de índole puramente económica. La posibilidad de que Dolphin atravesara por una mala situación económica y ello provocara sus renuncias era prueba pertinente. Sin embargo, el error, aunque cometido, no fue perjudicial (harmless error). Veamos.

La señora Meléndez testificó que no hubiese abandonado a Dolphin a no ser por la tentadora oferta que le hicieran. Tomó la decisión pensando en un mejor futuro para ella y su familia.

Rivera, por su parte, declaró que se fue de Dolphin porque allí se sentía inseguro y en Ryder le ofrecieron un mejor puesto. Pensó que Ryder era lo mejor para su bienestar y el de sus hijos, ya que él era la única persona que aportaba dinero a su hogar. De su testimonio no se desprende ningún indicio de que anteriormente hubiese hecho gestiones de empleo en otro lugar. Más bien aprovechó la oportunidad que se le presentó en el camino y aceptó una buena oferta de trabajo.

Salvo el testimonio del señor Rivera sobre las dificultades ocasionales para cobrar su cheque –situación que, por la forma en que se verbalizó, fue excluida como prueba de referencia– la evidencia mencionada, aunque pertinente y admisible, no hubiese variado el resultado sobre responsabilidad de Ryder. De hecho, afianza su mala fe. De los testimonios de Rivera y Elba Meléndez surge que, aunque la mala situación económica de Dolphin estuvo siempre en sus mentes al tomar la decisión, ello no fue la razón principal que les motivó a aceptar la oferta de Ryder. De no *898 haberse presentado esa oferta no hubiesen abandonado Dolphin aun bajo el supuesto de su alegada pobre situación económica.NOTA6

Al evaluar esta prueba a la luz de las circunstancias peculiares de la causa de acción de Dolphin, resolvemos que su exclusión constituyó un error no perjudicial. De haberse admitido no hubiese variado sustancialmente las resultancias del pleito en cuanto a responsabilidad. Véanse: S.J. Credit, Inc. v. Ramírez, 113 D.P.R. 181, 190-191 (1982); Regla 5 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV; Chiesa, op. cit., págs. 8-9.

Réstanos examinar los señalamientos procesales. Ryder protesta de la desestimación de su reconvención. Aduce que se señaló vista para determinar la responsabilidad de la parte demandada únicamente. El planteamiento es inmeritorio. La causa de acción de Ryder estaba inexorablemente atada al destino de la demanda de Dolphin. Unicamente bajo el supuesto de que ésta no prosperara podía entonces el tribunal entrar a dilucidar y evaluar los méritos de la reconvención.

Finalmente, Ryder cuestiona ciertas determinaciones de hecho del tribunal de instancia. Nos expone que las mismas no tienen apoyo en la prueba y están fundamentadas en el alegato de Dolphin. En su correcta perspectiva, el señalamiento no tiene el alcance pretendido. Aunque en algunas de sus determinaciones el foro de instancia usó un lenguaje abarcador, ello no altera la corrección de las mismas y del dictamen.NOTA7 *899 Recapitulando, no existe error manifiesto, arbitrariedad, prejuicio o pasión en las conclusiones de hecho del tribunal sentenciador. No debemos intervenir. Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 46 (1987); Valencia Ex parte, 116 D.P.R. 909, 912 (1986); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172, 181 (1985); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721, 728 (1984).NOTA8

Por los fundamentos expuestos, disentimos. ‘[E]n nuestra función de jueces hemos de rechazar las pretensiones de una parte que constituyan medio de eludir la aplicación de normas imperativas del ordenamiento.‘ Soriano Tavárez v. Rivera Anaya, 108 D.P.R. 663, 671 (1979). En consecuencia, modificaríamos la sentencia del Tribunal Superior para eliminar la responsabilidad de los codemandados Joseph D’Bella, Elba Meléndez y Alejo Rivera. Así modificada, la confirmaríamos en sus restantes partes.

Sólo de este modo humanizamos verdaderamente las relaciones comerciales. Y es que ‘la Economía es actividad humana y como tal debe regularse por el derecho, inspirado en sus principios éticos generales válidos para toda la sociedad. La Honestidad, la Lealtad, la Veracidad, son tres principios de moral que se corresponden a tres reglas de Derecho: No engañar, no perjudicar, *900 no dañar. A eso se llama Buena Fe y es la base de toda relación social, cualquiera sea su campo, incluso el económico. No se trata nada más que de adecuar las relaciones humanas a los deberes de Honradez. O como diríamos al estilo de los antiguos juristas españoles: ?A verdad sabida y buena fe guardada’‘. (Énfasis suplido.) J.O. Von Oertel, Algunas disgresiones sobre temas constitucionales, económicos y éticos, 1977– Rev. Jur. Arg. La Ley 875, 882 (1977).

NOTAS AL CALCE:

NOTA1. En la acción fue incluida como demandada la Srta. Mildred Arroyo, quien también renunció a la posición que ocupaba en calidad de asistente del gerente, pero Dolphin desistió de su reclamación contra ella debido a que no pudo ser emplazada.

NOTA2. A pesar de que dicha sentencia fue intitulada como ‘sentencia sumaria‘, en realidad se trata de una sentencia parcial. La misma cumple con los requisitos de la Regla 43.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. La sentencia era parcial en tanto y en cuanto finalizó las controversias planteadas en la reconvención y parcial interlocutoria en cuanto a la determinación de responsabilidad. Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 D.P.R. 20 (1986).

NOTA3. El 3 de mayo de 1985 los demandados recurrentes solicitaron determinaciones adicionales de hechos y conclusiones adicionales de derecho. Solicitaron, además, que debido a que la sentencia parcial fue dictada únicamente en contra de la codemandada Ryder y nada se concluyó en cuanto a la responsabilidad que pudiesen tener los restantes codemandados, y dado que de la prueba desfilada no surge que dichos empleados tengan responsabilidad alguna, procediera a enmendar la sentencia parcial a los efectos de decretar la desestimación de la demanda en contra de los codemandados Joseph D’ Bella, Elba Meléndez y Alejo Rivera. Dicha moción fue declarada sin lugar el 8 de mayo de 1985.

NOTA4. ‘Sec. 16. [Derechos de los Empleados]

‘Se reconoce el derecho de todo trabajador a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a recibir igual paga por igual trabajo, a un salario mínimo razonable, a protección contra riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo o empleo, y a una jornada ordinaria que no exceda de ocho horas de trabajo. Sólo podrá trabajarse en exceso de este límite diario, mediante compensación extraordinaria que nunca será menor de una vez y media el tipo de salario ordinario, según se disponga por ley.‘ (Énfasis suplido.) Art. II, Sec. 16, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 327.

NOTA5. Apéndice A, pág. 7.

NOTA6. Del Informe sobre Conferencia Preliminar entre abogados surge que las partes estipularon lo siguiente:

‘Que entre la parte demandante y los co-demandados Joseph D’ Bella, Elba Meléndez y Alejo Rivera no existía un contrato escrito que exigiera que éstos tuvieren un término fijo de empleo.‘ Informe, pág. 8.

NOTA7. De haber estado vinculados los empleados por los acuerdos de un contrato a término fijo, el renunciar antes del vencimiento de dicho contrato los sujetaría a una acción por incumplimiento del mismo, no a una en daños por interferencia culposa bajo las disposiciones del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141.

NOTA8. Véanse los casos de Lumley v. Gye, 2El. & Bl. (Eng.) 216, 118 (1853), y su progenie.

NOTA9. Cabe señalar que la acción por interferencia culposa ha sido vista con grandes sospechas y reservas debido a que, en sus orígenes, se utilizó como instrumento para lograr el trabajo compulsorio, y más recientemente como un medio para suprimir las uniones obreras. W.P. Keeton, Prosser and Keeton on Torts, 5ta ed., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1984, pág. 979.

NOTA10. Por no ser pertinente ni necesario para la solución de este caso, no discutiremos aquí los supuestos en que se impondría responsabilidad a un patrono que interfiera con las obligaciones contractuales de otro patrono con sus empleados, cuando dicha relación no es una terminable a voluntad.

‘But in contracts not terminable at will we must differentiate the cases where the defendant acts for the specific purpose or with desire of invading, or knows that the end he seeks to accomplish in itself constitutes an invasion of the plaintiff’s contract interests, from the cases where the act is done for a purpose other than a desire to invade, although an invasion incidentally and indirectly results from the acts done. Competition gives no privilege to invade in the former while it does in the latter group of cases.‘ (Citas omitidas.) C. Carpenter, Interference with Contract Relations, 41 Harv. L. Rev. 728, 754 (1928).

No obstante, es esencial tener presente al momento de decidir si se le impone o no responsabilidad al patrono que interfiere con la relación contractual, el impacto que tendría la imposición de dicha responsabilidad al tomar en consideración la disposición constitucional que garantiza a todo trabajador el derecho a escoger y renunciar libremente a su ocupación. Art. II, Sec. 16, Const. E.L.A., supra.

NOTA11. En Gen. Office Prods. v. A.M. Capen’s Sons, 115 D.P.R. 553 (1984), señalamos, sin discutirla, la figura del contrato en daño de tercero como una afín a la de interferencia culposa. Posteriormente, en Dennis, Metro Invs. v. City Fed. Savs., 121 D.P.R. 197 (1988), tuvimos la oportunidad de analizar este tipo de contrato y establecer sus dimensiones. Allí señalamos que ‘[p]ara que exista un contrato en daño de tercero es necesario que se den los requisitos siguientes: (1) que haya un tercero afectado; (2) que se haya causado un daño a esa tercera persona; (3) que medie un nexo causal entre el daño y el contrato, y (4) que medie la intención de causar daño, ya sea de ambos contratantes o de uno solo de ellos‘. Dennis, Metro Invs. v. City Fed. Savs., supra, pág. 212.

La relación contractual establecida entre Ryder y los ex empleados de Dolphin no le causó daño a ésta. En Dennis, Metro Invs. v. City Fed. Savs., supra, pág. 213, señalamos, citando a Diez-Picazo, lo siguiente:

‘?[U]n ‘daño‘ es una lesión o violación de un concreto derecho subjetivo. No hay por ello daño de terceros si simplemente son colocados en situación desfavorable intereses que no son especialmente protegidos’.‘

En el caso de autos, los codemandados podían renunciar a su empleo con Dolphin en cualquier momento y por cualquier razón. Dolphin no tenía derecho a exigir que sus empleados continuaran trabajando para ella. Por lo tanto, la relación laboral concertada entre éstos y Ryder no lesionó derecho alguno de Dolphin. Una vez determinado que no se causó daño, no es necesario continuar con el análisis de los restantes requisitos.

NOTA12. No obstante, el patrono podría estar sujeto a responder si con su actuación causa daños relacionados con los secretos del negocio, patentes y asuntos similares. Esto se hará teniendo presente que, en los casos en que proceda, la responsabilidad impuesta al tercero no puede convertirse en mecanismo colateral para menoscabar el derecho constitucional de todo trabajador a escoger y renunciar libremente a su ocupación.

NOTA13. No estamos, por no ser necesario ni estar planteado, pasando juicio sobre la suficiencia de esta alegación ni los méritos de la misma.

NOTA1. Dolphin International of Puerto Rico, Inc. (Dolphin) se dedica al negocio de recibir, almacenar y entregar mercancía en furgones provenientes de Estados Unidos.

Ryder Truck Lines, Inc. (Ryder) es una corporación organizada bajo las leyes del estado de Florida, debidamente autorizada para hacer negocios en Puerto Rico.

NOTA2. Joseph D’Bella, Elba Meléndez, Alejo Rivera y Mildred Arroyo. Esta última nunca fue emplazada y Dolphin desistió voluntariamente de su demanda contra ella.

NOTA3. Reclamó $250,000 por los daños alegadamente sufridos y $50,000 por los gastos de entrenamiento del nuevo personal que se vio obligada a reclutar.

NOTA4. El concepto en este caso es en el plano corporativo. Ello no impide detectar institucionalmente una intención corporativa por los funcionarios de la corporación. Cobra vigencia entonces la necesidad del examen circunstancial:

‘La intención es, en rigor, el estado mental que acompaña y determina la decisión de cometer un acto con el propósito, deseo o designio de producir un resultado; v.g., es el estado mental que acompaña y determina la elección consciente de un fin.

‘Por tanto, la intención es un proceso secreto de la mente humana que no es susceptible de conocimiento cierto por parte de otras personas. Siendo esto así, para probar la intención es indispensable recurrir a la prueba circunstancial. La conducta del actor, su presunto conocimiento, percepción y consciencia de las relaciones de causas y efectos son elementos de prueba, piezas de evidencia, de las cuales se puede inferir su intención, ya que la ley presume que toda persona intenta las consecuencias naturales y probables de sus actos, conforme a las circunstancias particulares que enmarcan el evento y de las que el actor está consciente.‘ (Énfasis suplido.) H. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. 1, pág. 81.

NOTA5. Durante el testimonio del señor Porter no se admitió prueba en relación con la situación económica de Dolphin. Tampoco se admitió que respondiera a la pregunta de si conocía de algún uso o costumbre dentro de la industria de la transportación de carga que desalentase el cambio de empleo de los empleados en dicha industria.

Más tarde, el tribunal excluyó parte del testimonio de Elba Meléndez referente a la fuga de clientes de Dolphin.

Finalmente, por ser prueba de referencia, se eliminó todo lo declarado por el codemandado Alejo Rivera relativo a la falta de fondos en las cuentas de Dolphin. Esta situación, según atestó Rivera, no le permitió cobrar su cheque en algunas ocasiones.

Realmente esta prueba sería pertinente para la segunda etapa del proceso: evaluación de los daños de Dolphin.

NOTA6. El tribunal de instancia, como parte de los documentos autenticados para evidencia en la conferencia con antelación a juicio, tuvo ante sí varios de sus estados financieros. Su examen no revela concluyentemente la situación de precariedad extrema en que apoya Ryder su tesis.

