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Carta de los Derechos del Niño, Ley Núm. 338 de 1998

Ley Núm. 338 del año 1998


(P. Del S. 167) Ley 338, 1998

 

ADOPTA CARTA DE DERECHOS DEL NIÑO

 LEY NUM. 338 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1998

Para adoptar la Carta de los Derechos del Niño.

 EXPOSICION DE MOTIVOS

 La mayor riqueza de un país es su gente. En esa riqueza, los niños representan lo más valioso, porque son la promesa de un mejor futuro. Hostos supo articular el verdadero valor de la niñez cuando escribió que “los niños son promesa del hombre; el hombre, esperanza de la humanidad”. El Estado aspira a que en el futuro, nuestro pueblo sea más sano, más equilibrado y más feliz. Para lograr esa meta, reconoce que debemos proveer a los niños de hoy, el cuidado, la protección y las oportunidades de vida, que les permitan el máximo de desarrollo de su potencial como individuos.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Tribunal Supremo y numerosas leyes, reconocen una gama de derechos a los niños. Sin embargo, quizás por las propias limitaciones de su edad, a los niños se les hace difícil y algunas veces imposible, hacer valer esos derechos. El Departamento de la Familia ha visto un aumento en el número de casos informados de abuso contra niños. El propio Departamento indica que por cada caso informado, hay tres que no se informan.

Esta Carta de Derechos es una compilación general no exhaustiva de los derechos que le son reconocidos a los niños en Puerto Rico y de otros derechos que tienen como miembros de la familia y la comunidad, y que por primera vez son reconocidos en esta Ley.

Los derechos que aquí se consignan constituyen el reconocimiento por parte del Estado de que la familia, como institución básica de la sociedad, tiene la responsabilidad de velar por el pleno desarrollo de los niños. Para el logro de ese objetivo, debe contar con el apoyo y respaldo de la comunidad y el Estado. Este compromiso de la familia, la comunidad y el Estado resultará en la formación de un niño sano, más balanceado emocionalmente, y mejor preparado para constituirse, no sólo en un ciudadano productivo, sino en uno activamente comprometido con el mejoramiento personal y colectivo.

Esta Ley declaratoria de los derechos de los niños en Puerto Rico, tiene el propósito de destacar la importancia que tiene la debida atención a los niños para su bienestar inmediato y para el futuro de nuestra patria. Asimismo, recabar de las agencias públicas y de la empresa privada la realización del máximo esfuerzo para actuar y hacer efectivos estos derechos de la niñez de Puerto Rico.

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:

Artículo 1. Esta Ley se conocerá como “Carta de los Derechos del Niño”.

Artículo 2.  Carta de los Derechos del Niño

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con plena conciencia de que es su responsabilidad lograr el máximo desarrollo y bienestar de todos los niños del país, declara que todo niño en Puerto Rico, desde su nacimiento hasta los veintiún (21) años de edad, y sin menoscabo a las leyes vigentes, tendrá derecho a:

1. Que se le garantice la vigencia efectiva de los derechos consignados en la Constitución de Puerto Rico y en las leyes y reglamentos que le sean aplicables.

2. Recibir los apellidos de ambos padres al nacer, o, en su defecto, los dos apellidos del único que lo reconoce.

3. Vivir en un ambiente adecuado en el hogar de sus padres y en familias donde se satisfagan sus necesidades físicas y disfrutar el cuidado, afecto y protección que garantice su pleno desarrollo físico, mental, espiritual, social y moral.

4. Ser protegido por el Estado de cualquier forma de maltrato o negligencia que provenga de sus padres o de personas que lo tengan bajo su cuidado.

5. Disfrutar del cuidado y protección del Estado cuando sus padres y familiares no asuman o se vean imposibilitados de asumir dicha responsabilidad.

6. No ser separado de su hogar propio a menos que, a través de un proceso judicial, se pruebe que la separación es para el bienestar y el mejor interés del menor.

7. Que cuando un niño sea separado de su hogar, el Estado tomará las medidas necesarias y planificará de forma permanente para su cuidado, según las disposiciones legales aplicables.

8. A que las primeras alternativas que se consideren en sustitución de su propio hogar, sea un hogar de familiares idóneos, un hogar adoptivo o un hogar sustituto donde reciba el afecto y los cuidados inherentes a su edad y condición.

9. Disfrutar, mientras esté en el hogar sustituto o instalación, de servicios educativos, de salud y recreación, así como a ser protegido de maltrato, negligencia y explotación.

10. Excepto cuando sea adoptado por personas ajenas a la familia, continuar relacionándose con aquellos miembros de la familia que tienen significación para él o ella  cuando la separación ocurra por muerte de uno de los progenitores o por divorcio  siempre que la relación sea en su mejor interés.

11. Un niño que haya sido adoptado podrá retener todos los derechos que por razón de su previo parentesco como miembro de una familia anterior, haya adquirido con anterioridad a la fecha de expedición del decreto de adopción.

12. A reconstruir su vida sin la presión emocional que representa el establecimiento de relaciones filiales con el progenitor que le ha hecho víctima del abuso sexual, siempre que así sea recomendado por expertos en la conducta humana.

13. No ser devuelto al hogar donde ha sido víctima de maltrato, explotación, negligencia o abuso sexual sin que exista una evaluación de profesionales de la conducta humana competentes, de la agencia de gobierno pertinente, que recomienden que dicha acción es en el mejor interés del menor.

14. En los procesos antes los Tribunales, en materias que afecten su estado, condición o circunstancias, tendrá derecho a ser escuchado y a recibir el debido reconocimiento, siempre y cuando los factores relacionados a su edad, capacidad y nivel de madurez lo permitan.

15. Que el Tribunal designe un representante que vele por su bienestar y sus mejores intereses en los procesos sobre custodia y privación de la patria potestad cuando ha sido víctima del maltrato, explotación, negligencia o abuso sexual. El defensor no sólo lo representará en el Tribunal, sino que velará por la agilización de los procesos en la agencia pública o privada que deba hacer las determinaciones permanentes sobre su cuidado.

16. Ser protegido por el Estado en cualquier acto de secuestro por parte de un padre, familiar o tercera persona.

17. La confidencialidad de su nombre y circunstancias que lo identifiquen en situaciones que puedan ensombrecer su honor o reputación. Se exceptúa a aquéllos que han incurrido en actividades delictivas y están entre las edades en que la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, los clasifica como adultos, si la información se refiere a los delitos cometidos.

18. Ser protegido de información y material nocivo para su desarrollo social, moral y espiritual.

19. Que se provean los servicios necesarios en caso de incapacidad o por necesidades especiales de su condición de salud.

20. Recibir cuidados médicos adecuados para su salud física, mental y emocional y atención prenatal integral y postnatal de acuerdo al esquema de periocidad vigente como medidas de salud preventivas.

21. A disfrutar un ambiente seguro, libre de ataques a su integridad física, mental o emocional en todas las instituciones de enseñanza, públicas y privadas, a lo largo de sus años de estudios primarios, secundarios y vocacionales hasta donde las facilidades del Estado lo permitan.

22. Que el sistema educativo facilite el desarrollo de su personalidad y el desarrollo óptimo de sus habilidades físicas y mentales, que le prepare no sólo en los aspectos académicos, sino para su función en la sociedad hasta donde las facilidades del Estado lo permitan.

23. Que se le provean los medios para el disfrute de horas de esparcimiento y participación en actividades sociales, culturales y extracurriculares que fomenten liderazgo, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan.

24. Que el Estado limite y regule las horas y condiciones de trabajo de manera que no sufra explotación ni se afecte negativamente su desarrollo o el disfrute de las actividades propias de su edad o nivel de crecimiento.

25. Que se le proteja del uso ilegal de sustancias controladas tabaco y bebidas alcohólicas y se prevenga su utilización en la cadena de producción, distribución y tráfico de drogas.

26. Que se tomen medidas eficaces para protegerles de actividades que impliquen abuso y explotación sexual  como la prostitución y la pornografía; así como de actos, ceremonias o rituales de cualquier índole que puedan ponerle en riesgo de recibir daño físico o emocional.

27. Que el Estado penalice la venta y tráfico de niños.

Artículo 3. Cuando se trate de un menor que ha sido intervenido por un Tribunal de Menores debido a la comisión de alguna falta, el menor tendrá derecho hasta donde las facilidades del Estado lo permitan a:

1. Que se haga efectiva, considerando que no son procedimientos de naturaleza criminal, la protección del debido procedimiento y trato justo para con el menor.

2. A recibir un trato humano y verdaderas oportunidades de rehabilitación en las instituciones donde se le recluya.

3. A tener acceso, dentro de la institución donde se encuentre, a servicios médicos para proteger su salud física, mental o emocional.

4. A que se le ofrezcan servicios de seguimiento para que pueda lograr un funcionamiento apropiado a su egreso de la institución y su reincorporación a la sociedad.

Artículo 4.- El Estado Libre Asociado de Puerto Rico velará por el fiel cumplimiento de esta Carta de Derechos.

A esos fines todo niño o niña por medio de un funcionario público o de su representante, podrá acudir ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Relaciones de la Familia del Distrito Judicial donde resida, para reclamar cualquier derecho o beneficio, o para solicitar que se suspenda cualquier actuación que contravenga las disposiciones de esta Ley.

El Tribunal, previo los trámites de rigor, dictará cualquier orden o sentencia que sea necesaria para garantizar los derechos que el niño o su representante reclamen.

Artículo 5.- El Departamento de Educación, en coordinación con el Departamento de la Familia y la Oficina de Asuntos de la Juventud, deberán establecer los mecanismos y sistemas para la publicación y difusión general de la Carta de los Derechos del Niño que establecen esta Ley. Dentro de los treinta (30) días de la aprobación de esta Ley, el Departamento de Educación deberá publicarla íntegramente en por lo menos dos (2) diarios de circulación general durante tres (3) días consecutivos.

Artículo 6.- Esta Ley comenzará a regir a los treinta (30) días de su aprobación, excepto las disposiciones de publicación y difusión que comenzarán a regir inmediatamente después de su aprobación.

Ley Núm. 308 de 2012

(P. de la C. 3727)

LEY NUM. 308
28 DE DICIEMBRE DE 2012

Para enmendar el Artículo 172 del “Código Civil de Puerto Rico de 1930”, según enmendado, añadiendo un segundo párrafo a los fines de establecer la Tutela voluntaria.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa legislativa responde al aumento de la expectativa de vida de los seres humanos en los tiempos actuales. Como resultado de lo anterior, el proceso natural de degeneración del cuerpo y de la mente, es mayor del que conocieron las generaciones anteriores. Este acentuado envejecimiento contribuye a la incidencia de ciertas pandemias, patologías crónicas o enfermedades tales como demencia senil o “Alzheimer”, que pueden impedir el gobierno propio de las personas que padecen estas enfermedades. Del mismo modo, existen otras condiciones de salud que pueden provocar que una persona quede incapacitada para gobernarse; por ejemplo, el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

La discusión referente a este asunto provoca la necesidad de auscultar la posibilidad de permitir que cualquier persona pueda prever la regulación de diversos aspectos de su existencia, al escoger su tutor, antes de llegar a la incapacidad de comunicarse y gobernarse. Es inconcebible que una persona llegue a una eventual incapacidad, sin poder atender sus preferencias, intereses o afectos, y tenga que ser sometida a un régimen de protección que le obligue a vivir asistida por un tutor designado por el Juez, que predetermina el Código Civil de Puerto Rico. A estos efectos, pueden verse los Artículos 186 y 190 del mencionado Código. No puede dudarse que no existe otra persona con mejores elementos de juicio que el propio interesado para hacer esta designación. Así, estando en el uso de sus plenas facultades, puede disponer de su persona y de sus bienes, previendo para su retiro de la vida activa de la mejor manera. Esto generará una mayor seguridad jurídica y protección para las personas que comprenden que sus capacidades físicas y mentales puedan llegar a disminuir notablemente.

Cónsono a lo antes vertido, la nota fundamental y característica de esta tutela es la voluntad; por ello, se la ha denominado “Tutela Voluntaria”. Por otro lado, se puede concluir -como parte de la discusión de este tema- que el derecho de toda persona capaz a dictar disposiciones y a estipular para su propia incapacidad tiene raigambre constitucional. En particular, vemos que en la Sección Primera del Artículo II de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, se establece que la “dignidad del ser humano es inviolable.”

A tenor con lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa considera fundamental que las personas ejerzan su derecho de escoger a su tutor. El instrumento adecuado para la Tutela Voluntaria lo es la escritura pública ante Notario, por ser este último considerado como garante de las disposiciones de autoprotección; es decir, de la recta expresión del otorgante. No obstante lo anterior, el Tribunal no debe quedar vinculado por dichos nombramientos si, a su juicio, han ocurrido nuevas circunstancias o condiciones que provoquen dudas sobre la designación originalmente hecha por el otorgante.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 172 del “Código Civil de Puerto Rico de 1930”; según enmendado, para que lea como sigue:

“La tutela se defiere:

(1) Por testamento.

(2) Por la ley.

(3) Por tribunal competente.

Asimismo, cualquier persona mayor de edad, con capacidad suficiente de obrar, en previsión de ser incapacitada judicialmente en el futuro, podrá mediante escritura pública, designar un tutor y designar sustituto para el mismo, y conferirle las facultades que estime necesarias relativas tanto a su propia persona como a sus bienes. Sin embargo, el tribunal no estará vinculado por dicho nombramiento si, a su juicio, han ocurrido nuevas circunstancias o condiciones que provoquen dudas sobre la designación originalmente hecha.”

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

Presidenta de la Cámara

Presidente del Senado

Rivera Medina v. Villafañe González, 2012 TSPR 135, 186 DPR ____ (2012)

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de julio de 2012.

En este recurso se presenta la siguiente interrogante: ¿Se extiende automáticamente el efecto de una Resolución ordenando el pago de alimentos expedida mientras el alimentista, ya mayor de edad, cursaba sus estudios de bachillerato a estudios posteriores de Juris Doctor? ¿Hace diferencia que el alimentista tomara un año libre antes de matricularse en la escuela de Derecho?

