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C.E.S. U.P.R. v. Gobernador 137 D.P.R. 83 (1994)

Consejo de Educación Superior de la Universidad de Puerto Rico y otros, demandantes y apelantes,
v.
Hon. Pedro J. Rosselló González, Gobernador de Puerto Rico, demandado y apelado.
Número: AC-93-426

En El Tribunal Supremo De Puerto Rico.
Resuelto: 23 de septiembre de 1994
Sept. 23, 1996.

Sentencia de Gilberto Gierbolini, J. (San Juan), que declara no ha lugar la demanda presentada en este caso. Confirmada.
Lino J. Saldaña, de Saldaña, Rey & Alvarado, abogado de los apelantes; Pedro A. Delgado Hernández, Procurador General, Daniel R. Domínguez, Jorge C. Pizarro y Marie E. López Adames, de Domínguez y Totti, abogados del apelado; Rafael L. Martínez Torres y Carlos Santiago Tavarez, abogados del Consejo de Educación Superior creado en 1993, interventor; Rubén T. Nigaglioni, Jorge A. Antongiorgi y Julio Nigaglioni Arrache, de Ledesma, Palou & Miranda, abogados de la Universidad de Puerto Rico, interventora; José E. de la Cruz Skerrett, abogado de la Asociación de Colegios y Universidades Privadas, amicus curiae.

SENTENCIA

El Consejo de Educación Superior de la Universidad de Puerto Rico, creado por la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966 (18 L.P.R.A. sec. 601 et seq.), y algunos de sus miembros solicitan que revisemos la sentencia del Tribunal Superior que declaró sin lugar su demanda que impugna la constitucionalidad de la Ley Núm. 12 de 7 de junio de 1993 (18 L.P.R.A. sec. 621c) y de las Leyes Núms. 16 y 17 de 16 de junio de 1993 (18 L.P.R.A. sec. 602 y 18 L.P.R.A. secs. 852852 l y 2101, respectivamente). Estos estatutos eliminaron*84 dicho cuerpo y crearon otros dos (2): un nuevo Consejo de Educación Superior, con la única función de acreditar a instituciones privadas de educación superior, y otro, la Junta de Síndicos para gobernar la universidad, función que —junto a la acreditación— antes le correspondía al Consejo creado por la legislación de 1966. Confirmamos la sentencia recurrida.

I

Al aprobarse la legislación citada, los miembros del Consejo de Educación Superior instaron una acción contra el Hon. Pedro J. Rosselló, Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante Gobernador). Alegaron que las leyes eran inconstitucionales porque violan la libertad académica y la autonomía de la Universidad de Puerto Rico —las cuales, alegadamente, fluyen del derecho constitucional a la libertad de expresión— y les privan de su libertad y propiedad sin el debido proceso de ley.

El Tribunal Superior resolvió que el Consejo carecía de legitimación activa para demandar; que la autonomía universitaria no tenía rango constitucional; que la libertad académica bajo la Primera Enmienda a la Constitución federal no amparaba a los miembros del Consejo en su reclamo, y que no se les privó de un interés propietario a los fines de la cláusula constitucional de debido proceso.

Inconformes, los miembros del Consejo apelaron dicho dictamen ante este Tribunal. Acogimos la apelación y autorizamos a todas las entidades interesadas en participar en este proceso apelativo a que sometieran sus posiciones por escrito.

II

Procede la confirmación del resultado dispuesto por la sentencia recurrida. Aunque la Universidad de Puerto Rico *85 tiene un derecho constitucional de libertad académica institucional, y así lo reconocen todas las partes en este caso, la mera creaci ón de una Junta de Síndicos y la separación de las funciones de acreditación de instituciones privadas de educación superior y de gobierno de la Universidad de Puerto Rico, de por sí, no infringen este derecho. Además, un análisis cuidadoso de los autos revela que no se alegó ni demostró que, al aprobar esta legislación, se vulneraron los derechos constitucionales de los apelantes ni de la institución.

NOTA1 Tanto en su contestaci ón a la demanda como en su alegato ante nos, el Gobernador aceptó y reconoce que este derecho constitucional protege a la Universidad de Puerto Rico contra “intervenciones indebidas del Estado”. Véanse: Contestación a la demanda, pár. 19; Alegato del demandado, pág. 29.

En estas circunstancias, confirmamos la sentencia apelada.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la señora Subsecretaria General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió una opinión concurrente. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opinión concurrente. El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió una opinión concurrente, a la cual se unieron el Juez Presidente Señor Andréu García y la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso emitió una opinión disidente, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri emitió un voto particular.

( Fdo.) Carmen E. Cruz Rivera

Subsecretaria General*86

–O–

Opinión concurrente del Juez Asociado Señor Negrón García.
La sentencia mayoritaria recoge hoy, de forma escueta, la esencia de nuestro voto disidente de 24 de septiembre de 1993 y llega al mismo resultado. Revisitémosla.
Merece recordarse que
“… en recta juridicidad, dif ícilmente en este caso puede sostenerse un decreto de inconstitucionalidad fundamentado en loas a la autonomía universitaria y libertad de cátedra, corolarios del derecho de expresión y asociación. No podemos tomar la autonomía universitaria y la libertad académica dogmáticamente, como artículos de fe, ni sobrecargarlos conceptualmente con una densidad jurídica doctrinal que no poseen. Hacerlo desbordaría el ámbito de revisión judicial. Autonomía universitaria no significa una isla institucional al margen de los otros poderes del Gobierno.
En buena metodología apelativa-adjudicativa, la determinación inicial de la existencia o no de una cuestión constitucional sustancial depende de que se demuestre que tal reclamo aduzca hechos que razonablemente permitan concluir que efectivamente se han infringido intereses constitucionales protegidos y susceptibles de un remedio judicial. Sólo entonces cabe evaluar si tales intereses son sustanciales y si hay ausencia de justificación razonable que avale las acciones del Estado. Hemos dicho, al respecto, que “no existe tal cuestión [constitucional sustancial] si un examen del planteamiento invocado refleja la presencia de un error, que tiende a involucrar un argumento constitucional inexistente”. (Énfasis suplido.) Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 720 (1980). Véase, además, Calderón, Rosa-Silva & Vargas v. García, 120 D.P.R. 803, 809812 (1988).
Ciertamente —no es objeto de argumentación seria— que la Legislatura actuó, dentro del ámbito de su autoridad, en la aprobación de estas leyes al crear la Junta de Síndicos de la U.P.R. como un nuevo departamento ejecutivo y modificar las funciones de otro (el Consejo). Tal facultad le fue conferida expresamente en nuestra Constitución[.] *87
No se ha aportado evidencia suficiente para poner a este Tribunal en la posición de cuestionar la legitimidad de los propósitos de esta legislación. Todo lo contrario, según el ilustrado foro de instancia sentenció, obran en autos numerosas comunicaciones y ponencias —de la Asociación de Colegios y Universidades Privadas en Puerto Rico, de la Comisión de Educación de la Middle States Association, e, incluso, del entonces Presidente del Consejo, doctor Padró Yumet— expositivas del conflicto de interés aludido. En la Asamblea Legislativa del cuatrienio pasado (19881992), se presentaron dos (2) proyectos para deslindar ambas funciones.
Más aún, en el plano de la campaña electoral, los candidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático (P.P.D.) y el Partido Nuevo Progresista (P.N.P.) prometieron que el Consejo cesaría de licenciar programas universitarios privados.
Aun así, los peticionarios Awilda Aponte Roque et al., aducen un discrimen político apuntalado en que, a raíz de las elecciones, el Gobernador electo doctor Rosselló González conminó a todos los miembros del Consejo, Presidente U.P.R., rectores y decanos a que renunciaran, y que se crearía una nueva Junta de Síndicos para regir los destinos universitarios.
La naturaleza de nuestra función revisora de la Constitución impide, ante una declaración clara y legítima de propósitos de la Asamblea Legislativa — apoyado por un amplio historial legislativo— que emprendamos a destiempo, con una lámpara vacía de quinqué, una búsqueda de motivos obscuros o escondidos fundados en tales aseveraciones.(5) Nuevamente, parece olvidado que la “ política pública y la intención legislativa se investigan en los trámites, debates, informes y finalmente en los textos culminantes de los estatutos ”. (Énfasis suplido.) Pueblo v. González Malavé, 116 D.P.R. 578, 586 (1985).
IV

Ni el reclamo de autonomía universitaria ni tampoco la libertad de cátedra están lesionados en este caso o respaldados por una prueba que justifique la intervención de este Tribunal. Un análisis de las facultades conferidas a la nueva Junta de Sindicos de la U.P.R. no revela amenazas nuevas, per se, a la auto-
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(5) García Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 122 D.P.R. 193 (1988); Kassel v. Consolidated Freighways Corp., 450 U.S. 1, 662 (1981); Weinberger v. Weinsenfeld, 420 U.S. 636, 648 esc. 16 (1975); Chevron U.S.A. v. Natural Res. Def. Council, 467 U.S. 837 (1984). *88 nomía universitaria, pues simplemente las facultades que tenía el Consejo han sido transferidas a esa Junta. Si algo reflejan los autos, es que estamos ante un planteamiento prematuro y conceptual, que la mayoría del Tribunal no debe adjudicar a destiempo. Hacerlo es enterrar de un plumazo las normas de abstención hace unos días reconocidas: “[e]ste Tribunal tiene el deber, reiterado y cumplido en repetidas ocasiones, de no decidir a destiempo cuestiones constitucionales y así evitar pronunciamientos de índole consultiva, sin proporción a los hechos. Véanse, e.q.: Hernández Agosto v. Betancourt, 118 D.P.R. 79, 8687 (1986); Molina v. C.R.U.V., 114 D.P.R. 295, 297 (1983); Cerame-Vivas v. Secretario de Salud, 99 D.P.R. 45, 51 (1970); Esso Standard Oil v. A.P.P.R., 95 D.P.R. 772, 783 (1968).” (Énfasis suplido y en el original.) Caquías v. Asoc. Res. Mansiones Río Piedras, 134 D.P.R. 181, 188 (1993).
Por otro lado, la composición de la nueva Junta de Síndicos de la U.P.R. tampoco presenta, de su faz, defectos constitucionales o infracción a la libertad de cátedra. Se argumenta el hecho de que los nombramientos del Consejo se hacen de forma escalonada para impedir que éste se encuentre a merced de los cambios de gobierno. Es un dato histórico, de fácil comprobación, que la Ley Núm. 135 de 1942 (18 L.P.R.A. secs. 631636 y 638658) la cual creó el Consejo Superior de Enseñanza, y la Ley Núm. 1, supra, la cual derogó a aquél y estableció el Consejo, aumentaron su composición, lo cual unido a las vacantes existentes siempre han permitido que los gobernadores incumbentes pudieran nombrar personas de su predilección. Obviamente, el elemento político partidista estuvo presente en ese proceso de selección y viabilizó un control institucional. Ante esta realidad, más allá del papel legal, ¿cómo pueden entonces los peticionarios Awilda Aponte Roque et al., argumentar que la fórmula de escalonamiento en los términos de la Ley Núm. 1, supra, “dio plena vigencia a los postulados de autonomía y libertad académica’D’?
Naturalmente, los puestos creados por la nueva ley son inicialmente ocupados por las personas que nombre el Gobernador.(6) Ello no la invalida, pues es incidental a su aprobación. No crea una situación distinta a las leyes antecesoras del Consejo, ni se aparta a lo que de ordinario ocurre al
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(6) Excepto el representante estudiantil y los dos (2) profesores.crearse*89 o ampliarse nuevas juntas o departamentos ejecutivos. Además, luego de estos primeros nombramientos, la ley reproduce la fórmula de que los subsiguientes se harán en forma escalonada. Si antes fue bueno y constitucional, ¿por qué ahora no lo es?
Este enfoque no es ad hoc. No puede divorciarse el clima universitario — libertad de asociación y expresión, esto es, los derechos civiles de los educadores, profesores y estudiantes— de los poderes de la Asamblea Legislativa. “Este es un asunto que corresponde atender a la Asamblea Legislativa, en cumplimiento de los mandatos constitucionales, para marcar los límites de la reglamentación intrauniversitaria. No se trata de una cuestión que corresponda exclusivamente a la autonomía de la Universidad.” (Énfasis suplido.) Informe Especial Sobre la Libertad Académica en la U.P.R., Comisión de Derechos Civiles, Lino J. Saldaña, Presidente, 15 de marzo de 1967, pág. 22.
Finalmente, se alega que la promulgación de estas medidas ha tenido el efecto de destituir ilegalmente a los miembros del Consejo. El argumento adolece del mismo defecto. ¿En qué consiste la destitución aludida? Ellos continúan siendo miembros del Consejo, no se han alterado las dietas que perciben ni el término por el cual fueron nombrados; sólo se han modificado algunas de sus funciones. Antes estaban a cargo de la acreditación y corrección de las licencias a Instituciones Privadas de Educación Superior y administrar la U.P.R. Las nuevas leyes le asignan sólo la primera de estas dos (2) funciones.
Curiosamente, los propios peticionarios, Awilda Aponte Roque et al., implícitamente aceptan la facultad legislativa para efectuar estos cambios al argumentar, como alternativas menos drásticas, “ aumentar el número de miembros del Consejo para dar representación a estudiantes —y profesores— y delegar en un nuevo cuerpo las funciones de supervisar las instituciones privadas”. (Énfasis suplido.) Moción en auxilio de jurisdicción, pág. 12. Esa argumentación derrota su tesis central. Si en lugar de separar las funciones, la Ley Núm. 16, supra, hubiese duplicado el número de miembros del Consejo — propiciando así una mayoría de nombramientos por el actual Poder Ejecutivo— ¿ sería inconstitucional? Obviamente no. ¿Podemos entonces, en abstracto, forzar nuestra intervención para variar o anular el esquema legislativo? ¿ Bajo qué misteriosa lógica la mayoría pretende sostener que los actuales concejales — nombrados por la anterior administración— están más capacitados e investidos de un don privilegiado para garantizar y velar la autonomía universitaria y la libertad académica? *90
V

Teóricamente, a través de las facultades de la Junta de Síndicos de la U.P.R. — al igual que las anteriores que tenía el Consejo—, puede interferirse indebidamente con las áreas relacionadas con quién habrá de enseñar, qué se enseñará, cómo se enseñará y quién ha de ser admitido a estudiar en la U.P.R. Sin embargo, repetimos, sólo podemos enfrentarnos a situaciones concretas y reales. De ello ocurrir, sin duda, como en el pasado procederíamos a vindicar inmediatamente los derechos constitucionales de todos los afectados. García Cabán v. U.P.R., supra.
En ausencia de reclamo específico de un menoscabo real a los derechos constitucionales sustanciales, hemos de superar la tentación de atender y entender cuestiones hipotéticas, abstractas o contingentes. Ello equivaldría a emitir una opinión consultiva. R. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, 1ra ed., San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1986, Vol. I, págs. 116119. Nos convertiría en un super gobierno usurpando funciones que no nos competen.
En resumen, según enjuició el reputado tribunal de instancia, los peticionarios Awilda Aponte Roque et al., como “miembros del CES desean continuar como hasta el presente o en la alternativa que se adopte la idea que otras personas han propuesto. Al día de hoy existe un enfoque distinto por el nuevo gobierno en funciones. No corresponde a este Tribunal entrar a la arena política para dirimir si tal o cual programa del nuevo gobierno es sabio o no. Ello es prerrogativa de las ramas políticas de nuestro gobierno (Ejecutiva y Legislativa)”. Sentencia, pág. 27.
Ese deseo de los peticionarios Awilda Aponte Roque et al., no es suficiente. Ciertamente no hay interconexión o ligazón de causa o efecto en sus planteamientos. Así aclarado, en el fondo, sólo estamos ante una tesis de origen político-partidista no susceptible de ser configurada como lesión constitucional legítima, que pretende únicamente controlar las estructuras prevalecientes y perpetuar incumbentes nombrados por una administración de un partido (Partido Popular Democrático) que perdió las elecciones. C.E.S. v. Gobernador I, 134 D.P.R. 350, 355363 (1993).
Sinceramente, ¿planteaba esta apelación una cuestión constitucional sustancial?*91
–O–

Opinión concurrente emitida por el Juez Asociado Señor Rebollo López.
Hace aproximadamente un (1) año —específicamente, el 24 de septiembre de 1993— al disentir de la acción de una mayoría de los integrantes del Tribunal de “acoger” el recurso de apelación que ante este Foro radicara la parte demandante apelante, expresamos, entre otras cosas, que el recurso de apelación radicado era claramente inmeritorio al cual no se le debía dar curso y que la acción mayoritaria, de así hacerlo,
“… pone en grave riesgo, durante el tiempo que le tome a este Tribunal resolver el recurso, el buen funcionamiento, y estabilidad, de la única institución pública universitaria de nuestro País; ello con el consabido perjuicio a nuestra juventud. (Énfasis suprimido.) C.E.S. v. Gobernador I, 134 D.P.R. 350, 364 (1993), voto disidente.
Durante los pasados doce (12) meses, término durante el cual los integrantes de este Tribunal han estado, innecesariamente, discutiendo qué hacer con esta inmeritoria apelación, la Universidad de Puerto Rico ha sufrido graves perjuicios. Tomamos conocimiento judicial de reportajes que se han publicado en los distintos rotativos de nuestra Isla, en los cuales varios funcionarios universitarios han expuesto los perjuicios sufridos por la principal institución universitaria del País como consecuencia de la pendencia del presente recurso de apelación; perjuicios que la Universidad nunca ha debido sufrir.
En el día de hoy, el recurso de apelación radicado —originalmente acogido por la mayoría supuestamente debido al hecho, conforme surge de la resolución mayoritaria entonces emitida, de que el mismo planteaba “una cuestión constitucional sustancial y novedosa —de vital importancia pública—” ( C.E.S. v. Gobernador I, supra, pág. 351)— *92 es despachado por el Tribunal mediante la emisión de una escueta sentencia; ponencia en la cual se hace constar, como si se hubiera descubierto por primera vez a América, que
“… la mera creaci ón de una Junta de Síndicos y la separación de las funciones de acreditación de instituciones privadas de educación superior y de gobierno de la Universidad de Puerto Rico, de por sí, no infringen [el] derecho [de libertad académica]. Además, un análisis cuidadoso de los autos revela que no se alegó ni demostró que, al aprobar esta legislación, se vulneraron los derechos constitucionales de los apelantes ni de la institución. Sentencia, pág. 86.
Eso, dicho con el mayor respeto, lo sabíamos — o lo debía haber sabido la mayoría— hace un (1) año. Esto es, nunca existió la necesidad de expedir el recurso radicado y de poner en riesgo y peligro no sólo la salud fiscal de la Universidad de Puerto Rico, sino que hasta la existencia misma de dicha institución universitaria.
I

En relación con ello, resultan pertinentes y atinadas las breves expresiones que hiciéramos el 24 de septiembre de 1993, respecto a los alegados “méritos’D’ del recurso radicado, al disentir de la acción mayoritaria de acoger el recurso de apelación radicado. Expresamos, entonces, que:
“El recurso radicado es obviamente inmeritorio. Resulta palpablemente claro que una “criatura” del Estado, como lo es el Consejo Superior de Enseñanza (en adelante C.E.S.), no tiene “legitimación activa”, como institución, para impugnar la validez constitucional, frente al Estado “su creador”, de las Leyes Núm. 12 de 7 de junio de 1993 (18 L.P.R.A. sec. 621c) y la Núm. 16 de 16 de junio del mismo año (18 L.P.R.A. sec. 602). La jurisprudencia federal y estatal citada por el C.E.S., en apoyo de su contención de que sí posee legitimación activa, es completamente distinguible e inaplicable.
Por otro lado, y ya específicamente en cuanto a los integrantes del referido Consejo en su capacidad individual, resulta igualmente*93 obvio que, a pesar de que éstos podrían tener legitimación activa para radicar el pleito, los derechos constitucionales de los referidos funcionarios no son afectados en forma alguna por la legislación en controversia. Dicha legislación lo que, meramente, hace es transferir una (1) de las dos (2) funciones que hasta ahora había venido desempeñando el C.E.S. a la nueva Junta de Síndicos de la Universidad; acción por la que habían venido clamando muchos educadores en Puerto Rico. El hecho de que los miembros del C.E.S. prefieran desempeñar la función que fuera transferida a la nueva Junta no hace que la legislación sea inconstitucional. Ello es una determinación de política pública, la que tiene derecho a hacer la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, que está fuera del ámbito de la revisión judicial. Nuevamente, la jurisprudencia que citan los apelantes en apoyo de su posición, es claramente distinguible e inaplicable.
Por último —y aun asumiendo a los fines de la argumentación que los apelantes, en su capacidad individual, efectivamente tienen “legitimación activa” para radicar el presente pleito— tenemos que un examen objetivo y desapasionado de las leyes en controversia revela que las mismas, de su faz, no afectan en forma alguna ni la libertad de cátedra, ni el derecho a la libre expresión, ni ningún otro derecho constitucional, que nuestra Constitución le pueda garantizar a los miembros de la comunidad universitaria. Por otro lado, la prueba señalada en la demanda radicada por la representación legal de los apelantes —con la que, alegadamente, éstos pueden demostrar que la aprobación de las mencionadas leyes obedeció, de manera principal, a motivaciones políticas partidistas— es palpablemente insuficiente en derecho, aun cuando, como hizo el foro de instancia, se admitiera su certeza. Dicha prueba, únicamente, puede ser considerada suficiente en derecho para demostrar ese hecho por una mente interesada o prejuiciada.
En resumen, nos enfrentamos a una actuación legislativa legítima que es completamente constitucional y de sencilla interpretación, entendimiento y comprensión; lo cual hace que sea verdaderamente difícil de entender la acción tomada en el día de hoy por una mayoría de los integrantes del Tribunal. La determinación del Tribunal de darle curso a una apelación claramente inmeritoria tendrá la lamentable consecuencia de — no importa cuál sea la decisión que finalmente emita el Tribunal en relación con la misma—causar una grave incertidumbre e inestabilidad en la Universidad de Puerto Rico …. (Énfasis suplido y en el original.) C.E.S. v. Gobernador I, ante, págs. 364–366.
La conclusión a los efectos de que el recurso era, y es, claramente inmeritorio la sabíamos, repetimos, desde el 24 *94 de septiembre de 1993; conclusión avalada por los fundamentos jurídicos que, entonces, expresamos, los cuales son, hoy, igualmente correctos y enteramente aplicables. Cabe preguntarse por qué le tomó un (1) año a la mayoría de los integrantes del Tribunal realizar este hecho. ¿Acaso no podía llevarse a cabo —hace un (1) año y antes de tomarse la decisión mayoritaria de expedir el recurso— “un análisis cuidadoso de los autos” con el propósito de que se pudiera determinar, en ese momento, si el recurso era uno meritorio o no? Sobre los hombros de estos Jueces descansa la responsabilidad de los perjuicios sufridos por la Universidad de Puerto Rico durante ese período de tiempo.
II

Por último resulta, cuando menos, curioso cómo es que el Tribunal llega a confirmar la sentencia del foro de instancia, la cual determinó que la Ley Núm. 12 de 7 de junio de 1993 (18 L.P.R.A. sec. 621c) y las Leyes Núms. 16 y 17 de 16 de junio de 1993 (18 L.P.R.A. sec. 602 y 18 L.P.R.A. secs. 852858 l y 2101, respectivamente) no adolecen de defecto constitucional alguno. Decimos lo anterior debido al hecho de que una lectura de la opinión concurrente del Juez Asociado Señor Hernández Denton demuestra que ésta no se diferencia mucho de la opinión disidente emitida por el Juez Asociado Señor Alonso Alonso.
De hecho, y como surge de las páginas primera y segunda de la opinión disidente publicada, el Juez Asociado Señor Alonso Alonso coincide y se une “a las expresiones hechas en las partes I, III, IV y V de la Opinión concurrente” del Juez Asociado Señor Hernández Denton y está conforme “con las partes VIII, IX, X y XI de” la mencionada opinión concurrente del referido Juez; expresiones y fundamentos que, no debemos olvidar, suscriben cinco (5) de los integrantes del Tribunal.
Se puede decir —sin temor a equivocarse— que en lo *95 único sustancial que difieren estas dos (2) ponencias lo es respecto al criterio, y resultado, de constitucionalidad, o inconstitucionalidad, de la legislación en controversia. Ello así ya que los fundamentos principales que ambos Jueces aducen, en apoyo de los resultados distintos a los que llegan, son prácticamente idénticos.
“En guerra avisada”, expresa el refrán popular, “no muere gente”. A nuestra manera de ver las cosas, es bien significativo que estos cinco (5) integrantes del Tribunal, no obstante no poderse poner de acuerdo sobre el resultado, sí han coincidido respecto a una filosofía judicial común, referente la misma a la cuestión universitaria. Dicha actuación debe constituir suficiente aviso para el “buen entendedor”; esto es, la referida filosofía judicial con toda probabilidad servirá de base a decisiones futuras de este Tribunal, referentes a actuaciones posteriores del Estado y/o de la Junta de Síndicos, relacionadas con el funcionamiento y administración de los asuntos de la Universidad de Puerto Rico. El tiempo lo dirá.
–O–

Opinión concurrente del Juez Asociado Señor Hernández Denton, a la cual se unen el Juez Presidente Señor Andréu García y la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.
El Consejo de Educación Superior de la Universidad de Puerto Rico, creado por la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966 (18 L.P.R.A. sec. 601 et seq.), y algunos de sus miembros solicitan que revisemos la sentencia del Tribunal Superior que declaró sin lugar su demanda, que impugnaba la constitucionalidad de las Leyes Núm. 12 de 7 de junio de 1993 (18 L.P.R.A. sec. 621c) y Núms. 16 y 17 de 16 de junio de 1993 (18 L.P.R.A. sec. 602 y 18 L.P.R.A. secs. 852852 l y 2101, respectivamente). Estos estatutos eliminaron dicho *96 cuerpo y crearon otros dos (2): un nuevo Consejo de Educación Superior con la única función de acreditar instituciones privadas de educación superior, y otro, la Junta de Síndicos para gobernar la Universidad, función que —junto a la de acreditar— antes le correspondía al Consejo creado por la legislación de 1966.
Al evaluar la controversia del caso de marras, partimos de la premisa de que la Universidad de Puerto Rico tiene funciones únicas en nuestra vida democrática: conservar y transmitir nuestra herencia cultural y académica; esclarecer y analizar la realidad del país; propiciar el diálogo creativo, y transmitir y respetar los valores básicos de la civilización, particularmente los derechos humanos. También partimos de la premisa de que la misión de la Universidad —en nuestra sociedad— requiere que el claustro disfrute de una libertad académica amplia para pensar, enseñar, investigar y expresarse libremente.
Preocupados por la alegación de los miembros del Consejo de que la actuación de las ramas políticas del Estado viola la libertad académica de la Universidad de Puerto Rico al cambiar mediante legislación las funciones del Consejo, votamos para expedir el recurso y evaluar, con cuidado, los señalamientos de los peticionarios y de todas las entidades interesadas.
Por la importancia que tiene la Universidad de Puerto Rico en nuestro sistema educativo y en el país, y en vista de que era la primera vez que se invocaban los principios de libertad académica y autonomía universitaria para cuestionar los profundos cambios introducidos en la administración universitaria por las leyes impugnadas, consideramos que esta Curia tenía la obligación de examinar la constitucionalidad de las Leyes Núms. 12, 16 y 17 de 1993, supra.
Después de examinar con cuidado los distintos escritos que fueron sometidos por todos los protagonistas de este conflicto, estamos de acuerdo con la sentencia emitida por *97 el Tribunal por entender que los peticionarios no alegaron ni probaron que, mediante la legislación impugnada, el Gobernador intervino directa o indirectamente con los asuntos académicos universitarios medulares.
No obstante, por entender que el asunto traído ante nos por los miembros del Consejo nos ofrece una oportunidad histórica para pronunciarnos sobre el derecho de libertad académica y el alcance de su protección sobre las instituciones universitarias, suscribimos esta opinión concurrente.
I

La Ley de la Universidad de Puerto Rico de 1966 (en adelante Ley Universitaria), Ley Núm. 1, supra, creó un Consejo de Educación Superior (en adelante Consejo) con la responsabilidad de gobernar la Universidad de Puerto Rico. A la misma vez, a este organismo se le delegó el poder para licenciar y acreditar las instituciones privadas de educación superior en Puerto Rico. Los miembros de dicho Consejo eran nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado.

NOTA1 Cuando hablemos de la Ley de la Universidad de Puerto Rico (en adelante Ley Universitaria), Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966 (18 L.P.R.A. sec. 601 et seq.), sin más descripción, estaremos haciendo referencia a dicha ley según estaba antes de ser enmendada por las estatutos impugnados.

A raíz del cambio de gobierno y la instalación del Gobernador del Estado Libre Asociado, Hon. Pedro J. Rosselló, el año pasado se aprobaron tres (3) leyes que cambiaron este esquema: la Ley Núm. 12, supra, y las Leyes Núms. 16 y 17, supra (en adelante Ley Núm. 16 y Ley Núm. 17). Dicha legislación separó las funciones de acreditación y gobierno universitario, de modo que no fuera un solo organismo quien las desempeñara. Para lograr ese objetivo, se *98 eliminó el Consejo y, en su lugar, se creó un nuevo organismo llamado también “Consejo de Educación Superior”, y una Junta de Síndicos. Se le asignó la labor de acreditación al nuevo Consejo y la de gobierno universitario a la Junta.

NOTA2 Esta legislaci ón dejó prácticamente inalterada la Ley Universitaria en cuanto a asuntos no relacionados a la existencia y composición del cuerpo rector de la Universidad.

La legislación reciente dispone que los miembros del Consejo pasarían a formar parte del nuevo Consejo hasta la expiración de sus términos originales. A su vez, se dispuso que diez (10) de los trece (13) miembros de la Junta de Síndicos serían nombrados por el Gobernador actual con el consejo y consentimiento del Senado. Los otros tres (3) puestos corresponden a un (1) estudiante y dos (2) profesores, los cuales se escogerían mediante otros mecanismos.
Los miembros del Consejo incoaron una acción contra el Hon. Pedro J. Rosselló, Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante Gobernador). Alegaron que las leyes eran inconstitucionales por violar la libertad académica y la autonomía de la Universidad de Puerto Rico —que fluyen, alegadamente, del derecho constitucional a la libertad de expresión—y por privarlos de su libertad y propiedad sin el debido proceso de ley. Art. II, Secs. 4 y 7 de la Carta de Derechos, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; Enmdas. I, V y XIV, Const. E.E. U.U., L.P.R.A., Tomo 1.
El Tribunal Superior resolvió que el Consejo carecía de legitimación activa para demandar; que la autonomía universitaria no era de rango constitucional; que la libertad académica bajo la Primera Enmienda a la Constitución federal, supra, no amparaba a los miembros del Consejo en su reclamo, y que no se les privó de un interés propietario a los fines de la cláusula constitucional de debido proceso.
Inconformes, los miembros del Consejo apelaron dicho dictamen ante este Tribunal. Esbozan que erró el tribunal de instancia en todo lo que resolvió, al añadir, además, que las leyes impugnadas son inconstitucionales por establecer un despido ilegal motivado por discrimen político-partidista. Por su parte, el Gobernador niega que las leyes *99 sean inconstitucionales y, además, plantea la falta de capacidad del Consejo para demandar, así como la naturaleza no justiciable de la controversia por falta de legitimación activa de los miembros del cuerpo, de academicidad y de cuestión política.
En vista de que las cuestiones constitucionales planteadas en la apelación no habían sido resueltas por esta Curia, acogimos el recurso. Por la importancia de la controversia del caso, el Tribunal acordó darle atención prioritaria. Durante la etapa apelativa autorizamos la intervención de la Universidad de Puerto Rico y del recién creado “Consejo de Educación Superior”, así como la comparecencia de la Asociación de Colegios y Universidades Privadas Inc. de P.R. (A.C.U.P.) como amicus curiae.
II

Capacidad del Consejo para demandar

El Consejo comparece como demandante en este pleito “en representación de la Universidad”. El Consejo alega que está capacitado y autorizado para invocar a su favor los derechos de la Universidad de Puerto Rico y solicitar que, al amparo de éstos, se declaren inconstitucionales los estatutos que lo eliminaron como cuerpo rector de la Universidad.
Por su parte, el Gobernador sostiene que el Consejo no tiene la capacidad para comparecer como demandante en un tribunal. Tiene razón.
Como regla general, un departamento ejecutivo o agencia no tiene personalidad jurídica para demandar o ser demandado. Rivera Maldonado v. E.L.A., 119 D.P.R. 74, 82 (1987); Pagán et al. v. E.L.A. et al., 131 D.P.R. 795, 801 esc. 2 (1992). Un organismo creado por ley sólo tendrá la capacidad para comparecer en los tribunales cuando su ley orgánica le otorgue expresamente dicha capacidad o cuando *100 ésta pueda ser razonablemente inferida del esquema estatutario.
La Ley Universitaria, estatuto orgánico del Consejo, no le concede expresamente la facultad de demandar o ser demandado. Art. 3 de la Ley Universitaria, 18 L.P.R.A. sec. 602(d)(e). Tampoco podemos deducir del esquema de dicha ley que el Consejo tuviera la capacidad para demandar. En primer lugar, la ley no establece que este organismo será una “persona” o una “corporación’D’. Tampoco contiene un lenguaje del cual se pueda inferir que dicho cuerpo tendría la capacidad para demandar. La ley establece que la Universidad de Puerto Rico ejercerá sus funciones “a través del Consejo”. Art. 3 de la Ley Universitaria, 18 L.P.R.A. sec. 602(f)(1). Esta disposición expone que si la Universidad fuera a demandar, sería el Consejo quien así lo determinaría y quien contrataría la representación legal. Sin embargo, esto no implica que el Consejo tenga la facultad para demandar por sí solo o en representación de la Universidad.
Aunque en dos (2) instancias muy específicas y particulares se autoriza al Consejo a comparecer a los tribunales, estas disposiciones no le conceden una capacidad general al Consejo para demandar bajo cualquier circunstancia. Por el contrario, lo más razonable es pensar que al otorgarle dicha capacidad al Consejo, fue necesaria una legislación especial para establecer estas excepciones que le permitieron al Consejo, en esas dos (2) situaciones particulares, comparecer a los tribunales.

NOTA3 El Consejo de Educaci ón Superior (en adelante Consejo) tenía capacidad para demandar en casos de expropiación, Art. 2 de Ley Núm. 263 de 14 de mayo de 1945 (18 L.P.R.A. sec. 671), así como para solicitar una orden de interdicto contra una institución educativa que insista en operar sin la licencia correspondiente. Art. 8 de Ley Núm. 31 de 10 de mayo de 1976 (18 L.P.R.A. sec. 2108).

La organización de la Ley Universitaria también debilita el planteamiento de que el Consejo tiene la capacidad para demandar. Es a la Universidad a quien esta ley expresamente otorga poderes plenarios como corporación p ?ublica,*101 incluyendo los de demandar y ser demandada. 18 L.P.R.A. sec. 602(f). El Art. 3 de dicha ley, supra, define al Consejo como la junta de gobierno de la Universidad de Puerto Rico y procede a establecer su estructura, funciones y deberes. En el penúltimo inciso de ese mismo artículo se establecen las facultades de la Universidad y allí se dispone que ésta tendrá autoridad para demandar y ser demandada. 18 L.P.R.A. sec. 602(f). En estas circunstancias, no podemos considerar como accidental la omisión de expresamente conceder al Consejo dicha autoridad.

NOTA4 Reconocemos que nuestra jurisprudencia no ha limitado la capacidad del Consejo para ser demandado. Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 D.P.R. 194 (1987); Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. 521 (1993); Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605 (1987); Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720 (1978); Berríos Martínez v. U.P.R., 107 D.P.R. 144 (1978). Dicho asunto no había sido abordado antes, puesto que el Consejo nunca lo había presentado como defensa. De todas maneras, lo cierto es que no le hemos reconocido capacidad al Consejo para demandar, fuera de las dos (2) excepciones establecidas por ley.

No obstante, esta discusión no dispone del recurso ante nos. Como los miembros del Consejo tienen la capacidad para demandar, como personas naturales, procede que examinemos los otros errores señalados por éstos.
III

Cuestión política

Los miembros del Consejo sostienen que esta controversia es justiciable y, por lo tanto, es capaz de ser resuelta por los tribunales. El Gobernador argumenta lo contrario, al alegar que está presente una cuestión política, que los miembros del Consejo carecen de legitimación activa y que el recurso es académico.
La doctrina de cuestión política, según desarrollada en la jurisdicción federal, surge de consideraciones sobre la separación de poderes en dicha esfera. Baker v. Carr, 369 U.S. 186, 210 (1962). Según esta doctrina, si en un caso hay presente una cuestión política, el caso no será justiciable*102 y el tribunal deberá abstenerse de adjudicarlo. “La doctrina de cuestión política plantea, en esencia, ‘que hay asuntos que no son susceptibles de determinación judicial porque su resolución corresponde a las [otras] ramas … del gobierno —la legislativa o la ejecutiva— o, en última instancia, al electorado’.’D’ Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 422 (1994).
Recientemente, en Noriega v. Hernández Colón, supra, expresamos, citando al profesor Serrano Geyls, que existen tres (3) vertientes de la doctrina de cuestión política: “(a) la que requiere que los tribunales no asuman jurisdicción sobre un asunto porque éste ha sido asignado textualmente por la Constitución a otra rama del Gobierno; (b) aquella según la cual las cortes deben de abstenerse de intervenir, bien porque no existan criterios de decisión susceptibles de descubrirse y administrarse por los tribunales, o bien por la presencia de otros factores análogos, y (c) la que aconseja la abstención judicial por consideraciones derivadas de la prudencia”. (Citas omitidas.) Íd., pág. 422.
En Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45, 54 (1986), expresamos, tomando como fundamento la doctrina federal, que la existencia de una cuestión política depende de los siguientes factores: “(1) una delegación expresa del asunto en controversia a otra rama del gobierno; (2) la ausencia de criterios o normas judiciales apropiadas para resolver la controversia; (3) la imposibilidad de decidir sin hacer una determinación inicial de política pública que no le corresponde a los tribunales; (4) la imposibilidad de tomar una decisión sin expresar una falta de respeto hacia otra rama de gobierno; (5) una necesidad poco usual de adherirse, sin cuestionar, a una decisión política tomada previamente, y (6) potencial de confusión proveniente de pronunciamientos múltiples de varios departamentos del Gobierno sobre un punto.”
Para determinar si está presente una cuestión política que nos impida adjudicar una controversia, examinamos *103 todas las circunstancias del caso al amparo de los principios generales de separación de poderes que prevalecen en nuestra jurisdicción. No hay una fórmula matemática para decidir si se aplica la doctrina. Ninguno de los criterios por sí solo es determinante al resolver si está presente una cuestión política.
El Gobernador expone que está presente una cuestión política debido a que nuestra Constitución delegó en la Asamblea Legislativa el poder para crear, consolidar y reorganizar las agencias de gobierno y, además, están presentes los demás factores antes expuestos, indicadores de la existencia de cuestión política.
La Constitución le confiere a la Rama Legislativa la facultad para reorganizar los departamentos ejecutivos de nuestro Gobierno. Sin embargo, esto por sí solo no es suficiente para hacer una cuestión política de cualquier controversia en la cual se impugne una actuación de la Asamblea Legislativa en el ejercicio de esa facultad. Al ejercitar la facultad de reorganización, las ramas políticas tienen que obrar conforme a todos los demás preceptos constitucionales.
Al igual que cualquier otra ley, un estatuto que reorganice algún departamento ejecutivo no puede violar los derechos constitucionales relacionados a la libertad de expresión y la Rama Judicial no está impedida de revisar la actuación legislativa. No se ha expresado razón alguna por la cual, a diferencia de las leyes relacionadas a otras materias, los tribunales no puedan revisar una alegación de violación a derechos individuales de rango constitucional, cuando la ley impugnada reorganice un departamento ejecutivo. Al igual que otros casos relacionados a la libertad de expresión, tenemos los criterios necesarios para resolver la controversia ante nos.
Además, al revisar la constitucionalidad de esta ley no hacemos una determinación impermisible de política pública. La teoría de los miembros del Consejo se apoya en *104 los derechos de la libertad de expresión y del debido proceso, los cuales, por tradición responden a intereses individuales. Al resolver este recurso, no estaríamos decidiendo cuál política pública es la más sabia. Al examinar la procedencia del reclamo de libertad académica institucional para la Universidad de Puerto Rico, estamos ponderando valores dimanantes de la libertad de expresión, los cuales, además de proteger intereses individuales, también incorporan beneficios para la sociedad. Ello no significa que estemos determinando una política pública; simplemente estamos poniendo en vigor aquella que se incorporó a la Constitución mediante la cláusula de libertad de expresión. Estamos ante una situación típica, en la cual tenemos la responsabilidad ineludible de determinar si el Estado ha violado unos derechos fundamentales, tarea precisamente para la cual los tribunales están, en general, mejor equipados y que acostumbran realizar.
En vista de lo anterior, concluimos que este caso no presenta una cuestión política que nos impida que revisemos la constitucionalidad de la legislación impugnada.
IV

Legitimación activa

Aunque el Tribunal Superior aceptó de forma implícita que los miembros del Consejo poseían una legitimación activa, en su carácter individual, para instar este pleito, el Gobernador sostiene ante nos que éstos carecen de dicha legitimación. Procedemos a examinar esta controversia.

NOTA5 No tenemos que resolver si el Consejo carece de legitimación activa, dada nuestra conclusión de que dicho organismo carece de capacidad para demandar.

Hemos establecido que para tener una legitimación activa es necesario haber sufrido un daño claro y palpable; que el daño sea real, inmediato y preciso, y no abstracto o hipotético; que exista una conexión entre el daño sufrido y *105 la causa de acción ejercitada, y finalmente, que la causa de acción surja bajo el palio de la Constitución o de una ley. Hernández Torres v. Hernández Colón et al., 131 D.P.R. 593 (1992).
Los miembros del Consejo sufrieron un daño claro, inmediato y real. Todos ellos tenían un nombramiento por un término fijo que no había concluido y que habían ejercido a través de los últimos años. Sin embargo, la nueva legislación les despojó de la función de dirigir la Universidad de Puerto Rico. Éste es un daño concreto y palpable por virtud del cual los miembros del Consejo tienen legitimación para alegar que jurídicamente dicho despojo no fue válido.
No hay duda de la existencia de una conexión entre este daño y la causa de acción ante nos. Precisamente, la causa de acción persigue anular —por inconstitucionales— las leyes que tuvieron el efecto de despojar a los miembros del Consejo de sus prerrogativas y funciones. Por otro lado, de tener éxito en este caso, tendríamos que concluir que el Consejo nunca dejó de existir, por lo cual sus miembros continuarían ejerciendo las facultades de gobierno universitario.
Finalmente, la causa de acción ejercitada surge bajo los derechos de libertad de expresión y debido proceso, que contiene tanto la Constitución federal como la nuestra. Por ende, concluimos que los miembros del Consejo tienen legitimación activa para instar este pleito.
El Gobernador argumenta, además, que los miembros del Consejo no tienen legitimación, por formar parte del poder ejecutivo contra el cual oponen el reclamo de inconstitucionalidad. No tiene razón. En primer lugar, este argumento está dirigido principalmente contra el Consejo, quien, como ya resolvimos, carece de capacidad para demandar. En cuanto a sus miembros, no hay duda de que éstos tienen legitimación para cuestionar la inconstitucionalidad de la legislación. Cada uno de estos funcionarios juró defender la Constitución de Puerto Rico y, al verse *106 afectado por una legislación que estime inconstitucional, está legitimado para impugnarla judicialmente. Board of Education v. Allen, 392 U.S. 236, 241 esc. 5 (1968).

NOTA6 El caso Gobierno de la Capital v. Consejo Ejecutivo, 63 D.P.R. 434 (1944), citado por el Gobernador en apoyo de su posición, no aplica al caso ante nos. La determinación que allí hicimos fue substantiva y no tenía que ver con una legitimación. Rechazamos que dicho caso apoye la norma de que personas y organismos de la Rama Ejecutiva nunca tienen legitimación para plantear, en los tribunales y contra el Estado, la inconstitucionalidad de una legislación. Véase, a estos efectos, J.J. Álvarez González, Derecho Constitucional, 61 Rev. Jur. U.P.R. 637, 652656 (1992).

Finalmente, los miembros del Consejo sostienen que ellos tienen legitimación activa para invocar los derechos constitucionales de la Universidad de Puerto Rico, en particular el derecho de libertad académica institucional. Como regla general, hemos establecido que las partes “tienen capacidad tan solo para plantear sus propios derechos contra actos alegadamente ilegales del gobierno”. E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 D.P.R. 394, 396 (1983). Véase Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 271 (1975). La norma no tiene rango constitucional y únicamente es un método que los tribunales emplean de forma voluntaria para ejercer con moderación y prudencia sus poderes constitucionales. P.R. Tel. Co., supra, págs. 396397; Nota, Standing to Assert Constitutional Jus Tertii, 88 Harv. L. Rev. 423 (1974). Para determinar si existe una legitimación para invocar los derechos constitucionales de terceros, es esencial analizar al menos, entre otros factores correspondientes al caso particular que se trate, la conexión entre el daño sufrido por el reclamante y los derechos constitucionales del tercero. Nota, supra, pág. 431. Debe examinarse el efecto del daño sufrido por el reclamante sobre la capacidad del tercero de ejercitar sus derechos constitucionales.
En este caso, los miembros del Consejo han sufrido un daño consistente en ser privados de realizar una función que previamente realizaban y para la cual habían sido *107 nombrados por el Gobernador y confirmados por el Senado. Dicho daño causa que la Universidad de Puerto Rico no pueda reclamar sus propios derechos constitucionales. Por la propia naturaleza del estatuto impugnado, sólo la Junta de Síndicos podía, luego de 23 de julio de 1993 (fecha cuando se constituyó formalmente la Junta), reclamar dichos derechos, lo cual era una posibilidad remota dado que la Junta estaría sosteniendo la inconstitucionalidad de la legislación que le dio vida, lo cual sería incompatible con la aceptación por cada miembro de un puesto en dicho cuerpo. La conexión entre el daño a los miembros del Consejo y la alegada violación de los derechos de la Universidad es claro —dicho daño, el despido de los miembros del Consejo y su reemplazo por otro cuerpo es el que, precisamente, se ha alegado que violenta la libertad académica institucional que posee la Universidad.
Aunque la Universidad de Puerto Rico, como parte interventora, sostiene la constitucionalidad de la legislación, esto no puede ser un factor determinante para negarles a los miembros del Consejo la legitimación para invocar derechos de la Universidad, dado que ésta comparece por gestiones de la Junta de Síndicos en virtud de la nueva legislación. De resolver lo contrario, estaríamos poniendo una ficción jurídica sobre la realidad de que tenemos ante nos: una disputa entre dos (2) grupos de personas, en la cual cada uno alega ser el legítimo gobernante de la Universidad. No podemos negarles a los dirigentes anteriores la oportunidad de invocar los derechos de la Universidad sólo porque la nueva ley le da al segundo grupo el gobierno universitario; es precisamente la constitucionalidad de esta nueva ley la que impugna el primer grupo.
Examinada la normativa aplicable, concluimos que los miembros del Consejo tienen legitimación para argumentar que la legislación en controversia viola la libertad académica de la Universidad de Puerto Rico. *108
V

Academicidad

El Gobernador argumenta que el caso de marras es académico porque los miembros del Consejo no aceptaron sus nombramientos al nuevo organismo de acreditación de instituciones privadas de educación superior. No tiene razón. Veamos.
Un caso se convierte en académico cuando ocurren cambios, durante el trámite judicial de una controversia particular, que hacen que ésta pierda su actualidad, de modo que el remedio que pueda dictar el tribunal no ha de llegar a tener efecto real alguno en cuanto a esa controversia. C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 D.P.R. 927 (1993). Se tiene que examinar si un fallo que favorezca a los demandantes tendrá alguna consecuencia práctica sobre las relaciones jurídicas entre las partes. Gobernador v. Alcalde de Coamo, 131 D.P.R. 614 (1992); Berberena v. Echegoyen, 128 D.P.R. 864 (1991); Asoc. de Periodistas v. González, 128 D.P.R. 704 (1991).
El hecho de que los miembros del Consejo no hayan aceptado sus cargos en el nuevo cuerpo, al cual según la legislación impugnada tenían derecho, no convierte el caso en académico. De concederse el remedio solicitado por los miembros del Consejo, para declararse inconstitucional la legislación impugnada, ellos tendrían derecho a continuar en el organismo anterior debido a que éste nunca habría cesado de existir.
Más aún, la actuación de los miembros del Consejo de no aceptar los puestos en la nueva entidad es compatible con su posición de que la legislación que eliminó el Consejo es inconstitucional. Si los miembros del Consejo hubieran aceptado los nuevos puestos, estarían tomando parte activa de un esquema que alegan es inconstitucional y se podría alegar en su contra que —mediante dicha aceptación— renunciaron al planteamiento de que la nueva legislación*109 no es válida. Por tal razón, los miembros del Consejo actuaron de un modo perfectamente conforme a su teoría jurídica y, al así hacerlo, no causaron que la controversia se convirtiera en académica.
Por entender que las doctrinas de academicidad, legitimación activa y cuestión política no impiden la adjudicación del caso de marras, concluimos que la controversia de este caso es justiciable. Procede que examinemos los méritos del recurso.
VI

Debido proceso

Los miembros del Consejo sostienen que la legislación aprobada por el Gobernador infringe la cláusula constitucional de debido proceso tanto en su modalidad substantiva como procesal.
En su vertiente procesal, la cláusula de debido proceso le impone al Estado la obligación de garantizar que la interferencia, con los intereses de libertad y de propiedad del individuo, se haga a través de un procedimiento que en esencia sea justo y equitativo. La validez de la ley, en términos substantivos, no es pertinente a los fines de evaluar si cumple con el debido proceso de ley procesal. Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 D.P.R. 562 (1992).
Para determinar si una persona posee un interés propietario dentro del contexto de un ataque bajo la cláusula de debido proceso en su vertiente procesal, es necesario que se tenga algo más que una mera expectativa unilateral de titularidad; se debe tener un derecho concreto protegido por el ordenamiento jurídico estatal. Board of Regents v. Roth, 408 U.S. 564 (1972); Orta v. Padilla Ayala, 131 D.P.R. 227 (1992). En Puerto Rico, un empleado público tiene un reconocido interés en la retención de su empleo si dicho interés está protegido por la ley (empleado de carrera) o cuando las circunstancias crean una expectativa *110 de continuidad. Díaz Martínez v. Policía de P.R., 134 D.P.R. 144 (1993); Orta v. Padilla Ayala, supra; Torres Solano v. P.R.T.C., 127 D.P.R. 499 (1990). Por otro lado, un empleado de confianza no tiene interés propietario sobre su puesto. Más aún, la incorporación, mediante un contrato, de un requisito de justa causa para la terminación del empleo de un funcionario de confianza, con responsabilidad para formular la política pública, constituye un acto nulo por ser contrario a la ley y a la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., 123 D.P.R. 113, 132 (1989).
Los miembros del Consejo alegan que tienen un interés propietario sobre la función de gobernar la Universidad de Puerto Rico. Implícitamente reconocen que no se les privó del interés propietario que pudiesen tener sobre sus puestos. Sin embargo, como hemos señalado, nuestro ordenamiento sólo le reconoce al empleado público de carrera un interés propietario sobre el cargo o empleo que desempeñe, pero no sobre las funciones que realiza.

NOTA7 Por el contrario, nuestra Constituci ón concede la facultad expresa a la Asamblea Legislativa para “crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones”. Art. III, Sec. 16, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 343. Esta disposición fortalece nuestra conclusión de que, ausente alguna disposición en contrario, los empleados públicos no tienen interés propietario alguno sobre las funciones que desempeñen.

Un análisis integral de la legislación revela que, en términos prácticos, los estatutos impugnados sólo afectaron las funciones que los miembros del Consejo ejercían, para permitirles continuar, si así lo deseaban, con la facultad de acreditación de instituciones privadas, de ese modo conservarían sus puestos hasta la expiración del término original para el cual fueron nombrados. Por tal raz ón, no es pertinente el hecho de que los miembros del Consejo, bajo la legislación anterior, ocupaban sus cargos por un término fijo; bajo la legislación vigente, éstos pudieron continuar en sus puestos hasta que finalizara dicho término. En estas *111 circunstancias, concluimos que la legislación impugnada no priva a los miembros del Consejo de interés propietario alguno. Éstos no pueden fundar su reclamo en la vertiente procesal de la cláusula de debido proceso.

NOTA8 Tampoco existe acuerdo o contrato alguno que sustente el reclamo de interés propietario de los miembros del Consejo.

Los miembros del Consejo intentan además establecer que la legislación viola la cláusula del debido proceso en su modalidad substantiva. Esta vertiente persigue proteger y salvaguardar derechos fundamentales de la persona. Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., supra. Por tal razón, si se ve afectado algún derecho fundamental de los reconocidos por nuestro ordenamiento, se somete la legislación a un estándar estricto de revisión judicial. Por otro lado, si no se ve afectado algún derecho fundamental, la vertiente substantiva de la cláusula sólo protege contra las actuaciones arbitrarias o caprichosas del Gobierno que no respondan a interés legítimo alguno. Nebbia v. New York, 291 U.S. 502 (1934); U.S. v. Carolene Products Co., 304 U.S. 144 (1938); Williamson v. Lee Optical Co., 348 U.S. 483 (1955). Bajo este criterio, la legislación será válida si es racional concluir que ésta persigue un objetivo legítimo gubernamental. Nebbia, supra; Carolene Products, supra; Williamson, supra.
En este caso, a los miembros del Consejo no se les ha afectado derecho fundamental alguno que active el escrutinio estricto bajo esta cláusula. Los derechos fundamentales, protegidos por la vertiente substantiva de la cláusula de debido proceso, constituyen un limitado conjunto relacionado a las áreas de la intimidad, el derecho al voto, la libertad de expresión y la asociación, el procesamiento penal, la igualdad ante la ley y la libertad de culto. Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., supra. Ninguno de ellos está implicado aquí. *112

NOTA9 Los miembros del Consejo argumentan que se afecta el derecho a la educación, según plasmado en nuestra Constitución (Art. II, Sec. 5, L.P.R.A., Tomo 1). Aparte del problema de legitimación para invocar los derechos constitucionales de terceros, este planteamiento no procede. La educación universitaria no está comprendida en el ámbito de nuestra cláusula constitucional sobre educación. Asoc. Academias y Col. Cristianos v. E.L.A., 135 D.P.R. 150 (1994).
Por otro lado, aunque el reclamo de libertad académica institucional está fundado en la libertad de expresión, los miembros del Consejo no han alegado que la legislación impugnada infrinja sus derechos personales de libertad de expresión.

Más aún, la legislación impugnada no es caprichosa ni arbitraria. Por el contrario, responde a un fin legítimo gubernamental: evitar un posible conflicto de intereses debido a que el mismo grupo de personas gobierne la Universidad del Estado y, a la misma vez, otorgue licencias de operación y acredite las instituciones privadas de educación superior en Puerto Rico. A la luz de la prueba sometida, no podemos concluir que la decisión de reorganizar el Consejo y otorgarles a sus miembros únicamente el poder para acreditar las instituciones privadas haya sido un acto arbitrario que no persiguiera un objetivo legítimo del Estado.
Examinada la normativa anterior, es evidente que la legislación impugnada no viola la cláusula constitucional de debido proceso. Aclarados estos extremos, procede que se examine el señalamiento de los miembros del Consejo de que mediante esta legislación fueron despedidos de sus posiciones por razones político-partidistas.
VII

Discrimen político

Los miembros del Consejo también aducen que, por razón de su afiliación partidista, se les despojó de su función de dirigir la Universidad de Puerto Rico para ser sustituidos por personas nombradas por el Gobernador, quien está afiliado a otro partido político. Por su parte, el Gobernador alega que esta teoría no se presentó ante el Tribunal Superior, por lo cual no puede ser considerada ahora en la etapa apelativa.
Hemos establecido la regla general de que no atenderemos asuntos que no se hayan presentado ante el foro de *113 instancia. En Murcelo v. H.I. Hettinger & Co., 92 D.P.R. 411, 426 (1965), resolvimos que si un señalamiento de derecho no es inicialmente expuesto ante los tribunales inferiores, no lo consideraremos. Conforme a dicha norma, en Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 D.P.R. 340 (1990), nos negamos a adjudicar cuestiones no planteadas por las partes ante el foro de instancia. Aunque esta norma no es un dogma inquebrantable y en ciertas ocasiones hemos permitido que una parte modifique su teoría del caso en apelación, en los casos que se alegue que hubo un discrimen político, corresponde al demandante alegarlo y probarlo en el foro de primera instancia. Sánchez v. Eastern Air Lines, Inc., 114 D.P.R. 691, 694695 (1983); Santiago Cruz v. Hernández Andino, 91 D.P.R. 709, 711712 (1965).
El argumento de los miembros del Consejo de discrimen político, apoyado por la jurisprudencia correspondiente, fue traído por primera vez en el escrito de apelación presentado a este Tribunal. Por lo tanto, declinamos la invitaci ón de apartarnos de la norma general y considerar el planteamiento en esta etapa apelativa. Los miembros del Consejo no expusieron su teoría ante el Tribunal Superior y no presentaron la prueba para apoyar dicho reclamo. Sin haber intentado probar, ante el tribunal de instancia, los elementos del discrimen político, por prudencia no debemos adjudicar en apelación este complejo asunto.

NOTA10 Aunque se sostuvo ante el foro de instancia que la legislación impugnada representaba un intento del Gobierno para imponer en la Universidad de Puerto Rico su ideología política, social y cultural, dicha teoría se presentó para demostrar que se estaba violando la libertad académica de la Universidad. No es hasta el escrito de apelación que los miembros del Consejo presentan la teoría de discrimen político contra empleados públicos y reclaman que se ha discriminado contra ellos en su carácter individual como empleados públicos.

Por otro lado, aun si ignoráramos esta normativa, los miembros del Consejo no pueden prevalecer. La doctrina de discrimen político en el empleo se desarrolla bajo la Primera Enmienda a la Constitución federal, y nuestra jurisprudencia ha reconocido esta protección. Elrod v. Burns, 427 U.S. 347 (1976); Branti v. Finkel, 445 U.S. 507 (1980); *114 Rutan v. Republican Party of Illinois, 497 U.S. 62 (1990); Orta v. Padilla Ayala, supra; McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., supra; Colón v. C.R.U.V., 115 D.P.R. 503 (1984); Feliciano v. Mun. de Fajardo, 115 D.P.R. 675 (1984); Franco v. Mun. de Cidra, 113 D.P.R. 260, 264 (1982); Ramos v. Srio. de Comercio, 112 D.P.R. 514 (1982); Báez Cancel v. Alcalde Mun. de Guaynabo, 100 D.P.R. 982 (1972). En estos casos, el demandante tiene el peso inicial de probar mediante preponderancia de la prueba que la conducta protegida fue el factor sustancial o motivador para la acción del despido. McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., supra, pág. 142. Corresponde al empleado demostrar que su despido se debió a motivaciones políticas; también deberá establecer la ausencia de motivo racional para el despido y la sustitución por otro empleado de diferente afiliación política que resulte afín con la de la autoridad nominadora. Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 D.P.R. 486 (1990); McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., supra, págs. 140143. Es particularmente importante que el demandante demuestre la afiliación política de la persona que lo sustituya. McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., supra, págs. 145146.
En el caso de autos, los miembros del Consejo no pueden prevalecer puesto que no se alegó, ni mucho menos se demostró, que las personas nombradas para formar parte de la Junta de Síndicos compartieran la afiliación partidista del Gobernador. McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., supra, pág. 143. Además, dado que el objetivo de separar las funciones de gobierno universitario y acreditación es legítimo, los miembros del Consejo no pueden alegar que solamente por ser despojados de una (1) de las dos (2) funciones fueron víctimas de discrimen político. Aunque sí podrían argumentar que el Estado discriminó al decidir despojarlos de la función de dirigir la Universidad en lugar *115 de quitarles la función de acreditación, no se ha esbozado por qué el gobierno universitario es una función de mayor importancia que la de acreditación, presupuesto lógico y necesario para sostener que han quedado afectados adversamente por la opción legislativa adoptada. Por el contrario, la función de licenciar y acreditar las instituciones privadas de educación superior en Puerto Rico es muy importante para el país.

NOTA11 Esto es as í aun sin tomar en cuenta que el Gobernador no tiene control sobre la identidad de tres (3) de los trece (13) miembros que constituyen la Junta de Síndicos.

No obstante, debemos aclarar que aunque en el caso ante nos la alegación de discrimen político no prosperó por las razones expuestas, en una situación distinta en la cual un funcionario universitario alegue oportunamente el discrimen político y logre probar sus elementos, permanecemos preparados para hacer valer sus derechos ante el Estado.
VIII

Libertad académica

Los miembros del Consejo sostienen que la legislación impugnada es inconstitucional por infringir la libertad académica y autonomía de la Universidad de Puerto Rico. Aducen que tanto la Constitución federal como la nuestra protegen a las instituciones universitarias contra interferencias indebidas del Estado con sus asuntos. Sostienen que el Tribunal Superior erró al negarse a reconocer un rango constitucional a la autonomía universitaria. Alegan que aunque dicho foro reconoció la libertad académica institucional de la Universidad de Puerto Rico frente al Estado, erró al validar los estatutos en controversia.
A. Para evaluar la teoría de los miembros del Consejo, es necesario examinar antes el desarrollo de los conceptos “autonomía universitaria” y “libertad académica’D’, así como la relación entre ambos. En primer lugar, examinaremos *116 cómo la autonomía universitaria se ha manifestado en otras jurisdicciones y en la nuestra.
La autonomía universitaria es el principio que consiste en aislar, en mayor o menor grado, a una universidad pública del control, la reglamentación y la intervención gubernamental. Está reconocido en varias jurisdicciones que un máximo de autonomía es beneficioso para una universidad pública, pues reduce a un mínimo las influencias políticas sobre la tarea universitaria. Por tal raz ón, varios estados le han otorgado un rango constitucional a la autonomía universitaria para que la institución no esté sujeta a las ideas cambiantes y, a veces, caprichosas sobre la educación y los métodos administrativos que le parecen sabias a los organismos políticos. 3 H.W. Horowitz, The Autonomy of the University of California under the State Constitution, 25 U.C.L.A. L. Rev. 23, 25 (1977). Sin embargo, como son fondos públicos los que sostienen la universidad pública, esta autonomía rara vez es total. Véase, en general, J.P. Byrne, *117 Academic Freedom: A “Special Concern of the First Amendment”, 99 Yale L.J. 251, 327331 (1989).

NOTA12 Durante su historia, la Universidad de Puerto Rico ha sido víctima de intervenciones políticas y, como regla general, su estudiantado ha clamado por mayor autonomía para dicha institución.
“… [L]a autoridad conferida a la Junta de Síndicos por la ley de 1925 la mantenía [a la Universidad] sometida a los vaivenes de la política partidista local y privada de la independencia académica consubstancial al buen funcionamiento de una institución de educación superior.” Isabel Picó de Hernández, Los estudiantes universitarios y el proceso político puertorriqueño (19031948), Tesis, Departamento de Gobierno de la Universidad de Harvard, 1974, pág. 194. Véase, además, íd., págs. 117, 196208 y 227239.