NOTA7. De las doce (12) determinaciones de hecho esbozadas por el tribunal de instancia, creemos prudente comentar las siguientes:

La Núm. cuatro (4) expresa que Ryder ‘llegó a conocer íntimamente todos los pormenores del funcionamiento de Dolphin‘ por razón de la oficina que la primera tenía en las facilidades físicas de la segunda. Según antes señalado, el tipo de relación entre ambos — principal y agente– unido al hecho de que Ryder se dedica al mismo tipo de negocio en Estados Unidos, era más que suficiente para que ésta conociera el modo de operar de Dolphin. La mala fe de Ryder no surge en esta etapa.

En la determinación Núm. siete (7), el tribunal señala que las funciones desempeñadas por los empleados codemandados eran de tipo especializado y que no era común encontrar personas con esta preparación en el mercado de empleo en Puerto Rico. Ryder cuestiona la misma. Si bien es cierto que de los testimonios de Elba Meléndez y Alejo Rivera surge que el desempeño de sus funciones no requerían poseer una preparación académica especializada, es innegable que sus puestos requerían cierto grado de destreza y conocimiento que solamente es adquirida por la experiencia diaria. En efecto, toma cierto tiempo adaptarse a ese tipo de trabajo. El vacío creado simultáneamente con la partida de cuatro (4) empleados claves tuvo un efecto acumulativo perjudicial para Dolphin.

En su octava conclusión de hechos, el tribunal indica que ‘no existía en Dolphin persona que pudiera suplir las funciones que ejercían los empleados mencionados . . .‘. La misma es cualificable. La prueba realmente demostró que la empresa no podía funcionar con la ausencia simultánea de los cuatro (4) empleados en cuestión debido a que éstos constituían su ‘corazón‘. Claro está, la ausencia temporal de uno (1) o dos (2) de ellos no era motivo de alarma debido a que otros empleados podían sustituirlos.

En la conclusión Núm. once (11) el tribunal habla de la interferencia contractual torticera en que incurrió Ryder. Aunque por distintos fundamentos al pautado en Gen. Office Prods. v. A.M. Capen’s Sons, supra, la interferencia ocurrió.

NOTA8. Relativo a los proyectos de sentencia, consistentemente hemos indicado que su utilización, de por sí, no es una mala práctica. Malavé v. Hosp. de la Concepción, 100 D.P.R. 55 (1971). Lo censurable es ‘?[f]irmar a ciegas’ dichos proyectos de sentencia‘. (Énfasis suprimido) Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 D.P.R. 500, 508 (1982); Báez García v. Cooper Labs., Inc., 120 D.P.R. 145 (1987).

Eastern Sands, Inc. v. Roig Comm. Bank , 140 D.P.R. 703 (1996)

Eastern Sands, Inc. y Francisco Rincón, demandantes y recurrentes,
v.
Roig Commercial Bank, Turtle Associates, Milton E. Martínez Martínez, la Sociedad Legal de Gananciales que tiene con su esposa y el Bufete Woods & Woods, demandados y recurrido el primero.
Número: RE-92-105

En El Tribunal Supremo De Puerto Rico.
Resuelto: 9 de mayo de 1996

Sentencia Sumaria de Luis F. Mojica Sandoz, J. (Humacao), que desestima cierta demanda. Se revoca aquella parte de la sentencia que desestima la causa de acción del codemandante Francisco Rincón y se devuelve el caso al foro de instancia para la continuación de los procedimientos de conformidad con la opinión.

Michel J. Godreau, abogado de los recurrentes; Luz E. Santana Peña, abogada de los recurridos.

El Juez Presidente Señor Andréu García emitió la opinión del Tribunal.

La parte demandada y recurrida, Roig Commercial Bank (en adelante ROIG), era acreedora pignoraticia de la corporación demandante y recurrente Eastern Sands, Inc. (en adelante EASTERN). La entrega del bien constituido en prenda a un tercero por parte de ROIG suscita la controversia aquí trabada.

De la moción presentada por los demandantes recurrentes ante el tribunal de instancia para solicitar sentencia sumaria a su favor se desprenden, incontrovertiblemente, los hechos siguientes.

En febrero de 1984 EASTERN tomó un préstamo de ROIG por treinta y cuatro mil trescientos veintidós dólares con cuarenta centavos ($34,322.40). Para garantizar que pagaría la deuda, EASTERN constituyó una prenda a favor*707 de ROIG consistente en un pagaré al portador por cuarenta mil dólares ($40,000) con vencimiento a su presentación, garantizado a su vez con una hipoteca sobre un terreno en Humacao propiedad de EASTERN. En febrero de 1985 EASTERN vendió la finca gravada por el pagaré hipotecario a Julio & José Auto Sales (en adelante J. & J.), quien retuvo del precio de compra una suma suficiente para saldar el préstamo de EASTERN a ROIG, entonces reducido a veintidós mil cuatrocientos cincuenta y cuatro dólares con sesenta y ocho centavos ($22,454.68). J. & J. incumplió con su compromiso de saldar el remanente del préstamo de EASTERN, no sin antes haber hipotecado el terreno adquirido de EASTERN para obtener un préstamo de cincuenta mil dólares ($50,000) de la parte también demandada recurrida Turtle Associates (en adelante TURTLE). Posteriormente, J. & J. también incumplió con los términos del préstamo tomado a TURTLE, por lo que TURTLE decidió ejecutar la hipoteca, segunda en rango que gravaba el inmueble. Ante esta situación, en diciembre de 1985 Francisco Rincón, presidente de EASTERN, saldó con dinero personal la totalidad del préstamo de EASTERN que J. & J. se había comprometido a pagar. NOTA1 En julio de 1987 el señor Rincón requirió la entrega de la prenda que aseguraba el pago de dicha deuda, pero ROIG le informó que la había entregado a los representantes legales de TURTLE, el Bufete de Woods & Woods, también demandado recurrido, para cancelarlo junto con la hipoteca que lo garantizaba, lo que hicieron en febrero de 1988. TURTLE procedió entonces a vender la propiedad libre de cargas.

NOTA1. Previendo el incumplimiento de José & Julio Auto Sales con su compromiso de saldar el remanente del préstamo de Eastern Sands, Inc., Francisco Rincón había dado instrucciones a Roig Commercial Bank para que abonara ciertos depósitos suyos al pago de la deuda de Eastern Sands, Inc.

A tenor con los hechos anteriormente relatados, EASTERN y Rincón demandaron el 30 de noviembre de 1988 a ROIG, TURTLE, al Bufete de Woods & Woods y a un socio *708 de éste, el licenciado Milton Martínez Martínez, abogado que canceló el pagaré y la hipoteca, y alegaron que la entrega de la prenda a un tercero les privó de una garantía real con la que asegurar sus respectivas acreencias. Según los demandantes, al saldar la deuda de EASTERN el señor Rincón se subrogó en los derechos de ROIG y debió haber satisfecho. EASTERN, a su vez, también reclamó interés sobre la prenda para poder cobrar de J. & J. lo adeudado en concepto del dinero que retuvo tras la compraventa para saldar el préstamo a ROIG. Los demandantes imputaron a los demandados haber conspirado para impedir que pudieran valerse de la garantía hipotecaria, con la intención de liberar el inmueble de la primera hipoteca, por lo que debían responder solidariamente por los daños que alegan haber sufrido, ascendentes a ciento cincuenta mil dólares ($150,000).

ROIG contestó la demanda admitiendo los hechos esenciales alegados en ésta y presentando las defensas que discutiremos más adelante. Se opuso, además, a la solicitud de sentencia sumaria presentada por los demandantes y, a su vez, en el mismo escrito solicitó sentencia sumaria a su favor. Dicho escrito y los documentos presentados en su apoyo no controvierten en forma alguna la relación de hechos consignada anteriormente. Tanto la mencionada oposición como la solicitud de sentencia sumaria presentada por la referida institución bancaria se basa en meras conjeturas, suposiciones y especulaciones.

A pesar de lo anterior, tras innumerables trámites procesales, el tribunal de instancia, el antiguo Tribunal Superior, Sala de Humacao, dictó sentencia sumaria el 31 de enero de 1992, en la que desestimó la demanda.NOTA2 En su escueta sentencia el tribunal reconoció que el señor Rincón *709 se subrogó en los derechos del acreedor, ROIG, pero que al pagar renunció a ello ya que lo hizo con la intención de extinguir el crédito, no de obtenerlo mediante la subrogación. Como secuela a dicha determinación, el tribunal concluyó que ROIG debió haber restituido a EASTERN el pagaré hipotecario dádole en prenda por ésta, pero concluyó además que, por razón de que el señor Rincón “consideró que el pagaré … no representaba deuda alguna”, su entrega a TURTLE no le representó perjuicio. Solicitud de revisión, Apéndice, pág. 3.

NOTA2. El tribunal había dictado sentencia sumaria para disponer de la misma forma del caso el 25 de noviembre de 1991, pero acogió la solicitud de reconsideración de los demandantes, aquí recurrentes.

Luego de intentar infructuosamente que el tribunal reconsiderara su decisión, EASTERN y el señor Rincón solicitaron revisión de dicha sentencia ante este Tribunal alegando, en síntesis, que el tribunal de instancia mal interpretó el negocio de prenda, que no supo distinguir entre la personalidad jurídica del señor Rincón y la de EASTERN, y que no aplicó correctamente el ordenamiento correspondiente a la renuncia de los derechos. Expedimos el auto de revisión solicitado conjuntamente por ambos demandantes en el presente recurso.

De los demandados, sólo ROIG ha comparecido, en “Oposición a solicitud de revisión’D’ presentada el 22 de junio de 1992. En agosto de 1992 los codemandados, TURTLE y el Bufete de Woods & Woods, solicitaron treinta (30) días adicionales para comparecer, pero hasta el día de hoy no lo han hecho. No obstante, los planteamientos ante nos han sido extensamente debatidos en instancia y en las respectivas comparecencias de las partes, por lo que nos hallamos preparados para resolver este caso en sus méritos.

I

La controversia entre las partes se suscita por la entrega hecha por ROIG a los abogados de TURTLE del pagaré que garantizaba la deuda de EASTERN y la subsiguiente cancelación de éste. *710

Como primer señalamiento de error, los demandantes alegan que “¿eºl tribunal de instancia incidió en su percepción, análisis y calificación de la figura jurídica del pagaré entregado en prenda”. Alegato de la Demandante-Recurrente, pág. 20. Plantean que la entrega del pagaré a TURTLE constituyó una violación a los deberes de todo acreedor pignoraticio y un incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por ROIG, por lo que ha de responderles de los daños resultantes de sus actuaciones y omisiones.

[1-2] Al igual que la hipoteca y la anticresis, la prenda es un derecho real de garantía, pero se distingue de aquéllas por la transferencia de la posesión del bien garante a manos del acreedor. Este traslado posesorio no va acompañado de un correlativo desplazamiento titular, por lo que el Derecho Civil requiere que el acreedor asuma ciertas obligaciones hacia el bien pignorado. Art. 1768 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5027. “Frente al deudor de la obligación’D’, según el profesor Vázquez Bote, “el acreedor prendario … es un simple poseedor nomine alieno, y, como tal, está sujeto a las obligaciones propias de todo poseedor, sobre todo a la de conservación diligente de la cosa. En su consecuencia, está obligado a mantener una conducta prudente en orden a la tenencia, evitando cualquier acto que pueda menoscabarla, debiendo realizar los actos de protección y seguridad que defiendan la cosa contra acontecimientos que puedan ponerla en menoscabo o destrucción’D’. E. Vázquez Bote, Tratado teórico, práctico y crítico de derecho privado puertorriqueño, San Juan, Ed. Butterworth, 1993, T. VIII, pág. 481. El Código Civil impone sobre el acreedor pignoraticio el deber general de “cuidar de la cosa dada en prenda con la diligencia de un buen padre de familia …”. Art. 1766 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5025. Establece, además, prohibiciones específicas que limitan las facultades dispositivas del acreedor pignoraticio, tales como la incapacidad de éste para enajenar -Art. 1758 (*711 31 L.P.R.A. sec. 5003)- o usar -Art. 1769 (31 L.P.R.A. sec. 5028- el bien dado en prenda.

[3] Las restricciones al uso y el destino del bien prendario van encaminadas a conservar la integridad del bien pignorado, con la expectativa de que una vez quede satisfecho el crédito, la cosa dada en prenda revertirá a quien la constituyó. En dicho retorno consiste la última obligación del acreedor prendario: la restitución. La restitución no es otra cosa que la devolución del bien dado en prenda a quien la constituyó en garantía del pago de una deuda.

[4] El acreedor pignoraticio tiene derecho a retener en su poder el bien garante “hasta que se le pague el crédito’D’, por lo que, por lo menos hasta ese momento, no viene obligado a restituir la cosa dada en prenda.NOTA3 El deudor, por su parte, no tiene derecho a exigir la restitución del bien prendario hasta que no pague su deuda.NOTA4 Por lo tanto, la obligación de restitución no surge hasta que el deudor satisface el crédito al acreedor pignoraticio, lo que generalmente se hace mediante el pago, sin excluir otros mecanismos de extinguir el crédito. Vázquez Bote, op. cit., págs. 481-482; F. Puig Peña, Compendio de derecho civil español, 3ra ed. rev., Madrid, Ed. Pirámide, 1976, T. II, págs. 639-640 y 648; J.M. Manresa y Navarro , Comentarios al Código Civil español, Madrid, Ed. Reus, 1973, T. XII, pág. 567; Q.M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1955, T. XXIX, pág. 338; J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, Madrid, Ed. Reus, 1983, T. II, *712 Vol. 2, pág. 493; J.L. Lacruz Berdejo, Elementos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1980, T. III, pág. 153; M. Albaladejo, Curso de Derecho Civil español, Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. III, pág. 429; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. III, Vol. 3, págs. 45-46; E. Serrano Alonso, en Comentarios del Código Civil, Madrid, Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, 1991, T. II, págs. 1882 y 1890. Salvo la excepción particular que contiene el Art. 1765 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5024 -que permite al acreedor retener la posesión de la cosa pignorada si el deudor ha contraído una segunda deuda con ella-NOTA5 la restitución ha de hacerse inmediatamente después que el deudor ha satisfecho el crédito del acreedor y extinguido la obligación principal. L. Díez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, Madrid, Ed. Tecnos, 1989, Vol. III, pág. 482; Puig Brutau, op. cit., pág. 45; Vázquez Bote, op. cit., págs. 482 y 487; Puig Peña, op. cit., págs. 641 y 643; Manresa y Navarro, op. cit., págs. 546, 567; Serrano Alonso, op. cit., págs. 1881-1882, 1890; Scaevola, op. cit., págs. 374, 381 y 388; Castán Tobeñas, op. cit., pág. 803.