I

El trasfondo procesal del caso se resume de la siguiente manera.

Poco antes del 24 de abril de 2002, fecha en que su hijo Alberto A. Villafañe Rivera (recurrido) habría de cumplir veintiún (21) años de edad, el Sr. Alberto A. Villafañe González (peticionario) solicitó al tribunal de instancia el relevo de una pensión alimentaria tramitada, hasta ese entonces, por la madre de su hijo para beneficio del menor. En respuesta, el recurrido, ya advenida su mayoría de edad, sometió una Moción Reclamando Derecho a Pensión Alimentaria por Derecho Propio. Como fundamento, indicó que en esos momentos cursaba su tercer año de bachillerato en la Universidad de Puerto Rico y no contaba con los recursos necesarios para poder “finalizar sus estudios universitarios”, a la vez que el peticionario tenía a su haber suficientes medios económicos. (Énfasis nuestro). El foro primario refirió el asunto a la Examinadora de Pensiones Alimentarias y ordenó que, entre tanto, continuara en efecto la pensión vigente de trescientos cincuenta dólares ($350.00) mensuales.

Luego de varios trámites procesales, el 10 de abril de 2003 el tribunal a quo celebró una vista donde el peticionario se puso al día con la deuda de las pensiones atrasadas. En lo atinente a la solicitud de alimentos del hijo, el juez a cargo del caso se limitó a ordenar lo siguiente:

A partir del mes de mayo 2003, el [peticionario] pagará $400.00 directo a su hijo.

….

El Tribunal ordena al joven que todos los comienzo de semestre en 10 días se [r]emita [el] programa de clases que evidenci[e] que está estudiando y cuando culmine el semestre 10 días para que evidencie el aprovechamiento académico. Minuta de 10 de abril de 2003.El 11 de septiembre de 2009, transcurridos en exceso de seis (6) años desde la concesión de alimentos aquí en controversia, el peticionario sometió una Moción urgente solicitando aclaración sobre deuda de ASUME. Según alegó el peticionario, a esa fecha la cuenta con la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) reflejaba una deuda ascendente a veinticuatro mil cuatrocientos setenta y cinco dólares ($24,475.00), aunque en realidad no adeudaba nada. Solicitó, por tanto, la conciliación y cierre de la misma. El peticionario se percató de la alegada deficiencia en ASUME por unas dificultades que tuvo con unos dineros que le eran adeudados por el Departamento de Hacienda, así como por inconvenientes confrontados en sus gestiones ante otras agencias gubernamentales. Según explicó, su reintegro de contribuciones sobre ingresos correspondiente al año 2008 le fue remitido a ASUME, entidad que a su vez lo envió a la madre del recurrido. Petición de Certiorari, págs. 3-4. Ante la moción arriba indicada, el recurrido se opuso a las pretensiones de su padre, argumentando que subsistía la deuda consignada por ASUME ya que, una vez concluidos sus estudios universitarios, había comenzado, inmediatamente, sus estudios en Derecho a tiempo completo hasta obtener, en el término de tres (3) años, el grado de Juris Doctor. Indicó además que, durante ese tiempo, tuvo la necesidad de recibir alimentos y el peticionario contaba con la capacidad económica para pagarlos. De igual forma, planteó que su padre nunca solicitó el relevo de la pensión alimentaria impuesta en el año 2003. Moción en Oposición a Solicitud de Cancelación de Deuda…. A pesar de la oposición oportuna del recurrido, el 13 de noviembre de 2009 el foro primario dispuso para el cierre de la cuenta en ASUME “sin deuda y relevo de pensión”. Ambas partes presentaron una serie de mociones y réplicas, cada cual afianzándose a su posición original. Entre éstas se destacan, una moción de reconsideración sometida por el recurrido el 30 de noviembre de 2009, afirmando que persistía la deuda, así como una solicitud de desacato de 21 de diciembre de 2009 fundamentada en el alegado incumplimiento de pago. El 7 de junio de 2010 el tribunal de instancia declaró No Ha Lugar la moción de reconsideración. No obstante, señaló una vista para dilucidar el planteamiento de desacato instado por el recurrido. En la vista celebrada el 30 de junio de 2010, se le ordenó al recurrido presentar evidencia de que había continuando sus estudios universitarios ininterrumpidamente hasta mayo 2004, así como las transcripciones de crédito correspondientes. Conforme le fuese ordenado por el tribunal, el recurrido sometió las transcripciones de crédito de la Universidad de Puerto Rico, así como la certificación oficial de su grado de Bachiller en Artes obtenido el 5 de junio de 2004.También acompañó copia de su transcripción académica acreditativa de haber comenzado sus estudios de Derecho en agosto de 2005 y obtenido su grado de Juris Doctor en mayo de 2008. Transcurridos una serie de eventos procesales, el tribunal a quo celebró una vista el 7 de septiembre de 2010 donde testificaron tanto el peticionario como el recurrido, estando representados por sus respectivos abogados. También se sometió en evidencia prueba documental relacionada con los exámenes de admisión a la escuela de Derecho tomados por el recurrido, certificación del grado obtenido, trascripción de créditos tanto a nivel de bachillerato como de postgrado y copias de giros postales del peticionario.

A base de ello, el 4 de octubre de 2010 el Tribunal de Primera Instancia dictó una Resolución decretando “No Ha Lugar la solicitud presentada por el alimentista”. Advirtió que éste había interrumpido sus estudios luego de concluir su bachillerato. Señaló que no se presentó evidencia de gastos por ninguna de las partes. Tampoco se demostró, de manera fehaciente, la necesidad de ayuda financiera del recurrido durante sus estudios en Derecho ni la capacidad económica de su padre para este periodo. Inconforme, el recurrido apeló el referido dictamen al Tribunal de Apelaciones, el cual emitió Sentencia revocando al tribunal primario. (1) El foro apelativo intermedio concluyó que la pensión fijada en el año 2003 continuó vigente durante todo el periodo de los estudios en Derecho del recurrido, independientemente del interludio de un año que le tomó prepararse para retomar el examen de ingreso. Razonó que, a base de lo resuelto en Valencia, Ex parte, 116 D.P.R. 909 (1986), recaía sobre el padre acudir al tribunal a pedir el relevo de pensión, puesto que no se mostró ninguna de las excepciones para la dispensa de la obligación de prestar alimentos con efecto retroactivo.

En atención a la presentación del presente recurso junto a una moción en auxilio de jurisdicción por parte del peticionario, el 17 de junio de 2011 emitimos Resolución expidiendo el auto de certiorari solicitado. Ambas partes habiendo sometido sus respectivos alegatos, resolvemos.

II

“Ni la emancipación ni la mayoría de edad de los hijos relevan al padre de su obligación de alimentarles si aquellos lo necesitaren.” Sosa Rodríguez v. Rivas Sariego, 105 D.P.R. 518, 523 (1976). En ocasiones anteriores hemos aclarado que el deber de proveer alimentos a hijos menores surge de diferente estirpe que la correspondiente exigencia frente a hijos mayores de edad. Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, 180 D.P.R. 623 (2011); Rodríguez Amadeo v. Santiago Torres, 133 D.P.R.785 (1993). La obligación de los progenitores de proveer alimentos a sus hijos menores de edad es parte esencial del derecho a la vida consagrado en la Sección 7 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, Art. II, Sec. 7, Const. P.R., L.P.R.A., Tomo 1 (2008). Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, supra; Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 D.P.R. 728 (2009). El deber de brindarles alimentos surge de la relación paterno-filial que se origina en el momento en que la paternidad o maternidad quedan establecidas legalmente. Íd. Dicha responsabilidad no se reduce únicamente a un deber moral proveniente de su condición de progenitor, sino que igualmente se encuentra plasmada en nuestro ordenamiento. (2) Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, supra; Rodríguez Amadeo v. Santiago Torres, supra; Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, supra; McConnell v. Palau, 161 D.P.R. 734 (2004). En lo concerniente a hijos mayores de edad, emancipados o no sujetos a la patria potestad y custodia de uno de sus padres, la obligación de proporcionar alimentos emana del Artículo 143 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 562 (1993), donde se consigna el deber general de los parientes de socorrerse mutuamente. Key Nieves v. Oyola Nieves, 116 D.P.R. 261 (1985).

Los contornos atinentes a las obligaciones alimentarias aparecen delineados a través de los Artículos 142 al 151 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 561-570 (1993 & Supl. 2011). Según la definición allí provista, los alimentos comprenden no sólo aquellas necesidades básicas para el sustento del alimentista, sino también su educación mientras éste sea menor de edad. Artículo 142 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 561 (1993).

No obstante la limitación concerniente a la edad fijada por dicho esquema normativo, la obligación de sufragar los estudios de un hijo no cesa automáticamente al éste advenir a su mayoría de edad. Así pues, hemos resuelto jurisprudencialmente que en aquellos casos en que el alimentista haya iniciado sus estudios universitarios a nivel de bachillerato durante su minoría de edad, como regla general, tendrá derecho a exigir de sus progenitores que le provean los medios necesarios para concluir dicha etapa educativa, aun luego de haber llegado a la mayoridad. Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62 (2001); Rodríguez Amadeo v. Santiago Torres, supra; Key Nieves v. Oyola Nieves, supra.

A través de este enfoque, hemos reconocido que “la percepción de que los estudios universitarios constituyen un ‘lujo’ es cosa del pasado; dichos estudios se han convertido en una necesidad”. Key Nieves v. Oyola Nieves, supra, pág. 266.

De otra parte, la obligación alimentaria necesariamente varía cuando se trata de alguien quien, ya siendo mayor de edad, interesa iniciar estudios postgraduados.Este tipo de reclamación conlleva un análisis basado en consideraciones diferentes que exigen ser evaluadas individualmente conforme a los hechos que se presenten en cada caso. Argüello v. Argüello, supra. A esos efectos, hemos expresado lo siguiente:

La situación particular que representan los estudios postgraduados, como maestrías o doctorados, y el estudio de aquellas profesiones que requieren en exceso de los cuatro años de bachillerato amerita una consideración especial y separada que, como regla general, tendrá que ser resuelta de acuerdo a los hechos particulares de cada caso.

Key Nieves v. Oyola Nieves, supra, págs. 266-267.

Claro está, para ser merecedor de estos beneficios, es indispensable demostrar aptitud para los estudios a la par de aprovechamiento académico. No visualiza el Código Civil una obligación alimentaria frente a un alimentista quien, a pesar de su preparación, opta por no ocuparse provechosamente y prefiere la ociosidad en su lugar. Rodríguez Amadeo v. Santiago Torres, 133 D.P.R. 785 (1993). Como también hemos indicado: [E]l hijo que solicite “alimentos” o asistencia económica para estudios “postgraduados” deberá demostrar afirmativamente que es acreedor de tal asistencia económica mediante la actitud demostrada por los esfuerzos realizados, la aptitud manifestada para los estudios que desea proseguir a base de los resultados académicos obtenidos, y la razonabilidad del objetivo deseado. Key Nieves v. Oyola Nieves, supra, pág. 267 (énfasis en original y notas al calce omitidas).

Lo anterior está condicionado, por supuesto, a que el alimentista demuestre tanto su necesidad económica, como la capacidad de pago del alimentante conforme el principio de proporcionalidad pautado por el Artículo 146 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 565 (1993). Argüello v. Argüello, supra; Chévere v. Levis, 150 D.P.R. 525 (2000); Rodríguez Amadeo v. Santiago Torres, supra.

Y es que, en lo atinente a la cuantía de la pensión a adjudicarse, la suma que corresponde pagar deberá ser proporcional a los recursos del que los da y a las necesidades del que los recibe, y se reducirá o aumentará en proporción a los recursos del primero y las necesidades del segundo. Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, supra; Martínez v. Rodríguez, 160 D.P.R. 145 (2006); Argüello v. Argüello, supra.

El Artículo 147 del Código Civil, según enmendado, 31 L.P.R.A. sec. 566 (Supl. 2011), dictamina que la obligación de sufragar alimentos surge desde el momento en que se reclama judicialmente su pago. (3) Chévere v. Levis, supra.

En cuanto a rebajas o relevo de pensión, como regla general, su efectividad será prospectiva y coincidirá con la fecha en que se resuelva que proceden.No obstante, el tribunal primario tiene la facultad de ordenar que su dictamen se retrotraiga a la fecha en que formalmente se le solicitó tal remedio, siempre y cuando las circunstancias del caso así lo ameriten. Valencia, Ex parte, supra. En lo atinente a pensiones alimentarias devengadas previo a este tipo de solicitud, no debe intervenirse con ellas. Podrán éstas reducirse o dejarse sin efecto por vía de excepción y únicamente en aquellas situaciones extremas en que el alimentante pueda probar a satisfacción del tribunal, no solamente los méritos de la rebaja que se interesa, sino también “que por razón de una enfermedad o accidente de índole incapacitante estuvo realmente imposibilitado de radicar a tiempo la moción de rebaja correspondiente”. Valencia, Ex parte, supra, págs. 916-917.

Ya delineada la normativa aplicable, pasamos a dilucidar los méritos del planteamiento medular del recurso. Es decir, si la pensión fijada en el año 2003 se extendió hasta que el recurrido concluyó sus estudios de Juris Doctor.