NOTA13 Las Constituciones de los siguientes estados otorgan expresamente un rango constitucional a la autonomía de sus universidades públicas: California, Georgia, Hawaii, Idaho, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska y Oklahoma. J.P. Byrne, Academic Freedom: A “Special Concern of the First Amendment”, 99 Yale L.J. 251, 327 esc. 303 (1989). Véase, también, H.W. Horowitz, The Autonomy of the University of California under the State Constitution, 25 U.C.L.A. L. Rev. 23, 25 (1977); Regents of University of Minnesota v. Lord, 257 N.W.2d 796, 800 (1977). En Minnesota, donde la Universidad pública tiene un rango constitucional, la jurisprudencia ha resuelto que el propósito de dicha disposición constitucional fue el poner “ ‘the management of the greatest state educational institution beyond the dangers of vacillating policy, ill informed or careless meddling and partisan ambition that would be possible in the case of management by either legislature or executive’ ”. Regents of the University of Minnesota v. Lord, supra, pág. 800.

Por otro lado, en España se ha reconocido que la autonomía universitaria es un derecho fundamental con protección constitucional. Sentencia del Tribunal Constitucional Núm. 55 de 23 de febrero de 1989, Boletín Oficial del Estado de 14 de marzo de 1989; Sentencia del Tribunal Constitucional Núm. 26 de 27 de febrero de 1987, Boletín Oficial del Estado de 24 de marzo de 1987; J.M. Martínez Val, La autonomía universitaria ante el Tribunal Constitucional, 541 Rev. Gen. Der. 6439 (1989). Dicho Tribunal expresó lo siguiente:
… “La autonomía universitaria tiene como justificación asegurar el respeto a la libertad académica, es decir, a la libertad de enseñanza y de investigación. Más exactamente, la autonomía universitaria es la dimensión institucional de libertad académica que garantiza y completa su dimensión individual, constituida por la libertad de cátedra.’D’ [Fundamento jurídico 4, a), párrafo quinto]. (Énfasis suprimido.) Citado en Martínez Val, supra, págs. 64486449.
En relación con este desarrollo, un comentarista español señaló que la autonomía universitaria protegida constitucionalmente “debe considerarse como instrumental al servicio de la ‘individual’, que es más primaria y radical … ninguna Universidad ni ninguno de los órganos universitarios [pueden], a pretexto de que la autonomía es universitaria, impedir o limitar abusivamente la libertad individual de Cátedra’D’. (Énfasis suprimido.) Martínez Val, supra, págs. 64566457.
En Puerto Rico, la historia de su Universidad refleja que fue el estudiantado quien inicialmente impugnó la falta de autonomía universitaria en la propia estructura y funcionamiento de la Universidad. En 1935 se publicó el Informe del Comité de Ponencia de la Asamblea de Estudiantes, que señaló la necesidad de independizar la Universidad de la intervención indebida de la política partidista en la Junta de Síndicos y exigió una mayor *118 participación estudiantil en el proceso educativo. También propusieron que los problemas académicos fuesen de la exclusiva incumbencia del claustro. Véase I. Picó Vidal, Estudiantes UPR: del nacionalismo cultural al nacionalismo político, 24 Rev. C. Soc. U.P.R. 516, 540543 (1985).
Por su parte, además, el claustro fue reclamando mayores poderes en el proceso académico, y en la década de los cuarenta (40) los nuevos sectores de profesionales, intelectuales y estudiantes unieron esfuerzos e impulsaron la autonomía universitaria a través de la reforma educativa de 1942. Picó Vidal, supra, pág. 551. Posteriormente, en 1966, después de otro intenso período de actividad estudiantil y reclamos de más poderes por los profesores y estudiantes, se aprobó la Ley Universitaria, la cual alteró sustancialmente la estructura administrativa y académica de la Universidad y creó el Consejo.
Nuestra legislación acoge en cierto grado el principio de autonomía universitaria. Como ejemplo, la autonomía fiscal de la Universidad de Puerto Rico está reconocida. Por virtud del estatuto vigente, la partida presupuestaria anual correspondiente a la Universidad es calculada automáticamente sobre la base de una fórmula, por lo que, al no permitirse discreción en la fijación de dicha partida, se alienta que la Universidad persiga su misión con relativa libertad de consideraciones político-partidistas. 4

NOTA14 Le corresponde anualmente a la Universidad el 9.33% del promedio del monto total de las rentas anuales ingresadas al Fondo General del Tesoro Estatal en los dos (2) años anteriores al año corriente y de lo ingresado en cualesquiera fondos especiales creados mediante legislación a partir del 1ro de julio pasado, que se nutran de recursos generados por imposiciones contributivas. Sec. 1 de la Ley Núm. 46 de 6 de agosto de 1992 (18 L.P.R.A. secs. 621-1 y 621a).

La autonomía fiscal no es la única manera en que nuestra legislación refleja la autonomía otorgada a la Universidad de Puerto Rico. Se dispone también que la Universidad será una corporación pública dirigida por un cuerpo colegiado cuyos miembros son nombrados por un término fijo. Por ende, el poder del Gobernador para remover estos funcionarios*119 está limitado a situaciones en las cuales exista justa causa. Aunque bajo la Ley Universitaria los miembros del Consejo eran nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado, mediante el sistema de nombramientos escalonados los cambios en la composición del Consejo ocurrían gradualmente y se aislaba parcialmente a la Universidad de los cambios en las ramas políticas. De este modo, se evitaba que una sola administración gubernamental sustituyera súbitamente a toda la junta de gobierno universitaria y se garantizaba cierto grado de independencia y continuidad en el proceso decisional.
De acuerdo con estos principios, la Ley Universitaria de 1966 permitió a quienes antes componían el organismo de gobierno universitario (Consejo Superior de Enseñanza) pasar a formar parte del Consejo creado por dicha legislación. Al aprobar la legislación que se impugna en este caso, el Gobierno escogió un camino distinto al de la legislación de 1966. No nos compete juzgar la sabiduría de esta determinación; sólo su constitucionalidad. No obstante, es evidente que el principio de autonomía, mediante el cambio gradual en la composición de la junta de gobierno universitaria, quedaría eliminado si cada cuatro (4) años una nueva administración desplazara totalmente a los integrantes de dicha junta de gobierno para constituir otra nueva con personas de su predilección ideológica.
B. Luego de haber examinado cómo el concepto de autonomía universitaria se ha concebido tradicionalmente, pasamos a reseñar el significado que se le ha adscrito a la libertad académica. Dicha labor es necesaria, puesto que la protección constitucional relacionada a la libertad académica no surge del vacío. Previo a su reconocimiento, ya existía el concepto de libertad académica, según promulgado por la comunidad académica, en particular, los profesores universitarios. Es menester examinar este historial *120 para luego analizar en justa perspectiva el desarrollo jurídico de este concepto.
En Estados Unidos, la noción tradicional de libertad académica se origina a finales del siglo pasado y principios de éste. W.P. Metzger, Profession and Constitution: Two Definitions of Academic Freedom in America, 66 Tex. L. Rev. 1265, 12671272 (1988). El desarrollo de este concepto proviene de la reacción de los profesores universitarios de la época ante las juntas de síndicos o consejos de administración ( board of trustees) que estaban al mando de las universidades privadas. Estas juntas estaban compuestas por personas ajenas al mundo académico y ejercían presión contra el claustro para que las ideas y conclusiones de sus componentes se ajustaran y coincidieran con las de ellas. Byrne, supra, págs. 267269, 273277 y 292; D.M. Rabban, A Functional Analysis of “Individual” and “Institutional” Academic Freedom under the First Amendment, 53 (Núm. 3) Law & Contemp. Probs. 227, 229 y 233 (1990); Metzger, supra, págs. 12671285.
El objetivo de los profesores —al promulgar el concepto tradicional de libertad académica— fue liberarse de influencias externas no académicas para así desempeñar limpia y propiamente su trabajo. Los claustrales deseaban libertad para plantearse los problemas y las preguntas que estimaran pertinentes, para investigar dichos asuntos y para llegar a conclusiones, todo ello de acuerdo con la metodología impuesta por la disciplina académica correspondiente. Deseaban trabajar con independencia de las juntas de síndicos. Byrne, supra, pág. 278.

NOTA15 Conforme a lo anterior, la Asociaci ón Americana de Profesores Universitarios ha definido la “libertad académica’D’ como “ ‘a scholar’s right to be free of institutional (or governmental) control in professional utterance’ ”. (Escolio omitido.) D.M. Rabban, A Funcional Analysis of “ “Individual” and “Individual” Academic Freedom under the First Amendment, 53 (Núm. 3) Law & Contemp. Probs. 227, 260 (1990).

En apoyo de la adopción por las instituciones universitarias de la libertad académica, los profesores argumentaron que de no disfrutar de ella, su trabajo no podría ser *121 realizado adecuadamente, lo cual resultaría en una pérdida para la sociedad en general. El asunto fue esbozado por ellos como uno de beneficio general para la sociedad, más allá de sus particulares intereses gremiales.
Para reflejar estas preocupaciones y aspiraciones se preparó la “Declaración de 1915”. General Report of the Committee on Academic Freedom and Academic Tenure, American Association of University Professors, 1 A.A.U.P. Bull. 17 (1915), transcrito en el Apéndice A, 53 (Núm. 3) Law & Contemp. Probs. 93 (1990). Este documento es de singular importancia en el desarrollo de la libertad académica. En él se expone —de manera sucinta y lúcida— cuál es la misión de las universidades y de los profesores, los beneficios resultantes para la sociedad y, finalmente, la necesidad del claustro de gozar de libertad académica para llevar a cabo su trabajo de una manera efectiva y competente. Se establece que la libertad académica del profesor comprende de la libertad para plantearse preguntas y problemas, para investigar, para enseñar y hasta para expresarse y actuar fuera del recinto universitario. La existencia de estas libertades se justifica conforme a las funciones que tienen las universidades, siendo las principales educar y aumentar el caudal del conocimiento humano.
Por otro lado, la declaración de 1915 también se ocupa de la amenaza que las Legislaturas representan para la libertad académica de las universidades públicas. Véase Rabban, supra, pág. 233. Se expone que cuando una universidad depende de la gracia legislativa para poder obtener fondos, ha sucedido que la conducta de la institución se ha visto afectada por consideraciones políticas y que esto amenaza la libertad académica en cuanto promueva la supresión de ideas y opiniones contrarias a las prevalecientes en el ambiente social, político y económico del momento. *122

NOTA16 Resumiendo estas ideas, nos expresa un comentarista lo siguiente:
“… the 1915 declaration worried that legislators might try to use the state’s purse strings to manipulate the academic inquiries of professors, particularly when scholarly views might deviate from strong public opinions or from established government policies.” Rabban, supra, pág. 233.

Finalmente, la declaración sostiene que el mecanismo principal para poner en vigor y proteger la libertad académica consiste en el sistema de permanencia ( tenure). Conforme con este principio, la responsabilidad de mantener estándares profesionales adecuados está en manos del claustro, al menos inicialmente. Mediante este sistema se libera al profesor de la preocupación de perder su empleo, una vez expira determinado período probatorio. Byrne, supra, pág. 311.

NOTA17 Varios comentaristas actuales coinciden en que el sistema de permanencia es un mecanismo importante para proteger la libertad académica. Se ha señalado que este sistema
“…eliminates the gravest evils of lay control over universities — ignorant interference with painstaking investigation and discussion of controversial problems— by insisting that professors be evaluated only for professional competence and only (in the first instance) by peers.” Byrne, supra, pág. 279.
Cuando se usa el sistema de permanencia, “personnel decisions are based largely on scholarship and teaching ability by placing primary responsibility for hiring and promotion on peers”. Byrne, supra, págs. 310311.
En 1940, la A.A.U.P. le dio seguimiento a la declaración de 1915 con otra declaración. Policy Documents and Reports 3 (A.A.U.P. 1984), transcrito en el Apéndice B, 1940 Statement of Principle on Academic Freedom and Tenure, 53 (Núm. 3) Law & Contemp. Probs. 407 (1990). En ésta se dibuja con más detalle los procedimientos que deben existir para que un sistema de permanencia ( tenure) proteja adecuadamente la libertad académica tradicional de los profesores.

IX

Habiendo expuesto un marco de referencia para la discusión que sigue, emprendemos la tarea de analizar, en términos ya propiamente jurídicos, la existencia y el ámbito de la libertad académica y de la autonomía universitaria, así como la relación entre ambas.
El término “libertad académica’D’ puede usarse para denominar tanto a los derechos individuales del profesor universitario, como a la protección constitucional de la institución universitaria propiamente. Para distinguirlos, *123 usaremos el término “libertad académica individual” para referirnos a la protección constitucional que se le ha reconocido a los derechos individuales de los profesores, y “libertad académica institucional” para el derecho que protege a la universidad como institución.

NOTA18 La libertad acad émica individual consiste principalmente en excluir a no-académicos de la toma de decisiones académicas, así como en exigir que quienes tomen dichas decisiones lo hagan sobre bases propiamente académicas. Byrne, supra, pág. 304.

NOTA19 Los conceptos “libertad acad émica individual” y “libertad académica institucional” son independientes. De hecho, se ha sostenido que ambos derechos pueden ser contradictorios debido a que cuanta más libertad tenga una universidad frente al Estado, menos espacio tienen los profesores y estudiantes para defenderse de la universidad mediante reclamos en los tribunales. Por otro lado, cuantos más derechos tengan los profesores como individuos, menos capacidad tiene la institución universitaria para determinar, libre de influencias del Estado, los asuntos relacionados a la administración y política educacional de la institución. Véanse, en general: Byrne, supra págs. 257258; Comentario, The Burden of Proof and Academic Freedom: Protection for Institution or Individual?, 82 N.W. L. Rev. 492, 510 esc. 108 (1988); Regents of the University of Michigan v. Ewing, 474 U.S. 214, 226 esc. 12 (1985). Véanse, también: Piarowski v. Illinois Community College, 759 F.2d 625, 629 (7mo Cir.), cert. denegado, 474 U.S. 1007 (1985); Rabban, supra, pág. 229.

Como veremos más adelante, reconocemos que, por virtud de la libertad académica institucional que emana de la Primera Enmienda de la Constitución federal y de nuestra cláusula constitucional de libertad de expresión, la Universidad posee un mínimo de autonomía frente al Estado, la cual protege a la Universidad de una intervención indebida del Estado en sus asuntos académicos medulares. No obstante, es necesario aclarar que la libertad académica institucional, por ser de un alcance más limitado, no incorpora el concepto “autonomía universitaria”, según éste se conoce y se utiliza tradicionalmente en círculos universitarios. Si bien la doctrina general de la autonomía universitaria ha influido en el desarrollo de la libertad académica en todas sus dimensiones, lo cierto es que la primera tiene un alcance más amplio que generalmente ha dependido del éxito de los reclamos de los estudiantes y profesores universitarios frente al Estado. A su vez, la extensión de la zona de protección constitucional otorgada por la libertad académica institucional depende de los contornos de la libertad de expresión. *124
X

Los miembros del Consejo parten de la premisa de que la Universidad de Puerto Rico tiene un derecho constitucional de libertad académica frente al Estado. El Gobernador aceptó esa premisa y reconoce que este derecho constitucional protege a la institución contra “intervenciones indebidas del Estado”. Esta posici ón refleja el sentir mayoritario de que las universidades públicas no sólo gozan de unos derechos constitucionales contra el propio Estado, sino que esto es lo más deseable. V éanse: Byrne, supra, págs. 300 y 329330; Rabban, supra, págs. 231, 278 y 266280; Metzger, supra, págs. 13181319. Endosamos esta posición.

NOTA20 V éanse: Contestación a la demanda, pár. 19; Réplica del demandado de 14 de julio de 1993, pág. 2; Alegato del demandado de 20 de diciembre de 1993, pág. 29. (“Desde nuestra comparecencia inicial, la parte aquí apelada ha reconocido la existencia de un derecho constitucional de libertad académica institucional. … Bajo esta nueva vertiente la universidad, como institución independiente y separada de los estudiantes y profesores que la componen, puede reclamar ciertas prerrogativas contra una intervención indebida del estado.”)
Lo que el Gobernador alega es que los miembros del Consejo carecen de acción legitimada para oponer este derecho ante el poder ejecutivo del cual forma parte. Ya consideramos y resolvimos contra el Gobernador dicho planteamiento.

NOTA21 A estos efectos, v éanse: Regents of the University of Michigan v. Ewing, supra; Widmar v. Vincent, 454 U.S. 263, 277281 (1981), opinión concurrente, del Juez Stevens, pág. 278; University of California Regents v. Bakke, 438 U.S. 265, 312 (1978), opinión del Juez Powell, anunciando el fallo del Tribunal; University of Pennsylvania v. EEOC, 493 U.S. 182, 198 esc. 6 (1990); Consejo Educación Superior v. U.I.A., 120 D.P.R. 224, 235 esc. 12 (1987). Aunque esta noción no goza de apoyo universal, quienes la oponen forman un grupo minoritario. M.G. Yudof, Three faces of Academic Freedom, 32 Loy. L. Rev. 831, 855856 (1987). Véase, también, Rabban, supra, págs. 266280, y fuentes allí citadas.

NOTA22 “A state university is a unique state entity in that it enjoys federal constitutional rights against the state itself.” Byrne, supra, pág. 300.

La libertad académica institucional está reconocida como un principio constitucional derivado de la libertad de expresión. Regents of University of Michigan v. Ewing, 474 U.S. 214, 226 esc. 12 (1985). El Tribunal Supremo federal*125 ha sido enérgico al señalar las virtudes del derecho de libertad académica y en reconocer dicho principio como esencial en un sistema democrático. Aunque el Tribunal Supremo federal no ha formulado una teoría sistemática sobre esta normativa, ésta ha sido aplicada para proteger tanto a los profesores como a las instituciones académicas contra interferencias indebidas del Estado con sus asuntos académicos medulares.

NOTA23 “Although the meaning of constitutional academic freedom remains ambiguous, the Supreme Court has clearly recognized it as an unenumerated first amendment right with both individual and institutional components that can be in tension with each other.” Rabban, supra, pág. 300.

NOTA24 “Our Nation is deeply committed to safeguarding academic freedom, which is of transcendent value to all of us and not merely to the teachers concerned. That freedom is therefore a special concern of the First Amendment, which does not tolerate laws that cast a pall of orthodoxy over the classroom.” (Citas omitidas.) Keyishian v. Board of Regents, 385 U.S. 589, 603 (1967).

NOTA25 “The court has been far more generous in its praise of academic freedom than in providing a precise analysis of its meaning.” Byrne, supra, pág. 257. Véanse, en general: Byrne, supra, págs. 252254, 311 y 312339; Metzger, supra, págs. 12891291; Rabban, supra, pág. 230 y 300; Comentario, supra, pág. 512; Wilson v. Chancellor, 418 F.Supp. 1358, 1362 (D. Or. 1976).

Como veremos más adelante, la jurisprudencia del Tribunal Supremo federal, que ha reconocido la libertad académica institucional como un derecho bajo la Primera Enmienda de la Constitución federal, no apoya el reclamo de los miembros del Consejo. Por nuestra parte, en Consejo Educación Superior v. U.I.A., 120 D.P.R. 224, 231 esc. 10 (1987), expresamente nos reservamos de resolver el planteamiento de libertad académica institucional hecho por una universidad privada. Sin embargo, en dicho caso afirmamos que “[p]ara que las universidades, bien sean las privadas o la del Estado, cumplan su función social de ser foro de ‘discusión enérgica de ideas’ mediante la investigación, el estudio y la crítica social, debemos velar por que se les asegure ‘una relativa libertad en el examen de ideas’. … *126 En este caso la institución … merece el mismo respeto y deferencia que le hemos reconocido a los profesores y estudiantes”. Consejo de Educación Superior, supra, pág. 235.

NOTA26 Hasta ahora, no nos hab íamos enfrentado a problemas relacionados a la libertad académica individual e institucional. Lo que hemos examinado son problemas generales de la libertad de expresión en el escenario particular universitario y escolar. Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, 113 D.P.R. 153 (1982); Rodríguez v. Srio. de Instrucción, 109 D.P.R. 251 (1979). El lenguaje que hemos utilizado, que exalta las virtudes de la libertad académica, ha sido empleado para apoyar la conclusión de que la libertad de expresión también protege a los profesores y estudiantes dentro de las instituciones universitarias. No debe confundirse la libertad académica con los principios generales de Primera Enmienda de la Constitución federal, L.P.R.A., Tomo 1. Byrne, supra, págs. 262265.

Los miembros del Consejo sustentan su teoría en los casos Sweezy v. New Hampshire, 354 U.S. 234 (1957), y Keyishian v. Board of Regents, 385 U.S. 589 (1967). Hacen referencia a la retórica contenida en dichos casos como apoyo fundamental para su posición. Contrario a lo que alegan los miembros del Consejo, esta jurisprudencia no aplica por no haber sido resuelta al amparo de la libertad académica.

NOTA27 En Sweezy v. New Hampshire, 354 U.S. 234 (1957), la Corte dio la razón a un conferenciante, que no quería divulgar al Estado una información sobre lo dicho por él en una conferencia que ofreció como invitado en una clase en la universidad pública del Estado. No obstante, el caso se resolvió sobre bases técnicas no relacionadas en absoluto a la libertad académica.
En Keyishian v. Board of Regents, supra, el Tribunal Supremo federal resolvió que era inconstitucional que el Estado prohibiera a los profesores de la universidad pública de Nueva York, mediante el efecto indirecto de ciertos estatutos, tratar en clase temas relacionados al Marxismo u otras ideas revolucionarias. No obstante, Keyishian, supra, no fue resuelto sobre bases relacionadas a la libertad académica; se resolvió al amparo de la doctrina de vaguedad, principio general derivado de la Primera Enmienda de la Constitución federal. Es importante notar también que el problema principal estaba relacionado con la libertad académica individual de los profesores frente a los intentos indirectos del Estado de intervenir o regular el contenido del discurso universitario, y sólo en menor grado estaba involucrada la libertad académica institucional.

No obstante, en la opinión concurrente del Juez Frankfurter en Sweezy v. New Hampshire, supra, se hicieron las expresiones más importantes sobre libertad académica y la naturaleza de una universidad en la historia del Tribunal Supremo federal:
“In a university knowledge is its own end, not merely a means to an end. A university ceases to be true to its own nature if it becomes the tool of Church or State or any sectional interest. …
… It is the business of a university to provide that atmosphere which is most conducive to speculation, experiment and creation. Sweezy v. New Hampshire, supra, págs. 262263, opinión concurrente del Juez Frankfurter.
En dicha opinión concurrente, el Juez Frankfurter identificó,*127 con elocuencia, cuatro (4) libertades esenciales de una universidad, que consisten en decidir por sí misma, conforme con los criterios académicos; quién enseñará; a quién se admitirá a estudiar; qué se enseñará, y cómo se enseñará:
“… It is the business of a university to provide … an atmosphere in which there prevail “the four essential freedoms” of a university—to determine for itself on academic grounds who may teach, what may be taught, how it shall be taught, and who may be admitted to study. (Citas omitidas.) Sweezy v. New Hampshire, supra, pág. 263, opinión concurrente del Juez Frankfurter.

NOTA28 Respecto a los problemas relacionados con las ciencias sociales y naturales, expresa la opinión que “[f]or society’s good —if understanding be an essential need of society— inquiries into these problems, speculations about them, stimulation in others of reflection upon them, must be left as unfettered as possible. Political power must abstain from intrusion into this activity of freedom, pursued in the interest of wise government and the people’s well-being, except for reasons that are exigent and obviously compelling”. Sweezy v. New Hampshire, supra, pág. 262, opinión concurrente del Juez Frankfurter.

Los miembros del Consejo también buscan apoyo para su posición en University of California Regents v. Bakke, 438 U.S. 265 (1978). En dicho caso, la Universidad del Estado argumentó que tenía un derecho de libertad académica institucional que, incondicionalmente, protegía el uso de criterios raciales al seleccionar quién sería admitido a estudiar. La opinión del Juez Powell, que resultó ser la decisiva, aunque le reconoce un papel significativo a la libertad académica institucional, rechaza que ésta proteja la práctica cuestionada en el caso, para declarar así inconstitucional la política de admisiones impugnada por infringir la cláusula constitucional de la igual protección de las leyes. *128

NOTA29 En esta opini ón se reconoce que la Universidad tiene derecho, bajo la libertad académica institucional, a tomar en consideración el factor racial al evaluar aspirantes, cuando al hacerlo se persiguan objetivos académicos legítimos y siempre que no se violente el principio constitucional de igual protección de las leyes.
Sin embargo, el Juez Powell fue el único que acogió en alguna medida la teoría de la Universidad sobre la libertad académica institucional. En University of California v. Bakke, 438 U.S. 265 (1978), no hubo opinión del Tribunal. Los cuatro (4) Jueces, que hubiesen resuelto a favor de discreción sin límite para la universidad, no usaron como fundamento la libertad académica institucional. Por otro lado, los cuatro (4) Jueces que hubiesen resuelto que la universidad no puede tomar en consideración para nada el factor racial en sus decisiones de admisión, ello por razones estatutarias, ni siquiera discutieron si la libertad académica institucional de la universidad le daría espacio a ésta para tomar en cuenta la raza del solicitante.

El Tribunal Supremo federal reconoce expresamente por primera vez en Regents of University of Michigan v. Ewing, supra, que la libertad académica institucional existe y que comprende las cuatro (4) libertades previamente reconocidas por el Juez Frankfurter en su opinión concurrente en Sweezy v. New Hampshire, supra. La libertad académica institucional se usó como fundamento para establecer un estándar laxo de revisión judicial bajo la cláusula del debido proceso, en su vertiente substantiva, frente a la impugnación de una decisión académica de una institución universitaria.
En el caso más reciente del Tribunal Supremo federal sobre la libertad académica, University of Pennsylvania v. EEOC, 493 U.S. 182 (1990), se establece mediante opinión unánime que, no obstante la retórica que previamente se ha empleado para alabar la libertad académica, su ámbito es limitado y está relacionado sólo con los esfuerzos del Gobierno para controlar o dirigir el contenido de la expresión en las universidades (el “discurso universitario”). Se resuelve que no existe privilegio, bajo la libertad académica institucional, que ampare a una universidad privada contra un requerimiento de divulgación por la Equal Employment Opportunity Commission (E.E.O.C.) de los materiales y documentos relacionados al proceso decisional encaminado a denegarle la permanencia a una profesora, cuando ésta ha alegado que la decisión ha sido producto de discriminación por razón de sexo y raza en contravención a los estatutos federales correspondientes. *129

NOTA30 En palabras del propio Tribunal federal, la controversia consistía en determinar si una universidad “enjoys a special privilege, grounded in … the First Amendment, against disclosure of peer review materials that are relevant to charges of racial or sexual discrimination in tenure decisions”. University of Pennsylvania v. EEOC, supra, pág. 184.

La universidad sostuvo que, como parte de su libertad académica institucional de decidir quién enseña, tenía derecho a un privilegio, absoluto o al menos limitado, que protegiera la confidencialidad del proceso decisional. Argumentó que, de lo contrario, se vería afectado adversamente el proceso institucional de decidir libremente, mediante el uso de criterios académicos, quién enseñaría en la universidad, debido al efecto intimidante que podría tener sobre los encargados de la decisión el saber que todo lo que expresen podría ser luego divulgado.
El Tribunal Supremo federal rechaza este planteamiento y concluye que como la intervención gubernamental en este caso no afectaba directamente el contenido del discurso universitario, la libertad académica institucional —reconocida previamente— no aplicaba. Distingue sus precedentes sobre la libertad académica al expresar que en aquéllos se intentaba, de modo directo, controlar o dirigir el contenido de la expresión. El Tribunal federal expresó que tanto en Sweezy v. New Hampshire, supra, como en Keyishian v. Board of Regents, supra, estaba involucrada una reglamentación fundamentada en el contenido ( content-based regulation). University of Pennsylvania v. EEOC, supra, pág. 197.

NOTA31 En University of Pennsylvania v. EEOC, supra, no se alegó que la E.E.O.C. pretendiera o fuera de hecho a dirigir el contenido del discurso universitario hacia o en rechazo a determinados temas o puntos de vista. Como consecuencia, no fue necesario enfrentar la interrogante de hasta qué punto la libertad académica institucional protegería a una universidad ante los intentos indirectos de parte del Gobierno de influenciar el contenido del discurso universitario. University of Pennsylvania, supra, pág. 198.

El Tribunal Supremo federal, además de concluir que sus precedentes no amparaban a la universidad en su reclamo, rechazó también ampliar la libertad académica institucional para que tuviera este alcance. Como fundamento, adujo el Tribunal que el vínculo entre la divulgación exigida por la E.E.O.C. y el efecto adverso sobre*130 la libertad de la universidad para decidir quién enseña era muy atenuado y especulativo.

NOTA32 El resultado y an álisis en University of Pennsylvania v. EEOC, supra, ha sido motivo de preocupación entre los defensores de la libertad académica institucional. W.W. Van Alstyne, Academic Freedom and the First Amendment in the Supreme Court of the United States: An Unhurried Historical Review, 53 (Núm. 3) Law & Contemp. Probs. 79, 139 esc. 207 (1990); Byrne, supra, págs. 318319 y 320.

XI

De ordinario, tenemos autoridad para darle un contenido más amplio a nuestras cláusulas constitucionales del que el Tribunal Supremo federal otorga a cláusulas análogas de la Constitución federal. Por tal raz ón, le reconocemos, al amparo del Art. II, Sec. 4 de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, contornos más amplios a la libertad académica individual e institucional. El caso de University of Pennsylvania v. EEOC, supra, limita la libertad académica institucional bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos a los asuntos estrictamente relacionados con intervenciones gubernamentales con el contenido de la investigación y la enseñanza, al no otorgarle importancia al aspecto de la selección por la institución de las personas que integrarán el claustro y al poner en entredicho los amplios pronunciamientos hechos por el Juez Frankfurter en Sweezy v. New Hampshire, supra. *131 Bajo nuestra Constituci ón, hoy reconocemos que la libertad académica institucional comprende no sólo la enseñanza, investigación y publicación de trabajos, sino los aspectos de selección de personal docente y estudiantes, así como otras actividades administrativas y académicas que deban ser protegidas para evitar que el Estado manipule políticamente los procesos académicos universitarios.

NOTA33 Al reconocerle un ámbito más amplio a la libertad académica institucional, únicamente estamos limitados por el ámbito de la libertad académica individual al amparo de la Constitución federal, en cuanto dichas libertades advengan en conflicto. En este caso no se presenta dicho problema.

NOTA34 Coincidimos con el siguiente comentario sobre el caso de University of Pennsylvania v. EEOC, supra:
“Purporting to distinguish Sweezy on the basis that the inquiry in that case went to the content of teaching, whereas here it went to the determination of professional qualification (though why that difference should be thought to matter is nowhere explained), the Court rejected the claim [of the university]. … The tenor and decision in University of Pennsylvania are more at odds with Sweezy than any other single case to come from the Supreme Court during the past thirty-five years.” (Citas omitidas.) Van Alstyne, supra, pág. 139 esc. 207.
También estamos de acuerdo con las siguientes expresiones, hechas por un comentarista al reseñar la controversia del caso, cuando todavía estaba pendiente de resolverse:
“Beyond invoking Frakfurter’s ‘four freedoms’, the Supreme Court has not provided any guidance as to which administrative activities are protected by constitutional academic freedom from political regulation. Peer review certainly comes within the protection of institutional academic freedom if any university activity other than teaching and scholarship does. Peer review is the canonical procedure for determining ‘who will teach’. …
“… A cavalier disregard for the interests of the university in the process of peer review would be disastrous; this would relegate institutional academic freedom, at least as to activities other than teaching and scholarship, to a trivial status, a makeweight in decisions reached on undisclosed grounds.” Byrne, supra, págs. 318319 y 320.

Al resolver un reclamo al amparo de la libertad académica individual o institucional, se deberá tomar en cuenta cuál es la función universitaria, qué la hace única, qué la distingue de las que llevan a cabo otras instituciones y cuál es el beneficio de esta función para la sociedad. También se deberá distinguir cuidadosamente entre los varios contextos en que puedan surgir problemas de libertad académica constitucional: los reclamos de profesores contra colegas, administradores o síndicos; los reclamos de profesores o funcionarios universitarios análogos contra el Estado, y finalmente, los reclamos de la universidad contra el Estado. Van Alstyne, supra, págs. 8687; Rabban, supra, pág. 231. Será además importante, al resolver estas controversias, considerar la naturaleza pública o privada de la institución universitaria.
El Estado no puede intervenir con las decisiones puramente académicas que tome la universidad relacionadas con sus cuatro (4) libertades fundamentales: decidir quién enseñará o ocupará cargos docentes relacionados a la investigación; qué se enseñará; cómo se enseñará, y quién *132 será admitido a estudiar. La libertad académica institucional protege a la Universidad contra las intervenciones del Estado en asuntos académicos medulares e impide que la reglamentación estatal prive a la universidad del control directo sobre su destino académico. Byrne, supra, págs. 255 y 330. Las Ramas Ejecutiva y Legislativa no pueden reducir la universidad a un instrumento pasivo de cálculo político o utilitario sujeto a las vacilaciones políticas del proceso electoral. Byrne, supra, págs. 331 y 339340.
No obstante, la libertad académica institucional no tiene un ámbito ilimitado. La raz ón de ser de esta libertad, la protección de los rasgos particulares y distintivos de las universidades, demarca sus límites. Byrne, supra, p ág. 332333; Van Alstyne, supra, págs. 8687. La libertad académica institucional no impide una reglamentación que incidentalmente afecte los derechos protegidos o que establezca unos requisitos mínimos de calidad en la enseñanza universitaria. *133

NOTA35 V éase, en general, en el contexto de las universidades públicas, Rabban, supra, págs. 271272 y 276280.

NOTA36 La principal funci ón y característica, que hace únicas a las universidades, es la investigación desinteresada. Existen también otras funciones y valores únicos de las universidades, constitutivos del fundamento de la libertad académica institucional, todos en cierta medida relacionados al principal. Byrne expone los siguientes: “disinterested inquiry, reasoned and critical discourse, and liberal education.” Byrne, supra, pág. 338 Véase, en general, íd., págs. 332339.

NOTA37 La Ley N úm. 17 de 16 de junio de 1993 (18 L.P.R.A. secs. 852852 l), que crea el nuevo Consejo, dispone que toda institución privada de educación superior necesita una licencia de dicho cuerpo para poder operar o continuar operando en Puerto Rico. Art. 11 de la Ley Núm. 17, supra, 18 L.P.R.A. sec. 852i. Establece que el Consejo examinará las credenciales de la facultad, calidad y suficiencia de los programas que han de ofrecerse, las instalaciones físicas y facilidades, y la solvencia económica de la institución. Art. 7(2) de la Ley Núm. 17, supra, 18 L.P.R.A. sec. 852e. Estas normas responden a un interés legítimo del Estado de asegurar a todo estudiante, que se matricule en dichas instituciones, que éstas estén mínimamente cualificadas para la labor educativa. Véase Art. 13 de la Ley Núm. 17, supra, 18 L.P.R.A. sec. 852k. De su faz, el esquema de licenciamiento establecido mediante esta legislación no presenta problemas de libertad académica institucional por constituir unos requisitos generales que no están dirigidos a suprimir o avanzar ciertos puntos de vista, que interfieren sólo de manera incidental con las libertades institucionales correspondientes.

Conclusión

La libertad académica individual no está involucrada en este caso, puesto que nadie plantea que la legislación pretenda directa o indirectamente afectar a los funcionarios universitarios en sus labores académicas.
Más bien, los miembros del Consejo alegan que la legislación, que eliminó la junta de gobierno de la Universidad de Puerto Rico y creó una nueva con miembros distintos, infringe la libertad académica institucional de la Universidad. Los miembros del Consejo no pueden prevalecer al amparo de jurisprudencia federal sobre la libertad académica institucional. Esta libertad, reconocida por el Tribunal Supremo federal, no cubre las situaciones en que no se alegue alguna interferencia directa o indirecta con el contenido del discurso universitario. En este caso no se alega tal intervención.
Aun bajo la teoría más protectora de libertad académica institucional que hoy adoptamos bajo nuestra Constitución, los miembros del Consejo no pueden prevalecer. En este caso no se ha alegado ni demostrado que el Gobierno pretenda, mediante la legislación impugnada, intervenir con los asuntos académicos universitarios. No se ha planteado que la legislación impugnada sea un intento del Gobierno para afectar —de determinada manera— el contenido del discurso universitario, de la enseñanza o de la investigación académica y la publicación de sus resultados. Tampoco se sostiene que el Gobierno intente indirectamente, por medio de la sustitución de los componentes de la junta de gobierno universitaria, afectar otros asuntos académicos tales como la política de admisión de estudiantes o de selección de personal académico investigativo o docente. No se ha señalado ningún acto específico del Estado que implique un intento por imponer algún punto de vista específico en la Universidad o suprimir ideas con las cuales el Estado no simpatice. No basta para ello la alegación*134 de que el Gobernador sea de un partido político distinto al de los miembros del Consejo, esto sin perjuicio de la alegación que, bajo la doctrina de discrimen político, pueda hacer un funcionario universitario.
Los miembros del Consejo alegan que el Gobierno pretende mediante esta legislación implantar en la Universidad de Puerto Rico su ideología política, cultural, social y económica. Aunque la Junta de Síndicos podría intentar hacerlo así, lo cierto es que su mera creación no violenta la libertad académica institucional de la Universidad. Actualmente, el vínculo entre la legislación impugnada y lo que la Junta podría hacer es especulativo y la acción incoada no contiene la prueba necesaria para demostrar que la mera creación de la Junta constituye una intromisión indebida con la libertad académica.
Claro está, ni la Junta ni cualquier funcionario administrativo puede actuar contra la libertad académica individual o institucional, y confiamos que los nuevos integrantes de la Junta respeten esta libertad académica individual e institucional. Los tribunales deberán examinar rigurosamente cualquier reclamo de que el Estado o la Junta estén violando la libertad académica individual e institucional mediante unos actos específicos.
Resumiendo, por lo antes expuesto concluimos que, como correctamente argumentaron los miembros del Consejo, la controversia examinada es justiciable. Dichos miembros tienen legitimación activa para incoar este pleito, y éste no es académico ni presenta una cuestión política que impida su adjudicación.
Al amparo de nuestra Constitución, le reconocemos a la Universidad de Puerto Rico un derecho de libertad académica institucional frente al Estado. Este derecho podrá ser invocado en los tribunales por los universitarios cuando el Estado intervenga directa o indirectamente con el discurso académico mediante intervenciones políticas que persigan *135 imponerle criterios o ideas que sólo respondan a diferencias ideológicas y no a legítimas consideraciones académicas.
Aunque hoy determinamos que la libertad académica institucional de la Universidad de Puerto Rico no fue infringida mediante la legislación impugnada y que no se le privó a los miembros del Consejo de su derecho al debido proceso, nuestros pronunciamientos reconocen el derecho de la Universidad de Puerto Rico a que el Estado no intervenga arbitrariamente con los asuntos universitarios, para desvirtuar así el carácter académico de dicha institución.
La vital función universitaria de añadir al caudal de conocimiento humano y de estudiar críticamente las ideas prevalecientes en el mundo requiere un espacio de libertad e independencia, no contaminado por influencias políticas ajenas a la disciplina académica. El discurso universitario no es un botín de guerra; debe estar protegido contra la supresión de ideas y opiniones que pueda provocar la efímera ideología política, social y económica de un determinado momento histórico.
Los tribunales se mantendrán siempre preparados para proteger celosamente el derecho de libertad académica tanto de la Universidad como del claustro. Así aseguramos que en la Universidad siempre prevalezca un ambiente que garantice el libre fluir de ideas y el intercambio crítico y enérgico que debe caracterizar a dicha institución.
–O–

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado Señor Alonso Alonso, a la cual se une el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.
DISIENTO de la sentencia emitida por el Tribunal por entender que las leyes impugnadas son inconstitucionales. Mediante subterfugios carentes de legitimidad, se han violentado derechos fundamentales de los miembros del Consejo*136 de Educación Superior (en adelante C.E.S.) garantizados por nuestra Constitución y la de Estados Unidos (en adelante EE. UU.) y se han socavado los pilares sobre los cuales descansa nuestra democracia y la vida universitaria que la nutre.
Coincido y me uno a las expresiones hechas en las partes I, III, IV y V de la opinión concurrente del Juez Asociado Señor Hernández Denton. Estoy, además, conforme con las partes VIII, IX, X y XI de su opinión, que tratan sobre la libertad académica, pues éstas reconocen parte de los derechos existentes sobre la libertad académica, aunque no su totalidad como entiendo que existen, y explico, en esta opinión.
Hoy más que nunca tiene especial relevancia el principio expresado por este Foro hace más de tres (3) décadas en Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573, 582 (1961), en cuanto a que los jueces no debemos pecar de ingenuos y ser tan inocentes como para creer cosas que nadie más creería.
El imperio de la ley es la respuesta más enfática del Estado liberal a los problemas del poder y de la libertad. Debemos distinguir entre el uso del poder legítimo y el ilegítimo, de lo contrario la sociedad liberal y el hombre estarán condenados a la búsqueda de una justicia que no existe y las estructuras sociales y públicas perderán legitimidad por su falta de contenido moral. Más allá de las formalidades legales y del instrumentalismo burocrático, hay que buscar el sentido de equidad, solidaridad social y justicia real. R.M. Unger, Law in Modern Society, Nueva york, Ed. Free Press, 1976.
La leyes impugnadas son inconstitucionales de su faz y en su aplicación cuando: (1) hayan violentado la libertad de expresión consagrada en nuestra Constitución y en la Constitución federal; (2) hayan violentado, además, la libertad académica institucional y la autonomía universitaria sin existir ningún interés apremiante que lo justifique; (3) los miembros del C.E.S. hayan sido despedidos de jure y *137 de facto en forma discriminatoria por razones político-partidistas y sin justa causa, y (4) la legislación impugnada no sea otra cosa que un subterfugio para tomar indebidamente la Universidad de Puerto Rico como si fuera un botín de guerra. Nos explicamos.
Existe un vínculo fuerte, firme e inquebrantable entre la vivencia universitaria y el ejercicio de la democracia. La Universidad es democracia conforme con su destino. Este destino de la Universidad está íntimamente ligado al contenido del Preámbulo de nuestra Constitución, en cuanto a “continuamente enriquecer nuestro acervo democrático en el disfrute individual y colectivo de [ los] derechos”. Preámble, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 251. La Universidad es la convivencia democrática de la sociedad civil y el máximo laboratorio para la experimentación democrática. Intervenir indebidamente con ella es intervenir peligrosamente con la democracia y violentar los valores constitucionales que la hacen viable y sobre los cuales se sostiene.
La amplitud del derecho a la libertad de expresión, garantizado en nuestra Constitución, cobija la autonomía universitaria. La autonomía universitaria es un pilar fundamental en nuestra aspiración como pueblo a enriquecer, de manera continua, nuestro acervo democrático y al disfrute individual y colectivo de nuestras libertades, según lo dispone la Constitución.
Por otra parte, el concepto moderno de administración académica se deriva en forma directa de la libertad de expresión individual y colectiva. Hace viable el logro de los objetivos de la docencia. La libertad académica institucional incluye no sólo el componente de la docencia, sino el de la administración académica. Intervenir de forma indebida con la administración académica afecta directamente la docencia y viola la libertad académica individual, pues tiene un efecto congelante (“chilling effect”) sobre ésta y sobre la libertad de expresión de la comunidad universitaria. *138 Ello es así, puesto que quebranta el diálogo, la discusión y la deliberación universitaria, que son su razón de ser para que los estudiantes tengan una educación plena que los exponga a todas las corrientes del conocimiento.
El C.E.S. ostenta una obligación fiduciaria de velar por todos los intereses de los elementos que componen la comunidad universitaria. Su capacidad para demandar y ser demandado la estableció la Sec. 2 de la Ley Núm. 135 de 7 de mayo de 1942 (18 L.P.R.A. sec. 632), la cual está en pleno vigor. Así también lo hemos reconocido antes en nuestros dictámenes. Por ello, tiene capacidad para comparecer a este pleito. Además del C.E.S., sus miembros tienen legitimación activa debido a que han sufrido un daño claro, inmediato, grave, concreto y palpable al ser despojados de todas sus funciones fiduciarias y administrativas sobre la Universidad. Sólo se le ha dejado la función de acreditar y licenciar instituciones de educación privadas, lo cual no es una función relacionada con administrar y dirigir la docencia universitaria. El C.E.S. y sus miembros están obligados a defender la Constitución y, por ende, los derechos de la libertad de expresión y el debido proceso de ley. Si una ley infringe estos derechos, su deber es cuestionar la constitucionalidad de ésta, como lo han hecho.
La Universidad no es una agencia o corporación pública más del Gobierno. La Universidad no es una propiedad privada del Estado ni tampoco es un departamento del Gobierno, como veremos más adelante.
En atención al interés público involucrado, siendo consecuentes con éste, para respetar los principios antes expuestos —de que el Estado no debe intervenir con la Universidad y con los procesos que la propia comunidad universitaria ya ha llevado a cabo— y para proteger los derechos constitucionales fundamentales y evitar crear una inestabilidad, ordenaríamos el siguiente remedio:
1. Declarar inconstitucional la Ley Núm. 12 de 7 de junio de 1993 (18 L.P.R.A. sec. 621c) y las Leyes Núms. 16 y *139 17 de 16 de junio de 1993 (18 L.P.R.A. sec. 602 y 18 L.P.R.A. secs. 852852l, respectivamente, por lo que se restituyen a los miembros del C.E.S. cuyos nombramientos no hayan vencido a la fecha de la presente opinión.
2. Declarar inconstitucional la Junta de Síndicos y el Consejo de Educación Superior, según creados por las referidas leyes. Cualquier actuación de estos organismos posterior a la fecha de esta opinión se declara también inconstitucional.
3. En cuanto al nombramiento de funcionarios tales como el Presidente de la U.P.R. en consideración a los factores antes señalados, dejaríamos a éstos en sus cargos hasta tanto el C.E.S. decida lo contrario.
I

La naturaleza de la Universidad

Existe un vínculo firme, fuerte e inquebrantable entre la vivencia universitaria y el ejercicio de la democracia. La Universidad es una democracia conforme a su destino; es la institución que, en mayor medida, está capacitada para abordar los grandes problemas a que hoy se enfrenta la humanidad con serenidad y espíritu reflexivo, y para proponer las soluciones o reformas adecuadas.
“La Universidad necesita acentuar su condici ón dialogal, que entienda su labor de enseñanza como una interlocución entre [profesores] y estudiantes, requiriendo de éstos, no la actitud pasiva de recibir el saber ya elaborado, sino [mediante una actitud dinámica donde] la actividad de cuestionar y pensar por su cuenta [sea] lo que el [profesor facilite] u ofrece. A este diálogo de los [profesores] con los estudiantes, propio de la enseñanza efectiva, se ha de agregar el de los [profesores] entre sí, el de los estudiantes entre sí, el diálogo de los que piensan hoy con los que ayer pensaron y cuyas obras se preservan para su estudio y por fin, el diálogo de la universidad con las diversas instancias de la comunidad que la alberga. Esto último requiere que la universidad no dependa de las autoridades de esta comunidad, puesto que ha de ser interlocutor frente a *140 ellas; que no sea un mero eco de lo que estas autoridades dicen, que tenga una voz propia y diferente de la de estas autoridades. Esto se deja expresar en una sola locución: autonomía universitaria, tanto en lo académico como en lo relativo a su gobierno y administración. Dr. J. Echevarría, Universidad, Democracia y Destino, conferencia pronunciada el 2 de febrero de 1993, al asumir funciones de Humanista Residente del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
Cuando se interviene con la Universidad, como en este caso, se quebranta este diálogo y, por ende, se viola la libertad de expresión garantizada por la Constitución a los profesores y estudiantes.
En la democracia liberal, lo que el Gobierno de la mayoría debe respetar y proteger no se limita sólo a la minoría que se le opone. Incluye, además, un conjunto de instituciones deliberativas que contribuyen a dar contenido y forma al proyecto de sociedad que cada Nación ha de elaborar para dar solución a los problemas que se le presenten y superar los vicios que le aquejan en el presente. Entre estas instituciones se encuentra, desde luego, ocupando un lugar central y eminente la Universidad, que ha sido caracterizada, conforme apunta acertadamente el profesor Echevarría, como “la simbiosis de investigación y enseñanza al servicio de la imaginación creadora”. Se comprende bien que este programa, sobre lo que la Universidad ha de aspirar a ser, va mucho más lejos de la concepción que se suele tener de ella. Con la locución “imaginación creadora” se ha denominado a la función social de contribuir a generar el futuro de la comunidad y, en cierta medida, de la humanidad en su conjunto.
Como bien expresara Don José Ortega y Gasset: la Universidad consiste primero, y por lo tanto, en la enseñanza superior que debe recibir el hombre medio para hacerlo un hombre culto y un buen profesional y situarlo a la altura de sus tiempos. J. Ortega y Gasset, Obras Completas, T. IV pág. 335.
“El rigor y la disciplina de la vida intelectual constituyen un *141 punto de referencia de tal importancia que no pueden sacrificarse a determinados oleajes históricos. …
Resulta indispensable al hombre, a la sociedad y al futuro de la libertad, la existencia de comunidades de escolares empeñadas en el esfuerzo desinteresado por conocer, entender y esclarecer la realidad; por conservar y trasmitir el saber, leales a los métodos y a las normas que la vocación intelectual exige. La vocación intelectual es uno de los resortes indispensables a la vida del conocimiento y su sede institucional radica desde hace ocho siglos en la universidad. J. Benítez, Junto a la torre: jornadas de un programa universitario, San Juan, Ed. U.P.R., 1962, prólogo, págs. 1314.
Y es que el compromiso primario de la Universidad radica en la sociedad intelectual. Son la duda creativa y la búsqueda de la verdad, el respeto a la disidencia, la investigación, la transmisión de la información y la calidad académica lo que establece la distinción con otras instituciones sociales igual de buenas, pero ciertamente distintas de la Universidad.
Si algo importante debe tener un sistema democrático como el nuestro es que las instituciones existan en forma estable, por encima de los intereses inmediatos que puedan tener las personas particulares.
La autonomía universitaria quiere decir, entre otras cosas, que el Pueblo de Puerto Rico colectivamente prefiere que sean los universitarios quienes tomen las decisiones fundamentales sobre lo que debe desarrollarse dentro del ámbito de la Universidad de Puerto Rico. La autonomía no es una ficción poética.
“Es una fuerza real que nos permite escoger libremente nuestros estudiantes, profesores y empleados; que nos permite evaluarlos con criterios universitarios, que nos permite decidir responsablemente lo que investigamos, que nos permite criticar y valorar, pensar, soñar, volar libres, nos permite analizar, luchar, diferir, crear, que nos permite desarrollar nuestros programas sin interferencia impropia. Es como si el pueblo de Puerto Rico le hubiese dicho a la Universidad: queremos que si alguien se equivoca en lo que debe hacerse en la Universidad, sean los universitarios y no las personas que están fuera de la universidad. F. Agrait (Presidente de la U.P.R.), Discurso pronunciado*142 en la colación de grados del Recinto de Río Piedras el 7 de junio de 1987.
El hecho de que el Estado se haya visto obligado en los tiempos modernos a financiar en gran parte el funcionamiento de las universidades, en manera alguna las convierte, ni siquiera a la pública, en dependencias o agencias del Estado sometidas a su tuición y administración, si tal Estado pretende poseer el honroso calificativo de democrático, en el sentido moderno de esta expresión. Pues no es democrático sino despótico, y acaso hasta tiránico, cuando el Gobierno invoca a la mayoría que lo sustenta e invade territorios que no son suyos, como ocurre por desgracia cuando una comunidad se deja llevar por el carisma de un líder o por una ideología sin suficientes raíces en la conciencia de los gobernados. No sólo las personas individuales tienen destinos, sino también lo tienen las instituciones en cuanto llevan inscrito en ellas la posibilidad de ser más y mejores de lo que son en el presente. Echevarría, supra.
Este destino de la Universidad está estrechamente ligado al contenido del Preámbulo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en cuanto a “continuamente enriquecer nuestro acervo democrático en el disfrute individual y colectivo de [los] derechos”. Preámbulo, supra, pág. 251. En fin, existe un vínculo firme y fuerte entre la vivencia universitaria y el ejercicio de la democracia. El destino de la Universidad es darle contenido empírico al Preámbulo de la Constitución, de lo cual se enriquece y fortalece la democracia.
En cuanto a esta indelegable misión de la Universidad como conciencia democrática de la sociedad civil y máximo laboratorio para la experimentación democrática, “reino de la inconformidad y la disidencia” — como bien la catalogara la ilustre puertorriqueña Nilita Vientós Gastón—basta recordar cómo históricamente las universidades han sido los principales enemigos contra los cuales se han ensañado los regímenes totalitarios en todo el planeta. J.R. Fernández, *143 Universidad y Poder, Diálogo, 14 de abril de 1992. En democracias liberales como la nuestra, el Gobierno de la mayoría debe respetar y proteger a la Universidad como una de las instituciones deliberativas “que contribuye a dar contenido y forma al proyecto de sociedad” que nuestra Nación ha de elaborar para dar solución a los problemas que se le presentan y superar los vicios que en el presente le aquejan. Echevarría, supra. La Universidad de Puerto Rico ocupa, entre estas instituciones, un lugar central y eminente.
En la medida que se interviene de forma indebida con esta función, el diálogo, la discusión y la deliberación se quebrantan, violentándose así la libertad de expresión garantizada por nuestra Constitución y la Constitución federal.
Las intervenciones indebidas que en el pasado haya hecho el Gobierno con la Universidad, las cuales no están ante nos, no justifican ni legitiman la que se ha hecho en este caso. Estas son igualmente censurables.
II

La Universidad no es una agencia más de Gobierno

La entidad que hemos descrito como Universidad, obviamente no es una agencia más del Gobierno, de la Rama Ejecutiva o una corporación pública de las utilizadas comúnmente en Puerto Rico para adelantar el desarrollo económico, prestar servicios públicos y llevar a cabo funciones tradicionalmente gubernamentales. Tampoco es un gobierno municipal.
La Universidad no es el Gobierno; la Universidad no es el Estado; la Universidad es mucho más. Es una comunidad inmersa dentro de otra, dentro de una sociedad de la cual forma parte, que con su vida propia enriquece la libertad y la búsqueda de la felicidad del ser humano. Las entidades que el Estado crea, para ser componentes de la *144 comunidad, no son de su pertenencia. La Universidad no pertenece al Gobierno ni al Estado.
Por todo lo anterior, las facultades de la Asamblea Legislativa y del Gobernador de Puerto Rico, al reorganizar la Universidad, tienen unos parámetros más limitados que cuando se trata de las agencias gubernamentales tradicionales. Especialmente cuando estos parámetros se han establecido para preservar la libertad de expresión, la libertad del hombre, la búsqueda de la felicidad y la preservación de los derechos inalienables de todos los seres humanos del planeta. Por ello la Constitución española de 27 de diciembre de 1978 eleva a rango constitucional la autonomía universitaria. Además, veintisiete (27) estados de EE. UU. hacen referencia específica a la educación superior en sus constituciones y nueve (9) estados garantizan en sus constituciones la autonomía universitaria para protegerla de las intervenciones indebidas de las Ramas Ejecutiva y Legislativa. A. Kern y E.S. Solomon, College and University Law, Virginia, 1972, Ed. Michie Co., pág. 26.
Nuestra Constitución, tanto en su Preámbulo como en su Carta de Derechos y en sus diversas disposiciones, expresamente se levanta sobre estos principios de libertad, de búsqueda de la felicidad, de inviolabilidad a la dignidad del ser humano y de democracia. Veamos ahora los hechos particulares de este caso y por qué esta legislación es inconstitucional.
III

Hechos

La Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, conocida como la Ley de la Universidad de Puerto Rico, 18 L.P.R.A. sec. 601 et seq., estableció a la Universidad de Puerto Rico (en adelante U.P.R.) como una corporación pública, cuya junta de gobierno la constituye el C.E.S. Al C.E.S. se le asignó la función dual de administrar o gobernar la U.P.R. y, a su *145 vez, licenciar y acreditar a las instituciones educativas privadas de educación superior en Puerto Rico. Con la aprobación de la Ley Núm. 31 de 10 de marzo de 1976 (18 L.P.R.A. sec. 2101 et seq.), el proceso de licenciamiento y acreditación se hizo obligatorio.
A raíz del resultado de las elecciones generales en Puerto Rico efectuadas en noviembre de 1992, el Hon. Pedro J. Rosselló González, Presidente del Partido Nuevo Progresista (P.N.P.), fue instalado como Gobernador del Estado Libre Asociado. Aproximadamente cinco (5) meses después, fueron aprobadas tres (3) leyes para enmendar la referida Ley de la Universidad de Puerto Rico e introducir cambios sustanciales en el esquema de gobierno y administración de la U.P.R.
La Ley Núm. 12, supra, designó a la Junta de Síndicos, en sustitución del C.E.S., como el órgano con la facultad para establecer los procedimientos correspondientes para solicitar, recibir, custodiar y administrar los fondos de la U.P.R.

NOTA1 Mediante la aprobaci ón de esta ley, sólo se enmendó el Art. 5 de la Ley de la Universidad de Puerto Rico, Ley Núm. 2 de 20 de enero de 1966 (18 L.P.R.A. sec. 621c).

La Ley Núm. 16, supra, eliminó al C.E.S. como cuerpo rector de la U.P.R. y creó en su lugar la Junta de Síndicos para “gobernar y administrar el sistema universitario del estado”. En s íntesis, esta ley traspasó a la Junta todos los poderes que tenía el C.E.S. en su capacidad de junta de gobierno de la U.P.R.

NOTA2 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 16 de 16 de junio de 1993, Leyes de Puerto Rico, pág. 50.

Conforme a la citada Ley Núm. 16, la Junta de Síndicos estará compuesta por trece (13) miembros, diez (10) de ellos serán ciudadanos de la comunidad nombrados por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado, y tres (3) serán electos mediante voto secreto por los profesores y estudiantes, representantes del estudiantado y del personal docente en la Junta Universitaria. *146
La tercera de estas leyes, la Ley Núm. 17, supra, separó las funciones de licenciar y acreditar instituciones universitarias privadas de las funciones correspondientes al gobierno y administración de la U.P.R. Para ello creó un nuevo organismo, también denominado “Consejo de Educación Superior”. Por disposición de esta ley, los miembros del C.E.S. pasarían a formar parte del nuevo Consejo de Educación Superior creado, hasta las expiraciones de sus respectivos términos.
El 17 de junio de 1993, el C.E.S. y sus miembros presentaron ante el Tribunal Superior una acción contra el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Hon. Pedro J. Rosselló González. En ésta, los demandantes figuran como miembros del C.E.S. y en su carácter individual. El C.E.S. también figura en representación de la U.P.R. Los demandantes solicitan que se declaren inconstitucionales las leyes referidas y, a su vez, que se le prohíba al Gobernador ponerlas en vigor.

NOTA3 El Consejo de Educación Superior (en adelante C.E.S.) está conpuesto por ocho (8) miembros. Al aprobarse las leyes impugnadas, existía una vacante. Los miembros de C.E.S. y la fecha de expiración de sus nombrameintos son los siguientes: Ing. Richard Camino Carlo (11 de diciembre de 1997); Prof. Awilda Aponte Roque (Presidenta, 19 de enero de 1998); Lcdo. Francisco L. Acevedo (20 de enero de 1995). El nombramiento del Lcdo. Salvador Antonetti vencía el 20 de enero de 1994, pero surge del expediente que el 26 de agosto de 1993 éste presentó su renuncia a su cargo como miembro del C.E.S. al Gobernador, efectiva de inmediato.

NOTA4 Durante el trámite del caso ante el tribunal de instancia, el Gobernador nombró a los diez (10) miembros de la Junta de Síndicos, y los profesores y estudiantes nombraron sus respectivos representantes ante la Junta. La Junta se constityó y escogió a su presidente.

En síntesis, los demandantes alegan que las leyes impugnadas son inconstitucionales porque violan la libertad académica institucional y la autonomía de la U.P.R., además de destituirlos de manera discriminatoria y en violación al debido proceso de ley. Los demandantes alegan, además, que las leyes impugnadas violan el Art. II, Secs. 1, 4 y 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, y la Primera, Quinta y Décimocuarta*147 Enmiendas de la Constitución de Estados Unidos.
El demandado, por su parte, sostiene que el caso trata sobre una cuestión política que no es susceptible de adjudicación judicial. Señala, además, que el C.E.S. carece de legitimación activa; que la libertad académica institucional no ampara sus reclamos y que a los demandantes no les cobija derecho constitucional alguno para continuar ejerciendo sus funciones. El demandado niega la existencia de motivación político-partidista o discriminatoria como fundamento para la aprobación de las leyes impugnadas.
El 5 de agosto de 1993 el tribunal de instancia dictó una sentencia, en la cual declaró sin lugar la demanda al resolver que el C.E.S. carece de legitimación activa para demandar. Resolvió, a su vez, que la autonomía universitaria no tenía un rango constitucional sino estatutario, y que la libertad académica institucional bajo la Primera Enmienda de la Constitución federal no se extiende a la fase administrativa o de gobierno de la Universidad. Con respecto a las alegaciones de discrimen y privación de propiedad sin un debido proceso de ley, el tribunal de instancia concluyó que los miembros del C.E.S. (en su carácter individual) carecen de un interés propietario en el cargo que ocupan. Finalmente y en resumen, sobre la discriminación alegada contra los demandantes, el tribunal concluyó que existía una controversia sobre el posible conflicto de intereses dimanante de la dualidad de funciones del C.E.S. Por ello, resolvió que las leyes impugnadas presentan en realidad un enfoque o política pública distintos, los cuales están dentro del ámbito que le confiere la Constitución a la Rama Ejecutiva del Gobierno.
Inconformes, los miembros del C.E.S. apelaron ante este Tribunal. En apoyo a su contención principal de que las leyes referidas son inconstitucionales, plantean los siguientes errores:
“1. … [R]esolver que no existe un derecho constitucional a la *148 autonomía universitaria bajo las libertades garantizadas por la Primera y Décimocuarta Enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos y por las secciones 4 y 6 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
2. … [R]esolver que no existe un derecho constitucional a la autonomía universitaria bajo el derecho fundamental a la educación garantizado por la sección 5 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
3. … [R]esolver que las Leyes Núm. 16 y 17 de 16 de junio de 1993 y Núm. 12 de 7 de junio de 1993 no violan el derecho constitucional a la libertad académica institucional y a la autonomía de la Universidad de Puerto Rico, garantizados por las Enmiendas Primera y Décimocuarta de la Constitución de los Estados Unidos y las secciones 4, 5 y 6 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
4. … [R]esolver que la Universidad de Puerto Rico, representada por el Consejo de Educación Superior, no tiene legitimación activa para demandar al Gobernador en defensa de su derecho a la libertad académica institucional y a la autonomía.
5. … [R]esolver que al CES y sus miembros no les ampara el derecho a la libertad académica institucional por que las funciones del CES. son funciones administrativas y no académicas y sus miembros no toman decisiones académicas sino puramente administrativas.
6. … [R]esolver que los miembros del CES no fueron destituidos de sus cargos como junta de gobierno de la Universidad.
7. … [R]esolver que la destitución de los miembros del CES no se debió a motivaciones políticas, en violación de sus derechos constitucionales bajo la Primera y Décimocuarta Enmiendas de la Constitución de Estados Unidos y bajo las secciones 4 y 6 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
8. … [R]esolver que no se violó el derecho de los miembros del CES al debido proceso de ley, en sus vertientes sustantiva y procesal, garantizado por las Enmiendas quinta y décimocuarta de la Constitución de los Estados Unidos y las Secciones 1 y 7 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al separar [a los miembros del C.E.S.] de sus cargos en la Junta de gobierno de la Universidad en violación a su derecho a la libertad, igualdad y dignidad, sin vista ni justa causa. Escrito de apelación, págs. 67.
Por plantear una cuestión constitucional sustancial novel, acogimos el recurso. Ante su importancia, acordamos darle atención prioritaria. Durante la etapa apelativa, autorizamos la intervención de la U.P.R. y del recién creado *149 C.E.S., así como la comparecencia de la Asociación de Colegios y Universidades Privadas, Inc. de Puerto Rico (A.C.U.P.) como amicus curiae.