NOTA3. “El contrato de prenda da derecho al acreedor para retener la cosa en su poder o en el de la tercera persona a quien hubiese sido entregada, hasta que se le pague el crédito.

“Si mientras el acreedor retiene la prenda, el deudor contrajese con él otra deuda exigible antes de haberse pagado la primera, podrá aquél prorrogar la retención hasta que se le satisfagan ambos créditos, aunque no se hubiese estipulado la sujeción de la prenda a la seguridad de la segunda deuda.” Art. 1765 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5024.

NOTA4. “No puede el deudor pedir la restitución de la prenda contra la voluntad del acreedor mientras no pague la deuda y sus intereses, con las expensas en su caso.” Art. 1770 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5029.

NOTA5. Art. 1765 del Código Civil, supra.

De haberse realizado el pago por EASTERN, ésta como pignorante, era la única parte legitimada para recibir el pagaré hipotecario en restitución. Como consecuencia del pago, el bien constituido en prenda no podía haberle sido restituido a ninguna otra parte que no fuese a EASTERN o su representante designado para tomarla.

Sin embargo, los hechos de este caso indican que no fue EASTERN quien pagó la deuda con el banco, sino su presidente, el señor Rincón, en su capacidad personal. Por tanto, el señor Rincón reclama la restitución del pagaré en subrogación de los derechos del acreedor prendario. *713

II

[5] El pago, en la mayoría de los casos, extingue la obligación principal y con ella mueren las garantías accesorias de la que la prenda es una. Arts. 1756 y 1418 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 5001 y 3943, respectivamente. Albaladejo, op. cit., págs. 413 y 418; Lacruz Berdejo, op. cit., pág. 146; Puig Brutau, op. cit., págs. 35 y 46; Puig Peña, op. cit., págs. 613, 632 y 648; Manresa y Navarro, op. cit., págs. 543 y 546; Castán Tobeñas, op. cit., pág. 487; Serrano Alonso, op. cit., pág. 1874; Díez-Picazo y Gullón, op. cit., pág. 477.

[6] No obstante, cuando el pago de una deuda es realizado por un tercero, ello puede provocar la subrogación de éste en los derechos del acreedor original y cuando esto sucede la obligación y sus garantías no se extinguen. La novación que sufre la obligación principal es de tipo modificativa, lo que significa que, a pesar de los cambios, permanece con vida sin engendrar una nueva obligación que la reemplace. Art. 1157 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3241. Véanse: Constructora Bauzá, Inc. v. García López, 129 D.P.R. 579 (1991); E.L.A. v. Urb. Damiro, Inc., 112 D.P.R. 244, 247 (1982). Dado el carácter accesorio de las garantías del crédito, si la obligación principal permanece vigente tras el pago, la prenda tampoco se extingue. Por lo tanto, la manera en que se efectúe el pago determinará si la novación será extintiva o meramente modificativa; esto es, si se extingue o no la obligación principal. El pago que provoca la subrogación recibe el trato de una novación modificativa, donde el único cambio surge en la identidad de la persona del acreedor, no sobre la vigencia de la obligación principal. Art. 1157(3) del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3241(3). Como resultado de un pago por un tercero con efecto de subrogarle en la persona del acreedor, no surge el deber de restitución ya que, como la obligación principal no *714 ha sido extinguida, la prenda continúa con vida. Serrano Alonso, op. cit., pág. 1890; Manresa y Navarro, op. cit., 1967, T. VIII, Vol. 1, pág. 614; M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Edersa, 1980, T. XVI, Vol. 1, pág. 43. Véanse, también: Puig Brutau, op. cit., 1983, T. III, Vol. III, pág. 45, y ed. 1985, T. I, Vol. II, pág. 254.

[7] El pago por tercero provoca la subrogación del que paga en los derechos del acreedor cuando (1) un acreedor paga a otro acreedor preferente, (2) el que paga no tiene interés en el cumplimiento de la obligación, pero cuenta con la aprobación expresa o tácita del deudor, y (3) cuando quien paga tiene interés en el cumplimiento de la obligación. Art. 1163 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3247. Si bien un sector de la doctrina propone una interpretación literal del Art. 1163, supra, que toma las tres (3) situaciones consideradas como presunciones juris tantum, coincidimos con la vasta mayoría de la glosa en que en dichos casos la subrogación opera ex lege, o sea, automáticamente, no como mera presunción. Puig Brutau, op. cit., 1985, T. I, Vol. II, pág. 253; Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, op. cit., pág. 41. Sobre el particular Sancho Rebullida expresa que el Art. 1210 del Código Civil español, idéntico a nuestro Art. 1164 (31 L.P.R.A. sec. 3248), “no contempla la subrogación ‘presunta’ como contrafigura de la ‘expresa’ (art. 1209 II ¿correspondiente al segundo párrafo de nuestro Art. 1162 (31 L.P.R.A. sec. 3246)º), segundo término de la clasificación que estos preceptos establecerían; sino que regula la subrogación legal, contrafigura de la convencional; ambas son los términos de la clasificación a que estos preceptos responden. El art. 1210 no presume una voluntad subrogatoria cuando el tercero solvens se encuentra en alguna de las circunstancias previstas en él; en su caso lo haría iuris et de iure, pero creo que ni aun así; que impone el efecto subrogatorio ministerio legis cuando el tercero solvens se *715 encuentra en alguna de las tres (3) circunstancias enumeradas, y ello, sin y aún contra la voluntad del acreedor accipiens. A lo sumo, puede entenderse que el precepto “presume’ la voluntad del tercero en cuestión; pero ello nada añade a la exigibilidad del crédito objeto de subrogación, como tampoco añade nada a la admisibilidad de prueba en contrario a la posibilidad de renuncia del tercero a la subrogación. Como dice la ¿Sentencia del Tribunal Supremo español del 29 de mayo de 1984º, las titularidades del derecho de reembolso y de subrogación son cumulativas, siendo la subrogación un efecto legal que se ofrece al favorecido por él, pero que no se impone”. Sancho Rebullida, supra, págs. 312-313.NOTA6

NOTA6. Sancho Rebullida traza el origen del Art. 1164 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3248, al Art. 1117 del proyecto de 1851, del que lo tomó el Art. 1227 del Anteproyecto de 1882-88, que a su vez es id éntico al Art. 1210, que pasó al Código español, y de ahí al nuestro. El Proyecto de 1851 “disponía que ‘la subrogación tiene lugar por disposición de la ley a favor’: y, a continuación, enumeraba distintos supuestos de pago por tercero, entre ellos los tres del actual 1210”. Sancho Rebullida, supra, pág. 313. Véase, también, R. Bercovitz Rodríguez-Cano, Comentario del Código Civil, Madrid, Ministerio de Justicia de España, Centro de Publicaciones, 1991, T. II, págs. 167-168.

[8] Una vez están presentes las circunstancias propicias para uno de los preceptos del Art. 1163 del Código Civil, supra, ocurre la subrogación del que paga, que le confiere el derecho a hacer suyo el crédito junto con todos sus derechos, deberes y garantías. La prenda se transfiere al subrogado en las mismas circunstancias ya que es, precisamente, una de las garantías del crédito que adquiere el nuevo acreedor.

Los demandantes sostienen que las circunstancias que acompañaron el pago del señor Rincón justifican la subrogación de éste en los derechos de ROIG ante EASTERN. Según los demandantes, el señor Rincón pagó la deuda de EASTERN a ROIG en su capacidad personal, no como oficial corporativo (lo que presupone, naturalmente, que nos hallamos ante dos (2) personas jurídicas distintas, pues de lo contrario el pago no lo hubiese hecho un tercero, sino el *716 mismo deudor, por lo que sería de aplicación todo lo anteriormente discutido sobre la restitución). Si este pago que hizo queda recogido en uno de los tres (3) supuestos de subrogación legal dispuestos en el Art. 1163 del Código Civil, supra, el señor Rincón debió haber adquirido de ROIG la prenda como garantía ante EASTERN.

La situación prevista en la primera subsección del Art. 1163 del Código Civil, supra, es claramente inaplicable, pues previo al pago el señor Rincón no era acreedor de EASTERN, por lo que no puede tratarse del pago de un acreedor a otro. En torno al segundo apartado, cabría la posibilidad de que EASTERN hubiese consentido al pago del señor Rincón, lo que hubiese dado paso a la subrogación. Sin embargo, las partes no ofrecieron prueba sobre la posición asumida por EASTERN ante el pago, de modo que sería incompleto el análisis que pudiéramos hacer sobre la aprobación del deudor al pago de tercero, que contiene el segundo cuadro de subrogación del Art. 1163, supra, aunque sospechamos que así fue. El tercer supuesto hace innecesario analizar si verdaderamente hubo un consentimiento de EASTERN al pago de tercero, pues cuando el que paga tiene interés en el cumplimiento se prescinde del consentimiento del deudor. Puig Brutau, op. cit., 1985, T. I, Vol. II, pág. 253; R. Bercovitz Rodríguez-Cano, Comentario del Código Civil, Madrid, Ministerio de Justicia de España, Centro d e Publicaciones, 1991, T. II, págs. 169 y 172.

[9] El interés que ha de tener quien efectúa el pago es uno general sobre el cumplimiento de la obligación. El concepto de “interés’D’ utilizado por el Art. 1163 del Código Civil, supra, es amplio y permite aplicarse a situaciones en las que diferentes factores motivan a la persona a pagar la deuda ajena, incluso cuando se hace “sin ánimo de reclamar el importe” de lo pagado. Puig Brutau, op. cit., 1985, T. I, Vol. II, pág. 252. Véase, también, Sancho Rebullida, Comentario del Código Civil, supra, pág. 314. Por consiguiente,*717 una parte interesada en el cumplimiento de una obligación puede ser cualquiera a quien “convenga el cumplimiento de aquélla’D’. Manresa y Navarro, op. cit., 1967, T. VIII, Vol. 1, pág. 920. Como presidente y principal accionista de EASTERN, el señor Rincón tenía un interés evidente y legítimo en el cumplimiento de la obligación contraída por EASTERN con ROIG. Los oficiales corporativos no sólo tienen el interés sino también la obligación de velar por los mejores intereses de la empresa. Art. 402 de la Ley General de Corporaciones, 14 L.P.R.A. sec. 1402. Los accionistas, por igual, tienen intereses que transcienden sus inversiones particulares. La Ley General de Corporaciones entonces vigente reconocía la facultad a los inversionistas para llevar acciones derivativas externas contra terceros cuyas actuaciones hubiesen afectado el quehacer corporativo. Art. 1203 (31 L.P.R.A. sec. 2203).

El tribunal de instancia, para efectos de su sentencia sumaria, concluyó lo mismo pero hizo salvedad de que no adjudicaba la personalidad jurídica propia de EASTERN y que sólo asumía, para propósitos dispositivos, que el señora Rincón había pagado de su propio peculio.

ROIG alega que EASTERN es un álter ego del señor Rincón.NOTA7 De haber sido EASTERN y el señor Rincón la misma persona, el pago de éste último hubiese extinguido la deuda de EASTERN. Vencida y satisfecha la deuda garantizada por la prenda, ROIG hubiese entrado en la obligación inmediata de restituir la prenda al señor Rincón, lo que no hizo. De lo contrario, si efectivamente se trata de dos (2) personas jurídicas distintas, el pago por el señor Rincón de la deuda de EASTERN constituyó un pago de tercero. Hasta tanto no se pruebe lo contrario, el tribunal de instancia tendrá que otorgar y reconocer la personalidad*718 jurídica de EASTERN, separada e independiente de la del señor Rincón.

NOTA7. El Roig Commercial Bank alega lo mismo sobre José & Julio Auto Sales. Oposición a solicitud de revisión, pág. 12, presentada ante el Tribunal Supremo el 22 de junio de 1992.

III

Poco después del incumplimiento de J. & J. con los términos del préstamo que tomase a TURTLE, J. & J. confirió un poder al señor Rincón para que pudiera gestionar los negocios de la empresa y asegurar el cumplimiento de las obligaciones de ésta, las que a saber eran en ese momento el compromiso para saldar la deuda de EASTERN con ROIG y otro de pagar el préstamo tomado a TURTLE. Como apoderado de J. & J., el señor Rincón otorgó una opción a ciertas personas para comprar un lote segregado del terreno, adquirido por J. & J. de EASTERN, que estaba gravado, en primer término, como hemos visto, por el pagaré hipotecario constituido en prenda y luego por la segunda hipoteca que garantizaba el préstamo tomado a TURTLE.

El contrato de opción, celebrado el 25 de enero de 1986, describió los gravámenes a los que estaba sujeta la totalidad de la finca de la manera siguiente:

–SEGUNDO: Adquirió la descrita finca mediante Compraventa Reconociendo y Asumiendo Hipoteca, mediante la escritura número trece (13) de fecha veintid¿ ó ºs (22) de febrero de mil novecientos ochenta y cinco (1985) ante el notario Miguel A. Valcourt Reinhardt, en Humacao, Puerto Rico.