III

Enfocándonos en las circunstancias particulares del presente recurso, inicialmente notamos que no consta evidencia alguna en autos que denote que el dictamen del tribunal de instancia de 10 de abril de 2003 concierne a obligaciones alimentarias más allá de los cuatro (4) años de bachillerato del recurrido. Por el contrario, dicha Resolución respondió específicamente a la solicitud de ayuda económica sometida por el recurrido para poder concluir los estudios que proseguía para aquel entonces. Nada se dispone, ni en su petitorio, ni en la correspondiente determinación judicial emitida por el foro primario, para estudios posteriores una vez finalizado el grado universitario. (4) En este respecto, la obligación impuesta al peticionario de ayudar a su hijo está claramente fundamentada en lo decretado en Key Nieves v. Oyola Nieves, supra, pág. 267, donde reconocimos el rol vital que ostenta un diploma de bachillerato en la sociedad moderna. De igual forma, según indicáramos anteriormente, para que surja la obligación de financiar estudios de postgrado, forzosamente se requieren unos trámites adicionales por parte del alimentista. Sobre éste recae el deber, y por lo tanto, el peso de probar los méritos de su pretensión. Es decir, demostrar su aptitud y aprovechamiento académico que justifiquen obligar al padre a costear su carrera ambicionada. También le toca convencer al tribunal de que sus objetivos de estudios adicionales son razonables dentro de las circunstancias fácticas vigentes. Por último, es menester que acredite, mediante evidencia creíble al juzgador, tanto su necesidad económica como la capacidad de pago del alimentante, suficiente como para ordenarle a éste continuar aportando a su gestión educativa. En este caso, la solicitud interpuesta por el recurrido al advenir a la mayoría de edad se circunscribió a su deseo de “finalizar sus estudios universitarios”, los cuales para aquel entonces, se delimitaban a un bachillerato.Todo indica, por tanto, que esto fue lo único que tuvo ante su consideración el tribunal a quo y, por ende, lo que ineludiblemente dispuso en su dictamen. Por consiguiente, la efectividad de la Resolución concernida necesariamente cesó una vez el recurrido completó sus cuatro (4) años en la Universidad de Puerto Rico y detuvo sus estudios formales. Ello es así puesto que, al cumplirse con aquello que dio origen a la orden de pago de alimentos, se extinguió su razón de ser. Por ello, no existía fundamento para el peticionario acudir al tribunal y solicitar el relevo de pensión una vez tramitado el pago correspondiente al último mes del bachillerato del recurrido. Es principio reconocido que la pensión se hace innecesaria una vez cesa la necesidad del alimentista.

Nos parece loable el que, a pesar de las adversidades confrontadas y haber fracasado en su primer intento en el examen de admisión a la escuela de Derecho, el recurrido se haya aplicado con tesón para lograr iniciar sus estudios conducentes a un Juris Doctor, así como graduarse dentro de un periodo de tres (3) años, Magna Cum Laude, a base de préstamos y del sacrificio de su señora madre. Sin embargo, no por ello podemos obviar las claras disposiciones estatutarias, al igual de lo consistentemente plasmado sobre esta materia en nuestra jurisprudencia.

En el caso ante nos, luego de un breve interludio, el recurrido prosiguió sus estudios en Derecho de manera independiente y nunca le reclamó los gastos a su padre. No fue sino hasta que surgió el debate por la alegada deuda de ASUME que el recurrido mostró interés en recibir alimentos de éste subsiguientes a su graduación universitaria. Así como acudió al tribunal en el año 2003, correspondía al recurrido regresar al foro judicial, esta vez para justificar la continuidad de las ayudas de su padre por un periodo de estudios adicional. Conforme lo decretado en Key Nieves v. Oyola Nieves, supra, y su progenie, en la concesión de alimentos para estudios postgraduados los criterios a ser considerados por el tribunal tienen unas particularidades propias y el peso de probarlas le incumbe al que los solicita. Advertimos que no debe interpretarse nuestra decisión como una aprobación a la interrupción ex parte del pago de pensiones que de alguna manera incidan con asuntos relacionados a hijos menores de edad ni la obligación de sufragar estudios universitarios conforme la jurisprudencia aquí citada. La obligación alimentaria en los casos de menores está revestida del más alto interés público. En aras de salvaguardar su bienestar, no le es permitido a un alimentante terminar por cuenta propia sus obligaciones según impuestas por orden judicial.En contraste, la responsabilidad de financiar estudios postgraduados de los hijos mayores de edad, preceptuada en el Artículo 143 del Código Civil, supra, está claramente fundamentada en consideraciones de otra naturaleza y le exige al propio alimentista una carga probatoria diferente.

Al atender los méritos de este caso, estamos conscientes que la situación económica actual en muchas ocasiones requiere de una preparación académica a nivel de postgrado para viabilizar la entrada al mercado laboral. La reducción en el número de empleos acentúa el rol de la educación como factor determinante de la competitividad individual en función de las pocas plazas de trabajo disponibles. No obstante, nos encontramos ante una situación que envuelve a un adulto quien ya ha obtenido su diploma universitario y es capaz de velar y abogar por sus propios intereses educativos. Erró, por tanto, el tribunal apelativo intermedio al concluir que la pensión fijada en el año 2003 continuó vigente aun después del recurrido completar sus estudios de bachillerato. Ello equivaldría a premiar el que un alimentista decidiese estudiar carreras postgrado indefinidamente, mientras que el padre — desconociendo de tales planes — esté obligado a continuar sufragando los estudios hasta tanto acuda al tribunal a solicitar el cese de la pensión.

Dadas las circunstancias existentes en este caso, no vemos razón de peso para imponer la obligación al padre alimentante de recurrir al tribunal y no a su hijo adulto.

IV

A base de lo anteriormente expuesto, se revoca la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 28 de abril de 2011 y se reinstala en su lugar el dictamen del Tribunal de Primera Instancia con fecha de 4 de octubre de 2010.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente con opinión escrita, a la cual se une el Juez Asociado señor Estrella Martínez. El Juez Asociado señor Martínez Torres disiente haciendo constar las siguientes expresiones:

El Juez Asociado señor Martínez Torres disiente por entender que lo fundamental en este caso es que estaba en vigor una orden judicial al padre para pagar alimentos a su hijo mayor de edad, mientras este último estudiara. La obligación de alimentar a los hijos mayores de edad surge como una excepción del Art. 146 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 565. Key Nieves v. Oyola Nievez, 116 D.P.R. 261 (1985). Ahora bien, una vez el hijo demuestra la capacidad de pago del progenitor alimentante así como la necesidad de la pensión y el tribunal la impone, el padre no puede adjudicarse el poder de decidir cuándo cesa de ser necesaria esa pensión.Lo correcto es que cuando entienda que no lo es, acuda de inmediato al tribunal a solicitar que la deje sin vigor (con efecto retroactivo, de ser ello necesario), a menos que por una situación extraordinaria el alimentante estuviera realmente imposibilitado de acudir al tribunal. Valencia, Ex parte, 116 D.P.R. 909, 916 (1986). Lo contrario sería concederle al alimentante el poder de decidir a su entera voluntad la necesidad, duración y el monto de la pensión. Esa función le compete al tribunal, quien deberá seguir las normas del Código Civil, las leyes especiales de alimentos y nuestra jurisprudencia. Por encima del capricho de cualquier alimentante, es el juicio del tribunal el que debe decidir el cese de una pensión alimentaria. Si no se permiten “descuentos hechos a voluntad del alimentante”, Guadalupe Viera v. Morell, 115 D.P.R. 4, 16 (1983), mucho menos se puede permitir dejar sin efecto unilateralmente la pensión que el tribunal impuso, pues ese es el descuento más grande posible, que reduce la pensión a cero.

Los Jueces Asociados señores Kolthoff Caraballo y Estrella Martínez disienten sin opinión escrita y se unen a lo expresado por el Juez Asociado señor Martínez Torres según arriba indicado.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

OPINIóN DISIDENTE EMITIDA POR LA JUEZ ASOCIADA SEñORA RODRíGUEZ RODRíGUEZ A LA QUE SE UNE EL JUEZ ASOCIADO SEñOR ESTRELLA MARTíNEZ

San Juan, Puerto Rico a 23 de julio de 2012

La controversia ante nuestra consideración versa sobre si un alimentante puede extinguir unilateralmente su obligación de alimentar cuando el alimentista culmina estudios conducentes al grado de bachillerato. Por entender que se equivoca la mayoría al sostener que la pensión alimentaria a favor del alimentista se extinguió automáticamente al éste terminar sus estudios de bachillerato, disiento de su curso de acción. I

Alberto A. Villafañe Rivera (alimentista) advino a la mayoría de edad en el año 2002. Conforme a esto, el señor Villafañe Gonzalez (alimentante) solicitó al Tribunal de Primera Instancia que se le relevase de su obligación alimentaria. Sin embargo, el alimentista solicitó intervención y expresó que al momento se encontraba cursando su tercer año de bachillerato por lo cual subsistía su necesidad de alimentos. Así las cosas, se refirió la solicitud al oficial examinador quien impuso una pensión alimentaria de trescientos cincuenta dólares mensuales pagaderos directamente al alimentista. Posteriormente, la cantidad se modificó para aumentarse a cuatrocientos dólares mensuales, también pagaderos directamente al alimentista. Se dispuso que la pensión se pagara mientras el alimentante estuviese estudiando.

En mayo de 2004 el alimentante dio extinguida de forma unilateral su obligación alimentaria. Razonó que toda vez que el alimentista había concluido sus estudios subgraduados su obligación se daba por terminada.Así las cosas, desapareció de la vida del alimentante, cambió su dirección y no le notificó el cambio ni a su hijo ni al tribunal primario.

Posteriormente, en el año 2009, el alimentista solicitó ante el Tribunal de Primera instancia que se cerrara sin deuda la cuenta abierta en la Administración para el Sustento de los Menores (ASUME). Expresó que la deuda que se reflejaba en ASUME era irreal, que sus hijos habían advenido a la mayoría de edad y que su obligación de alimentar había cesado. Por otra parte, el alimentista se opuso y sostuvo que al momento de que el alimentante pidiera el cierre de la cuenta adeudaba la cantidad de 22,400.00 dólares en concepto de pensión alimentaria por los años en que el alimentista había estado estudiando Derecho.

Luego de varios incidentes procesales el tribunal primario concluyó que si bien el padre había cesado de pagar la pensión alimentaria unilateralmente y cambiado su dirección sin previa notificación no procedía el pago de la alegada deuda. Fundamentó su razonamiento en que el tiempo en el cual el alimentista estudió para tomar los exámenes de admisión a la Escuela de Derecho no podía computarse como tiempo de estudio. Así sostuvo que el alimentista había interrumpido sus estudios por un término de un año y por tanto no procedía el pago de pensión alimentaria.

Inconforme, el alimentista acudió al Tribunal de Apelaciones y señaló varios errores. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el alimentante no podía culminar su obligación de alimentar unilateralmente y que, en cambio, debió acudir al tribunal inferior para que éste le relevase de su obligación de alimentar.

En desacuerdo el alimentante recurre a este Tribunal y señala que la decisión del foro intermedio es errada toda vez que no tomó en consideración la ausencia de prueba para sostener la deuda y que actuó de manera prejuiciada y parcializada. Además, expresó que la deuda estaba prescrita y que esta no había sido debidamente tramitada en el tiempo correspondiente.

La mayoría del Tribunal hoy le da la razón al peticionario y revoca el dictamen recurrido. Una mayoría de este Tribunal resuelve que, considerando que no existe evidencia alguna que indique que la obligación alimentaria se extendía más allá de los cuatro años del bachillerato, la obligación se extinguió automáticamente al alimentista terminar estudios subgraduados. Indica que, al ésta cesar automáticamente, era innecesario que el peticionario acudiese al foro primario y solicitase relevo de pensión alimentaria. Por el contrario, indica que si el alimentista necesitaba ayuda adicional para continuar estudios posgraduados debió recurrir al foro judicial para solicitarla. Soy del criterio de que se equivoca la mayoría al así decidir. Veamos.II

El deber alimenticio entre determinados parientes que impone el ordenamiento jurídico es una de las principales consecuencias que surgen de la relación jurídico-familiar. Federico Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, Ediciones Pirámide, S.A., Madrid, 1976, pág. 491. Nuestro ordenamiento define los alimentos como “todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la posición social de la familia. Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista, cuando es menor de edad”. 31 L.P.R.A. sec. 142. El deber de alimentar que tienen los padres respecto de sus hijos no emancipados está contenido en el Art. 153 del Código Civil. Se considera un efecto de la patria potestad y los padres vienen obligados a proveerlos hasta que sus hijos advengan a la mayoridad. 31 L.P.R.A. sec. 561. Al ser un corolario de la patria potestad, se mantiene hasta el momento en que la patria potestad culmina. Empero, existe una segunda fuente de la obligación de alimentar. Ésta es la que surge del deber de los parientes de alimentarse entre sí. Es decir, aun cuando el alimentista advenga a la mayoridad, de éste necesitar alimentos y quien venga obligado a prestarlos tener capacidad para proveerlos, este último deberá satisfacerlos. 31 L.P.R.A secs. 562, 565. Esto es así porque los alimentos están intrínsecamente vinculados al derecho a la vida y “tienen su génesis en el derecho natural, en los lazos indisolubles de solidaridad humana y de profunda responsabilidad de la persona por los hijos que trae al mundo, que son valores de la más alta jerarquía ético-moral y que constituyen una piedra angular de toda sociedad civilizada”. Arguello v. Arguello, 155 D.P.R. 62 (2001), pág. 69 (citas omitidas). Nuestro Código Civil dispone específicamente sobre el momento en que la obligación alimentaria entre parientes cesa. De esta manera, el Art. 149 sostiene que la obligación cesa con la muerte del obligado. 31 L.P.R.A. 149. Igualmente, el Art. 150 contiene causas adicionales para el cese de esta obligación, a saber: 1) cuando las condiciones económicas del alimentante cambian de manera tal que no podría satisfacerlos a no ser a expensas de sus propias necesidades y la de su familia; 2) cuando el alimentista no necesite los alimentos porque puede ejercer una profesión o ha mejorado su fortuna; 3) cuando el alimentista sea heredero forzoso y ha cometido alguna falta que da lugar a la desheredación; 4) cuando el hijo alimentista tenga necesidad de alimentos por causa de su mala conducta o falta de aplicación para el trabajo. 31 L.P.R.A. sec. 569.Asimismo, expresamos anteriormente que la obligación alimentaria que emana de la necesidad de alimentos entre parientes y que requiere que el menor tenga necesidad de una pensión alimentaria “no cesará automáticamente con la emancipación del menor, ni en el caso de que éste llegue a la mayoría de edad”. Rodríguez Amadeo v. Santiago Torres, 133 D.P.R. 785 (1993), pág. 793.