NOTA5 Al expedir el recurso el 24 de septiembre de 1993, una moción en auxilio de jurisdicción fue declarada no ha lugar. Los Jueces Asociados Señores Hernández Denton, Alonso Alsonso y Fuster Berlingeri hubiesen paralizado los procedimientos en instancia.

IV

Capacidad para demandar y legitimación activa del C.E.S.

Desde Rivera Maldonado v. E.L.A., 119 D.P.R. 74, 81 (1987), explicamos que “persona jurídica’D’ es “la colectividad de personas o conjunto de bienes que, organizado para la realización de un fin permanente, obtiene el reconocimiento del Estado como sujeto de derecho”. (Énfasis suplido.) (Citando a D. Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil español, 6ta ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1977, Vol. I, Cap. VI, pág. 370.) “Esta recibe su personalidad directamente de la ley, por la que los límites de sus facultades, derechos y responsabilidades están fijados por la ley creadora.” Íd. (Citando a J.L. Lacruz Berdejo, Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1974, Vol. 2, Cap. V, Sec. 31, pág. 176.) En Rivera Maldonado v. E.L.A., supra, pág. 82, también señalamos que “como regla general, un departamento ejecutivo no tiene personalidad jurídica’D’. Claro est á que la Universidad, como señalaremos más adelante, no es un departamento ejecutivo.

NOTA6 Citado más recientemente en Pagán et al. v. E.L.A., 131 D.P.R. 795, 801 esc. 2 (1992).

El Estado, a través de la Rama Legislativa, goza de la facultad de conferirle a las instrumentalidades que crea la estructura organizativa más apropiada a fin de lograr su funcionamiento más óptimo y efectivo. Pagán et al. v. E.L.A. et al., 131 D.P.R. 795 (1992). En consonancia con lo anterior, aquel organismo creado por ley tendrá la capacidad*150 para comparecer ante los tribunales bajo dos (2) instancias. Primero, si la ley orgánica que lo crea le otorga expresamente dicha capacidad, o segundo, cuando esta capacidad pueda razonablemente inferirse de la ley. Esto último significa que es necesario analizar e interpretar la ley orgánica que crea la entidad para determinar si dentro del contexto de sus atribuciones, poderes y objetivos tiene capacidad para demandar. Veamos.

NOTA7 En nuestra jurisprudencia abundan diversos criterios o elementos que hemos utilizado para reconocerle una personalidad jurídica a ciertas instrumentalidades. Véanse, por ejemplo: Unión de Empleados Carreteras v. J.R.T., 119 D.P.R. 116 (1987), opinión concurrente de la Juez Asociada Se?ora Naveira de Rodón; A.A.A. v. Unión de Empleados A.A.A., 105 D.P.R. 437 (1976); Canchani v. C.R.U.V., 105 D.P.R. 352 (1976); Pagán et al. v. E.L.A. et al., supra.

El C.E.S. fue creado como la Junta de Gobierno de la U.P.R. mediante el Art. 3 de la Ley Núm. 1, supra, según enmendada, 18 L.P.R.A. sec. 602. El Art. 16 de esta Ley Núm. 1, contenía unas disposiciones generales y transitorias, entre las cuales se incluyeron las siguientes:
“(4) Cualesquiera deberes, atribuciones, prerrogativas, o funciones asignadas al Consejo Superior de Enseñanza, al Rector o a la Universidad de Puerto Rico por las leyes de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico promulgadas con anterioridad a la presente ley y que no sean incompatibles con sus disposiciones, continuarán rigiendo y obligando al Consejo de Educación Superior, al Presidente de la Universidad o a la Universidad de Puerto Rico, respectivamente.
(5) Todas las prerrogativas, atribuciones y responsabilidades contraídas por cualquier organismo o funcionario oficial de la Universidad de Puerto Rico bajo leyes en vigor antes de la aprobación de ésta o a virtud de cualquier ley federal, concesión o contrato cuya transferencia no esté específicamente establecida por las disposiciones de esta ley, quedan por ésta reconocidas y continúan en vigor. ….” (Énfasis suplido.) 1966 Leyes de Puerto Rico 105.
La anterior Ley de Reorganización de la Universidad de Puerto Rico, la cual creó el Consejo Superior de Enseñanza (que fue sustituido por el C.E.S. mediante la ley de 1966), disponía que el Gobierno de la Universidad residiría en *151 dicho Consejo Superior de Enseñanza. Sec. 3 de la Ley Núm. 135 de 7 de mayo de 1942 (18 L.P.R.A. ant. sec. 633). En la Sec. 2 de esta Ley de 1942 (18 L.P.R.A. ant. sec. 632), se dispuso que las facultades del Consejo Superior de Enseñanza serían las siguientes:
“Secci ón 2.— El Consejo Superior de Enseñanza, nombrado según se provee en la sección 3 de esta Ley, y sus sucesores, constituirá, y por la presente constituye, una corporación bajo la denominación de “La Universidad de Puerto Rico”, y con este nombre tendrá derecho a demandar y ser demandada, a adquirir y poseer bienes muebles o inmuebles, a hipotecar y vender los mismos, a contraer deudas, a celebrar contratos, a adoptar y usar un sello común y a modificarlo cuando guste, y a hacer y mandar a hacer todo lo que sea necesario para llevar a cabo las funciones que más adelante se indican, incluyendo la aceptación y administración de donaciones inter vivos y mortis causa. El Consejo Superior de Enseñanza estará a cargo de la custodia, el gobierno y la administración de todos los bienes raíces y personales y de todos los dineros de la Universidad; Disponiéndose, que podrá delegar estos poderes y responsabilidades en el Rector. (Énfasis suplido.) 1942 Leyes de Puerto Rico 767 y 769.
El C.E.S. creado por la Ley Núm. 1, supra, al igual que su antecesor, el Consejo Superior de Enseñanza, como parte de su función primordial de gobernar y administrar a la U.P.R., ostenta una obligación fiduciaria de velar por todos los intereses de los elementos que componen la comunidad universitaria. Fue a esta entidad o junta de gobierno a quien, bajo el nombre de la Universidad y en protección a sus mejores intereses, se le concedió desde 1942 la facultad de demandar y ser demandada. Esta facultad quedó vigente bajo la Ley Núm. 1, supra. Interpretamos además que, bajo las disposiciones generales del citado Art. 16(4), quedó inalterada la capacidad de demandar y ser demandado del C.E.S.
La Ley de la Universidad de Puerto Rico establece que la U.P.R. “tendrá todas las atribuciones, prerrogativas, responsabilidades y funciones propias de una entidad corporativa … las cuales ejercerá a través del Consejo. Tendrá autoridad para demandar y ser demandada”. (Énfasis *152 suplido.) 18 L.P.R.A. sec. 602(f)(1). La Universidad no fue creada como un departamento ejecutivo, por lo que el C.E.S. tampoco puede ser definido como tal. En esencia, el texto de la secci ón citada mantuvo vigentes todos los poderes y las atribuciones que el antiguo Consejo Superior de Enseñanza tenía para ejercer su función de gobierno y administración de la Universidad.

NOTA8 Esto hace inaplicable al caso ante nuestra consideración el caso Gobierno de la Capital v. Consejo Ejecutivo, 63 D.P.R. 434 (1944). Es además cuestionable que después de Board of Education v. Allen, 392 U.S. 236 (1968), la opinión en Gobierno de la Capital v. Consejo Ejecutivo, supra, pueda considerarse la norma vigente en Puerto Rico, Refiérase a J.J. Álvarez González, Derecho Constitucional, 61 Rev. Jur. U.P.R. 637, 654-655 y escs. 63 y 65 (1992).

Además, al C.E.S. se le ha reconocido personalidad jurídica en diversas instancias. Refiérase por ejemplo a la Opinión del Secretario de Justicia Núm.1983-31, en la cual se le reconoció la facultad al C.E.S. para autorizar la creación de una corporación sin fines pecuniarios denominada “Hospital Pedriátrico Universitario, Inc”. Véanse, además: Art. 2 de la Ley Núm. 263 de 14 de marzo de 1945 (18 L.P.R.A. sec. 671); Art. 8 de la Ley Núm. 31 de 10 de mayo de 1976 (18 L.P.R.A. sec. 2108).
Por otro lado, nuestra jurisprudencia ha reconocido la capacidad del C.E.S. para ser demandado. Véanse: Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720 (1978); Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605 (1987); Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 D.P.R. 194 (1987); Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. 521 (1993). Hemos reconocido inclusive, al examinar el historial legislativo de la Ley Universitaria, que el C.E.S. no sólo es la junta de gobierno de la Universidad, sino que es “ el organismo en el cual residirá el poder y el interés público en la educación al nivel *153 superior” por lo que “se le confiere la máxima autoridad administrativa …”. (Énfasis en el original.) Rivera Santana v. U.P.R., 105 D.P.R. 701, 707 (1977).

NOTA9 Refiérase, también, a Chamorro Pérez v. Consejo de Educación Superior, et al., Caso Núm. CE-94-109, Resolución del Tribunal Supremo de 15 de abril de 1994, mediante la cual se denegó el recurso solicitado al presentarse fuera de término la petición. Allí explicamos que a la U.P.R. y al C.E.S. no les aplica el término de sesenta (60) días para interponer un recurso aplicable al E.L.A., sus funcionarios o una instrumentalidad que no fuere una corporación pública.

Por todo lo señalado antes, concluimos que el C.E.S., como junta de gobierno de la U.P.R. y su entidad fiduciaria, tiene la capacidad para comparecer en este pleito como demandante.
En torno a la legitimación activa del C.E.S., determinada su capacidad para demandar, réstanos examinar si “su interés es uno ‘de tal índole que, con toda probabilidad, habrá de proseguir su causa de acción vigorosamente y habrá de traer a la atención del tribunal las cuestiones en controversia’ ”. Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 427 (1994). En síntesis, los requisitos con los que deberá cumplir el promovente son: haber sufrido un daño claro y palpable; que el daño sea real, inmediato y preciso, y no abstracto o hipotético; que exista una conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada, y que la causa de acción surja bajo el palio de la Constitución o de una ley. Hernández Torres v. Hernández Colón et al., 131 D.P.R. 593 (1992).
El C.E.S., al igual que cada uno de sus miembros codemandantes en este caso, han sufrido un daño claro, inmediato y real. El C.E.S., como junta de gobierno y entidad fiduciaria, estaba legal y debidamente constituida por unos miembros con nombramientos por unos términos fijos. El C.E.S. había estado en pleno ejercicio de sus funciones a través de los últimos años. La legislación impugnada despojó al C.E.S. de todas sus funciones fiduciarias y administrativas con respecto a la U.P.R. y, por ende, a cada uno de sus miembros de estas funciones. Sin duda, esto constituye un daño concreto y palpable por el cual tanto el C.E.S. como sus miembros están legitimados para reclamar judicialmente. No puede separarse válidamente la reclamación*154 de cada miembro del C.E.S. de la de éste como entidad.
La causa de acción ejercitada por los demandantes persigue precisamente anular —por ser inconstitucionales— las leyes que despojaron al C.E.S. y a sus miembros no sólo de una de sus funciones más importantes, sino de sus prerrogativas y atribuciones.
El reclamo de inconstitucionalidad del C.E.S. y sus miembros surge bajo los derechos de la libertad de expresión y del debido proceso de ley, bajo la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Constitución federal. El C.E.S. como cuerpo de gobierno y entidad fiduciaria, al igual que cada uno de sus miembros, están obligados a defender la Constitución. Si éstos estiman que las leyes que los despojan de sus funciones son inconstitucionales, su deber es impugnarlas judicialmente. Véanse: Board of Education v. Allen, 392 U.S. 236 (1968); Bender v. William Area School Dist., 475 U.S. 534 (1986) reh. den. 476 U.S. 1132 (1986).
Concluimos, por lo antes explicado, que tanto el C.E.S. como sus miembros tienen legitimación activa para instar este pleito. Precisamente en este caso, al comparecer la Universidad como parte interventora, por gestiones de la Junta de Síndicos recién creada, cobra mayor relevancia reconocerle capacidad y legitimación activa al C.E.S y no sólo a sus miembros. Ello es as í porque la controversia que la aprobación de las leyes impugnadas ha generado entre el C.E.S. y la Junta de Síndicos quebranta la libertad de expresión y la libertad académica institucional de la U.P.R. *155

NOTA10 En Fac. C. Soc. Aplicados, Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. 521 (1993), nuestras expresiones sobre la responsabilidad del C.E.S. de implementar la política pública del Estado, se referían exclusivamente a la función del C.E.S. de evaluar y acreditar las universidades privadas. No consideramos allí la función fiduciaria de gobernar la Universidad de Puerto Rico.

V

El derecho a la libertad de expresión y la libertad académica institucional

Según indicamos al comienzo, estamos conformes con las expresiones sobre la libertad académica incluidas en la opinión concurrente del Juez Asociado Señor Hernández Denton, aunque sostenemos que su alcance es mayor. Caben destacarse, a modo introductorio, algunas de sus conclusiones vertidas en torno a la autonomía universitaria.

NOTA11 Refiérse a las págs. 115-119 de la opinión concurrente del Juez Asociado Se?or Hernaández Denton.

Conforme se explica en dicha opinión, fueron el estudiantado y, posteriormente, el claustro quienes aunaron esfuerzos e impulsaron el concepto y principio de la autonomía universitaria. La Ley de la Universidad de Puerto Rico acogió en cierto grado el principio de la autonomía universitaria traducido en una autonomía fiscal y en el desarrollo de la Universidad como una corporación pública que ha de ser gobernada y custodiada por un cuerpo colegiado denominado Consejo de Educación Superior.
Los elementos antes identificados en la Ley de la Universidad de Puerto Rico como aquellos que definen los contornos de la autonomía universitaria, muestran que mediante una fórmula para el cálculo automático del presupuesto anual de la U.P.R. se ha pretendido que ésta pueda cumplir su misión con relativa libertad de consideraciones político-partidistas.
Por otro lado, al nombrarse los miembros del C.E.S. por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado, mediante un sistema de nombramientos escalonados, las vacantes ocurrirían gradualmente, con lo cual se ha pretendido aislar parcialmente a la Universidad de los cambios e intervenciones de las ramas políticas de gobierno. *156
Las dos (2) medidas antes mencionadas han permitido cierto grado de independencia y continuidad en la U.P.R. y en el C.E.S. La propia Ley de la Universidad de Puerto Rico limitó el poder del Gobernador para remover a los miembros del C.E.S. a situaciones en las cuales medie justa causa. Paralelo a esto, la fórmula para la asignación presupuestaria evita que sean consideraciones partidistas las que gobiernen la determinación del monto de los recursos fiscales de la U.P.R.
En la opinión se adopta el término de “libertad académica’D’ conforme éste es interpretado por Byrne, en cuanto “puede usarse para denominar tanto a los derechos individuales del profesor universitario, como a la protección constitucional de la institución universitaria propiamente”. Opinión concurrente, pág. 122. Para facilitar la distinción entre ambas, se acuñan los términos “libertad académica individual”, para referirse a la protección constitucional que se le ha reconocido a los derechos individuales de profesores, y “libertad académica institucional”, el cual se refiere al derecho que protege a la Universidad como institución.

NOTA12 J.P. Byrne, Academic Freedom: A “Special concern for the First Amendment”, 99 Yale L.J. 251 (1989).

La libertad académica institucional, reconocida como un derecho constitucional, se deriva directamente de la libertad de expresión bajo la Primera Enmienda de la Constitución federal. Refiéranse a Regents of the University of Michigan v. Ewing, 474 U.S. 214 (1985); Widmar v. Vincent, 454 U.S. 263 (1981); University of California Regents v. Bakke, 438 U.S. 265 (1978).
Al amparo del Art. II, Sec. 4 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, reconocemos al igual que en la opinión “que la libertad académica institucional comprende no sólo la enseñanza, investigación y publicación de trabajos, sino los aspectos de selección de personal docente y estudiantes, así como otras *157 actividades administrativas y académicas que deban ser protegidas para evitar que el Estado manipule políticamente los procesos académicos universitarios”. (Énfasis suplido.) Opinión concurrente, pág. 131.
El reconocimiento de la autonomía universitaria y de la libertad académica institucional como parte del derecho a la libertad de expresión nos permite salvaguardar adecuadamente a la Universidad contra una intervención impermisible del Estado. La protección constitucional que hoy conferimos a la libertad académica institucional se justifica con los mismos fundamentos que tradicionalmente sostienen la protección brindada a la libertad académica individual. De otro modo, al atentar contra la libertad académica institucional, el Estado interfiere impermisiblemente con las garantías y los derechos constitucionales de los componentes de la comunidad universitaria.
La amplitud del derecho a la libertad académica bajo nuestra Constitución incorpora elementos esenciales de la autonomía universitaria. Su reconocimiento forma parte de la aspiración colectiva de nuestro pueblo, plasmada en el Preámbulo de la Constitución, a enriquecer contínuamente nuestro acervo democrático en el disfrute individual y colectivo de nuestras libertades. Corresponde, pues, a los tribunales interpretar y vindicar este derecho.
“Es indispensable en una democracia que las universidades mantengan un clima de libre pensamiento y expresión en sus actividades académicas y extracurriculares, pues de lo contrario se imposibilitan las funciones universitarias de educar las nuevas generaciones según las mejores tradiciones democráticas; procurar la verdad y el avance del conocimiento mediante la libre confrontación de teorías e ideales; y dar orientación y ejemplo a la comunidad, no sólo en los aspectos substantivos de las ciencias y las artes, sino también en los estilos de tolerancia, respeto e iniciativas de libre discusión. (Énfasis suplido.) Comisión de Derechos Civiles, Informe especial sobre la libertad académica en la Universidad de Puerto Rico, San Juan, Departamento de Hacienda, 15 de marzo de 1967, pág. 13.
La libertad académica institucional necesariamente *158 consta de dos (2) componentes entrelazados de forma inquebrantable, y la ausencia de uno no justifica la existencia del otro. Por un lado, tenemos el componente de la docencia y, por el otro, el de la “administración académica’D’. Ello es así porque la Universidad es un conjunto de elementos que interaccionan entre sí y con la sociedad. Hoy el concepto “Universidad” incluye no sólo estudiantes y profesores, sino también al personal no docente y de apoyo a la docencia, cursos, currículos, programas y grados. “Universidad” ya no es sólo enseñanza e investigación, sino que además es servicio. Todo esto es en el contexto de salones, laboratorios, talleres, clínicas, bibliotecas, centro de recursos, etc. Para una coordinación efectiva de elementos tan variados, resulta indispensable el componente de la administración académica. Esta es necesaria para la mayor eficiencia y efectividad de los procesos universitarios. Se trata del componente que hace viable el logro de los objetivos de la docencia, del proceso de enseñanza y aprendizaje, de la investigación y del servicio a la sociedad.
El derecho a la libertad académica institucional en nuestro país requiere como mínimo lo siguiente:
“(1) En la selecci ón, las promociones, las destituciones y todos los demás aspectos del trato de [profesores] y [estudiantes] no debe entrar en juego ningún factor ajeno al criterio de idoneidad.
(2) Los esfuerzos de encontrar y expresar la verdad deben manifestarse sin restricción alguna que no sea la del rigor de la propia conciencia y la metodología. Ninguna consideración ajena, de consecuencias favorables o desfavorables, que pueda provenir de las autoridades constituidas [sic] o de las mayorías predominantes, debe afectar las actuaciones de los estudiosos.
(3) Las instituciones educativas deben estar organizadas y gobernadas de modo que puedan proteger eficazmente las referidas oportunidades de libertad contra riesgos de procedencia externa o interna.
(4) Aquellos que disfruten de las garantías mencionadas deben cultivarse en el ejercicio intenso y responsable del pensamiento libre, para que su propio ejemplo sea la mejor defensa de su libertad. Informe del Comité del Gobernador para el Estudio*159 de los Derechos Civiles en Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1959, pág. 25.
Tradicionalmente el componente de la docencia (o académico) de la libertad académica institucional se ha levantado contra los intentos del Estado, directamente o a través de la administración o gobierno de la Universidad, de socavar o coartar éste. Por la complejidad y sofisticación de la Universidad de nuestro tiempo, surge la necesidad de reconocer un componente de administración académica dentro de la libertad académica institucional y la libertad de expresión individual. A su amparo, la administración académica queda adecuadamente protegida de los intentos del Estado de controlar o intervenir indebidamente en ésta. Al reconocer este componente de la libertad académica institucional, se protege también el componente de la docencia contra los intentos del Estado de intervenir o coartar la subrepticiamente o a través de la administración académica.
Por lo antes señalado, al amparo de nuestra autoridad para interpretar nuestra Constitución, reconocemos que la libertad académica institucional incluye no sólo el componente de la docencia y la libertad de expresión individual, sino el de la administración académica. Esto es enteramente compatible con la metodología analítica que se ha de seguir para resolver un reclamo al amparo del derecho a la libertad académica institucional. Opinión concurrente, pág. 132. En la opinión se explica que al resolver estas reclamaciones debemos tomar en cuenta

NOTA13 Citando a W.W. Van Alstyne, Academic Freedom and the First Amendment in the Supreme Court of the United States: and Unhurried Historical Review, 53 (Núm. 3) Law & Comtemp. Probs. 79, 86-87 (1990), y a D.M. Rabban, A Functional Analysis of “Individual” and “Institutional” Academic Freedom Under the First Amendment, 53 (Núm. 3) Law & Comtemp. Probs. 227, 231 (1990).

“… cu ál es la función universitaria, qué la hace única, qué la distingue de las que llevan a cabo otras instituciones y cuál es el beneficio de esta función para la sociedad. También se deberá distinguir cuidadosamente entre los varios contextos en que *160 puedan surgir problemas de libertad académica constitucional: los reclamos de profesores contra colegas, administradores o síndicos; los reclamos de profesores o funcionarios universitarios análogos contra el Estado, y finalmente, los reclamos de la universidad contra el Estado. … Será además importante, al resolver estas controversias, considerar la naturaleza pública o privada de la institución universitaria. Opinión concurrente, pág. 131.
Tomando en consideración los factores antes citados, sostenemos que la administración académica, como componente esencial de la libertad académica institucional y de la libertad de expresión individual, no puede ser utilizada para intervenir indebidamente en la Universidad, pues ello no sólo afectaría la docencia y la libertad académica individual, sino que tendría un efecto congelante (“chilling effect”) sobre ésta y sobre la libertad de expresión individual y de la comunidad universitaria, pues quebranta el diálogo creador, la discreción enriquecedora y la deliberación libre de los individuos y de los componentes de la comunidad universitaria.
En Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, 113 D.P.R. 153, 161 (1982), citando a Rodríguez v. Srio. de Instrucción, 109 D.P.R. 251 (1979), señalamos que se trata “de proteger [la] discusión enérgica de las ideas, que es tan esencial para el cabal desarrollo del hombre, como para la conservación y el sostenimiento del bienestar común en una sociedad que viva en democracia”. (Escolio omitido.) Lo indicado antes fue expresamente reconocido por la Asamblea Legislativa al disponer que la U.P.R., en el cumplimiento de su misión, debería “ ‘[t]ener presente que por su carácter de Universidad y por su identificación con los ideales de vida de Puerto Rico, ella está esencialmente vinculada a los valores e intereses de toda comunidad democrática’ … 18 L.P.R.A. sec. 601 inciso b(6)”. (Escolio omitido y énfasis suplido.) Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, supra, pág. 161.
El caso de autos trata precisamente de los reclamos de *161 la Junta de Gobierno o entidad fiduciaria de la universidad contra el Estado.
En Consejo Educación Superior v. U.I.A., 120 D.P.R. 224, 235 (1987), reconocimos que “[p]ara que las universidades, bien sean las privadas o la del Estado, cumplan su función social de ser foro de ‘discusión enérgica de ideas’ mediante la investigación, el estudio y la crítica social, debemos velar por que se les asegure ‘una relativa libertad en el examen de ideas’. … En este caso la institución … merece el mismo respeto y deferencia que le hemos reconocido a los profesores y estudiantes”. (Énfasis suplido.)
En Sweezy v. New Hampshire, 354 U.S. 234, 262263 (1957), el Juez Frankfurter, en su opinión concurrente, explicó lo siguiente:
“In a university knowledge is its own end, not merely a means to an end. A university ceases to be true to its own nature if it becomes the tool of church or state or any sectional interest. …
… It is the business of a university to provide that atmosphere which is most conducive to speculation, experiment and creation.
En la referida opinión concurrente de Sweezy v. New Hampshire, el Juez Frankfurter identificó las cuatro (4) libertades esenciales de una universidad. En específico, se identificaron éstas:
“… It is the business of a university to provide … [an] atmosphere in which there prevail the four essential freedoms of a University — to determine for itself on academic grounds who may teach, what may be taught, how it shall be taught, and who may be admitted to study. (Énfasis suplido y citas omitidas.) Sweezy v. New Hampshire, supra, pág. 263, opinión concurrente del Juez Frankfurter.
Las cuatro (4) libertades esenciales de la Universidad —la cual, conforme a criterios académicos, decide quién enseñará, qué se enseñará, cómo se enseñará y quién será admitido a estudiar— encierran inexorablemente no sólo el componente de la docencia de la libertad académica individual*162 e institucional, sino el componente de la administración académica. Si el Estado controla o interfiere con la administración académica, entonces interviene de forma impermisible con las cuatro (4) libertades esenciales antes señaladas. En el libro Dimensions of Academic Freedom, DeBardeleben reconoce el rol de la administración académica para la preservación de la libertad académica. Allí se explica lo siguiente:
“The governing body, whether denominated regents or trustees, the university administration, and the faculty each has an important role in the preservation of academic freedom against challenges from external forces and influences.
The governing board of a university has a primary duty, in the exercise of its policy-making function, to assure the codification and observance of rules of tenure which guarantee to persons having tenure status the freedom of inquiry, investigation, and expression ….
In addition, a governing board has the responsability of safeguarding and fostering an environment and an atmosphere unqualifiedly conducive to the free and untrammeled search for truth. It is the duty of a governing board to resist the pressures, clamors, and demands of ideological groups and other special interests — all who would compromise the goals of scholarship— whether alumni, politicians, private donors, the press; or segments of the public. A governing board should protect the faculty and the students against all outside pressures which would divert them from scholarly pursuits. (Escolios omitidos y énfasis suplido.) A. DeBardeleben, “The University’s External Constituency”, en Dimensions of Academic Freedom, Chicago, Ed. U. of Ill. Press, 1969, págs. 8384.
En virtud del derecho a la libertad académica individual e institucional, el componente de la administración académica —representada por el C.E.S.— no está sujeto a intervenciones indebidas de ninguna de las ramas políticas de gobierno. El derecho a la libertad académica individual e institucional cobija a la administración de la universidad frente al Estado. Véanse: Regents of the University of California v. Bakke, supra; Regents of the University of Michigan v. Ewing, supra; Widmar v. Vincent, supra, págs. *163 277281, opinión concurrente del Juez Stevens. Cf. University of Pennsylvania v. EEOC, 493 U.S. 182 (1990). V éase, además, J.P. Byrne, Academic Freedom: A “Special concern of the First Amendment”, 99 Yale L.J. 251, 327330 (1989).

NOTA14 El caso University of Pennsylvania v. EEOC, 493 U.S. 182 (1990), se distinque, con claridad, de la controversia ante la cual nos enfrenamos hoy. Allí el Tribunal Supremo debía resolver si la universidad gozaba de un privilegio por los pares cobijaba el descubrimiento de los materiales d ela evaluación de una profesora que alegaba que le había sido denegada la permanencia por discrimen por razón de género y raza. Ante el relcamo de la Universidad de intentar cobijar su negativa a proveer los documentos solicitados bajo la libertad académica, el Tribunal expresó “[i]n addition to being remote and attentuated, the injury to academic freedom claimed by petitioner is also speculative. … Moreover, some disclosure of peer evaluations would take place even if petitioner’s ‘special necessity’ test were adopted. Thus, the ‘chilling effect’ petitioner fears is at most only incrementally worsened by the absense of a privilege. Finally, we are not so ready as petitioner seems to be to assume the worst about those in the academic community. Although it is possible that some evaluators may become less candid as the possibility of disclosure increases, others may simply ground their evaluations in specific examples and illustrations in order to deflect potential claims of bias or unfairness. Not all academics will hesitate to stand up and be counted when they evaluate their peers”. Íd. págs. 200-201.
El Tribunal, por considerar que no estaba involucrado ningún derecho de la institución bajo la Primera Enmienda de la Constitución federal, no tuvo que evaluar si se trataba de un interés apremiante del Estado que justificase la alegada violación. Por último, en el caso University of Pennsylvania v. EEOC, supra se suscitó la controversia en el contexto de la reclamación de un profesor contra la universidad, mientras que en el caso ante nos estamos ante la reclamación de la institución universitaria frente a la intervención directa del Estado.

Por la naturaleza y la extensión del derecho a la libertad académica individual e institucional que hoy reafirmamos, toda legislación que pretenda restringir o limitar ese derecho estará sujeta a un escrutinio estricto. La legislación sólo sería válida si el Estado demuestra que existe un interés público apremiante que justifique la restricción o limitación y, además, demuestre que no existe otro medio menos oneroso para promover o alcanzar dicho interés público. Véanse: Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982); López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219 (1987); Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 D.P.R. 35 (1986); P.N.P. y P.I.P. v. Rodríguez Estrada, 122 D.P.R. 490 (1988); Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 D.P.R. 562 (1992); Defendini Collazo et al. v. E.L.A., Cotto, 134 D.P.R. 28 (1993). *164
Surge de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 16 de 16 de junio de 1993, Leyes de Puerto Rico, pág. 50, que ésta pretende, en síntesis, separar la función de gobernar la U.P.R. de la función de acreditar y licenciar otras instituciones de educación superior. Con ello se espera que la junta de gobierno de la U.P.R. “pueda dedicar todo su tiempo y esfuerzo a servir como cuerpo rector de la Universidad” y evitar “una situación de posible conflicto de intereses”. Ello, aunque prima facie parece ser un objetivo válido, el problema que confronta es que el medio que las leyes impugnadas han escogido para llevarlo a cabo ha sido mediante la creación de una nueva junta de gobierno y limitando al C.E.S. sólo a la función de licenciar y acreditar. No guarda correspondencia alguna este medio con el objetivo señalado tanto en la Ley Núm. 16, supra, como en la Núm. 17, supra, cuando no surge de la Exposición de Motivos que hubiese un problema con respecto a la función de gobierno de la U.P.R. propiamente.
Observamos que gran parte de la prueba documental sometida por la parte demandada va dirigida a sostener que las quejas y el alegado conflicto surgían por la función de licenciar y acreditar instituciones. El denominar otra Junta de Gobierno para el ejercicio de la función del C.E.S. con respecto a la Universidad no guarda relación con el objetivo señalado. La legislación impugnada seleccionó el medio más oneroso para alcanzar su objetivo en menosprecio de la libertad académica individual e institucional y la autonomía universitaria.
Concluimos que sostener, bajo estas circunstancias, la constitucionalidad de estas leyes equivaldría a adjudicar una importancia mayor al reclamo de separación de las funciones del C.E.S. que a la libertad académica institucional y a la autonomía universitaria. La Legislatura, al ampararse en el reclamo de separación de funciones del C.E.S., ha desprovisto a la Universidad de Puerto Rico de una junta de gobierno constituida con validez. El interés *165 público en la acreditación de las instituciones educativas privadas y la separación de ésta de la función de gobierno de la U.P.R. del C.E.S. no constituye un interés apremiante del Estado que justifique la intervención impermisible y el efecto congelante (“chilling effect”) de estas leyes sobre la libertad académica institucional y la autonomía universitaria. Por ello, entendemos que las leyes impugnadas son inconstitucionales de su faz.
VI

El “despido” discriminatorio de los miembros del C.E.S.

Los miembros del C.E.S. han sostenido que la legislación impugnada infringe la cláusula constitucional del debido proceso tanto en su modalidad sustantiva como en la procesal. En lo sustantivo, la cláusula constitucional persigue proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de la persona. Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., supra. En lo procesal, al Estado se le impone la obligación de garantizar que la interferencia con los intereses de libertad y de propiedad del individuo se haga a través de un procedimiento que, en esencia, sea justo y equitativo.
En el contexto de una reclamación al amparo de la cláusula del debido proceso, en su vertiente procesal, es necesario tener algo más que una mera expectativa unilateral de titularidad; se debe tener un derecho concreto protegido por el ordenamiento jurídico estatal. Orta v. Padilla Ayala, 131 D.P.R. 227 (1992); Board of Regents v. Roth, 408 U.S. 564 (1972).
En Puerto Rico, al seguir la doctrina establecida por el Tribunal Supremo federal en Branti v. Finkel, 445 U.S. 507 (1980), resolvimos que cuando un empleado de confianza, que haya sido cesanteado, alegue y presente pruebas a los efectos de que su despido se debió a motivaciones políticas, recaerá sobre la autoridad nominadora el deber de desfilar prueba demostrativa de que la afiliación política particular *166 del empleado es un “ ‘requisito apropiado’ para el desempeño efectivo del cargo en cuestión, o sea, le corresponde establecer la existencia de intereses gubernamentales que son de importancia y jerarquía superior a los derechos del empleado bajo la Primera Enmienda” de la Constitución federal . Ramos v. Srio. de Comercio, 112 D.P.R. 514, 516 (1982). Véase Clemente v. Depto. de la Vivienda, 114 D.P.R. 763, 769770 (1983). Le corresponde entonces al Estado refutar la prueba del discrimen político presentada o demostrar que la afiliación política del empleado es un requisito necesario para el desempeño efectivo del cargo en cuestión, por razón de que dicho empleado participa en la formulación de la política pública. Ramos v. Srio. de Comercio, supra; Clemente v. Depto. de la Vivienda, supra.
En Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 D.P.R. 486, 502 (1990), aclaramos que “la mera alegación de discrimen político no activa la fuerte presunción, o inferencia de discrimen” (énfasis suprimido), debido a que el empleado despedido “ ‘tiene el peso inicial de probar por preponderancia de prueba que la conducta protegida fue el factor sustancial o motivante para la actuación del despido’ ”. Íd. Véanse, también: McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., 123 D.P.R. 113 (1989); Orta v. Padilla Ayala, supra.
Un examen de la Ley Núm. 1, supra, muestra que a su amparo los miembros del C.E.S. tenían un interés propietario en ocupar sus puestos por un término fijo. Por su naturaleza fiduciaria y como junta de gobierno, su derecho era a continuar ejerciendo como tal, a menos que fueran destituidos por una causa justa. En torno a la función de licenciar y acreditar, interpretamos que la propia ley subordina esta función a la principal del C.E.S. como órgano rector de la U.P.R. Véase 18 L.P.R.A. sec. 602(g). Ahora bien, es la función como junta de gobierno de los miembros del C.E.S. la que forma parte de la limitada autonomía universitaria reconocida en la Ley Núm. 1, supra. Por otro lado, y conforme explicamos antes, es esta función fiduciaria*167 —denominada “administración académica’D’— la que está cobijada bajo el palio del derecho a la libertad académica institucional.
En la medida que las leyes impugnadas restrinjan y coarten a los miembros del C.E.S. de su derecho a continuar ejerciendo su función como Junta de Gobierno, aun cuando las referidas leyes les permitieran a éstos ejercer sus otras funciones (de licenciar y acreditar), se ha privado a los codemandantes de su derecho a continuar en sus cargos por los términos fijos establecidos por ley.
La estrategia de dividir funciones y crear dos (2) entidades (C.E.S. y Junta de Síndicos) ha servido el propósito de facto de destituir a los miembros del C.E.S.; ello se infiere al no haberse creado otro organismo para que ejerciera las funciones de licenciar y acreditar, las cuales precisamente han sido la justificación para la aprobación de estas leyes. Ante los medios seleccionados para lograr los propósitos de las leyes impugnadas, no podemos sostener que éstas persigan un objetivo o interés apremiante que legitime la acción del Estado.
Por otro lado, en nuestra jurisdicción se ha reconocido que el discrimen asume formas diversas. Hemos sostenido que aun un traslado puede constituir una actuación discriminatoria o arbitraria que genere una causa de acción. Véanse, entre otros: Cintrón v. E.L.A., 127 D.P.R. 582 (1990); Carle García v. Supte. de la Policía, 114 D.P.R. 667, 668 (1983), voto explicativo del Juez Asociado Señor Negrón García.

NOTA15 Refiérase, por ejemplo, a nuestras expresiones en Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., 126 D.P.R. 117, 136 (1990), sobre que en el contexto de una reclamación por hostigamiento sexual, reconocimos que “[ e] l ordenamiento jurídico, hasta muy recientemente desfasado de esta nueva realidad social, ha evolucionado e incorporado la normativa necesario para que otras modalidades de hostigamiento sexual en el empleo —algunas sofisticadas— que antes nos negábamos a reconocer, pierdan la aureola de manifestaciones culturales aceptables”. (Enfasis en al original.)

En nuestra jurisdicción también se ha reconocido la figura del despido implícito cuando, por los actos voluntarios e injustificados de un patrono dirigidos a obligar al empleado*168 a dejar su cargo, la única alternativa razonable de éste es abandonar el cargo. Véase Vélez de Reilova v. R. Palmer Bros., Inc., 94 D.P.R. 175, 178 (1967).
El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Rutan v. Republican Party of Illinois, 497 U.S. 62 (1990), reiteró la norma de Branti v. Finkel, supra, y Elrod v. Burns, 427 U.S. 347 (1976), al resolver que a la práctica de tomar decisiones sobre ascensos, traslados, reempleo y empleo de funcionarios públicos, fundamentada en la afiliación política de éstos, le aplica la prohibición pautada en los casos mencionados. Al así resolver, el Tribunal rechazó limitar la aplicación de los casos citados sólo a situaciones sustancialmente equivalentes a un despido. A esos efectos, el Tribunal expresó lo siguiente:
“We therefore determine that promotions, transfers, and recall after layoffs based on political affiliation or support are an impermissible infringement on the First Amendment rights of public employees. In doing so, we reject the Seventh Circuit’s view of the appropriate constitutional standard by which to measure alleged patronage practices in government employment. The Seventh Circuit proposed that only those employment decisions that are the “substantial equivalent of a dismissal” violate a public employee’s rights under the First Amendment. … We find this test unduly restrictive because it fails to recognize that there are deprivations less harsh than dismissal that nevertheless press state employees and applicants to conform their beliefs and association to some state-selected orthodoxy. (Citas omitidas y énfasis suplido.) Rutan v. Republican Party of Illinois, supra, pág. 75.
Al ser limitada o coartada la función principal del C.E.S., a los miembros codemandantes no les quedó otra alternativa que negarse a asumir sus cargos en la nueva entidad creada. La limitación impuesta por estas leyes al C.E.S., en su función fiduciaria y de Junta de Gobierno de la U.P.R., constituye una destitución o un despido constructivo de los miembros del C.E.S.
Los miembros del C.E.S., ciertamente, tenían una expectativa*169 de continuar el ejercicio de sus funciones durante el término de sus respectivos nombramientos. A su vez, por la naturaleza fiduciaria de las funciones que éstos ejercían como junta de gobierno, los miembros del C.E.S. tenían una expectativa legítima de continuar ejerciendo tal función y de no ser desprovistos discriminatoriamente de estas posiciones.
En el caso ante nuestra consideración, concluimos que la inferencia de discrimen quedó establecida por razones político-partidistas. En primer lugar, las leyes impugnadas —de su faz— muestran el esquema sustitutivo diseñado, al limitar al C.E.S. sólo a funciones que le coartan toda ingerencia con la administración académica de la Universidad. Dicha función fue asignada exclusivamente para ser ejercida por una nueva junta que ha sido nombrada por el Gobernador recién electo y confirmadas por la también recién electa Asamblea Legislativa. En segundo lugar, como indicamos antes, el medio seleccionado para alegadamente cumplir el propósito de la ley, al no guardar relación con éste, nos permite inferir el propósito discriminatorio del esquema legislativo.
Los tribunales no estamos obligados a aceptar como válidos los propósitos que se le atribuyen a determinada legislación cuando un examen del debate legislativo revele su verdadera intención. Véanse: Eisenstadt v. Baird, 405 U.S. 438 (1972); Jiménez v. Weinberger, 417 U.S. 628 (1974); U.S. Dept. of Agriculture v. Moreno, 413 U.S. 528 (1973); Store v. Grahan, 449 U.S. 39 (1980); Wallace v. Jaffree, 472 U.S. 38 (1985); Arlington Heights v. Metropolitan Housing Development Corp., 429 U.S. 252 (1977); Washington v. Davis, 426 U.S. 229 (1976); Legislative Motivation (A Symposium), 15 San Diego L. Rev. 925 (1978); P. Brest, Palmer v. Thompson: An Approach to the Problem of Unconstitutional Legislative Motive, 1971 Sup. Ct. Rev. 95; J.H. Ely, *170 Legislative and Administrative Motivation in Constitutional Law, 79 Yale L.J. 1205 (1970).
Del debate legislativo en la Cámara de Representantes surgen, entre otras, las expresiones siguientes:
“SR. QUILES RODRIGUEZ:
Porque la Universidad de Puerto Rico ha estado asaltada permanentemente por el liderato del Partido Popular. Permanentemente asaltada.
Y el amigo Arrarás decía que no podía defender a los funcionarios. Lo comprendemos. ¿Cómo se puede defender a una Awilda Aponte Roque, que no pudo cometer su cometido (sic) en el Departamento de Instrucción Pública, y luego se le da un premio nombrándola Presidente del Consejo de Educación Superior? No puede defenderlos.
Y no puede defender a un Saldaña, que en el año 1992, los estudiantes tuvieron que levantarse en huelga para protestar por la ineficiencia, la incompetencia, de ese administrador de la Universidad. Y ustedes dirán, “Pero, no administraba bien porque no tenía dinero”. Pero miren, en los últimos seis años de administración universitaria, vemos cómo la matrícula de la Universidad desciende, y cómo el presupuesto de la Universidad se multiplica.
Del año de 1987 al ’92, la matrícula de la Universidad mermó en tres mil quinientos cuarenta y dos estudiantes; los últimos cinco años. Sin embargo, el presupuesto de la Universidad aumentó en ciento veinticinco millones de dólares. ¿Dónde estaba el liderato del Partido Popular cuando eso ocurría? Y mientras los ingresos de la Universidad aumentaban, se recurría al aumento de la matrícula de los estudiantes pobres de este país, para complacer los caprichos de los administradores de la Universidad. Porque miren, lo insólito se dio en Utuado.
Fueron los acreditadores de la Middle State a evaluar el Colegio Regional de la Montaña, y la presidenta, o la Rectora de ACR, no pudo pernoctar en Utuado, y sus Decanos. Se ubicaron en el Parador de Guajataca, y todos los días viajaban en helicóptero desde Guajataca hacia Utuado. ¿Y quién pagaba por esos gastos? Pues nosostros los contribuyentes, el pueblo. No había dinero para becas de estudiantes, había que aumentar la matrícula, pero estos administradores se daban vida de Marajá.
Otro caso más insólito, en uno de los pueblos más pobres de la patria puertorriqueña, se fue, fueron a presentar el resultado de esa evaluación, y se ubicó la Rectora de los Colegios Regionales,*171 y su séquito, en el Hotel Caribe Hilton a recibir el informe.
Y hace poco estuvieron en el Colegio Regional de la Montaña, en otra actividad, en una comida; ocho mil dólares. No la compraron en Utuado; llevaron mozos de San Juan, llevaron la comida de San Juan.
Compañeros del Partido Popular, ¿qué es esto? ¿Es esto administrar bien los dineros del pueblo? ¿Es esto bregar con conciencia de lo que es la Universidad de Puerto Rico? Allá en mi pueblo de Utuado le llaman de otra forma. Le llaman de otra forma allá.
Pero lo que pasa es que esto va más allá de una Junta de Síndicos; es que tenemos que ir a las raíces mismas del problema de la Universidad de Puerto Rico, que es mi Universidad, que es vuestra Universidad. Porque se sostiene con fondos de nosotros los contribuyentes. Con los fondos y con las contribuciones que paga mi hijo. Con los fondos de las contribuciones que pagan los hijos de nosotros, y aún aquel que en los artículos de uso y consumo paga el seis punto seis por ciento; ese está contribuyendo a que los magnates y los administradores de la Universidad se den vida de Marajá. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los mismos profesores de la Universidad.
SR. FIGUEROA COSTA:
Porque horita hablaba el compañero de los Caribe Hilton y de otras cosas. En ese Consejo se llega al nivel del derroche que le pagan un viaje en helicóptero de Mayagüez a San Juan, o de San Juan a Mayagüez, a cualquiera que ellos quieran, como si fuera los mismo que comprar un cometa Gayla por uno veintinueve en Walgreens y levantarlo. Esos son los estilos de vida del Consejo de Educación Superior.
Aquí no se está atacando la autonomía universitaria. Aquí se le están poniendo cortapisas a aquellos que han utilizado la institución que produce la autonomía universitaria para llevar a la Universidad de Puerto Rico al deterioro en que se encuentra hoy. Un Consejo de Educación Superior que ni siquiera ha logrado mantener la unidad del movimiento universitario, de los recintos y los colegios regionales; porque si alguien no le reconoce autonomía a los recintos, es el Consejo de Eduación Superior allá en Río Piedras. A los zares de la Universidad de Puerto Rico.
Un Consejo de Educación Superior que en el 1985 heredó el fondo de reserva de la Universidad de Puerto Rico, con un superávit*172 de veinticuatro millones de dólares, y hoy lo tienen con un déficit multimillonario. Y uno se pregunta ¿y los chavos, donde están?
Porque la Universidad de Puerto Rico en muchos de sus sectores y edificios no tiene nada que envidiarle a las mazmorras medievales. Da vergüenza y da pena ver cómo se encuentran algunos edificios del Recinto de Río Piedras y algunos de sus colegios regionales. ¿Y donde están los chavos? En el derroche, en los contratos. Todavía no se ha entrado a averiguar quién tiene contratos allí. Y cuando dentro del mismo sistema universitario se producía algo que aportara positivamente a la Universidad, entonces no, había que contratarlo afuera; algún catamarán que viniera por ahí soplando el viento, respondiendo a los intereses del Partido Popular. Porque era popular hay que contratarlo.
SR. GRANADOS NAVEDO:
Yo no puedo concebir que se hable de autonomía universitaria mientras se pretende perpetuar la centralización gubernamental del control de todas las instituciones educativas de este país. Que nos hable el compañero Colberg Toro de que esa perpetuidad del control de las instituciones gubernamentales de las instituciones educativas del país en manos de unos universitarios. El alega que necesitamos que las personas que rijan la universidad sean universitarios, escogidos por los universitarios. Sí. Pero cuando pasamos revista sobre quiénes son los miembros del Consejo de Educación Superior, vemos cuán universitarios son, y cuán identificados con la comunidad universitaria están:
Carlos Ríos, quien fuera Secretario de Justicia bajo RHC; doña Wiwi (la ex Secretaria de Educación), de ingrata recordación y sobre quien no tenemos que elaborar nada más; el doctor Rodríguez Bou … sí, miembro de la comunidad universitaria … un cromañón universitario; el doctor Padró, siquiatra de Rafael Hernández Colón; Héctor Ledesma, quien era presidente de un banco; Francisco Acevedo, tengo que confesar que no sé ni quién es. Por tal razón, ¿de dónde se sacan de que el sistema universitario está controlado por personas provenientes de la comunidad universitaria y que surgen de una vida universitaria, cuando las personas que componen el Consejo de Educación Superior son personas que provienen de distintos sectores del país?
… Cuando se nos habla de asalto de la autonomía universitaria, nos preguntamos si es asalto o desasalto (sic). Porque *173 cuando hay un ejército que toma a la fuerza, a mansalva, una institución, y luego es necesario que el pueblo se exprese en las urnas, precisamente para recobrar el control de esta institución, nos preguntamos si ese proceso de recobro de control, ¿es un asalto o es un desasalto? Si no es desenredar el asalto inicial.
Pasen juicio sobre los que hoy componen el Consejo de Educación Superior. Pasen juicio sobre la forma en que ha actuado durante los años ese Consejo de Educación Superior, para determinar si lo que se hace ahora no es un intento — que esperamos sea fructífero—, de corregir el asalto a mansalva, a la sujeción a que han mantenido ustedes las instituciones universitarias puertorriqueñas a través de las décadas.
Y en aquellas ocasiones en que asaltaron la Universidad no fue luego de una expresión de voluntad del pueblo.
Y ahora ustedes pretenden que esta Mayoría legislativa deje sin efecto los ofrecimientos que se hicieron y se plasmaron en el programa de gobierno del Partido que recibió la sanción electoral en las urnas, y que nosostros ahora le demos la espalda a lo que el pueblo puertorriqueño votó. Y el pueblo puertorriqueño votó por lo que hoy se está haciendo en esta Cámara Legislativa. Y el pueblo puertorriqueño votó para cambiar la situación de sujeción política en la que han mantenido ustedes las instituciones universitarias a través de las décadas. El pueblo puertorriqueño dijo “Basta ya” en las urnas, y ustedes no van a invalidar con sus objeciones la expresión de voluntad democráticamente expresada en las urnas por el pueblo puertorriqueño.
No estamos actuando a espaldas de nuestro país. El pueblo votó a favor de lo que hoy estamos haciendo, de la misma manera que votó para derogar la ley del Idioma Oficial que ustedes impusieron. Y no solamente en esta, sino en muchas otras piezas legislativas, ustedes habrán de tratar de mantener el status quo, mientras esta Mayoría legislativa habrá de saber imponer la voluntad del pueblo puertorriqueño expresada en las urnas. Y todas las artimañas parlamentarias, e incluso las amenazas de ellos que antes fueran abogados del Partido Popular y que hoy se encuentran entronizados en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, no habrán de impedir que nosotros cumplamos con la misión de reforma que nos impusimos y que el pueblo puertorriqueño sancionó en las urnas. Bajo ningún concepto nosotros habremos de claudicar a la misión que tenemos de crear un sistema universitario que reconozca las realidades dinámico, un sistema universitario que reconozca las realidades actuales, y de enterrar para siempre el sistema de Rafael y *174 de doña Wiwi.
SRA. HERNANDEZ TORRES:
Gracias, señor Presidente.
De costa a costa fue la pela que cogieron. Y ahora se convierten en intérpretes del mandato.
Yo debo felicitar al compañero Arrarás. El producto de la orquestación de los discursos, magistralmente realizados en la computadora, ha surtido efecto. Pero ciertamente, no logran encadenar un solo argumento válido para oponerse a los tres Proyectos de ley que hoy estamos aprobando. Es más, salvo dos compañeros de la Minoría Parlamentaria del Partido Popular, todos hablaban de, “el Proyecto de ley”; en singular. Si es que no los han leído. No saben que son tres. No saben que de lo que se trata es de realizar la base para poder propulsar una profunda reforma educativa, que estamos invitando a que surja del pleno de la Universidad de Puerto Rico. Le estamos diciendo que hagan esa reforma a la propia comunidad universitaria y que nos las traigan aquí, en doce, catorce, quince meses. De eso es de lo que se trata. De armar el esqueleto. Porque si continúan allí las leyes orgnánicas como están, se convierten en el peor enemigo de la reforma universitaria, proque ninguno de los organismos que están, de la manera que están, auspician, ni quieren, ni endosan, una reforma universitaria.
La Universidad de Puerto Rico es la prueba del secuestro por un Partido de una institución. Si algo ha secuestrado por décadas el Partido Popular, es a la Universidad de Puerto Rico. ¿Dónde han vivido y de qué han vivido los Agrait? ¿ Dónde han vivido y de qué han vivido los Moscoso? ¿Dónde han vivido y de qué han vivido los Benítez? De la Universidad de Puerto Rico. De ahí. Esas tres familias, hace unos cuantos años había una broma en Puerto Rico que decía que en lugar de inscribir los hijos en el Registro Demográfico, los inscribían en la Oficina de Presupuesto y Gerencia. Esas mismas tres familias.
Y ahora vienen aquí a darnos lecciones de lo que es autonomía, de lo que es independencia, de lo que es gobernar; amenazas de que si fuimos y no vamos a ser. Y cualquiera que los oye piensa que en los últimos ocho años dictaron cátedra aquí de democracia y de legislación de avanzada, y de respeto a las Minorías. Cualquiera que los escucha hablar piensa que en los últimos ocho años, aquí, aunque se discrepara de la idea, había respeto. ¿Respeto de qué? ¡ Si lo primero que no se respetaba era la institución de la Cámara de Representantes! Y ahora, quienes*175 no respetaron su propia casa, nos acusan de atacar la Universidad de Puerto Rico.
No hay “standing” —como diría el Tribunal Supremo—, no hay legitimación activa, señores legisladores.
La mejor prueba, la prueba más contundente de que no hay razonas fundamentadas para estar en contra de estas piezas legislativas, ¿ustedes saben cuál es? Nótese en el ejercicio de debate que ellos han efectuado. Sus mejores deponentes lo más que han tomado son diez minutos, señor Presidente. No han podido. Para tres Proyectos. Los mejores debates que esperamos siempre, ¿dónde están? Cinco, diez minutos. Nada más. De dos horas no sé cuantos minutos que ha habido de debate.
Si alguien vulneró el concepto de autonomía universitaria, fue el Partido Popular. Que lo puso como un manto protector para a la menor provocación desgarrarlo. Como lo hicieron mediante el ataque que perpetraron en el presupuesto de este país. Como lo han hecho en las personas que han nominado para ser miembros del Consejo de Educación Superior. Eso es vulnerar el concepto de autonomía universitaria. Es más, le han querido hacer creer a la comunidad puertorriqueña, que tienen autonomía; y no tienen autonomía na’. ¿ Cómo va a haber autonomía en un sistema donde no hay participación de toda la comunidad?
Por primera vez, con estas piezas legislativas, señor Presidente y compañeros, se da esa participación. Si es mucha o es poca, si es sensata o insensata, eso lo dirá el tiempo. Ojalá y sea poco y estas sean las bases donde germine una mayor participación de todos los sectores de la comunidad universitaria.
¿Qué Proyecto de ley de envergadura sobre la Universidad han traído en los últimos doce años? Ninguno. Recortes presupuestarios, como apuntaba el compañero Navarro Alicea; errores fiscales, que los pagaron los estudiantes con el alza en las matrículas. Un déficit creado en menos de dos años por el entonces presidente Agraít, después que había tomado la Unviersidad con veinticinco millones de dólares de superávit. Esa es la gran obra del Partido Popular en cuanto a autonomía universitaria se refiere.
Y como la han tenido secuestrada, se creen dueños. Pero el secuestrador nunca es dueño de su víctima; sigue siendo secuestrador, y la otra, víctima. Hasta que alguien abre la puerta o logra el rescate. Y eso es lo que estamos haciendo; abriendo la puerta para lograr el rescate de la Universidad de Puerto Rico y liberarlo de las garras del Partido Popular. Que a cuerpo de rey viven de los dineros asignados a la Universidad de Puerto Rico, y vemos el claro deterioro de la calidad de estudio que se da en nuestro primer centro docente. Que dentro de poco, sino se ataja, dejará de serlo. Y será una quimera referirnos a la Universidad*176 de Puerto Rico como nuestro primer centro docente. Para desgracia no sólo de los exalumnos, para desgracia de este pueblo. Pero como la reforma, las reestructuraciones conllevan denuncias de las situaciones que están sucediendo, no las acepte.
Se han dedicado a hablar de que se ha vulnerado la autonomía universitaria. Y en boca del Partido Popular la vulneración de autonomía universitaria, como “independencia judicial”, como “defensa de la cultura”, suena un chiste de mal gusto. Porque si alguien ha tenido la oportunidad de hacer grandes cosas por la Universidad de Puerto Rico, ha sido el Partido Popular. Y se han conformado con dejarla como último recobeco para aquellos que sustentan el status quo. Y han llegado al extremo de que la Torre de la Universidad está tan frágil como el Estado Libre Asociado, y eso es mucho decir.
De manera que, señor Presidente y compañeros de Cámara, quienes han dicho que nunca se había realizado lo que hoy se hace, tienen razón. Tienen toda la razón. Nunca ellos había[n] hecho el esfuerzo que se ha hecho por dotar a la Universidad del verdadero andamiaje donde ellos puedan formular su propia reforma universitaria. Y traerla aquí en un plazo, que hoy se dice doce meses, o quince, o dieciocho, el que finalmente sea, pero esperamos por ellos para la discusión de la reforma universitaria.
La pregunta es, ¿hubiese sido capaz el Partido Popular de poner en las manos de la comunidad universitaria ese poder? Claro que no, señor Presidente. Eso es pedirle peras al olmo. (Énfasis suplido.) Diario de Sesiones (Cámara de Representantes), 4 de mayo de 1993, págs. 90141.
Las expresiones antes citadas muestran, con claridad, que la intención, tras la aprobación de la legislación impugnada, era sustituir a los miembros del C.E.S. y a otros funcionarios universitarios por personas de la afiliación política del Partido Nuevo Progresista. A pesar de que la parte demandada recurrida intentó rebatir la presunción de discrimen aludiendo al propósito de separación de funciones del C.E.S., no logró hacerlo. Nuestro examen cuidadoso de las expresiones citadas antes nos revela el propósito discriminatorio de las leyes referidas; por lo que éstas son discriminatorias tanto de su faz como en su aplicación. *177
Abona a lo anterior el hecho de que posterior a las elecciones generales celebradas el 3 de noviembre de 1992, el entonces Gobernador electo, Dr. Pedro J. Rosselló González, exhortó públicamente a los miembros del C.E.S., al Presidente de la U.P.R. y a sus rectores y decanos a que presentaran sus renuncias en vista del mandato que le había dado el Pueblo de Puerto Rico. Exhibit 15 del demandante (artículo del perídico El Nuevo Día de 3 de noviembre de 1992). Les advirtió, además, que dichas renuncias podrían tornarse académicas cuando se creara la Junta de Síndicos en sustitución del C.E.S., debido a que esto permitiría al nuevo Gobierno designar los miembros de dicha Junta y ésta procedería a nombrar al nuevo Presidente de la U.P.R. Véase Exhibit 15 del demandante.
Además, declaró públicamente que el Presidente actual de la U.P.R. no contaba con su confianza. Véase el Exhibit 122 del demandante (transcripción de la conferencia de prensa celebrada el 21 de julio de 1993).
El tribunal de instancia, al emitir su dictamen, expresamente sostuvo que para dicho foro era “verdad lo que el demandado [ el Dr. Pedro J. Rosselló González] dijo lo que la prensa publicó’D’ y por ello relevó a los demandantes de probar ese hecho. “La vista evidenciaria es innecesaria puesto que admitimos en evidencia los recortes de prensa y le otorgamos veracidad al contenido de los mismos.” (Énfasis suplido.) Sentencia del tribunal de instancia, págs. 56.
Si el Estado entendía que algunos miembros del C.E.S. o funcionarios de la U.P.R. habían incurrido en conducta impropia en el ejercicio de su cargo, el mecanismo apropiado para resolver este asunto era mediante la formulación de unos cargos y probar justa causa para su despido individual, para así cumplir con el debido proceso de ley y sin desmantelar la Junta de Gobierno de una institución universitaria mediante un subterfugio que no puede legitimar una acción claramente político-partidista e inconstitucional. *178
Por los fundamentos explicados en esta opinión, revocaríamos la sentencia recurrida y declararíamos inconstitucionales las leyes impugnadas. En atención al interés público y por el efecto de esta decisión, a continuación exponemos el remedio que debería proveerse.
VII

El remedio

La función principal de este Tribunal es ser el guardián e intérprete de nuestra Constitución y de los principios y valores que ésta encarna. Art. V, Sec. 4, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978); Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750 (1977); E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958); Defendini Collazo v. E.L.A., supra, opinión disidente. Al realizar esta delicada función, debemos tener en cuenta la relación de unas disposiciones de nuestra Constitución con otras y el conjunto de principios y valores que ésta ha encerrado y protegido durante diversos períodos históricos y realidades sociales, económicas y políticas. Al interpretar ese conjunto de principios, normas y valores que es nuestra Constitución, este Tribunal no puede ni debe asumir posiciones restrictivas, retrógradas o conservadoras. Tenemos que asumir posiciones liberales, valientes y vanguardistas para mantener una visión sociológica en la interpretación de problemas y realidades complejas de nuestra sociedad moderna.
En lo que respecta a los remedios, que este Tribunal provee al amparo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, hemos de salvaguardar los derechos y las libertades individuales; los valores y principios sobre los cuales se sustenta nuestra democracia sobre las actuaciones ultra vires de cualquiera de las ramas políticas del Gobierno. Hemos de procurar siempre que nuestras interpretaciones*179 sean el Norte que, a su vez, señalen el camino a las generaciones futuras.
En el ejercicio de nuestra función revisora, hemos confrontado en el pasado situaciones tan complejas o más que la que hoy dilucidamos. En éstas han estado involucrados derechos de igual jerarquía que los que hoy pretendemos salvaguardar. Ante esas situaciones, este Tribunal ha enfrentado el reto de diseñar unos remedios innovadores para salvaguardar las garantías y los derechos constitucionales, con cuidado de no afectar otros derechos protegidos ni crear una inestabilidad inmanejable en el sistema del que se trate. Así, por ejemplo, en Sánchez y Colón v. E.L.A. I, 134 D.P.R. 445 (1993), ordenamos que las papeletas en blanco fuesen adjudicadas como un voto que no favorece ninguna de las definiciones de status propuestas por los partidos. En Granados v. Rodríguez Estrada V, 127 D.P.R. 1 (1990), ponderamos las consecuencias y los problemas que se crearían de ordenarse la celebración de una nueva elección. Anterior a esto, ya habíamos permitido la acumulación de numerosos electores cuyos votos no habían sido adjudicados, mediante edictos y por correo certificado. Véase Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 D.P.R. 593 (1989), en el cual también ponderamos la deseabilidad de una medida menos drástica que la celebración de una nueva elección. Véanse, además: P.N.P. y P.I.P. v. Rodríguez Estrada, supra; Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 D.P.R. 1 (1989), en el cual ordenamos que se les permitiera votar a los electores añadidos a mano para garantizar el derecho sagrado al sufragio.

NOTA16 Refiérase a Granados v. Rodríguez Estrada V, 127 D.P.R. 1 (1990).

NOTA17 Refiérase a Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 D.P.R. 593 (1989).