— Se halla afecta a Hipoteca a favor de Turtle Associates por la suma principal de Cuarenta Mil Dólares ($40,000.00) según escritura de Hipoteca número cinco (5) otorgada el día veinticuatro (24) de mayo de mil novecientos ochenta y cinco (1985) ante el notario Thomas Doran Gelabert, en San Juan, Puerto Rico. Apéndice, pág. 60.NOTA8 *719

NOTA8. Contrato de Opción de Compra, Exhibit A de la Oposición a la Sentencia Sumaria Solicitada por los Demandantes y Moción de Sentencia Sumaria a favor del Roig Commercial Bank, Apéndice Núm. 12, pág. 60 de la Solicitud de Revisión radicada por los demandantes-recurrentes el 6 de marzo de 1992 en el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Aunque el tribunal de instancia reconoció el efecto subrogatorio que tuvo el pago de tercero, le restó eficacia porque concluyó que al pagar el señor Rincón tenía la intención de extinguir la deuda de EASTERN y renunciar a su derecho a subrogarse. El tribunal dedujo la intención de renunciar del comportamiento del señor Rincón en dos (2) situaciones: al demorarse en exigir de ROIG el pagaré hipotecario como garantía del crédito que obtuvo por vía subrogatoria y al omitir mencionar en el referido contrato de opción la hipoteca constituida como la garantía prendaria que es objeto del presente pleito. Al hacer tal determinación, el tribunal se expresó como sigue:

Los hechos no cuestionados en nuestro caso incluyen que el codemandante solicitó el pagaré un año y siete meses después de pagar la deuda, y que en un contrato de opción en el que representa al tercer poseedor ¿J. & J.º, especial momento en que debió hacer hincapié en que no sólo existía una primera hipoteca, sino que era él precisamente el acreedor, en lugar de ello omite relacionar tal crédito hipotecario sobre la finca principal, son índices claros de que su voluntad al momento del pago fue de extinguir el crédito, no de obtenerlo vía subrogación, con toda probabilidad, para facilitar la transferencia. Sentencia Sumaria, pág. 3.

[10-12] No hay duda de que el derecho a subrogarse es susceptible a renuncia. Art. 4 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4. Quien teniendo derecho a ello, opta por no valerse de la protección que le extiende la subrogación y renuncia a ésta, tan sólo tiene a su alcance otros métodos menos efectivos de satisfacer su acreencia, tales como la acción de reembolso o de repetición, según lo contiene el Art. 1112 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3162. Véase Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, op. cit., pág. 40, y Albaladejo, Comentarios al Código Civil, op. cit., pág. 172. La renuncia expresa -albergada en una expresión inequívoca de la intención de abdicar a un derecho- es la forma más apta para hacerlo sin excluir la posibilidad de que ella sobrevenga de manera tácita. No obstante constituye*720 un requisito indispensable de toda renuncia, expresa o tácita, que ésta sea clara, terminante, explícita e inequívoca. Torres Solís et al. v. A.E.E. et als., 136 D.P.R. 302 (1994); Chico v. Editorial Ponce, Inc., 101 D.P.R. 759, 778 (1973); Mendoza Aldarondo v. Asociación Empleados, 94 D.P.R. 564, 577 (1967); Quiñones Quiñones v. Quiñones Irizarry, 91 D.P.R. 225 (1964); Cabrera v. Doval, 76 D.P.R. 777, 780 (1954). En Quiñones Quiñones v. Quiñones Irizarry, supra, págs. 265266, expresamos que “¿eºs cierto que el párrafo segundo del Art. 4 del Código Civil preceptúa que los derechos concedidos por las leyes son renunciables, a no ser esta renuncia contra la ley, el interés o el orden público, o en perjuicio de tercero. Pero la renuncia de derechos autorizada por ese artículo debe ser clara, terminante, explícita e inequívoca. Aunque se concede que puede ser expresa o tácita, la renuncia de derechos en general no se presume y es de estricta interpretación. No es lícito deducirla de expresiones de dudosa significación’D’. (Escolio omitido.)

[13] Rechazamos la primera manifestación de renuncia aludida por el tribunal de instancia, fundada en la demora del señor Rincón en requerir del ROIG la entrega de la prenda. Un retraso en el ejercicio de un derecho no da base para presumir la intención inequívoca de renunciarlo, máxime cuando se trata de una acción sin término prescriptivo fijo, que queda sujeta al plazo de quince (15) años. Art. 1864 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5294. Véanse, e.g.: J.I. Cano Martínez de Velasco, La renuncia a los derechos, Barcelona, Ed. Bosch, 1986, págs. 137-140, y las sentencias del Tribunal Supremo de España de 4 de mayo de 1976, Núm. 1989, XLII (Vol. I) Repertorio de Jurisprudencia 1474, y el 17 de mayo de 1941. La prescripción perdería todo significado e importancia si el ordenamiento exigiera ejercitar un derecho como requisito a que éste no se extinga dentro del término propuesto para hacerlo.

[14] Por otro lado, los derechos adquiridos por el nuevo *721 acreedor prendario tras su subrogación no dependen de que éste asuma posesión sobre el bien constituido en prenda. Si bien el Art. 1762 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5021, requiere para constituir la prenda “que se ponga en posesión de ésta al acreedor”, tenemos que recordar que la prenda ya estaba constituida cuando pagó el señor Rincón y que la subrogación no implica ni requiere que haya de constituirse nuevamente. Ya que la subrogación no extingue la obligación principal, la prenda permanece constituida y vigente. La posesión que se requiere para la constitución de la prenda es aquella que transfiere el deudor al acreedor;NOTA9 una vez queda constituida y mientras permanece vigente, no se verá afectada por subsiguientes traspasos posesorios, sea a un nuevo acreedor o incluso a un tercero ajeno al contrato, según lo dispone el Art. 1769 del Código Civil, supra. Albaladejo expone en su Curso de Derecho Civil Español, op. cit., pág. 427, que: “Una vez constituido el derecho real de prenda, ya no importa que la cosa salga de la posesión del acreedor (o del tercero); aquél subsiste aunque dicha posesión se pierda, o aunque pase la cosa a posesión de otra persona o incluso a la del concedente …. Y el acreedor pignoraticio, siempre que corresponda, puede ejercitar las oportunas acciones reales que su derecho de prenda le confiere ….” Véanse, también: Puig Brutau, op. cit., 1983, T. III, Vol. 3, pág. 39; Serrano Alonso, op. cit., pág. 1875. La prenda que quedó constituida al tomar posesión de ella el acreedor original, ROIG, permaneció constituida tras la subrogación del señor Rincón sin necesidad de que éste adquiriese posesión de la prenda. *722

NOTA9. J.L. Lacruz Berdejo, Elementos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1980, T. III, págs. 149 y 152; J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil español, Madrid, Ed. Reus, 1973, T. XII, págs. 546-547 y 549-550; M. Albaladejo, Curso de Derecho Civil español, Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. III, págs. 424-426; E. Vázquez Bote, Tratado teórico, práctico y crítico de derecho privado puertorriqueño, San Juan, Ed. Butterworth, 1993, T. VIII, pág. 479; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. III, Vol. 3, pág. 29; F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil español, Madrid, Eds. Pirámide, 1976, T. II, págs. 637-639; J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, Madrid. Ed. Reus, T. II, Vol. II, pág. 489.

ROIG alega en su defensa que en repetidas ocasiones puso la prenda a la disposición del señor Rincón pero que “se alza¿baº de hombros”, “negándose a recogerlo”. Oposición a solicitud de revisión, págs. 6 y 15, respectivamente. Según ROIG, la renuencia del señor Rincón a recibir el pagaré fue negligente y absorbe cualquier conducta negligente en la que hubiese incurrido el banco como resultado de su eventual entrega a TURTLE del bien constituido en prenda.

[15] No estamos de acuerdo. Sobre quien pesa la obligación de entregar una cosa que el acreedor se niega a recibir no tiene como opción, según sostiene ROIG, dar por rechazada la entrega y optar por enajenar el bien pignorado. Véase Bercovitz Rodríguez-Cano, op. cit., pág. 249.

En tal caso, lo que procedía era la consignación por ROIG del pagaré dado en prenda conforme a las disposiciones del Código Civil concernientes al ofrecimiento de pago y la consignación. Arts. 1130-1135 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3180-3185.

Según ya hemos señalado, el tribunal de instancia también dedujo la intención de renunciar a la subrogación de la supuesta omisión en mencionar la primera hipoteca (que garantizaba el pagaré emitido por EASTERN) en el contrato de opción a compra que otorgó el señor Rincón, fungiendo esta vez como apoderado de J. & J. No estamos de acuerdo.

En el párrafo SEGUNDO de dicho contrato, el cual hemos transcrito anteriormente, se provee suficiente información a los adquirentes de la opción al efecto de que la parte vendedora obtuvo la totalidad de la finca, con un gravamen hipotecario, el cual se comprometieron a asumir, e incluye la referencia pertinente para permitir al matrimonio optante verificar si, en efecto, la finca fue liberada de la primera hipoteca. El mencionado lenguaje conflige con la *723 norma que exige que la renuncia de un derecho, aun en su modalidad tácita, no deje dudas de la intención clara, terminante, explícita e inequívoca de renunciar a tal derecho.

Por otro lado, irrespectivamente de lo que se hubiese expresado en el contrato de opción, la renuncia no podía surgir de un contrato en el que el señor Rincón no figuró como parte. El tribunal de instancia cometió error al pasar por alto que al otorgar el referido contrato de opción, el señor Rincón fungía estrictamente en capacidad representativa de J. & J. a tenor con los Arts. 18 y 19 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. secs. 2036 y 2037. Nada indica que hubiese rebasado la función representativa para que él se convirtiera en un partícipe del contrato de opción.

IV

Finalmente, atendemos la conclusión a la que llegara el tribunal de instancia en torno a la ausencia de daños causados a los demandantes. En su sentencia sumaria el tribunal expresó que EASTERN no fue perjudicada por la entrega a TURTLE del pagaré hipotecario dado en prenda.

[16] TURTLE no era el deudor constituyente de la prenda, por lo que no le correspondía recibir el bien pignoraticio en restitución. La entrega a TURTLE del pagaré dado en prenda a ROIG constituye una violación del deber de custodia y cuidado de pater familiae que impone la ley y viola el deber de restitución que tenía ROIG como acreedor pignoraticio. El incumplimiento de la obligación de restituir expone a dicho acreedor a la indemnización de los daños y perjuicios que su conducta cause, Art. 1766 del Código Civil, supra, “¿tºodo ello si, por las circunstancias del caso, no procede otra responsabilidad mayor”. Véanse: Vázquez Bote, op. cit., pág. 488; Puig Brutau, op. cit., 1983, *724 T. III, Vol. 3, págs. 40 y 46; Puig Peña, op. cit., págs. 642-643.

Resolvemos que ROIG incumplió con sus obligaciones al entregar a TURTLE, un tomador ilegítimo, el bien constituido en prenda, por lo que debe responder por los daños que tal conducta haya ocasionado a la persona con derecho a recibir el mencionado pagaré prendario.

Alega EASTERN que como acreedora de J. & J. tenía derecho a valerse del pagaré, por lo que “la eliminación del pagaré anuló toda posibilidad de recuperar el pago de la deuda que J & J AUTO tenía con Eastern”. Alegato de la Demandante-Recurrente, pág. 22.

A base de la prueba en que EASTERN sustentó su solicitud de sentencia sumaria, no podemos concluir que ésta adquirió el derecho a obtener el pagaré hipotecario tras el pago de la deuda que éste garantizaba, por lo que estaba impedida de exigir su restitución o reclamar la facultad subrogatoria del Art. 164 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. sec. 2560, que también invoca en su alegato.NOTA10 Para poder valerse de los derechos resultantes de la restitución o de la subrogación bajo el Art. 164 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra, EASTERN tenía que haber pagado a ROIG, o posteriormente al acreedor subrogado del banco, el señor Rincón. La evidencia demuestra todo lo contrario, esto es, que ni pagó al acreedor original, en este caso ROIG, ni al señor Rincón, por lo que no podrá sustentar su reclamación de daños. Se confirmará la sentencia sumaria en este sentido.

NOTA10. El Art. 14 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. sec. 2058, concede el derecho a subrogarse al vendedor de una finca hipotecada que pague la deuda contraída por el comprador que en la venta hubiese descontado o retenido una suma del precio de la venta para saldar la deuda.

Por su parte, el señor Rincón indiscutiblemente perdió el derecho a ejecutar la hipoteca constituida por EASTERN en garantía del pagaré dado en prenda al banco, ya que fue privado de su garantía para obtener el pago de aquella *725 suma de dinero ($22,454.68) retenida por J. & J. como parte del precio de compraventa de la finca vendida a ésta, cuya retención fue hecha para pagar el balance del préstamo concedido a EASTERN por el ROIG, lo cual no hizo. Por lo tanto, dicha entidad bancaria debe responderle por los daños que dicha privación le haya causado.NOTA11

NOTA11. Por otro lado, de haber prevalecido finalmente la contención de ROIG al efecto de que EASTERN es un álter ego del señor Rincón, de éste sería el derecho a la restitución del pagaré dado en prenda a ROIG. Por lo tanto, también tendría derecho a ser compensado por los recurridos de los daños por él sufridos.

Es preciso aclarar, sin embargo, que la acción en contra del banco mencionado es de naturaleza contractual, por violación del contrato de prenda, mientras que la acción contra los restantes demandados es de naturaleza extracontractual, por no mediar contrato entre éstos y la parte demandante. Por no haberse presentado prueba referente a dicha causa de acción, procede que se devuelva el caso al tribunal de instancia para la continuación de los procedimientos.