Por esa razón, hemos sido enfáticos a la hora de afirmar que “el deber legal de todo padre o madre de proveer los medios económicos necesarios para la educación de un hijo -proporcional siempre a los recursos del que los da y a las necesidades del que los recibe- no puede cesar ‘ipso facto’ meramente por el hecho de que el hijo ha alcanzado su mayoría de edad”. Key Nieves v. Oyola Nieves, 116 D.P.R. 261 (1985). Justamente son esos lazos indisolubles de solidaridad humana y amor de los cuales hablamos en Arguello los que fundamentan esta responsabilidad de los padres de ayudar a sus hijos en la consecución de un título universitario. En el año 1985 en Key Nieves, a la hora de decidir que procedía que el padre contribuyera a los estudio de su hija universitaria, aún después de que ésta adviniera a la mayoridad, tuvimos en cuenta que “el mundo en que vivimos hoy día, donde el éxito que se pueda obtener guarda relación directa con la preparación académica que poseamos y donde la competencia es la orden del día, la percepción de que los estudios universitarios constituyen un ‘lujo‘ es cosa del pasado; dichos estudios se han convertido en una necesidad”. Key Nieves v. Oyola Nieves, supra, pág. 266. Probablemente, hace más de veinticinco años atrás, la preparación postgraduada no se veía como una necesidad pero aun así, reconociendo la importancia de la educación universitaria, expresamos que “la situación particular que representan los estudios postgraduados, como maestrías o doctorados, y el estudio de aquellas profesiones que requieren en exceso de los cuatro años de bachillerato amerita una consideración especial y separada que, como regla general, tendrá que ser resuelta de acuerdo a los hechos particulares de cada caso”. Íd. Fue por ello que sostuvimos que en el caso de que el hijo continúe estudios postgraduados se considerarán los esfuerzos realizados, su aptitud para los estudios que desea continuar, los logros académicos y la razonabilidad del objetivo deseado. Luego de sopesados esos factores el tribunal sentenciador determinará si la solicitud de alimentos es meritoria o no lo es. Íd. Asimismo, expresamos que es el alimentista quien tiene el deber de solicitar los alimentos luego de que cumpla la mayoría de edad porque es a éste a quien le toca probar la necesidad de los mismos. Íd.Sobre lo anterior, la profesora Torres Peralta señala que: el foro judicial tiene facultad para determinar el pago de asistencia económica o de alimentos al hijo mayor de edad estudiante post graduado, en su amplia acepción de techo, comida, vestimenta, educación y asistencia médica, o de asistencia económica a base de las situaciones particulares de que se trate. Ello es así, siempre que el hijo mayor de edad que solicite alimentos o asistencia económica cubra los criterios mencionados, y además interese cursar estudios adicionales ya sea de maestría, o doctorado, o de cualquier profesión vocacional que requiera estudios adicionales más allá de los cuatro años de estudios universitarios.

Sarah Esther Torres Peralta, La Ley de Sustento de Menores y el derecho alimentario en Puerto Rico, STP Inc., San Juan, Tomo I, sec. 5.38-5.39. Igualmente, conviene recalcar que “los dictámenes sobre pensión alimenticia siempre están sujetos a cambio, según varíen las circunstancias de los alimentistas o del alimentante”. Ex Parte Negrón Rivera y Bonilla, 120 D.P.R. 61 (1987), pág. 73. En este sentido, aunque la obligación alimentaria subsista porque no se ha dado ninguna de las causas de cese mencionas anteriormente, se podrá solicitar que ésta se revise o modifique por los tribunales.

Ahora bien, a la hora de solicitar un cambio en la pensión alimentaria debe tenerse en cuenta la Regla 8.4 de las de Procedimiento Civil que dispone que “la petición para que se expida una orden se hará mediante una moción, la cual, a menos que se haga durante una vista o un juicio, se hará por escrito, haciendo constar con particularidad los fundamentos legales y argumentos en que se basa, y, exponiendo el remedio o la orden que se interesa”. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 8.4. Es por ello que Ex parte Valencia, 116 D.P.R. 909 (1986) sostuvimos que, como regla general, la fecha de efectividad de una rebaja de pensión alimentaria deberá ser la del día en que se emitió el dictamen. Está claro que, sin dictamen judicial, no se puede decretar una rebaja de pensión alimentaria y mucho menos su relevo. Esto es así porque “[l]a pensión ha de satisfacerse en la cantidad dispuesta por el tribunal, sin descuentos hechos a voluntad del alimentante”. Guadalupe Viera v. Morell, 115 D.P.R. 4 (1983), pág. 16.

III

Como hemos visto, la obligación de alimentar surge de principalísimos principios como son la solidaridad, el amor y responsabilidad de los padres respecto a sus hijos.Es por ello que, aun cuando la obligación de alimentar derivada de la patria potestad cesa por el hijo haber advenido a la mayor edad, de éste necesitar de la ayuda de su padre, y de su padre poder ayudarle, los tribunales podrán fijar una pensión alimentaria. Claro está, además de fijarla podrá imponer condiciones para que el alimentista mayor de edad permanezca siendo acreedor a la misma.

Ahora bien, una vez impuesta la pensión, la extinción de ésta, a diferencia de lo planteado por una mayoría de esta Curia, no puede estar al arbitrio del alimentante. De sucederse cambios que ameriten una rebaja o el relevo de la pensión alimentaria, el alimentante deberá solicitárselo al tribunal. Son los tribunales los únicos con autoridad para declarar la obligación extinta. Para ello, el alimentante deberá comparecer al tribunal mediante moción de relevo de pensión alimentaria y fundamentar su pedido según dispuesto en la Regla 8.4 de las de Procedimiento Civil.

En el caso ante nuestra consideración el alimentante solicitó relevo del pago de pensión alimentaria en el mismo momento en que el alimentista advino a la mayoría de edad. Sin embargo, el alimentista compareció ante el foro inferior y sostuvo que aún estaba estudiando, por lo cual requería que el alimentante le proporcionara alimentos para continuar con sus estudios. El foro primario encontró probada la necesidad de los alimentos y fijó una pensión alimentaria. Además, le impuso al alimentista la obligación de evidenciar su aprovechamiento académico al final de cada semestre de estudio.

En mayo de 2004 el alimentante, sin solicitar relevo de pago de pensión alimentaria al tribunal de instancia, dejó de cumplir con su obligación. Además, cambió su dirección sin notificación al tribunal ni al alimentista. Años más tarde acude al tribunal primario para que éste cierre una cuenta existente en la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) y la declare sin deuda y alega que la deuda reflejada era irreal.

El alimentante, contrario a lo planteado en la Sentencia de este Tribunal, no podía adjudicarse la potestad de declarar que su obligación había culminado. Al así hacerlo el alimentante se arrogó potestades que sólo tienen los tribunales. Si éste entendía que su hijo había culminado su bachillerato y por ende su obligación terminada debió recurrir al foro judicial para que éste evaluara los méritos de su solicitud. No lo hizo. En cambio, desapareció de la vida de su hijo quien, con ayuda de su madre y de préstamos estudiantiles, concluyó con éxito una carrera profesional. Evidencia obra en el expediente para probar su aprovechamiento académico y aptitud para el estudio, tal es así que hoy por hoy el alimentista ejerce como abogado.Este Tribunal no puede, de ninguna manera, contribuir a que los padres se desliguen de sus hijos cuando éstos tienen medios para contribuir a su formación profesional. De igual manera, tampoco puede fomentar que los alimentantes se atribuyan potestades de los tribunales a la hora de determina cuándo cesa su obligación de alimentar. Es por ello que, a diferencia de la mayoría del Tribunal que entiende que era el alimentista el llamado a recurrir al foro judicial para obtener una extensión de pensión, soy del criterio de que al alimentante no solicitar relevo de pensión alimentaria ésta no se extinguió automáticamente. En este sentido, es claro que el principio citado por la mayoría en cuanto a que la pensión se hace innecesaria una vez cesa la necesidad del alimentista, no puede quedar al arbitrio del alimentante.

Conviene además aclarar que esta controversia no versa, como plantea la mayoría, sobre quién debía acudir al tribunal a pedir relevo o extensión de pensión alimentaria. Se trata, más bien, de decidir si un alimentante puede dar por terminada unilateralmente su obligación de alimentar cuando existe una orden vigente del foro judicial. Soy del criterio de que no. IV

Por los fundamentos antes expresados disiento del curso de acción seguido por una mayoría de este Tribunal. En cambio, determinaría que el alimentante debía recurrir al foro judicial mediante una moción de relevo de pensión para que éste determinara si continuaba o no la obligación de proveer alimentos a su hijo mayor de edad mientras éste estuviese estudiando. Así, confirmaría el dictamen del foro intermedio y ordenaría el pago de la cantidad adeudada en concepto de pensión alimentaria.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada

Notas al calce:

(1) El Hon. Misael Ramos Torres, Juez de Apelaciones, disintió con opinión escrita.

(2) Véase, por ejemplo, el Artículo 118 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 466 (1993), donde se le reconoce a los hijos el derecho a recibir alimentos, mientras que su Artículo 153, 31 L.P.R.A sec. 601 (1993), expresamente impone a los padres, como parte del ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores o no emancipados, la obligación de alimentarlos y educarlos. Por su parte, el Artículo 143 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 562 (1993), exige a los parientes proveerse alimentos recíprocamente.

(3) En lo pertinente, el Artículo 147 del Código Civil dispone lo siguiente: “La obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitare para subsistir la persona que tuviere derecho a percibirlos; pero no se abonarán sino desde la fecha en que se interponga la demanda”. 31 L.P.R.A. sec. 566 (Supl.2011).

(4) De hecho, el peticionario cumplió a cabalidad con el pago hasta que su hijo se graduó de bachillerato.

Ley de Procedimientos Administrativos Expeditos para el Bienestar de la Niñez, Ley Núm. 248 de 2012

(P. de la C. 3984)

LEY

Para crear la “Ley de Procedimientos Administrativos Expeditos para el Bienestar de la Niñez”; enmendar las secciones 21 y 22 de la Ley Núm. 186-2009, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Integral de Procedimientos de Adopción de 2009”; para enmendar los artículos 21-A y 21-D de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según enmendada; y para enmendar los artículos 23, 37, 32, 39, 42, 49 y 52 de la Ley 246-2011, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, a los fines de establecer un procedimiento expedito y flexible para procedimientos de adopción, custodia de emergencia, relevo de esfuerzos y privación de patria potestad; autorizar la imposición de multas administrativas, fijar penalidades; y para otros fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Estado tiene el deber, no solo legal, sino moral, de proteger a los menores que residen en nuestra isla. Son éstos los sujetos jurídicos más vulnerables en nuestra sociedad; el Estado viene obligado a velar por ellos. A esos efectos, esta Asamblea Legislativa ha aprobado una serie de estatutos cuyo denominador común es salvaguardar el bienestar y los intereses de los menores de edad.

Por los pasados años el Gobierno de Puerto Rico ha realizado esfuerzos dirigidos a agilizar los procesos en los casos de familia. Se ha aprobado una nueva ley de adopción, Ley 186-2009, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Integral de Procedimientos de Adopción de 2009”; una nueva ley de protección de menores, Ley 246-2011, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”; y la ley de custodia compartida, Ley 223-2011, conocida como “Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia”. Todo esto ha ido dirigido a conseguir dirimir los conflictos entre familias que pudiesen afectar a nuestros menores. La presente medida complementaría el esfuerzo realizado por esta administración, al proveer un mecanismo adicional, para agilizar y flexibilizar los procesos.

La adopción es un regalo de vida, de oportunidades, de amor y de seguridad. Nuestros niños se merecen poder disfrutar de este regalo sin tener que pasar por procesos que no sean rápidos ni expeditos. Ante esta situación y en nuestra búsqueda por mejorar y ampliar las oportunidades que tienen nuestros menores, creamos las salas administrativas donde se podrán ver también los casos de adopción de una forma rápida y menos costosa. Además, en el marco del debido proceso de ley y teniendo presente los derechos de los padres, en las salas administrativas se podrán ventilar procesos de relevo de esfuerzos conforme el Artículo 49 de la Ley Núm. 246-2011 y las privaciones de patria potestad relacionados con estos. Tal como se desprende, en estas Salas Administrativas los jueces estarán encargados de atender procesos encaminados a lograr el relevo de esfuerzos, así como la adopción en aquellos casos en que los funcionarios responsables, conforme lo establece la Ley Núm. 246-2011, hayan determinado que la adopción es el plan de permanencia del menor, y hayan sido privados de patria potestad con el objetivo de alcanzar la estabilidad y seguridad emocional y física de nuestros niños. Todos estos procesos estarán siempre enmarcados en el mejor bienestar de los menores y es precisamente en ese aspecto que los jueces deberán basar y tomar sus decisiones. Durante los últimos años, los tribunales han reconocido las ventajas de que las agencias atiendan situaciones relacionadas con su área de peritaje a través de procedimientos administrativos. De esta manera, se alivia la carga de los tribunales mientras que las partes tienen a su disposición otro mecanismo donde poder acudir para atender sus reclamos o necesidades. Ante esta situación, entendemos necesario crear un proceso administrativo en el que se atiendan los procedimientos de adopción, determinaciones de custodia de emergencia, determinaciones de relevo de esfuerzos y privaciones de patria potestad.

El Departamento de la Familia es la agencia con el peritaje necesario para establecer las salas administrativas que juzgaran los asuntos relacionados con el Relevo de Esfuerzos, conforme al Artículo 49 de la Ley 246-2011, conocida como la “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, así como la adopción en aquellos casos en que los funcionarios responsables, conforme lo establece la Ley Núm. 246-2011, hayan determinado que la adopción es el plan de permanencia del menor y hayan sido privados de patria potestad, con el objetivo de alcanzar la estabilidad y seguridad emocional y física de nuestros niños. El Departamento tiene como política pública garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños y niñas de tener un hogar seguro, ser reconocido por su padre o madre, relacionarse con su padre y madre, tener certeza de filiación, ser adoptado y tener una nueva familia, con especial énfasis en la protección integral y a la inclusión social con equidad. Esto mediante la creación de servicios dirigidos a atender dichas necesidades.