En consideración a que el derecho a la libertad académica institucional es consustancial con el derecho a la libertad de expresión, siendo constantes al aplicar fielmente los principios antes expuestos en cuanto a no intervenir con la Universidad y con los procesos que la propia comunidad*180 universitaria ya ha llevado a cabo y, a su vez, proteger derechos constitucionales fundamentales para evitar que se cree una inestabilidad, proveeríamos los siguientes remedios:
1. Declarar inconstitucional la Ley Núm. 12, supra, y las Leyes Núms. 16 y 17, supra, por lo que se restituyen a los miembros del C.E.S. cuyos nombramientos no hayan vencido a la fecha de la presente opinión.
2. Declarar inconstitucional la Junta de Síndicos y el Consejo de Educación Superior según creados por las referidas leyes. Cualquier actuación de estos organismos posterior a la fecha de esta opinión se declara también inconstitucional.
3. En cuanto al nombramiento de funcionarios tales como el Presidente de la U.P.R. en consideración a los factores antes señalados, dejaríamos a éstos en sus cargos hasta tanto el C.E.S. decida lo contrario.
Reconocemos la facultad de legislar de nuestra Asamblea Legislativa siempre y cuando actúe conforme a los parámetros de nuestra Constitución, para salvaguardar, en especial casos como el presente, los derechos de libertad académica institucional, libertad de expresión y sin menoscabo de la autonomía universitaria. Por las razones expuestas, no podemos permitir que sean consideraciones político-partidistas las que orienten el futuro académico y el desarrollo institucional de la U.P.R.
VIII

Resumen

La legislación impugnada es inconstitucional. Por ello, se debe restituir a los miembros del C.E.S. cuyos nombramientos no hayan vencido a la fecha de esta opinión. La Junta de Síndicos y el nuevo C.E.S. son inconstitucionales, y cualquier actuación de éstos, posterior a esta opinión, *181 también será inconstitucional. En cuanto al nombramiento de funcionarios tales como el Presidente de la U.P.R., los dejaríamos en sus cargos, siendo compatibles con el respeto que se le debe dar a la comunidad universitaria hasta tanto el C.E.S. decida lo contrario.
La U.P.R. no es una agencia más del Gobierno. Es la convivencia democrática de la sociedad civil y el máximo laboratorio para la experimentación democrática.
La legislación impugnada viola la libertad de expresión individual de los profesores, lo cual priva a nuestros estudiantes del diálogo y la discusión de ideas con libertad y sin temor; todo ello, por la intervención indebida del Gobierno con los organismos directivos de la docencia y de la administración académica.
Todos los puertorriqueños aspiran a que sus hijos tengan una educación universitaria plena y enriquecedora. Una educación universitaria que los exponga a todas las corrientes del conocimiento para entender y esclarecer la realidad y desarrollar al máximo su personalidad, y para ser cada día personas más dignas, libres, con deseos y oportunidades de trabajar para alcanzar sus aspiraciones, felicidad y serles útiles a la sociedad donde conviven.
Esta aspiración de nuestros estudiantes se frustra cuando se coarta la libertad de expresión en la universidad; la libertad académica institucional y la autonomía universitaria. De igual manera, se coarta la libertad de expresión cuando se despiden en forma discriminatoria y sin justa causa, por razones político-partidistas, a los miembros del C.E.S., quienes ostentan el deber fiduciario sobre la docencia y la administración universitaria.
La legislación impugnada no es otra cosa que un subterfugio para intervenir con la libertad de expresión y la docencia en la universidad, como si ésta fuera un botín de guerra. Todo ello resulta en detrimento de la aspiración del puertorriqueño de obtener una educación de excelencia en la búsqueda de la felicidad y una mejor calidad de vida. *182
Los errores de Gobiernos pasados, los cuales no están ante nos, no legitiman ni justifican los errores del presente sobre los cuales tenemos el deber y la obligación constitucional de corregir.
Por todo lo anterior DISIENTO de la sentencia emitida por el Tribunal.
LAS LEYES SON INCONSTITUCIONALES.
–O–

Voto particular del Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.
Concurro plenamente con la opinión disidente del Juez Asociado Señor Alonso Alonso. Sólo los ingenuos, o quienes prefieran no reconocer lo que es patentemente evidente, pueden negar que en este caso existe una acción gubernamental motivada principalmente por razones político-partidistas. Las numerosas expresiones de los legisladores que aprobaron la ley, citadas por el Juez Alonso Alonso en su opinión, y las manifestaciones del Primer Ejecutivo, quien propuso y aprobó la legislación en cuestión —y que fueron admitidas como ciertas por el propio tribunal de instancia— constituyen en conjunto una prueba contundente de que la creación, mediante ley, de un nuevo organismo rector para la Universidad de Puerto Rico, que desplaza a los incumbentes del Consejo de Educación Superior, respondió primordialmente a propósitos y motivos político-partidistas.
Al igual, es innegable que, en nuestro ordenamiento jurídico, el Gobierno está constitucionalmente impedido para actuar conforme a fines político-partidistas cuando tal acción estatal afecte indefectible y adversamente los derechos fundamentales de otras personas. En Puerto Rico la libertad de expresión no puede ser restringida o menoscabada por el Estado, salvo que exista un interés público apremiante. Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, 113 D.P.R. 153 (1982); Rodríguez v. *183 Srio. de Instrucción, 109 D.P.R. 251 (1979); Mari Bras v. Casañas, 96 D.P.R. 15 (1968). No es necesario acudir a teorías jurídicas enjundiosas ni a profundos análisis de derecho para reconocer que las conveniencias partidistas de los gobernantes de turno no constituyen un interés público apremiante que justifique coartar los derechos de expresión. Nuestra Constitución, además, en su Art. II, Sec. 1, L.P.R.A., Tomo 1, expresamente prohíbe el discrimen por razones políticas, y en derecho es claro que aun una ley neutral de su faz es inválida si se prueba que el legislador tuvo algún ánimo o propósito discriminatorio al aprobarla. Hunter v. Underwood, 471 U.S. 222 (1985); Arlington Heights v. Metropolitan Housing Corp., 429 U.S. 252 (1977).
En este caso, el Gobierno privó a los demandantes de su derecho a continuar en sus cargos por los términos fijos establecidos por ley, y lo hizo crasamente por motivos político-partidistas. Lo que es peor aún, en un país como el nuestro, plagado todavía por el mal del autoritarismo y donde la convivencia colectiva continúa teniendo rasgos de carácter autocrático, la actuación gubernamental aludida constituye un atentado serio contra los derechos de expresión de los profesores y estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Al imponer con crudeza su voluntad político-partidista sobre la institución universitaria, el Gobierno afecta adversamente el clima de libertad que allí debe prevalecer y menoscaba el quehacer académico por el efecto intimidante y liberticida de su acción. Cualquiera que conozca a fondo nuestra Casa de Estudios sabe que acciones de rudo “mollero” político por el Gobierno, como la que tenemos ante nos aquí, tienden a propiciar en algunos sectores universitarios —ciertamente no en todos— unos comportamientos congraciatorios, que son antagónicos a las exigencias de la libertad académica. Tales acciones de despotismo gubernamental tienden a azuzar en ellos el recóndito temor hacia las figuras autoritarias y la docilidad que nuestra experiencia colonial ha consolidado en el psique de *184 muchos en el país, todo ello en grave detrimento de las condiciones necesarias para realizar bien la auténtica tarea docente. Véase E. Seda Bonilla, Los derechos civiles en la cultura puertorriqueña, Río Piedras, Ed. Universitaria, 1963. La acción gubernamental fundamentada en motivos político-partidistas, pues, viola la libertad académica, por el efecto disuasivo ( chilling effect) que tiene respecto al ejercicio de esa libertad que la Constitución claramente garantiza.
Es menester enfatizar que, desde hace ya mucho tiempo, se ha reconocido que en el ámbito universitario los profesores y estudiantes disfrutan de un derecho fundamental a la libre expresión, que incluye la facultad de disputar con libertad las ideas y creencias tradicionales y de explorar sin cortapisas tanto los cimientos como las fronteras del conocimiento. Esa libertad de cuestionarlo todo, en aras de buscar la verdad, no puede ser conculcada de modo alguno por el Estado. A los poderes gubernamentales les está vedado, incluso, menoscabar el clima o ambiente de seguridad, abertura, franqueza y hasta de osadía erudita que debe prevalecer en una universidad para que esa libertad de cuestionarlo todo pueda ejercerse propiamente y florecer.
Uno de los grandes constitucionalistas americanos, el Juez Frankfurter del Tribunal Supremo de Estados Unidos, se expresó sobre el particular con las citas y los comentarios siguientes:
“Insights into the mysteries of nature are born of hypothesis and speculation. The more so is this true in the pursuit of understanding in the groping endeavors of what are called the social sciences, the concern of which is man and society… For society’s good —if understanding be an essential need of society— inquiries into these problems, speculations about them, stimulation in others of reflection upon them, must be left as unfettered as possible. Political power must abstain from intrusion into this activity of freedom ….
… This means the exclusion of governmental intervention in the intellectual life of a university. It matters little whether such *185 intervention occurs avowedly or through action that inevitably tends to check the ardor and fearlessness of scholars, qualities at once so fragile and so indispensable for fruitful academic labor ….
… A university ceases to be true to its own nature if it becomes the tool of Church or State or any sectional interest. A university is characterized by the spirit of free inquiry… This implies the right to examine, question, modify and reject traditional ideas and beliefs ….
… Freedom to reason and freedom for disputation… are the necessary conditions for the advancement of scientific knowledge. A sense of freedom is also necessary…
It is the business of a university to provide that atmosphere which is most conducive to speculation, experiment and creation.” (Énfasis suplido.)

NOTA1 Sweezy v. New Hampshire, 354 U.S. 234, 261-263 (1957).

Conforme con esta atinada concepción de la libertad académica, las acciones gubernamentales que tienen el efecto de achantar el sentido de autonomía de los profesores y estudiantes y el clima de libertad de la institución universitaria, son ilícitas e inconstitucionales y deben invalidarse.
Debo enfatizar que tales acciones inconstitucionales deben invalidarse aunque parezcan leves o sutiles. Como bien señaló el Juez Frankfurter en las mismas expresiones citadas antes:
“… in these matters of the spirit, inroads on legitimacy must be resisted at their incipiency. This kind of evil grows by what it is allowed to feed on. The admonition of this Court in another context is applicable here. ‘It may be that it is the obnoxious thing in its mildest and least repulsive form; but illegitimate and unconstitutional practice get their first footing in that way, namely by silent approaches and slight deviations from legal modes of procedure. (Énfasis suplido.) Sweezy v. New Hampshire, 354 U.S. 234, 363364 (1957).
Las acciones gubernamentales inconstitucionales son insidiosas, por mínimas que parezcan. Si no se atajan a tiempo, dan pie a acciones ilícitas futuras cada vez más *186 palpables y conspicuas. Tal es la situación en el caso ante nos; es de lamentar que miembros de este Tribunal que, en otros casos han pontificado con gran indignación contra los abusos del Gobierno de menor trascendencia, ahora en este importante caso asuman una postura aquiescente, contra la sabia advertencia de Frankfurter.
No es necesario abundar más sobre las innegables realidades antes aludidas. La opinión del Juez Asociado Señor Alonso Alonso lo hace con meridiana claridad; lo hace, además, con un fino y profundo entendimiento de lo que es una universidad como la nuestra, y del alto deber que tenemos los Jueces de proteger los derechos de expresión en todas sus modalidades, la razón de ser más preeminente que justifica nuestros cargos.
II

Para completar este voto particular, deseo comentar otro de los excesos del extremo partidismo político del Gobierno en este caso, que me atañe personalmente.
A. El licenciado que ocupa el cargo de Procurador General del país, Pedro A. Delgado, y otro contratado por el Gobierno para representarle también, Daniel R. Domínguez, pidieron mi inhibición en este caso. Su planteamiento alude a mis vínculos con la Universidad de Puerto Rico durante tres (3) décadas.
Durante muchos años fui miembro activo del claustro universitario. Fui profesor de miles de estudiantes en la Facultad de Derecho y en la Escuela Graduada de Administración de Empresas. Realicé numerosas investigaciones y estudios sobre temas jurídicos, que aparecen publicados en 4 libros y 15 monografías extensas, impresas en revistas académicas y profesionales. Serví a la Universidad como Decano de Estudiantes del Recinto de Río Piedras, como Decano de la Facultad de Derecho, como miembro del Senado Académico y de la Junta Administrativa de *187 ese recinto, y como miembro o presidente de docenas de comités institucionales. Representé a la Universidad en numerosas comisiones o congresos estaduales, nacionales e internacionales. Fui asesor jurídico ad honorem de varios rectores y presidentes de la institución.
Según los representantes legales del Gobierno, durante los 27 años que estuve vinculado a la Universidad de Puerto Rico supuestamente disfruté de “consideraciones” de parte de la institución, y ello alegadamente crea una “apariencia” de parcialidad que justificó solicitar mi inhibición.
En mi ponderado criterio, el planteamiento de los representantes legales del Gobierno es inmeritorio y frívolo. Las supuestas “consideraciones” de la Universidad de Puerto Rico en mi favor, en el transcurso de 27 años, no son tal cosa. Por el contrario, constituyen, esencialmente, unos derechos reglamentarios que yo tenía y que la institución estaba obligada a honrar. No se trata de prebendas que se me otorgaron de forma discrecional o gratuita, sino más bien de derechos adquiridos conforme mi status como miembro del claustro universitario.
Debe notarse, además, que el planteamiento de “apariencia de parcialidad” en el caso de marras es cuando menos ilógico, sino incoherente, porque la parte en este pleito respecto a la cual existe la supuesta “apariencia de parcialidad” no es la que tuvo las alegadas “consideraciones” en mi favor. Es decir, para que pueda siquiera contemplarse la posibilidad de una “apariencia de parcialidad”, sería necesario establecer que los demandantes apelantes en este pleito, los aludidos miembros del Consejo que iniciaron este caso, fueron los mismos que tuvieron las supuestas “consideraciones” universitarias en mi favor. Esa, claro está, no es la situación aquí. Estos demandantes apelantes, como grupo, nunca han tenido nada que ver con ninguna de las supuestas “consideraciones” de la Universidad en mi favor. Las llamadas “consideraciones” fueron acreditadas *188 por otras autoridades universitarias, y el Consejo particular que demandó en este caso no participó como tal en ninguna de ellas. Es material y jurídicamente imposible que exista siquiera una “apariencia” de parcialidad mía en favor de un cuerpo de concejales, cuando tal cuerpo particular nunca ha decidido nada en mi favor.
B. Durante los dos años pasados he participado como Juez Asociado de este Tribunal Supremo de Puerto Rico en otros tres importantes y noveles casos que involucraban a la Universidad de Puerto Rico y que dieron lugar a opiniones de este Tribunal. En uno de ellos se cuestionaba la validez de una decisión del Consejo de Educación Superior negándole acreditación a una institución universitaria privada ( Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. 521 (1993)); en el segundo caso se cuestionaba la validez del sistema de admisiones de la Universidad de Puerto Rico ( Asoc. Academias y Col. Cristianos v. E.L.A., 135 D.P.R. 150 (1994)), y en el tercero se cuestionaba la validez de la decisión de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico de reconocerle a los profesores de la Universidad de Puerto Rico el derecho a unionarse y a la negociación colectiva ( U.P.R. v. Asoc. Pur. Profs. Universitarios, 136 D.P.R. 336 (1994)). En estos tres casos de la Universidad de Puerto Rico comparecieron el Procurador General o los representantes legales del Gobierno o de la Universidad a presentar su caso, y en ninguno de ellos solicitaron mi inhibición. En ninguno de estos tres casos el Procurador General o los representantes legales del Gobierno consideraron que mis vínculos previos con la Universidad de Puerto Rico constituía un problema, a pesar de que en los tres la Universidad era parte indispensable del caso. Sin embargo, ahora, de buenas a primeras, en el caso de autos se alega que mi participación como Juez en este cuarto pleito, que involucra a la Universidad de Puerto Rico, puede constituir una alegada “apariencia” de parcialidad. ¿Por qué esta postura ahora y no antes? ¿Por qué ahora *189 hay una alegada “apariencia” de parcialidad que no la hubo en los tres casos anteriores? ¿Cómo se explica esta inconstancia, cuando mi relación con la Universidad de Puerto Rico ha sido la misma en cualquiera de los cuatro casos en cuestión?
La respuesta a esta interrogante me parece evidente. La frívola solicitud de inhibición no es meramente un exabrupto profesional de los licenciados aludidos. Es también parte de una estrategia política mayor relacionada con las actuaciones político-partidistas del Gobierno respecto de la legislación que se ha impugnado ante nos en este caso. Desde los comienzos de este litigio se ha sabido que el Tribunal Supremo estaba dividido en cuanto al asunto planteado en éste. Por eso, en el afán de prevalecer a toda costa para proteger los intereses político-partidistas del Gobierno, se ha acudido a la artimaña de intentar recusar a uno de los Jueces de este Tribunal que, se especulaba, podía votarles en contra.

NOTA2 Véase nuestra Resolución de 24 de septiembre de 1993, mediante la cual se expide el recurso en este caso, por voto dividido, emitida dos meses antes de la moción de inhibición en cuestión.

Para realizar esta artimaña, quienes solicitaron mi inhibición, o las personas de quien hayan recibido instrucciones, violentaron el propio Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico y la confidencialidad de mi expediente personal en esa institución, al hacer una extensa incursión en dicho expediente a los fines de este caso sin mi autorización o la de algún tribunal con jurisdicción. El Art. 33.6 del Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico, revisión de diciembre de 1990, pág. 72, claramente garantiza la confidencialidad del expediente personal de un claustral. Dicho expediente no está sujeto a investigación sin autorización propia, como la que se ha hecho en este caso, para intentar fundamentar la frívola solicitud de inhibición.
Como parte de la artimaña, además, se ventiló el asunto *190 de mi inhibición en la prensa del país. La moción de inhibición presentada ante este Tribunal fue subrepticiamente entregada dos veces distintas a determinados medios noticiosos, en un evidente intento de ejercer presión pública sobre la función judicial, en franco menosprecio del espíritu y la letra del Canon 11 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, que prohíbe ejercer influencias indebidas sobre los jueces en casos sometidos ante su consideración, y del Canon 14 de dicho Código, 4 L.P.R.A. Ap. IX, que prohíbe que se facilite la publicación en la prensa de detalles de un pleito pendiente.
Más aún, recientemente mi participación en este caso fue objeto de imputaciones vulgares y difamatorias, formuladas mediante anuncios políticos pagados y en comunicados de prensa promovidos por políticos del partido en el poder, evidencia contundente de que el intento de lograr mi inhibición ha sido una burda maniobra partidista.
C. Las normas jurídicas y los precedentes de este Foro preceptúan que la decisión de inhibición de un Juez del Tribunal Supremo reviste carácter excepcional. Noriega Rodríguez v. Gobernador, 120 D.P.R. 267, 276 (1988). No debe inhibirse un Juez del Tribunal Supremo salvo que existan circunstancias excepcionales que así lo requieran, debido a que “los jueces de este Foro tenemos … la misión fundamental de expres[arnos] sobre los asuntos de honda repercusión pública que se nos sometan” (íd., pág. 275), y porque la naturaleza colegiada del Tribunal “asegura una justicia imparcial … y garantiz[a] que la decisión final certificada [en cualquier caso] respond [erá] al legítimo criterio mayoritario informado, nunca a la situación individual o preferencias privadas de los componentes del Tribunal”. Íd., pág. 276.
En este caso no sólo no se han presentado razones excepcionales que justifican mi inhibición, sino que las esgrimidas son patentemente frívolas. De modo alguno, pues, *191 puedo dejar de cumplir con mi deber constitucional de formular mi criterio y votar sobre el importante asunto público ante nuestra consideración.
Al rechazar la inverosímil solicitud de inhibición, lo hago, además, con el pesar que causa ver cómo la vorágine del partidismo político, unida a la ambición personal, engulle y se traga aun a quienes ocupan o pretenden ocupar posiciones cimeras en la noble profesión de abogado, de quienes se espera una conducta de verticalidad, de altura de miras y de independencia de criterio respecto de sus clientes, como requiere el Canon 8 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

P.R.,1994.

Pereira Suarez v. Junta de Directores del Condominio Ponciana 2011 TSPR 102

Miguel A. PEREIRA SUÁREZ, Recurrido
v.
JUNTA DE DIRECTORES DEL CONDOMINIO PONCIANA, Peticionario
Crown Castle International Corporation de Puerto Rico, Interventora–Peticionaria.
No. CC–2008–1014.

En El Tribunal Supremo De Puerto Rico.
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2011.

Certiorari
Juez Ponente: Hon. Ismael Colón Birriel Abogados de la Parte Peticionaria
Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Rafael E. Mullet–Sánchez, Lcda. Jane Patricia Van Kirk

Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo. Ronald Riera Acosta, Lcdo. Luis Ángel Velazquez Mass

Materia: Impugnación de Actos, Junta de Directores

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Martínez Torres

*1 En esta ocasión debemos interpretar el alcance del Art. 42(c) de la Ley de Condominios, Ley Núm. 103 de 5 de abril de 2003, 31 L.P.R.A. sec. 1293f. Nos corresponde resolver si el término de prescripción de dos años estatuido allí aplica para impugnar actos aprobados sin seguir el requisito de aprobación por unanimidad de los condóminos, como requiere la ley. Analizaremos específicamente si la impugnación del acuerdo suscrito entre el Presidente del Condominio Ponciana y Crown Castle International Corp. of PR (Crown Castle) había prescrito al momento en que el recurrido lo cuestionó. Evaluada la controversia, resolvemos en la afirmativa.

I

El Condominio Ponciana es un edificio de naturaleza mixta, ya que se compone de apartamentos comerciales y residenciales. Los hechos que dan origen a esta controversia surgen luego de que el 19 de marzo de 1999 el Sr. Ángel M. Llavona Folguera, Presidente de la Junta de Directores del Condominio Ponciana, suscribió un contrato de arrendamiento con la compañía Crown Castle para la construcción, mantenimiento y operación de instalaciones de telecomunicaciones en la azotea del Condominio Ponciana por un término de veinticinco años, prorrogable a veinticinco años adicionales. El contrato suscrito le daba el uso exclusivo e ilimitado de la azotea por un canon mensual de $700, con un aumento anual de 3%. Según surge del expediente, para otorgar ese contrato el señor Llavona Folguera no consultó al Consejo de Titulares. También, para la misma fecha, el señor Llavona Folguera arrendó a Crown Castle un apartamento de su propiedad para que colocara allí equipo de comunicación desde el que operaría el equipo instalado en la azotea.

El recurrido, Sr. Miguel A. Pereira Suárez, es titular del Penthouse 12–A del Condominio Ponciana. El señor Pereira Suárez alega que expresó en varias ocasiones, formal e informalmente, su descontento con la instalación del equipo en la azotea del edificio, alegadamente, tan pronto se enteró de ello. Sin embargo, no obra en el expediente documento alguno que acredite que el recurrido haya manifestado su inconformidad con el equipo instalado. Incluso, no se acompañó copia del libro de actas del condominio en el que se detallan los pormenores de las supuestas reuniones celebradas entre la Junta de Directores y el Consejo de Titulares.

Surge del alegato de réplica del señor Pereira Suárez ante este Tribunal que alegadamente el 3 de enero de 2003 presentó una primera querella ante el DACO (número 600004623) sobre impugnación de los actos de la Junta de Directores del Condominio Ponciana. Sin embargo, aparentemente el 30 de junio de 2004 el DACO ordenó el cierre de archivo sin perjuicio de la querella por falta de trámite. Posteriormente, el DACO rechazó una moción de reconsideración por presentarse fuera del término dispuesto. Incluso, en su alegato de réplica, el señor Pereira Suárez admite que “esta información no surge de las determinaciones de hechos de DACO, pero fue un hecho discutido por la Junta de Directores del Condominio Ponciana ante el Tribunal de Apelaciones, según lo menciona la propia parte interventora-Peticionaria, página 13, nota 2 de la Petición de Certiorari.” Alegato de Réplica, pág. 9. Ciertamente, en su petición de certiorari, la peticionaria Crown Castle discutió este hecho, pero lo rechazó precisamente en la nota al calce número dos de su alegato. Específicamente, en la mencionada nota Crown Castle aduce que
*2 [e]n un escrito presentado por la parte querellada Junta de Directores del Condominio Ponciana, ante el TA, se indica que Pereira había presentado una querella ante DACO el 3 de enero de 2003. Hasta ese momento Crown Castle no tenía conocimiento de la misma, ya que nunca se hizo alusión a ella en todo el curso de los procedimientos en que Crown Castle ha participado, y no forma parte del record del caso”. (Énfasis nuestro).Petición de certiorari, pág. 13, n. 2.

No hay nada en el apéndice ni el legajo acerca de esa querella.

Pasados seis años de la celebración del contrato, el 2 de septiembre de 2005 el recurrido presentó la querella que nos ocupa, ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). En síntesis, solicitó que se ordenara a la Junta de Directores la resolución y cancelación del contrato de arrendamiento; que Crown Castle removiera a su costo las antenas instaladas en la azotea del edificio; que desalojara el cuarto de máquinas de control que le arrendó al señor Llavona Folguera; que devolviera a su estado original el área de la azotea; que se ordenara a la Junta de Directores y al Administrador aplicar, conforme al porcentaje de participación en los elementos comunes y las derramas que se establezcan, el canon mensual correspondiente a Crown Castle; y que le ordenara el pago de honorarios de abogados.

Crown Castle presentó una moción de desestimación y solicitud de intervención. En ésta solicitó la desestimación de la querella en su contra por falta de jurisdicción. Especificó que no recibió notificación de la querella hasta febrero de 2007. Sin embargo, requirió que se le permitiera participar en los procedimientos como interventor, ya que tenía un interés propietario creado en virtud de los contratos en los que Pereira Suárez solicitaba la resolución y en la propiedad que se quería remover del Condominio Ponciana. Asimismo, arguyó que la acción de impugnación presentada por el recurrido estaba prescrita toda vez que la querella se presentó seis años después de celebrado el contrato e instalado el equipo, y pasados tres años de la alegada reunión del Consejo de Titulares en la que se ordenó a la Junta de Directores cancelar el contrato en cuestión.

Luego de que el DACo celebró una vista administrativa, las partes presentaron sus correspondientes memorandos de derecho. A la vista comparecieron la parte querellante (señor Pereira Suárez), la parte querellada (Junta de Directores del Condominio Ponciana) y Crown Castle (parte interventora), todos acompañados de sus respectivos representantes legales.

El 1 de noviembre de 2007 el DACo emitió una resolución. En sus determinaciones de hechos, el DACo tomó como ciertas las alegaciones contenidas en las actas de las distintas asambleas de titulares que se llevaron a cabo luego de la celebración del contrato. De estas actas surgía que la primera asamblea de titulares fue celebrada el 24 de abril de 2001, es decir dos años y un mes después de la otorgación del contrato en controversia. Posteriormente, el 27 de noviembre de 2001, se llevó a cabo una segunda asamblea extraordinaria del Consejo de Titulares. Allí, se discutieron los pormenores del proceso de instalación de las antenas y se cuestionó la forma en que se llevó a cabo la contratación. Además, se discutió que el contrato suscrito nunca contó con la aprobación del Consejo de Titulares y que el señor Llavona Folguera actuó en atención a sus intereses personales pues le había arrendado un apartamento de su propiedad a Crown Castle en el mismo edificio por la cantidad de $1,300 mensuales.

*3 Durante esa reunión, aparentemente también se llevó a cabo una votación para auscultar si el Consejo de Titulares deseaba que se quedaran las antenas en la azotea. Se decidió, mediante votación de 15 a favor y 5 en contra, que se mantuvieran las antenas en la azotea. Sin embargo, existe conflicto en cuanto a la veracidad de este acuerdo. El recurrido Pereira Suárez alega que en la reunión no se consiguieron los votos para que se mantuvieran las antenas. De las determinaciones de hechos de la resolución también se desprende que en diciembre de 2001 se celebró otra reunión en la que aparentemente la Presidenta de la Junta de Directores señaló que se acataría la decisión del Consejo de Titulares de solicitar a Crown Castle la remoción de las antenas colocadas. Sin embargo, Crown Castle se opuso debido a los gastos invertidos en su instalación. Finalmente, surge de la resolución que en el 2002 hubo otra asamblea para discutir la posibilidad de aumentar el canon que pagaba Crown Castle por mantener el equipo de telecomunicaciones en la azotea del edificio.

A la luz de la prueba presentada, el DACo declaró nulo el contrato suscrito entre el señor Llavona Folgera y Crown Castle. Ordenó la celebración de una asamblea extraordinaria en la que se discutiera y decidiera, por unanimidad, si se ratificaba o no el contrato otorgado y la posibilidad de imponer una cuota especial a los titulares de apartamentos comerciales. Señaló que de no ratificarse el contrato, Crown Castle debía remover el equipo instalado en la azotea. Entendió la agencia que como el contrato en cuestión le otorgaba a Crown Castle el uso exclusivo e ilimitado de la azotea, ello significó la alteración del uso y destino de un elemento común. Por lo tanto, se requería el consentimiento unánime del Consejo de Titulares. Por ende, concluyó que se violaron los Artículos 2 y 11 de la Ley de Propiedad Horizontal vigente en aquel entonces, Ley 104 de 25 de junio de 1958, según enmendada por la Ley Num. 157 de 4 de junio de 1976. Por último, impuso honorarios de abogado a la parte querellada y apercibió de la imposición de multas administrativas de no cumplirse con lo ordenado.

Crown Castle presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó que la agencia erró al no declarar prescrita la acción de impugnación y al concluir que el contrato alteraba el uso y destino de la azotea, aunque ello no se sostenía de la prueba desfilada.

El foro apelativo intermedio confirmó la resolución y orden del DACo. El Tribunal de Apelaciones concluyó que “[l]a actuación unilateral y ultra vires de la Junta de Directores del Condominio Ponciana es nula en derecho al no contar con el consentimiento unánime de los titulares por lo cual no se activa ningún término prescriptivo para reclamar su corrección”. En esencia, el foro apelativo intermedio entendió que el arrendamiento de un elemento común de un condominio residencial para fines comerciales constituye un acto que altera su uso y destino. Por ello, fundamentándose en Rivera Rodríguez v. Junta Dir. I y II, 173 D.P.R. 475 (2008), y en el Reglamento del Condominio Ponciana, el Tribunal de Apelaciones concluyó que aunque la Junta de Directores tenía la facultad para colocar equipo como el instalado en áreas comunes del condominio con el consentimiento unánime del Consejo de Titulares, eso no significaba que se podía ceder ese derecho a personas ajenas al condominio. Por consiguiente, como era necesaria la anuencia de todos los titulares para llevar a cabo el arrendamiento, el contrato en cuestión es nulo, es decir, nunca nació a la vida jurídica.

*4 Inconforme nuevamente, Crown Castle presentó un recurso de certiorari ante este Tribunal. Alegó que el foro apelativo intermedio erró al no considerar los argumentos de prescripción de la acción de impugnación y al confirmar que el contrato de arrendamiento alteró el uso y destino de la azotea. Por último, añadió que el Tribunal de Apelaciones erró al aplicar la norma de Rivera Rodríguez v. Junta Dir. I y II, supra.

El 1 de mayo de 2009 expedimos el auto. Con el beneficio de los alegatos de ambas partes procedemos a resolver.

II–A

“Con miras a atacar de frente las situaciones indeseables que surgían a base de la legislación anterior, el legislador dispuso en el Art. 44 de la Ley Núm. 103 de 5 de abril de 2003, 31 L.P.R.A. sec. 1291 nota, que “[e]sta Ley entrará en vigor noventa (90) días después de su aprobación y sus disposiciones regirán a todo inmueble sometido al régimen de Propiedad Horizontal, cualquiera que sea el momento en que fuera sometido a dicho régimen.” Precisamente por la necesidad de “alcanzar la transformación de situaciones jurídicas indeseables” se dispuso para el alcance retroactivo de esta Ley. Consejo Titulares v. Williams Hospitality, 168 D.P.R. 101, 107 (2006). “De otra forma la sociedad estaría atada a perpetuidad a normas que impiden su desarrollo.” Id., págs. 107–108. Por ello, como señalamos en Consejo Titulares v. Williams Hospitality, id., pág. 110, y reafirmamos recientemente en S.L.G. Vázquez, Ibáñez v. De Jesús, Vélez, Op. de 14 de diciembre de 2010, 2010 T.S.P.R. 227, 2010 J.T.S. 236, 180 D.P .R. ____ (2010) “ [n]o aplicar la Ley Núm. 103, supra, a controversias como la de autos equivaldría a laurear actuaciones que el estado de derecho vigente conjura; estaríamos incumpliendo, entonces, con la intención legislativa. Por lo tanto, resolvemos que, en virtud de su tenor más razonable y de las poderosas razones de orden público que movieron al legislador a materializarla, la Ley Núm. 103, supra, aplicará retroactivamente.” (Énfasis en el original.)

Cónsono con lo anterior, a pesar de que la actual controversia surgió mientras aún se encontraba vigente la anterior Ley de Propiedad Horizontal, la letra del Art. 44, supra, así como la interpretación que hemos hecho de la retroactividad de esta ley, nos obliga a analizar este caso a la luz de la Ley de Condominios vigente. Aclarado esto, procede evaluar las disposiciones de la Ley de Condominios de 2003 que regulan la impugnación sobre violaciones a la escritura matriz, al reglamento y a los cambios o actos que requieran unanimidad.

B

El Art. 42 de la Ley de Condominios, supra, gobierna la impugnación de los acuerdos y las determinaciones del Consejo de Titulares. Asimismo, establece el término que tiene el titular afectado para llevar a cabo dicha impugnación. El inciso (a) procura
*5 reducir el número de querellas ante el foro administrativo, al requerir del querellante que ventile primero ante los organismos internos del condominio, bien ante la propia Junta o ante un Comité de Conciliación, cualquier querella en la que se cuestione una acción u omisión del Administrador o de la propia Junta.
M. Godreau, La Nueva Ley de Condominios, Ed. Dictum, San Juan, 2da ed., 2003, pág. 40.

Con este procedimiento se persigue “acreditar ante la agencia que se le hizo el planteamiento ante el organismo interno y que éste, o no lo atendió oportunamente, o si lo atendió se ratificó en la acción o en la omisión que el titular entiende le es gravemente perjudicial”. Id.
La presentación de la reclamación internamente tendrá que hacerse dentro del término de treinta (30) días de conocida la acción u omisión que se impugna. La Junta o el Comité de Conciliación en su caso tendrán treinta (30) días para resolver el asunto. Si el titular considera adversa la decisión de la Junta o del Comité, podrá entonces recurrir al DACO. De igual Forma, si la Junta o el Comité no toman acción dentro de los sesenta (60) días desde que el titular sometió su queja, puede éste recurrir a la agencia con su querella. El DACO se reserva la facultad de eximir al titular de agotar este procedimiento, si así lo ameritase la naturaleza del caso.
Id.

En cuanto al término de prescripción para ejercer la acción, el inciso (c) del Art. 42 señala:
(c) La acción de impugnación de acuerdos, acciones u omisiones de la Junta de Directores, del Consejo de Titulares, con excepción de los realizados por el titular que somete el inmueble al régimen, que violen las disposiciones de esta Ley, de la escritura matriz o del Reglamento del condominio, prescribirá a los dos (2) años de haberse notificado el acuerdo, tomado la acción o de conocerse la omisión. Para los titulares que impugnen este tipo de acuerdo del Consejo de Titulares, el término se computará a partir de la notificación del mismo, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el párrafo siguiente.
Al ejercitar la acción de impugnación de acuerdos del Consejo de Titulares, el titular deberá acreditar que estuvo presente o representado en la reunión en que se tomó el acuerdo que impugna y que no votó a favor del mismo. Si estuvo ausente a pesar de que fue debidamente notificado deberá probar que su ausencia estuvo justificada.
……………………. (Énfasis suplido.)

Finalmente, el inciso (e) del Art. 42 indica:
(e) El foro de instancia en el que se diluciden las querellas o acciones presentadas por los titulares o por el Consejo de Titulares le impondrá a la parte que hubiese procedido con temeridad el pago de los gastos del pleito o de la querella, así como el pago de una suma razonable por los honorarios de abogados en que realmente hubiese incurrido la parte que obtuvo el remedio solicitado. Sólo mediante la renuncia expresa de la parte vencedora podrá dispensarse a la otra parte del pago de honorarios. El titular que prevalezca en cualquier reclamación de su querella no tendrá que contribuir a los honorarios o gastos legales en que incurra la Junta o el Consejo de Titulares, ni a la multa que, en su caso, pudiera imponérsele a la parte querellada.

*6 Las leyes antecesoras a nuestra actual Ley de Condominios no establecían un término de prescripción para la impugnación de las acciones tomadas por la Junta de Directores o el Consejo de Titulares. Así, por ejemplo, la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958 facultaba para la impugnación “cuando no se re[unía] el quórum necesario para tomar acuerdos. El mismo artículo facultaba también la impugnación de las acciones de la Junta de Administración si éstas no cumplían con las reglas acordadas para la buena administración”. M.J. Godreau, El Condominio: El Régimen de Propiedad Horizontal en Puerto Rico, 1ra ed., Río Piedras, Ed. Dictum, 1992, pág. 129.

La reforma hecha en el 1976 al régimen de propiedad horizontal amplió el “artículo 42 para especificar ciertos términos y para distinguir entre condominios dedicados a comercios o establecimientos no residenciales y aquellos en que por lo menos hubiera un apartamiento dedicado a vivienda”. Id. A esos efectos la ley impuso un término de 30 días para “la impugnación de acuerdos y determinaciones, que el titular estimase gravemente perjudiciales para él o para la comunidad de titulares”. Id., pág. 202. Véase la Ley Núm. 157 de 4 de junio de 1976.NOTA1 Ahora bien, dicho término se limitaba únicamente a acciones que fueran gravemente perjudiciales para el que las impugnaba o para la comunidad de titulares. Ello fue razón para que el legislador entendiera necesario modificar este artículo en el 2003.

NOTA1. El foro donde se presentaba la impugnación dependía de la naturaleza del condominio en cuestión, a saber, residencial o comercial. En los condominios no residenciales los acuerdos se tenían que impugnar en el Tribunal Superior. También se requería que el titular que impugnara asistiera a la reunión en la que se tomó la decisión y se opusiera. Si se ausentó debía presentar razones que justificaran su ausencia. En cambio, cuando se trataba de condominios con viviendas las impugnaciones debían ventilarse en el DACo y eran revisables por el Tribunal Superior.

C

Las enmiendas introducidas al régimen de propiedad horizontal en el 2003 respondieron, en esencia, a la necesidad de realizar “ajustes para dotarlo de mayor eficacia en la consecución de sus metas originales, a saber hacer viable el derecho a la propiedad individual sobre un apartamiento dentro de un edificio o estructura arquitectónica, a fin de aprovechar al máximo el escaso terreno con que contamos”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 103, supra. Cimentándose en las características principales que gobiernan el régimen de propiedad horizontal, “particularmente la reiteración de que el apartamiento es el centro del régimen, la exigencia de la buena fe, así como la prohibición de actuar caprichosamente en el ejercicio de los derechos dominicales”, el legislador, entre otras cosas, fijó un término prescriptivo de dos años para presentar las impugnaciones de acciones u omisiones por violaciones a la Ley o al Reglamento. Íd. Ello tuvo el fin de armonizar las distintas disposiciones de la ley con los principios que se pretenden salvaguardar en el Art. 1–A, 31 L.P.R.A. sec. 1291 nota NOTA2: la buena fe, la prohibición de ir en contra de los actos propios y la prohibición del abuso del derecho.

NOTA2. “Art. 1–A. Propósito
Esta Ley se aprueba con el propósito de viabilizar la propiedad individual sobre un apartamiento, que forma parte de un edificio o inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal, de acuerdo a los criterios que más adelante se establecen.

El titular de un apartamiento sometido al régimen de propiedad horizontal, tiene el derecho al pleno disfrute de su apartamiento y de las áreas comunes, siempre que con ello no menoscabe el derecho de los demás titulares al disfrute de sus respectivas propiedades.

El Consejo de Titulares, la Junta de Directores y el Agente Administrador del condominio, tienen como deber primordial orientar sus acciones salvaguardando el principio de que el propósito del régimen de propiedad horizontal es propiciar el disfrute de la propiedad privada sobre el apartamiento y que la administración de las áreas y haberes comunes del edificio se realiza para lograr el pleno disfrute de este derecho. Correlativamente cada titular reconoce que el ejercicio del dominio en el régimen de propiedad horizontal está limitado por los derechos de los demás condóminos y que el derecho de propiedad sobre su apartamiento tiene que ejercerse dentro del marco de la sana convivencia y el respeto al derecho ajeno.

En el ejercicio y el reclamo de sus derechos, los titulares actuarán conforme a los principios de la buena fe, de la prohibición de ir en contra de sus propios actos y la del abuso del derecho.”

Como explica el profesor Michel Godreau en su obra La Nueva Ley de Condominios:
Bajo la ley de 1976 no había límite de tiempo para cuestionar la validez de este tipo de acto o gasto, esta falla permitió en varios casos que un titular, que había presenciado y tolerado por años un cambio de fachada o el cambio de destino de determinada área en el inmueble, luego presentara querellas contra todos, alterando así la estabilidad del régimen ¿si por largos años nadie ha tomado acción ante determinado cambio evidente, no es de presumir que todos a la larga han aceptado la alteración? No se trata aquí de convalidar por el transcurso del tiempo actuaciones o acuerdos que la ley no permite, ni siquiera mediando el consentimiento unánime. Este nuevo término de prescripción para las acciones, le impone a los titulares la responsabilidad de actuar diligentemente en la defensa de su propiedad, porque de lo contrario se interpretará que consintieron al cambio. (Énfasis en el original.)
*7 M. Godreau, La Nueva Ley de Condominios, op. cit., págs. 29–30.

En el Informe Conjunto del Proyecto del Senado 1425 de las Comisiones de Vivienda, Banca, Asuntos del Consumidor y de lo Jurídico del Senado, de 12 de noviembre de 2002, 4ta Sesión Ordinaria, 14ta Asamblea Legislativa, se explicó que la ausencia de un término en el Art. 42, supra, “se ha prestado a que se hayan admitido querellas luego de haber transcurrido décadas de establecido el cambio o la violación impugnada. Esto no sólo acarrea inestabilidad e inseguridad, sino que puede alterar seriamente el delicado balance de la convivencia”. Las comisiones tomaron en consideración que “[n]i en la práctica administrativa del DACo ni en los pronunciamientos del Tribunal Supremo se ha reconocido la importancia que merece en el régimen el principio del reclamo diligente de los derechos, encarnado en la figura de la incuria y en las doctrinas del consentimiento tácito y del impedimento de ir en contra de los propios actos”. Id. El establecimiento de un término de dos años viene a reforzar la promulgación para el régimen de los principios generales del derecho enunciados en el Art. 1–A, supra.

En iguales términos se expresó la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Cámara de Representantes en su Informe de 3 de marzo de 2003 sobre el P. del S. 1425, pág. 4:
La ausencia de un término dentro del cual deban incoarse dichas acciones ha permitido en no pocos casos que un titular por razones ajenas al principio de la sana convivencia o de la defensa bonafide del derecho propietario y que ha presenciado por años un cambio de fachada o el cambio de destino de determinada área en el inmueble, de repente y respondiendo, por ejemplo, a una reciente animosidad contra algún titular o contra la Junta de Directores incumbente, invoque viejas violaciones a la Ley, a la Escritura Matriz o al reglamento, y presente querellas contra todos, alterando así la estabilidad del régimen. Si los cambios efectuados no constituyeron violaciones a normas de derecho imperativo, es decir, si la propia Ley autorizaba que mediante el consentimiento unánime se hubiesen realizado los cambios que ahora se impugnan, no hay justificación para permitir querellas tardías. Con ello se evitaría la forma de proceder en el reciente caso de Herbert Brown III v. Cond. Playa Grande, 2001 JTS 83 [ Brown III v. J.D. Cond. Playa Grande, 154 D.P.R. 225 (2001) ], en el que se permitió impugnar un cambio de destino de determinada área de un estacionamiento, a pesar de que todos, incluido el querellante, habían venido disfrutando de dicho cambio por más de una década. Se evitaría, además, el caso todavía más injusto de permitirle a los adquirientes recientes que impugnen los cambios que los titulares anteriores habían aceptado tácitamente por décadas, trastocando así el ambiente de convivencia que pueda haber existido en un condominio por largos años. (Énfasis suplido.)

*8 Como podemos observar, las enmiendas introducidas en el 2003 al Art. 42, supra, persiguen precisamente frenar el afán obstruccionista de algunos titulares que, por intereses particulares, ponen en juego la estabilidad de toda una comunidad. Como se señala en el Informe de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Cámara, se estableció un término de prescripción para este tipo de reclamaciones luego de observar cómo los tribunales estaban manejando los asuntos en los que se impugnaban acuerdos del Consejo de Titulares. Un ejemplo de ello es el caso Brown III v. J.D. Cond. Playa Grande, supra, en el que declaramos nulo un acuerdo que alteró el uso y destino de las áreas del estacionamiento de visitantes a pesar de que la impugnación se realizó pasados once años de conformado el acuerdo. Partiendo de la ley vigente en aquel entonces, resolvimos que aunque estaba permitido el cambio de elementos comunes generales a elementos comunes limitados, se requería el acuerdo unánime de todos los titulares. Íd., pág. 237. Por ello, como la resolución se aprobó únicamente por una mayoría, sin importar los años que hubiesen pasado, el acuerdo era nulo. La imposición de un término de prescripción en la Ley de Condominios de 2003 finalizaría con situaciones como esas.

Por otra parte, adviértase que con la imposición de ese término de prescripción no se cierra la puerta a la posibilidad de instar acciones de impugnación. Por el contrario, siempre y cuando éstas se presenten dentro del término de dos años que dispone el Art. 42(c), supra, no habrá impedimento para la reclamación. Sin embargo, la situación es distinta cuando se trata de actos que estén tajantemente prohibidos por la ley. En esas instancias estamos ante una actuación nula, no meramente anulable, y por eso no hay término prescriptivo para incoar la acción. Es decir, “el cambio de destino de determinada área en un condominio, como sería destinar como área de uso general para los residentes el área originalmente designada como estacionamiento de visitantes, no es un cambio ilegal, pues la Ley lo permite, si media el consentimiento unánime …”. Informe Conjunto al Senado sobre el P. del S. 1425 de 12 de noviembre de 2002, supra, pág. 33. Empero, “la destinación a un particular de un elemento común necesario, por ejemplo, no puede realizarse ni siquiera con el consentimiento unánime expreso, porque atenta contra el régimen mismo. Para la impugnación de este tipo de violación a una norma de derecho imperativo ( jus cogens ) no hay término de caducidad”. Íd.

En España, la Ley de Propiedad Horizontal dispone de un término de caducidad para las acciones de impugnación de la Junta de Propietarios. Así, en el Art. 18 de la Ley de Propiedad Horizontal española se dispone que
*9 el plazo para impugnar acuerdos caduca (se termina) a los tres meses de adoptarse el acuerdo por la Junta de Propietarios salvo si se trata de actos contrarios a la Ley o a los estatutos (si los hay) pues entonces el plazo es de un año (desde que se adoptó el acuerdo).
J Zaforteza Socías, La nueva propiedad horizontal, Barcelona, Ed. J.M. Bosch, 2002, pág. 112.

Sobre este artículo los tratadistas comentan que
Tras la reforma de 1999 se da una nueva redacción al antiguo artículo 16 LPH, cuyo contenido se recoge, ahora, entre los actuales artículos 17 y 18 LPH. De la lectura de estos artículos, y sobre todo del 18 LPH, ya no cabe duda alguna de que los acuerdos contrarios a la LPH son meramente anulables, impugnables.
D. Morales Martínez, Propiedad Horizontal. ¿Nulidad o Anulabilidad de los Acuerdos Contrarios a la LPH o los Estatutos?, 81 Revista Crítica de Derecho Inmobiliario 2081, 2086 (2005).

Por consiguiente, según la Ley de Propiedad Horizontal española todos los acuerdos comunitarios que la ley permite impugnar son meramente anulables y no nulos. “[L]a nulidad radical sólo operará, como dice la STS de 23 de julio de 2004, respecto de aquellos acuerdos que ‘violan disposiciones legales imperativas o prohibitivas que no tengan establecido un efecto distinto en caso de contravención, y también si resultan contrarias a la moral, al orden público o impliquen fraude de ley’ “. Íd.NOTA3 Esta línea de interpretación

NOTA3. Véanse a modo de ejemplo: Sentencia de 7 de octubre de 1999, Sentencias de 7 de marzo, 30 de abril, 2 y 5 de mayo, 2 de julio de 2002 y 23 de julio de 2004.

está orientada a sostener un criterio flexible interpretativo, que alcanza pleno sentido y amparo interpretativo correcto en la procura de una convivencia normal y pacífica, tratándose de evitar y menos fomentar las frecuentes guerras de comunidades con la alteración inevitable de la convivencia que ha de estar presidida por la idea de justicia y la atención a las necesidades efectivas de la comunidad, debiendo predominar sobre empeños y caprichos personales o actuaciones egoístas y abusivas por falta de justificación racional, conforme a una adecuada aplicación sociológica … o teniendo en cuenta la doctrina de los actos de anulación….
Sentencia de 23 de julio de 2004, núm. 859/2004.

Como podemos observar, la Ley de Propiedad Horizontal española persigue el mismo objetivo que la nuestra: lograr la estabilidad y la convivencia cordial y pacífica entre los titulares. Asimismo, establece la distinción para las acciones de impugnación. Aquellos actos que sean contrarios a la ley son nulos y se podrán cuestionar en cualquier momento. Por el contrario, las impugnaciones de las acciones o acuerdos que la ley faculta a los titulares a realizar, se tendrán que disputar dentro del término ordenado.

Por otra parte, en la Ley de Propiedad Horizontal española se califica el término para la impugnación como de caducidad, a diferencia de nuestra ley, que lo denominó de prescripción. Esa distinción fue producto del proceso de enmiendas que sufrió la Ley Núm. 157 de 4 de junio de 1976. Originalmente, el legislador puertorriqueño dispuso que el término para la impugnación fuera de caducidad. P. del S. 1425 de 11 de abril de 2002, 3ra Sesión Ordinaria, 14ta Asamblea Legislativa, pág. 48 .NOTA4 Sin embargo, luego de adoptar las recomendaciones de la Asociación de Apoyo a Condominios y del DACo se abandonó el término de caducidad y se legisló uno de prescripción. Íd. Esto constituye una gran diferencia.

NOTA4. El texto original del Art. 44(c) propuesto era:
(c) La acción de impugnación de acuerdos, acciones u omisiones de la Junta de Directores, del Consejo de Titulares, o de cualquier titular, que violen las disposiciones de esta Ley, de la escritura matriz o del Reglamento del condominio, caducará a los dos (2) años de haberse notificado el acuerdo, tomado la acción o de conocerse la omisión. Para los titulares que impugnen este tipo de acuerdo del Consejo de Titulares, el término se computará a partir de la notificación del mismo, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el párrafo siguiente. (Énfasis suplido.)

*10 “Los términos de caducidad y de prescripción tienen la misma finalidad y efecto: impedir que permanezcan indefinidamente inciertos los derechos y dar firmeza a las relaciones jurídicas.” Muñoz v. Ten General, 167 D.P.R. 297, 302 (2006). Ahora bien, existe una crucial diferencia entre ambos. “[L]a prescripción, a diferencia de la caducidad, admite su interrupción o suspensión”. Íd. Por consiguiente, “un término prescriptivo, en la medida en que se interrumpa oportunamente, puede ser indefinido, ya que su interrupción puede ocurrir en un número ilimitado de ocasiones”. Íd. Por el contrario, “un término de caducidad no puede ser interrumpido o suspendido, por lo que éste siempre extingue el derecho a la causa de acción con el mero transcurso del tiempo”. Íd.

Como es sabido, “[n]uestro ordenamiento jurídico permite que el término prescriptivo de las acciones quede interrumpido por una de tres (3) ocurrencias: el ejercicio de la acción ante los tribunales, la reclamacin extrajudicial del acreedor, y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor”. De León v. Caparra Center, 147 D.P.R. 797, 803 (1999). Véase, además, Art. 1873 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5303.

“Consistentemente, hemos reiterado que nuestro ordenamiento jurídico no exige forma específica para interrumpir la prescripción” mediante reclamación extrajudicial. De León v. Caparra Center, supra, pág. 804. Sin embargo, hemos señalado ciertos requisitos que debe cumplir una reclamación extrajudicial para que opere una interrupción de la prescripción. Primero, la reclamación debe ser oportuna, lo cual requiere que se realice antes de la consumación del plazo. En segundo lugar, la reclamación debe hacerse por el titular del derecho o acción cuya prescripción quiere interrumpirse. Tercero, se requiere idoneidad del medio utilizado para realizar la reclamación. Por último, debe existir identidad entre el derecho reclamado y aquel afectado por la prescripción. Íd., pág. 805. “En definitiva, la reclamación extrajudicial puede plasmarse a través de distintos actos, pero todos ellos han de cumplir con los requisitos genéricos de oportunidad, identidad, legitimación e idoneidad antes reseñados”. Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 D.P.R. 560, 568 (1995).

En cuanto a la prescripción extrajudicial, Albaladejo nos comenta que “con tal que sea … realmente reclamación … y no un mero recordatorio, puede revestir innumerables formas y consistir en cualquier tipo de comunicación, escrito, etc., o, en la gestión que sea, con tal que se haga patente la petición del derecho”. M. Albaladejo García, Derecho Civil, 17ma ed., Madrid, Edisofer S.L., 2006, T. I, pág. 905. Es decir, debe ser una “petición que muestre inequívocamente el sujeto pasivo la decisión de obtener el pago”. Íd. Al citar jurisprudencia española, este autor señala que la norma de la reclamación extrajudicial
*11 se refiere a casos como presentación de la factura correspondiente (sentencia de 23 noviembre 1917), carta pidiendo el abono de los daños sufridos (sentencia de 11 febrero 1966 y 6 diciembre 1968), escrito recabando del representante legal del deudor (RENFE) la indemnización procedente (sentencia de 30 diciembre 1967), telegrama dirigido por el acreedor al deudor (sentencia de 11 febrero 1977), reclamación por carta (sentencia 21 noviembre 1997), reclamación administrativa del Ayuntamiento responsable de los daños que se pide se resarzan (sentencia de 14 julio 1998), etc.

En iguales términos se expresa Díez Picazo:
El Código no requiere ninguna forma especial para que se entienda realizada la reclamación extrajudicial. No exige que conste en documento fehaciente aun cuando ello pueda resultar aconsejable. Reiteradamente se han tomado en consideración la correspondencia epistolar, la consignación de una queja en los libros de reclamaciones y los telegramas y cualquier otro medio de comunicación. No existe inconveniente tampoco en que la reclamación pueda ser puramente verbal … Lógicamente habrá de ser objeto de prueba a quien pretenda que la reclamación se ha realizado y resulte favorecido por ella.
L. Díez–Picazo, La Prescripción Extintiva en el Código Civil y en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, 2da ed., España, Thomson Civitas, 2007, pág. 185.

Esa misma postura adoptamos en Galib Frangie v. El Vocero de P.R ., supra, pág. 568, al disponer que “[e]n cuanto a la reclamación extrajudicial, no hay relación limitativa hecha por la ley sobre qué actos son los que se incluyen en esta causa interruptiva, y admite como tales todos aquéllos en que la voluntad del acreedor quede patente. En cuanto a la forma de la reclamación la ley no exige ninguna forma especial”. Véase, además, Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740 (1992).

IV

Según surge del expediente, no fue hasta pasados seis años de la instalación del equipo en la azotea del edificio, que el recurrido se querelló ante el DACo. Aunque de la resolución de esa agencia se desprende que se celebraron varias asambleas de titulares en las que se discutieron los pormenores del contrato en cuestión, lo cierto es que en el expediente no se acompaña copia de ninguna de las actas que se redactaron luego de acaecidas las supuestas reuniones, ni mucho menos cartas del recurrido o de algún otro titular en la que manifestaran su preocupación con la instalación del equipo en la azotea. Según la resolución del DACo, antes del 24 de abril de 2001 no constaba en el libro de actas del condominio que se hubiera celebrado alguna reunión.

Tanto el recurrido como el Tribunal de Apelaciones razonaron que como el contrato en cuestión alteraba el uso y destino de un elemento común general, el consentimiento de todos los titulares era necesario. Por consiguiente, concluyeron que como no se obtuvo la aprobación unánime que exige la ley, el contrato es nulo y contra él no opera la prescripción del Art. 42(c) supra. No tienen razón.

*12 El legislador fue enfático cuando aclaró que siempre que el acuerdo esté permitido por la ley, se podrá cuestionar en el plazo establecido en el Art. 42(c), id. Estamos ante una acción anulable, no nula de por sí como serían los casos en los que la Junta de Directores o el Consejo de Titulares realizan un acto que es vedado por la ley.

Ahora bien, el titular que desee impugnar un acuerdo deberá ser diligente en procurar su derecho. Tendrá la obligación de ejercerlo o reclamarlo dentro del término de dos años que dispone el Art. 42(c), id., cuando se trate de acuerdos permitidos por la ley. Para ello es irrelevante si se requiere unanimidad o no. Sin embargo, cuando se trate de cuestionar acuerdos o acciones que la ley prohíbe totalmente no habrá obstáculos prescriptivos para ejercer la impugnación, independientemente del favor de los titulares.

En la situación particular que nos ocupa, estamos ante un acuerdo que la ley permite realizar, aunque con el consentimiento unánime de todos los titulares. Por ello, al acuerdo en cuestión le aplica el término de prescripción de dos años que dispone el Art. 42(c) de la Ley de Condominios, id.

Aunque reconocemos que las acciones de impugnación de acuerdos, acciones u omisiones de la Junta de Directores o del Consejo de Titulares admiten interrupción, igual que cualquier otro término prescriptivo, lo cierto es que en el expediente no se nos acompaña evidencia que nos permita concluir que el recurrido Pereira Sánchez interrumpió el término. Estamos de acuerdo con lo expresado en la opinión disidente de la Jueza Asociada señora FIOL MATTA, en cuanto a que el término prescriptivo de dos años dispuesto en el Art. 42(c) de la Ley Núm. 103, supra, se cuenta a partir de la fecha de su vigencia, es decir, a partir del 4 de julio de 2003. Ello es así porque, evidentemente, no podemos aplicarle a un acto que ocurrió con anterioridad a la vigencia de una ley un término que dispuso una ley posterior al evento, con el efecto de privar a una persona de una causa de acción antes de que pueda ejercerla. Véase Alicea v. Córdova, 117 D.P.R. 676, 696 (1986). La retroactividad de la ley de 2003 significa que sus disposiciones, como el término prescriptivo del Art. 42(c), supra, aplican a los actos y acuerdos tomados antes de la vigencia de la ley, en los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal. No significa que el nuevo término de prescripción del Art. 42(c), id., comience a contar desde antes de la vigencia de la ley pues hasta ese momento no podía ejercerse la acción.

Ahora bien, diferimos de la conclusión a la que llega la opinión disidente en cuanto a que el plazo de dos años que tenía el señor Pereira Suárez para impugnar el contrato ante el DACo, contándolo a partir de la fecha de vigencia de la Ley Núm. 103, supra, quedó interrumpido por la querella que alegadamente se presentó en enero de 2003 y se reanudó en noviembre de 2004 cuando el DACo denegó la moción de reconsideración.

*13 La opinión disidente fundamenta su teoría a base de una alegada querella de la cual no hay constancia en el expediente de este caso. Cabe recordar que “[e]s principio rector que meras alegaciones y teorías, como tampoco argumentos forenses, constituyen prueba”. Alberty v. Bco. Gub. de Fomento, 149 D.P.R. 655, 671 (1999); Pueblo v. Amparo, 146 D.P.R. 467, 478 esc. 1 (1998); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 D.P .R. 497 (1994); Ramos, Escobales v. García, González, 134 D .P.R. 969 (1993); Defendini Collazo et al v. E.L.A., Cotto, 134 D .P.R. 28 (1993). “Hemos sostenido que la obligación de presentar evidencia recae principalmente sobre la parte que sostiene la afirmativa en la cuestión en controversia. Meras alegaciones o teorías no constituyen prueba”. (Énfasis nuestro; escolio omitido). Reece Corp. v. Ariela, Inc., 122 D.P.R. 270, 286 (1988), citando a Asoc. Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 D.P.R. 527, 531 (1981). Véase también la Regla 110(B) de Evidencia de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. VI y la Regla 10(B) de Evidencia de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. IV. (La obligación de presentar evidencia primeramente recae sobre la parte que sostiene la afirmativa en la cuestión en controversia). “[Q]uien sólo niega la existencia de algo no debe sufrir la carga de presentar evidencia; considérese el caso de quien niega la existencia de centauros, sirenas y cosas similares”. E.L. Chiesa, Tratado de derecho probatorio: reglas de evidencia de Puerto Rico y federales), 1ra ed.—reimpresión, EE.UU.A., Pubs. J.T.S., 2005, T. II, Sec. 14.8(B), pág. 1110. No vemos razón alguna para que el mismo principio no aplique en un procedimiento administrativo. Véase, por ejemplo, la Sec. 556(d) de la Administrative Procedure Act (A.P.A.), 5 U.S.C. sec. 556(d).
Es propio concluir que existe la obligación de presentar toda la evidencia pertinente ante la agencia. De soslayarse la presentación de cuestiones y de evidencia pertinente disponible a la parte puede significar la renuncia a su presentación. Es un principio básico en este campo con mucha solera que toda la evidencia pertinente disponible tiene que ser presentada primeramente ante la agencia. Cualquier cuestión que no haya sido traída ante la consideración de la agencia no podrá ser objeto de revisión por el tribunal. La revisión de la actuación administrativa se contrae tanto al récord como a las cuestiones que se le plantearon al organismo. Permea este precepto las doctrinas de la jurisdicción primaria y del agotamiento de los remedios. Se le ha negado a la agencia la oportunidad de enfrentarse a esa cuestión, y de corregir cualquier apreciación de la prueba. El resultado neto de la actuación judicial, que considera evidencia nunca antes presentada ante el organismo administrativo, es la usurpación de la función adjudicativa de la agencia en primera instancia. (Escolios omitidos .)
*14 D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Colombia, Forum, 2001, Sec. 4.2, pág. 160.

En conclusión, ante la ausencia total de prueba de su existencia, no podemos atribuirle peso alguno a una supuesta querella cuyo alcance desconocemos y de la cual el señor Pereira Suárez no incluyó copia en el récord de este caso. Recordemos que Crown Castle adujo en su alegato ante este Tribunal que desconocía de la querella, pues nunca se hizo alusión a ella durante todo el procedimiento administrativo y judicial ni forma parte del récord del caso. Ante esta alegación, lo menos que debió hacer el señor Pereira Suárez, como querellante en el DACo, era presentar prueba de que ese hecho ocurrió. Ni siquiera le pidió al DACo que tomara conocimiento de la alegada querella anterior.

No lo hizo por una sola razón: El recurrido Pereira Suárez nunca alegó que hubiera interrumpido el término prescriptivo del Art. 42(c), supra. Su defensa se basó exclusivamente en que el acto impugnado era nulo y por lo tanto, no le aplica el plazo de prescripción del Art. 42(c).

Es norma reiterada “que los dictámenes de los organismos administrativos merecen la mayor deferencia judicial”. Calderón Otero v. C.F.S.E., Op. de 29 de marzo de 2011, 2011 T.S.P.R. 48, 2011 J.T.S. 52, 181 D.P.R. ____ (2011). Véanse, además, Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, Op. de 23 de septiembre de 2010, 2010 T.S.P.R. 204, 2010 J.T.S. 213, 179 D.P.R. 923 (2010); Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005). Esto es así pues “son ellas las que cuentan con el conocimiento experto y con la experiencia especializada de los asuntos que les son encomendados”. Íd., pág. 727. Véanse, además, Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 78 (2004); Pachecho v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003). Por ello, “[l]os tribunales no deben intervenir con las determinaciones de hecho de un organismo administrativo si las mismas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente administrativo considerado en su totalidad”. (Énfasis nuestro.) Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 D.P.R. 387, 397 (1999). Véanse, además, Calderón Otero v. C.F.S.E., supra; Borschow Hosp. v. Jta. De Planificación, 177 D.P.R. 545 (2009); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177 (2009); Metropolitana S.E. v. A.R.Pe., 138 D.P.R. 200 (1995) Véase también la Sec. 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2175.NOTA5 La evidencia sustancial es “aquella evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión”. Íd., pág. 728, citando a Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998). Véase, además, Hilton Hotels v. Junta Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 687 (1953).