Por los fundamentos antes expuestos, se dictará sentencia para revocar aquella parte de la sentencia sumaria dictada por la Sala de Humacao del extinto Tribunal Superior de Puerto Rico, que desestimó la causa de acción del codemandante Francisco Rincón y se devolverá el asunto al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao, para la continuación de los procedimientos en forma compatible con esta opinión.

Los Jueces Asociados Señor Rebollo López y Señora Naveira de Rodón no intervinieron.

Clavelo Pérez v. Hernández García, 2010 TSPR 4,177 DPR ____

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ángel Francisco Clavelo Pérez

Peticionario

v.

Gloria Ester Hernández García

Recurrida

Certiorari

2010 TSPR 4

177 DPR ____

Número del Caso: CC-2007-1166

Fecha: 19 de enero de 2010

Tribunal de Apelaciones:Región Judicial de Arecibo

Jueza Ponente: Hon. Nydia M. Cotto Vives

Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. Sixto Román Torres

Abogado de la Parte Recurrida:Lcdo. Jorge L. Marchand Heredia

Materia: Liquidación de Usufructo Viudal

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ángel Francisco Clavelo Pérez
Peticionario

v.

Gloria Esther Hernández García
Recurrida
Certiorari

CC-2007-1166

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora FIOL MATTA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de enero de 2010.

Tenemos ante nuestra consideración un asunto sobre el cual no nos hemos expresado hasta el presente. Se trata del efecto que pueda tener el matrimonio del cónyuge supérstite sobre el usufructo viudal. Específicamente, debemos resolver si en nuestro ordenamiento jurídico el usufructo viudal, que es la legítima del cónyuge supérstite, se extingue al éste contraer nuevas nupcias. Exponemos los hechos según fueron estipulados por las partes.

I

El 19 de agosto de 1995, el Sr. Ángel Francisco Clavelo Pérez contrajo matrimonio con doña Amelia García Peraza, madre de Gloria Esther Hernández García. Seis años después del casamiento, el 13 de junio de 2001, doña Amelia falleció intestada y el Tribunal de Primera Instancia declaró como únicos y universales herederos, a la señora Hernández García y al señor Clavelo Pérez, a quién reconoció como viudo. Desde el fallecimiento de doña Amelia, la señora Hernández García tiene el control exclusivo de los bienes del caudal, que consisten en dinero depositado en cuentas bancarias y bienes inmuebles dedicados al negocio de alquiler.

El señor Clavelo Pérez contrajo matrimonio nuevamente el 4 de junio de 2002. Tres años después, la señora Hernández García le entregó un cheque por $16,666.00, con el propósito de conmutar y satisfacer su cuota viudal usufructuaria. Por estar en desacuerdo con la cantidad del pago, el señor Clavelo Pérez endosó el cheque y se lo devolvió a la señora Hernández García. En vista de que los legitimarios de doña Amelia no lograron un acuerdo sobre el valor de la cuota usufructuaria, el señor Clavelo Pérez presentó, en el Tribunal de Primera Instancia, una demanda sobre liquidación de usufructo viudal. Tras varios trámites procesales, la señora Hernández García solicitó la desestimación de la reclamación, bajo el fundamento de que el señor Clavelo Pérez no tenía derecho a recibir el usufructo viudal porque había contraído nuevas nupcias. Argumentó que la condición precedente para que naciera el derecho a la cuota usufructuaria es la viudez y como el señor Clavelo Pérez ya no era viudo, no tenía derecho a dicha cuota.

Estipulados los hechos y trabada la controversia, el Tribunal de Primera Instancia resolvió que en nuestro ordenamiento jurídico no hay disposición legal que requiera que la legítima del viudo se extinga al éste contraer nuevas nupcias. Por lo tanto, le ordenó a la señora Hernández García pagarle al señor Clavelo Pérez la cuota usufructuaria que le correspondía.

Insatisfecha con la sentencia del foro de instancia, la señora Hernández García acudió al Tribunal de Apelaciones y alegó, en esencia, que aquel foro había errado al concluir que el derecho al usufructo viudal no se extingue cuando el viudo contrae matrimonio. El tribunal intermedio apelativo resolvió que el derecho al usufructo viudal termina cuando el viudo contrae nupcias. Concluyó, por tanto, que el señor Clavelo Pérez sólo tenía “derecho a disfrutar de la cuota usufructuaria viudal hasta la fecha en que contrajo nuevas nupcias y su estado civil pasó de soltero [por viudez] a casado”. Así, el Tribunal de Apelaciones devolvió el caso al tribunal de instancia para que se hiciera el cómputo de la cuota usufructuaria desde la muerte de la causante hasta la fecha en que el señor Clavelo Pérez contrajo nuevo matrimonio.

Inconforme, el señor Clavelo Pérez recurre ante nosotros, mediante recurso de certiorari y alega que el Tribunal de Apelaciones erró al limitar o restringir su derecho a percibir la cuota usufructuaria viudal porque contrajo matrimonio, ya que esto constituye “preterición de la legítima viudal y un discrimen por razón de matrimonio prohibido por la Constitución del Estado Libre Asociado”.

Expedimos el auto y, luego de un detenido examen del expediente y el derecho aplicable, estamos en posición de resolver.

II

A

Siempre que nos enfrentamos a una controversia nueva, relativa a una figura jurídica compleja, es necesario estudiarla y analizarla en todos sus detalles. En este caso es particularmente imprescindible estudiar el desarrollo histórico de los derechos sucesorios del cónyuge viudo, porque, según explica Cano Tello, éstos surgieron “en un marco jurídico social producto de una época y [están] más influidos que otras instituciones por criterios morales, religiosos y filosóficos mayoritariamente aceptados en determinado momento”.

Nuestro recorrido histórico comienza durante la dominación romana del territorio que actualmente es España, pues es en esa época que la doctrina identifica por primera vez una institución afín al usufructo viudal. Las leyes romanas no le reconocían ningún derecho hereditario al cónyuge supérstite en la sucesión del premuerto, hasta que en tiempos del emperador Justiniano se introdujo la cuarta marital a favor de la mujer que no aportó dote, es decir, la esposa pobre. Más tarde, en la Novela 117, publicada en 541, se le atribuyó a la mujer el derecho en propiedad a dicha cuarta parte, cuando el marido muerto no tuviese descendencia y solamente el usufructo cuando la tuviese.

A los romanos le sucedieron los godos, quienes invadieron la península ibérica hace mil quinientos años. Entre los germanos, primero por costumbre y después mediante legislación, la viuda participaba en los bienes hereditarios del marido difunto. Pero, en este caso, era porque en dicha civilización se miraba a la mujer con “benevolencia”, lo cual elevaba su dignidad dentro de la familia. Por eso, en el estatuto godo conocido como el Fuero Juzgo, redactado en Castilla en 1241, se le asignó a la viuda una cuota igual a la que por legítima recibirían sus hijos legítimos de la herencia paterna, mientras no contrajere nuevo matrimonio, pero con independencia de su posición social y económica. La viuda tenía este derecho solamente cuando había hijos, porque lo que pretendía asegurar este cuerpo legal era la conservación de la familia.

Así las cosas, en el siglo ocho, los moros invadieron la mayor parte del territorio español, terminando con ello la dominación germana en la península. Entonces, durante todo el periodo de reconquista, que se extendió hasta el siglo XV, la nobleza o regiones liberadas recibieron de los reyes privilegios o fueros. Sin embargo, los preceptos del Fuero Juzgo mantuvieron vigencia en algunas regiones y se transformaron conforme al tiempo, la localidad, las costumbres y la guerra. En Aragón, el derecho a usufructo se le concedió al cónyuge supérstite sobre todos los bienes del premuerto, es decir, la ley impuso un usufructo viudal universal. Según este ordenamiento, el derecho de viudedad se extinguía si la viuda o viudo llevaba una vida pública deshonesta o contraía nuevo matrimonio, a menos que se le hubiese concedido de por vida y el consorte difunto no tuviese otros herederos forzosos, o se tratase de “casamiento en casa” autorizado, y de la consiguiente conversión del usufructo universal en ordinario.
También, desde el siglo XIII, el Fuero General de Navarra estableció el usufructo de fidelidad o viudedad, que le otorgó al viudo o viuda el uso y disfrute de todos los bienes de su difunto consorte, mientras mantuviera fidelidad, es decir, mientras no contrajera nuevo matrimonio ni llevara una vida deshonesta. Estas causas de extinción del usufructo viudal foral, que surgen de la legislación tanto de Navarra como de la aragonesa, demuestran que en dichos ordenamientos los derechos sucesorios del cónyuge viudo persiguen, además del propósito de favorecer a la viuda, el objetivo principal de “robustecer y perpetuar la familia dándole cohesión y vigor mediante la no disgregación del patrimonio familiar,” a pesar de la muerte de uno de los esposos.

Sin embargo, en Castilla, tras la reconquista, la concesión parcial de los fueros municipales borró todo vestigio del Fuero Juzgo con relación a los derechos del cónyuge viudo en la sucesión de su consorte. Entonces, en el siglo XIII, cuando se había reconquistado la mayor parte del territorio español, el derecho carecía de unidad y se comenzaron a realizar esfuerzos para resolver este problema. Así surgieron las Partidas. Este cuerpo normativo, redactado durante el reinado de Alfonso X, resucitó la cuarta marital romana, de manera modificada. Específicamente, le concedió a la viuda pobre, que no podía vivir honestamente de sus bienes, el derecho en propiedad a una cuarta parte en la herencia de su cónyuge premuerto, con independencia de que hubiese hijos. Dicha ley pretendía proteger a la viuda en su carácter personal, más que a la institución familiar que era el bien tutelado por el Fuero Juzgo y las legislaciones forales.

No obstante, ninguno de los esfuerzos realizados en ese tiempo logró unificar el derecho en el territorio español, hasta que, en el siglo XIX, las ideas políticas revolucionarias recogidas en el nuevo Código Civil francés hicieron renacer los deseos de lograr una codificación uniforme del derecho español. Durante la elaboración del Proyecto de Código Civil español de 1851 y de la Ley de Bases de 11 de mayo de 1888, se discutió “honda y largamente” sobre la legítima del viudo. Sin embargo, en ese momento histórico, la razón del usufructo viudal, además de proteger económicamente al cónyuge supérstite y a su familia, se expresó como sigue:

…la intima sociedad que se forma entre marido y mujer, la comunión de afectos, la asidua y común participación en los trabajos de la vida, los cuidados que en común prestan a la prole, dan lugar a la formación de ciertos vínculos que la ley no puede ni debe desconocer.

Los codificadores españoles estudiaron las diversas fórmulas adoptadas dentro y fuera del territorio español para proteger al cónyuge supérstite, entre éstas, las legislaciones forales que le asignaban un usufructo universal legal, otras que establecían un usufructo parcial o sobre una parte de los bienes de la herencia y unas que le atribuían al viudo una cuota en pleno dominio. Se optó por el usufructo parcial, reviviendo, aunque modificada, la fórmula del Fuero Juzgo que, a su vez, coincidía con las disposiciones del Código Civil italiano de 1865.

En el seno de la comisión codificadora también se discutió si la cuota viudal había de extinguirse con la celebración de nuevas nupcias, prevaleciendo el criterio de que continuara el viudo disfrutando su legítima. Dicho de otro modo, en la redacción final del proyecto del Código Civil español de 1888, no se siguió el criterio de las provincias regidas por fueros especiales. Así, en el derecho civil común se entendió, en vez, que el usufructo viudal no termina ni porque el viudo no lleve una vida recatada y honesta ni porque contraiga nuevas nupcias. Tampoco finaliza este derecho por indignidad o por otros motivos particulares. Valverde nos explica las razones en las que se apoya este criterio:

[S]i a primera vista parece absurdo que participe de los beneficios de ella el cónyuge de segundas nupcias que viene a ocupar el lugar del fallecido, no obstante, razones superiores de moralidad aconsejan el aceptar el criterio de subsistencia de la cuota aun contrayendo segundo matrimonio.

Finalmente, los artículos 834 y subsiguientes del Código Civil español establecieron a favor del cónyuge viudo el derecho al usufructo de una cuota en la herencia del causante. Por otro lado, dicho cuerpo legal, que es, en esencia, igual al nuestro, guardó silencio en torno a las causas especiales para el cese o extinción del usufructo viudal.

Manresa ha expresado que el silencio del Código es, sin duda, prueba de que el legislador entendió que no era necesario usar la autorización que le otorgaba la Ley de Bases de 1888, para determinar las causas de extinción del usufructo viudal. Por el contrario, demuestra que los parlamentarios prefirieron equiparar este derecho a los demás usufructos y dejar subsistentes, respecto a éste, las causas generales de extinción del usufructo, en lo que sean aplicables. Cónsono con ello, los tratadistas Borrell y Soler afirman que “la causa más natural de extinción [del usufructo viudal] es la muerte del viudo usufructuario, pero puede también ocurrir por cumplimiento de condición resolutoria convenida en el título del derecho, por confusión o por renuncia”.

B

En Puerto Rico, hasta finales del siglo XIX, el derecho privado era organizado por estatutos particulares, como las Leyes de Indias, que regían en los territorios españoles de ultramar. Sin embargo, aunque el artículo 89 de la Constitución española de 30 de junio de 1876 mantuvo el principio de que “las provincias de Ultramar serían gobernadas por leyes especiales”, también autorizaba al Gobierno a aplicar a dichas provincias las leyes promulgadas o que se promulgasen en España, con las modificaciones que estimara pertinentes y dando cuenta a las Cortes. De este modo, “la obra más importante de la legislación española, el Código Civil, fue extendida íntegramente a la Isla” por Real Decreto de 31 de julio del 1889.

Poco tiempo después, en virtud del artículo II del Tratado de Paz o Tratado de París de 10 de diciembre de 1898, que terminó la Guerra Hispanoamericana, el Reino de España le cedió el archipiélago de Puerto Rico a Estados Unidos. Desde ese momento hubo una “alteración natural y comprensible en la orientación jurídica puertorriqueña”, pues aunque la estructura jurídica y gubernamental dejada por España se mantuvo durante el periodo del gobierno militar, eso es, entre 1898 y 1900, ésta fue alterada por medio de órdenes militares.