Tal como se ha reconocido ampliamente el Estado en su poder de parens patriae utiliza el vehículo de la adopción para brindarle a los menores que han sido removidos de sus hogares, a los que por alguna razón no puedan volver a los mismos, o a los que han sido entregados voluntariamente, la posibilidad de criarse en un hogar estable, saludable y seguro. Nuestros niños y niñas no pueden esperar años para lograr su estabilidad filial y poder ser adoptados. Ante esta situación, es necesario dar un paso al frente y crear los mecanismos adicionales que permitan acelerar los procesos para lograr brindar a nuestras familias la justicia a la que tienen derecho, garantizando a la vez su debido proceso de ley.

Esta Asamblea Legislativa entiende que a través de la presente medida se logra de manera rápida y expedita proveerle un ambiente seguro y adecuado a nuestros menores a través de un hogar en el que se sientan amados y puedan desarrollarse física, mental, social y moralmente. En la medida en que se faciliten los procesos adjudicativos, mediante la creación de organismos administrativos, se promueve la estabilidad y la seguridad de nuestros niños.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se crea la presente Ley, la cual dispone de la siguiente manera:

Artículo 1.-Título

Esta Ley se conocerá como la “Ley de Procedimientos Administrativos Expeditos para el Bienestar de la Niñez”.

Artículo 2.-Definiciones

A los fines de interpretación, cuando se utilice una palabra que establezca diferencia de géneros, se entenderá que el término masculino aplica al término femenino y viceversa.

Los siguientes términos tienen el significado que se expresa a continuación:

a) “Departamento” el Departamento de la Familia del Gobierno de Puerto Rico.

b) “Secretario” significa Secretario del Departamento de la Familia.

c) “Sala Administrativa” las Salas Especializadas de Familia, creadas por esta Ley, adscritas al Departamento de la Familia para la atención de trámites que establece esta ley.

d) “Juez Administrativo” Abogado revalidado, nombrado según se dispone en esta Ley, para intervenir en los procedimientos adjudicativos y que está facultado, sin que se entienda como una limitación, para hacer determinaciones de hecho y conclusiones de derecho, emitir órdenes y resoluciones sobre los asuntos que se establecen en esta Ley y que surjan dentro del procedimiento administrativo expedito, y tomar todas aquellas medidas administrativas necesarias para compeler al cumplimiento de dichas órdenes.

e) “Juez Administrativo Coordinador” Juez Administrativo nombrado según se dispone en esta Ley que tiene a su cargo la función adicional de coordinar y dirigir el funcionamiento administrativo de la Oficina de los Jueces Administrativos.

Artículo 3.-Política Pública

En atención al mejor bienestar del menor, se dispone que los procedimientos de custodia de emergencia, relevo de esfuerzos, privación de patria potestad y adopción, sean expeditos, flexibles, así como confidenciales y que contengan las garantías mínimas necesarias para proteger los derechos constitucionales de las partes. Se crean las Salas Administrativas para proveer un mecanismo adicional y dar especial atención a la agilización de los casos relacionados con el Relevo de Esfuerzos, conforme al Artículo 49 de la Ley 246-2011, conocida como la “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, así como la adopción en aquellos casos en que los funcionarios responsables, conforme lo establece la Ley Núm. 246-2011, hayan determinado que la adopción es el plan de permanencia del menor y hayan sido privados de patria potestad, con el objetivo de alcanzar la estabilidad y seguridad emocional y física de nuestros niños.

Es política pública en materia de adopción, custodia de emergencia, relevo de esfuerzos y privación de patria potestad lo siguiente:

1) El reconocer al Estado las más plenas facultades para, en casos apropiados, dar en adopción niños que están bajo su custodia y tutela y cuyos padres hayan sido privados de la patria potestad y custodia, cuando así lo requiera el mejor bienestar de los menores.

2) El facilitar, en la forma más liberal y amplia posible dentro del esquema jurídico que rige en Puerto Rico, los procedimientos de adopción, proveyendo para un procedimiento simple, sencillo y expedito, cuyo trámite total no exceda de setenta y cinco (75) días, desde su inicio hasta su resolución final, además de simplificar y liberalizar sustancialmente los requisitos de ley para la emisión de decretos de adopción.

Es preciso crear los mecanismos necesarios para poder dirimir de forma rápida y efectiva los casos de adopción, custodia de emergencia, relevos de esfuerzos y privación de patria potestad.

Artículo 4.-Competencia

La competencia de las Salas Administrativas creadas en esta Ley será concurrente con la ejercida por los tribunales, en los casos que se mencionan en esta ley. El peticionario tendrá la opción de presentar el asunto ante el Juez Administrativo o ante el Tribunal, según lo estime conveniente.

Artículo 5.-Confidencialidad

Todos los expedientes y documentos relacionados con los casos que se atiendan bajo la presente Ley, incluyendo los informes de cualesquiera oficinas, entidades públicas o privadas generados en el cumplimiento de esta Ley, serán confidenciales y no serán revelados, excepto en los casos y circunstancias en que específicamente lo autoricen las leyes pertinentes.

Artículo 6.-Funciones del Secretario

El Secretario es el funcionario responsable del cumplimiento cabal de la política pública enunciada en esta Ley a fin de atender de manera integral y eficiente los asuntos relacionados a las mismas. Como tal, tendrá los siguientes poderes y funciones:

a) Asesorar al Gobernador de Puerto Rico y hacer las recomendaciones correspondientes a la Asamblea Legislativa en la formulación de la política pública relacionada con esta Ley.

b) Supervisar, evaluar, auditar y velar que se implante la política pública enunciada en este capítulo.

c) Establecer las normas, criterios y mecanismos para coordinar las funciones administrativas y operacionales necesarias para el funcionamiento adecuado de esta Ley.

d) Supervisar, evaluar y auditar el funcionamiento y las operaciones del Juez Administrativo Coordinador que se nombre, en virtud de la presente Ley.

e) Requerir todos aquellos informes que estime pertinentes para el cumplimiento de sus responsabilidades.

f) Realizar recomendaciones para los puestos de jueces Administrativos, quienes serán nombrados por el Gobernador.

g) Realizar todos aquellos otros actos necesarios y convenientes para el logro de los propósitos de esta Ley.

Artículo 7.-Juez Administrativo; Nombramiento; Facultades; Organización

Se crean diez (10) puestos de Jueces Administrativos, quienes serán nombrados por el Gobernador de Puerto Rico para atender las controversias administrativas que se señalan más adelante.

El Departamento tendrá Salas Administrativas, según la necesidad, en por lo menos ocho (8) regiones, incluyendo entre éstas a: San Juan, Bayamón, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Guayama, Humacao, Caguas y Carolina. Se podrán nombrar más de uno por región, de entenderse necesario.

Las personas a ser nombradas en dichos puestos, deberán ser abogados con por lo menos tres (3) años de experiencia profesional y tener conocimiento en el derecho de familia. Los nombramientos estarán adscritos a la Oficina del Secretariado del Departamento de la Familia. Cada Juez Administrativo será nombrado a una de las regiones del Departamento de la Familia al hacerse el nombramiento. El Secretario designará, de entre los Jueces Administrativos nombrados, un Juez Administrativo Coordinador y un Juez Administrativo Sub-Coordinador, los cuales serán nombrados por el término que reste a su nombramiento como Juez Administrativo. La designación como Juez Coordinador y Sub-Coordinador podrá ser revocada por justa causa. Una vez nombrados a una Oficina Regional, los Jueces Administrativos podrán ser trasladados a otra región por necesidad de servicio, siempre que ello sea debidamente acreditado por el Juez Administrativo Coordinador. A tales fines, de ser necesario un traslado el Juez Coordinador deberá solicitarlo al Secretario, presentando un informe de cuales son las razones que hacen necesario dicho traslado. El Juez Coordinador podrá también recomendar que un Juez asignado a una región preste apoyo a otra región de ser necesario. Esto podrá hacerse por destaque, por tiempo limitado y cuando así la necesidad de servicio lo requiera. El nombramiento de los Jueces Administrativos será por el término de siete (7) años, ocuparán sus cargos hasta que su sucesor sea nombrado y devengarán un sueldo mínimo de setenta y dos mil (72,000) dólares anuales. En el caso del Juez Administrativo Coordinador y el Juez Administrativo Sub-Coordinador, éstos devengarán un sueldo mínimo de setenta y seis mil (76,000) dólares anuales.

Por su naturaleza, los Jueces Administrativos gozarán de la misma inmunidad que gozan los jueces del Tribunal General de Justicia en todo lo relacionado a los procesos que se ventilan ante ellos, la toma de decisiones y notificación de resoluciones. Así mismo, y al igual que los nombramientos de los jueces del Tribunal General de Justicia, a estos nombramientos no les aplicarán las disposiciones relativas a la Veda Electoral, por lo que podrán ser nombrados durante dicho término. Una vez nombrados, tendrán los mismos derechos que los empleados públicos, en términos de licencia por enfermedad, vacaciones, bono de navidad y demás beneficios marginales. El Secretario estará a cargo de identificar los fondos necesarios para sufragar los gastos de la implantación de esta Ley.

Artículo 8.-Funciones de los Jueces Administrativos
En el ejercicio de sus funciones, y sin necesidad de obtener una orden de algún tribunal estatal, federal, o de otra jurisdicción, los Jueces Administrativos tendrán autoridad y facultad para:

a) Celebrar vistas, tomar juramentos, dirigir y permitir que las partes utilicen el descubrimiento de información que agilice el trámite y la solución de las controversias, recibir testimonio y cualquier otra evidencia a través de grabaciones en cintas de sonido y vídeo sonido para establecer el récord del caso.

b) Dirigir, ordenar y permitir que las partes lleven a cabo reuniones y conversaciones transaccionales.

c) Ordenar la comparecencia de testigos y de las partes; recibir y evaluar la evidencia sometida; emitir las órdenes correspondientes; y notificar la celebración de una vista cuando sea necesario o la imposición de remedios o penalidades, según corresponda.

d) Ordenar exámenes genéticos para determinar la paternidad del menor, siempre que las partes consientan.

e) Acoger Acuerdos de Adopción Privados y llevar a cabo el procedimiento de colocación de menores con las partes adoptantes, establecido en la Ley 186-2009, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Integral de Procedimientos de Adopción de 2009”.

f) Atender los procedimientos y emitir todas las órdenes que sean necesarias y adjudicar cualquier caso o petición de adopción.

g) En todos los casos donde se decrete una adopción deberá enviar copia certificada de la resolución que emita al Registro Demográfico para que éste proceda a hacer la corrección del nombre en el Registro.

h) Adjudicar, en los casos de maltrato en que proceda, la custodia legal de emergencia a favor del Departamento de la Familia. En este caso, el Juez Administrativo deberá cumplir con los procedimientos establecidos en la Ley 246-2011, conocida como la “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”.
i) Celebrar la vista de Relevo de Esfuerzos, conforme al Artículo 49 de la Ley 246-2011, conocida como la “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”. En estos casos el Departamento vendrá obligado a presentar el Plan de Permanencia.

j) En los casos donde se determine el Relevo de Esfuerzo, conforme al Artículo 49 de la Ley 246-2011, conocida como la “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, podrá celebrar la vista de privación de la patria potestad.

k) Imponer las sanciones, multas y penalidades establecidas en esta Ley y los reglamentos que adopten.

l) Ordenar a las agencias gubernamentales o privadas el acceso a expedientes de las partes concernidas.

m) Atender los procedimientos y emitir todas las órdenes que sean necesarias y adjudicar cualquier caso de los comprendidos en esta Ley.

n) Establecer relaciones paterno o materno filiales entre las partes. La parte que no esté conforme, deberá acudir ante el Tribunal de Primera Instancia, mediante un procedimiento ordinario.

o) Hacer determinaciones de custodia. La parte que no esté conforme, deberá acudir ante el Tribunal de Primera Instancia mediante un procedimiento ordinario.

Artículo 9.-Funciones del Juez Administrativo Coordinador y el Juez Administrativo Sub-Coordinador

El Juez Administrativo Coordinador y el Juez Administrativo Sub-Coordinador, serán a su vez Jueces Administrativos, por lo que podrán ser asignados a una de las regiones en cuyo caso tendrán todas las funciones establecidas en el Artículo 8 de esta ley. Además, atenderán asuntos de supervisión y de naturaleza administrativa. El Juez Administrativo Coordinador será el jefe administrativo y, en tal capacidad, velará por el funcionamiento eficiente de las Salas Administrativas, la pronta solución de los casos y por el fiel cumplimiento y uniformidad de la política pública establecida en esta Ley y la legislación federal aplicable. Igualmente, será responsable de la supervisión y evaluación de todos los Jueces Administrativos, la distribución de Salas Administrativas, la asignación de casos y cualquier otra que le sea delegada por el Secretario. El Juez Administrativo Coordinador responderá directamente al Secretario del Departamento, en cuanto a sus funciones administrativas.

Artículo 10.-Disciplina Judicial y Separación del Servicio
A) Conductas que conllevan medidas disciplinarias y separación de servicio
Estará sujeto a la imposición de medidas disciplinarias y posible separación de servicios todo Juez Administrativo que:

1. Incurra en violación a la ley, los Cánones de Ética Profesional o a la reglamentación administrativa aplicable.

2. Manifieste negligencia crasa, inhabilidad o incompetencia profesional en el desempeño de sus deberes.

Cualquier medida disciplinaria o proceso de separación de servicio deberá iniciarse por recomendación fundamentada del Juez Coordinador y seguir los procedimientos que el Departamento disponga por reglamento.

B) Separación del Servicio por Condición de Salud Mental o Física

Todo juez cuya condición de salud mental o física, ya sea temporera o permanente, afecte adversamente el desempeño de sus funciones, estará sujeto al procedimiento de separación del servicio.