NOTA5. “ § 2175. Revisión–Alcance
El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si determina que el peticionario tiene derecho a un remedio.

Las determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo.

Las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal.”

Sec. 4.5, 3 L.P.R.A. sec. 2175.

*15 Ahora bien, la deferencia a las agencias administrativas en sus determinaciones de hechos no es absoluta. Por consiguiente, “[e]l tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio sólo cuando no pueda hallar una base racional para explicar la decisión administrativa”. Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, págs. 134–135.

No obstante lo anterior, hemos dicho que quien quiera probar que las determinaciones de hecho de una agencia no se sostienen en el expediente debe demostrar que “existe otra prueba en el récord que razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia, hasta el punto de que un tribunal no pueda, concienzudamente, concluir que la evidencia sea sustancial, en vista de la prueba presentada y hasta el punto que se demuestre claramente que la decisión (del organismo administrativo) no está justificada por una evaluación justa del peso de la prueba que tuvo ante su consideración”. Domínguez v. Caguas Expressway Motors, supra, pág. 398, citando a Hilton Hotels v. Junta Salario Mínimo, supra, págs. 686. “Si en la solicitud de revisión la parte afectada no demuestra la existencia de esa otra prueba, las determinaciones de hecho de la agencia deben ser sostenidas por el tribunal revisor”. Íd. Véase, además, Ramírez v. Depto. de Salud, 147 D.P.R. 901 (1999). Por último, cabe señalar que en cuanto a las “conclusiones de derecho de la agencia, distinto de las determinaciones de hecho, el tribunal las puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o criterio alguno.” Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 77 (2004). Véase, además, la Sec. 4.5 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2175.

El expediente ante nuestra consideración se encuentra huérfano de prueba que sostenga que el señor Pereira Suárez manifestó, formal o informalmente, su malestar con el equipo, tan pronto se enteró de su instalación en la azotea. La supuesta manifestación de inconformidad con el equipo no se sostiene con cartas, ni mucho menos con algún testimonio de los que asistieron a la vista administrativa.

Como expresáramos, los tribunales tenemos la potestad de intervenir con las decisiones de las agencias administrativas cuando sus conclusiones de hecho no se sustentan con la prueba que obra en el expediente. Precisamente eso es lo que pasa aquí. No se pasó prueba de una interrupción del plazo, así que no podemos concluir si las gestiones que realizó el señor Pereira Suárez en efecto interrumpieron la prescripción. Correspondía a este último probar la interrupción, pero no lo hizo. Ni siquiera la alegó como defensa, pues su teoría siempre fue que no había término que aplicara a la situación acaecida porque se trataba de un acto nulo.

Asimismo, a pesar de que la doctrina exige que la parte afectada demuestre que existe otra prueba en el record que razonablemente reduzca o menoscabe el peso de la determinación de hecho adoptada por la agencia, lo cierto es que, en este caso, el expediente carece de prueba documental o testimonial que demuestre que se llevó a cabo la interrupción extrajudicialmente.

*16 La opinión disidente sustenta la interrupción del término prescriptivo en la alegación desprovista de prueba respecto a la presentación de la querella el 3 de enero de 2003. Esa alegación fue rechazada por la parte peticionaria en su alegato ante este Tribunal y la parte recurrida nunca la invocó como defensa. Solo lo mencionó en su alegato de réplica pero no nos colocó en posición de concluir que, en efecto, esa querella sí se presentó. Por ello, ¿cómo le vamos a exigir a Crown Castle que pruebe que no ocurrió lo que ni siquiera el señor Pereira Suárez aduce? La opinión disidente sostiene también que “debemos considerar que los foros inferiores no discutieron la prueba sobre la interrupción del plazo porque pensaban que no había tal plazo”. Op. disidente, pág. 21. Sin embargo, la opinión disidente omite que desde que Crown Castle intervino en este pleito adujo siempre la defensa de prescripción. Por ello, el señor Pereira Suárez tuvo la oportunidad de alegar, aunque fuera en la alternativa, si bajo los fundamentos de prescripción aducidos por Crown Castle hubo interrupción del término de prescripción. En cambio, prefirió alegar una sola defensa -nulidady descartó alegar interrupción del plazo dispuesto en el Art. 42(c), supra. Nuestra función es clara: interpretar la ley. No podemos suplir las defensas que las partes omiten o renuncian.NOTA6

NOTA6. Por ello tampoco procede devolver el caso para que el Tribunal de Apelaciones evalúe los méritos del caso; ya lo hizo, a diferencia de lo que ocurrió en Crespo Quiñones v. Santiago Velázquez, 176 D.P.R. 408 (2009), que cita la disidencia. Allí el Tribunal de Apelaciones se declaró sin jurisdicción y no atendió los méritos del recurso. Por eso lo devolvimos al revocar.

Por eso concluimos que no se alegó ni mucho menos se estableció con evidencia sustancial que obre en el expediente que el señor Pereira Suárez interrumpiera el término. Los derechos deben procurarse con premura; de lo contrario se pierden. Más aún, al contar el término a partir del 4 de julio de 2003, fecha de vigencia de la Ley Núm. 103, tenemos que concluir forzosamente que el recurrido Pereira Suárez presentó su querella en DACo fuera del término que dispone el Art. 42(c), supra. Esto es así pues la única querella que tenemos ante nos es del 2 de septiembre de 2005, dos años y casi dos meses después de la vigencia de la ley. Por eso, al esperar más de dos años para acudir al DACo a impugnar la decisión de la Junta de Directores, el recurrido perdió su causa de acción.

A la luz de todo lo anterior, concluimos que la acción de impugnación que presentó el recurrido estaba prescrita. En vista del resultado al que llegamos, se hace innecesario discutir los demás errores planteados.

V

Por los fundamentos expuestos se revoca la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. En su lugar, se deja sin efecto la orden del DACo y se ordena el archivo, por prescripción, de la acción de impugnación del acuerdo de la Junta de Directores del Condominio Ponciana.

Se dictará sentencia de conformidad.

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de esta Sentencia, se revoca la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. En su lugar, se deja sin efecto la orden del DACo y se ordena el archivo, por prescripción, de la acción de impugnación del acuerdo de la Junta de Directores del Condominio Ponciana.

*17 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Fiol Matta emitió opinión concurrente y disidente, a la cual se unieron el Juez Presidente señor Hernández Denton y la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez.

Aida I. Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión concurrente y disidente emitida por la Jueza Asociada señora Fiol Matta a la cual se unen el Juez Presidente señor Hernández Denton y la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

La Opinión mayoritaria resuelve correctamente la cuestión general de Derecho ante nuestra consideración: el término prescriptivo de dos años establecido en el artículo 42(c) de la Ley de Condominios de 2003 aplica a la impugnación de actos que requieren el consentimiento unánime de los condóminos para su aprobación pero se realizan sin obtener el mismo. También es correcta su conclusión de que dicho periodo prescriptivo aplica a partir de la fecha de vigencia de esa Ley, el 4 de julio de 2003. Sin embargo, la Opinión falla al no considerar la probable interrupción de ese término prescriptivo en este caso y al colocar en el recurrido el peso de probar que su acción no prescribió, obviando que la prescripción es una defensa presentada por el peticionario y que es éste quien está llamado a asumir el peso de probarla.

La controversia del recurso se resume en si estaba prescrita una acción para impugnar un contrato de arrendamiento exclusivo e ilimitado para instalar y operar equipos de telecomunicaciones en la azotea de un condominio. Este contrato con la compañía Crown Castle International lo firmó el presidente de la Junta de Directores sin el consentimiento ni el conocimiento de los titulares de los apartamentos. La impugnación ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) la presentó uno de los condóminos, casi seis años y medio después del acuerdo.

I

El señor Miguel Pereira Suárez vivía en el penthouse del Condominio Ponciana, en Ponce, cuando, cerca de finales de marzo de 1999, vio que estaban colocando unas antenas en la azotea de su edificio, sometido al régimen de propiedad horizontal desde 1971. Según las determinaciones de hechos del DACO, agencia ante la cual se querelló Pereira Suárez, tan pronto él se percató de la instalación de las antenas, manifestó verbalmente su objeción al entonces administrador del Condominio, quien le indicó que se celebraría una reunión del Consejo de Titulares para discutir el asunto.NOTA7 No obstante, no se celebraron asambleas del Consejo para discutir las preocupaciones de los condóminos respecto al contrato sino hasta el 24 de abril de 2001.NOTA8 Las objeciones de los titulares se volvieron a discutir en otra asamblea del Consejo, el 27 de noviembre de 2001.NOTA9 Finalmente, el 2 de abril de 2002, se llevó a cabo una tercera reunión del Consejo, en la que la presidenta Laboy advirtió que Crown Castle no había accedido a remover las antenas y el Condominio no tenía dinero para obligarla a hacerlo legalmente, por lo que recomendaba a los titulares interesados que se querellaran personalmente.NOTA10 Así lo hizo Pereira Suárez el 3 de enero de 2003, al presentar una querella en el DACO en la cual impugnó los actos de la Junta.NOTA11 El 30 de junio de 2004, la agencia archivó sin perjuicio la querella por falta de trámite, y denegó una moción de reconsideración de Pereira Suárez el 8 de noviembre de 2004.

NOTA7. Determinación de Hecho 10 del DACO, Apéndice del Certiorari, pág. 43. La Opinión mayoritaria menciona esta determinación de hecho como una mera alegación. La transcripción de la vista en el DACO no se incluyó en el Apéndice del Certiorari. Los detalles de los testimonios ante la agencia surgen de la Resolución del DACO y de los alegatos de las partes.

NOTA8. Determinación de Hecho 11 del DACO, Apéndice del Certiorari, pág. 43. La Resolución del DACO identifica como exhibit el Libro de Actas del Condominio, pero no se incluyó copia de éste en el Apéndice del Certiorari. Asimismo, el peticionario informa que el Condominio no tiene actas de reuniones anteriores al 2001. Certiorari, pág. 6.

NOTA9. Determinaciones de Hechos 12 y 13 del DACO, Apéndice del Certiorari, págs. 43–44; Conclusiones del DACO, Apéndice del Certiorari, págs. 50–51.

NOTA10. Determinación de Hecho 14 del DACO, Apéndice del Certiorari, pág. 44. Nótese que Crown Castle, al menos desde el 2002, estaba al tanto de las objeciones de los condóminos. No las conoció por primera vez al recibir la notificación de la segunda querella de Pereira Suárez.

NOTA11. No hay copia de esta querella ni de la Resolución del DACO sobre ésta en el expediente, pero se menciona en el Alegato de Réplica del recurrido ante el Tribunal Supremo, pág. 9, y en la Moción en Cumplimiento de Orden de la Junta de Directores del Condominio Ponciana ante el Tribunal de Apelaciones, págs. 1 y 2, en el expediente del caso en el foro apelativo sin numerar. Está identificada como Querella Núm. 600004623.

*18 Pereira Suárez presentó nuevamente su querella contra la Junta el 2 de septiembre de 2005. Solicitó que se declarara nulo el contrato de arrendamiento de la azotea y se removieran los equipos. Enmendó la querella el 3 de marzo de 2006 para incluir a Crown Castle como querellado.NOTA12 El 4 de abril de 2007, Crown Castle solicitó que se le considerara parte interventora en el procedimiento administrativo y pidió su desestimación por prescripción.NOTA13 El DACO declaró nulo el contrato, basado en el requisito de consentimiento unánime de los titulares para conferir derechos sobre elementos comunes generales, establecido en la Ley de Condominios de 2003.NOTA14

NOTA12. Querella Núm. 100029153, Apéndice del Certiorari, págs. 1–4.

NOTA13. Apéndice del Certiorari, págs. 8–16. Crown Castle alegó que la querella estaba prescrita según el artículo 42(c) de la Ley de Condominios de 2003, si no aplicaba el término de 30 días que proveía la Ley de Propiedad Horizontal anterior para impugnar acuerdos del Consejo de Titulares o de la Junta de Directores. Debemos aclarar que ese término prescriptivo de la antigua Ley no le aplicaba a casos como el presente, en que se altera el uso de un elemento común del condominio. Véase Brown v. Junta Directores Cond. Playa Grande, 154 D.P.R. 225 (2001).

NOTA14. Resolución del DACO, Apéndice del Certiorari, págs. 41–55. Sobre el requisito de unanimidad, véanse Art. 11 de la Ley de Condominios de 2003, 31 L.P.R.A. sec. 1291; Rivera Rodríguez v. Junta Directores Cond. Torre Caparra, 173 D.P.R. 475 (2008). El DACO ordenó a la Junta celebrar una asamblea del Consejo de Titulares en la que decidieran por unanimidad si ratificarían el contrato o exigirían la remoción de las antenas. Sobre los contratos inexistentes que pueden comenzar a surtir efectos una vez ratificados por quien debía consentir al negocio, véanse Art. 1211 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3376; Soto v. Rivera, 144 D.P.R. 500, 514–516 (1997).

El mismo análisis utilizó el Tribunal de Apelaciones para confirmar el dictamen de la agencia administrativa, afirmando que el contrato de arrendamiento sin el consentimiento unánime de los titulares fue un acto ultra vires y nulo en Derecho, por lo cual no se activó término prescriptivo alguno para reclamar su corrección.NOTA15

NOTA15. Pereira Suárez v. Junta Directores Condominio Ponciana v. Banco Santander, Crown Castle International Corp., Sentencia del Tribunal de Apelaciones KLRA200800029, 27 de agosto de 2008, Apéndice del Certiorari, págs. 122–134. El foro apelativo también usó como fundamento nuestra decisión en Rivera Rodríguez v. Junta Directores Cond. Torre Caparra, 173 D.P.R. 475 (2008). Ahí establecimos que un contrato en el cual se arrienda parte de la azotea del condominio a una compañía comercial de telecomunicaciones para colocar antenas y otros equipos, aprobado sin el consentimiento unánime de los residentes, es nulo porque está prohibido ceder derechos sobre el uso de los elementos comunes del inmueble sin la aprobación de todos los titulares. Para resolver el presente caso hace falta determinar si fue presentado dentro del término prescriptivo. Entonces, se analizaría si procede anular el contrato en virtud del precedente de Rivera Rodríguez, que tiene hechos muy similares. Podemos resaltar cuatro diferencias entre ambos casos: (1) en Rivera Rodríguez, el edificio era residencial, mientras que el Condominio Ponciana es residencial y comercial; (2) en Rivera Rodríguez, el contrato tenía un término menor de seis años, y aquí el arrendamiento es por más de seis años, lo que se considera un acto de enajenación de la azotea en la que los residentes mantienen sus propias antenas y los compresores de sus acondicionadores de aire; (3) en Rivera Rodríguez, el contrato impugnado había sido aprobado por una mayoría de los titulares antes de su firma, mientras que los residentes del Condominio Ponciana no fueron informados sobre el arrendamiento, y(4) el peticionario Rivera Rodríguez presentó su querella en el DACO poco más de un mes después del acuerdo; el recurrido Pereira Suárez tardó varios años. Véanse el artículo 11 de Ley de Condominios de 2003, sobre la imposibilidad de enajenar elementos comunes generales como áreas privadas, 31 L.P.R.A. sec. 1291i(b), y la Opinión disidente del juez Hernández Denton en Rivera Rodríguez, supra, a las págs. 495–498.

El interventor Crown Castle recurrió a este Tribunal para que se revocaran esas decisiones y se declarara prescrita la acción del señor Pereira Suárez, en virtud del artículo 42(c) de la Ley de Condominios de 2003.NOTA16 Así lo resuelve la Opinión mayoritaria y, por los fundamentos que paso a exponer, disiento.

NOTA16. El peticionario también planteó como error que se utilizara la decisión de Rivera Rodríguez para resolver este caso, pues alega que aquél sólo aplica a condominios exclusivamente residenciales y el Condominio Ponciana es mixto, con los primeros cinco de sus doce pisos dedicados a usos comerciales. Debido a que la Opinión mayoritaria no atiende dicho planteamiento y su relevancia va a depender de la determinación sobre prescripción, no discutiremos ese señalamiento de error.

II

Bajo la Ley de la Propiedad Horizontal de 1976, vigente cuando se realizó el contrato y cuando se celebraron las reuniones del Consejo de Titulares, no había límite de tiempo para impugnar actos que requerían la aprobación unánime de los titulares y se llevaron a cabo sin ella. Para evitar que la falta de plazo permitiera que las actividades que los condóminos habían aceptado por muchos años se cuestionaran después, la Ley de Condominios de 2003 exigió a los titulares ser diligentes en sus reclamos a través del establecimiento de un término prescriptivo de dos años. Con ello se buscó brindar estabilidad al régimen y prevenir querellas frívolas de quienes habían dado su consentimiento tácito a cambios que, siendo evidentes por largo tiempo, objetaron tardíamente.NOTA17

NOTA17. M.J. Godreau, La nueva Ley de Condominios, 2da ed., San Juan, Ed. Dictum, 2003, págs. 28–30.

Amparados en ese propósito de la Ley de 2003 y en que ésta aplicaría a todos los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal sin importar la fecha de su constitución, establecimos la aplicación retroactiva de sus disposiciones en Consejo de Titulares v. Williams Hospitality, 168 D.P.R. 101 (2006). Sin embargo, aclaramos en ese caso que la retroactividad de la Ley de 2003 dependería de la situación y no se extendería a relaciones jurídicas surgidas antes de la vigencia de la nueva ley si con ello se afectaban derechos adquiridos por los titulares.NOTA18

NOTA18. Consejo de Titulares v. Williams Hospitality, 168 D.P.R. 101, 110 (2006). Véase también Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 717, 728 escolio 15 (2007).

En el caso que ahora nos ocupa, resolvemos que los términos prescriptivos dispuestos en la Ley de 2003 se cuentan a partir de la fecha de vigencia de ésta, el 4 de julio de 2003, que es 90 días después de su aprobación. NOTA19 De ese modo, se evitan situaciones absurdas en las que el término prescriptivo de la acción empiece y termine de transcurrir antes de que ese término prescriptivo exista, como sucedería en este caso si el plazo de dos años se contara a partir del contrato de 1999.

NOTA19. Art. 44, Ley de Condominios, Ley Núm. 103 de 5 de abril de 2003.

*19 Una norma básica de nuestro ordenamiento es la que dicta que las leyes, de ordinario, no tienen efecto retroactivo. Cuando un estatuto dispone lo contrario, ese efecto retroactivo no puede perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una ley anterior.NOTA20 Ese precepto se basa en que la ciudadanía necesita tener seguridad sobre las consecuencias de su comportamiento y sólo las relaciones jurídicas que caen bajo la vigencia de una regla deben estar gobernadas por ella.NOTA21 Es por ello que, en palabras del juez asociado Negrón García, “en nuestra democracia rige el principio de la irretroactividad, las leyes miran hacia el porvenir, no hacia el pasado”.NOTA22

NOTA20. Art. 3, Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3.

NOTA21. Vázquez v. Morales, 114 D.P.R. 822, 826 (1983) (Citas omitidas.).

NOTA22. A.S. Negrón García, “El Caño: ley inconstitucional no es Derecho”, en: Opinión, El Nuevo Día, 24 de junio de 2009. Véanse también: Juramentación del Hon. Luis F. Estrella Martínez, 181 D.P.R. ____ (2011); Domínguez Castro v. ELA, Opinión disidente de la jueza Fiol Matta, 178 D.P.R. 1, 130 (2010).

En Alicea v. Córdova, 117 D.P.R. 676, 696 (1986), citando jurisprudencia estadounidense, establecimos que “[s]i el estatuto opera inmediatamente para eliminar el remedio existente, o dentro de un periodo de tiempo tan corto que no le da a la parte perjudicada una oportunidad razonable para ejercitar la acción, el estatuto es inconstitucional”. Igualmente, el tratadista español Luis Diéz–Picazo explica que, cuando una ley nueva establece un período prescriptivo más breve para una acción que tenía un término más largo bajo la ley vigente cuando surgió la acción, opera una “retroactividad mínima”. NOTA23 Según esa teoría, está permitido que los derechos nacidos según la ley anterior se rijan por la prescripción de la ley nueva, pero sólo desde que el nuevo término prescriptivo esté en vigor. Esto es, que el transcurso del período más reciente y más corto se cuenta desde la vigencia de la ley que lo establece y no desde que existe la causa de acción. Asimismo, no se puede sumar el tiempo que transcurrió bajo la ley anterior al que haya pasado bajo la ley nueva para completar el plazo más breve.NOTA24

NOTA23. L. Díez–Picazo, La prescripción extintiva en el Código Civil y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 2da ed., Navarra, Thomson Civitas, 2007, pág. 49.

NOTA24. Íd. págs. 49–51.

El artículo 42(c) de la Ley de Condominios de 2003 dispone que: “La acción de impugnación de acuerdos, acciones u omisiones de la Junta de Directores, del Consejo de Titulares, con excepción de los realizados por el titular que somete el inmueble al régimen, que violen las disposiciones de esta Ley, de la escritura matriz o del Reglamento del condominio, prescribirá a los dos (2) años de haberse notificado el acuerdo, tomado la acción o de conocerse la omisión”.NOTA25

NOTA25. Art. 42, Ley de Condominios, Ley Núm. 103 de 5 de abril de 2003, 31 L.P.R.A. sec. 1293f.

Cabe señalar que dudamos, incluso, que este artículo aplique a los hechos de este caso, pues se refiere a acuerdos tomados por el Consejo de Titulares o la Junta de Directores y el contrato en cuestión aparenta haber sido otorgado unilateralmente por el presidente, sin la intervención de la Junta y sin notificación a los titulares, ni siquiera posteriormente.NOTA26 Recordemos que el entonces presidente de la Junta de Directores del Condominio, Ángel Llavona Folguera, firmó el contrato con Crown Castle para que ésta mantuviera y operara las antenas por un plazo de 25 años, prorrogable por 25 años más, a cambio de un canon mensual de $700.NOTA27 Según las determinaciones de hechos del DACO, aunque Llavona Folguera aparece como representante de la Asociación de Propietarios de Ponciana en el documento del acuerdo, el Consejo de Titulares no le había autorizado realizar el pacto.NOTA28 No surge del expediente que el resto de la Junta de Directores hubiese aprobado tal acuerdo ni que se hubiese informado de éste posteriormente a los titulares de los apartamentos. Además, en la misma fecha, Llavona Folguera, en su carácter individual, otorgó otro contrato con Crown Castle, en el que le arrendó, por $1,300 mensuales, un apartamento comercial suyo en el quinto piso del Condominio para que colocara unos equipos que se conectan a las antenas mediante unos cables que corren por la pared exterior del edificio.NOTA29 Por ello, en la segunda asamblea del Consejo de Titulares, en noviembre de 2001, la nueva presidenta de la Junta, Olga Laboy, informó que Llavona Folguera firmó el contrato sobre las antenas sin endosos y con un claro conflicto de intereses.NOTA30 Ante estos hechos, se debería evaluar prueba para determinar si el contrato es realmente anulable o es definitivamente nulo, en cuyo caso no aplicaría el término prescriptivo que estamos analizando.

NOTA26. Véanse Arts. 38–38e de la Ley de Condominios de 2003, 31 L.P.R.A. secs. 1293b–1293b–4A.

NOTA27. El contrato no se incluyó en el Apéndice del Certiorari. Los detalles del acuerdo surgen de las Determinaciones de Hechos 6 y 8 de la Resolución del DACO de 1 de noviembre de 2007, Apéndice del Certiorari, pág. 42, y de los alegatos de las partes.

NOTA28. Determinaciones de Hechos 6 y 7 del DACO, Apéndice del Certiorari, pág. 42.

NOTA29. Determinación de Hecho 9 del DACO, Apéndice del Certiorari, pág. 43.

NOTA30. Determinaciones de Hechos 11 y 12 del DACO, Apéndice del Certiorari, pág. 43.

*20 Poniendo a un lado esa preocupación, no hay duda que el término prescriptivo mencionado debe emplearse cuando se impugnen acciones permitidas que, aunque requieren el consentimiento unánime de los titulares, se llevan a cabo sin esa aprobación, sin que los condóminos las objeten al enterarse. Ello responde al propósito de la Ley, que, como hemos indicado y expone correctamente la Opinión mayoritaria, establece ese plazo para evitar que se afecte el ambiente de sana convivencia en el condominio y que se desaprueben decisiones que se presumían aceptadas por no haber encontrado oposición en años.NOTA31 Así, desde el 2003, los actos que se pueden llevar a cabo con el aval de la totalidad de los titulares y se ejecutan sin la aprobación de todos ellos, no son nulos sino anulables. El titular que desee que se anule el acuerdo tiene que reclamarlo dentro del período de dos años a partir de que se tomó la decisión, se le notificó o tuvo conocimiento de ésta.

NOTA31. Véase Pereira Suárez v. Junta Directores Condominio Ponciana, Opinión mayoritaria del Tribunal Supremo, págs. 13–18.

La Opinión mayoritaria concluye correctamente que las disposiciones de la Ley de 2003 sobre nuevos términos prescriptivos para presentar reclamaciones aplican a todos los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, sin importar la fecha en que se sometieron al régimen, a partir de la fecha de vigencia de la Ley de Condominios. Siendo ello así, y asumiendo que también sea correcta su conclusión en cuanto a la naturaleza anulable del contrato entre el presidente de la Junta de Directores del Condominio y Crown Castle, el plazo de dos años que tenía Pereira Suárez para impugnar el contrato ante el DACO empezó a transcurrir el 4 de julio de 2003. Ahora bien, la mayoría se equivoca al resolver que ese plazo no se interrumpió. Por el contrario, al no haberse resuelto la querella que Pereira Suárez presentó en enero de 2003, cuando no existía término para ejercer la acción, el periodo prescriptivo quedó en suspenso y no volvió a correr hasta noviembre de 2004, cuando el DACO le denegó la reconsideración del archivo sin perjuicio de esa querella. Por eso, debemos reconocer que la segunda querella, en septiembre de 2005, se presentó dentro del nuevo término de dos años.

III

La Opinión mayoritaria dice que no hay prueba en el expediente que permita concluir que las gestiones que realizó el recurrido Pereira Suárez interrumpieron la prescripción, por lo que procede el archivo por prescripción de la acción de impugnación en este caso. Entiendo que esa conclusión es equivocada.

Sabemos que el transcurso del tiempo por sí mismo no tiene relevancia jurídica; se requiere también que la persona esté al tanto de que tiene a su disposición una acción para hacer valer un derecho y no actúe respecto a ésta.NOTA32 Según las alegaciones de Pereira Suárez, tomadas como ciertas por el DACO, él se quejó con miembros de la Junta de Directores desde que se comenzaron a colocar las antenas y éstos no tomaron acción al respecto. Aunque sus argumentos van dirigidos a que se declare nulo el contrato, no deja de ser cierto que, como testificó ante el DACO, “[u]na y otra vez, informalmente y formalmente, expresó su desacuerdo con la instalación de dichas antenas”.NOTA33 De acuerdo con las determinaciones de hechos del DACO, el señor Pereira Suárez no se cruzó de brazos. Si la presentación formal de su reclamación se retrasó fue debido a la inacción de la Junta. Cuando se quejó de la instalación, se le dijo que el asunto se discutiría en una asamblea de titulares y ésta no se celebró hasta abril de 2001. Igualmente, cuando los residentes votaron por cancelar el contrato con Crown Castle, la presidenta de la Junta le informó que no llevaría a cabo la encomienda porque no tenía presupuesto para ello. Cabe mencionar que, hasta la tercera reunión, el recurrido estuvo participando de un proceso interno para tratar de solucionar la controversia, que es uno de los objetivos de la Ley de Condominios de 2003.NOTA34 Mas, no encontró respuesta dentro del Condominio y, a partir de que la presidenta de la Junta le informó que no podría ayudarlo, salió a buscar auxilio en el DACO. De hecho, la Resolución del DACO establece que la Junta no atendió de forma alguna los reclamos de Pereira Suárez “para resolver una situación que a todas luces era ilegal”. NOTA35

NOTA32. G. Orozco Pardo, La interrupción de la prescripción extintiva en el Derecho Civil, Granada, Ed. Universidad de Granada, 1986, págs. 40–42; R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico—Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, LexisNexis, 2007, págs. 80–87.

NOTA33. Memorando de Derecho de Pereira Suárez ante el DACO, Apéndice del Certiorari, pág. 30.

NOTA34. Godreau, op cit., págs. 39–40.

NOTA35. Resolución del DACO, Apéndice del Certiorari, pág. 52.

*21 De parte del recurrido no hubo la inactividad que requiere la prescripción. Hemos asentado que “[n]o podemos castigar con el látigo de la prescripción a quien no incurrió en desidia ni en dejadez”, pues la prescripción está diseñada para castigar la inercia.NOTA36 Vale recalcar que el término prescriptivo de dos años de la Ley de Condominios se estableció para evitar querellas referentes a acciones que, a pesar de haber ocurrido muchos años atrás, nunca se habían objetado. En este caso sucedió todo lo contrario; tan pronto Pereira Suárez vio que estaban colocando las antenas, se quejó y continuó quejándose.

NOTA36. De León v. Caparra Center, 147 D.P.R. 797, 810 (1999).

La prescripción es una institución que busca atender el interés general de darle certeza a las relaciones jurídicas, pero que, a la vez, tiene que ser conciliada con el interés individual de los titulares de derechos que los quieren ejercer. Para ellos se provee el mecanismo de la interrupción de la prescripción.NOTA37 La voluntad manifestada, como actividad que rompe con la inercia en cierto período, tiene el efecto de impedir que opere la prescripción, pues la inactividad de la parte que puede reclamar es un requisito esencial para que aplique. Cualquier manifestación que demuestre inequívocamente la voluntad de ejercer un derecho debe considerarse eficaz para interrumpir el plazo prescriptivo.NOTA38 Esa exteriorización puede darse de modo judicial o extrajudicial. Para esa segunda vía, la ley no presenta requisitos; lo importante, sea cual sea el medio utilizado, es que la manifestación recoja la voluntad de exigir algo a lo que se tiene derecho y que sea susceptible de ser probada como “cuestión de hecho de apreciación exclusiva del tribunal de instancia”.NOTA39 También se permite que sea la parte contra quien se reclama la que interrumpa el término, mediante el reconocimiento de la deuda o el derecho del otro.NOTA40

NOTA37. Orozco Pardo, op cit., págs. 57–58. Sin este mecanismo, todos los plazos serían de caducidad, es decir, fatales o inevitables.

NOTA38. Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 D.P.R. 559, 567–569 (2001); Orozco Pardo, op cit., págs. 31–35 y 56–57; M.R. Bachiller, La prescripción liberatoria en el Derecho Civil y Comercial, Buenos Aires, Ed. Ad–Hoc, 1985, pág. 117–118.

NOTA39. Orozco Pardo, op cit., pág. 195. Véanse Galib Frangie v. El Vocero, 138 D.P.R. 560, 567–568 (1995); Acosta Quiñones v. Matos Rodríguez, 135 D.P.R. 668, 675–676 (1994); Zambrana Maldonado v. ELA, 129 D.P.R. 740, 750–753 (1992); Díez–Picazo, op cit., pág. 184–185; Orozco Pardo, op cit ., págs. 196–197.

NOTA40. Art. 1873, Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5303.

El plazo prescriptivo corre a partir de que la persona se entera efectivamente del acto y puede ejercer su causa de acción.NOTA41 Una vez interrumpido el término, las reclamaciones sucesivas pueden prolongarlo indefinidamente. NOTA42 Cada interrupción tiene el efecto de que el plazo prescriptivo vuelva a contar entero.NOTA43

NOTA41. Vera Morales v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 321–331 (2004); Bachiller, op cit., págs. 81–84.

NOTA42. De León, supra, a las págs. 811–812.

NOTA43. Díaz de Diana v. A.J.A.S. Ins. Co., 110 D.P.R. 471, 474–475 (1980).

Cuando Pereira Suárez presentó su primera querella en la agencia, el 3 de enero de 2003, lo hizo dentro del término que se estableció en la Ley de Condominios y comenzó a regir el 4 de julio de 2003. Los procedimientos en torno a esa querella terminaron con su archivo sin perjuicio definitivo, el 8 de noviembre de 2004, lo que le brindaba la posibilidad de volver a presentar la querella ante el DACO en un periodo de dos años, que terminaba en noviembre de 2006. Por lo tanto, cuando Pereira Suárez se querelló por segunda vez, el 2 de septiembre de 2005, su acción no había prescrito.

Según Bachiller, la prescripción es una defensa afirmativa que los tribunales no aplican de oficio si la parte a la que favorece no lo solicita, pero los jueces y las juezas sí pueden determinar que hubo interrupción si surge del expediente, aunque no se haya alegado.NOTA44 En este caso, existen suficientes indicios de que el término para impugnar quedó interrumpido. La falta de detalles en cuanto a la prescripción en el expediente no se le debe adjudicar a la persona contra quien operaría la misma, sino al propio peticionario, así como al hecho de que este asunto no fue atendido por los foros inferiores.

NOTA44. Bachiller, op cit., pág. 295. Véanse también Díez–Picazo, op cit., págs. 95–96 y 139; Orozco Pardo, op cit., págs. 48–51.

*22 Como afirma Orozco: “En definitiva, la prescripción del derecho es lo excepcional; su ejercicio o conservación, lo normal, por lo que nuestro ordenamiento debe potenciar el ejercicio y conservación de los derechos”. NOTA45 De hecho, la legislación moderna en los países civilistas admite expresamente la interrupción extrajudicial y su inclusión en los códigos respondió a la necesidad de reconocer la voluntad de conservación del derecho expresada por diversas vías, que era ignorada debido a la formalización excesiva del ordenamiento, que llevaba a considerar abandonada una acción aunque constara la existencia de una intención contraria.NOTA46 Por eso, este Tribunal ha analizado de manera liberal la prueba sobre reclamaciones interruptivas.NOTA47 Ante la falta de información o de claridad en las alegaciones sobre la consumación o interrupción del término prescriptivo, no procede la medida drástica de archivar el caso por suponer que prescribió. Ello milita en contra de la política de la Rama Judicial de Puerto Rico de que los ciudadanos y las ciudadanas vean las controversias que presentan resueltas en sus méritos.NOTA48

NOTA45. Orozco Pardo, op cit., pág. 59. Véase también Díez–Picazo, op cit., págs. 107–109.

NOTA46. Díez–Picazo, op cit., págs. 33–36.

NOTA47. Véase, por ejemplo, Zambrana Maldonado, supra, a la pág. 761 (1992).

NOTA48. Véanse Ghigliotti Arzola v. Admin. Servicios Agrícolas, 149 D.P.R. 902, 915 (1999); López v. Porrata–Doria, 140 D.P.R. 96 (1996).

IV

No cabe duda que los actos de interrupción tienen que ser probados cuando se alega que no opera la prescripción.NOTA49 Pero ello supone que se haya reclamado y probado la prescripción. Por eso, es el peticionario quien tiene el peso de probar que la causa de Pereira Suárez está prescrita, demostrando que hay prueba en el récord de la agencia administrativa que permita concluir que la decisión del DACO no está justificada.

NOTA49. Orozco Pardo, op cit., pág. 79.

En este punto, conviene repasar algunos conceptos básicos sobre Derecho Probatorio y Derecho Administrativo. Entre los principios sobre la evaluación y suficiencia de la prueba recopilados en las Reglas de Evidencia, se encuentran unos que son fundamentales para resolver este caso, a saber: que el peso de la prueba recae sobre la parte que resultaría vencida si no se presentara prueba, que la obligación de presentar evidencia la tiene principalmente quien sostiene la afirmativa y que, en casos civiles, no se exige que la prueba produzca certeza absoluta sobre los hechos, sino que la totalidad de la prueba haga más probable cierta conclusión.NOTA50 En este caso, Crown Castle es quien pide que revoquemos la Sentencia del Tribunal de Apelaciones que confirmó al DACO y declaremos prescrita la acción. Por lo tanto, le corresponde asumir el peso de la prueba. Además, vista la poca prueba que obra en el expediente, parece más probable que se haya interrumpido el término prescriptivo.

NOTA50. Regla 110(A), (B), (C) y(F) de Evidencia de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. VI R. 110. Aunque las Reglas de Evidencia no aplican en las vistas administrativas, sus principios fundamentales se utilizan como guías. Sec. 3.13(e), Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2163.

Asimismo, debemos sostener las determinaciones de hechos de las agencias si están respaldadas por evidencia que razonablemente se podría considerar adecuada para sustentar la conclusión a la que se llega.NOTA51 Esto más aun cuando el peticionario no aporta evidencia que derrote la presunción de corrección que tiene la decisión administrativa.NOTA52 Hemos establecido que la parte que impugne las determinaciones de la agencia administrativa tiene que convencer al Tribunal de que la conclusión de la agencia no fue razonable de acuerdo a la totalidad de la prueba en el expediente. Si quien solicita la revisión no demuestra que existe prueba en el expediente que indica que la actuación de la agencia no se basó en evidencia sustancial, debemos respetar las determinaciones de hechos del foro administrativo y no sustituir el criterio de la agencia.NOTA53 Esto es así porque los tribunales apelativos “no tienen la facultad de realizar determinaciones sin base en el expediente de determinado caso ante su consideración” .NOTA54

NOTA51. Sec. 4.5, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2175; Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431–433 (2003). Véanse también S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 345, 356 (2009); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 D.P.R. 799, 810–811 (2009); García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 D.P.R. 870, 898–899 (2008).

NOTA52. Calderón Otero v. Corp. Fondo Seguro del Estado, 2011 T . S.P.R. 48, a la pág. 10; O.E.G. v. Rodríguez, 159 D.P.R. 98, 118–119 (2003).

NOTA53. Otero Mercado v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 728 (2005).

NOTA54. Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, 172 D.P.R. 232, 244 (2007).

*23 Si el expediente del caso presentado por Crown Castle está incompleto, no podemos castigar por ello a la parte recurrida. Es el peticionario quien tiene el deber de poner a este Tribunal en posición para determinar si, en efecto, operó la prescripción que presenta como defensa y como razón para revocar al foro que tuvo ante sí la prueba directa y al que lo confirmó. Sin embargo, el peticionario ni siquiera incluyó en su recurso toda la prueba que se presentó en el DACO.NOTA55 Se limitó a solicitar que se aclarara una norma de Derecho, el término prescriptivo aplicable, pero no aportó los documentos necesarios para poder aplicar esa pauta a los hechos de su caso. Siendo así, no podemos concederle el remedio que solicita.

NOTA55. Por ejemplo, en su Memorando de Derecho, menciona los documentos presentados en la vista administrativa, a la que asistió, pero no los incluye en el Apéndice. Apéndice del Certiorari, págs. 17–28.

Más aun, los escritos de ambas partes se centran en la discusión de si el acto era nulo o era anulable y le aplicaba el término prescriptivo de la Ley de Condominios. De igual forma, los foros inferiores que decretaron la nulidad no discutieron la prueba sobre la interrupción del plazo porque pensaban que no había tal plazo. No lo consideraron necesario para resolver que la acción era nula, pues la acción de nulidad absoluta es imprescriptible.NOTA56 Además, es pertinente resaltar que esta es la primera vez que este Tribunal se expresa acerca de la aplicación del término prescriptivo de dos años de la Ley de Condominios de 2003 para impugnar acciones que antes eran estrictamente nulas. Es costumbre de este Tribunal no aplicar una norma nueva a los hechos del caso en el que se está estableciendo la misma, excepto cuando razones de alto interés público lo exijan.NOTA57

NOTA56. Como explica Salerno, “[s]i por motivos de orden público ciertos actos son fulminados de nulidad, no resulta congruente admitir la posibilidad de su eficacia por el transcurso de un tiempo más o menos prolongado, como un modo de dar estabilidad a una situación de hecho”. M.U. Salerno, Nulidad absoluta y prescripción, Buenos Aires, Ed. Abeledo–Perrot, 1978, pág. 38. Por eso tampoco tuvo oportunidad el señor Pereira Suárez de presentar evidencia de la interrupción de la prescripción. El alegato del recurrido se centra en que “Crown Castle continúa exponiendo el punto de prescripción para tratar de salvar unos actos nulos”. Alegato de Réplica, pág. 2. Véanse también las páginas 16–18 de ese alegato.

NOTA57. Como ejemplo, véanse: Negrón Miró v. Vera Monroig, 2011 T.S.P.R. 90, a la pág. 24, 182 D.P.R. ____ (2011); ELA v. Crespo Torres, 2011 T.S.P.R. 15, a la pág. 29, 180 D.P.R. ____ (2011); Westernbank v. Registradora, 174 D.P.R. 779, 789–790 (2008); In re Silva Iglecia, 162 D.P.R. 105, 122 (2004); Rafael Rosario & Assoc. v. Depto. De Familia, 157 D .P.R. 306, 331 (2002); Banco de Desarrollo Económico v. AMC Surgery, 157 D.P.R. 150, 157 (2002); In re Marchand Quintero, 151 D.P.R. 973, 992 (2000); Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165, 170 (1975).

Lo único que este Tribunal tenía que determinar en esta etapa era si el plazo de prescripción de dos años aplica a la impugnación de actos que requerían el consentimiento unánime de los condóminos para su aprobación y se llevaron a cabo sin ésta.NOTA58 Sin embargo, la Opinión mayoritaria, sin contar con los elementos necesarios para ello, declara prescrita la segunda querella, presentada dos años y dos meses después del establecimiento del término prescriptivo de dos años, porque decide ignorar la probabilidad de que cuando ese término empezó a transcurrir ya se había presentado una primera querella que interrumpió el término para la segunda. No pretendo que resolvamos el asunto de la prescripción a base de “meras alegaciones”, porque reconozco que las alegaciones no constituyen prueba.NOTA59 Mas tampoco puedo estar de acuerdo con que excluyamos sin más un hecho importante para adjudicar el caso.

NOTA58. Recientemente, resolvimos que no se debía adjudicar en los méritos un recurso en el que sólo contábamos con alegatos sobre un asunto de falta de jurisdicción y devolvimos el caso para que las partes pudieran elaborar sus argumentos. Crespo Quiñones v. Santiago Velázquez, 176 D.P.R. 408, 417–419 (2009). Aunque en el presente caso el Tribunal de Apelaciones y el DACO evaluaron en los méritos una controversia, lo concerniente a la controversia sobre la interrupción del término prescriptivo nunca se atendió en los foros inferiores, por lo que el resultado es el mismo que en Crespo Quiñones y procede que, al revocar la interpretación de Derecho que se hizo, devolvamos el recurso para que el foro primario evalúe la prueba pertinente.

NOTA59. Véase Pereira Suárez v. Junta Directores Condominio Ponciana, Opinión mayoritaria del Tribunal Supremo, págs. 26–28.

Dado que en el expediente no consta la prueba necesaria para determinar si la acción está prescrita, lo que procede es devolver el caso a la agencia administrativa para que reciba y evalúe evidencia sobre el particular. NOTA60 De esa forma, se podrían detallar las gestiones que realizó el señor Pereira Suárez y en qué fecha se hicieron, en lugar de descartar la presentación de la primera querella, hecho que mencionaron todas las partes pero sobre el cual no se presentó prueba probablemente porque se entendió que no era pertinente para la controversia que se estaba atendiendo. Así, evitaríamos ejercer una función que le corresponde al foro primario, en detrimento de los derechos de las partes, y permitiríamos que las partes argumenten de forma clara y específica el asunto sobre la prescripción o su interrupción.NOTA61

NOTA60. Son abundantes los ejemplos de casos en que hemos devuelto el expediente al foro primario para que se pueda presentar prueba y resolver según lo dispuesto en este Tribunal. De hecho, así lo hicimos en Consejo de Titulares v. Williams Hospitality, supra, en el que decidimos que la Ley de Condominios de 2003 aplicaría retroactivamente en toda situación en la que no se afectara un derecho adquirido de los titulares de apartamentos, y devolvimos el caso al foro de instancia para que evaluara la prueba de acuerdo con lo resuelto.

NOTA61. Véase Crespo Quiñones, supra, a las págs. 412–413 y 418–419.

V

*24 El disfrute del apartamento por su propietario y la institución del Consejo de Titulares como órgano de control último en la administración del condominio son características fundamentales del Régimen de Propiedad Horizontal en Puerto Rico, y sus principios rectores son la prohibición del abuso del derecho y la buena fe.NOTA62 La decisión mayoritaria es contraria a estas políticas, ya que impide al dueño de un apartamento impugnar los actos sospechosos del presidente de la Junta de Directores de su condominio y la desidia de los administradores del inmueble, para su beneficio y el de los demás residentes. No puedo avalar que se utilice una disposición cuyo fin es penalizar la inercia para hacer todo lo contrario, penalizar la diligencia y persistencia del recurrido. Por todo ello, disiento.

NOTA62. Exposición de Motivos y Art. 1A, Ley de Condominios, Ley Núm. 103 de 5 de abril de 2003.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada

Lasso de la Vega v. Iglesia Pentecostal, 129 D.P.R. 219 (1991)

Cayetano Lasso, Luis Lasso De la Vega López y Nancy Lasso De la Vega López, Demandantes y recurridos,
v.
Iglesia Pentecostal la Nueva Jerusalem y Otros, Demandados; Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Interventor y recurrente.
Números: RE-88-54 CE-87-829

En El Tribunal Supremo De Puerto Rico.
Resueltos: 28 de junio de 1991
June 28, 1991.

Sentencia de Julio Berríos Jiménez, J. (Caguas), que decreta la inconstitucionalidad del Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, Ley Núm. 22 de 29 de abril de 1974; de la Sec. 5 del Código Penal, Ley Núm. 21 de 29 de abril de 1974; del Art. 4.6 del Reglamento de la Junta de Calidad Ambiental para el Control de la Contaminación por Ruido, versión enmendada, de 25 de febrero de 1987, y expide un injunction permanente por estorbo público. Revocada en cuanto a la inconstitucionalidad de las disposiciones señaladas y en cuanto a la indemnización de quince mil dólares ($15,000) por violación al derecho de propiedad. Modificada en cuanto a las cuantías concedidas por concepto de angustias mentales.

Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y María Adaljisa Dávila, Procuradora General Auxiliar, abogados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, recurrente; Rafael Rivera Rosa y Pedro Vellón Reyes, abogados de los demandados; Raúl Tirado, Hijo, abogado de los recurridos.

SENTENCIA

I

Examinados los señalamientos de error y alegatos de las partes, incluso del interventor recurrente Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se modifica la sentencia del Tribunal Superior, Sala de Caguas, para reducir las cuantías concedidas a los demandantes recurridos por concepto de angustias mentales a la suma total de veinticinco mil dólares ($25,000).NOTA1 *220

NOTA1. Por las razones expresadas en sus respectivas opiniones, el Juez Presidente Señor Pons Núñez y los Jueces Asociados Señor Negrón García, Señora Naveira de Rodón, Señor Hernández Denton, Señor Alonso Alonso y Señor Andréu García están conformes con la Parte I. El Juez Asociado Señor Rebollo López disiente.

II

De un análisis de la prueba vertida concluimos que procede la revocación de la indemnización de quince mil dólares ($15,000) por violación al derecho de propiedad.NOTA2

NOTA2. Todos los integrantes del Tribunal están conformes con esta Parte.

III

Se revoca el decreto de inconstitucionalidad de la legislación penal incluida en la Ley Núm. 21 de 29 de abril de 1974 (33 L.P.R.A. sec. 1447) y en la Sec. 1 de la Ley Núm. 71 de 26 de abril de 1940 (33 L.P.R.A. sec. 1443). NOTA3

NOTA3. Todos los integrantes del Tribunal están conformes con esta Parte.

IV

Vista la Sec. 4 del Art. V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, preceptivo de que “[n]inguna ley se declarará inconstitucional a no ser por una mayoría del número total de los jueces de que esté compuesto el tribunal de acuerdo con esta Constitución o con la ley”, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 356, por no cumplir con ese requisito mayoritario, se revoca el decreto de inconstitucionalidad de la Ley Núm. 22 de 29 de abril de 1974, que excluye a las instituciones religiosas de la acción interdictal por perturbación o estorbo público.NOTA4

NOTA4. Los Jueces Asociados Señor Negrón García, Señor Rebollo López, Señora Naveira de Rodón y Señor Alonso Alonso están conformes con la Parte IV. El Juez Presidente Señor Pons Núñez y los Jueces Asociados Señor Hernández Denton y Señor Andréu García disintieron.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General Interino. Los Jueces Asociados Señor Negrón García, Señora Naveira de Rodón y Señor Alonso *221 Alonso emitieron sendas opiniones concurrentes y de conformidad. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opinión concurrente y disidente. El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió una opinión concurrente y disidente, a la cual se unen el Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Andréu García.

(Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz Secretario General Interino

–O–

Opinión concurrente del Juez Asociado Señor Negrón García.

I

El “juez es un hombre viviente, y juzga con toda su alma; realiza obra no tan sólo racional, sino humana. La jurisprudencia, en sus aspectos multiformes, es a la vez una ciencia normativa y un arte práctico, que sirve para resolver las dificultades más diversas de la vida social. El arte de juzgar apela al espíritu de sutileza aliado con el espíritu geométrico, incluso en la aplicación de los principios del derecho”. F. Gorphe, Las Resoluciones Judiciales (L. Alcalá-Zamora y Castillo, trad.), Buenos Aires, Eds. Jurídicas Europa-América, 1953, pág. 38.

Con vista a esta psico-génesis decisoria reiteramos que, en buena metodología adjudicativa, no procede el decreto de inconstitucionalidad de las disposiciones estatutarias y reglamentarias aquí impugnadas, a saber: Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, Ley Núm. 22 de 29 de abril de 1974 (32 L.P.R.A. sec. 2761); Leyes Núm. 21 de 29 de abril de 1974 y Núm. 71 de 26 de abril de 1940 del Código Penal, 33 L.P.R.A. secs. 1447 y 1443, respectivamente, y el Art. 4.6 del Reglamento de la Junta de Calidad Ambiental *222 para el Control de la Contaminación por Ruidos, versión enmendada, de 25 de febrero de 1987.

Dos (2) razones impelen ese curso de acción. Primero, las propias partes estipularon que el injunction decretado por el tribunal de instancia se había tornado académico. Y segundo, en su sentencia dicho foro acogió favorablemente el reclamo de los demandantes Lasso et al.; atendió adecuadamente sus planteamientos, y proveyó remedios, más que satisfactorios. Impuso cincuenta mil dólares ($50,000) por “angustias mentales” y quince mil dólares ($15,000) ““por violación al derecho a la intimidad y propiedad…”. Sentencia, pág. 12. Ahora mediante sentencia mayoritaria, aunque modificamos, estamos confirmando la indemnización.

DECLARAR INCONSTITUCIONAL UN ESTATUTO ES LA SOLUCIÓN JUDICIAL MÁS EXTREMA EN NUESTRO SISTEMA DE GOBIERNO DE FRENOS Y CONTRAPESOS. Véanse: Milán Rodríguez v. Muñoz, 110 D.P.R. 610, 618-619 (1981); Negrón Soto v. Gobernador, 110 D.P.R. 664, 678-679 (1981); E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 596 (1958). En esta área, los tribunales debemos optar por la norma prudencial de autorrestricción cuando un caso puede resolverse en armonía con los criterios del actor y en consonancia con los mayores fines de la justicia. Aponte v. Srio. de Hacienda, E.L.A., 125 D.P.R. 610 (1990), opinión concurrente; Molina v. C.R.U.V., 114 D.P.R. 295, 297 (1983); Mari Bras v. Alcaide, 100 D.P.R. 506, 513 (1972); Pueblo ex rel. M.G.G., 99 D.P.R. 925, 927 (1971). Si un caso puede ser resuelto sin necesidad de entrar a considerar y resolver una cuestión constitucional, debemos abstenernos de hacerlo. Spanish Am. Tobacco Co. v. Buscaglia, 71 D.P.R. 991, 993 (1950); Tesorero v. Tribl. Contribuciones y Kemper, 71 D.P.R. 298, 303 (1950). No podemos ignorar estas normas de adjudicación y, como resultado, formular innecesariamente unos pronunciamientos más amplios, sin proporción con los hechos -*223 Esso Standard Oil v. A.P.P.R., 95 D.P.R. 772, 783 (1988)- Y PONER EN JAQUE LA LIBERTAD DE CULTO.

II

No albergamos dudas de que el trasfondo fáctico en este caso revela una situación meritoria de violación a la intimidad personal y familiar, que exigía la concesión de una indemnización para reivindicar los daños causados. Sin embargo, se extralimitó el foro de instancia al pasar juicio innecesariamente y con carácter de opinión consultiva sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas.

No se cuestiona seriamente su academicidad. La Iglesia Cristiana Pentecostal La Nueva Jerusalem y el Estado Libre Asociado, en sus respectivos escritos de apelación y revisión, coinciden en el carácter consultivo de la controversia. Con razón, objetan la legitimación activa de los demandantes Lasso et al. para impugnar el estatuto penal.

III

En estas circunstancias, ciertamente la determinación de inconstitucionalidad no podía prevalecer por haberse tornado académico el “injunction”.

Aunque hemos reconocido que la doctrina de academicidad no aplica cuando está presente una cuestión recurrente o repetitiva que evade la revisión -Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 725-726 (1980)- en el caso de autos existen fundamentos válidos que impelen invocar tal excepción, a saber: (a) la naturaleza del mecanismo procesal utilizado para impugnar la constitucionalidad de los estatutos y el reglamento, y (b) el remedio concedido a la parte impugnadora.

Nos preocupa sobremanera la postura del Juez Asociado Señor Hernández Denton, en su opinión concurrente y disidente,*224 que fuerza el asunto. Para ello concluye que “el conflicto entre los sonidos intolerablemente altos de las ceremonias religiosas y el derecho a la intimidad y tranquilidad de los vecinos es una controversia recurrente en otras comunidades [y] sujeta[s] a evadir su adjudicaci ón …”. (Énfasis suplido.) Opinión concurrente y disidente del Juez Asociado Señor Hernández Denton, pág. 284. Ese aserto es generalizado e infundado. Es totalmente irrazonable apuntalar la adjudicabilidad de la controversia constitucional en la especulación de que en Puerto Rico el culto es un estorbo per se, a saber, que de forma regular y constante se practican ceremonias con “sonidos intolerablemente altos” (íd.) que infringen la tranquilidad de los vecinos.

Nos negamos a aceptar semejante hipótesis. Es obvio que está resolviendo implícitamente a base, no de que es un asunto recurrente, sino potencialmente recurrente; esto es, susceptible de suceder “en otras comunidades”. Ello no es suficiente. A fin de cuentas, en la vida casi todo es posible. PERO EN MATERIA CONSTITUCIONAL, POSIBILIDAD NO SIEMPRE ES SINÓNIMO DE RECURRENCIA. ¿Puede entonces seriamente sostenerse que la cuestión es “recurrente”? Aun bajo ese laxo supuesto, ¿estamos verdaderamente ante una controversia que evade la revisión judicial? Más que estar adjudicando, ¿no estaríamos realmente teorizando? En el fondo, ¿no estaríamos pasando sobre la sabiduría del diseño estatutario y reglamentario?

IV

No salva la academicidad del recurso el argumento minoritario fundado en la dicotomía de que el Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, reconoce una causa de acción que remedialmente se bifurca -de manera independiente- en una prohibición o eliminación de un estorbo y resarcimiento por daños. Opinión concurrente y disidente*225 del Juez Asociado Señor Hernández Denton, pág. 266. Veamos.

El historial legislativo no revela que se estuviera inmunizando de manera absoluta a las iglesias de la imposición de daños por culpa aquiliana fundados en un menoscabo a la intimidad personal y familiar. Por el contrario, el debate tiende a reflejar que el referido Art. 277 fue enmendado para armonizar la creación de un mecanismo administrativo inicial que, a través de la Junta de Calidad Ambiental, canalizara las controversias ambientales auditivas generadas por la práctica del culto en sus distintas modalidades.

En este sentido, la tesis minoritaria pasa por alto que el foro de instancia, si bien declaró inconstitucional el estatuto, a la vez aplicó, precisamente como fuente legal supletoria, el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141. Resolvió que las “actuaciones culposas y negligentes de los demandados han ocasionado un daño real a la familia demandante [y e]l mismo es resarcible bajo el Artículo 1802”. Sentencia, pág. 11. Ciertamente, aun cuando se estipuló académico el injunction, el remedio en daños era y es susceptible de subsistir en virtud de esa fuente legal distinta.

Más aún, los apelantes, La Iglesia Cristiana Pentecostal La Nueva Jerusalem et al., cuestionaron ante nos SOLAMENTE la concesión de “daños especiales, no probados y en exceso de la cuantía reclamada en la propia demanda …”. Su discusión se LIMITÓ a que las partidas fueron duplicadas y, a la luz de la prueba, irrazonablemente altas. Perseveran, sin embargo, en que el decreto de inconstitucionalidad es académico.

V

Las premisas en que se funda la opinión concurrente y disidente del Juez Asociado Señor Hernández Denton no sólo son erróneas, sino que inciden en unas zonas complejas y peligrosas. Los derechos dimanantes del Art. II, Sec. 3 *226 de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, constituyen “las demarcaciones fijadas para la convivencia en paz, tolerancia, respeto recíproco y autonomía espiritual en un terreno en donde por muchos siglos han germinado los mayores conflictos y las más vehementes recriminaciones”. 4 Diario de Sesiones de la Asamblea Constituyente 2563 (1950).

No podemos olvidar, pues, que en su dimensión más profunda, la cláusula constitucional sobre separación de Iglesia-Estado obliga por igual a todos los poderes de gobierno. Un decreto de inconstitucionalidad mayoritario afecta los derechos de todas las iglesias del país. Insistir en el mismo -un caso claramente académico- como única ruta decisoria no sólo es incomprensible, sino también una forma sofisticada e impermisible de intromisión del Poder Judicial, que debilita ese inconmensurable y sensitivo valor comunitario recogido en nuestra Carta de Derechos.

–O–

Opinión concurrente y de conformidad emitida por la Juez Asociada Señora Naveira De Rodón.

El 24 de octubre de 1986, Cayetano Lasso De la Vega, Luis Lasso De la Vega López y Nancy Lasso De la Vega López presentaron ante el Tribunal Superior, Sala de Caguas, una demanda contra la Iglesia Cristiana Pentecostal La Nueva Jerusalem (en adelante Iglesia), Reinaldo Ríos López, Alfonso Ríos López y Juan Ríos López.NOTA1 Alegaron que Cayetano Lasso De la Vega era dueño de una propiedad sita en el Km. 4.4 de la Carretera 765 del Barrio Borinquen en Caguas, donde los demandantes tenían constituido su hogar. En las cercanías radica la Iglesia, cuyo ministro es el codemandado Reinaldo Ríos López. Los otros dos codemandados, de una forma u otra, dirigen la Iglesia. *227

NOTA1. La demanda contra Juan Ríos López se desestimó.

Continuaron alegando que los codemandados celebraban servicios los martes, miércoles y viernes de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche, y los domingos de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. “Durante la celebración del servicio los demandados, en unión a su feligresía, habla[ban] en alta voz, grita[ban] y utiliza[ban] instrumentos musicales a volúmenes exagerados. Además, ha [bían] instalado bocinas en las afueras del edificio que magnifican los ruidos.” Apéndice, Anejo V, pág. 27. A los demandantes esta actividad les imposibilitaba la vida en privacidad y menoscababa el valor de su propiedad.

Aseveraron, también, que no tenían remedio rápido y eficaz en ley para proteger su derecho a la privacidad y al disfrute de la propiedad, ante lo cual solicitaron una orden de entredicho provisional e injunction preliminar y permanente. Reclamaron, además, cuarenta mil dólares ($40,000) por concepto de sufrimientos y angustias mentales, y quince mil dólares ($15,000) por el valor disminuido de su propiedad.

Los demandantes impugnaron la constitucionalidad de la Ley sobre Perturbación o Estorbo, Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, Ley Núm. 22 de 29 de abril de 1974 (32 L.P.R.A. sec. 2761), y del Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruidos de la Junta de Calidad Ambiental, vigente en esos momentos, de 25 de febrero de 1987.NOTA2 Dentro de este mismo procedimiento también impugnaron la constitucionalidad de la Sec. 5 de la Ley Núm. 21 de 29 de abril de 1974 ( 33 L.P.R.A. sec. 1447). El 29 de octubre de 1987 el tribunal dictó una orden de entredicho provisional y señaló vista para el injunction preliminar. El 10 de noviembre se celebró la vista y dictó injunction preliminar. El Estado intervino para sostener la constitucionalidad de estas disposiciones. *228

NOTA2. Con posterioridad a la presentación de la demanda, la Junta de Calidad Ambiental aprobó un nuevo reglamento.

Luego de una serie de trámites procesales, el 31 de marzo de 1987 el tribunal dictó sentencia en rebeldía mediante la que concedió el injunction permanente solicitado, diez mil dólares ($10,000) por concepto de angustias mentales y diez mil dólares ($10,000) por violación al derecho a la intimidad, además de tres mil dólares ($3,000) en honorarios de abogado. Inconformes con esta decisión, los demandados presentaron una moción de relevo de sentencia al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Entre los fundamentos aducidos no figuró la falta de jurisdicción sobre la persona por no haber sido emplazados. Solicitaron que se dejase sin efecto la sentencia, se señalase “fecha para la vista del caso” y se trasladase el mismo al foro administrativo. El 13 de mayo de 1987 el tribunal dejó sin efecto esta sentencia.

Una vez celebrada la vista en los méritos, el tribunal dictó la sentencia, que es objeto de estos recursos, en la cual decretaba la inconstitucionalidad de las disposiciones legales impugnadas y expedía el injunction permanente de estorbo público. Ordenó a los demandados “tomar las medidas necesarias para controlar las emisiones de sonido en la iglesia”. Sentencia, pág. 11.NOTA3 También, condenó a los demandados a pagar solidariamente la cantidad de cincuenta mil dólares ($50,000) por concepto de daños por angustias mentales NOTA4 y quince mil dólares ($15,000) por violación al derecho a la intimidad y propiedad, más tres mil quinientos dólares ($3,500) en honorarios de abogado.

NOTA3. Entre estas medidas señaló las siguientes:

“1. Colocar paredes acústicas en el templo; 2. Colocar techos acústicos en el [templo]; 3. Colocar acondicionador de aire; y 4. Sellar ventanas y cerrar la puerta principal mientras celebran el culto.” Sentencia, pág. 11.

NOTA4. Esta cuantía se divide de la forma siguiente: treinta mil dólares ($30,000) para el codemandante Cayetano Lasso De la Vega, y para los codemandantes, Luis y Nancy Lasso De la Vega López, diez mil dólares ($10,000) a cada uno.

Con posterioridad a esta sentencia, el señor Lasso De la *229 Vega vendió la propiedad. Con relación a un procedimiento de desacato promovido por la parte demandante, las partes estipularon que el injunction decretado se había convertido en académico. El tribunal acogió esta posición, mas sin embargo, dejó en efecto el decreto de inconstitucionalidad de las Leyes Núm. 22 y 21, supra, y la determinación de daños.

I

En lo que se refiere al injunction, adem ás de encontrar probadas las alegaciones básicas de la demanda, el tribunal hizo las determinaciones de hecho siguientes:

2. En 18 de noviembre de 1985, el codemandante Cayetano Lasso presentó una querella ante la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico. Esta agencia sólo tiene dos (2) inspectores de ruidos para atender alrededor de 3,000 querellas en toda la Isla; y en consecuencia concluir la investigación de una querella toma un promedio de 256 días. La primera visita para inspeccionar si el ruido es excesivo se realiza de acuerdo al área que pertenezca la querella y el plan de inspecciones. Esta primera visita puede tardar meses y mientras se realiza dicha inspección el ruido excesivo puede continuar sin que el ciudadano tenga recurso legal. De igual manera el ruido excesivo de naturaleza religiosos [sic] que se prolongue por una o dos semanas solamente puede quedar fuera del alcance de los dos inspectores de Calidad Ambiental que confesaron, no son suficientes para atender eficazmente todas las querellas que se reciben. Por su parte la Policía de Puerto Rico al ser llamada a intervenir con el ruido exagerado se niega a intervenir por exclusión de la Ley #120 — de 1974 en cuanto a ruidos religiosos de la categoría criminal como ruidos innecesarios.