La Ley Foraker puso fin al gobierno militar y estableció en Puerto Rico el primer gobierno civil el 1 de mayo de 1900. Esta ley también ordenó la creación de una Comisión cuya encomienda era revisar y compilar las leyes de Puerto Rico en un corto periodo de tiempo que finalizaba el 12 de abril de 1901. Debido a la tardanza en nombrar los miembros de dicha comisión, éstos tuvieron sólo nueve meses para familiarizarse con la situación prevaleciente en la Isla, acordar los cambios que recomendarían y hacer su informe al Congreso. El informe de la Comisión, que recomendó cambios en las leyes existentes para “adaptarlas a los principios fundamentales del derecho americano”, fue sometido a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a principios del 1902. Además, otra comisión codificadora, creada en 1901 por una ley de la Asamblea Legislativa, también entregó su informe para esa fecha. El 12 de marzo de 1902, la Asamblea Legislativa aprobó el Código Civil de Puerto Rico. Este contenía algunas modificaciones importantes, entre éstas, los artículos 821 al 823 declararon al cónyuge viudo heredero en propiedad, sin disponer sobre la terminación de este derecho. Tres años después, la Ley del 9 de marzo de 1905 restableció íntegramente la doctrina del Código Civil español sobre el usufructo viudal.

Posteriormente, la Ley Núm. 48 de 28 de abril de 1930, enmendó más de cincuenta artículos que así modificados se incorporaron, con una nueva enumeración, al texto de otra edición de Código Civil de Puerto Rico. En dicha edición se incluyeron otras leyes civiles que antes no se encontraban en el Código. Sin embargo, los artículos 761 al 766, que regulan los derechos sucesorios del cónyuge viudo, se mantuvieron prácticamente inalterados.

C

Trazados los orígenes de los derechos sucesorios del cónyuge supérstite, precisemos la naturaleza de esta institución jurídica, conforme ha sido interpretada por la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal.

El artículo 736 del Código Civil dispone que son legitimarios del causante sus descendientes y, en ausencia de estos, sus ascendientes. También el cónyuge supérstite es heredero forzoso, pero su cuota es en usufructo. Por consiguiente, este tiene que concurrir a las operaciones particionales hasta que los herederos le satisfagan o conmuten su cuota, lo cual puede hacerse asignándole una renta vitalicia, los productos de determinados bienes o capital en efectivo. En otras palabras, hasta que no se haga la conversión, todos los bienes de la herencia estarán gravados por el usufructo viudal. Ahora bien, para que queden adecuadamente protegidos los derechos del cónyuge supérstite, se tomará en consideración el valor de los bienes de la herencia al momento en que se formalice la conversión o conmutación. Además, el viudo no es un extraño a la sucesión en lo que se refiere al retracto sucesoral.

Por otro lado, el derecho del viudo es exigible tanto en la sucesión testada como en la intestada. Además, el usufructo viudal puede atribuirse por el causante a cualquier título: herencia, legado, partición efectuada por el propio causante o por vía de reglas particulares dictadas por éste sobre la partición. Hemos afirmado que el suceso que da vida a este derecho es la muerte del causante. También hemos destacado que el usufructo viudal legal es la legítima del cónyuge supérstite, de la cual no se le puede privar por testamento, ni puede el testador imponer sobre ella carga o gravamen alguno, como, por ejemplo, que el viudo no contraiga nuevas nupcias. Ello es así, toda vez que “siendo vitalicio el usufructo viudal concedido, no hay más plazo ni condición que la vida del usufructuario”.

III

Explicado lo anterior, debemos resolver si en nuestro ordenamiento jurídico el usufructo viudal cesa o se extingue cuando el viudo o viuda contrae nuevas nupcias. Hemos visto que este asunto se consideró y discutió en la comisión que redactó el Código Civil español y, finalmente, prevaleció la posición de que el derecho al usufructo viudal no se extingue ni cesa por esa causa. También hemos visto que en aquellas jurisdicciones como Navarra y Aragón, donde las nuevas nupcias son causa para terminar el usufructo viudal, la ley foral lo dispone expresamente. Sin embargo, en el Código Civil español y, por consiguiente, en el nuestro, se optó por no hacer expresión alguna sobre la extinción del usufructo viudal. Por tanto, para conocer las causas de extinción del usufructo viudal debemos referirnos al articulado general de extinción del usufructo, que no contempla esta causal.

Por otro lado, como hemos podido observar, la filosofía que originó la figura del usufructo viudal universal y de la cuarta marital romana, que protegía a la viuda de la pobreza y tenía el propósito de mantener la unión familiar, ha evolucionado de acuerdo a los cambios sociales. En la época moderna, reconocemos que también se trata “de un derecho recíproco, moldeado al fuego del mutuo cariño… común a los dos cónyuges, [e] independiente de su estado económico de pobreza o riqueza…”. De esta forma, se reconocen los años de amor, sacrificio y convivencia del compañero o compañera. Por eso, el propio Código Civil consagró la calidad de legitimario que tiene el cónyuge supérstite, asignándole un derecho en la herencia del difunto. Cónsono con ello, según ya expresamos, nuestra jurisprudencia ha resuelto que el testador no puede privar a su cónyuge de su legítima ni imponer sobre ésta carga o gravamen alguno.

Finalmente, debemos mencionar otros dos artículos de nuestro Código Civil que se refieren a los derechos del cónyuge supérstite. El primero es el artículo 420, que exceptúa al cónyuge sobreviviente de prestar fianza respecto a la cuota usufructuaria que le corresponde en la herencia del otro cónyuge, siempre que los nudo-propietarios sean sus descendientes y mientras no contraiga segundo matrimonio. 31 L.P.R.A. sec. 1542. Véase, además: Artículo 421 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1543. Por otro lado, la reserva viudal, regulada en los artículos 923 al 935 del Código Civil, le impone al viudo o viuda que contrae nuevas nupcias, la obligación de reservar, para los descendientes del matrimonio anterior, la propiedad de los bienes que adquirió del causante, de los hijos de éste y de los parientes del difunto por consideración a éste, mediante testamento, sucesión intestada, donación u otro título lucrativo. Estas disposiciones confirman que la única consecuencia que el Código Civil asigna para cuando el cónyuge supérstite contrae nuevas nupcias surge en esta situación, para la cual adopta una norma específica. Habiendo previsto y regulado este supuesto en los artículos 421 y 923 al 935, antes mencionados, debemos concluir que la ausencia de condiciones al regular la vigencia de la cuota usufructuaria revela la intención de no sujetarla a condición alguna. Dado que el Código es un sistema coherente de normas, podemos deducir que las nuevas nupcias no son causa de extinción de los derechos sucesorios del cónyuge supérstite.

Más aun, sería antagónico que se le exigiera la fianza sobre el usufructo viudal al cónyuge supérstite que va a contraer nuevas nupcias y, por otro lado, se extinga dicho usufructo por razón del vínculo matrimonial. Así lo expresa el tratadista Manuel Albaladejo, refiriéndose al artículo 492 del Código Civil español, que es homólogo al 490 de nuestro Código Civil, al afirmar que:

[e]ste precepto, indirectamente, confirma que no se extingue por ulteriores nupcias el usufructo legal del cónyuge viudo, puesto que ellas sólo dan lugar a que el viudo deba prestar fianza.

La intención de los codificadores, la filosofía tras la figura del usufructo viudal y la interpretación lógica de todas las disposiciones del Código Civil demuestran que en nuestro ordenamiento jurídico el derecho de usufructo viudal no cesa ni se extingue cuando el cónyuge supérstite contrae nuevas nupcias. Ahora bien, según las disposiciones citadas, tendría que prestar fianza y reservar ciertos bienes para la descendencia de su anterior matrimonio.

IV

Cuando murió doña Amelia, que conforme a nuestra jurisprudencia es el momento determinante para la concesión del usufructo viudal, ésta estaba casada con el señor Clavelo Pérez. Conforme a lo aquí resuelto, el matrimonio de el señor Clavelo Pérez, cinco años después de la muerte de doña Amelia, no extinguió el usufructo viudal. Por consiguiente, el señor Clavelo Pérez es acreedor a la cuota viudal usufructuaria.

Por los fundamentos expuestos, se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones y se reinstala la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

Se dictará sentencia de conformidad.

Liana Fiol Matta
Jueza Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ángel Francisco Clavelo Pérez
Peticionario

v.

Gloria Esther Hernández García
Recurrida

Certiorari

CC-2007-1166

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de enero de 2010.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones y se reinstala la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera Pérez concurre sin opinión. El Juez Asociado señor Martínez Torres está inhibido.

Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo

Márquez v. Torres Campos, 111 DPR 854 (1982)

Carlos A. Márquez, Jr., demandante y recurrido
v.
Aurelio Torres Campos, demandado y recurrente.
Número: R-79-101
Resuelto: 18 de enero de 1982

En El Tribunal Supremo De Puerto Rico.
Sentencia de Ramón Negrón Soto, J. (San Juan), que declara con lugar una acción de daños y perjuicios por dolo contractual. Confirmada.

Aurelio Torres Campos, recurrente, pro se; Marcos A. Ramírez Lavandero, de Ramírez & Rivera, abogado del recurrido.

El Juez Asociado Señor Martín emitió la opinión del Tribunal.

**1 El demandado Aurelio Torres Campos poseía un hato de reses que mantenía en parte de una finca que tenía arrendada en Canóvanas. En 11 de abril de 1975, dichas reses fueron puestas en cuarentena, previa inspección, por autoridades estatales y federales, al hallarse presente el germen de tuberculosis en algunas de dichas reses. La notificación de la cuarentena ordenaba lo siguiente:

Se le prohíbe a usted mover ganado alguno de sus terrenos bajo cuarentena a menos que sea autorizado por escrito por un veterinario del Departamento de Agricultura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de los Estados Unidos.

Con posterioridad al 11 de abril de 1975 y hasta el 23 de septiembre siguiente, la finca del demandado fue objeto de varias inspecciones llevadas a cabo por veterinarios de las agencias federales y estatales concernidas, obteniéndose resultados positivos del germen de la tuberculosis en todas las inspecciones. Como consecuencia de ello, varias novillas del demandado fueron sacrificadas por los funcionarios gubernamentales. El demandado estuvo presente en todas las inspecciones y sacrificios.

No obstante tener conocimiento de la anterior prohibición desde el 11 de abril de 1975, el demandado autorizó a los Sres. Juan Saldaña y Zenén *857 Domínguez, quienes trabajaban para él, en algún momento entre el 11 de abril y el 26 de agosto de 1975, a trasladar parte de su hato de la referida finca en Canóvanas a una finca nombrada ‘Martín González‘ que el Sr. Saldaña tenía arrendada en Carolina, todo ello sin haber obtenido la autorización gubernamental que era imprescindible. También autorizó a Domínguez a gestionar la venta de dicho ganado.

Posteriormente Domínguez se comunicó con el demandante Márquez, quien tenía un negocio pequeño de crianza de ganado e interesaba aumentar la escala de su negocio, y le ofreció en venta unas cabezas de ganado. El mediador Domínguez y el prospecto comprador –el demandante en este caso– visitaron la finca ‘Martín González‘. Puesto que llovía fuertemente al llegar a la finca, no pudieron desmontarse, pero desde la guagua del demandante, pudieron observar como 30 cabezas de ganado pasearse de un lado a otro. Domínguez y el comprador Márquez acordaron que éste compraría veinticinco (25) novillos de ocho a nueve arrobas de peso cada uno, a razón de $29.00 la arroba. Convinieron reunirse el 23 de septiembre de 1975 (la cuarentena regía desde abril 11) en la romana de Ferdinand Morales en Río Grande para pesar el ganado y perfeccionar la transacción.

El tribunal de instancia determinó que dicho día 23 el demandante se dirigió directamente a Río Grande y allí se encontró con el demandado Torres Campos y sus acompañantes.NOTA1 Luego de realizar el pesaje y calcularse el precio a pagar, el demandante Márquez entregó al demandado un cheque por la cantidad establecida ($5,234) perfeccionándose y consumándose el contrato de compraventa de 25 novillos. El tribunal de instancia también concluyó que en ningún momento el demandado Torres Campos advirtió al comprador demandante — personalmente o a través de otros– que el ganado provenía de *858 un hato que estaba en cuarentena por tuberculosis. Tampoco el demandado tramitó la autorización requerida de las autoridades gubernamentales para el movimiento de ganado vendido. Igualmente concluyó el tribunal que a pesar de que el demandante había venido dedicándose a la crianza de ganado en pequeña escala por cerca de 5 años, nunca se había enfrentado a, ni estaba relacionado con el procedimiento de cuarentena.

**2 El demandante trasladó el ganado adquirido del demandado a una finca llamada ‘La Yeyesa‘ en Salinas, finca que aquél había comprado en ese mismo año de 1975 conforme a su propósito de incrementar su negocio de crianza. Al momento de llevar allí el ganado, Márquez tenía en la finca más de un centenar de cabros que compró tan pronto adquirió la finca.

Posteriormente el demandante Márquez compró ochenta (80) novillos importados de la Florida por los cuales pagó $20,800. Estos novillos habían sido inspeccionados por los veterinarios del gobierno federal antes de salir de Florida y encontrados libres de tuberculosis. Antes de octubre de 1975 el demandante llevó los novillos a la finca ‘La Yeyesa‘, donde estaban los otros veinticinco (25) que había comprado del demandado.