Cuando el Juez Administrativo Coordinador le informe al Secretario que un juez se encuentra en la condición física o mental a que se refiere este Artículo, el Secretario podrá, previo los trámites legales correspondientes, ordenar la separación temporal o la separación permanente del cargo.

Artículo 11.-Procedimientos

1. En los casos donde se adjudique la custodia legal de emergencia a favor del Departamento de la Familia y el Juez Administrativo determine que era un caso en el cual se den las circunstancias establecidas en el Artículo 49 de la Ley Núm. 246-2011, no será requisito notificar al Tribunal de Primera Instancia la determinación para ser ratificada y se podrá continuar el caso por la vía administrativa. No obstante lo anterior, en todos los demás casos en que se adjudique la custodia legal de emergencia a favor del Departamento de la Familia, la determinación del Juez Administrativo deberá ser notificada al Tribunal de Primera Instancia de la región a la que pertenezca el caso, el próximo día laborable de haberse emitido la determinación. El Tribunal de Primera Instancia notificará la Vista de Ratificación a ser celebrada en el Tribunal y dará cumplimiento a lo establecido en los artículos 37, 38 y 39 de la Ley 246-2011 y continuará con el trámite del caso. En dichos casos los menores permanecerán bajo la custodia del Departamento de la Familia, hasta que el Tribunal de Primera Instancia tome la determinación que considere más adecuada para el mejor interés del menor.

2. En los casos en que el Juez Administrativo haya determinado el cese de esfuerzos en virtud del Artículo 49, incisos (a), (c) o (k) de la Ley Núm. 246-2011, si la parte afectada no está conforme con la determinación, deberá notificarlo mediante moción al Juez Administrativo en un término no mayor de cinco (5) días calendario. En este caso, el Juez Administrativo detendrá los procedimientos y referirá el asunto al Tribunal de Primera Instancia en el término de cinco (5) días para la continuación de los procedimientos. El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar la vista correspondiente en los próximos quince (15) días.

3. La vista de privación de patria potestad deberá ser celebrada dentro de los próximos diez (10) días de haberse presentado la petición, la cual no será suspendida, excepto por justa causa. Al momento de la radicación de la petición, se le notificará, vía correo certificado, a las partes de su derecho a estar asistido de abogado.

Una vez advenga final y firme la privación de patria potestad, el Departamento podrá iniciar inmediatamente el proceso de adopción.

El padre y/o la madre podrán renunciar voluntariamente por escrito, bajo juramento, a la patria potestad de los menores, sin necesidad de estar asistidos de abogado. El consentimiento será prestado por escrito, de forma consciente y voluntaria en sala ante un Juez Administrativo para su verificación. El juez advertirá sobre las consecuencias de la renuncia de privación de patria potestad.

Al realizarse la renuncia de patria potestad, el Juez Administrativo podrá celebrar de forma simultánea el procedimiento de adopción, según lo previsto en la reglamentación establecida por el Departamento.

Artículo 12.-Penalidades

Toda persona que violare voluntariamente alguno de los términos de la Resolución Administrativa, según esta Ley, será sujeto a desacato o multa no mayor de cinco mil (5,000) dólares, o ambas penas, a discreción del tribunal competente.

Artículo 13.-Revisión

De conformidad con la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”, la parte adversamente afectada podrá, dentro de un término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o decisión final del Juez Administrativo, presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. Será requisito jurisdiccional para poder acudir en revisión judicial, haber solicitado en el término de quince (15) días la reconsideración de la orden de la cual se recurre.

Sección 2.-Se enmienda la Sección 21 de la Ley Núm. 186-2009, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Integral de Procedimientos de Adopción de 2009”, para que lea como sigue:

“Sección 21.-Procedimientos de Adopción en Menores Liberados de Patria Potestad

En aquellos casos en que un menor haya sido liberado de patria potestad, ya sea mediante un procedimiento ordinario en casos de maltrato bajo la Ley Núm. 246-2011, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores” o cualquier ley subsiguiente, o mediante el trámite voluntario de entrega de custodia y patria potestad, establecido en la Sección 20 de esta Ley, la parte promovente podrá presentar la petición ante el tribunal o ante la Sala Administrativa del procedimiento de adopción de dicho menor, observando las garantías procesales necesarias para que este menor sea colocado en un hogar adoptivo debidamente acreditado por el Departamento, dentro del menor tiempo posible.

…”

Sección 3.-Se enmienda la Sección 22 de la Ley Núm. 186-2009, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Integral de Procedimientos de Adopción de 2009”, para que lea como sigue:

“Sección 22.-El Departamento promoverá diligentemente la privación de patria potestad de los padres, en todos los casos en los que el plan de permanencia del menor sea la adopción. Una vez el Departamento asuma la tutela del menor, el Departamento o la agencia de adopción debidamente licenciada por el Departamento, otorgará un convenio de colocación con una parte adoptante debidamente cualificada y que tenga prioridad, según el Registro. Sólo por excepción, el Departamento o la agencia de adopción otorgarán el convenio de colocación, previo a la privación de patria potestad de los padres del menor. En estos casos, el convenio de colocación establecerá que la privación de patria potestad de los padres del menor aún no ha ocurrido.
Inmediatamente luego de otorgado el convenio de colocación, el Departamento, la agencia de adopción o la parte adoptante, una vez el menor sea privado de patria potestad, comenzará un procedimiento de adopción. De presentarse en el Tribunal, deberá sujetarse a lo dispuesto en las disposiciones de la Ley Núm. 186-2009, según enmendada y la Ley 9-1995, según enmendada. En los casos en que el procedimiento de adopción sea llevado por la vía administrativa, deberá sujetarse a la reglamentación establecida por el Departamento. Con dicho fin, el Departamento o la agencia de adopción rendirán de forma expedita, el informe de estudio social pericial al Tribunal o a la Sala Administrativa para la adjudicación de la petición. Sólo se actualizarán los estudios sociales periciales con más de un (1) año de vigencia. El Departamento o agencia de adopción notificará inmediatamente a la parte adoptante de cualquier procedimiento instado en referencia al menor en el que la parte adoptante no sea parte.

En los casos de Acuerdo de Adopción durante embarazo, el Departamento ejercerá la debida diligencia para identificar al padre biológico y notificar a éste sus derechos, conforme a lo establecido en esta Ley. El Departamento asumirá la tutela del menor a la fecha del nacimiento. La colocación del menor se llevará a cabo, conforme al acuerdo de adopción otorgado con la parte adoptante. Luego de transcurrido el término de (7) siete días de retracto, los peticionarios comenzarán un procedimiento de adopción. De presentarse en el Tribunal, deberá sujetarse a lo dispuesto en las disposiciones de la Ley 9-1995, según enmendada. En los casos en que el procedimiento de adopción sea llevado por la vía administrativa, deberá sujetarse a la reglamentación establecida por el Departamento. Con dicho fin, el Departamento o la agencia de adopción rendirán de forma expedita, el informe de estudio social pericial al Tribunal o la Sala Administrativa para la adjudicación de la petición. Sólo se actualizarán los estudios sociales periciales con más de un año de vigencia. El Departamento o agencia de adopción notificará inmediatamente a la parte adoptante de cualquier procedimiento instado en referencia al menor en el que la parte adoptante no sea parte.

En los casos de Entrega Voluntaria de Menores, el Departamento asumirá la tutela una vez otorgado el acuerdo. El Departamento ejercerá la debida diligencia para identificar al padre o madre registral que no haya consentido a la entrega y le notificará a éste(a) de sus derechos, conforme a lo establecido en esta Ley. Luego de transcurrido el término de quince (15) días de retracto, el Departamento, la agencia de adopción o la parte adoptante podrá otorgar un convenio de colocación. Subsiguientemente, los peticionarios comenzarán un procedimiento de adopción. De presentarse en el Tribunal, deberá sujetarse a lo dispuesto en las disposiciones de la Ley 9-1995, según enmendada. En los casos en que el procedimiento de adopción sea llevado por la vía administrativa, deberá sujetarse a la reglamentación establecida por el Departamento. Con dicho fin, el Departamento o la agencia de adopción rendirán de forma expedita, el estudio social pericial de la parte adoptante. Sólo se actualizarán los estudios sociales periciales con más de un año de vigencia. El Departamento o agencia de adopción notificará inmediatamente a la parte adoptante de cualquier procedimiento instado en referencia al menor en el que la parte adoptante no sea parte.

Las partes adoptantes que hayan otorgado un acuerdo de adopción o convenio de colocación con el Departamento podrán:

1. Presentar petición de adopción en el tribunal, conforme a lo establecido en la Ley Núm. 9-1995, según enmendada. En los casos en que el procedimiento de adopción sea llevado por la vía administrativa, deberá sujetarse a la reglamentación establecida por el Departamento.

2. Intervenir como parte en cualquier procedimiento referente al menor, tales como acción de filiación, impugnación de privación de patria potestad, entre otros. A esos efectos, podrán presentar prueba pericial, entre otros.

3. Solicitar consolidación de otros procedimientos judiciales referente al menor con el procedimiento judicial de adopción.

Sección 4.-Se enmienda el Artículo 21-A de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo 21-A. Adopciones; cambio en inscripción; confidencial

Si el nacimiento de un adoptado hubiera sido previamente inscrito en el Registro Demográfico, el acta de inscripción de tal nacimiento se sustituirá por otra en que conste el nuevo estado jurídico del inscrito, como si fuese hijo legítimo de los adoptantes; Disponiéndose, que el acta original de la inscripción del nacimiento del adoptado; la resolución del tribunal o resolución de la Sala Administrativa y demás documentos se conservarán en el Registro en sobre lacrado y serán documentos confidenciales. En ninguna certificación de inscripción que expida el Registro se consignarán los datos de la inscripción original, a menos que el solicitante del certificado requiera expresamente la consignación de estos datos y así lo haya ordenado un Tribunal competente o Sala Administrativa por causas justificadas. Disponiéndose, que no necesitará dicha autorización cuando el solicitante sea el adoptante o el adoptado.”

Sección 5.-Se enmienda el Artículo 21-D de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según enmendada, para que lea como sigue:
“Artículo 21-D. Registro especial de personas nacidas fuera de Puerto Rico y adoptadas en éste

En caso de que el adoptado hubiere nacido fuera de Puerto Rico, pero fuere adoptado en Puerto Rico, será deber del Jefe de la División de Registro Demográfico y Estadísticas Vitales del Departamento de Salud remitir, al funcionario correspondiente del lugar donde hubiere nacido el adoptado, copia certificada de la resolución dictada por el Tribunal o resolución de la Sala Administrativa en el caso de adopción.

El Registro Demográfico llevará un registro especial para inscripciones de las adopciones de personas nacidas fuera de Puerto Rico y adoptadas en Puerto Rico.”

Sección 6.-Se enmienda el Artículo 23 de la Ley 246-2011, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, para que lea como sigue:

“Artículo 23.-Custodia de Emergencia

La custodia de emergencia a que se refiere este Artículo no podrá exceder de setenta y dos (72) horas, salvo en los casos que se diligencie y obtenga una autorización del Tribunal o Sala Administrativa, mediante el procedimiento establecido en esta Ley; o en aquellas circunstancias en que no se haya podido obtener dicha autorización por estar el Tribunal o Sala Administrativa en receso.”

Sección 7.-Se enmienda el Artículo 37 de la Ley 246-2011, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, para que lea como sigue:

“Artículo 37.-Procedimientos de emergencia¬

Cuando se haya obtenido la custodia de emergencia, conforme lo establece el Artículo 23 de esta Ley, o cuando la situación en que se encuentra un menor representa un riesgo para su seguridad, salud e integridad física, mental o emocional, el Trabajador Social del Departamento o Técnico de Servicios a la Familia podrá comparecer y declarar bajo juramento, ante un Juez del Tribunal de Primera Instancia o ante un Juez de la Sala Administrativa, en forma general, breve y sencilla, mediante un formulario preparado por la Oficina de la Administración de Tribunales o de la Sala Administrativa al efecto, los hechos específicos que dan base a solicitar la protección del menor mediante una remoción.
El Tribunal o la Sala Administrativa tomará la determinación que considere más adecuada para el mejor interés del menor, incluyendo una orden concediendo custodia de emergencia para que inmediatamente se ponga al menor bajo la custodia del Departamento, que se efectúe el tratamiento médico necesario, que se asigne una pensión provisional alimentaria en beneficio del menor y cualquier otra orden que el juzgador considere que asegurará el mejor bienestar del menor. El menor no será sacado de la jurisdicción de Puerto Rico, excepto que medie una orden del Tribunal al respecto.

El Tribunal o la Sala Administrativa estará obligado a entregar la custodia provisional al Departamento, si surge de las declaraciones vertidas o de la petición que los actos incurridos por el padre, madre o encargado, así lo requieren, o si existe riesgo en la seguridad o el bienestar del menor.

En los casos de denegatoria de custodia provisional de emergencia resueltos por un Juez Municipal o un Juez Administrativo, el Departamento o la parte interesada podrá acudir al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior, Relaciones de Familia, para solicitar una vista ordinaria de custodia de menores dentro de los próximos veinte (20) días, contados a partir de la determinación.”

Sección 8.-Se enmienda el Artículo 39 de la Ley Núm. 246-2011, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, para que lea como sigue:

“Artículo 39.-Vista de Ratificación de Custodia

Dentro de los quince (15) días contados a partir de que el Tribunal Municipal o la Sala Administrativa haya otorgado la custodia de emergencia al Departamento de la Familia, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Relaciones de Familia, celebrará una vista de Ratificación.

…”

Sección 9.-Se enmienda el Artículo 42 de la Ley 246-2011, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, para que lea como sigue:

“Artículo 42.-Vista Final

El Tribunal o la Sala Administrativa deberá celebrar una vista de disposición dentro de un período que no exceda de seis (6) meses, a contarse desde que se otorgó la custodia provisional del menor. El término sólo podrá ser prorrogado una sola vez por seis (6) meses adicionales cuando existan causas que así lo justifiquen y sea en el mejor interés y bienestar del menor.