Para determinar si se violó el Reglamento Sobre Control de Ruido, el inspector debe realizar tres (3) investigaciones sobre el terreno. En este caso sólo se hizo una que arrojó 62 decibeles. El Director de la División Legal de la Agencia opinó que el Reglamento sobre Control de Ruidos que estaba vigente cuando se hizo la única inspección era inconstitucional, porque permitía que las propias iglesias participaran en la determinación administrativa. *230

Cabe añadir que el uso de vehículos oficiales rotulados con el sello de la agencia permite que los miembros de las iglesias se percaten de la presencia del inspector y disminuyan los ruidos durante el tiempo que dura la inspección. Y así ocurrió en este caso por lo que la medición no refleja la realidad.

3. La falta de acción de la Junta de Calidad Ambiental, obligó al codemandante Lasso a presentar una querella en ARPE en 10 de enero de 1985, sobre posibles violaciones por parte de la iglesia al Reglamento de Zonificación. ARPE no determinó violación a su Reglamento.

4. La futilidad de los recursos administrativos ante los ruidos insoportables producidos en el templo movió al señor Lasso a someter querellas en la Policía de Puerto Rico. Las disposiciones de ley que eximen los ruidos de cultos religiosos del alcance del Código Penal impidieron que se le diera curso a estas querellas. La propia Policía de Puerto Rico le recomendó a dicho codemandante que colocara bocinas en su hogar y las utilizara cuando la iglesia celebrara culto. El codemandante obedeció la instrucción que le dio la Policía, adquirió bocinas y las utilizó conforme a las instrucciones que recibió de los agentes del orden público para contrarrestar el ruido. Ello denota la desesperación de esta persona ante la intranquilidad de su familia …. Sentencia, págs. 3 y 4.

Así las cosas, el 28 de diciembre de 1987 la parte demandada presentó un escrito de apelación en el que alegaba la comisión de diez (10) errores. Entre éstos plantearon la inconstitucionalidad de las Leyes Núms. 21 y 22, supra, y la suficiencia de la prueba respecto a los daños concedidos. NOTA5 *231

NOTA5. También plantearon que el caso se había convertido en académico y que erró el tribunal de instancia al asumir jurisdicción sobre los demandados que no habían sido emplazados. No les asiste la razón. Con relación a la academicidad estimamos que estamos ante una excepción a dicha doctrina, ya que presentaría una cuestión recurrente y repetitiva, susceptible de evadir la revisión judicial. Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704 (1991); El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988). En cuanto a la falta de jurisdicción, cualquier falla en el emplazamiento se subsanó con los actos de sumisión voluntaria realizados por los demandados.

Alegaron, además, que erró el foro de instancia al conceder honorarios de abogado. Basta con señalar que la determinación de temeridad que da paso a la imposición de honorarios de abogado y la cuantía a concederse, son discrecionales y, salvo abuso en el ejercicio de esta discreción, no intervendremos con dichas determinaciones. B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294 (1990), y casos allí citados; Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 713 (1987); Raluan Corp. v. Feliciano, 111 D.P.R. 598 (1981).

El Estado, inconforme también con las declaraciones de inconstitucionalidad, presentó solicitud de revisión limitada a este planteamiento. Alegó la comisión de tres (3) errores:

PRIMER ERROR

El Honorable Tribunal Superior incurrió en error al resolver que la Ley Núm. 22 del 29 de abril de 1974 Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil y las secciones 1443 y 1447 del Código Penal son inconstitucionales.

SEGUNDO ERROR

El Honorable Tribunal incurrió en error al examinar la validez constitucional de la Ley Núm. 22 supra a la luz de la cláusula constitucional de separación de Iglesia y Estado, cuando dicha disposición establece que la Junta de Calidad Ambiental tendrá jurisdicción exclusiva en primera instancia para dilucidar todo lo relacionado con el culto público practicado por las diferentes religiones.

TERCER ERROR

El Honorable Tribunal Superior incurrió en error al examinar la validez constitucional de las secciones 1443 y 1447 del Código Penal a la luz de planteamientos de separación de Iglesia y Estado y debido proceso de ley sustantivo y derecho de intimidad. Más aún en un caso en que el demandante carecía de capacidad jurídica para impugnar la validez constitucional del estatuto penal. Informe del Procurador General, pág. 4.

Decidimos revisar. Consolidamos los recursos y expedimos.

II

El impugnado Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, Ley Núm. 22, supra, establece lo siguiente:

Sec. 2761. Perturbación, definición; acción para obtener su cese.

Todo lo que fuere perjudicial a la salud, indecente u ofensivo a los sentidos, o que interrumpa el libre uso de la propiedad, de modo que impida el cómodo goce de la vida o de los bienes, constituye una perturbación que da lugar a una acción. Dicha acción podrá ser promovida por cualquiera persona cuyos bienes hubieren sido perjudicados o cuyo bienestar personal resulte *232 menoscabado por dicha perturbación; y la sentencia podrá ordenar que cese aquélla, así como decretar el resarcimiento de los perjuicios; lo aquí provisto no podrá aplicarse a las actividades relacionadas con el culto público practicado por las diferentes religiones; Disponiéndose, que nada de lo aquí dispuesto limitará los poderes de la Junta de Calidad Ambiental para promulgar los reglamentos a que está autorizada por ley. (Énfasis suplido.)

Como se puede apreciar, con relación a la Ley Núm. 22, supra, estamos frente a la declaración de inconstitucionalidad de una disposición procesal: la Ley sobre Perturbación o Estorbo. Esto hace necesario que, al analizar el problema que confrontamos, la ubiquemos en su justa perspectiva.

La citada Ley sobre Perturbación o Estorbo, cuya constitucionalidad se cuestiona, provee un procedimiento o remedio especial para la emisión de órdenes interdictales que prohíban “[t]odo lo que fuere perjudicial a la salud, indecente u ofensivo a los sentidos, o que interrumpa el libre uso de la propiedad, de modo que impida el cómodo goce de la vida o de los bienes …”. Ley Núm. 22, supra. En este tipo de injunction especial, como es lógico presuponer, al preestablecerse por ley las circunstancias en que podría dictarse se le facilita al tribunal la ponderación de los criterios que guían el ejercicio de su discreción: la existencia de un remedio adecuado en ley, la irreparabilidad del daño y el balance de intereses. P. R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 200, 202 (1975); O.M. Fiss, Injunctions, 2da ed., Nueva York, 1984, pág. 73; J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1979, Cap. IX, pág. 372. La ley también dispone que se podrá conceder daños por los perjuicios recibidos.

El legislador exceptuó de esta disposición procesal, de este remedio especial, “las actividades relacionadas con el culto practicado por las diferentes religiones”. Art. 277, supra. La salvaguarda de los derechos de los ciudadanos *233 que pudieran quedar afectados por estas actividades la encausó por la vía administrativa, a través de la Junta de Calidad Ambiental.

Cabe señalar que, en cada proceso, los tribunales de primera instancia concederán “el remedio a que tenga derecho la parte a cuyo favor se dicte, aun cuando ésta no haya solicitado tal remedio en sus alegaciones”. Regla 43.6 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

Ahora bien, en el ámbito procesal propiamente, es norma de conocimiento general que las reglas y leyes procesales “no tienen vida propia, sólo existen para viabilizar la consecución del derecho sustantivo de las partes”, Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807, 816 (1986), y que puede haber varios procedimientos o remedios disponibles para tramitar un mismo asunto ante los tribunales. Los procedimientos o remedios, dependiendo de lo dispuesto en cada estatuto en específico, pueden utilizarse en forma concurrente, alterna o exclusiva.

Con los principios antes enunciados en mente, pasemos a considerar el estado de derecho procesal existente cuando los demandantes presentaron su petición de injunction.

En 1974 la Legislatura enmendó la Ley sobre Perturbación o Estorbo, Ley Núm. 22, supra, con el propósito de vedar su uso cuando las actividades allí definidas las realizara una institución religiosa como parte de su culto público. Específicamente se dispuso:

… [L]o aquí provisto no podrá aplicarse a las actividades relacionadas con el culto público practicado por las diferentes religiones; Disponiéndose que nada de lo aquí dispuesto limitará los poderes de la Junta de Calidad Ambiental para promulgar los reglamentos a que está autorizada por ley.

La Ley sobre Política Pública Ambiental, Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, en su Art. 11(12), 12 L.P.R.A. sec. 1131(12), por su parte, en lo concerniente a *234 las facultades concedidas a la Junta de Calidad Ambiental, dispone:

(12) Establecer normas de calidad y pureza del ambiente, según estimare conveniente y adoptar reglas y reglamentos necesarios y razonables para el control, disminución o eliminación de sonidos nocivos a la salud y al bienestar público. Disponiéndose, que en la adopción de las reglas y reglamentos referentes a los sonidos y a la determinación de cuáles son nocivos a la salud y al bienestar público deberá tomar en cuenta el ejercicio de derechos constitucionales tales como la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a la privacidad. De esta forma se garantizará el mejor balance de intereses conforme a las tradiciones, valores y patrones culturales del pueblo de Puerto Rico.

La Junta de Calidad Ambiental tendrá jurisdicción exclusiva en primera instancia para dilucidar todo lo relativo a casos de sonidos relacionados con iglesias, templos, lugares de predicación, misiones y otros lugares dedicados al culto público con exclusión de cualquier otro foro administrativo o judicial. Cualquier pleito que se radique en un tribunal de justicia de carácter civil o criminal que se trate de un caso de sonido generado en las instituciones arriba indicadas será trasladado a la Junta de Calidad Ambiental para su dilucidación y adjudicación, sin menoscabo de usar otro recurso establecido por ley. (Énfasis suplido.)

Estas leyes, como correctamente señala el Estado, confirieron a un organismo administrativo, la Junta de Calidad Ambiental, jurisdicción primaria sobre toda actividad relacionada con el culto público practicado por las diferentes religiones que pudiera ser “perjudicial a la salud, indecente u ofensiv[a] a los sentidos, o que interrumpa el libre uso de la propiedad, de modo que impida el cómodo goce de la vida o de los bienes …”. Art. 277, supra. En otras palabras, el legislador estimó que ante la naturaleza de los derechos fundamentales que entraban en juego -derecho a la intimidad de una parte y la libertad de culto de otra- era más apropiado canalizar la dilucidación de estas controversias a través de una agencia administrativa la cual, con el peritaje necesario pudiera, al dirimir el conflicto, *235 hacer inicialmente el requerido y delicado balance entre estos derechos.

No cabe duda de que la aprobación de la Ley Núm. 22, supra, estuvo matizada de una activa participación por parte de los diferentes sectores religiosos del país y de que el factor precipitante fue la gran concentración convocada por estos movimientos religiosos para protestar de nuestra decisión en Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 102 D.P.R. 20 (1974). Sin embargo, no podemos perder de vista el hecho de que el objetivo que persigue esta pieza legislativa es enteramente legítimo: establecer “un equilibrio saludable entre los intereses de los ciudadanos a disfrutar su intimidad y la necesidad de que haya templos de religión en todos los sectores, accesibles al pueblo, para adorar a Dios [libertad de culto]”. P. del S. 784. Este propósito se pretende lograr canalizando estas controversias a través de la Junta de Calidad Ambiental.

A pesar de este laudable objetivo, la prueba claramente demostró que el esquema administrativo establecido por el Estado resultó inefectivo para salvaguardar el derecho a la intimidad y propiedad de los demandantes.

Ni del historial legislativo ni del texto de la disposición estatutaria se desprende que la intención legislativa fuese vedar la utilización de otros remedios, ya sea para la concesión del injunction o de los daños, cuando lo que estuviese en controversia fueran actividades relacionadas con el culto público practicado por las diferentes religiones. Ante esta situación, el foro de instancia tenía que auscultar si había algún otro remedio procesal eficaz disponible para vindicar y salvaguardar los derechos de los demandantes, o si inexorablemente tenía que entrar a dilucidar el planteamiento de la inconstitucionalidad de esta ley para poder disponer de la controversia.

Consistentemente hemos resuelto que no abordaremos planteamientos “de índole constitucional cuando se puede disponer del caso en armonía con los intereses [de las *236 partes] y en consonancia con los mejores fines de la justicia”. Pueblo ex rel. M.G.G., 99 D.P.R. 925, 927 (1971). Véanse: Mari Bras v. Alcaide, 100 D.P.R. 506, 513 (1972); Molina v. C.R.U.V., 114 D.P.R. 295, 297 (1983); Rotunda, Nowak, Young, Treatise on Constitutional Law: Substance and Procedure, Minnesota, West Publishing Co., 1986, Vols. 1 y 3, Secs. 2.13(g) y 23.10. El principio básico de la revisión judicial es que “la constitucionalidad de un acto de gobierno [o una ley] sólo puede juzgarse dentro de los límites de una controversia real entre litigantes opuestos, en la cual sea indispensable dictaminar sobre la validez constitucional del acto [o ley] para resolver el conflicto surgido entre los litigantes”. E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 601 (1958). Véase R. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Inst. Educación Práctica, 1986, Vol. 1, Cap. II, Sec. 8(B) y Cap. IV. En el caso de autos no era indispensable entrar a considerar la constitucionalidad de la Ley Núm. 22, supra, para disponer del mismo.

“Repetidamente hemos resuelto que el carácter y primacía del derecho a la intimidad opera ex proprio vigore y puede hacerse valer aun entre personas privadas.” Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 D.P.R. 35, 64 (1986). Véanse: P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 D.P.R. 328, 339 (1983); Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573, 576 (1982); Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978); E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436, 440 (1975); Art. II, Sec. 8, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. También hemos reconocido el injunction clásico como el instrumento procesal más eficaz para vindicar los derechos constitucionales y que “la reivindicación de los derechos constitucionales corresponde y puede reclamarse en primera instancia en los tribunales de justicia sin que tenga jurisdicción original sobre ello el foro administrativo”, García Cabán v. U.P.R., 120 D.P.R. 165 (1987); véase Ortega Cabrera v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 612 (1973), *237 cuando se trate de “ ‘un agravio de patente intensidad al derecho del individuo que reclame urgente reparación’…”. Pierson Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838, 850 (1978); véanse los casos García Cabán v. U.P.R., supra; Noriega v. Gobernador, 122 D.P.R. 650 (1988).

Cuando lo establecido mediante ley o reglamento se trunca; cuando la realidad no corresponde al esquema planificado, se justifica preterir el foro administrativo y recurrir al remedio extraordinario del injunction clásico. No cabe duda que bajo los hechos que el tribunal encontró probados y el estado de derecho procesal vigente, el injunction clásico era el único remedio disponible para poder efectivamente salvaguardar el fundamental derecho de los demandantes a la intimidad, a vivir en paz en su propia casa. A todo esto le tenemos que añadir el hecho de que la propia Ley sobre Política Pública Ambiental, expresamente dispone la posibilidad de un remedio judicial al disponer que cuando se presenta un caso civil de esta naturaleza, el tribunal lo trasladará a la Junta de Calidad Ambiental “sin menoscabo de usar otro recurso establecido por ley”. Tampoco cabe duda de que procedía el resarcimiento de daños al amparo del Art. II, Sec. 8 de nuestra Constitución, supra, y la jurisprudencia interpretativa de la misma.

Aquí se trataba en esencia “de uno de los valores más preciados de la vida civilizada: la vivienda, que sin ser fastuosa, sea tranquila, serena y agradable; el hogar en el cual el ser humano busca tranquilidad espiritual y física luego de un día gastado en la lucha económica de la sociedad industrial contemporánea’D’. Torres v. Rodríguez, 101 D.P.R. 177, 178 (1973). Sobre este cardinal derecho para la pacífica convivencia en una sociedad democrática, en Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, supra, págs. 22-23, expresamos:

El vértigo de la vida moderna deja libres muy pocos momentos para la reflexión sin la cual no habrá un cabal entendimiento*238 de las libertades. Unicamente el hogar brinda esos momentos de serenidad en que además de partir el pan con los suyos pueda el hombre encauzar su existencia y la de su familia entre lo conocido y el arcano que nos ofrece la vida. Sin esa oportunidad para la serenidad y la reflexión que van reduciéndose paulatinamente, ha dicho el Juez Frankfurter, la libertad de pensamiento se torna en burla, y sin libertad de pensamiento no puede existir una sociedad libre. No concebimos derecho de posición preferente a la libertad de estar y sentirse tranquilo en su casa. (Escolios omitidos.)

Considerada la naturaleza de los daños que se le estaban ocasionando a los demandantes, procedía su resarcimiento al amparo de la disposición constitucional que garantiza el derecho a la intimidad. Dada su irreparabilidad y la inexistencia de un remedio adecuado en ley, también procedía utilizar el recurso de injunction clásico disponible al amparo de la Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, y los Art. 675 a 677 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. secs. 3521 a 3523; P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, supra; Cobos Liccia v. Dejean Packing Co., Inc., 124 D.P.R. 896 (1989); Universidad del Turabo v. L.A.I., 126 D.P.R. 497 (1990), voto particular de conformidad emitido por la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón; Wright and Miller, Federal Practice and Procedure: Civil Secs. 2941-2946 (1973); D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, Hato Rey, U.I.A., 1989, Cap. 1. Bajo este dinámico remedio procesal, el tribunal conserva jurisdicción para, de ocurrir cambios en las circunstancias, modificar el dictamen a favor o en contra del que resulta obligado y hasta dejarlo sin efecto, si esto fuese necesario. Noriega v. Gobernador, supra. Esto fue precisamente lo que hizo el tribunal al aceptar la estipulación de las partes que declaraba académico el remedio interdictal previamente dictado.

Erró, por lo tanto, el tribunal de instancia al entrar a considerar la constitucionalidad de la Ley Núm. 22, supra. *239

III

La también impugnada Sec. 1 de la Ley Núm. 21 del Código Penal, supra, nos indica que:

Sec. 1447. – Ambulancias, carros de bombas y campanas de iglesias, exentos

Quedan exentos del cumplimiento de las secs. 1443 a 1448 de este título los conductores de ambulancias y carros de bombas de incendio mientras estuvieren prestando el servicio apropiado a la naturaleza de dichos vehículos. No se entenderá que es ruido innecesario el producido por las campanas de las iglesias en el ejercicio de sus funciones y cultos religiosos, así como tampoco el que puedan generar los cultos o ritos de las iglesias, sectas o denominaciones religiosas debidamente establecidas; Disponiéndose que nada de lo aquí dispuesto limitará los poderes de la Junta de Calidad Ambiental para promulgar los reglamentos a que está autorizada por ley. NOTA6

NOTA6. Las secciones pertinentes son las Secs. 1 y 4 de la Ley Núm. 71 de 26 de abril de 1940 (33 L.P.R.A. secs. 1443 y 1446), que disponen:

“Sec. 1443. Supresión de ruidos innecesarios

“Por la presente se prohíben los ruidos innecesarios de todas clases provenientes del uso del claxon o aparato de alarma en la zona urbana, radios en casas de comercio, cafés y otros sitios públicos, altoparlantes que circulen por las calles con fines comerciales, campanas del tranvía eléctrico, pitos del tren en la zona urbana, bocinas y sirenas de bicicletas, y cualesquiera otros también innecesarios que se produzcan por medio de cualquier otro aparato, utensilio o instrumento, no importa su nombre, naturaleza o denominación.’D’

“Sec. 1446. Tribunal que conocerá de infracciones; penalidades

“El Tribunal de Distrito conocerá de las violaciones de las secs. 1443 a 1448 de este título, y las mismas serán consideradas como un delito menos grave aparejando multa no menor de veinticinco (25) dólares ni mayor de cien (100) dólares. Disponiéndose, que cuando se haya alterado el mecanismo normal de un automóvil con el propósito de producir ruido, la multa no será menor de veinticinco (25) dólares ni mayor de doscientos cincuenta (250) dólares.’D’

Con relación a la determinación de inconstitucionalidad de la Ley Núm. 21, supra, tenemos que, además de no ser necesario entrar a determinar la constitucionalidad de la misma para resolver la controversia planteada, la acción presentada por los demandantes no está dirigida contra aquellos llamados a implantar sus disposiciones: la Policía *240 de Puerto Rico y los fiscales del Departamento de Justicia. Tampoco surgió dentro de un proceso criminal.

El Estado sólo compareció como interventor para defender la constitucionalidad de las leyes impugnadas. Regla 21.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. De acuerdo con los Comentarios que acompañaron la Regla 21.3 de Procedimiento Civil de 1979, “[e]sta regla cubre lo dispuesto en la Ley número 47 de 25 de abril de 1931 sobre Sentencias Declaratorias (32 L.P.R.A. sec. 3001) y amplía lo dispuesto en la Ley número 451 de 14 de mayo de 1952 (32 L.P.R.A. sec. 353), haciendo mandatorio el requisito de notificación al Estado en los casos en que se impugna la constitucionalidad de una ley, así como también aquellos en los que se impugna la constitucionalidad de una orden ejecutiva, franquicia o reglamento administrativo, para que el Estado determine si ejercita o no el derecho a intervenir que le concede el estatuto”. (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 21.3 n. Bajo esta regla, el Estado, como cuestión de derecho, puede intervenir en un caso al solo efecto de defender “la constitucionalidad de una ley, orden ejecutiva, franquicia o reglamento administrativo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico …”, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 21.3. Su interés en el asunto no se extiende más allá de esto.

Estamos ante un caso entre partes privadas encaminado a dilucidar los intereses privados de éstas. Los demandantes pretendían obtener un remedio interdictal contra los demandados para que se les ordenara cesar y desistir de una conducta que les estaba causando daño irreparable al no permitirles disfrutar de paz y tranquilidad en su hogar. Para vindicar estos intereses privados reclamaron a los demandados el resarcimiento por los daños ocasionados.

Un estatuto penal como lo es la Ley Núm. 21, supra, sólo puede ser implantado por el Estado a través de los funcionarios a quienes la ley les impone ese deber y es *241 contra éstos, en su carácter oficial, que hay que dirigir cualquier orden interdictal de cesar o desistir o de hacer. Sería el Estado o estos funcionarios en su carácter personal, los llamados a responder por los daños que la acción o inacción hubiese causado a una persona.

Bajo estas circunstancias, faltaban partes indispensables para poder válidamente considerar el planteamiento de inconstitucionalidad de las disposiciones penales de la Ley Núm. 21, supra. Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 D.P.R. 593 (1989). El tribunal, al determinar su inconstitucionalidad, realmente emitió una opinión consultiva. E.L.A. v. Aguayo, supra.

Por las razones antes expuestas, estamos conformes y concurrimos con la sentencia que hoy se emite.

–O–

Opinión concurrente y de conformidad emitida por el Juez Asociado Señor Rafael Alonso Alonso.

En Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 281 (1988), expresamos que las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, se inspiran en tres (3) valores fundamentales, recogidos en la Regla 1, a saber, justicia, rapidez y economía, que están enmarcados en la norma de buena fe que debe permear la tramitación de toda causa de pedir. Para lograr esos objetivos señalamos que el enfoque del ordenamiento procesal y sustantivo debía ser integral, pragmático y creativo, de suerte que con voluntad, sinceridad y acción dichos valores cobraran vida y se convirtieran en vivencias y realidades cotidianas.

Bajo esta perspectiva, los mecanismos procesales disponibles a las partes sólo existen para hacer viable la consecusión del derecho sustantivo y los remedios a que son acreedoras, puesto que no debe sobreponerse la forma a la *242 sustancia. McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., 123 D.P.R. 113 (1989); Pueblo v. Hernández Torres y Barreda, 125 D.P.R. 560 (1990).

Esta concepción amplia sobre los mecanismos procesales nos ha permitido reiteradamente resolver que la justicia no depende de etiquetas, de suerte que un error de carácter nominal no altera el hecho sustancial y la naturaleza de la cosa. Lo determinante es su esencia y no la invocación errónea del remedio. Regla 70 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

Después de todo, son los hechos alegados en la reclamación y la prueba que sustenta los mismos lo que determina la causa de acción, y no el nombre que las partes le hayan dado. La función de los tribunales es, pues, conceder el remedio a que tenga derecho una parte de acuerdo con el derecho sustantivo y con la prueba, con independencia de la denominación que las partes utilizaron para denominar la acción. Reglas 43.6 y 70 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Nuestro procedimiento civil se caracteriza por la flexibilidad de procesos y remedios con el fin de hacer justicia. Cf. Merheb v. Benero Natal, 119 D.P.R. 508 (1991), opinión disidente. No caben los “moldes técnicos que limiten o aprisionen los remedios justos”. Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61, 73 (1987).

El caso de autos se inició como una acción de injunction por alegado estorbo público. 32 L.P.R.A. sec. 2761. Durante la tramitación del pleito llegó el punto en que las partes estipularon que el remedio de injunction se había tornado académico y, en vista de ello, el foro de instancia dejó sin efecto el injunction preliminar que había dictado. No obstante, dicho foro dejó en vigor su determinación de daños y su decreto de inconstitucionalidad del Art. 277 de la Ley Núm. 22 de 29 de abril de 1974 (32 L.P.R.A. sec. 2761); de la Ley Núm. 21 de 29 de abril de 1974 (33 L.P.R.A. sec. 1447) y el Art. 4.6 del Reglamento para el Control de la *243 Contaminación por Ruidos de la Junta de Calidad Ambiental, versión enmendada, de 25 de febrero de 1987.

Para todos los efectos prácticos, tal determinación convirtió esta acción, que se originó como un injunction estatutario, en una acción ordinaria en reclamación del remedio económico de daños. Cf. Cobos Liccia v. Dejean Packing Co., Inc., 124 D.P.R. 896 (1989). Resultaba innecesario, pues, entrar a considerar la constitucionalidad o no del injunction estatutario originalmente solicitado y de las leyes y sección reglamentaria correspondiente.

Hemos resuelto que los remedios disponibles al ciudadano bajo el Art. 277, supra, son distintos e independientes el uno del otro. Una vez cesa la perturbación, son independientemente justiciables los daños puesto que no es necesario la coexistencia de tales remedios como requisito sine qua non para su reconocimiento individual.

La flexibilidad de los procesos de nuestro sistema jurídico les permitía a los aquí apelados encontrar justicia individual en sus reclamos por diversas vías. A la luz de como se desarrollaron los sucesos, el trámite ordinario y la debida compensación en daños como remedio resultaron suficientes para poner fin a la controversia. No importa, pues, cómo se nominara la acción en su origen.

Visto el desarrollo de los procedimientos en este caso, resultaba innecesario cualquier pronunciamiento sobre constitucionalidad de la acción bajo cuyo acápite se inició este pleito.

Por tales razones, revocaría el decreto de inconstitucionalidad hecho por el foro de instancia y modificaría la sentencia para sólo compensar las angustias mentales en veinticinco mil dólares ($25,000).

–O–

Opinión concurrente y disidente emitida por el Juez Asociado Señor Rebollo López. *244

La Opinión concurrente y disidente -suscrita por el Juez Asociado Señor Hernández Denton y a la cual se unen el Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Andréu García- resolvería y decretaría que la Ley Núm. 22 de 29 de abril de 1974NOTA1 y el Art. 4.6 del Reglamento para el Control de Contaminación por Ruidos de la Junta de Calidad Ambiental, versión enmendada, de 25 de febrero de 1987, “son inconstitucionales por estar en conflicto con la Sec. 3 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, que prohíbe el establecimiento de cualquier religión’D’. Opinión concurrente y disidente del Juez Asociado Señor Hernández Denton, pág. 258. En la mencionada ponencia, se le imputa al resto de los integrantes del Tribunal faltar “a su obligación de imprimir mayor certeza a nuestro derecho en un asunto que genera polémicas intensas en todo el país’D’ (íd., pág. 278), al negarse a suscribir la posición antes mencionada; ello, conforme los mencionados tres Jueces, por razón del temor a las “intensas presiones públicas’D’ (íd., pág. 305) que generaría el referido decreto de inconstitucionalidad.

NOTA1. La referida Ley Núm. 22 (32 L.P.R.A. sec. 2761) excluye a las instituciones religiosas de la acción interdictal por perturbación o estorbo público.

Nada más lejos de la realidad. Cuando se actúa con tranquilidad de espíritu y consciencia, no hay por qué temerle ni a las “presiones” ni “al qué dirán’D’. La razón para no suscribir dicha posición -cuando menos, en cuanto al Juez suscribiente- es bien sencilla: dados los hechos particulares del presente caso, la posición que sostienen los referidos tres Jueces es una errónea e improcedente en derecho. *245

I

Para que una ponencia en un caso normal y corriente, elaborada y suscrita por uno de los integrantes del Tribunal, pueda ser certificada como “Opinión del Tribunal” se requiere que la misma obtenga el voto de conformidad de por lo menos cuatro de los integrantes de este Foro judicial, en la situación en que todos sus miembros intervienen en el caso, o de por lo menos la “mitad más uno” de los Jueces que participan en el caso, en la alternativa de que algunos de sus integrantes se hayan inhibido o abstenido de intervenir en el mismo.

El voto de conformidad -a diferencia de cuando meramente se “concurre con el resultado”- que le brinda un Juez a la ponencia suscrita por uno de sus compañeros magistrados significa que ese Juez está conforme no sólo con el resultado a que se llega en la ponencia emitida sino que suscribe todos y cada uno de los fundamentos que se aducen en apoyo de ese resultado. Cuando meramente se “concurre con el resultado”, no se endosan necesariamente todos los fundamentos aducidos en la ponencia en apoyo del resultado a que se llega.

Dicha función es una que no puede ser descargada “ligera” o caprichosamente por los integrantes de un tribunal colegiado como el nuestro. Como es de todos conocido, una “Opinión del Tribunal” resulta obligatoria, como precedente, para nuestros tribunales de instancia. Ello, en palabras sencillas, significa que dicha Opinión constituirá derecho vinculante en relación con las decisiones que emitan los referidos tribunales de instancia en el futuro en toda situación de hechos similar a la envuelta en el caso objeto de la “Opinión del Tribunal”. Ahí radica, naturalmente, la importancia de que los fundamentos legales que se aducen en una Opinión en apoyo del resultado propuesto sean jurídicamente correctos.

No hay duda, en resumen, que la determinación que a *246 diario tienen que hacer los integrantes de este Tribunal respecto a si endosan o no con su voto de conformidad las numerosas ponencias que se circulan en el seno del Tribunal, y si éstas ameritan o no ser publicadas como “Opinión del Tribunal”, es una importante y fundamental para nuestro sistema de derecho. Es por ello que dicha determinación sólo debe ser el producto de un análisis jurídico objetivo y desapasionado; totalmente libre el mismo de consideraciones de amistad, enojo o prejuicio personal.

Ese análisis sereno e imparcial nos impide, por los fundamentos que expondremos a continuación, dar nuestra conformidad a la opinión concurrente y disidente emitida por el Juez Asociado Señor Hernández Denton, la cual es endosada por otros dos Jueces de este Tribunal.

II

En primer lugar, el “decreto” de inconstitucionalidad contenido en la opinión concurrente y disidente suscrita por el Juez Hernández Denton -referente el mismo a las Leyes Núms. 21 (33 L.P.R.A. sec. 1447) y 22 (32 L.P.R.A. sec. 2761) de 29 de abril de 1974- es uno total y completamente innecesario. Constituye doctrina jurídica trillada que la validez de las leyes se presume; que, como consecuencia de dicha presunción, los tribunales no juzgarán ni pasarán juicio sobre la validez constitucional de un estatuto a menos que ello fuese imprescindible para poder resolver el caso ante su consideración, E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958); Bordas &. Co. v. Srio. de Agricultura, 87 D.P.R. 534 (1963); P.I.P. v. E.L.A., 109 D.P.R. 685 (1980); y que los tribunales no se anticiparán a decidir una cuestión de derecho constitucional antes de que sea necesario hacerlo. Esso Standard Oil v. A.P.P.R., 95 D.P.R. 772 (1968).

En el presente caso, la parte demandante acudió ante el tribunal de instancia en solicitud de remedio interdictal, y *247 daños y perjuicios, contra la parte demandada. Consciente el demandante de las disposiciones de las citadas Leyes Núms. 21 y 22 de 1974, las cuales establecían un trámite administrativo ante la Junta de Calidad Ambiental, notificó éste al señor Secretario de Justicia de su intención de cuestionar la constitucionalidad de los referidos estatutos.

Como surge, inclusive, de la referida Opinión concurrente y disidente emitida, en un momento dado del procedimiento habido ante el tribunal de instancia las partes estipularon la academicidad del recurso de interdicto radicadoNOTA2; únicamente quedando pendiente de resolución por el tribunal de instancia la acción independiente de daños y perjuicios incoada por la parte demandante. Resulta obvio, en consecuencia, que habiéndose convertido en académico el recurso de “injunction”, el planteamiento sobre la inconstitucionalidad de las citadas Leyes Núms. 21 y 22 de 1974 se esfumó como por arte de magia, resultando totalmente innecesario tan siquiera referirse al mismo por cuanto dicho planteamiento resulta ser total y completamente impertinente en la consideración y adjudicación de la reclamación sobre daños y perjuicios.

NOTA2. La referida estipulación tuvo como base el hecho de que el demandante Lasso de la Vega, y su familia, se mudaron de su residencia con motivo de haber vendido la misma.

Como correctamente señala el Juez Asociado Señor Negrón García en su ponencia, el tribunal de instancia utilizó, como fuente legal para la concesión de daños, el Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141. Ello hace innecesario la utilización, en esta etapa apelativa, del Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933 (32 L.P.R.A. sec. 2761). Dicho argumento no pasa de ser una excusa que utilizan estos tres compañeros Jueces con el propósito de sostener que el asunto de la constitucionalidad de la citada Ley Núm. 22 de 1974 no se ha tornado en académico. *248

Es por ello que llama poderosamente la atención su insistencia en pasar juicio sobre la constitucionalidad del mencionado estatuto “so color” o pretexto de que nos enfrentamos a una de las excepciones a la doctrina sobre academicidad. Dicho decreto de inconstitucionalidad, repetimos, se emitiría no sólo en relación a una acción que resulta ser a todas luces académica sino que se haría en grave menosprecio, y violación, de la norma de autorrestricción judicial que debemos observar al enfrentarnos a la situación en que se nos plantea la inconstitucionalidad de un estatuto; norma de autolimitación judicial que, como es sabido, se basa en el reconocido principio de que en esta clase de situaciones la revisión judicial resulta ser, en gran medida, incompatible con nuestra forma republicana de gobierno, la cual descansa sobre bases democráticas. No debe haber duda alguna, en consecuencia, de que venimos obligados a actuar en esta clase de situaciones en una forma prudente y comedida. Como certeramente indicamos en E.L.A. v. Aguayo, ante, págs. 597-599:

¿Qu é fundamento tienen esas limitaciones? ¿Han sido creadas para satisfacer las exigencias de un preciosismo técnico, o están por el contrario sustentadas por una convicción, a la cual abonan la razón y la experiencia, de cómo debe ejercitarse la gravísima responsabilidad judicial de juzgar la constitucionalidad de las actuaciones legislativas? Es indudable que constituyen un mínimo de condiciones para el ejercicio discreto y tolerable de un poder que de otro modo constituiría una clara amenaza para la calidad democrática del sistema y convertiría a los jueces en guardianes de la comunidad. Factores determinantes de estas normas son la falibilidad del juicio humano, la condición negativa del poder judicial que no posee la autoridad directa que adviene a las otras dos ramas por ser electas por el pueblo, y la convicción de que la Corte perdería su influencia y prestigio y finalmente su autoridad, si, a diario, y fuera de los estrictos límites de un genuino procedimiento judicial, estuviese pasando juicio sobre la validez constitucional de las actuaciones legislativas y ejecutivas.

… Pero hay en el caso nuestro un factor adicional. La Sección *249 4 del Artículo V de nuestra Constitución, al reconocer expresamente la facultad de este Tribunal para decretar la inconstitucionalidad de las leyes, provee como sigue: “Ninguna ley se declarará inconstitucional a no ser por una mayoría del número total de los jueces de que esté compuesto el Tribunal de acuerdo con esta Constitución o con la Ley.” Esa limitación no se encuentra en la Constitución federal ni en las de la gran mayoría de los estados de la Unión. ¿ Por qué se incluyó en la nuestra? Afortunadamente, el extenso debate que precedió a su aprobación por la Convención Constituyente nos ofrece la respuesta. Está explicada sucintamente en las siguientes palabras:

“Yo quiero decir que hace tiempo que se viene discutiendo por las personas preocupadas por estos problemas constitucionales si es válido, si es razonable que un grupo de jueces reducido… tenga la prerrogativa de ir en contra de la voluntad expresada por el pueblo al ordenar un programa de legislación que es luego puesto en ejecución por los legisladores electos a base de ese programa.

… Sencillamente eso lo que requiere es que una ley, y no empecemos por ley cuando ya está en los estatutos, sino que una disposición que una Cámara de Representantes creyó que era buena y que era constitucional y que un Senado creyó que era buena y que era constitucional y que un ejecutivo creyó que era buena y que era constitucional, antes de convertirse en ley, se requiera que una mayoría absoluta de los jueces para decir que no lo es, tengan que concurrir y que no pueda resultar, resuelto así, contra la propia mayoría de la Cámara, contra la opinión de la mayoría del Senado y contra la opinión del Ejecutivo, resuelto por una minoría del tribunal.”

Evidentemente, la Convención tuvo plena conciencia de la “gravedad y delicadeza” de esta función judicial y actuó para limitarla aún más de lo que voluntariamente lo han hecho los tribunales federales. (Énfasis suplido y escolios omitidos.)

La acción que proponen estos tres Jueces ciertamente no es ejemplo de prudencia y circunspección judicial. El curso decisorio a seguir en el presente caso -la adjudicación y solución de la acción remanente de daños y perjuicios mediante la emisión de una simple “Sentencia” a esos efectos- es tan obvio y palpable, que hace que su propuesta, esto es, la de decretar la inconstitucionalidad de las Leyes Núm. 21 y 22 de 1974, sea una completamente desacertada,*250 totalmente enajenada de “la gravedad y delicadeza” con que debemos ejercer la función judicial que desempeñamos. E.L.A. v. Aguayo, ante. La misma únicamente puede responder a una de dos motivaciones: la insaciable sed de publicar “Opiniones” o la existencia de un interés, o agenda, particular y personal.

III

Independientemente de lo anteriormente expuesto examinamos, en segundo lugar, la juridicidad de los fundamentos expuestos por estos Jueces en apoyo de su propuesto decreto de inconstitucionalidad. La misma, cuando menos, es una cuestionable y dudosa.

La Sec. 3 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que:

No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de la iglesia y el estado. Art. II, Sec. 3, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 262.

¿Qué tuvieron en mente los integrantes de la Asamblea Constituyente al incorporar a nuestro ordenamiento la antes transcrita disposición constitucional? El historial al respecto de la Constituyente, aun cuando algo parco, es sumamente revelador: llana y sencillamente incorporaron en su totalidad la teoría constitucional norteamericana referente a la Primera Enmienda de la Constitución federal según ésta ha sido interpretada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Ello así diáfanamente surge de un examen del Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico. En palabras del delegado Lcdo. José Trías Monge:

O sea, aquí hay dos principios básicos que se instituyen en esta sección. Uno es el principio de separación del Estado e *251 Iglesia, tal como ha sido consignado en la Constitución federal y el cual seguirá su desarrollo normal vía las interpretaciones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Naturalmente que [en] distintas situaciones que pudiésemos imaginar en estos momentos, pues sería difícil una contestación precisa [en] muchos [casos] a estas situaciones, porque estamos enchufados ante el sistema constitucional norteamericano en esta fase específica. O sea, son nuestras las garantías en cuanto a libertad de religión que se han instituido en la Constitución de los Estados Unidos. Estamos idénticamente, formando parte de ese sistema constitucional. (Énfasis suplido.)NOTA3

NOTA3. 2 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1483-1484 (1952).

A esos mismos efectos, en Agostini Pascual v. Iglesia Católica, 109 D.P.R. 172, 175 (1979), este Tribunal expresó que:

La primera oración [de la transcrita Sección 3] incluye dos cláusulas familiares de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos: la referente a la libertad de culto y la que prohíbe el establecimiento de una religión oficial. La tercera disposición guarda estrechos vínculos con las otras dos y, aunque es nueva en su forma, tiene una larga historia. Esta tercera cláusula refleja fundamentalmente la teoría de Madison de que la relación ideal entre el Estado y la Iglesia exige el reconocimiento de dos esferas de acción separadas. (Énfasis suplido.)

Conforme surge del excelente análisis histórico que realiza el hoy Juez Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Hon. William Rehnquist, en la Opinión Disidente que emitiera en Wallace v. Jaffree, 472 U.S. 38, 91 (1984), James Madison y Thomas Jefferson nunca tuvieron en mente que entre el Estado y la Iglesia debería de existir una “pared de separación’D’ (the Wall); por el contrario, y conforme demuestra el Juez Presidente Rehnquist, el pensamiento de éstos fue a los efectos de que la prohibición contenida en la Primera Enmienda de la Constitución federal únicamente iba dirigida a impedir el establecimiento de una religión oficial nacional y prohibir que el Estado discriminara entre sectas religiosas. *252

La referida Opinión del Juez Hernández Denton pretende erróneamente revivir, con toda su fuerza, la hoy obsoleta, maltrecha y desacreditada teoría de la “pared de separación’D’ (the Wall) entre Iglesia y Estado que hace muchos años elaboró el Tribunal Supremo federal en Everson v. Board of Education, 330 U.S. 1, 16 (1947). Dicha Opinión concurrente y disidente pasa por alto, o ignora, el hecho de que inclusive el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en posteriores decisiones, ha reconocido que la referida teoría de la “pared de separación’D’ meramente constituye una “borrosa, indistinta y variable barrera” que “no es enteramente precisa” y que “apenas puede ser percibida”. Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602, 614 (1971); Tilton v. Richardson, 403 U.S. 672, 677-678 (1971); Wolman v. Walter, 433 U.S. 229, 236 (1977); Lynch v. Donnelly, 465 U.S. 668, 673 (1984); y pierde de perspectiva que la teoría de la “separación absoluta” entre Iglesia y Estado ha sido prácticamente abandonada por el Tribunal Supremo federal, acercándose cada día más dicho Foro judicial a la teoría de neutralidad de parte del Estado. Cf.: Roemer v. Maryland Public Works Bd., 426 U.S. 736, 747 (1976); L.H. Tribe, Constitutional Law, 2da ed., Nueva York, Foundation Press, 1988, págs. 1166-1167.

Igualmente errónea, por otro lado, resulta ser la insistencia de estos tres integrantes del Tribunal en continuar aplicando literalmente, como obedientes y autómatas escribientes, el “criterio” (test) originalmente elaborado por el Tribunal Supremo federal en Lemon v. Kurtzman, ante, que prohíbe aquella acción estatal que contiene un “propósito o efecto sectario” y que causa un “envolvimiento excesivo impermisible” con la religión. La referida Opinión concurrente y disidente emitida, la cual pretende que se aplique el mencionado “criterio” en la solución del recurso ante nuestra consideración como si el mismo no hubiera sufrido erosión alguna en la esfera federal, nuevamente pasa por alto, o ignora, que el referido “criterio” ha sido *253 posteriormente descrito por los integrantes del Tribunal Supremo federal como meramente una “guía’D’, Committee for Public Education v. Nyquist, 413 U.S. 756 (1973); y como uno “no más útil que la señal de un poste”, Mueller v. Allen, 463 U.S. 388 (1983); Larkin v. Grendel’s Den, Inc., 459 U.S. 116 (1982). Como si ello fuera poco, tenemos que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en Lynch v. Donnelly, ante, expresó que el referido “criterio” era uno que nunca había sido obligatorio (binding) para dicho alto Tribunal, negándose dicho Foro, inclusive, a aplicar el mismo en dos casos que llegaron ante su consideración. Véanse: Marsh v. Chambers, 463 U.S. 783 (1983); Larson v. Valente, 456 U.S. 228 (1982).

Como resulta obvio de todo lo anteriormente expuesto, la Opinión del Juez Hernández Denton, la cual decretaría la inconstitucionalidad de las citadas Leyes Núms. 21 y 22 de 1974 es una que no sólo se emitiría en relación con un asunto que se tornó académico, sino que la misma descansa sobre unas maltrechas y obsoletas teorías constitucionales que son aplicadas en forma automática y mecánica por el Tribunal. En fin, se trataría de una decisión innecesaria, poco imaginativa y creadora de este Foro, que no aporta nada nuevo a nuestra jurisprudencia; razones por las cuales nunca podría ser certificada como “Opinión’D’ de este Tribunal.

IV

Por último, disentimos vehementemente de la acción de la mayoría del Tribunal confirmando la actuación del foro de instancia concediéndole a la parte demandante, por concepto de las “angustias mentales” alegadamente sufridas por dicha parte como consecuencia de la supuesta conducta dañina observada por la demandada Iglesia Cristiana Pentecostal La Nueva Jerusalem, la improcedente suma de veinticinco mil dólares ($25,000). *254

De entrada debemos señalar que -a pesar de que nos resulta un tanto difícil comprender cómo el escuchar la palabra de Dios, y cánticos alusivos a Éste, pueda causarle daño a una persona- reconocemos que unos servicios religiosos pueden “pertubar” la paz y tranquilidad de un vecindario si los mismos son ampliados y retransmitidos fuera de la iglesia en forma estentórea y exagerada.

Ello no obstante, somos del criterio que, dados los hechos particulares y específicos del presente caso, constituye un grave error, y una trágica injusticia, la acción del Tribunal al confirmar la actuación del tribunal de instancia sobre concesión de daños. En primer lugar, las determinaciones de hecho en que descansa dicha actuación no son confiables. Las mismas forman parte de una “sentencia” que a todas luces fue un “proyecto de sentencia” que le fuera sometido por la parte demandante al juez de instancia y que éste firmara a ciegas.NOTA4 Varias son las ocasiones en que este Tribunal ha manifestado su preocupación sobre ello. Como es sabido, hemos expresado que a pesar de que no existe una prohibición como tal al respecto, dichos proyectos únicamente deben ser utilizados como “documentos de trabajo” (working papers). Ello debido a que la sentencia que emite un tribunal de instancia debe enteramente ser el producto del pensamiento, análisis y criterio jurídico del juez sentenciador y no de los abogados de las partes. Véanse: Malavé v. Hosp. de la Concepción, 100 D.P.R. 55 (1971); Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 D.P.R. 500 (1982); Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 D.P.R. 35 (1986); Báez García v. Cooper Labs., Inc., 120 D.P.R. 145 (1987); Canon 2 de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A. *255

NOTA4. La “mejor evidencia” de ello lo constituye la sentencia emitida por el foro de instancia. En la página doce, última página de la misma, el abogado que preparó dicho proyecto de sentencia dejó “en blanco” -para ser llenado, a mano y en tinta, por el juez de instancia- las partes correspondientes a las sumas de dinero a concederse por concepto de indemnización y honorarios de abogado. Dicho magistrado así lo hizo.

Por otro lado, un análisis cuidadoso de la transcripción de evidencia que ordenáramos preparar en el presente caso demuestra que la prueba que la parte demandante presentara respecto a la alegada conducta nociva observada por la Iglesia y a las alegadas angustias mentales que sufriera dicha parte como consecuencia de los servicios religiosos que llevara a cabo la Iglesia demandada es una que no sólo luce cuidadosamente preparada y orquestada sino que la misma es contradictoria, no representando las determinaciones de hecho realizadas por el tribunal de instancia el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia que desfilara ante dicho tribunal, razón por la cual las mismas no deberían de prevalecer. Sanabria v. Sucn. González, 82 D.P.R. 885 (1961); Maryland Casualty Co. v. Quick Const. Corp., 90 D.P.R. 329 (1964); Abudo Servera v. A.T.P.R., 105 D.P.R. 728 (1977); Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 D.P.R. 357 (1982).

La mejor evidencia de lo antes expresado lo constituye el hecho de que conforme el testimonio prestado por el Sr. Héctor L. Valencia Class -quien declaró como testigo de la parte demandante y que se desempeña como Inspector de la División de Control de Ruido de la Junta de Calidad Ambiental- en la ocasión en que él inspeccionó el lugar encontró o determinó que el sonido que provenía de la Iglesia demandada ascendía a “unos niveles de sesenta … y un decibel”, no excediendo dicho nivel del “límite establecido por el reglamento para el control de la contaminación por ruido”, el cual es el de sesenta y cinco (65) decibeles.NOTA5 Después de todo no debemos olvidar que, aun cuando el arbitrio del juzgador de los hechos es respetable, una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la función revisora de este Tribunal. Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 D.P.R. 826 (1978). *256

NOTA5. Véase la pág. 23 de la Transcripción de Evidencia correspondiente a la vista celebrada ante el tribunal de instancia el día 10 de noviembre de 1986.

Resulta, a nuestro entender, verdaderamente lamentable que este Tribunal prácticamente condene a la ruina económica a una institución religiosa a base de una prueba altamente sospechosa e irreal, la cual adolece de espontaneidad y veracidad. La errónea decisión mayoritaria hoy emitida únicamente puede deberse a la inexperiencia de algunos miembros de este Tribunal en la aquilatación de prueba y al criterio, erróneo y personal, reinante en la mayoría del Tribunal a los efectos de que el derecho a la intimidad es uno de mayor rango e importancia que el derecho a la libertad de culto.

No hay duda de que los integrantes de este Tribunal tienen el derecho absoluto a pensar acorde con su particular y personal visión de la vida y del mundo en que se desenvuelven; derecho que, inclusive, les permite ser creyentes o agnósticos. A lo que no tienen derecho los miembros de esta Institución es a resolver los asuntos judiciales que vienen ante la consideración de este Foro conforme a esas creencias personales con total abstracción de lo que es o no justo y jurídicamente procedente.NOTA6

NOTA6. La prueba que desfilara ante el tribunal de instancia demostró no sólo que el sonido proveniente de los servicios religiosos que llevaba a cabo la Iglesia demandada no excedía del nivel máximo permitido por la Junta de Calidad Ambiental, sino que dicha Iglesia contaba con el permiso correspondiente emitido por las autoridades pertinentes, la Administración de Reglamentos y Permisos -A.R.PE.- para estar localizada en el vecindario en controversia. Surge de la prueba presentada a nivel de instancia que A.R.PE. concedió el permiso correspondiente el día 19 de diciembre de 1980.

Mediante la decisión hoy emitida, este Tribunal le ha negado a la Iglesia Cristiana Pentecostal La Nueva Jerusalem -institución sin fines de lucro que predica la moral, la paz y la justicia divina- la justicia terrenal a que la misma tiene derecho. Nos negamos a ser cómplices de dicha actuación.

En consecuencia, y por los fundamentos antes expresados, estamos conformes con la decisión de una mayoría de *257 los integrantes del Tribunal de abstenerse de entrar a considerar la constitucionalidad de la Ley Núm. 22 de 29 de abril de 1974.

Disentimos, sin embargo, de la determinación mayoritaria que concede la suma de veinticinco mil ($25,000) a la parte demandante por los alegados daños y perjuicios sufridos por dicha parte.

–O–

Opinión concurrente y disidente emitida por el Juez Asociado Señor Hernández Denton, a la cual se unen el Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Andréu García.

Este recurso nos permite examinar la constitucionalidad de la Ley Núm. 22 de 29 de abril de 1974, Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933 (32 L.P.R.A. sec. 2761), que excluye a las instituciones religiosas de la acción interdictal por perturbación o estorbo público. En específico, adjudicamos una controversia que es secuela de nuestra decisión en Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 102 D.P.R. 20 (1974), donde resolvimos que los ciudadanos podían utilizar el injunction de estorbo público para vindicar su derecho a la paz y tranquilidad en sus hogares contra actuaciones de otras personas y entidades, incluyendo a las instituciones religiosas.

La controversia en el caso de autos nos obliga nuevamente a resolver un conflicto entre estos derechos fundamentales y establecer un balance entre la libertad de culto y el derecho de intimidad al amparo de la cláusula constitucional que prohíbe el establecimiento de una religión. En vista de la importancia en nuestra sociedad de los valores protegidos por estos preceptos constitucionales, y considerando que en la interacción humana y comunitaria se generan conflictos entre ellos, corresponde a este Tribunal la *258 responsabilidad constitucional de proveer un foro para ventilar las diferencias y establecer un balance adecuado entre los distintos intereses. También tenemos la ineludible obligación de ser los intérpretes finales de la Constitución y de pautar las normas que guíen a futuras generaciones y ayuden a resolver los conflictos en una sociedad pluralista y democrática.

Desafortunadamente, en el caso de autos el Tribunal no ha descargado cabalmente esta responsabilidad. Aunque estamos conformes con la modificación de las cuantías concedidas para indemnizar los daños sufridos por la familia Lasso de la Vega, disentimos de la decisión del Tribunal de revocar el dictamen de inconstitucionalidad de la Ley Núm. 22, supra. Con esta decisión este Foro pospone la resolución de una controversia de gran importancia y falta a su obligación de imprimir mayor certeza a nuestro derecho en un asunto que genera polémicas intensas en todo el país. Véase la opinión disidente del Juez Presidente Señor Pons Núñez en Pueblo Int’l, Inc. v. Srio. de Justicia, 122 D.P.R. 703 (1988).

Por las razones expuestas en esta opinión, resolveríamos que la Ley Núm. 22, supra, y el Art. 4.6 del Reglamento para el Control de Contaminación por Ruidos de la Junta de Calidad Ambiental, versión enmendada, de 25 febrero de 1987 (en adelante Reglamento), son inconstitucionales por estar en conflicto con la Sec. 3 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, que prohíbe el establecimiento de cualquier religión.

I

Después de gestionar infructuosamente ante la Policía de Puerto Rico y la Junta de Calidad Ambiental el control de los ruidos provenientes de un templo aledaño a su residencia, el Sr. Cayetano Lasso de la Vega y sus hijos presentaron*259 una solicitud de entredicho provisional, e injunction preliminar y permanente contra la Iglesia Cristiana Pentecostal La Nueva Jerusalem (en adelante Iglesia) y sus ministros ante la Sala de Caguas del Tribunal Superior.

Lasso de la Vega notificó al Secretario de Justicia su intención de impugnar la constitucionalidad de la Ley Núm. 22, supra, sobre estorbo público, la Ley Núm. 21 de 29 de abril de 1974 (33 L.P.R.A. sec. 1447), y el Art. 4.6 del Reglamento porque estos excluían a la iglesia de su aplicación.

El 29 de octubre de 1986 el tribunal de instancia emitió una orden ex parte de entredicho provisional para que los demandados moderaran el uso de los instrumentos musicales, eliminaran las bocinas del templo y se abstuvieran de realizar actos que afectaran la intimidad y la propiedad de los demandados.

La orden estuvo en vigor hasta el 10 de noviembre de 1986 cuando, tras la celebración de una vista, se expidió un injunction preliminar. Nuevamente se le prohibió a los demandados usar bocinas en el templo, utilizar indiscriminadamente instrumentos musicales, cantar a viva voz de forma exageradamente alta y realizar otros actos similares. El 26 de febrero de 1987 se celebró una vista en rebeldía, a la cual compareció el Estado a defender la constitucionalidad de las leyes. Escuchada la prueba, el tribunal dictó sentencia en rebeldía y expidió el injunction solicitado.

Ante una moción de relevo de sentencia, el tribunal a quo ordenó la celebración de una vista en la cual el Estado sometió su caso a base de un memorando de derecho previamente presentado. Examinada la prueba, el foro de instancia concluyó como cuestión de hecho que la iglesia, ubicada a treinta (30) metros de la residencia de la familia Lasso de la Vega, celebraba servicios religiosos cuatro (4) veces por semana: martes, miércoles y jueves por la noche, y los domingos entre las 8:00 A.m. y 1:00 P.m. Durante esas *260 ceremonias, los feligreses cantaban himnos en alta voz, hablaban a través de altoparlantes y utilizaban distintos instrumentos de viento y percusión, inclusive guitarras eléctricas, en forma exagerada, de tal modo que el ruido producido trascendía el ámbito del local y afectaba la paz y tranquilidad de los vecinos. Como el templo no tenía aire acondicionado ni paredes o techos acústicos, el sonido producido en las ceremonias se esparcía por todo el vecindario, particularmente sobre la residencia de la familia perjudicada.

El tribunal a quo concluyó también que las gestiones extrajudiciales de los demandantes para solucionar su situación fueron inútiles. En la sentencia el tribunal determinó que la Junta de Calidad Ambiental no tenía los recursos necesarios para resolver eficazmente la querella sometida por el señor Lasso de la Vega. Del testimonio pericial se desprende que la agencia sólo tenía dos (2) inspectores para efectuar las pruebas de medición de ruidos en todo el país y que les tomaba alrededor de doscientos cincuenta y seis (256) días resolver una querella. Por su parte, la Policía de Puerto Rico no intervino en la disputa porque la ley expresamente excluye del alcance del estatuto los sonidos producidos durante las ceremonias religiosas.

Agobiados los demandantes por la intensidad y la frecuencia de sonidos intolerables, y abrumados por la irritación y la desesperación, el tribunal determinó que éstos sufrieron graves daños emocionales que perturbaron su vida familiar y cambiaron sus respectivas personalidades. T.E., págs. 134-164. En su sentencia, el tribunal de instancia determinó que los sonidos excesivamente altos afectaron profundamente la convivencia familiar y ocasionaban severos conflictos entre Lasso de la Vega y sus hijos. Apuntó el tribunal, por ejemplo, que los hijos tenían que posponer sus estudios escolares hasta altas horas de la noche. La familia tampoco podía disfrutar de las actividades recreativas básicas de un hogar, tales como ver la televisión,*261 escuchar la radio o hablar por el teléfono. La situación desesperante llegaba a tal extremo que tampoco podían sostener conversaciones normales entre ellos y sus amistades; por consiguiente, se afectaron considerablemente las visitas a su hogar.

Como resultado de esta situación, Nancy Lasso de la Vega tuvo que recurrir a un especialista de la conducta humana para que la ayudara a enfrentarse a la situación. Por su parte, a Lasso de la Vega se le alteró su personalidad a tal extremo que cuando se celebró la vista estaba “a punto de desmoronarse sicológicamente’D’. Sentencia, pág. 6. Como consecuencia de toda esta situación, el tribunal a quo señaló finalmente que la vida privada del demandante se había convertido “en un verdadero infierno para él y su familia”. Íd. En tales circunstancias, era imposible la convivencia familiar pacífica.

Ante este cuadro fáctico de angustia y desesperación, y la ausencia de un instrumento eficaz para vindicar los derechos de la familia Lasso de la Vega, el tribunal decretó la inconstitucionalidad de las Leyes Núms. 21 y 22, supra, y la Sec. 1 de la Ley Núm. 71 de 26 de abril de 1940 (33 L.P.R.A. sec. 1443). También dictaminó, específicamente, que la forma en que los demandados practicaban el culto constituía un estorbo público. Concluido que esas actividades interrumpieron el libre y cómodo uso de su hogar, el tribunal a quo, al amparo del Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, expidió el interdicto y condenó a los demandados a pagar solidariamente la suma de sesenta y cinco mil dólares ($65,000) por los daños y perjuicios ocasionados, y tresmil quinientos dólares ($3,500) por concepto de honorarios de abogado.

Dictada la sentencia, Lasso de la Vega presentó una moción de desacato. En la vista señalada, la parte demandada argumentó que Lasso de la Vega había vendido su propiedad y, por lo tanto, el remedio de injunction resultaba académico. El tribunal acogió el planteamiento de la Iglesia*262 y dejó sin efecto únicamente el remedio del injunction, manteniendo el decreto de inconstitucionalidad de las leyes y la determinación de daños que procedía bajo el Código de Enjuiciamiento Civil.

Ante nos, los apelantes sostienen que erró el tribunal de instancia al declarar inconstitucionales las leyes antes mencionadas. Añaden que el demandante no tenía legitimación activa, que la controversia se tornó académica y que se concedieron daños especulativos.

II

Evaluemos inicialmente los aspectos de academicidad y legitimación activa. Los apelantes sostienen que la controversia es académica porque el señor Lasso de la Vega vendió su propiedad durante los procedimientos de ejecución de sentencia. De los autos se desprende que en la vista de desacato las partes estipularon la academicidad del injunction y el tribunal dejó sin efecto el interdicto preliminar. No obstante, el foro de instancia ratificó su decreto de inconstitucionalidad de las leyes en controversia y dejó en vigor su determinación de daños.

La doctrina de academicidad aplica cuando, aun cumplidos los requisitos de justiciabilidad, cambios factuales o judiciales acaecidos durante el trámite judicial de una controversia convierten en académica o ficticia su solución. Esta doctrina persigue: (1) evitar el uso innecesario de los recursos judiciales; (2) asegurar la existencia de suficiente adversidad sobre las controversias para que sean adecuada y vigorosamente presentadas por ambas partes, y (3) evitar un precedente innecesario. Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715 724-725 (1980).NOTA1 *263

NOTA1. Aunque en reiteradas ocasiones el Tribunal ha adoptado implícitamente las expresiones sobre la doctrina de academicidad vertidas en la Parte II de Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 724-728 (1980), este caso nos hubiese permitido ratificar expresamente los pronunciamientos allí hechos. Véanse: El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988); Hosp. San Pablo v. Hosp. Hnos. Meléndez, 123 D.P.R. 720 (1989); Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704 (1991).

Existen, sin embargo, excepciones a la aplicación de la doctrina de academicidad: (1) cuando la decisión del tribunal no afecta a las partes litigantes, pero está presente una cuestión recurrente o repetitiva, Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704 (1991); El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988) -véanse, también, a modo ilustrativo: Lewis v. Continental Bank, 110 S.Ct. 1249 (1990); Honig v. Doe, 484 U.S. 305 (1988); Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973)- (2) cuando la propia parte demandada termina voluntariamente su conducta ilegal, Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, supra -véanse, a modo ilustrativo: Teachers v. Hudson, 475 U.S. 292, 305 (1986); City of Mesquite v. Aladdin’s Castle, Inc., 455 U.S. 283 (1982)- y (3) cuando la situación de hechos fue cambiada voluntariamente por el demandado, pero no tiene visos de permanencia (véanse, a modo ilustrativo: Gwaltney v. Chesapeake Bay Foundation, 484 U.S. 49, 66 (1987); United States v. W.T. Grant Co., 345 U.S. 629 (1953)).

De igual manera se plantea una excepción a esta doctrina cuando, en conformidad con la Regla 20 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, el tribunal ha certificado una clase y la controversia se torna académica para uno de los miembros, pero no para el representante de la clase. Véanse, a modo ilustrativo: Sosna v. Iowa, 419 U.S. 393 (1975); Franks v. Bowman Transportation Co., 424 U.S. 747 (1976). También se extiende a los casos que aparentan ser académicos pero en realidad no lo son por sus consecuencias colaterales. El Vocero v. Junta de Planificación, supra; Noriega v. Gobernador, 122 D.P.R. 650 (1988); R. Serrano Geyls, Derecho constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Inst. Educación Práctica, 1986, Vol. I, págs. 122-126; L.H. Tribe, American Constitutional Law, *264 2da ed., Nueva York, the Foundation Press, 1988, Sec. 3-11, págs. 84 y 91-92.