A mediados de octubre de 1975, mes siguiente al de la compra, el demandante fue informado de que había tuberculosis en el ganado adquirido del demandado. Inmediatamente se comunicó por teléfono con la División de Veterinaria del Departamento de Agricultura local para inquirir sobre ello, y habló con el Dr. Negrón Ramos quien le confirmó que el ganado del demandado provenía de una finca que estaba en cuarentena y que, por tanto, todo el ganado que tenía el demandante en ‘La Yeyesa‘ debía ser inspeccionado a la mayor brevedad.

Del 4 al 7 de noviembre se llevó a cabo la primera inspección por *859 autoridades federales y locales encontrándose una cabeza contagiada. Esta tenía una pantalla de identificación indicativa de que provenía de la finca del demandado y que en una inspección anterior había sido encontrada sana. El animal fue sacrificado. Pudieron identificar además otras cinco (5) reses provenientes de la finca del demandado a través de sus respectivas pantallas de identificación. En una segunda inspección realizada del 1 al 5 de marzo de 1976 se encontraron dieciséis (16) cabezas contagiadas. Otras cuatro (4) fueron halladas en una tercera inspección llevada a cabo del 11 al 14 de mayo de 1976. Todas fueron sacrificadas, teniendo Márquez que incurrir en gastos por la cantidad de $1,160. Transcurrido algún tiempo durante el cual se estuvo debatiendo y gestionando el asunto entre el demandante y el Departamento de Agricultura, el gobierno pagó a Márquez $7,934 por los animales sacrificados.

Desde la primera inspección de la finca del demandante entre el 4 y 7 de noviembre, quedó puesta en cuarentena por haber allí ganado proveniente de la finca del demandado que ya estaba en cuarentena. En consecuencia, se le prohibió al demandante mover ganado o cualquier otro animal de su finca ‘La Yeyesa‘.

En agosto de 1976, diez meses después del hallazgo de la tuberculosis en su finca, Márquez obtuvo autorización para despoblarla. Vendió setenta y siete (77) cabezas por $13,620 y recibió además del gobierno cien (100) dólares de compensación por cabeza para un total de $21,320. Expertos tasadores (dos del Gobierno y uno del demandante) estimaron que el valor de esas cabezas era de $28,728. Durante ese tiempo murieron o desaparecieron otras siete (7) cabezas. Los cabros que tenía en la finca tuvieron que ser vendidos en $1,800 y unas gallinas que allí había fueron sacrificadas.

**3 Por orden del gobierno la finca se mantuvo despoblada por tres meses. Al *860 levantarse la cuarentena en enero de 1977 y con el propósito de evitar un nuevo brote de tuberculosis la finca quedó sujeta a regulaciones e inspecciones periódicas por el término de ocho (8) años.

No fue hasta cerca de agosto de 1976, más o menos al comenzar la controversia con el gobierno respecto al derecho a compensación por los animales sacrificados y transcurridos diez meses desde que se descubrió en su finca el germen de la tuberculosis, que el demandante se comunicó con el demandado para informarle sobre los problemas que estaba teniendo respecto al ganado que le había comprado. Finalmente, el 30 de agosto de 1976 el demandante Márquez instó una demanda contra Torres Campos en la que alegó que la actuación dolosa –o en la alternativa, negligente– del demandado al venderle ganado contaminado con tuberculosis, le había causado daños consistentes en (1) la pérdida del valor de sus reses, cabros y gallinas, (2) ganancias dejadas de devengar al no poder dedicar la finca a la actividad productiva que se proponía, (3) daños mentales y otros.

En 16 de diciembre de 1976 el demandado presentó una moción de desestimación en la que invocaba la prescripción de la acción del demandante por constituir una reclamación por saneamiento, que debía instarse dentro de los 40 días después de la terminación de la compraventa, o, por lo menos, desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento de la ‘alegada‘ cuarentena. En la alternativa alegó que la acción apropiada hubiera sido la de rescisión, y que en última instancia la acción por vicios ocultos también estaba prescrita por el transcurso de seis meses. La moción de desestimación fue denegada. Celebrada la vista en su fondo los días 9, 10 y 11 de octubre de 1978, se dictó la sentencia objeto de este recurso el 12 de enero de 1979 que declaró con lugar la demanda, condenó al demandado a pagar $34,525 por daños, más costas y honorarios, y declaró sin lugar la *861 reconvención por embargo ilegal que había incoado éste. El demandado solicitó determinaciones adicionales de hecho y reconsideración de la sentencia. Ambas peticiones fueron declaradas sin lugar.

El demandado presentó oportunamente Recurso de Revisión ante nos, el cual declaramos sin lugar. Luego decidimos acoger una Moción de Reconsideración y expedimos el auto para revisar. Un examen detenido y cuidadoso de los autos en instancia, de los documentos que obran en autos y de los alegatos de las partes, a la luz de las disposiciones de ley aplicables y la doctrina que pasamos a analizar, nos ha dejado convencidos de que debe confirmarse la sentencia recurrida.

I

La alegación esencial del demandado recurrente es que la acción de saneamiento por vicios ocultos en animales que debe entablarse dentro de los 40 días de la transacción de compraventa es exclusiva e impide al comprador entablar una acción de carácter general como la acción de daños por dolo contractual. Examinada la cuestión detenidamente hemos concluido que la acción de saneamiento por vicios ocultos no excluye de por sí otras acciones que puedan ser procedentes bajo las circunstancias especiales del caso, en particular la acción por dolo cuyos propósitos y efectos son distintos de los de la acción de saneamiento. Ha pesado en nuestro ánimo la circunstancia de que la cuarentena era conocida por el vendedor pero no por el comprador. Antes de entrar de lleno en la discusión del problema resumamos los principios básicos relativos a cada figura.

**4 II

La acción de saneamiento es una acción especial propia de los contratos de compraventa que refleja la obligación del vendedor de garantizar al *862 comprador el uso y disfrute de la cosa objeto del contrato.NOTA2 Presenta dos modalidades: el saneamiento por evicciónNOTA3 y el saneamiento por vicios ocultos en la cosa. Esta última que es la que nos concierne,NOTA4 tiene dos vertientes por las que el comprador puede optar: la acción redhibitoria y la estimatoria o quantiminoris. Mediante la redhibitoria el comprador elige la rescisión del contrato que consiste en devolver el objeto y recibir el precio pagado, y en adición puede obtener indemnización de daños si el vendedor conocía el vicio.NOTA5 Mediante la estimatoria elige recibir una rebaja del precio en atención a la disminución de valor ocasionada por el defecto.

Pero, además de regular la acción de saneamiento por vicios en general, el Código se dirige al caso particular de los vicios ocultos en animales. NOTA6 El término para ejercer la acción general es de seis (6) meses; en la de *863 animales es de cuarenta (40) días.NOTA7 Véanse, Boyd v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 651 (1973); Ferrer v. General Motors Corp., 100 D.P.R. 246 (1971).

III

Examinemos ahora la figura de dolo contractual, que rebasa las figuras del saneamiento por evicción y del saneamiento por vicios ocultos, y que es la que estimamos determinante dentro de los hechos de este caso. Tiene dos aplicaciones fundamentales reguladas por nuestro Código Civil. Su primera aplicación causa la anulabilidad del contrato por vicio en el consentimiento, en el origen del contrato, cuando éste se obtiene a través de maquinaciones insidiosas. Código Civil, 1930, Arts. 1217, 1221 y 1222 (31 LPRA secs. 3404, 3408 y 3409).NOTA8 Incluye el engaño, el fraude, la falsa representación, la indebida influencia, etc. Cruz v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 76 D.P.R. 312, 319-320 (1954).

Su otra aplicación consiste en el dolo contractual que ocurre en el curso de la consumación del contrato o sea en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, regida por los Arts. 1054 y 1055 (31 LPRA secs. 3018 y 3019).NOTA9 Respecto al primer artículo –el 1054– (Código español, Art. 1.101) dice Manresa:NOTA10

*864 Expresióntan amplia comprende como origen de responsabilidad cualquier hecho no lícito que pueda, causando perjuicio, alterar el cumplimiento fiel, estricto y normal de las obligaciones, cualquier medio o forma de incumplimiento de éstas, y en tal sentido es precepto, éste que comentamos, que suple el silencio del Código en otros lugares, y permite invocarle en todos los en que pueda haber ocasión de responsabilidad, … siempre que sea posible la necesidad de la indemnización, y su procedencia no tenga, a más de este apoyo general, una declaración general [sic] y expresa, como la que consigna el Código en ciertas ocasiones….

**5 Al comentar el siguiente Art. 1055, que se refiere específicamente al dolo, señala Manresa que ‘consiste en el propósito consciente, intencionado, de eludir el cumplimiento normal de las obligaciones‘,NOTA11 y observa que la definición no se encuentra en esta parte del Código, y que la que se da en el Art. 1221, supra (1.269 español) no es enteramente aplicable a esta figura de responsabilidad contractual (al dolo) porque ‘hecha como está para una hipótesis distinta de ésta, se refiere a un aspecto y especie de dolo, al que concurre en el origen de las obligaciones y puede ser causa de nulidad (aunque también de indemnización), y no puede abarcar el total concepto de aquél, ni esta otra manifestación, con la cual aparece en la ejecución de obligaciones ya existentes y es motivo de responsabilidades‘.NOTA12 Más adelante añade Manresa que no son sin embargo ‘entidades completamente independientes‘, sino que el concepto *865 jurídico es, ‘en cierto modo, único‘. NOTA13 En síntesis lo caracteriza como la infracción voluntaria y consciente de un deber jurídico que ocasiona al otro contratante un perjuicio del que debe responder.NOTA14

El caso bajo nuestra consideración, según adelantáramos antes, está predicado en este segundo aspecto del dolo. Por tratarse la alegada actuación dolosa de la ocultación por el demandado de una circunstancia que pudiese constituir un defecto oculto en el objeto vendido y entregado, se presenta el problema de la concurrencia entre las acciones.

Esta cuestión planteada por el recurso es novel en esta jurisdicción. Contrario a lo que sugiere el demandado recurrente, la decisión de este Tribunal en Alonso Hermanos v. Matos, 46 D.P.R. 470 (1934), no obliga a resolver que pasados los 40 días para entablar la acción de saneamiento por vicios en animales el comprador de éstos no tiene ninguna otra causa de acción. En dicho caso el demandante solicitó que se declarara nulo e inexistente un contrato mediante el cual había adquirido ganado, que al momento de la compraventa estaba contagiado con tuberculosis. Ante una alegación del demandado de que la causa de acción estaba prescrita por haber transcurrido el término de cuarenta (40) días, este Tribunal resolvió que en efecto lo estaba porque el Art. 1397 del Código Civil de 1902 –Art. 1383 del Código Civil de 1930 (31 LPRA sec. 3851)– que declara nulos los contratos de venta que tengan por objeto animales que padezcan enfermedades contagiosas, no establece una acción de nulidad absoluta ni una de anulabilidad, sino una instancia de acción redhibitoria a la cual aplica el término de cuarenta días a que están sujetas todas las acciones redhibitorias sobre animales. Fue en ese contexto que expresamos la intención legislativa de sujetar estas acciones a un término limitado, lo cual no indica la intención de impedir otras acciones que procedan.

**6 *866 Enposteriores ocasiones este Tribunal ha señalado en términos generales que las acciones de saneamiento no son exclusivas. En González v. Centex Const., Co., etc., 103 D.P.R. 82, 85-86 (1974), dijimos que las reclamaciones por ventas defectuosas no tienen que enmarcarse necesariamente dentro de la acción redhibitoria o la estimatoria. Así expresamos:

Los compradores tienen en estos casos una serie de causas a su disposición, cada cual con sus propios preceptos y principios. Dependiendo de las circunstancias, puede acudirse, entre otras, a la acción decenal a que alude al [sic] Art. 1483 de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 4124; a la que fluye de la culpa aquiliana; a la rescisoria por error, dolo o lesión; y a las que deriven de la violación de obligaciones contractuales. El análisis de cada caso depende naturalmente de las figuras jurídicas en juego.

En consecuencia concluimos allí que la prueba y la demanda no establecían una acción estimatoria sino una contractual bajo la garantía que la compañía demandada dio a los compradores de corregir los defectos, y a base de esta figura analizamos los errores alegados, y modificamos la cuantía de daños concedida por el juzgador.

En Ferrer v. General Motors Corp., supra, señalamos que, en casos de vehículos defectuosos, además de las acciones de saneamiento por vicios ocultos contra el vendedor –la redhibitoria y la estimatoria– existe la garantía escrita del fabricante del vehículo, que forma parte del contrato de venta. Aunque el caso se resolvió primordialmente a base de las normas de saneamiento, también se tomó en consideración la existencia de la garantía contractual.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo de España también se ha inclinado a aceptar que la acción de saneamiento no excluye otras acciones apropiadas como (1) una acción de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones, incuria o negligencia al amparo del Art. 1.101 español *867 (equivalente al 1054 nuestro), sentencia de 6 de mayo de 1911; (2) acción de indemnización por dolo incidental, sentencia de 19 de abril de 1928; (3) acción resolutoria del contrato por no conformarse la cosa entregada a lo pactado, sentencia de 1 deg. de julio de 1947; (4) inexistencia del contrato por error y dolo al no servir la cosa para los fines a que los compradores querían destinarla, sentencia de 6 de junio de 1953; (5) acción para obtener reparaciones derivadas del defectuoso cumplimiento de la obligación contractual, sentencia de 23 de junio de 1965.

En la sentencia de 13 de marzo de 1929 el Tribunal Supremo Español mencionó directrices para diferenciar cuándo la acción ejercitada era propiamente una de saneamiento y no una acción general, al decir que ‘forzoso se hace distinguir entre aquello que se pide en la demanda que realmente tiene carácter de saneamiento por vicios ocultos de la cosa vendida aun cuando se halle desfigurado para huir de la prescripción especial [de seis meses] y aquello que no lo tiene, toda vez que aun cuando todo proceda de un mismo hecho [,] distintas, aunque compatibles según la sentencia [de 6 de mayo de 1911] antes citada hay que conceptuar las acciones concedidas para su efectividad…‘.