Toda decisión disponiendo el regreso del menor al hogar, deberá estar sustentada por un informe, realizado por un trabajador social, psicólogo o siquiatra debidamente licenciado en Puerto Rico o por un trabajador de casos adiestrado en el servicio de protección a menores. Será responsabilidad del Departamento presentar un informe para la consideración del Tribunal o la Sala Administrativa que cumpla con las disposiciones de esta Sección en todas las vistas de disposición final. De recomendar el regreso del menor al hogar, el mismo debe demostrar, razonablemente, que las condiciones de riesgo existentes al momento de la remoción ya no están presentes y, por lo tanto, el regreso no representa peligro para el bienestar y la salud e integridad física, mental, emocional o sexual del menor. No obstante, en los casos donde el Tribunal o la Sala Administrativa no tuviere dicho informe, podrá determinar el regreso del menor al hogar de donde fue removido, si luego de evaluar la prueba disponible puede determinar que ello no constituye un riesgo a la seguridad del menor y es en el mejor interés de éste.

En los casos en que el Tribunal o la Sala Administrativa determine que no es viable el regreso del menor al hogar de donde fue removido o a otro hogar familiar según la prelación, se otorgará la custodia al Departamento o se podrá iniciar el procedimiento para la privación de la patria potestad conforme a las disposiciones establecidas en esta Ley. Además, podrá tomar cualquier otra determinación necesaria para la protección del menor, tomando en consideración el mejor interés del menor.”

Sección 10.-Se enmienda el Artículo 49 de la Ley 246-2011, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, para que lea como sigue:

“Artículo 49.-Esfuerzos Razonables

Luego de la remoción de un menor de su hogar, cuando sea viable y se pueda garantizar la seguridad, bienestar y el mejor interés de los menores, el Departamento de la Familia hará esfuerzos razonables para reunificar al menor a la unidad familiar de donde fue removido. El personal del Departamento incorporará los recursos de apoyo de las personas, la familia y la comunidad, así como los recursos internos y externos del Departamento y otras agencias públicas y no gubernamentales, para mejorar las condiciones de vida de la familia que puedan poner en riesgo la vida y seguridad de un/a menor.

En los casos en que proceda hacer esfuerzos razonables, la determinación de razonabilidad de los esfuerzos será hecha por el Tribunal o la Sala Administrativa, tomando en consideración si el Departamento puso a la disposición del padre o la madre o persona responsable de éste un plan de servicios que atendiera las necesidades específicas identificadas, así como la diligencia de la agencia en proveer los servicios y cualquier otro elemento que considere necesario el Tribunal o el Juez Administrativo.

En los casos de los incisos (d) al (m), una vez probado los hechos, el Tribunal o el Juez Administrativo no tendrá discreción y deberá relevar de esfuerzos al Departamento.

En los casos en que el Tribunal o el Juez Administrativo determine que no se harán esfuerzos razonables, se celebrará una vista de permanencia para el menor dentro de los quince (15) días siguientes a la determinación.”

Sección 11.-Se enmienda el Artículo 52 de la Ley 246-2011, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores” para que lea como sigue:

“Artículo 52.-Petición de Privación de la Patria Potestad

El Departamento podrá iniciar un procedimiento para la privación, restricción o suspensión de la patria potestad, cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

(a) …

(b) El Tribunal o la Sala Administrativa ha hecho una determinación conforme a las disposiciones de esta Ley de que no procede realizar esfuerzos razonables y ordena que no se presten servicios de reunificación.

(c) El Tribunal o la Sala Administrativa determine que el padre y/o la madre no está dispuesto o es incapaz de tomar responsabilidad y proteger al menor de riesgos a su salud e integridad física, mental, emocional y/o sexual y estas circunstancias no cambiarán dentro de un período de seis (6) meses de haberse iniciado los procedimientos, según la evidencia presentada en el caso.

(d) El Tribunal o la Sala Administrativa determina que el padre y/o la madre no ha hecho esfuerzos de buena fe para rehabilitarse y reunirse con el menor.

(e) …

(f) …

(1) …

(2) …

(3) …

(4) …

El Departamento no tendrá que solicitar la petición de privación de patria potestad si ha decidido colocar al menor con un familiar o si manifiesta al tribunal o la sala administrativa que la privación de patria potestad es en perjuicio del mejor interés del menor.

…”

Sección 12.-Se enmienda el Artículo 32 de la Ley 246-2011, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, para que lea como sigue:

“Artículo 32.-Representación Legal

. . .

Los intereses de cualquier menor de quien se alegue en el Tribunal o Salas Administrativas que es víctima de maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional, serán representados por un Procurador de Asuntos de Familia, nombrado por el Gobernador para dicha función, quien tendrá el deber ministerial, además, de mantener informado al menor de los aspectos más relevantes de su caso, siempre que su capacidad intelectual y emocional lo permita.”

Sección 13.-Reglamentación

El Departamento adoptará las reglas y reglamentos que sean necesarios para implantar esta Ley, conforme a las disposiciones de la Ley 170-1988, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, no más tarde de ciento ochenta (180) días después de la vigencia de esta Ley.

Sección 14.-Disposición Transitoria
Los reglamentos del Departamento, continuarán en vigor hasta tanto sean aprobados los nuevos reglamentos.

Sección 15.-Interpretación

Las disposiciones de esta Ley deberán interpretarse a favor de la protección, bienestar, seguridad y mejor interés del menor. Las mismas deberán estar en armonía con la Ley 186-2009 y la Ley 246-2011.

Sección 16.-Cláusula de Separabilidad

Si cualquier párrafo, artículo o parte de esta Ley fuere declarado inconstitucional por un Tribunal competente, la sentencia dictada a esos efectos no afectará ni invalidará sus demás disposiciones y el efecto de dicha sentencia quedará limitado al párrafo, artículo o parte de esta Ley que hubiere sido declarado inconstitucional.

Sección 17.-Vigencia

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente; no obstante, las Salas Administrativas no podrán comenzar a funcionar hasta tanto el Departamento no haya aprobado el reglamento dispuesto en esta Ley.

Presidenta de la Cámara

Presidente del Senado

Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia, Ley Núm. 223 del año 2011

(P. del S. 63)

LEY

 Para crear la Ley Especial que se conocerá como “Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia”, con el propósito de proteger y procurar el mejor bienestar de los niños que son progenie de una pareja divorciada o de una relación consensual cuyos miembros se han separado; garantizar el mejor bienestar de nuestros niños(as); establecer como política pública la consideración de la custodia compartida y de la corresponsabilidad en los casos de disolución de un matrimonio o de separación de una pareja consensual donde hayan menores involucrados; establecer criterios a considerarse en la adjudicación de custodia para que los tribunales tomen la determinación correspondiente; requerir que las partes se sometan a una evaluación efectuada por la Oficina de Servicios Sociales de la Administración de los Tribunales, cuando se identifican graves problemas de comunicación que interfieran con los arreglos de custodia; establecer el procedimiento de mediación cuando los progenitores, aun acordando la custodia compartida, no pueden ponerse de acuerdo en la forma en llevar a cabo la misma; para enmendar el Artículo 98 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado, para que aun en el procedimiento expedito para establecer la custodia provisional se considere como primera opción la custodia compartida provisional como corresponsabilidad de ambos; establecer situaciones en que no proceda conceder la Custodia Compartida; y para otros fines.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Garantizar la sana convivencia familiar constituye política pública del Gobierno de Puerto Rico.  Un núcleo familiar con raíces sólidas garantiza niños felices en el presente y ciudadanos responsables en el mañana.  El Estado viene obligado a tomar las medidas necesarias para fomentar relaciones saludables entre los cónyuges y, sobre todo, entre éstos y sus hijos.  Con este fin en mente, deben atenderse las necesidades de la familia divorciada o separada, la cual continúa siendo una familia que merece la misma atención que la familia constituída en matrimonio o unida por otros vínculos.  Los niños que son producto de hogares divorciados o de relaciones consensuales disueltas tienen las mismas necesidades que los que están en hogares donde ambos progenitores están presentes y merecen que el Estado atienda y garantice su derecho a disfrutar del afecto y cariño de ambos padres.

El Tribunal Supremo ha manifestado que al evaluar los casos de custodia, la “Estrella Polar” que debe orientar a los tribunales, funcionarios sociales y abogados es el “Mejor Bienestar de los Menores”.  No obstante, a base de su percepción, el público en general y los involucrados en estos procesos cuestionan si realmente el sistema está enfocado en el bienestar de los menores o por  el contrario, en la controversia entre los padres.  La realidad es que el derecho de familia vigente se desarrolla en un escenario adversativo que promueve la controversia entre las partes, alarga los procedimientos y victimiza a los/las niños(as) en el proceso, al interrumpir en muchas ocasiones la libre y espontánea interacción con ambos progenitores sin advertir ni prevenir el daño que se les causa .

Los efectos negativos del divorcio en la conducta de los/las niños(as) han sido ampliamente documentados en diversos estudios realizados, tanto en Puerto Rico como a nivel mundial.  Estos estudios sugieren que al compararse los niños que sólo cuentan con la presencia de uno de los progenitores, con aquéllos que gozan de la presencia de ambos, los primeros exhiben más agresividad, impulsividad y comportamiento antisocial; tienen mayor dificultad en sus relaciones con personas de su edad; son menos obedientes con las figuras de autoridad; exhiben más problemas de comportamiento en la escuela; y a largo plazo presentan más posibilidades de involucrarse en el crimen o la droga, cometer suicidio, abandonar la escuela, huir del hogar y/o presentar un serio problema de inestabilidad emocional.

La ausencia de uno de los progenitores ha sido establecida como una de las variables importantes al estudiar la delincuencia y criminalidad. Un estudio realizado por la doctora Dora Nevárez, “El Crimen en Puerto Rico, edición 2008”, señala que “los perfiles de los jóvenes delincuentes y los estudios empíricos sobre delincuencia y criminalidad hechos en Puerto Rico coinciden en que las variables de hogares uniparentales, poco o ningún apoyo familiar, abandono físico o emocional de algunos de los progenitores, violencia familiar tanto hacia los hijos/as como entre la pareja, participación de otro miembro del núcleo familiar en actividades delictivas y situación económica de pobreza, estaban presentes mientras criaban y crecían los delincuentes”.

 Un estudio que llevó a cabo el municipio de San Juan (1994) sobre la violencia, reveló que el padre y la madre estuvieron presentes en el 87.6% de los hogares de los jóvenes exitosos, pero solamente en el 48.6% de los hogares de los delincuentes juveniles.  El perfil de los menores institucionalizados en las facilidades de la Administración de Instituciones Juveniles también nos muestra que sólo en el 20% de los hogares de estos jóvenes estuvo presente el padre y la madre.

La necesidad de promover un mayor grado de participación y presencia de ambos progenitores en la vida de los niños que son producto de una pareja divorciada o de una pareja consensual separada resulta imperiosa en este momento, a los fines de contribuir a una mejor calidad de vida.  Máxime si tomamos en consideración el alza en la tasa de divorcios en Puerto Rico, que nos lleva a propiciar cambios en la adjudicación de custodia en estos casos.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido el impacto de la separación o divorcio en la interacción con los hijos.  Específicamente, en el caso Sterzinger v. Ramírez, 116 D.P.R. (1985), se señaló lo siguiente: “Cuando el tribunal le otorga la custodia a un padre y concede derecho de visita al otro, esto automáticamente tiene un efecto real sobre las relaciones del progenitor no custodio con el menor.  El padre no custodio pierde cierta autoridad real sobre los hijos, que antes compartía con el excónyuge, desaparece la libertad de compartir y disfrutar con ellos en cualquier momento que desee.  A medida que los patrones familiares han cambiado en nuestro país y los padres comparten más el cuidado de sus hijos y las tareas en el hogar, más profundo resulta el impacto de la separación para el progenitor no custodio como para los hijos”.

En el resumen normativo de Torres Ojeda, Ex Parte, 118 D.P.R. 469 (1987), se establece como norma “El derecho a la patria potestad es naturalmente inherente a los padres y un derecho fundamental de ambos, en el supuesto que estén casados; en cuanto al hijo extramatrimonial, corresponde a aquel que lo hubiese reconocido.  En rigor jurídico, la custodia es un atributo inherente a la patria potestad, a pesar de que en ocasiones el Código Civil y la jurisprudencia las tratan como figuras independientes.  La custodia es un componente de la patria potestad en cuanto ésta impone a los padres el deber primario de tener a sus hijos no emancipados en su compañía”.

En el caso Torres Ojeda, Ex Parte,  supra, el Tribunal Supremo expresó su posición respecto a los beneficios de la custodia compartida, cuando ésta resulta la mejor alternativa para el mejor bienestar del menor, al señalar: “…si el derrotero e intención legislativa es el mejor bienestar de los menores, no vemos fundamento válido alguno para que en la consecución de ese legítimo fin, la patria potestad y custodia no puedan ser compartidas por ambos cónyuges”.

Al emitir un voto particular en este caso, el entonces Juez Asociado, Hon. Federico Hernández Denton, señaló: “Del análisis anterior se desprende que en los casos de divorcio tienen ambos padres igualdad de derecho.  Teniendo ambos padres igualdad de derechos y deberes sobre sus hijos, se debe en lo posible mantener la continuidad de esas relaciones, aun cuando se rompa el vínculo matrimonial de los padres.  La custodia y patria potestad compartida tiene muchas ventajas en aquellos casos donde los padres expresan el deseo y tienen la capacidad para cumplir responsablemente sus obligaciones.  En primer lugar, evita las batallas largas, costosas y destructivas para obtener la custodia de los menores.  También amplía las oportunidades de los hijos al facilitarles la convivencia con sus padres y recibir el afecto  y la atención de ambos.  Esta a su vez facilita la continuidad y fortalecimiento de los vínculos afectivos que deben caracterizar una buena relación paterno o materno filial. Requiere que ambos entiendan que las decisiones sobre el bienestar de los menores deberán ser compartidas”.