En el caso de autos, el conflicto entre los sonidos intolerablemente altos de las ceremonias religiosas y el derecho a la intimidad y tranquilidad de los vecinos es una controversia recurrente en otras comunidades; por estar sujeta a evadir su adjudicación, requiere un pronunciamiento de este Tribunal. El Vocero v. Junta de Planificación, supra; Hosp. San Pablo v. Hosp. Hnos. Meléndez, 123 D.P.R. 720 (1989); Asoc. de Periodistas v. González, supra. Tan recurrente es esta controversia que para la fecha en que se dictó la sentencia había aproximadamente tres mil 3,000 querellas pendientes. Además, ejemplo patente de la evasión de revisión judicial es el presente caso donde, por la lentitud e ineficacia de los procedimientos de la Junta de Calidad Ambiental para controlar los sonidos intolerablemente altos que afectaron al demandante, éste se vio obligado a mudarse a otro lugar antes de que este Tribunal pudiera pasar juicio sobre la constitucionalidad de la citada Ley Núm. 22. Véase Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, supra, págs. 725-727.

Por otro lado, el Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, supra, provee dos (2) remedios distintos contra las perturbaciones o estorbos que afecten “el cómodo goce de la vida o de los bienes”. Estos son: que “cese aquella [perturbación], así como decretar el resarcimiento de los perjuicios”. 32 L.P.R.A. sec. 2761.

Por eso hemos resuelto que la causa de acción bajo este precepto tiene un propósito dual, y al aplicar el Art. 277, supra, “hay dos fines que cumplir: (1) reducir la perturbación hasta el punto que sea compatible con el cómodo disfrute de la propiedad y (2) compensar los daños ocasionados hasta el momento del juicio”. (Énfasis suplido.) Casiano Sales v. Lozada Torres, 91 D.P.R. 488, 499 (1964). Véanse, también: *265 Ortega Cabrera v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 612, 617 (1973); Torres v. Rodríguez, 101 D.P.R. 177, 181 (1973).

Por la naturaleza independiente de estos remedios, no es necesario que proceda o subsista uno como requisito previo para otorgar el otro. Así, no hay que esperar a que exista un perjuicio o daño para tener derecho al remedio de injunction. Carreras v. Municipio, 56 D.P.R. 95, 97 (1940). De igual manera, se retiene el derecho a recobrar daños por las perturbaciones sufridas a pesar de que la persona afectada se haya visto obligada a mudarse a otro lugar para mitigar su daño, o haya cesado la perturbación.

En Ríos v. Municipio de San Sebastián, 106 D.P.R. 172 (1977), dejamos sin efecto un injunction concedido contra el Municipio por haber cesado el estorbo que constituía un vertedero público. Además, en Arcelay v. Sánchez, 77 D.P.R. 824, 848 (1955), la demandante, “por causa de la perturbación mantenida por el demandado … se fue de la casa trasladándose a otra de su propiedad”, donde residía al momento del juicio. Sin embargo, en ambos casos dejamos en vigor la concesión de daños anteriormente sufridos como consecuencia de los estorbos.

Resultaría indefendible la práctica de obligar a un demandante a soportar, a través de todo el proceso judicial, los perjuicios a su salud, molestias, angustias o trastornos causados por el demandado como requisito previo a reconocerle su derecho a una compensación por el perjuicio ocasionado por el estorbo.NOTA2 *266

NOTA2. Debe advertirse que nuestro Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933 (32 L.P.R.A. sec. 2761) proviene del Código Civil de California, que dispone:

“Anything which is injurious to health, or is indecent or offensive to the senses, or an obstruction to the free use of property, so as to interfere with the confortable enjoyment of life or property, or unlawfully obstructs the free passage or use, in the customary manner, of any navigable lake, or river, bay, stream, canal, or basin, or any public park, square, street, or highway, is a nuisance.” Cal. Civil Code Sec. 3479 (West 1954).

Este remedio se distingue del de daños y perjuicios por negligencia en cuanto, bajo esta disposición, no hay que probar la existencia de culpa o negligencia por parte del perturbador. La responsabilidad es absoluta una vez se determina que existe el estorbo. 36 California Jurisprudence 2d, Sec. 61, pág. 539. De aquí que las doctrinas de estorbo y negligencia sean separadas y distintas y requieran prueba distinta. Torts: Distinction Between Negligence and Nuisance, 6 Cal. L. Rev. 228, 229 (1917-18).

A raíz de nuestra determinación en Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, supra, pág. 29, al efecto de que el Art. 277, Ley Contra Perturbaciones o Estorbos, supra, es “el remedio adecuado para reivindicar los derechos” de los demandantes en este tipo de casos, la Asamblea Legislativa expresamente negó a nuestros ciudadanos el derecho tanto a un injunction como a la reparación de daños cuando es el culto en una iglesia el que constituye un estorbo: “[L]o aquí provisto no podrá aplicarse a las actividades relacionadas con el culto público practicado por las diferentes religiones.” Art. 277, supra.

En el caso de autos, el tribunal de instancia resolvió que dicha exclusión era inconstitucional y concedió los dos (2) remedios que provee el citado Art. 277 contra todo estorbo: el injunction y los daños. Una vez dictada la sentencia, otros hechos obligaron a dejar sin efecto únicamente el injunction expedido. Sin embargo, prevaleció el decreto de inconstitucionalidad y la determinación de daños causados por los estorbos públicos. Por lo tanto, el hecho de que el injunction a nivel de desacato se tornara académico, no necesariamente implica que la totalidad del recurso deba sufrir ese mismo destino. En la medida en que aún hay que determinar si proceden los daños bajo el Art. 277, supra, los cuales fueron sufridos independientemente de que los demandantes hayan vendido su residencia, es necesario expresarnos sobre la validez de la Ley Núm. 22, supra, que autoriza a recobrar dichos daños contra todo perturbador, excepto contra las iglesias.

Resolver lo contrario implicaría que un litigante afectado por un estorbo o perturbación no podría recobrar daños bajo esta ley, a pesar de haberlos sufrido, a menos que solicite, le sea concedido y subsista el injunction. Esto es *267 contrario a las disposiciones del citado Art. 277, que expresamente provee dos (2) remedios distintos contra los estorbos públicos.

Ante nos los apelantes cuestionan los daños concedidos y sostienen que el estatuto impedía que las iglesias tuvieran que reparar cualquier perjuicio causado por perturbar la tranquilidad de sus vecinos. Examinado el ordenamiento estatutario y los remedios duales establecidos por el citado Art. 277, solamente si se sostiene el decreto de inconstitucionalidad de la Ley Núm. 22, supra, es que se le pueden conceder daños a la familia Lasso de la Vega por los agravios sufridos. En estas circunstancias, un pronunciamiento de esta Curia definitivamente ha de tener “ ‘efectos prácticos sobre una controversia existente’ ”. (Énfasis suprimido.) El Vocero v. Junta de Planificación, supra, pág. 123. Véase E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 584 (1958).

Por lo tanto, en la situación factual del caso de autos, existe una controversia justiciable entre las partes y este Tribunal tiene el deber ineludible de examinar la validez del estatuto que excluye a las iglesias del alcance del citado Art. 277. Para esta familia la controversia nunca ha dejado de ser justiciable precisamente porque los sonidos de la iglesia no sólo les causaron daños emocionales de carácter permanente, sino que también tuvieron que dejar su hogar en busca de un lugar donde pudiesen disfrutar de la paz y tranquilidad que no tuvieron cerca de la iglesia.NOTA3 Cometeríamos una gran injusticia con esta familia si, después de esperar tanto tiempo por un remedio judicial, ahora invocásemos una norma de autolimitación para evitar hacer pronunciamientos sobre una controversia viva y real entre las partes. *268

NOTA3. “En su esencia, este caso trata de uno de los valores más preciados de la vida civilizada: la vivienda, que sin ser fastuosa, sea tranquila, serena y agradable; el hogar en el cual el ser humano busca tranquilidad espiritual y física luego de un día gastado en la lucha económica de la sociedad industrial contemporánea.’D’ Torres v. Rodríguez, 101 D.P.R. 177, 178 (1973).

Por las razones que anteceden, concluimos que el caso de autos no es académico. Decidir lo contrario equivaldría a abdicar a nuestra responsabilidad constitucional de adjudicar la controversia de gran importancia para el país que se presenta en este recurso.

III

Por otro lado, los demandados apelantes sostienen que debido a la inexistencia de una controversia real y efectiva en el caso de autos, los demandantes carecen de legitimación activa para impugnar la ley, tanto en su carácter individual como en virtud del derecho de terceros. Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267 (1975).

La doctrina de legitimación activa requiere que la persona en cuestión tenga un interés legítimo afectado. En Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124 D.P.R. 559 (1989), señalamos que la legitimación activa requiere capacidad para demandar e interés legítimo en la causa de acción. Ese interés se manifiesta en el reclamo de daños palpables a los derechos constitucionales. Por otro lado, el daño debe ser de tal índole que con toda probabilidad pueda proseguir vigorosamente su causa de acción. Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407 (1982). Existe una nueva visión flexible y liberal en la interpretación de los requisitos de legitimación activa. Su propósito es darle protección a las partes que acuden ante nos solicitando la vindicación de sus derechos. Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, supra.

En el caso de autos es evidente el interés individual afectado. Los demandantes alegaron y probaron el sufrimiento de graves angustias mentales, consecuencia directa del intolerable nivel de sonidos provenientes de las actividades religiosas en la Iglesia. Ante este cuadro factual, Lasso de la Vega tenía legitimación activa para impugnar la constitucionalidad de la Ley Núm. 22, supra. *269

Con respecto a la Ley Núm. 21,NOTA4 supra, y a la Sec. 1 de la Ley Núm. 71,NOTA5 supra, la situación es distinta, ya que estas leyes son de naturaleza penal. En estatutos criminales, la persona agraviada por una conducta no tipificada como delito no tiene, de ordinario, legitimación activa para impugnarlos. Como consecuencia, se equivocó el tribunal sobre este particular y coincidimos con la sentencia de este Tribunal que revoca el decreto de inconstitucionalidad de la legislación penal incluida en la Ley Núm. 21, supra, y en la Sec. 1 de la Ley Núm. 71, supra.

NOTA4. “Quedan exentos del cumplimiento de las secs. 1443 a 1448 de este título los conductores de ambulancias y carros de bombas de incendio mientras estuvieren prestando el servicio apropiado a la naturaleza de dichos vehículos. No se entenderá que es ruido innecesario el producido por las campañas de las iglesias en el ejercicio de sus funciones y cultos religiosos, así como tampoco el que puedan generar los cultos o ritos de las iglesias, sectas o denominaciones religiosas debidamente establecidas; Disponiéndose que nada de lo aquí dispuesto limitará los poderes de la Junta de Calidad Ambiental para promulgar los reglamentos a que está autorizada por ley. (Énfasis suplido.) 33 L.P.R.A. sec. 1447.

NOTA5. “Por la presente se prohíben los ruidos innecesarios de todas clases provenientes del uso del claxon o aparato de alarma en la zona urbana, radios en casas de comercio, cafés y otros sitios públicos, altoparlantes que circulen por las calles con fines comerciales, campanas del tranvía eléctrico, pitos del tren en la zona urbana, bocinas y sirenas de bicicletas, y cualesquiera otros también innecesarios que se produzcan por medio de cualquier otro aparato, utensilio o instrumento, no importa su nombre, naturaleza o denominación.’D’ 33 L.P.R.A. sec. 1443.

IV

Los apelantes cuestionan la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Núm. 22, supra. Este estatuto enmendó el Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, a los fines de excluir a las instituciones religiosas de la acción interdictal por perturbación o estorbo:

Todo lo que fuere perjudicial a la salud, indecente u ofensivo a los sentidos, o que interrumpa el libre uso de la propiedad, de modo que impida el cómodo goce de la vida o de los bienes, constituye una perturbación que da lugar a una acción. Dicha acción podrá ser promovida por cualquier persona cuyos bienes hubieren sido perjudicados o cuyo bienestar personal resulte *270 menoscabado por dicha perturbación; y la sentencia podrá ordenar que cese aquélla, así como decretar el resarcimiento de los perjuicios; lo aquí provisto no podrá aplicarse a las actividades relacionadas con el culto público practicado por las diferentes religiones; Disponiéndose, que nada de lo aquí dispuesto limitará los poderes de la Junta de Calidad Ambiental para promulgar los reglamentos a que está autorizada por ley. (Énfasis suplido.)

En apoyo de su posición argumentan que este precepto establece un delicado balance entre los derechos constitucionales en conflicto y remite estas controversias a la Junta de Calidad Ambiental “para garantizar que su adjudicación se haga de la manera menos onerosa para ambos intereses en juego”. Informe del Procurador General, pág. 9.

Hemos sostenido que no procede invocar las doctrinas de jurisdicción primaria y agotamiento de remedios administrativos para detener un injunction cuando éste se emite para corregir un agravio de patente intensidad a un derecho constitucional que reclama reparación inmediata y que elude el cauce administrativo. Noriega v. Gobernador, supra; García Cabán v. U.P.R., 120 D.P.R. 165 (1987); Pierson Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838 (1978); Febres v. Feijoó, 106 D.P.R. 676 (1978). En el caso de autos, las ceremonias de la iglesia causaron un daño material y sustancial al derecho de intimidad de la familia Lasso de la Vega y se demostró que el recurso administrativo era una gestión inútil e inefectiva que no ofrecía un remedio adecuado para impedir la repetición de las prácticas. Rivera v. E.L.A., 121 D.P.R. 582 (1988).

De lo contrario, privaríamos a un ciudadano de utilizar la acción interdictal contra sonidos intolerablemente altos para rápidamente vindicar los derechos reconocidos en Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, supra.

Demostrada nuestra jurisdicción, examinemos la constitucionalidad de la Ley Núm. 22, supra. *271

V

Un estudio histórico revela que tanto la Ley Núm. 21, supra, como la Ley Núm. 22, supra, se promulgaron después de las protestas públicas de grupos religiosos a raíz de nuestra decisión de Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, supra. En aquella ocasión, luego de un cuidadoso balance de los valores en conflicto, deslindamos el alcance entre el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de culto, y resolvimos que la Ley contra Perturbaciones y Estorbos, Ley Núm. 22, supra, era el remedio adecuado para vindicar el derecho de toda persona a tener tranquilidad en su hogar para compartir sus horas libres con su familia y para tener un ambiente que le permita leer, meditar, escuchar música y ver televisión sin interferencias externas.

Hoy nos corresponde resolver si la Ley Núm. 22, supra, promulgada por la Asamblea Legislativa después de Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, supra, viola la cláusula contra el establecimiento de una religión consagrada en la Sec. 3 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado:

No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de la iglesia y el estado. (Énfasis suplido.) L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 262.

Recientemente, en Díaz v. Colegio Nuestra Sra. del Pilar, 123 D.P.R. 765 (1989), expusimos el alcance y la base histórica de la Sec. 3 del Art. II, supra, y expresamos que las cláusulas de libertad de culto y de establecimiento de religión están continuamente en tensión o conflicto. También afirmamos que “[a]unque la libertad de credo es absoluta, la autonomía para actuar conforme a dichas creencias tiene sus limitaciones”. ?Id., pág. 778. Véase R. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Inst. Educación Práctica, 1988, *272 Vol. II, pág. 1711. Véanse, además: L. Rivera Rivera, Iglesia y Estado en Puerto Rico, 56 Rev. Jur. U.P.R. 97 (1987); Rotunda, Nowak y Young, Treatise on Constitutional Law: Substance and Procedure Sec. 21.1, págs. 340-341.

Para resolver el antagonismo natural entre la libertad de culto y la prohibición del establecimiento de religiones, el mejor criterio es el concepto de neutralidad de la acción concernida. Rotunda, Nowak y Young, supra, Sec. 21.3.; Díaz v. Colegio Nuestra Sra. del Pilar, supra. Al amparo de esta normativa, una exención fundada en la naturaleza religiosa de un acto, que no coloca a las organizaciones religiosas en el mismo plano que las demás, viola la cláusula contra el establecimiento de una religión. No olvidemos que en una sociedad pluralista el Estado tiene que ser neutral tanto con los feligreses como con los no creyentes. Corresponde a los ciudadanos y no al Estado la promoción y defensa de sus respectivos credos. Tribe, op. cit., Sec. 14-3, pág. 1160.

La base filosófica de esta normativa fue expuesta en Everson v. Board of Education, 330 U.S. 1, 15-16 (1947):

La cláusula de “establecimiento de una religión’D’ en la Enmienda Primera significa cuando menos esto: Ni un estado ni el gobierno federal pueden erigir una iglesia. No puede ninguno de los dos aprobar leyes que ayuden a una religión, que ayuden a todas las religiones, o que prefieran una religión a otra. Ninguno de los dos puede obligar o influir sobre una persona para que vaya a una iglesia, o para que quede fuera de ésta, contra su voluntad, ni pueden obligarlo a creer o a no creer en una religión. Ninguna persona puede ser castigada por sostener o profesar creencias religiosas, o por no profesarlas; por asistir a la iglesia o por no asistir. No se puede imponer tributo, grande o pequeño, para sostener actividades o invitaciones religiosas, no importa como se denominen, ni la forma que adopten para enseñar o practicar la religión. Ni un estado ni el gobierno federal pueden, abierta o secretamente, participar en los asuntos de ninguna organización o grupo religioso, y viceversa. (Énfasis y traducción nuestros.)

Esta doctrina requiere que una acción estatal, que esté *273 en conflicto con la cláusula de establecimiento de religión, tenga que superar tres (3) principios rectores: (a) que posea un propósito secular; (b) que su efecto no sea promover o inhibir la religión, y (c) que no conlleve una intervención excesiva en los asuntos religiosos. Díaz v. Colegio Nuestra Sra. del Pilar, supra. Véanse también, a modo ilustrativo: Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602 (1971); Wallace v. Jaffree, 472 U.S. 38 (1985); Meek v. Pittenger, 421 U.S. 349 (1975); Committee for Public Education v. Regan, 444 U.S. 646 (1980); Everson v. Board of Education, supra; Rotunda, Nowak y Young, supra, Sec. 21.3, págs. 344-345.

Para determinar si un estatuto contiene un propósito religioso, se examina, en primer lugar, su historial legislativo, particularmente las expresiones de los legisladores que intervinieron en la confección de la medida. En buena hermenéutica jurídica, tales expresiones, en unión a los informes de las comisiones e historiales legislativos, constituyen las herramientas necesarias para determinar su finalidad. Véase R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes de Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, págs. 245-247 y 371-378.

A lo largo del extenso debate en el hemiciclo del Senado y de la Cámara de Representantes siempre resaltó el fin religioso del referido estatuto. Por ejemplo, en la sección expositiva de los propósitos del P. del S. 784 sobre la enmienda al mencionado Art. 277 se expuso:

… es deseable que haya un equilibrio saludable entre los intereses de los ciudadanos a disfrutar su intimidad y la necesidad de que haya templos de religión en todos los sectores, accesibles al pueblo, para adorar a Dios. (Énfasis suplido.)

En el debate legislativo, senadores y representantes de todos los partidos expusieron el objetivo religioso de la medida. Entre otros, el representante Morales Rodríguez recordó la reacción adversa de los sectores religiosos a Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, supra, y destacó *274 que correspondía a la Asamblea Legislativa ayudar a la Iglesia Pentecostal.

Las objeciones, principalmente de la Iglesia de Dios Pentecostal a las que se unió el Concilio Evangélico y la Iglesia Católica también, y que produjeron aquella enorme manifestación de aquel miércoles, a la cual nosotros tuvimos el privilegio y el honor de unirnos y caminar desde el Parque Muñoz Rivera hasta frente a este Capitolio.

Evidentemente, señor Presidente y compañeros de Cámara, era una evidencia clara de que algo se ponía en peligro. Lo hicieron bien los que marcharon y los que protestaron. Porque podía darse el caso de que un buen día en una de las calles de nuestras poblaciones se reuniera un grupo, especialmente de Pentecostales, a adorar allí a Dios en la forma en que ellos quieren adorarlo y apareciera un señor policía a decirles que tenían que bajar el volumen de los altoparlantes o que tenían que dejarlos de usar; amparados en una decisión reciente del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Ese era el riesgo, la amenaza y había que hacer algo. Por eso aquella marcha frente al Capitolio, y entonces vienen [sic] a donde tenían que venir, ¿A dónde era que iban a ir? No era al Tribunal Supremo, ni a ningún otro sitio. Tenían que venir a la casa del pueblo, a la Asamblea Legislativa a exponerle su caso. Y aquí se le escuchó, con vehemencia, con respeto, como ellos se portan, como ellos actúan. Y los vimos en la marcha y el honorable Gobernador de Puerto Rico también los recibe porque las leyes se aprueban aquí, pero el Gobernador es quien las firma o no las firma.

Expuso, además:

Porque si alguna gente hace bien en Puerto Rico, son los pentecostales y son los menos que sacrifican al gobierno, a cualquier gobierno. 28 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa 6-7 (1974).

Por su parte, la Senadora Ruth Fernández, entre otras cosas, señaló:

Señor Presidente y compañeros del Senado: Yo soy Católica, Apostólica, Romana y Cursillista, pero sobre todas las cosas soy cristiana. Todas las religiones que conducen a Dios las respeto y las admiro. Verdaderamente me dio una pena inmensa cuando *275 las personas que decretaron que alabar el nombre de Dios en voz alta, es un ruido innecesario. Realmente nos estamos alejando tanto de Dios que yo creo que haría falta todavía hablar más duro para que se enterara el mundo entero a ver si nos acercamos un poquito más a El.

Por esta razón y conociendo el respeto que siempre las religiosas han tenido por la sociedad puertorriqueña y el mundo, y la falta que hace la religión, para que este mundo sea un mundo mejor, votaré a favor de estos proyectos, porque no puede ni debe limitarse la forma en que usted quiere alabar a Dios, siempre y cuando por supuesto se respete el derecho a los demás. Pero vuelvo e insisto que la iglesia, de todas las denominaciones, siempre han [sic] tenido respeto por su comunidad. (Énfasis suplido.) 28 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Senado), Núm. 50, pág. 606 (1974).

El Senador Hernández González, tras unirse a las expresiones de la senadora Ruth Fernández, consignó:

Yo lamento distinguidos compañeros que yo me apasione y que exprese de una manera apasionada los puntos de vista que tengo sobre este aspecto. Pero es que yo les digo con honestidad que esto me toca en mi carne y en mis huesos, porque yo hace treinta y siete años lo que tengo en vida, que soy Protestante. Y es por esa razón que quiero que no para el beneficio de los Protestantes, sino para el beneficio de todas las actividades religiosas en Puerto Rico que en este Senado se deje claro y diáfanamente establecido que no hay autoridad alguna bajo nuestro sistema constitucional para reglamentar el ejercicio, la práctica y la forma de oración de las diferentes religiones. (Énfasis suplido.) Diario de Sesiones, supra, pág. 606.

Más adelante expresó el Senador Gilberto Rivera Ortiz:

Conozco la labor que realiza la iglesia de Dios Pentecostal y ciertamente es extraordinaria y de gran impacto en la vida de muchas familias puertorriqueñas. Miles de personas han experimentado cambios maravillosos en sus vidas que les ha guiado hacia un derrotero en que se logra un mayor disfrute de la vida y así, igualmente los movimientos cursillistas y las misiones parroquiales y los movimientos de evangelización y avivamiento espiritual. En la actualidad todas las religiones están dando énfasis al avivamiento de su fe y esto necesariamente se tiene que reflejar en sus ritos. ¡Ojalá y pudiéramos cultivar más *276 de ésto, pues bastante falta nos hace a todos en nuestro país! (Énfasis suplido). Diario de Sesiones, supra, pág. 611.

En el mismo sentido se expresó el Senador Miguel Hernández Agosto:

Y una sociedad como la nuestra tiene, respetando la separación del Estado y de la Iglesia, señor Presidente y compañeros del Senado que utilizar todas las armas, todos los vehículos a su disposición para que nuestra ciudadanía pueda cada día tener más apego a Dios y para que pueda estar más en comunión con Dios. (Énfasis suplido.) Diario de Sesiones, supra, pág. 612.

El Senador Palerm Alfonzo destacó el propósito religioso de la propuesta legislación cuando afirmó:

Sus criterios legales han sido fantásticos y sobre todo la forma cómo en esta noche han hecho alabanzas al Señor. Si siempre fuera esto así sería un modelo, un modelo de cristianos en comunión con el Creador. Yo los felicito a toditos y ojalá hubiera siempre unos proyectos de esta naturaleza, porque amigo Marcano, la política nos separa; la religión nos une. Y aquí esta noche no hay fariseos, todos somos creyentes en un Señor y todos estamos en favor de que cada uno que haya nacido en este pueblo adore a Dios como mejor crea conveniente. Amén. (Énfasis suplido.) Diario de Sesiones, supra, pág. 613.

Podríamos citar ad infinitum otras expresiones de los legisladores que aprobaron las enmiendas. Sin embargo, creemos que bastaría señalar como última muestra del verdadero propósito legislativo las expresiones del Senador Izquierdo Mora:

Termino mis palabras, señor Presidente, manifestando que, ¡ojalá que en cada esquina en Puerto Rico en vez de haber una vellonera, en vez de haber una barra, en vez de haber un prostíbulo, ojalá que en cada esquina en este país hubiera una Iglesia de Dios Pentecostal o una Iglesia Católica, o de cualquier secta Protestante! Ese día y a pesar de que todos gritaran a pulmón lleno para adorar a Dios, ese día, señor Presidente y compañeros Senadores, habría más decencia, más moral y más vergüenza en el Pueblo de Puerto Rico. Diario de Sesiones, supra, pág. 614. *277

De manera similar, miembros de los tres (3) partidos representados en la Legislatura respaldaron la medida. No podemos refrendar la aprobación de la religión por el estado a cambio del apoyo político. Tribe, op. cit., Secs. 14 y 15, pág. 1287.

A la luz de esas expresiones, es forzoso e inevitable concluir que la medida tiene una finalidad eminentemente religiosa y no secular, como requiere nuestra Constitución. Por lo tanto, confirmaríamos el decreto de inconstitucionalidad de la Ley Núm. 22, supra.

VI

Por otro lado, la reglamentación aprobada por el Estado al amparo de la Ley de Calidad Ambiental tampoco corrige el problema constitucional ni modifica su finalidad religiosa. Todo lo contrario, el reglamento también ha sido redactado con un propósito religioso que impide su aplicación efectiva sin distinción de personas u organismos. También en la praxis tiene el efecto de promover una religión.

En conformidad con la Ley Núm. 22, supra, la Junta de Calidad Ambiental es el foro apropiado para regular la emisión de sonidos intolerablemente altos provenientes de los templos, iglesias e instituciones religiosas. A esos fines promulgó el Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruidos (versión enmendada de 25 de febrero de 1987), que establece los niveles de emisión de sonido permitidos en distintas zonas. Este Reglamento provee un procedimiento administrativo para investigar y atender querellas por sonidos intolerablemente altos y establece unos niveles de tolerancia permitidos en las zonas restringidas.

Sin embargo, a modo de excepción, el Art. 4.6 del mencionado Reglamento establece un organismo compuesto por líderes religiosos para asesorar en la formulación de las reglas aplicables a las iglesias y con derecho a intervenir*278 en los procedimientos adjudicativos de las querellas por ruidos innecesarios generados en las ceremonias. Su texto dispone:

Se crea el Consejo Asesor sobre Asuntos Religiosos para asesorar a la Junta de Calidad Ambiental en el establecimiento de la política pública ambiental que de alguna manera incida en el derecho constitucional de libre culto que les asiste a las instituciones religiosas reconocidas en Puerto Rico. Este Consejo Asesor será nombrado por la Junta de Calidad Ambiental y el mismo estará compuesto por líderes de organizaciones religiosas debidamente establecidas en Puerto Rico. Dicho Consejo Asesor establecerá su organización interna.

El Consejo Asesor sobre asuntos religiosos tendrá derecho a intervenir cuando se suscite alguna controversia en la cual esté envuelta cualquier querella de ruidos generados por instituciones religiosas y podrá asesorar a las mismas sobre las medidas de control y prevención necesarias.

Toda controversia en la cual sea parte una institución religiosa será sometida a la consideración de un Panel Examinador designado por la Junta de Calidad Ambiental. (Énfasis suplido.) Informe del Procurador General, Anejo 1, págs. 17-18.

Este artículo, además, constituye un buen ejemplo de una excesiva vinculación administrativa entre el Gobierno y los grupos religiosos. En primer lugar, el Consejo está compuesto únicamente por líderes religiosos, quienes tienen la responsabilidad de elaborar los criterios aplicables a los sonidos excesivamente altos que provienen de las iglesias. Por su naturaleza, el Comité requiere contacto frecuente entre los líderes religiosos y el personal de la Junta de Calidad Ambiental para resolver diferentes asuntos vinculados con las prácticas de las iglesias afectadas, que incluyen desde el horario de las ceremonias hasta los instrumentos musicales permitidos. Esto conlleva un envolvimiento excesivo del Estado con las agrupaciones religiosas.

El reglamento dispone que el Estado seleccionará los miembros del Consejo que representará a las organizaciones religiosas “debidamente establecidas en Puerto Rico” *279 (énfasis suplido), y delegará en sus líderes el poder de asesorar a otras entidades sobre las “medidas de control” que deben poner en vigor para cumplir con la ley. Para nombrar a los miembros del Consejo, el Estado tiene que primero determinar cuáles son las “iglesias debidamente establecidas”. Al tomar esa decisión, tiene que emitir un juicio sobre lo que es una iglesia “debidamente establecida”, y entonces seleccionar un representante de cada una. Esto de su faz es inconstitucional.

También se faculta al Consejo a intervenir tanto en la investigación como en la adjudicación de querellas contra las iglesias. Cuando se suscite una querella el Consejo, éste puede simultáneamente asesorar no sólo a la Junta sino también a las iglesias sobre las medidas de control de sonidos. También tiene derecho a comparecer como interventor en el procedimiento adjudicativo.

En sus múltiples y conflictivas funciones, los líderes religiosos actúan como representantes del Estado, y al evaluar los sonidos provenientes de las iglesias, tendrán que emitir juicios sobre los métodos utilizados por otras iglesias al ejercer su libertad de culto. Por imperativo de la cláusula de religión de nuestra Constitución, esta actuación constituye una intromisión del Gobierno en los asuntos religiosos. Díaz v. Colegio Nuestra Sra. del Pilar, supra. Resulta, además, en una impermisible delegación de poderes gubernamentales a representantes de organizaciones privadas de carácter sectario. Véase Larkin v. Gradel’s Den, Inc., 459 U.S. 116 (1985).

En el caso de autos, esta reglamentación particular de las iglesias resultó ineficaz e inoperante. Según quedó demostrado con el testimonio de Héctor Valencia, inspector del Área de Control de Ruido de la Junta de Calidad Ambiental, solamente había un inspector para investigar más de tres mil ($3,000) querellas y éste no tenía el equipo necesario*280 para desempeñar eficazmente sus funciones.NOTA6 A preguntas del juez, el inspector también expresó que la mayoría de las querellas de contaminación por ruidos provenían de las iglesias y que el procedimiento utilizado para adjudicar las quejas era inoperante. T.E., pág. 101. Estas afirmaciones fueron corroboradas por el Lic. Pedro Antonio Maldonado Ojeda, Director de la Oficina de Servicios Legales de la Junta de Calidad Ambiental, quien expuso que tomaba un promedio de doscientos cincuenta y seis (256) días poner en vigor las órdenes de cese y desista contra los infractores. T.E., pág. 128.

NOTA6. La incapacidad de la agencia para atender las miles de querellas fue aceptada por la Junta de Calidad Ambiental en el interrogatorio de su único inspector:

“R. Porque nosotros hacemos la visita, vamos al lugar, medimos si la fuente está en operación y, y de ahí tenemos que proseguir a otra querella que no nos podemos quedar todo el culto desde que empieza a que termina para hacer la medición, sino que tenemos que informar lo que encontramos al momento de esa visita.

“Hon. Juez:

“P. Y eh … y eso que dijo el testigo, de que ustedes van en un vehículo rotulado, ¿es cierto?

“R. Sí, es correcto.

“P. O sea, que si la, [sic] el, la fuente emisora llega a identificar lo que está pasando, puede alterar, como dice el testigo.

“R. En, en caso de, de este tipo de fuentes, lo pueden hacer.

“Abogado del Demandante:

“P. ¿Ha ocurrido con usted?

“R. ¿Perdóneme?

“P. ¿Le ha ocurrido con usted esta, esta situación?

“R. ¿Esta situación? Bueno, yo he llegado en … en referente a estos mismos casos, yo he llegado en ocasiones en casos que hay veces han cerrado todas las ventanas y se han ido cuando se dan cuenta que hay un inspector. En otros casos no lo han hecho; o hacen más ruido o hacen menos ruido. Todo varía de, de acuerdo a la actitud de la persona frente al problema.

“Hon. Juez:

“P. Pero, se ha dado casos, entonces.

“R. Se han dado casos. ” T.E., págs. 92-93.

Si se le confiere a la Junta de Calidad Ambiental la facultad de regular los sonidos emitidos por las instituciones religiosas, excluyéndolas de esa forma de los remedios interdictales, y el procedimiento administrativo resulta ser inoperante en su praxis, estamos ante una situación en la cual el ciudadano común está en estado de indefensión para vindicar su derecho a la intimidad. El resultado neto *281 de esta situación es que esas iglesias de facto son intocables. La consecuencia de esta ausencia de un remedio efectivo es la promoción religiosa. Ello constituye un envolvimiento excesivo con una religión y es contrario al espíritu y a la letra de la Constitución.

En vista del anterior análisis normativo, procedería que este Tribunal decretara la inconstitucionalidad del citado Art. 4.6 del Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruidos. Como los apelados impugnaron en instancia y ante nos la validez de esta disposición, y esta determinación implica una cuestión constitucional importante que nos corresponde resolver como intérpretes máximos de la Constitución, emitiríamos estos pronunciamientos sin trámites ulteriores. Véanse, también: 4 L.P.R.A. sec. 36; Galarza Soto v. E.L.A., 109 D.P.R. 179 (1979).

En síntesis, la clara motivación religiosa de la ley en combinación con su efecto religioso y el excesivo involucramiento con los grupos religiosos requerido por la reglamentación vigente, hacen que el estatuto y el Art. 4.6 del Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruidos de la Junta de Calidad Ambiental, supra, sean inconstitucionales. Estas disposiciones violan la cláusula contra el establecimiento de una religión de la Sec. 3 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado, supra, e impiden que el Estado proteja adecuadamente el derecho a la intimidad de los ciudadanos.

VII

Resta evaluar si la determinación de daños se ajusta a la prueba presentada. El Tribunal a quo concedió una compensación de cincuenta mil dólares ($50,000) por concepto de angustias mentales y quince mil dólares ($15,000) por violación al derecho a la intimidad y a la propiedad.

Del examen de la prueba podemos concluir que no se justifica la concesión de la partida de quince mil dólares *282 ($15,000) por concepto de violación al derecho de propiedad. El récord está ausente de prueba sobre daños al derecho de propiedad. En este aspecto estamos conformes con la Parte II de la Sentencia emitida por el Tribunal.

Respecto a la cuantía de las indemnizaciones por concepto de angustias mentales, entendemos que no hay suficiente prueba en autos para justificar la suma de cincuenta mil dólares ($50,000) y, por lo tanto, la misma es exagerada. Aunque al adjudicar daños por angustias mentales somos conscientes de la importancia de la paz y tranquilidad hogareña y de los problemas que pueden causar su perturbación, nos corresponde asegurar que su resarcimiento sea razonable. La estimación de daños y perjuicios es una tarea compleja y “no está exenta de cierto grado de especulación. Aspiramos a que toda adjudicación sea razonablemente balanceada, esto es, ni extremadamente baja como tampoco desproporcionalmente alta”. Riley v. Rodríguez De Pacheco, 119 D.P.R. 762, 805 (1987).

Por otro lado, también somos conscientes del valor comunitario y constitucional de la libertad de culto. Sin embargo, recordemos que este derecho “se ejerce por lo regular no en páramos aislados y solitarios sino en el centro mismo de nuestros pueblos y vecindarios, y su práctica no está inmune a la intervención moderadora del Estado cuando en alguna forma excede la proporción razonable de inconvenientes y molestias, inevitable concomitante de la vida en núcleos civilizados”. Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, supra, pág. 26.

De ordinario, las iglesias ejercen su libertad de culto sin afectar adversamente los derechos del resto de la comunidad, contribuyendo al bienestar social y espiritual de sus feligreses y de todo el país. No obstante, cuando su práctica trasciende el límite de lo que es razonable y como consecuencia de ello se perjudica el derecho a la intimidad, corresponde a los tribunales establecer un delicado equilibrio que permita que ambos se ejerzan sin intervenir indebidamente*283 con el otro y reparar de una manera justa y razonable cualquier daño causado si se demuestra que sus derechos han sido menoscabados. Al tomar en cuenta todos estos criterios, y a la luz de la prueba presentada, coincidimos con la Parte I de la Sentencia del Tribunal y estimamos razonable la suma de veinticincomil dólares ($25,000) para la familia Lasso de la Vega en concepto de daños por angustias mentales.NOTA7

NOTA7. Con respecto a la concesión de honorarios de abogado, en ausencia de abuso de discreción, no intervendríamos con la determinación de temeridad hecha por el tribunal de instancia. Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, 125 D.P.R. 724 (1990); Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294 (1990).

Por lo antes expresado, coincidimos con las Partes I, II y III de la Sentencia emitida por el Tribunal. Sin embargo, disentimos enérgica pero respetuosamente de la Parte IV. Aunque reconocemos que el asunto es neurálgico y somos conscientes de que una adjudicación de las cuestiones constitucionales ante nos exponen a este Tribunal a intensas presiones públicas, como ocurrió cuando resolvimos Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, supra, tenemos la obligación ineludible de resolver la controversia sobre la validez de la Ley Núm. 22, supra, que excluye a las iglesias del ordenamiento contra estorbos públicos. Desafortunadamente, hoy este Tribunal no ha cumplido cabalmente con su responsabilidad pública y se ha desaprovechado una oportunidad histórica.

UPR v. Laborde Torres, 2010 TSPR 225

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, Peticionarios
v.
GABRIEL LABORDE TORRES y otros, Recurridos.
No. CT-2010-008

En El Tribunal Supremo De Puerto Rico
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de diciembre de 2010.

Certiorari
Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Raúl M. Arias Marxuach, Lcda. Maralyssa Álvarez Sánchez

Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo. Alex O. Rosa Ambert, Lcdo. Luis José Torres Asencio, Lcdo. José J. Nazario de la Rosa, Lcdo. Juan Santiago Nieves, Lcdo. Manuel A. Rodríguez Banchs, Lcdo. César A. Rosado Ramos, Lcdo. Hans S. Perl Matanzo, Lcdo. Carlos Cotto Cartagena, Lcdo. Enrique G. Juliá Ramos, Lcdo. Edgardo L. Rivera Rivera, Lcdo. Harry Anduze Montaño, Lcdo. Frank Torres Viada, Lcdo. Gaspar, Martínez Mangual

Materia: Certificación

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Martínez Torres.

*1 La Universidad de Puerto Rico (U.P.R.) nos solicita, mediante este recurso de certificación intrajurisdiccional, que revisemos una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. En ella se desestimó por académica una solicitud de injunction permanente, un interdicto posesorio y una orden de cese al amparo del Artículo 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2761, contra varios líderes estudiantiles. El foro primario entendió que el reclamo de la U.P.R. se tornó académico, ya que el riesgo de que la protesta estudiantil se reanudara e interrumpiera las labores en la universidad era incierto. Sin embargo, la U.P.R. estima que la controversia sigue viva, ya que los estudiantes aprobaron un “voto de huelga preventivo” en una asamblea el 21 de junio de 2010. Según la U.P.R., ello redunda en que el cambio en la conducta de los estudiantes no tuvo visos de permanencia y que el conflicto continuará. Ese hecho, nos indica la U.P.R., es de conocimiento general, por lo que nos invita a que tomemos conocimiento judicial al respecto.

La U.P.R. alega que en este pleito aplica una de las excepciones a la doctrina de academicidad. A saber, cuando una situación de hechos es cambiada, pero no tiene características de permanencia, el pleito no es académico. Bajo ese fundamento, la U.P.R. nos requiere que revoquemos al foro primario y que atendamos el pleito por su alto interés público. Además, la U.P.R. solicita que, de entender que el caso no es académico, nos expresemos sobre ciertos aspectos de la controversia relacionados al derecho a la libre expresión.

Por su parte, los estudiantes recurridos alegan que la controversia de autos fue resuelta mediante un proceso de mediación, el cual culminó con la suscripción de un acuerdo entre las partes aprobado por el Tribunal de Primera Instancia. Por lo tanto, entienden que todas las causas de acción son académicas, salvo las de daños y perjuicios que continúan ante la consideración del Tribunal de Primera Instancia. Los estudiantes recurridos aducen, contrario a la U.P.R., que la probabilidad de que ellos incurran nuevamente en los actos que motivaron la solicitud de injunction permanente es “patentemente especulativa”. Sobre este particular, enfatizan que la composición de los estudiantes en este nuevo año académico es distinta.

De entrada, concluimos que la U.P.R. tiene razón. Pese a los esfuerzos de mediación entre las partes, los estudiantes recurridos han actuado de una manera que refleja que su conducta no fue de carácter permanente y que fue un subterfugio para evadir la revisión judicial. El hecho de que los estudiantes reunidos en asamblea aprobaron un “voto de huelga preventivo” es indicativo de que sus actos al levantar el conflicto no tenían visos de duración. Es más, del mismo acuerdo entre las partes surge que algunas controversias subsistirían, como es el caso de la cuota especial. Por tal razón, el cambio en conducta de los recurridos da base a la aplicación de una excepción a la doctrina de academicidad. Sin duda, luego de la aprobación de un “voto de huelga preventivo”, el cual es de conocimiento público, el asunto subsumido en este caso merece nuestra atención por el alto interés público de la controversia.

I

*2 Como se sabe, la Universidad de Puerto Rico ha sido objeto de múltiples protestas estudiantiles durante décadas. Muchas de ellas han generado gran tensión en Puerto Rico. Véase por ejemplo de forma general, L. Nieves Falcón, I. Cunningham, I. Rivera, F. Torres, H. Amundaray, Huelga y sociedad: Análisis de los sucesos en la U.P.R.1981-1982, España, Ed. Edil, 1982. Desafortunadamente cada vez que se genera una de estas manifestaciones, se crean polémicas entre estudiantes, la administración y terceros ajenos a la comunidad universitaria. Esos conflictos no son siempre de resolución fácil e inmediata. Precisamente, la controversia que hoy nos ocupa tiene su origen en la más reciente protesta estudiantil que mantuvo paralizado al sistema universitario más grande del territorio por 62 días consecutivos. De hecho, sucesos relacionados a la misma protesta estudiantil dieron pie a nuestra Opinión de 10 de mayo de 2010, en Moreno v. Pres. U.P.R. II, 2010 T.S.P.R. 70, 2010 J.T.S. 79, 178 D.P.R. ____ (2010).

Tal y como indicáramos entonces, el 13 de abril de 2010 se celebró una Asamblea General de Estudiantes convocada por el Presidente del Consejo General de Estudiantes, el Sr. Gabriel Laborde Torres. Allí se aprobó un “paro” de 48 horas, para los días 21 y 22 de abril y se creó un Comité Negociador. Llegado el 21 de abril, se inició la protesta estudiantil y los estudiantes cerraron los portones del Recinto de Río Piedras. La U.P.R. expone que ese día unas personas encapuchados forcejearon con los guardias universitarios y cerraron los portones con cadenas. Además, alega que hubo varios incidentes de violencia en las afueras y dentro del Recinto. Como consecuencia de tales actos, la Rectora decretó un receso académico indefinido al entender que la administración perdió el control del acceso a la universidad.

Ante la situación que vivía el Recinto de Río Piedras, el 21 de abril de 2010 la U.P.R. presentó en el Tribunal de Primera Instancia una “Demanda Jurada” en la que solicitó un entredicho provisional, un injunction preliminar y un injunction permanente. La U.P.R. requirió a varios líderes estudiantiles que desistieran de impedir el acceso al Recinto de Río Piedras.NOTA1 Posteriormente, se enmendó la demanda para incluir una reclamación en daños y perjuicios y se solicitó un interdicto posesorio. Asimismo, se instó al tribunal a que concediera una orden al amparo del Artículo 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra.

NOTA1. Inicialmente la demanda incluyó a Gabriel Laborde, Rosaly Motta, Roberto Thomas, Víctor Rodríguez, Waldemiro Vélez Soto, Adriana Mulero, entre otros. Posteriormente, se añadió a Santiago Velázquez Lamela, Verónica Guzmán Correa, Aníbal González Mictil, Adriana Berríos Pérez, María Currutherd Ferrero, Arturo Ríos Escribano, Rashid Marcano Rivera, Giovanni Roberto Cáez, René Vargas Martínez, Jean Carlo Bonilla Rivera, David Carrasquillo Medero, Aníbal Núñez González, José García Oquendo, Miriam Ruiz Rapala e Ian Camilo Cintrón Moya.

En síntesis, la U.P.R. solicitó que: (1) los estudiantes devolvieran el control del Recinto de Río Piedras a la administración; (2) que abandonaran las facilidades mientras estuviera vigente el receso académico; (3) no impidieran la entrada al Recinto de Río Piedras de todas aquellas personas que fueran autorizadas por las autoridades universitarias y que no incurrieran en violencia e intimidación contra estas personas; (4) no causaran daño a la propiedad, y(5) removieran las barricadas que impedían el acceso. La U.P.R. también solicitó el interdicto posesorio con la intención de que se les devolviera su propiedad, y un mandato de “cese y desista” para restablecer el orden institucional. Finalmente, la U.P.R. pidió una compensación por los daños y perjuicios que alegadamente sufrió.

*3 Tras varios trámites procesales, entre los cuales se concedió un entredicho provisional y un interdicto preliminar, el 11 de junio de 2010 el Tribunal de Primera Instancia ordenó a las partes acudir a un proceso de mediación para dirimir sus conflictos, entre los cuales se encontraba un aumento en la cuota académica. Las partes seleccionaron como mediador al Lcdo. Pedro López Oliver. El proceso de mediación comenzó el 12 de junio de 2010 y culminó el 16 de junio de 2010 con la suscripción de un acuerdo entre las partes. Ese acuerdo lo firmaron todos los miembros del Comité Negociador y nueve de los trece miembros de la Junta de Síndicos de la U.P.R.

Con relación a la cuota, según dispuso la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, el acuerdo entre las partes recogió lo siguiente:

1. La administración universitaria se compromete a no imponer una cuota en la primera sesión académica del año académico 2010-2011.

2. La Junta de Síndicos considera que será necesaria el establecimiento de una cuota a partir de enero de 2011. Sin embargo, la Junta de Síndicos se compromete a que, de establecer dicha cuota, ésta no será mayor de la cantidad que representa el aumento en la Beca Pell para los años 2009-10 y 2010-11, tomando como base lo que se recibiría de la Beca Pell en el 2008-2009.

3. Lo antes dispuesto no debe ser entendido como una aceptación del Comité Negociador Nacional, representantes de los estudiantes en este proceso de mediación, a la imposición de un aumento en los costos de estudio a partir de enero de 2011.

Sentencia Parcial y Orden del Tribunal de Primera Instancia del 29 de junio de 2010, pág. 7 [énfasis suplido].

El Tribunal de Primera Instancia ordenó unir al expediente judicial el acuerdo titulado “Entendidos entre la Administración de la Universidad y el Comité Negociador Nacional”. Ese documento fue certificado por la Junta de Síndicos y, posteriormente, por los estudiantes. Para ello, los líderes estudiantiles convocaron una asamblea para el 21 de junio de 2010, en la cual llevaron a votación los convenios entre las partes. Allí, entre otras cosas, se ratificó el acuerdo producto del proceso de mediación y se emitió un “voto de huelga preventivo” para repudiar la imposición de una cuota especial en enero de 2011.

Como consecuencia del convenio, el Tribunal de Primera Instancia ordenó a las partes mostrar causa por lo cual no debía desestimar la “Demanda Enmendada Jurada” presentada por la U.P.R. y la “Reconvención y Demanda Contra Tercero” que presentaron los estudiantes Verónica Guzmán Correa y René Vargas Martínez.NOTA2 Mediante moción en cumplimiento de orden la U.P .R. expuso que la solicitud de injunction permanente y la reclamación de daños y perjuicios no eran académicas. Explicó que sólo hubo un cese voluntario temporero de la conducta que el injunction permanente busca evitar y que ya había amenazas de que la gesta de los estudiantes se repetirá. La U.P.R. alegó que existe una posibilidad real de que se impida el libre acceso al Recinto de Río Piedras en un “futuro cercano” ya que los estudiantes emitieron, en la Asamblea General, un “voto de huelga preventivo” en repudio a la imposición de una cuota especial efectiva en enero 2011.

NOTA2. Estos codemandados instaron una “Reconvención y Demanda Contra Terceros” en la que reclaman a la Presidenta de la Junta de Síndicos, Lcda. Ygrí Rivera, y al Presidente de la Universidad, Dr. José Ramón de la Torre, en su carácter personal, por los daños que alegadamente han sufrido por la publicación de documentos confidenciales y por un supuesto abuso de los procedimientos judiciales.

*4 Por lo tanto, la U.P.R. insistió en que no se desestimara el injunction permanente y la causa de daños y perjuicios. Aseguró que las expresiones realizadas por algunos líderes estudiantiles en la asamblea eran indicio de que próximamente iniciaría otra protesta, lo que hace que el conflicto entre las partes siga vivo. En cuanto al acuerdo producto de la mediación, la U.P.R. indicó que éste no era un acuerdo de transacción ya que no “pretendió aclarar las relaciones jurídicas objeto de este pleito mediante concesiones recíprocas de las partes”.

Por su parte, los líderes estudiantiles codemandados se opusieron a la moción y aseveraron que la controversia se resolvió con el acuerdo suscrito el 16 de junio de 2010 en mediación. Mencionaron que la U.P.R. intenta mantener viva una controversia de forma disfrazada y que realmente es altamente especulativo que se genere otra huelga. Aducen que la U.P.R. retomó el control del recinto y que los portones fueron abiertos. Éstos entienden que ambos aspectos son el núcleo del remedio interdictal que solicitó la U.P.R. Alegan, además, que de ocurrir una huelga en el futuro, otros serían los estudiantes participantes, puesto que la composición estudiantil cambió. Por lo tanto, sostienen que, en ese momento, la U.P.R. podría acudir a la vía judicial.

El 29 de junio de 2010, el Tribunal de Primera Instancia emitió “Sentencia Parcial y Orden” en la que desestimó por académica la solicitud de injunction permanente, interdicto posesorio, y la orden de cese al amparo del Artículo 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, que presentó la U.P .R. También ordenó que la reclamación de daños y perjuicios de la U.P.R. y la demanda de terceros de los codemandados, se tramitaran en un pleito ordinario. Con ello, concluyó que la mediación corrigió todos los conflictos entre las partes.

Cabe señalar que el Tribunal de Primera Instancia hizo constar en su sentencia, bajo el título de “hechos posteriores a la mediación”, que “varios codemandados, algunos sobre los cuales no tenemos jurisdicción por no haber sido emplazados, alegadamente emitieron comentarios públicos sobre la posibilidad de otro proceso huelgario”. Sentencia Parcial y Orden del Tribunal de Primera Instancia, pág. 8. El foro primario no otorgó importancia a esos comentarios y entendió que el acuerdo de mediación hizo académica la controversia entre las partes.

Oportunamente, la U.P.R. presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Allí señaló que el Tribunal de Primera Instancia erró al concluir que la causa de acción de injunction permanente era académica. La U.P.R. sostuvo que el cese voluntario de la conducta de los demandados no tiene carácter de permanencia y que la huelga en un futuro cercano no es incierta. Indicó que les correspondía a los demandados establecer que no hay expectativa razonable de una próxima huelga, cosa que según estiman éstos no hicieron.

*5 El 10 de julio de 2010, la U.P.R. presentó un recurso de certificación ante este Tribunal. Alega que existen cuestiones de alto interés público relacionadas a asuntos constitucionales sustanciales que ameritan que traigamos el pleito ante nuestra consideración. Nos solicita que adelantemos el trámite judicial por la importancia y pronta atención que requiere este conflicto. Además, invoca que de no hacerlo se vulnera el interés de la U.P.R. en mantener su misión como el primer centro docente del país. Para ello, la U.P.R. considera que debe proteger las tareas institucionales y que debe imperar el orden en la universidad. Precisa que el injunction permanente tiene el propósito de mantener la continuidad de las funciones académicas y administrativas, asegurando que el desempeño de las tareas se lleve a cabo de forma ordenada y segura, sin menoscabar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los estudiantes. Por lo tanto, la U.P.R. nos invita a discutir los medios y formas en que tales manifestaciones se pueden generar. Ello, según aduce la U.P.R., amerita que este Tribunal se exprese sobre el tipo de foro que es la universidad y el alcance del derecho fundamental a la libre expresión dentro de ésta.

II

A. La certificación intrajurisdiccional.

El Art. 3.002 de la Ley Núm. 22 de agosto de 2003, según enmendada, conocida como la Ley de la Judicatura de 2003, específicamente en sus incisos (e) y(f), 4 L.P.R.A. sec. 24s(e)(f), dispone los dos escenarios en los cuales, como parte de su competencia, este Tribunal puede atender asuntos mediante el auto de certificación. Ambos escenarios se diferencian a base de la procedencia del auto. Así, cuando los autos proceden del Tribunal de Primera Instancia o del Tribunal de Apelaciones se denominan certificaciones intrajurisdiccionales y cuando proceden de alguno de los tribunales del sistema federal son conocidos como certificaciones interjurisdiccionales. Ahora bien, el tipo de certificación que nos atañe en esta ocasión es el intrajurisdiccional, el cual surge del Art. 3.002(e) de la Ley de la Judicatura, La disposición legal antedicha expresa que este Tribunal,

[m]ediante auto de certificación, a ser expedido discrecionalmente, motu proprio, o a solicitud de parte, podrá traer inmediatamente ante sí para considerar y resolver cualquier asunto ante el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de Apelaciones cuando se plantee la existencia de un conflicto entre decisiones previas del Tribunal de Apelaciones, se planteen cuestiones noveles de derecho, o se planteen cuestiones de alto interés público que incluyan cualquier cuestión constitucional sustancial al amparo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de la Constitución de Estados Unidos. Id.

Así pues, el auto de certificación intrajurisdiccional “es un mecanismo de carácter discrecional que nos permite traer de inmediato ante nuestra atención asuntos que se encuentran ante la consideración de foros inferiores, obviando el trámite ordinario de los procedimientos.” Rivera v. J.C.A., 164 D.P.R. 1, 7 (2005). Ello, como ya hemos mencionado, puede hacerse a solicitud de parte o motu proprio. Art. 3.002(e), supra. Es un recurso de carácter excepcional porque la norma preferida en nuestro ordenamiento es que los casos maduren durante el trámite ordinario para evitar así que el foro de última instancia se inmiscuya a destiempo. Rivera v. J.C.A., supra. Sin embargo, el auto de certificación es el mecanismo adecuado para atender asuntos que requieren urgente solución, ya sea porque se afecta la administración de la justicia o porque el asunto es de tal importancia que exige una pronta atención. Id. Además, es un recurso que nos permite eliminar prácticamente la posibilidad de que algunos tipos de casos evadan nuestros pronunciamientos sobre los asuntos que éstos presentan. Presidente de la Cámara v. Gobernador, 167 D.P.R. 149, 160-161 (2006).

*6 Por esa razón, hemos utilizado el auto de certificación en muchas ocasiones para atender controversias del más alto interés público. Véanse, entre otros, Moreno v. Pres. U.P .R. II, supra; Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, Op. de 2 de febrero de 2010, 2010 T.S.P.R. 11, 2010 J.T.S. 20, 177 D.P.R. ____ (2010), certiorari denegado el 4 de octubre de 2010 (09-1483), 562 U.S. ____ (2010); San Gerónimo Caribe Project v. E.L.A. I, Op. de 31 de julio de 2008, 2008 T.S.P.R. 130, 2008 J .T.S. 149, 174 D.P.R. ____ (2008); McClintock v. Rivera Schatz, 171 D.P.R. 584 (2007); Romero Barceló v. E.L.A., 169 D.P.R. 460 (2006); Rivera v. J.C.A., supra; Suárez v. C.E.E. I, 163 D.P.R. 350 (2005).

B. La controversia entre las partes.

En este caso nos encontramos ante el cuestionamiento de si la solicitud de injunction permanente que presentó la U.P.R. por el cierre de su institución a raíz de la “huelga estudiantil” no es académica porque no tiene visos de permanencia. En la solicitud de certificación la U.P.R. alega que aunque ya la institución está operando en su normalidad, sigue latente la amenaza porque el fin de la pasada “huelga” fue temporero. Los estudiantes recurridos alegan todo lo contrario en su escrito de oposición. Para ellos, el recurso es académico.

La controversia ante esta Curia presenta serias implicaciones sobre las funciones de la U.P.R. Esas funciones están revestidas del más alto interés público. Asimismo, el caso presenta interrogantes constitucionales sustanciales, relacionadas con los derechos de los estudiantes, que merecen nuestra intervención en estos momentos. Además, por la particularidad de los hechos, éste es uno de esos casos que podría escapar a nuestros pronunciamientos y que requiere una pronta atención. Por ello se cumplen los requisitos para la expedición del auto de certificación.

Por su parte, la Regla 50 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, dispone que este Tribunal se reserva la facultad “para prescindir de términos, escritos o procedimientos específicos a los fines de lograr el más justo y eficiente despacho del caso o del asunto de que se trate”. En el caso particular ante nos, evaluados los escritos presentados por las partes, así como el resto del expediente, estamos en posición de resolver. Por eso, como ambas partes han comparecido y de conformidad con la facultad que nos otorga la Regla 50 de nuestro Reglamento, procedemos a expedir el auto de certificación y a resolver el recurso.

III

A. Conocimiento judicial de hechos adjudicativos.

El primer asunto que debemos considerar es si el Tribunal de Primera de Primera Instancia erró al desestimar por académica la solicitud de injunction permanente.

La U.P.R. expone que aplica una de las excepciones a la doctrina de academicidad, porque la situación de hechos fue cambiada, pero sin visos de permanencia. La U.P.R. asegura que con la aprobación del “voto de huelga preventivo”, los estudiantes solamente modificaron su comportamiento de manera temporera y sin firmeza. Así pues, nos requiere que tomemos conocimiento judicial al respecto.

*7 Además, la U.P.R. nos solicita que consideremos “los comentarios recientes realizados en la prensa por parte de líderes estudiantiles, [los cuales] revelan que existe una probabilidad razonable de que se reorganice una protesta estudiantil en el futuro cercano”. Sobre este particular, la U.P.R. nos indica que podemos también tomar conocimiento judicial. Nos cita varias manifestaciones de líderes estudiantiles publicadas en la prensa que muestran que las actuaciones de los estudiantes no tienen visos de permanencia. Por ejemplo, la U.P.R. nos presenta como anejo un artículo noticioso en el que se cita al codemandado, Giovanni Roberto Cáez, declarando lo siguiente:

En este primer “round” salimos victoriosos. Cuando uno gana el campeonato en la primera pelea, uno está dispuesto a ir a la segunda porque sabe que tiene posibilidades de ganar porque ya probó su fuerza y este movimiento ha probado la fuerza que tiene. Así que estamos listos para defender la universidad pública y evitar esa cuota en enero.

Apéndice, págs. 193 y 195.

De igual modo, la U.P.R. aneja otro artículo en el cual otro codemandado, José García, hizo una advertencia a la Junta de Síndicos sobre la implantación de la cuota en enero de 2011. Expresó que “si tenemos que hacer otra huelga, la haremos más combativa que ésta”. Id., pág. 196. Asimismo, la U.P.R. adjunta otro artículo en el que una líder estudiantil del Recinto de Aguadilla, Yanira Ríos de Jesús,NOTA3 exhortó a los estudiantes “a estar listos por si es necesario otro proceso huelgario, en caso de que la Administración decida implantar la cuota o incrementar el costo de los créditos, uno de los puntos que causó el tranque entre [sic] las negociaciones …”. Id., pág. 201.

NOTA3. De los tres estudiantes que emitieron expresiones a la prensa, Yanira Ríos de Jesús es la única que no está incluida específicamente como demandada. Los estudiantes Giovanni Roberto Cáez y José García Oquendo son codemandados y recurridos en este pleito.

Por su parte, los estudiantes recurridos sostienen que los artículos de prensa citados son prueba de referencia que no es admisible y que, por lo tanto, no podemos tomarlos en consideración. Alegan también que es “altamente especulativo” considerar que la “huelga” se repetirá, pero de ello ocurrir, la U.P.R. puede acudir oportunamente a los tribunales.

La Regla 201 de Evidencia de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. IV, trata sobre el conocimiento judicial de hechos adjudicativos. Es decir, versa sobre los hechos que “están en controversia de acuerdo con las alegaciones y del derecho sustantivo que rige el asunto”. Pérez v. Mun. de Lares, 155 D.P.R. 697, 704 (2001); Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704 (1991). Esta regla sustituyó la Regla 11 de Evidencia de 1979, la cual fue interpretada en varias ocasiones por este Tribunal.

La Regla 201 de Evidencia de 2009, supra, dicta, en lo pertinente, que:

Regla 201. Conocimiento judicial de hechos adjudicativos

(a) Esta Regla aplica solamente al conocimiento judicial de hechos adjudicativos.

(b) El Tribunal podrá tomar conocimiento judicial solamente de aquel hecho adjudicativo que no esté sujeto a controversia razonable porque:

*8 (1) es de conocimiento general dentro de la jurisdicción territorial del Tribunal,

(c) es susceptible de corroboración inmediata y exacta mediante fuentes cuya exactitud no puede ser razonablemente cuestionada.

(d) El Tribunal podrá tomar conocimiento judicial a iniciativa propia o a solicitud de parte. Si es a solicitud de parte y ésta provee información suficiente para ello, el Tribunal tomará conocimiento judicial.

(e) …………………….

(f) El Tribunal podrá tomar conocimiento judicial en cualquier etapa de los procedimientos, incluyendo la apelativa [énfasis suplido]….

Como se sabe, el conocimiento judicial es un medio de prueba. Trata de establecer un hecho como cierto sin la necesidad formal de presentar evidencia. E.L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, Publicaciones J.T.S., 1998, Tomo II, Sección 13.1, pág. 1129. Por lo tanto, tomar conocimiento judicial de un hecho adjudicativo NOTA4 significa que el hecho es aceptado como cierto sin necesidad de que la persona obligada presente evidencia de su veracidad. Ello es así porque el tribunal presume que la cuestión es tan notoria que no será disputada. Pese a ello, la parte contraria no está impedida de ofrecer prueba en contrario. Lluberas v. Mario Mercado e Hijos, 75 D.P.R. 7, 20 (1953).

NOTA4. Según expone el profesor Ernesto Luis Chiesa, los hechos adjudicativos son los vinculados con las alegaciones y los que pasan a la consideración del jurado. Esto los diferencia de los hechos legislativos, que son “aquellos que las partes y el tribunal toman en consideración con relación a los efectos sociales o económicos que podría tener la norma que se establecería de resolver de una u otra manera”. E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, Análisis por el Prof. Ernesto Chiesa, San Juan, Publicaciones J.T.S., 2009, pág. 103. Ello es pertinente, según el profesor Chiesa, ya que la Regla 201 aplica solamente a los “hechos adjudicativos.” Regla 201(a). Por lo tanto, el tribunal puede tomar conocimiento de los hechos legislativos sin cumplir con los criterios del inciso (b).