**7 Aunque la doctrina española no es uniforme, prevalece la postura de que la acción de saneamiento no excluye de por sí a otras acciones de carácter general. Véanse, Badenes Gasset, El Contrato de Compraventa, Madrid, Ed. Tecnos, 1969, T. 1, págs. 705, 717-718; Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, 10ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1977, T. 4, pág. 130; Manresa, op. cit., T. 10, Vol. 1, págs. 344-345; Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1978, T. II, Vol. I, pág. 105;NOTA15 J. Santamaría, Comentarios al Código Civil, Madrid, Ed. Revista de Derecho *868 Privado, 1958, T. 2, págs. 523-524; Scaevola, op. cit., págs. 222-224.NOTA16

La discusión más completa del problema la hace Diego Espín en Concurrencia de la acción de saneamiento por vicios ocultos en la compraventa y de las acciones generales de nulidad, resolución o daños contractuales, 222 Rev. Gen. de Leg. y Jur. 909 (1967). Luego de exponer diversas posiciones doctrinales y señalar que la doctrina española ‘no ha dedicado demasiada atención al tema…‘, pág. 929, discute jurisprudencia del Tribunal Supremo Español anticipando que ‘en los no muy numerosos casos en que ha tenido que pronunciarse sobre la concurrencia de acciones de saneamiento por defectos ocultos y otras acciones generales, muestra una orientación favorable a la admisibilidad de las acciones generales, siempre que no exista oposición con preceptos concretos del saneamiento‘, pág. 931. Luego de resumir las sentencias a que nos hemos referido anteriormente Espín expone que hay tres tipos de concurrencia de acciones:

(a) Entre la acción de saneamiento por vicios ocultos y la de nulidad por error sustancial o engaño doloso que vicien el consentimiento. Respecto a estos casos la jurisprudencia ha resuelto que no hay incompatibilidad.

(b) Entre la acción de saneamiento por vicios y la acción de daños en relación a la cual la jurisprudencia ha declarado que hay incompatibilidad en la medida que sean incompatibles las respectivas disposiciones, pero no la hay si no existe oposición.

(c) Entre la acción de saneamiento y la acción resolutoria a causa de incumplimiento por falta de identidad entre la cosa vendida y la entregada. Entre estas acciones la jurisprudencia ha señalado que no hay *869 incompatibilidad. Págs. 938-939.

Concluye el distinguido autor que el Tribunal Supremo ha actuado con prudencia al mostrar flexibilidad decidiendo en cada caso particular si la norma especial debe aplicarse excluyendo a la norma general cuando ésta se le oponga. Id., pág. 940.

Considerando el análisis que hemos expuesto podemos concluir que: (1) de los hechos de un caso en que se ha vendido un objeto con defectos puede surgir la posibilidad de que se ejercite la acción especial de saneamiento por vicios ocultos y/o una o varias acciones de carácter general las cuales no son incompatibles de por sí; (2) el comprador afectado puede optar por ejercer la acción que estime más apropiada para proteger sus derechos siempre y cuando no haga uso de la acción general para soslayar preceptos relativos a la acción especial que sean aplicables y que sean incompatibles con las disposiciones de la acción general; (3) al dilucidarse cuál entre dos disposiciones incompatibles es la aplicable, deben examinarse las circunstancias particulares del caso y los derechos reclamados por el comprador afectado para determinar si la norma especial es la que aplica y excluye a la general.

**8 El análisis correspondiente de las circunstancias del presente caso demuestra que la acción ejercitada por el demandante no fue la de saneamiento sino la de daños por dolo o negligencia contractual, que ésta era la acción apropiada, y que, por tanto, no aplica el término prescriptivo de 40 días que rige las acciones de saneamiento en casos de animales.

IV

Es conveniente reiterar lo expresado anteriormenteNOTA17 en el sentido de *870 que el derecho de saneamiento le presenta al comprador dos opciones: la acción redhibitoria para rescisión del contrato y devolución recíproca de las prestaciones objeto del contrato, y en adición, indemnización por daños si el vendedor conocía los defectos; y la acción estimatoria para obtener compensación por la disminución de valor que el defecto ocasiona en la cosa. Ninguna de las dos opciones resultaba razonable ni apropiada en el presente caso. Veamos.

En primer lugar, en el mundo contemporáneo de amplia y exhaustiva reglamentación gubernamental que vivimos, el tráfico de ganado enfermo se ha salido del ámbito del Derecho privado regulado por el Código para convertirse en materia de innegable interés público detalladamente reglamentado por los Departamentos de Agricultura federal y local. En vista de ello, actuó correctamente el demandante Márquez cuando al enterarse de que el ganado comprado al demandado Torres Campos provenía de una finca que había sido puesta en cuarentena por las mencionadas agencias, procedió a comunicarse con una de éstas y a someterse al procedimiento indicado por las referidas agencias gubernamentales en estos casos. Estimamos que actuó responsablemente al procurar la intervención de las agencias mencionadas antes de dirigirse al vendedor demandado. Asimismo actuó razonablemente cuando al percatarse de que por la vía del Derecho público no habría de obtener una reparación adecuada de los daños que estaba encarando, decidió entablar la reclamación privada contra el responsable de los daños.

Tales daños se iniciaron en el momento en que el demandante Márquez llevó a su finca las reses contagiadas con el germen de la tuberculosis, cuya circunstancia ignoraba por habérselo ocultado el demandado. La causa de acción del demandante, por tanto, surge no del hecho objetivo del defecto en el objeto del contrato que es lo que da vida a una acción de saneamiento, sino de una circunstancia subjetiva provocada por la actuación dolosa del *871 demandado que redundó en unos daños que van más allá del defecto en el objeto del contrato y por tanto están fuera del marco de la figura del saneamiento. Como cuestión de hecho el problema no surgió propiamente del defecto de que adolecían las reses vendidas, que presumiblemente no estaban todas enfermas al momento de la venta, sino que se originó como consecuencia de la presencia del germen contagioso en el hato del cual provenían.

**9 La demanda revela adecuadamente que la causa de acción ejercitada por el demandante no fue la de saneamiento sino la de indemnización por dolo contractual. La prueba sostiene la conclusión del Tribunal inferior sobre su procedencia. Debido a que el perfeccionamiento y la consumación del contrato ocurrieron virtualmente a la vez, la actuación dolosa del demandado, consistente en callar voluntaria y conscientemente respecto a la condición de contagio del ganadoNOTA18 afectó ambos momentos del contrato. En otras palabras, el dolo surgió tanto al procurar el consentimiento del comprador como al cumplir con la obligación contractual de entregar el objeto de la compraventa al demandante.NOTA19 El comprador, pues, tiene derecho a recobrar del vendedor los daños que su conducta antijurídica le ocasionó.

V

La conclusión a que hemos llegado nos obliga a examinar el planteamiento del *872 demandado recurrente en torno a la mitigación de daños y examinar si las partidas de daños concedidas son recobrables bajo la causa de acción ejercitada.

El tribunal a quo rechazó la alegación de mitigación de daños al sostener que el demandante hizo todo lo que razonablemente podía hacer para enfrentar la situación dañosa provocada por la entrega de ganado proveniente de una finca contagiada. No incurrió en error el tribunal sentenciador. Ya hemos dicho que el demandante actuó correctamente al acudir a las autoridades gubernamentales y seguir al pie de la letra los procedimientos establecidos por éstas. Aun cuando hubiera podido separar las reses enfermas de los demás animales, actuación que el tribunal inferior determinó no hubiera variado el efecto de la cuarentena, sería especulativo señalar que hubiera minimizado significativamente los daños pues como ya subrayamos éstos empezaron a surgir desde que el comprador Márquez llevó las reses contagiadas a su finca con la consiguiente introducción del germen. Para el momento en que se enteró de la existencia del germen de tuberculosis, ya poco, si algo, podía hacer para evitar las consecuencias: la cuarentena de su finca, el sacrificio de los animales contagiados y la despoblación.

El tribunal sentenciador concedió las siguientes partidas de daños:

1. gastos en que incurrió el demandante por motivo de las inspecciones: $1,160;

2. pérdida de $3,690 en la venta de los cabros;

3. pérdida de $220 en el sacrificio de las gallinas;

4. ganancia dejada de percibir en el negocio de los cabros: $4,000;

5. ingresos dejados de devengar en el negocio de carne: $22,955; NOTA20 *873 6. $2,500 por las angustias mentales ocasionadas al demandante al imponerle la cuarentena a la finca, cuyos daños eran previsibles por el demandado.

Todos los daños enumerados están claramente comprendidos dentro de la responsabilidad por dolo contractual y no se nos ha persuadido de que debamos modificarlos.NOTA21

**10 La sentencia debe ser confirmada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge, y el Juez Asociado Señor Dávila no intervinieron.

NOTA1. Rechazó el tribunal los testimonios ofrecidos por testigos del demandado en el sentido de que el demandante se encontró con ellos en Carolina y habían ido juntos a Río Grande, por estimarlos inconsistentes y faltos de credibilidad.

NOTA2. Código Civil, 1930, Art. 1350 (31 LPRA sec. 3801):

‘El vendedor está obligado a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la venta.‘

Art. 1363 (31 LPRA sec. 3831):

‘En virtud del saneamiento a que se refiere [el Art. 1350], el vendedor responderá al comprador:

‘1. De la posesión legal y pacífica de la cosa vendida.

‘2. De los vicios o defectos ocultos que tuviere.‘

NOTA3. El saneamiento por evicción está regulado en los Arts. 1364 a 1372 (31 LPRA secs. 3832 a 3840).

NOTA4. El Art. 1373 (31 LPRA sec. 3841), califica los defectos que dan lugar al saneamiento. Además de no estar a la vista deben afectar el uso a que se destina la cosa.

NOTA5. Art. 1375 (31 LPRA sec. 3843):

‘En los casos de … [saneamiento por vicios ocultos], el comprador podrá optar entre desistir del contrato, abonándosele los gastos que pagó, o rebajar una cantidad proporcional del precio, a juicio de peritos.

‘Si el vendedor conocía los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida y no los manifestó al comprador, tendrá éste la misma opción y además se le indemnizará de los daños y perjuicios, si optare por la rescisión.‘

NOTA6. Arts. 1380, 1382-1388 (31 LPRA secs. 3848, 3850-3856). Aunque el Código usa el término de ‘acción redhibitoria‘ únicamente en estos artículos relativos a los vicios en animales, el término aplica igualmente a la acción de rescisión en los casos generales. Véase Scaevola, Código Civil, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1970, T. 23, pág. 186.

NOTA7. Art. 1379 (31 LPRA sec. 3847) y Art. 1385 (31 L.P.R.A. sec. 3853).

NOTA8. Art. 1217:

‘Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo.‘

Art. 1221:

‘Hay dolo cuando con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho.‘

Art. 1222:

‘Para que el dolo produzca la nulidad de los contratos, deberá ser grave y no haber sido empleado por las dos partes contratantes.

‘El dolo incidental sólo obliga al que lo empleó, a indemnizar daños y perjuicios.‘

NOTA9. Art. 1054:

‘Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.‘

Art. 1055:

‘La responsabilidad procedente del dolo es exigible en todas las obligaciones. La renuncia de la acción para hacerla efectiva, es nula.‘

NOTA10. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. 8, Vol. 1, pág. 172.

NOTA11. Id., pág. 209.

NOTA12. Id., págs. 209-210 (énfasis en el original).

NOTA13. Id., pág. 211.

NOTA14. Id., pág. 212.

NOTA15. En la primera edición de esta misma obra, a las págs. 131-132, Puig Brutau concluía su discusión de la cuestión apuntando que no se debía discutir y resolver el problema a base de expresiones legislativas confusas, sino a base de un balance de conveniencia social respecto a si el perjudicado debe estar sujeto a un período de prescripción de seis meses o el de cuatro años de las acciones de nulidad a las que se refería.

NOTA16. La principal discrepancia entre los tratadistas y comentaristas no es en torno a la admisibilidad de las acciones generales sino en cuanto a cuáles de éstas son excluidas por la acción de saneamiento y cuáles no.

NOTA17. Véase la nota 5 y el texto a que se refiere.

NOTA18. La doctrina acepta que el callar sobre una circunstancia tan importante como la aquí presente, constituye dolo. Manresa por ejemplo, al discutir la posible concurrencia de la acción de saneamiento con la de dolo dice que ‘si el vendedor conocía los defectos y no los manifestó al comprador, se puede decir que procedió con verdadero dolo…‘, op. cit., T. 10, Vol. 1, pág. 344. Véase también, Puig Brutau, op. cit., págs. 97-98.

NOTA19. Aunque el dolo no se presume, no tiene que probarse directamente y puede inferirse de evidencia circunstancial como cualquier otro hecho. Véase García López v. Méndez García, 102 D.P.R. 383 (1974). Hay suficiente evidencia para inferir que el demandado ocultó todo el asunto de la cuarentena intencional y no accidentalmente.

NOTA20. El tribunal hizo el siguiente cálculo: Las 105 cabezas de ganado que tenía el demandante en su finca costaron $26,034. Al sacrificar unas y vender otras recibió $29,254 para una ganancia de $3,220. Según lo estipulado por las partes, de haber podido criar el ganado y venderlo posteriormente como era el propósito del Sr. Márquez, hubiese tenido un ingreso de $26,175 por lo que habiendo obtenido sólo $3,220, dejó de devengar $22,995.

NOTA21. Véase: Art. 1059 (31 LPRA sec. 3023):

‘La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvas las disposiciones contenidas en las secciones siguientes.‘

Art. 1060 (31 LPRA sec. 3024), segundo párrafo:

‘En caso de dolo responderá el deudor de todos los [daños y perjuicios] que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación.‘

Sobre la procedencia de daños morales en reclamaciones de carácter contractual, véase Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28 (1967).