Cónsono con lo anterior, y a la luz de estudios recientes sobre el tema de la custodia compartida, podemos concluir que ese esquema presenta los siguientes beneficios:

  •  Preserva la unidad familiar.  El setenta y seis (76) por ciento de los progenitores que inician un proceso de divorcio y gestionan la custodia compartida como medida inicial de custodia, finalmente no se divorcian, sino que se reconcilian.
  • Reduce la morosidad en el pago de pensiones alimentarias en un noventa (90) por ciento.
  • Reduce la relitigación de asuntos de custodia, una vez se da el divorcio de la pareja, a menos de la mitad.
  • Conlleva una relación altamente satisfactoria de los padres con los hijos en un noventa por ciento (90%) de los casos.  Esto compara, favorablemente, con los casos de custodia monoparental donde sólo el treinta y tres por ciento (33%) de los progenitores manifiesta tener una relación altamente satisfactoria con los hijos.
  • Reduce, considerablemente, los casos de abuso de menores.
  • Promueve mayor comunicación entre los progenitores luego de la separación, lo que lleva a acuerdos voluntarios que redundan en beneficio emocional tanto de los progenitores como de los hijos.

La presente medida tiene el propósito de proteger el bienestar de nuestra juventud y de nuestros niños y niñas, permitiéndoles a los menores no emancipados, el derecho a disfrutar de ambos progenitores en su vida, en el mayor grado posible, en la misma forma que se les garantiza a los niños que viven con ambos progenitores.  La misma contribuirá a que nuestros niños alcancen una vida plena, beneficiándose del derecho de vida que tienen de desarrollarse, criarse y ser amados por ambos seres que le dieron la vida.  Así, esta Asamblea Legislativa, contribuye a desarrollar niños y niñas en adultos íntegros para una mejor sociedad.

 

 DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

 

Artículo 1.-Título

Esta Ley Especial se conocerá como “Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia”.

Artículo 2.-Declaración de la Política Pública

La protección y garantía de los mejores intereses de los menores constituye la política pública oficial del Gobierno de Puerto Rico.  De conformidad con la misma, por la presente se dispone como política oficial del gobierno garantizar, en todos los casos de divorcio o  en procesos de custodia entre los miembros de una relación consensual, en la medida en que resulte posible, que los niños/as disfruten del derecho a alcanzar una vida plena con el beneficio de la participación activa y constante de sus progenitores en su desarrollo.

En un gran número de casos de  separación,  divorcio o de  disolución de una relación consensual  en los que se han procreado hijos, tanto el padre como la madre se encuentran aptos y disponibles para desempeñar responsablemente sus deberes y obligaciones  para con sus hijos.    En estos casos, el Estado debe promover que ambos progenitores compartan la custodia de sus hijos, a través de una integración responsable en el proceso de educación, crianza, disciplina y cuidado.  De esta manera, se evita que nuestros niños y niñas, por razón de la disolución de la relación de sus padres, se desarrollen en circunstancias menos ventajosas y beneficiosas.

El ejercicio de la paternidad y maternidad responsable no se puede limitar a unas relaciones filiales restringidas a fines de semanas alternos.  Más bien, su ejercicio implica participar activamente en el desarrollo de los menores y en la toma de decisiones sobre todos los asuntos relacionados a éstos. A su vez, este ejercicio conlleva demostrarle al hijo/a el amor genuino de un padre y una madre, brindándole compañía, supervisión y afecto, dedicándole tiempo; no a base de términos fijos, sino de  espacios suficientes para compartir en ocasión de enfermedad, tristezas, penas y alegrías, impartiéndole valores y participando de labores del quehacer diario, tales como: compra de ropa, visitas al médico, tiempo de estudio, de recreo, labores del hogar, actividades escolares y educativas.

Por lo tanto, se decreta que constituye política pública del Gobierno de Puerto Rico la promoción de la custodia compartida y corresponsabilidad sobre los hijos; la consideración de la misma como primera alternativa en los casos que se ajuste al mejor bienestar del menor; y el promover la participación activa de ambos progenitores en las actividades de los hijos, en el mayor grado posible.

Artículo 3.- Definición de Custodia Compartida

Para los propósitos de esta Ley, custodia compartida significa la obligación de ambos progenitores, padre y madre, de ejercer directa y totalmente todos los deberes y funciones que conlleva la crianza de los hijos, relacionándose con éstos el mayor tiempo posible y brindándoles la compañía y atención que se espera de un progenitor responsable.

La custodia compartida no requiere que un menor tenga que pernoctar por igual espacio de tiempo en la residencia de ambos progenitores.  No obstante, en el caso de que un menor solamente pernocte en el hogar de uno de los progenitores, se dará la custodia compartida si el otro progenitor se relaciona de forma amplia y en el mayor grado posible con el menor y desempeña, responsablemente, todas las funciones que como progenitor le competen y la patria potesdad le impone.  De ninguna manera se entenderá que la adjudicación de la custodia compartida significará la no imposición de una pensión alimentaria a favor de los menores. Tampoco significará, necesariamente, la disminución o aumento en la misma. La determinación correspondiente se hará caso a caso, dependiendo del arreglo de custodia compartida que se decrete y siempre a la luz de lo dispuesto en la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, conocida como “Ley para el Sustento de Menores”.

Artículo 4.- Consideración de la Custodia Compartida

En todos los casos de divorcio, separación o disolución de una relación consensual donde  estén involucrados menores de edad, la custodia compartida de los menores, aun contra la voluntad de alguno de los progenitores que interesa se le otorgue la custodia monoparental, se considerará si es beneficiosa a los mejores intereses del menor, salvo prueba en contrario y con excepción de los casos en que apliquen las exclusiones establecidas en el Artículo 9 de esta Ley.  Por lo tanto, los tribunales deberán evaluar y considerar  la custodia compartida sujeto a lo dispuesto en esta Ley.  El Juez se asegurará, previo a solicitud de parte, que se cumplan con los planes establecidos para  la custodia compartida.

Nada de lo contenido en este Artículo se entenderá como que conlleva que  es compulsorio fijar la custodia compartida por los Tribunales.  En los casos que se demuestre que alguno de los progenitores no se encuentra capacitado para ostentar la misma, los tribunales, actuando en beneficio de los mejores intereses de los menores, no la concederá.  No obstante, los tribunales deben estar atentos a cualquier  actuación frívola e infundada de alguno de los progenitores, dirigida a impedir que el otro progenitor disfrute de la custodia compartida, aun cuando se encuentre capacitado para ello.

Artículo 5.- Deber del Juez

En la vista judicial en los casos de divorcio, separación o disolución de una relación consensual donde esté involucrado un menor de edad,  el juez deberá:

1)    Asegurarse que los abogados de las respectivas partes los han orientado sobre los diferentes derechos, deberes y responsabilidades que conllevan las diferentes formas de custodia que por ley existen.

Artículo 6.- Acuerdos

Si las partes están de acuerdo en asumir la custodia compartida procederán a someter un acuerdo por escrito al Tribunal. En los casos en que las partes o una de ellas no tengan representación legal o aun teniendo no han podido acordar la forma y manera en que se establecerá la custodia compartida, se referirá a las partes al programa de mediación del Tribunal o a un Mediador/a certificado, de la práctica privada, con conocimientos de la conducta humana, para que ayuden a la pareja a preparar el convenio sobre custodia compartida, corresponsabilidad y patria potestad. En el caso de que ambos progenitores del menor estén de acuerdo con la custodia compartida, y suscriban un acuerdo a tales efectos,  el juez pasará juicio sobre el mismo y, de impartirle su aprobación, luego de ponderar, dentro de su discreción, que la misma es en los mejores intereses del menor, deberá seguir los procedimientos judiciales posteriores basado en dicho acuerdo.  Si el juez no está conforme con los términos del acuerdo, podrá disponer lo que entienda procedente para ajustarlo al mejor bienestar del menor.  No obstante, si una de las partes no está de acuerdo o desea la custodia monoparental del menor, el juez deberá continuar los procedimientos basado en lo establecido en los Artículos 6, 7, 8 y 9 de esta Ley.

Artículo 7.-Criterios a Considerarse en la Adjudicación de Custodia

Al considerarse una solicitud de custodia en la que surjan controversias entre los progenitores en cuanto a la misma, el tribunal referirá el caso al trabajador social de Relaciones de Familia, quien realizará una evaluación y rendirá un informe con recomendaciones al Tribunal.  Tanto el trabajador social, al hacer su evaluación, como el tribunal, al emitir su determinación, tomarán en consideración los siguientes criterios:

1) La salud mental de ambos progenitores, así como la del hijo(a) o hijos(as) cuya custodia se va a adjudicar.

2) El nivel de responsabilidad o integridad moral exhibido por cada uno de los progenitores y si ha habido un historial de violencia doméstica entre los integrantes del núcleo familiar.

3) La capacidad de cada progenitor para satisfacer las necesidades afectivas, económicas y morales del menor, tanto presentes como futuras.

4)  El historial de cada progenitor en la relación con sus hijos, tanto antes del divorcio, separación o disolución de la relación consensual, como después del mismo.

5) Las necesidades específicas de cada uno de los menores cuya custodia está en controversia.

6) La interrelación de cada menor, con sus progenitores, sus hermanos y demás miembros de la familia.

7) Que la decisión no sea producto de la irreflexión o coacción.

8) Si los progenitores poseen la capacidad, disponibilidad y firme propósito de asumir la responsabilidad de criar los hijos conjuntamente.

9) Los verdaderos motivos y objetivos por los cuales los progenitores han solicitado la patria potestad y custodia compartida.

10) Si la profesión, ocupación u oficio que realizan los progenitores impedirá que funcione el acuerdo efectivamente.

11) Si la ubicación y distancia de ambos hogares perjudica la educación del menor.

12) La comunicación que existe entre los progenitores y la capacidad para comunicarse mediante comunicación directa o utilizando mecanismos alternos.

13) Cualquier otro criterio válido o pertinente que pueda considerarse para garantizar el mejor bienestar del menor.

 

Artículo 8.-Recomendación de Custodia del Trabajador Social y la Determinación del Tribunal

La recomendación sobre custodia del trabajador social, así como la determinación sobre custodia del Tribunal tendrán como propósito garantizar el mejor bienestar del menor.  El análisis debe considerar la custodia compartida como primera opción, siempre que ello represente el mejor bienestar del menor.  De ello no ser así, el trabajador social y el Tribunal, cuando corresponda, hará la determinación que entienda más beneficiosa para el menor.

Las recomendaciones sobre custodia que emitan los trabajadores sociales, será uno de los factores a considerar por el Tribunal para hacer la determinación, pero no será el único.  El Tribunal emitirá la correspondiente determinación de custodia tomando en consideración lo dispuesto en esta Ley.

No obstante lo anterior, el Tribunal siempre tendrá discreción judicial para la determinación y adjudicación de custodia, protegiendo siempre los mejores intereses y el bienestar de los menores a la luz de todas las circunstancias existentes.

Artículo 9.-La Custodia Compartida no será considerada como Beneficiosa y Favorable para los Mejores Intereses de los Menores de Edad en los siguientes casos:

1) Cuando uno de los progenitores manifiesta que no le interesa tener la custodia  de los menores, a base de un plan de custodia compartida. Se entenderá que la renuncia es a favor del otro progenitor.

2) Si uno de los progenitores sufre de una incapacidad o deficiencia mental, según determinada por un profesional de la salud, y la misma es de naturaleza irreversible y de tal magnitud que le impide atender adecuadamente a los hijos/as y garantizar la seguridad e integridad física, mental, emocional y/o sexual de éstos.

3) Cuando  los actos u omisiones  de uno de los progenitores  resulte perjudicial a los hijos o constituya un patrón de ejemplos corruptores.

4) Cuando uno de los progenitores o  su cónyuge o compañero o compañera consensual haya sido convicto por actos constitutivos de maltrato de menores.

5) Cuando uno de los progenitores se encuentre confinado en una institución carcelaria.

6) Cuando uno de los progenitores ha sido convicto por actos constitutivos de violencia doméstica, según lo dispuesto en la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada.

7) Situaciones donde el padre o la madre haya cometido abuso sexual, o cualquiera de los delitos sexuales, según tipificados en el  Código Penal de Puerto Rico, hacia algún menor.

8) Cuando uno de los progenitores o su cónyuge o compañero o compañera consensual, si hubiera, sea adicto a drogas ilegales o alcohol.

Si tras conceder la custodia compartida uno de los progenitores, temeraria, arbitraria e injustamente se negare a aceptar dicha decisión, y realizare actos para entorpecer la relación del otro progenitor con los menores, el Tribunal podrá alterar el decreto y otorgarle la custodia al otro progenitor.

Artículo 10.-La Determinación de un Tribunal sobre Custodia de Menores no constituye Cosa Juzgada

La determinación de un Tribunal sobre custodia de menores, no constituirá cosa juzgada.  Cuando uno de los progenitores de un menor de edad entienda que deben darse cambios en la relación de custodia del otro progenitor existente con sus hijos para garantizar el mejor bienestar de éstos, podrá recurrir al Tribunal y presentar una solicitud a dichos efectos.  En la solicitud, el progenitor deberá expresar las razones sobre las cuales fundamenta la misma. El procedimiento para revisar una determinación previa al Tribunal, será similar al que se fija en los Artículos 4, 6, 7 y 8 de la presente Ley.

Artículo 11.- Se enmienda el Artículo 98 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado, para que lea como sigue:

“Artículo 98. Custodia Provisional de los Hijos

Si hubiese hijos del matrimonio cuyo cuidado provisional pidieran ambos cónyuges, en juicio de divorcio, el Tribunal citará a las partes, bajo apercibimiento de desacato, para una vista urgente y recibirá la prueba testifical y documental que tengan a bien presentarAl evaluar el caso, considerará la custodia compartida provisional, siempre que ello se ajuste al mejor bienestar del menor.  De no ser ése el caso, tomará la decisión que entienda procedente a base de la prueba presentada y sujeto siempre al estándar mencionado, mientras el juicio del divorcio se sustancie y decida. En adición a lo anterior, el Tribunal podrá tomar cualquier medida que sea necesaria para adjudicar la custodia en bienestar de los menores.”

Artículo 12.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.