El apartado (b) de esta regla establece los dos criterios por los cuales el tribunal puede adquirir conocimiento judicial. El primer criterio es la notoriedad del hecho, lo cual incluye el conocimiento general que exista en la jurisdicción. Asoc. de Periodistas v. González, supra, pág. 713. Como señala el profesor Chiesa, “a mayor generalidad el hecho, mayor probabilidad de que se puede tomar conocimiento judicial; a mayor especificidad más difícil es tomar conocimiento judicial”. E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, Análisis por el Prof. Ernesto Chiesa, San Juan, Publicaciones J.T.S., 2009, pág. 104. El profesor Chiesa utiliza como ejemplo el evento del “Milagro del Hudson”. Indica que el tribunal puede tomar conocimiento judicial de que un avión descendió en ese río sin que nadie muriera. No obstante, éste no puede adquirir conocimiento judicial de los daños sufridos por un determinado pasajero. Id.

El segundo criterio que exhibe el inciso (b) de la regla, expone que debe ser un hecho cuya existencia no puede ser cuestionada. Tales hechos deben ser de determinación inmediata al recurrir a fuentes cuya exactitud no puede ser discutida. Al amparo de este criterio el hecho no tiene que ser notorio o de conocimiento general, sino de cómoda corroboración. Aquí lo esencial es que el hecho no se disputa porque es de fácil verificación. E.L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, op. cit., pág. 1137.

Ahora bien, no basta con que el hecho sea notorio o indubitable, sino que debe ser también pertinente y admisible. Puesto que el conocimiento judicial es un atrecho al proceso evidenciario, el hecho tiene que ser uno que se hubiese podido probar con evidencia admisible. “El conocimiento judicial no tiene el efecto de hacer admisible lo que es objeto de una regla de exclusión” de evidencia. E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, Análisis por el Prof. Ernesto Chiesa, op. cit., pág. 104.

*9 Sin duda, la economía judicial y lo indeseable de que el juzgador rechace como falso lo que es a todas luces cierto, es el cimiento para la doctrina del conocimiento judicial. E.L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, op. cit., págs. 1130. “[L]os jueces no viven en un vacio. Sabemos lo que el resto de la comunidad sabe.” Pueblo v. Marrero, 79 D.P.R. 649, 658 (1956). No obstante, el conocimiento judicial no se refiere al conocimiento personal del juez, sino al general que éste pueda tener de un hecho. E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, Análisis por el Prof. Ernesto Chiesa, op. cit., pág. 104.

Por último, el tribunal puede tomar conocimiento judicial por su propia iniciativa o a solicitud de parte. En el segundo de los casos, la parte proponente debe poner en posición al tribunal para tomar conocimiento judicial. Entonces, el tribunal debe acceder a la solicitud, especialmente si se trata de un hecho de fácil verificación. Si la parte promovente no provee la información, el tribunal rechazará la solicitud y la parte deberá entonces presentar evidencia para probar el hecho. Pérez v. Mun. de Lares, supra, pág. 705.

Conforme al derecho antes expuesto no cabe duda de que este Tribunal puede tomar conocimiento judicial de que el 21 de junio de 2010 se celebró una asamblea convocada por los estudiantes. Este hecho no sólo es de conocimiento general sino que es de fácil corroboración. Tampoco se cuestiona que en dicha fecha una mayoría de los estudiantes reunidos ratificaron un “voto preventivo de huelga”. Este particular no ha sido cuestionado por los estudiantes.

Ahora bien, distinto son las expresiones citadas en el periódico que alegadamente hicieron varios estudiantes, que en su mayoría son codemandados-recurridos. Sin el beneficio de la prueba que se presente en un juicio, no hay manera de que podamos tomar como cierto el contenido de los artículos de periódicos que cita la U.P.R. Como se sabe, este Tribunal ha establecido como norma general que los artículos de periódicos no son admisibles para probar lo que en éstos se relata, porque son prueba de referencia. Pons v. Rivera Santos, 85 D.P.R. 524, 542 (1962). Evidentemente, los artículos de los periódicos con las citas de lo que alegadamente dijeron los estudiantes, son prueba de referencia inadmisible para probar la certeza de lo allí citado. Por lo tanto, sobre ese particular los estudiantes recurridos tienen razón. Este Tribunal no puede, sin más, considerar ciertas esas expresiones.

Sin embargo, no debe existir duda alguna de que sí podemos tomar conocimiento judicial de que el 21 de julio de 2010 se realizó una asamblea de estudiantes y que allí se ratificó un “voto preventivo de huelga”. Estos hechos son de conocimiento general y de fácil corroboración. Con ese hecho como premisa, debemos analizar si este pleito es académico como resolvió el Tribunal de Primera Instancia.

B. Academicidad: excepción de cesación voluntaria sin visos de permanencia.

*10 Como se sabe, conforme al principio de justiciabilidad los tribunales limitan su intervención para resolver controversias reales y definidas que afectan las relaciones jurídicas de partes antagónicas u opuestas. E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 584 (1958). Conforme a ello, un tribunal de justicia no debe atender una controversia de carácter hipotético, abstracto o ficticio. Id. Esa limitación tiene el propósito de que los tribunales puedan precisar el momento oportuno para su intervención. Id.

Hemos señalado que un asunto no es justiciable cuando: (1) trata de resolver una cuestin poltica; (2) una de las partes no tiene legitimación activa para promover un pleito; (3) después de comenzado un pleito, unos hechos posteriores lo convierten en acadmico; (4) las partes buscan obtener una opinión consultiva; o(5) se promueve un pleito que no está maduro. Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406 (1994). Como vemos, la doctrina de academicidad es una manifestación del principio de justiciabilidad.

La academicidad recoge la situación en que, aun cumplidos todos los criterios de justiciabilidad, ocurren cambios en los hechos o el derecho durante el trámite judicial que tornan académica o ficticia la solución del pleito. El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115, 123 (1988); Com. de la Mujer v.. Srio. De Justicia, 109 D.P.R. 715, 724 (1980). La doctrina de academicidad busca: (1) evitar el uso innecesario de los recursos judiciales; (2) asegurar que haya la adversidad suficiente para que las controversias se presenten y defiendan competente y vigorosamente; y(3) evitar precedentes innecesarios. Com. de la Mujer v. Srio. De Justicia, pág. 725.

Un caso académico es aquel que intenta “obtener un fallo sobre una controversia disfrazada, que en realidad no existe, o una determinación de un derecho antes que éste haya sido reclamado, o una sentencia sobre un asunto, que al dictarse, por alguna razón no podrá tener efectos prácticos sobre una controversia existente”. P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643, 675 (1995); E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 584. Conforme a ello, una controversia puede convertirse en académica cuando su condición viva cesa por el transcurso del tiempo. Emp. Pub. Des., Inc. v. H.I.E.T.E.L., 150 D.P.R. 924, 936 (2000).

Al considerar el concepto de academicidad hay que concentrarse en “la relación existente entre los eventos pasados que dieron inicio al pleito y la adversidad presente”. Asoc. de Periodistas v. González, supra, págs. 717-718. Este análisis es trascendental para determinar la existencia de los requisitos constitucionales de justiciabilidad, especialmente cuando existen aspectos de la controversia que se tornan académicos pero persisten consecuencias colaterales de ésta que tienen vigencia y actualidad. Véase, R. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1986, Vol. 1, págs. 122-126. Por lo tanto, al examinar si un caso es académico, debemos evaluar los eventos anteriores, próximos y futuros, a fines de determinar si la controversia entre las partes sigue viva y subsiste con el tiempo. Pres. del Senado, 148 D.P.R. 737, 759 (1999). De no ser así, los tribunales están impedidos de intervenir.

*11 No obstante, este Tribunal ha reconocido varias excepciones a la doctrina de academicidad. P.P.D. v. Gobernador I, supra, pág. 676. Tales excepciones son: (1) una cuestión recurrente o susceptible de volver a ocurrir; (2) cuando la situación de hechos ha sido cambiada por el demandado, pero no tiene visos de permanencia; (3) cuando subsisten consecuencias colaterales que tienen vigencia y actualidad. Moreno v. Pres. U.P.R. II, supra; Angueira v. J.L.B.P., 150 D.P.R. 10, 19 (2000).

La U.P.R. alega que en este caso aplica la segunda excepción antes mencionada. Explica que los estudiantes realizaron un cambio a su conducta, pero sin la intención de que ese cambio fuera permanente. Asegura que la aprobación del “voto de huelga preventivo” es prueba de ello. Como indicáramos, podemos tomar conocimiento judicial del hecho de que hubo una asamblea de estudiantes en la cual se aprobó un voto preventivo de huelga. No podemos obviar que los intentos de concluir la controversia entre las partes mediante el acuerdo de mediación, a raíz de esa asamblea, no necesariamente fueron definitivos. En ese sentido creemos que la U.P.R. tiene razón en sus argumentos.

Este Tribunal nunca ha tenido la oportunidad de aplicar y abundar sobre la excepción de academicidad de cesación voluntaria sin visos de permanencia. NOTA5 Sin embargo, existe múltiple jurisprudencia al respecto del Tribunal Supremo federal. Así, ese foro ha sostenido que el hecho de que un demandado desista voluntariamente de la conducta impugnada no priva automáticamente a un tribunal de su autoridad para determinar la legalidad de esa conducta. Friends of Earth, Inc. v. Laidlaw Environmental Services, Inc., 528 U.S. 167, 189 (2000); City of Mesquite v. Aladdin’ s Castle, Inc., 455 U.S. 283, 289 (1982). De lo contrario, se dejaría libre a la parte demandada para volver a sus antiguas usanzas. United States v. Concentrated Phosphate Export Ass’n, 393 U.S. 199, 203 (1968), citando a United States v. W.T. Grant Co., 345 U.S. 629, 632 (1953).

NOTA5. En Presidente de la Cámara v. Gobernador, 167 D.P.R. 149 (2006), no aplicamos la excepción de cesación voluntaria sin visos de permanencia. Concluimos que el caso era académico porque no era probable que la controversia recurriera en el futuro. No obstante, la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió una opinión disidente en la que señaló que no había garantía de que la parte recurrida no habría de repetir la misma conducta en el futuro. Opinó que debía aplicarse la excepción de cesación sin visos de permanencia y abundó un poco sobre este concepto y su aplicación por el Tribunal Supremo federal.

El Tribunal Supremo federal indicó que para determinar si un caso es académico por el cambio voluntario de una demandado se utiliza el escrutinio estricto. Friends of Earth, Inc. v. Laidlaw Environmental Services, Inc., supra. Por lo tanto, la culminación voluntaria de una conducta no tornará académica una controversia salvo que los eventos subsiguientes hagan absolutamente claro que no es razonable esperar que la alegada conducta impugnada volverá a ocurrir. Parents Involved in Cmty. Sch. v. Seattle Sch. Dist. No. 1, 551 U.S. 701, 719 (2007) citando a Friends of Earth, Inc. v. Laidlaw Environmental Services, Inc., supra, y a United States v. Concentrated Phosphate Export Ass’ n, supra (“ subsequent events made it absolutely clear that the allegedly wrongful behavior could not reasonably be expected to recur ”).

Si un demandante impugna una acción y el demandado reacciona eliminándola, pero posteriormente continúa con una acción sustancialmente similar (“ substantially similar action ”), el caso no es académico. J.E. Nowak y R.D. Rotunda, Constitutional Law, 8va ed., West Pub., 2010, pág. 72. Concluir lo contrario dejaría en las manos de la parte demandada la continuación del pleito. Por eso, un caso es académico solo si: (1) puede asegurarse que la violación alegada no va a volver a ocurrir; y(2) el remedio provisional concedido o los eventos acaecidos han erradicado completa e irrevocablemente los efectos de la violación alegada. County of Los Angeles v. Davis, 440 U.S. 625, 631 (1979).

*12 En el caso normativo United States v. W.T. Grant Co., supra, el Tribunal Supremo señaló:

Both sides agree to the abstract proposition that voluntary cessation of allegedly illegal conduct does not deprive the tribunal of power to hear and determine the case, i.e., does not make the case moot…. A controversy may remain to be settled in such circumstances…. The defendant is free to return to his old ways. This, together with a public interest in having the legality of the practices settled, militates against a mootness conclusion …. For to say that the case has become moot means that the defendant is entitled to a dismissal as a matter of right,…. The courts have rightly refused to grant defendants such a powerful weapon against public law enforcement [citas omitidas; énfasis suplido].

El peso de la prueba recae en la parte que alega que el pleito es académico. Es decir, le corresponde a ésta demostrar que el cambio de conducta para culminar la controversia es permanente y no es razonable esperar que revierta. Friends of Earth, Inc. v. Laidlaw Environmental Services, Inc., supra (“ the heavy burden of persuading the court that the challenged conduct cannot reasonably be expected to start up again lies with the party asserting mootness ”.). En ese sentido, si la parte demandada puede probar que no existe una expectativa razonable de que la conducta impugnada se repita, entonces el caso es académico. United States v. W.T. Grant Co., supra.

En vista del derecho antes expuesto, los estudiantes recurridos tienen el peso de la prueba para establecer que su conducta con relación al fin de la huelga es permanente. El acuerdo al que llegaron las partes tras la intervención de un mediador no tuvo el propósito de terminar con la litigación. Ninguna de sus cláusulas contiene un compromiso de desistir del pleito. El único objetivo fue levantar la “huelga estudiantil” que imperaba entonces a cambio de una posposición hasta enero de 2011 del cobro de una cuota especial a los estudiantes, entre otras cosas. Los estudiantes recurridos hicieron constar expresamente en el acuerdo producto de la mediación que rechazan esa cuota. Luego, aprobaron un “voto preventivo de huelga.” Eso mantiene viva la pugna que mantuvo a nuestro sistema universitario paralizado por meses.

Por ende, la controversia ante nuestra consideración se sitúa perfectamente en la excepción de academicidad antes expuesta. No existe una garantía real de que los estudiantes no habrán de incurrir en la conducta impugnada, especialmente luego de la aprobación del “voto preventivo de huelga”. Por el contrario, su conducta es un indicio razonable de que podría volver a ocurrir otra paralización de la U.P.R. y que la intención de los estudiantes recurridos nunca fue culminar con la controversia de autos.

Si concluyéramos que el litigio es académico los estudiantes recurridos quedarían liberados de un dictamen judicial y podrían incurrir nuevamente en la conducta proscrita. Eso dejaría sin remedio a la U.P.R. a pesar de sus alegaciones de daño irreparable. La adjudicación judicial de ese reclamo no puede quedar al arbitrio unilateral de los estudiantes recurridos. Esto cobra más importancia cuando se trata de un asunto de tan alto interés público. Estamos ante la posible paralización de nuestro más alto centro público de enseñanza y la frustración de la misión social consagrada en la Ley de la Universidad de Puerto Rico. Es por ello que concluimos que este caso no es académico porque le aplica la excepción de cesación voluntaria sin visos de permanencia. A pesar de los esfuerzos de mediación, la conducta posterior de los estudiantes abona a que la U.P.R. se sienta amenazada y nada impediría que los estudiantes retomen los actos que el injunction permanente busca evitar.

IV

*13 La U.P.R. ha solicitado un interdicto permanente contra los estudiantes recurridos, que ordene el cese de toda acción que impida el libre acceso al campus universitario. Por su parte, los estudiantes recurridos argumentan como defensas afirmativas que el remedio que la U.P.R. solicita implica un menoscabo de patente intensidad a su derecho a la libre expresión, que por ello requiere el escrutinio judicial más alto y acucioso posible. Toda vez que el Tribunal de Primera Instancia tendrá que aquilatar estos planteamientos al evaluar si emite la orden de injunction permanente que se le ha solicitado, es imperativo definir los contornos de los derechos constitucionales que se invocan como defensa. Nos aseguramos así de que se protejan los derechos legales y constitucionales de todas las partes en la comunidad universitaria.

A. Principios generales de la libertad de expresión.

La Sec. 4 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico consagra el derecho fundamental a la libertad de expresión. Art. II, Sec. 4, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Como tal, nuestra Carta de Derechos protege al ciudadano puertorriqueño contra cualquier actuación gubernamental o “ley … que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios”. Id. Como corolario de la libre expresión, la Sec. 6 del artículo citado añade que “[l]as personas podrán asociarse y organizarse libremente para cualquier fin lícito, salvo en organizaciones militares o cuasi militares”. Id., Sec. 6. Hemos expresado en el pasado que “[a]mbos derechos son fundamentales para la consecución y[el] ejercicio de la libertad de conciencia”. Rodríguez v. Srio. de Instrucción, 109 D .P.R. 251, 255 (1979).

La garantía constitucional a la libertad de palabra “abarca el ámbito general de la libertad de conciencia, de pensamiento, de expresión, y las actividades propias para ejercitar a plenitud dentro de la más dilatada libertad la totalidad de los derechos”. Muñiz v. Admor. Deporte Hípico, 156 D.P.R. 18, 23 (2002), citando a 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2564 (1951). Además, “[faculta] el desarrollo pleno del individuo y [estimula] el libre intercambio y la diversidad de ideas, elementos vitales del proceso democrático”. Velázquez Pagán v. A.M.A., 131 D.P.R. 568, 576 (1992).

“Entre las libertades individuales, la libertad de expresión es probablemente la más esencial, una vez garantizado el derecho a la vida y a la libertad física”. Asoc. de Maestros v. Srio. de Educación, 156 D.P.R. 754, 767 (2002). “La libertad de expresión es la quintaesencia de una sociedad democrática. De forma multidimensional, en la constelación de valores democráticos, goza de una primacía peculiar”. Coss y U.P.R. v. C.E.E., 137 D.P.R. 877, 886 (1995). Como resultado, este Tribunal está llamado a la más celosa protección de un derecho tan cardinal. Asoc. de Maestros v. Srio. de Educación, supra, pág. 768.

*14 Sin embargo, hemos reiterado a la saciedad que el derecho a la libertad de palabra no está inmune a la imposición de limitaciones, siempre y cuando éstas sean interpretadas de forma restrictiva, de manera que no abarquen más de lo imprescindible. Muñiz v. Admor. Deporte Hípico, supra, pág. 24; Véanse también, Asoc. de Maestros v. Srio. de Educación, supra, págs. 768-769; Velázquez Pagán v. A.M.A., supra, pág. 576; Rodríguez v. Srio. de Instrucción, supra, pág. 255. La libertad de expresión no es un derecho absoluto. Por consiguiente, puede “subordinarse a otros intereses cuando la necesidad y conveniencia públic[a] lo requieran”. Mari Bras v. Casañas, 96 D.P.R. 15, 21 (1968). Véanse también: Aponte Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282, 290 (1971); A. Lewis, Freedom for the Thought that We Hate, New York, Ed. Basic Books, 2007, pág. 169 (“ People invoke the First Amendment as if those words would settle whatever issue was being debated. But in truth the freedoms of speech and of the press have never been absolutes ”.).

La Sec. 4 de la Carta de Derechos local, supra, encuentra su origen en los postulados de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América, Enmd. I, Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1. Véase, J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, Ed. U.P.R., 1982, T. 3, pág. 181. La Primera Enmienda declara, en lo pertinente, que “[e]l Congreso no aprobará ninguna ley … que coarte la libertad de palabra o de prensa; o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar del Gobierno la reparación de agravios”. Enmd. 1, supra. A su vez, la Enmienda Catorce, Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1, hizo extensivas las garantías a las libertades de expresión y prensa consagradas en la Primera Enmienda, supra, a todos los estados de la Unión. Véanse: Enmd. XIV, supra; J.E. Nowak & R.D. Rotunda, op. cit., pág. 1252. Por tratarse de un derecho fundamental, la garantía de libertad de expresión y prensa de la Constitución federal aplica en Puerto Rico. Balzac v. People of Porto Rico, 258 U.S. 298, 314 (1922); Aponte Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282, 286-287 (1971). Véase, D.M. Helfeld, How Much of the Federal Constitution is Likely to be Held Applicable to the Commonwealth of Puerto Rico, 39 Rev. Jur. U.P.R. 169, 183 (1969).

Por esa razón, “las garantías de nuestra Carta de Derechos las interpretamos y hacemos efectivas no en menor grado de protección que lo hace, respecto a garantías similares, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos”. Aponte Martínez v. Lugo, supra. Al resolver casos y controversias que surgen bajo el palio de la Primera Enmienda, supra, el Tribunal Supremo federal ha bifurcado su análisis en dos grandes categorías, a saber: (1) acciones gubernamentales que reglamentan el contenido de la expresión, y(2) aquéllas que regulan su tiempo, lugar y manera. J.E. Nowak & R.D. Rotunda, op. cit., pág. 1253; K. Sullivan & G. Gunther, First Amendment Law, New York, Ed. Foundation Press, 1999, pág. 193 (“The Court has increasingly treated the distinction between content-based and content-neutral regulations as a crucial one in First Amendment law”.); R. Serrano Geyls, Derecho constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, op. cit., T. 2, pág. 1278.

B. La reglamentación gubernamental del contenido de la expresión.

*15 Al analizar las controversias que plantean el derecho a la libertad de expresión, hemos adoptado el sistema de análisis implantado por el más alto foro federal. Por consiguiente, hemos consignado que “es menester distinguir entre la reglamentación gubernamental del contenido de la expresión y la reglamentación del tiempo, lugar y manera de la expresión”. Muñiz v. Admor. Deporte Hípico, supra, pág. 24; Véase, además, Asoc. de Maestros v. Srio. de Educación, supra, pág. 769.

En términos generales, hemos desfavorecido toda intervención gubernamental que procure impedir determinada expresión debido a su contenido. Una intervención gubernamental incide sobre el contenido de una expresión si

la prohibición va dirigida precisamente a las ideas o a la información que se quiere diseminar, por el mensaje o punto de vista específico de la expresión o por el efecto que esa información o idea pueda tener. Cualquier acción del Gobierno de esta naturaleza, que esté dirigida al contenido o al impacto comunicativo de la expresión, se considera tan ominosa jurídicamente que se presume contraria a la Primera Enmienda de la Constitución federal, [ supra ], y a la Sec. 4 del Art. II de nuestra Constitución … [ supra ] [Énfasis en el original.].

Muñiz v. Admor. Deporte Hípico, supra, pág. 25, citando a L.H. Tribe, American Constitutional Law, 2da ed., New York, Ed. Foundation Press, 1988, Sec. 12-2, págs. 789-790.

Cuando una actuación gubernamental esté diseñada para afectar el contenido de la expresión, deberá someterse a un escrutinio judicial estricto. Lo anterior implica que la restricción a la actividad expresiva no se sostendrá, a no ser que el gobierno pueda justificar que su acción está estrechamente diseñada para alcanzar un interés público apremiante y que tal actuación es necesaria para alcanzar dicho interés. Véase, Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., 460 U.S. 37, 45 (1983). Véanse, además, Pleasant Grove City v. Summum, 129 S.Ct. 1125, 1132 (2009), 555 U.S. ____ (2009); Frisby v. Schultz, 487 U.S. 474, 841 (1988); Bd. of Airport Comm’rs v. Jews for Jesus, 482 U.S. 569, 573 (1987); J.E. Nowak & R.D. Rotunda, op. cit., págs. 1253 y 1254.

El Tribunal Supremo federal ha permitido, en limitadas ocasiones y mediante una regulación clara y estrechamente diseñada, que se proscriba determinada expresión por causa de su contenido cuando ésta puede catalogarse bajo alguna de las siguientes clasificaciones:

(1) speech that incites to imminent lawless action, such as a speaker who urges the lynch mob to attack; (2) speech that triggers an automatic violent response (so called “fighting words” or “true threats”); (3) obscenity, (which the Court narrowly defines to exclude much material that the popular press often describes as pornography); (4) child pornography, a limited category of speech involving photographs and films of young children; (5) certain types of defamatory speech; and (6) certain types of commercial speech, primarily false or misleading speech connected to the sale of a service or product, or offers to engage in illegal activity, such as advertisement for a male-only employee when the law forbids sex discrimination.

*16 J.E. Nowak & R.D. Rotunda, op. cit., págs. 1253-1254.

Al igual que el Tribunal Supremo federal, también nos hemos expresado sobre esas clasificaciones, al autorizar determinadas actuaciones o regulaciones gubernamentales aunque incidan sobre el contenido del mensaje, ya que la expresión resulta ser: (1) subversiva; (2) difamatoria; (3) invasora de la intimidad; (4) obscena; o(5) de naturaleza comercial. Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573 (1982); Pueblo v. Olivero Rodríguez, 112 D.P.R. 369 (1982); Pueblo v. Burgos, 75 D.P.R. 51 (1953); Guadalupe v. Bravo, 71 D.P.R. 975 (1950); Véase, además, R. Serrano Geyls, op. cit., págs. 1279-1447.

No obstante, cuando una actuación gubernamental impide cierto mensaje por causa de su contenido y la expresión no está dentro de alguna de esas clasificaciones, el gobierno tendrá la carga onerosa de establecer que la limitación a la expresión cumple con los requisitos esenciales de un escrutinio judicial estricto; a saber, que está diseñada estrechamente para alcanzar un interés gubernamental apremiante. J.E. Nowak & R.D. Rotunda, op. cit., pág. 1254.

C. La reglamentación gubernamental del tiempo, lugar y la manera de la expresión, y el análisis tripartita de foros.

El Estado no puede suprimir de manera total y absoluta el ejercicio de la expresión legítima. Tampoco se favorece, como regla general, la regulación del contenido de la expresión protegida. Ahora bien, el Estado sí puede limitar, bajo ciertas condiciones, el tiempo, lugar y la manera en que un ciudadano ejerce su derecho a la libre expresión. Véase, Perry Educ. Ass’n v. Perry Local Educators’ Ass’n, supra, pág. 45. Véanse, además, Hill v. Colo., 530 U.S. 703, 726 n. 32 (2000); Burson v. Freeman, 504 U.S. 191, 197 (1992); J.E. Nowak & R.D. Rotunda, pág. 1255. Sin este tipo de límite o restricción, nuestra sociedad democrática estaría desprovista de algún grado sensato de orden y civilidad, ya que los ciudadanos estarían libres para expresar su mensaje sin importar el contexto específico del lugar, el momento o el modo en que lo hacen. Id.

El Tribunal Supremo federal ha establecido que una regulación o actuación gubernamental que tan solo incida sobre el tiempo, lugar y la manera de la expresión, será válida únicamente si cumple con un escrutinio judicial intermedio. El escrutinio judicial intermedio requiere que la regulación o actuación gubernamental cumpla con tres exigencias: (1) que sea neutral en cuanto al contenido de la expresión; (2) que haya sido diseñada estrechamente para alcanzar un interés gubernamental importante o significativo que no esté relacionado con la supresión del contenido de la expresión; y(3) que no impida medios alternativos de comunicación. Burson v. Freeman, supra, pág. 197; Véanse, además, Ward v. Rock Against Racism, 491 U.S. 781, 791 (1989); United States v. Grace, 461 U.S. 171, 177 (1983); J.E. Nowak & R.D. Rotunda, op. cit., págs. 1255 y 1257.

*17 La utilización de un escrutinio judicial intermedio evita los rigores de un escrutinio judicial estricto. Este último exige que se pruebe un interés gubernamental apremiante e inclina el péndulo de intereses hacia el extremo de permitir todo tipo de expresión en cualquier sitio, ocasión o forma. En el otro extremo, revisar las regulaciones o actuaciones gubernamentales a la luz de un escrutinio de razonabilidad mínima facultaría que el Estado suprima adversamente la libertad de expresión en nuestra sociedad, ya que se presumiría constitucional la acción impugnada y quien se opone a ella tendría la carga pesada de demostrar que el gobierno no persigue un interés gubernamental legítimo. Véase, J.E. Nowak & R.D. Rotunda, op.cit.

Cuando el Gobierno restringe el derecho a la libertad de expresión en propiedad pública, se desata una pugna de intereses entre el derecho del Estado a limitar el uso que se ejerce sobre ésta, y el derecho de todo ciudadano a utilizar la propiedad del Estado para actividades intrínsecas a la libertad de palabra. Bd. of Airport Comm’rs v. Jews for Jesus, supra, pág. 572. Para alcanzar un balance de intereses, el Tribunal Supremo federal ha instaurado un análisis tripartita, en donde el grado de expresión permitido dependerá del tipo de foro identificado. Según el caso normativo Perry Educ. Ass’n v. Perry Local Educators’ Ass’n, supra, págs. 45-46, los tres foros de expresión son: (1) el foro público tradicional; (2) el foro público por designación, y(3) el foro público no tradicional. Véanse, además, Ark. Educ. TV Comm’n v. Forbes, 523 U.S. 666, 677 (1998); Cornelius v. NAACP Legal Defense & Ed. Fund, Inc., 473 U.S. 788, 802 (1985).

Un foro público tradicional es un lugar que por uso y costumbre o por fíat gubernamental ha sido destinado a la reunión pacífica y al debate público. Perry Educ. Ass’n v. Perry Local Educators’ Ass’n, supra, pág. 45. Las calles, aceras y parques son lugares que por excelencia se han considerado foros públicos tradicionales, ya que por tiempo inmemorable han sido reservados para el uso del pueblo y para la reunión entre ciudadanos con el fin de cultivar la comunicación y discutir asuntos de interés social. Id., citando a Hague v. CIO, 307 U.S. 496, 515 (1939) (“ Wherever the title of streets and parks may rest, they have immemorially been held in trust for the use of the public, and, time out of mind, have been used for purposes of assembly, communicating thoughts between citizens, and discussing public questions.”).

Al analizar toda regulación o limitación de la libertad de palabra en este tipo de foro, los tribunales deben emplear el análisis dual antes esbozado, examinando si la acción interfiere con el contenido de la expresión o si sólo coarta el tiempo, lugar o la manera de hacerla. Si la regulación o limitación suprime el contenido de la expresión en un foro público tradicional, los tribunales aplicarán el escrutinio judicial estricto antes explicado, a no ser que se trate de alguna de las clasificaciones de expresión que han sido proscritas por su contenido ( i.e., obscenidad); empero, si la restricción solo atañe el tiempo, lugar y el modo de la expresión, entonces será de aplicación el escrutinio judicial intermedio antes consignado. Éste aplica a toda regulación que sea neutral hacia el contenido de la expresión. Perry Educ. Ass’n v. Perry Local Educators’ Ass’n, supra, págs. 45-46. Véase, también, Pleasant Grove City v. Summum, supra, pág. 1132.

*18 La segunda clase de foro, el foro público por designación, consiste en aquella propiedad pública que el Estado ha abierto a la actividad expresiva. Perry Educ. Ass’n v. Perry Local Educators’ Ass’n, supra, pág. 45. El foro público por designación no es uno originalmente destinado a gestiones comunicativas, pero el Gobierno, por elección propia, opta por abrirlo para tales propósitos. Pleasant Grove City v. Summum, supra, pág. 1132. Véase, también, Cornelius v. NAACP Legal Defense & Ed. Fund, Inc., supra, pág. 802. Aunque el Estado no está obligado a proveer para fines expresivos la propiedad pública que no es catalogada tradicionalmente como un foro público, mientras lo haga deberá cumplir con el escrutinio empleado para evaluar la constitucionalidad de la regulación de la expresión protegida en los foros públicos tradicionales. Perry Educ. Ass’n v. Perry Local Educators’ Ass’n, supra, pág. 46. En U.N.T.S. v. Srio. de Salud, 133 D.P.R. 153, 164 (1993), añadimos:

Dentro de esta categoría, el Gobierno puede designar foros públicos limitados. Éstos se abren para propósitos específicos, tales como la discusión e intercambio de ideas por ciertos grupos o sobre ciertos temas. Por lo tanto, en esos casos, el derecho a expresarse se extendería sólo a otros grupos de carácter similar o a otros puntos de vista sobre el mismo tema. El Gobierno no puede crear estos foros por inacción, sino sólo deliberadamente [Citas omitidas.].

Por último, el foro público no tradicional alberga aquella propiedad pública que no ha sido destinada tradicionalmente a la reunión pacífica o al debate público y el Gobierno tampoco ha elegido abrirla para actividades expresivas. J.E. Nowak & R.D. Rotunda, op. cit., pág. 1263. La categoría de foro público no tradicional se examina a la luz de un escrutinio judicial distinto al establecido para el foro público tradicional y el foro público por designación. En el foro público no tradicional,

la protección que ofrece la Primera Enmienda de la Constitución federal es menor. El Gobierno puede limitar la actividad expresiva a aquella que sea compatible con el objetivo para el cual fue creada esta propiedad pública. La reglamentación de la expresión será válida siempre que sea razonable, aunque no tiene que ser la única ni la más razonable ( International Soc’y for Krishna Conciousness, Inc. v. Lee, supra; Cornelius v. NAACP Legal Defense & Ed. Fund., supra, pág. 808), neutral en cuanto a puntos de vista ( Cornelius v. NAACP Legal Defense & Ed. Fund., supra, pág. 806), y siempre que no sea parte de un esfuerzo por suprimir la expresión ( Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra, pág. 46).

U.N.T.S. v. Srio. de Salud, supra, pág. 164.

D. La libertad de expresión en el contexto universitario.

*19 Las instituciones universitarias han ocupado un papel protagónico en múltiples controversias jurídicas respecto a los límites y contornos del derecho a la libertad de palabra. Al respecto, la jurisprudencia federal y local ha atendido los intereses en pugna. Por un lado, identificamos el interés de los estudiantes en ejercer el derecho que sin duda les asiste a la libre expresión, sin restricciones onerosas; mientras, por otra parte, la administración universitaria tiene el deber de asegurar el libre ejercicio de esa expresión dentro de los límites razonables que son compatibles con la misión de la Universidad que la administración tiene que promover y proteger. En otras palabras, la administración universitaria tiene que asegurarle al país y a los componentes del campus que la universidad pública cumplirá su misión docente como centro de formación, instrucción y aprendizaje.

El máximo foro federal dictaminó en Tinker v. Des Moines Indep. Cmty. Sch. Dist., 393 U.S. 503, 505 (1969), que el derecho a la libertad de expresión de estudiantes de escuelas secundarias no podía limitarse absolutamente, a no ser que el Estado demostrara que el ejercicio de expresión estudiantil afectaba material y sustancialmente el ambiente de aprendizaje de la escuela y el orden y la disciplina en la institución. Según el Tribunal Supremo, los actos expresivos de los estudiantes -protestar contra el conflicto bélico en Vietnam mediante el uso en la escuela de bandas negras en sus brazosestaban cobijados por la Primera Enmienda, supra, ya que los maestros y los estudiantes no pierden sus derechos constitucionales una vez traspasan los portones escolares hacia las aulas de estudio. Íd., pág. 506.

En Rodríguez v. Srio. de Instrucción, supra, adoptamos los pronunciamientos del Tribunal Supremo federal en Tinker v. Des Moines Indep. Cmty. Sch. Dist., supra. “Los derechos básicos garantizados por nuestra Constitución acompañan tanto a maestros como a estudiantes durante su permanencia en los predios escolares. La prohibición de su ejercicio tiene pues que obedecer a motivos que trasciendan del mero deseo de evitar inconvenientes triviales”. Rodríguez v. Srio. de Instrucción, supra, págs. 257-258.

Además, en Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, 113 D.P.R. 153, 160 (1982), integramos a la esfera universitaria los principios esbozados en Rodríguez v. Srio. de Instrucción, supra. Expresamos que

es afín con la esencia vital de la universidad la norma constitucional que reconocimos en Rodríguez v. Srio. de Instrucción, [ supra ], a los efectos de que estudiantes y profesores conservan sus derechos de expresión y asociación pacífica en consonancia con los propósitos de la institución, cuando entran a los centros de enseñanza.

Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, supra, pág. 162.

*20 No obstante, el criterio de las autoridades escolares merece deferencia, para garantizar así que el derecho a la libertad de expresión no interfiera sustancialmente con el ambiente de enseñanza y aprendizaje académico. Así, en Bethel School Dist. No. 403 v. Fraser, 478 U.S. 675 (1986), el Tribunal Supremo federal determinó que los administradores de una escuela pueden suspender a un estudiante que emitió un discurso sexualmente cargado en una asamblea de estudiantes, ya que las escuelas tienen autoridad para determinar qué constituye lenguaje sexualmente indecente y ofensivo, el cual no está protegido por la Primera Enmienda, supra. En Hazelwood School Dist. v. Kuhlmeir, 484 U.S. 260 (1988), se estableció que una escuela puede ejercer control editorial sobre el contenido de expresiones estudiantiles en foros auspiciados por la escuela, sin tener que probar que la expresión estudiantil interrumpe sustancialmente las labores académicas. Sin embargo, la limitación debe estar razonablemente relacionada con algún interés pedagógico legítimo. Finalmente, en Morse v. Frederick, 551 U.S. 393 (2007), se determinó que una escuela puede suspender a un estudiante por desplegar un letrero que leía “ BONG HITS 4 JESUS ” en una actividad escolar.

Recientemente, el Tribunal Supremo federal extrapoló al entorno universitario lo dicho en el contexto escolar, y reafirmó que los tribunales le debemos deferencia al juicio de las administraciones universitarias con relación a qué política interna faculta el alcance de los objetivos y fines pedagógicos que son característicos de un centro de alta enseñanza. Christian Legal Soc’y Chapter of the Univ. of Cal. v. Martínez, 130 S.Ct. 2971, ___ U.S. ____ (2010). En concreto, el Tribunal aseveró lo siguiente:

This Court is the final arbiter of the question whether a public university has exceeded constitutional constraints, and we owe no deference to universities when we consider that question…. Cognizant that judges lack the on-the-ground expertise and experience of school administrators, however, we have cautioned courts in various contexts to resist substituting their own notions of sound educational policy for those of the school authorities which they review.

Id., pág. 2988.

En fin, el derecho a la libertad de expresión de estudiantes, empleados y profesores debe ser cónsono con la misión educativa de la universidad. Sin embargo, la administración universitaria no tiene un poder irrestricto para limitar el derecho a la libertad de palabra so pretexto de alcanzar sus objetivos pedagógicos. Hemos requerido que “las autoridades [universitarias] muestren los hechos que razonablemente las han llevado a concluir que de permitir la actividad proscrita, se alterarían substancialmente o se causaría una seria intervención con las actividades docentes”. Rodríguez v. Srio. de Instrucción, supra, pág. 257. Las autoridades universitarias deben demostrar que “las restricciones impuestas obedecen a la necesidad real de defender la eficiencia e integridad del servicio público”. Id., págs. 257-258. Véase, además, Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, supra, pág. 162.

*21 La pugna de intereses reseñada se ha desatado frecuentemente en el contexto de un recinto universitario público. Como tal, la jurisprudencia local y federal ha atendido esas controversias según los confines de la doctrina tripartita de los foros públicos establecida en Perry Education Assn. v. Perry Local Educator’s Assn., supra. En la esfera federal ya se ha resuelto que un recinto universitario manifiesta muchas de las características inherentes a un foro público; sin embargo, por sus objetivos pedagógicos y académicos, no puede compararse a los foros públicos tradicionales. Así, en Widmar v. Vincent, 454 U.S. 263, 268 n. 5 (1981), se expresó:

[T]he campus of a public university, at least for its students, possesses many of the characteristics of a public forum. See generally Police Dept. of Chicago v. Mosley, 408 U.S. 92 (1972); Cox v. Louisiana, 379 U.S. 536 (1965). ‘The college classroom with its surrounding environs is peculiarly the marketplace of ideas.’ Healy v. James, 408 U.S. 169, 180 (1972)…. We therefore have held that students enjoy First Amendment rights of speech and association on the campus. At the same time, however, our cases have recognized that First Amendment rights must be analyzed ‘in light of the special characteristics of the school environment’. Tinker v. Des Moines Independent School District, [supra, pág. 506]. We continue to adhere to that view. A university differs in significant respects from public forums such as streets or parks or even municipal theaters. A university’s mission is education, and decisions of this Court have never denied a university’s authority to impose reasonable regulations compatible with that mission upon the use of its campus and facilities.

En la esfera local, ya hemos articulado que “las facilidades educativas podrían considerarse foros públicos, sólo si las autoridades escolares-‘mediante política o por práctica’-han abierto esas facilidades ‘para el uso indiscriminado del público en general’ “. Coss y U.P.R. v. C.E.E., supra, pág. 889, citando a Perry Education Assn. v. Perry Local Educator’s Assn., supra, pág. 47. En ese caso resolvimos que el periódico Diálogo de la Universidad de Puerto Rico es un foro público por designación.

Queda claro, entonces, que tanto en la jurisdicción federal como en la local, los recintos universitarios no se catalogan como foros públicos tradicionales. La tendencia ha sido catalogar los recintos universitarios y las escuelas como foros públicos por designación (también conocidos como foros semipúblicos) si las prácticas o políticas de la institución conceden espacio para actividades expresivas. En Rodríguez v. Srio. de Instrucción, supra, pág. 257, concluimos que las escuelas son foros semipúblicos donde “el Estado disfruta del derecho de mantener la tranquilidad requerida para llevar a cabo el principal cometido asignádole; [pero], … carece de facultad para excluir de dichas instituciones la expresión o asociación pacífica que sea compatible con su gestión”. Véanse, además, Rosenberger v. Rector and Visitors of Univ. of Va., 515 U.S. 819 (1995)(al crear un fondo que subsidiaba publicaciones estudiantiles, la Universidad de Virginia creó un foro público limitado); Hays County Guardian v. Supple, 969 F.2d 111 (5to Cir.1992) (un recinto universitario es un foro público limitado por tener reglamentación y políticas internas que reconocen el derecho a la libertad de expresión de los estudiantes y por permitir la distribución en todo el recinto del periódico de la universidad); Grace Bible Fellowship, Inc. v. Maine School Administrative Dist. No. 5, 941 F.2d 45 (1er Cir.1991). (al rentar las facilidades escolares a un número amplio de grupos de la comunidad, la escuela creó un foro público por designación). En fin, establecer qué tipo de foro es determinada facilidad educativa, o algún componente de ella, es un ejercicio que debe tomar en cuenta las características especiales de cada institución de enseñanza, al igual que las particularidades del caso y la controversia ante la consideración del tribunal.

V

A. La misión de la Universidad de Puerto Rico.

*22 Es incuestionable que la Universidad de Puerto Rico es una institución vital y de suma importancia para el pleno desarrollo de nuestro sistema educativo y la prosperidad del territorio. Tan es así que la propia Ley de la Universidad de Puerto Rico, Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, 18 L.P.R.A. sec. 601 et seq. , dispone en el Art. 2, 18 L.P.R.A. sec. 601:

§ 601. Objetivos

(a) La Universidad, como órgano de la educación superior, por su obligación de servicio al pueblo de Puerto Rico y por su debida fidelidad a los ideales de una sociedad integralmente democrática, tiene como misión esencial alcanzar los siguientes objetivos, con los cuales es consustancial la más amplia libertad de cátedra y de investigación científica:

(1) Transmitir e incrementar el saber por medio de las ciencias y de las artes, poniéndolo al servicio de la comunidad a través de la acción de sus profesores, investigadores, estudiantes y egresados.

(2) Contribuir al cultivo y disfrute de los valores éticos y estéticos de la cultura.

(b) En el cumplimiento leal de su misión, la Universidad deberá:

(1) Cultivar el amor al conocimiento como vía de libertad a través de la búsqueda y discusión de la verdad, en actitud de respeto al diálogo creador.

(2) Conservar, enriquecer y difundir los valores culturales del pueblo puertorriqueño y fortalecer la conciencia de su unidad en la común empresa de resolver democráticamente sus problemas.

(3) Procurar la formación plena del estudiante, en vista a su responsabilidad como servidor de la comunidad.

(4) Desarrollar a plenitud la riqueza intelectual y espiritual latente en nuestro pueblo, a fin de que los valores de la inteligencia y del espíritu de las personalidades excepcionales que surgen de todos sus sectores sociales, especialmente los menos favorecidos en recursos económicos, puedan ponerse al servicio de la sociedad puertorriqueña.

(5) Colaborar con otros organismos, dentro de las esferas de acción que le son propias, en el estudio de los problemas de Puerto Rico.

(6) Tener presente que por su carácter de Universidad y por su identificación con los ideales de vida de Puerto Rico, ella está esencialmente vinculada a los valores e intereses de toda comunidad democrática.

Es claro que la Universidad de Puerto Rico no es cualquier institución gubernamental. Esta institución centenaria tiene un valor incalculable. Como expresamente dispone su ley, tiene la misión esencial e ineludible de transmitir e incrementar el saber por medio de las artes, las ciencias, la cultura y, a su vez, ponerlo al servicio de Puerto Rico. Cónsono con la búsqueda del cumplimiento cabal de su misión, la ley promueve que la Universidad de Puerto Rico sea un lugar donde se cultive el conocimiento, la cultura, el servicio y el estudio, entre otros deberes meritorios, y donde se practiquen los más altos valores de nuestro sistema democrático. Véanse, Consejo Educación Superior v. U.I.A., 120 D.P.R. 224 (1985); C.E.S. U. P.R. v. Gobernador, 137 D.P.R. 70 (1994) (Sentencia). En fin, la Universidad de Puerto Rico está esencialmente vinculada a los valores e intereses de toda la comunidad democrática. García Cabán v. U.P.R., 120 D.P.R. 167, 180 (1987).

*23 De esta forma, la Universidad debe procurar la formación plena de los estudiantes, quienes son parte fundamental de la comunidad universitaria. De igual forma, la Universidad se nutre de los profesores, la libertad académica y de las investigaciones que la hacen ser una institución capaz de impartir grandes conocimientos a la sociedad. Por ende, las funciones de libertad académica y estudio que dicha institución ejerce gozan de nuestro aprecio jurídico. Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, supra, pág. 160.

B. La U.P.R. es un foro semipúblico.

Al examinar los escritos de ambas partes, encontramos que el interdicto permanente solicitado por la Universidad de Puerto Rico es una actuación gubernamental que incide sobre el tiempo, lugar y la manera de la expresión. Por eso, está sujeto al escrutinio constitucional aplicable a un foro limitado por designación o semipúblico, como lo es el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

La naturaleza del campus universitario como foro limitado por designación surge de la ley. En el Art. 2 de la Ley Universitaria, supra, el legislador estableció como misión de la Universidad el desarrollo y el servicio a la comunidad puertorriqueña mediante la aportación de sus recursos académicos, intelectuales, investigativos y culturales. Como resultado, la Universidad de Puerto Rico ha cumplido su misión al proveer acceso al pueblo puertorriqueño a un caudal único de bibliotecas, teatros, museos, facilidades deportivas, investigaciones de vanguardia, profesores y estudiantes capacitados, actividades culturales, y otros recursos, los cuales han adelantado el mejoramiento cultural e intelectual de nuestra sociedad democrática. Véase, Roberto Roldán Burgos, La doctrina de foro público y la Universidad de Puerto Rico: inconstitucionalidad de las prohibiciones de entrada, 56 Rev. Jur. U.P.R. 1, 24-27 (1987). En fin, la U.P.R. ha abierto sus facilidades para el uso indiscriminado del público en general.

Ahora bien, esa apertura no fue irrestricta. La apertura de la U.P.R. al público en general se hace para adelantar una misión cultural, social y educativa. Cualquier expresión en el campus universitario tiene que ubicarse dentro de ese contexto y no puede derrotar el fin último de la vida universitaria: forjar los estudiantes que asisten al centro de alta docencia.

Demás está decir que hay lugares que resultan impropios para ejercitar algunos modos de expresión. Los tribunales, los hospitales, los templos y las escuelas son algunos de esos sitios. Así reconocimos en E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P .R. 436, 443-444 (1975), al adoptar expresiones del Juez Hugo L. Black en Gregory v. City of Chicago, 394 U.S. 111 (1964), que nada impide al Estado mantener las escuelas y otros lugares similares libres del bullicio propio de la política y de los negocios, protegiendo así el sosiego que en ellas debe prevalecer. En contraste con los parques, plazas y calles, considerados tradicionalmente foros por excelencia de expresión pública, las escuelas y bibliotecas estatales no se organizaron para celebrar en ellas libre intercambio comunitario. Tienen pues la naturaleza de foros semipúblicos. En instituciones de esa índole el Estado disfruta del derecho de mantener la tranquilidad requerida para llevar a cabo el principal cometido asignádole. Pero, por otro lado, como bien señala el Profesor Tribe, el Estado carece de facultad para excluir de dichas instituciones la expresión o asociación pacífica que sea compatible con su gestión.

*24 Rodríguez v. Srio. de Instrucción, supra, págs. 256-257 (escolios y cita omitida).

Como foro semipúblico por designación, toda limitación a la garantía constitucional de libertad de palabra dentro de la Universidad de Puerto Rico deberá someterse al escrutinio constitucional adecuado para determinar si la restricción gubernamental incide sobre el contenido de la expresión o si solo afecta el tiempo, lugar y la manera de manifestarse. Conceptualmente, el remedio de interdicto permanente que solicita la administración universitaria no incide sobre el contenido de la expresión estudiantil, ya que la prohibición no va dirigida a las ideas o a la información que los estudiantes quieren diseminar y tampoco atenta contra el mensaje o punto de vista específico de la expresión. Por esa razón, no es de aplicación un escrutinio judicial estricto como alegan los estudiantes recurridos. Sin embargo, el interdicto permanente sí tendrá efectos sobre el tiempo, lugar y la manera de la expresión.

Por tanto, el remedio de interdicto que pondere el Tribunal de Primera Instancia en estos casos, deberá cumplir con un escrutinio intermedio. Primero, de concederse, el interdicto debe ser neutral en cuanto al contenido de la expresión y no debe prohibir absolutamente que los estudiantes expresen sus puntos de vista, siempre y cuando lo hagan por canales que no atenten contra el fin último de la universidad, entiéndase, la enseñanza. Segundo, el interdicto deberá estar estrechamente diseñado para impedir que se obstaculice la entrada y salida del campus y procurar alcanzar el interés gubernamental significativo de garantizar el orden y la disciplina en el foro universitario; lograr un ambiente académico que cumpla con el fin educativo de la institución universitaria; proteger el derecho a estudiar de los estudiantes que deseen hacerlo; permitir que el pueblo tenga acceso al cúmulo de recursos que provee la Universidad de Puerto Rico; y procurar la integridad y eficiencia institucional del primer centro docente de Puerto Rico. Finalmente, el interdicto solicitado no debe impedir medios alternos de comunicación. Como resultado, los estudiantes deben poder valerse de múltiples vías alternas de comunicación, a saber: manifestaciones, marchas, pancartas, expresiones simbólicas y el uso de la tecnología, entre otros medios legítimos, siempre y cuando sus actos no interrumpan el flujo normal de las clases ni atenten contra los derechos de otros individuos dentro de la comunidad universitaria.

Amerita recordar que el remedio del interdicto representa un riesgo mayor de censura y aplicación discriminatoria en comparación con una legislación o regulación que haga lo propio. Ello se debe a que la aplicación del injunction es de naturaleza particular a las partes en un pleito y porque no ha sido filtrado por el proceso deliberativo inherente al foro legislativo. Como tal, los tribunales deberán diseñar interdictos que no constituyan una limitación a la actividad expresiva más allá de lo necesario para alcanzar el interés significativo perseguido por el Estado.

*25 En último lugar, en este caso no cabe hablar de censura previa. El injunction permanente no busca restringir que los estudiantes se expresen en su totalidad, sino que solo prohíbe el acto de impedir la entrada al campus universitario e interrumpir la actividad docente. Véase, Madsen v. Women’s Health Ctr., supra, pág. 764 n.2. Los estudiantes cuentan con otros medios alternos para expresar su mensaje. El interdicto solo incide sobre el tiempo, lugar y la manera de la expresión y no sobre el contenido de ésta.

No hay duda de que los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico no pierden su derecho constitucional a la libre expresión una vez traspasan los portones universitarios. Así lo reconoce el Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, cuando establece que “[e]l estudiante tendrá derecho a expresarse, asociarse, reunirse libremente, formular peticiones y llevar a cabo actividades igual que cualquier otra persona en Puerto Rico y sujeto a las disposiciones de ley y de reglamentación universitaria aplicables”. Art. 2.15, Reglamento General de Estudiantes, Reglamento Núm. 7733, Departamento de Estado, 9 de septiembre de 2009.

Es imprescindible reconocer que el derecho a la libertad de palabra de los estudiantes aporta a nuestra sociedad democrática una “crítica ilustrada, acuciosa y constante”. Sanchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, supra, pág. 161. Sin la garantía constitucional de la libertad de expresión, los estudiantes no alcanzarían “esa discusión enérgica de las ideas, que es tan esencial para el cabal desarrollo del hombre, como para la conservación y el sostenimiento del bienestar común en una sociedad que viva en democracia”. Id., pág. 161.

Sin embargo, ese derecho a la libertad de palabra y asociación no es absoluto. Como ya indicamos, esa garantía cardinal queda restringida por el interés del Estado en velar por el orden, la civilidad y la disciplina dentro del recinto universitario, para así encaminar a la Universidad de Puerto Rico a alcanzar sus objetivos docentes y académicos. Cuando el ejercicio de expresión de los estudiantes afecta material o sustancialmente el ambiente de aprendizaje, el orden y la disciplina de la institución, será imprescindible limitar la actividad expresiva para que ésta sea cónsona con los propósitos pedagógicos del recinto académico.

C. La “huelga estudiantil”: definición y límites. Alcance del derecho constitucional de los estudiantes a protestar o a abstenerse de hacerlo.

Los estudiantes recurridos reclaman para sí el derecho a protestar contra la administración de la U.P.R. mediante una “huelga estudiantil”. Reclaman también que el último de esos incidentes culminó este año mediante un acuerdo que hace académico este pleito. Ya hemos explicado por qué el caso no es académico. La posibilidad de que los recurridos u otros en común acuerdo con ellos lancen otra “huelga de estudiantes” sigue latente. Es contra esa conducta anunciada mediante un “voto preventivo de huelga estudiantil” que la U.P.R. solicita una orden judicial. Por esa razón, es menester analizar los derechos de los estudiantes al respecto, para asegurar que cualquier injunction que la prueba justifique no limite impermisiblemente los derechos de expresión y asociación de los estudiantes.

*26 En su acepción más amplia, la huelga es una “alteración en el trabajo, de carácter colectivo, decidida por los trabajadores o sus representantes y llevada a cabo por éstos con el fin de presionar para el logro de determinados objetivos”. C. Molero Manglano, Lecciones sobre convenios colectivos, derecho de huelga y cierre patronal, Madrid, Librería ICAI, 1988, pág. 99. Consiste pues, en la cesación del trabajo o de los servicios prestados por los trabajadores en defensa de sus intereses. Véase, I. Álvarez Sacristan, Diccionario jurídico-laboral, 1ra ed., Madrid, Ed. Civitas, S.A., 1988, pág. 138. En ese tenor, estar en huelga significa, sustancialmente, abstenerse del trabajo. Véase además, M. Alonso García, F. Almendros Morcillo, F. Pérez Amorós, E. Rojo Torrecilla, La huelga y el cierre empresarial, Madrid, Pub. Instituto de Estudios Económicos, 1979, pág. 27.

En otras palabras, la huelga es una acción concertada de un grupo de empleados que se efectúa con el propósito de interrumpir, paralizar o detener las labores y servicios del negocio operado por el patrono, para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Véanse: Acevedo Colom, Legislación de Relaciones del Trabajo Comentada, 1ra ed., San Juan, Albaleco, Inc ., 2007, pág. 446; O. Rojas Lugo, El Desarrollo del Derecho Laboral en Puerto Rico e Iberoamérica y su Interelación con el Desarrollo Político, Hato Rey, P.R., Ramallo Bros. Printing, 1997, pág. 222.

Como se puede apreciar, la definición del concepto huelga esté asociada a los trabajadores. De hecho, la etimología de la palabra huelga en el idioma francés proviene de la palabra greve. Esa palabra, a su vez, alude al nombre de la plaza del Ayuntamiento de París, conocida como “Plaza de Greve ” o plaza de la huelga. G. Cabanellas, Tratado de derecho laboral; derecho colectivo laboral, Argentina, El Gráfico Impresores, 1949, T. III, pág. 560. Esta plaza era un terreno sin construcciones donde los obreros que estaban desempleados se reunían en espera de que llegaran los empresarios a tratar con ellos y a contratarlos. Id. “Cuando los obreros estaban descontentos de las condiciones de trabajo se colocaban en huelga ( greve ), lo cual quiere decir, literalmente, en la Plaza de Greve, a la espera de mejores propuestas”. Id. Igual acercamiento a los obreros tiene la palabra huelga en el idioma castellano. Ésta procede de huelgo, que significa espacio de tiempo que uno está sin trabajar. Id.

Desde el punto de vista jurídico, la huelga se manifiesta como el derecho que “posee legítimamente todo aquel trabajador que presta servicios a su patrono”. Rojas Lugo, op. cit., pág. 219, 222. Adquiere su calidad de derecho cuando determinado ordenamiento jurídico así lo reconoce. Véase, Alonso García y otros, op. cit., pág. 41. En Puerto Rico, la huelga ha sido elevada a rango constitucional. Art. II, Sec. 18 de la Constitución de Puerto Rico.

*27 En concreto, se trata de un derecho atribuido a los trabajadores. Álvarez Sacristan, op. cit., pág. 138. Por eso, ya sea a nivel individual o colectivo, “la atribución del poder que el derecho de huelga confiere pertenece al trabajador”. Alonso García y otros, op. cit., pág. 46.

Las huelgas se producen como consecuencia del nacimiento de la gran industria, ante el enorme desarrollo económico que ponía grandes riquezas en pocas manos, por el proceso de concentración del industrialismo moderno, a causa de la necesidad de mejores medios de vida para los trabajadores, por efecto del espíritu de asociación y de las nuevas ideas que impusieron una distinta concepción del Derecho y una más amplia libertad de trabajo.

G. Cabanellas, op. cit., págs. 563-564.

Es ostensible que la huelga es un derecho concebido para los trabajadores, para asegurar su derecho a organizarse y a negociar colectivamente. Así lo hemos reconocido al expresar que “[e]l derecho de huelga es un instrumento eficaz que nuestra Constitución ha puesto a disposición de los trabajadores y de sus uniones para procurarse mejores condiciones de trabajo y para lograr un más alto nivel de vida cuando el patrono se niega a acceder a sus demandas”. Agostini v. Tribunal Superior, 82 D .P.R. 219, 232 (1961) (énfasis suplido). De igual forma, la Comisión de Carta de Derechos, en su informe a la Convención Constituyente, juzgó propio “salvaguardar el derecho a la huelga en forma explícita como supremo recurso final en la reclamación del derecho obrero”. 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2575 (énfasis suplido). Véase, además, U.T.I.E.R. v. J.R.T., 99 D.P.R. 512, 524 (1970).

Por eso, aparte del reconocimiento de ese derecho que hace nuestra Constitución y los estatutos laborales remediales, no existe ninguna otra disposición en nuestra jurisdicción que extienda la titularidad de ese derecho a otro grupo de personas o sector de la población.

La Junta Nacional de Relaciones del Trabajo ha rechazado la existencia de un derecho a huelga de los estudiantes, al interpretar la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo, 29 U.S.C.A. sec. 153(d). En Cedars-Sinai Med. Ctr. & Cedars-Sinai Housestaff Ass’n, 223 N.L.R.B. 251 (1976) y en St. Clare’s Hospital and Health Center, 229 N.L.R.B. 1000 (1977), la Junta Nacional resolvió que los residentes, internos y asociados de una institución de salud no eran empleados según la definición de la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo, porque eran estudiantes.NOTA6 Por lo tanto, no se les reconoció el derecho a unionarse y a irse a la huelga. Véase, J. Freedley Hundsicker, Significant Labor and Employment Law Issues in Higher Education During the Past Decade and What to Look for Now: A Management Perspective, 29 J.L. & Educ. 343, 348-349 (2000). De hecho, cuando posteriormente la Junta Nacional resolvió que los residentes, internos y asociados de otra institución de salud eran empleados, lo hizo bajo el razonamiento de que éstos cobraban un salario y otros beneficios, por lo que no podía calificárseles como meros estudiantes. Boston Med. Ctr. Corp., 330 N.L.R.B. 152 (1999). Es decir, para reconocerles derechos bajo las leyes laborales había que catalogarles como empleados en lugar de cómo estudiantes.

NOTA6. La Sec. 2(3) de la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo, 29 U .S.C.A. sec. 152(3), dispone:

“ The term “employee” shall include any employee, and shall not be limited to the employees of a particular employer, unless this subchapter explicitly states otherwise, and shall include any individual whose work has ceased as a consequence of, or in connection with, any current labor dispute or because of any unfair labor practice, and who has not obtained any other regular and substantially equivalent employment, but shall not include any individual employed as an agricultural laborer, or in the domestic service of any family or person at his home, or any individual employed by his parent or spouse, or any individual having the status of an independent contractor, or any individual employed as a supervisor, or any individual employed by an employer subject to the Railway Labor Act [45 U.S.C.A. sec. 151 et seq], as amended from time to time, or by any other person who is not an employer as herein defined ”.

*28 Aquí no está en controversia el hecho de que los recurridos eran estudiantes de la Universidad de Puerto Rico durante el tiempo que duró el “paro” en esa institución. Con independencia de si algunos formaban parte del Consejo General de Estudiantes y del Comité Negociador creado por aquel, o solamente eran líderes o participantes del movimiento que auspició y realizó la “huelga” en la universidad, es indubitado que todos eran estudiantes. Por ende, no podían ser titulares del derecho de huelga que se reconoce en la Constitución y las leyes laborales.

Tampoco existe en ningún reglamento de la Universidad de Puerto Rico disposición alguna que les reconozca a los estudiantes el derecho a huelga. La verdad es que no nos sorprende que este derecho se le haya reservado únicamente a los trabajadores en su relación obrero-patronal. Es que no estamos hablando de cualquier derecho. A pesar de su innegable utilidad, la huelga es un recurso poderoso a utilizarse con mesura. La propia Comisión de Carta de Derechos lo describió en su informe a la Convención Constituyente como: “un medio costoso e ingrato de resolver conflictos”. 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2575. También se le ha llamado “un estado de guerra …”. G. Cabanellas, op. cit., pág. 565. Asimismo, se ha señalado que el exceso del derecho de huelga y la posición intransigente de las partes en conflicto, crean, con las huelgas, un peligroso mal social. Id., pág. 267. Incluso, se ha afirmado que las huelgas son manifestaciones socialmente antipáticas porque sus efectos trascienden la relación de las partes en conflicto y afectan al público en general. Véase, N.W. Chamberlain, J. Metzger Schilling, The Impact of Strikes: Their Social and Economic Costs, Conn., Greenwood Press, Pub., 1954, pág.8.

Los estudiantes son miembros de la comunidad académica de la Universidad de Puerto Rico. Art. 10 de la Ley Núm. 1, supra, 18 L.P.R.A. sec. 609. Como tal, están representados oficialmente en cada recinto por el Consejo General de Estudiantes y por el Consejo de Estudiantes de Facultades. Id. Tanto el Consejo General como el Consejo de Estudiantes de Facultades son estructuras creadas por la Ley de la Universidad de Puerto Rico para garantizar la participación estudiantil en la estructura administrativa de la U.P.R.

El Consejo General de Estudiantes representa a todos los estudiantes de una unidad institucional y está constituido por un Presidente, por los representantes estudiantiles a la Junta Administrativa y la Junta Universitaria, los Senadores Estudiantiles electos, así como uno o más miembros adicionales de la directiva de cada Consejo de Estudiantes. Art. 3.2 del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Reglamento Núm. 7733, Departamento de Estado, 9 de septiembre de 2009. Por su parte, el Consejo de Estudiantes de Facultades es la unidad organizada por facultades, escuelas o dependencias equivalentes, para representar a los estudiantes de éstas. Art. 3.3 del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, supra.

*29 Ambos organismos tienen las siguientes atribuciones y responsabilidades:

1. Representar oficialmente al estudiantado que los haya elegido en los actos que se celebren dentro y fuera de la Universidad.

2. Servir de foro del estudiantado para la discusión y el esclarecimiento de los problemas que atañen a los estudiantes, a la comunidad universitaria y la comunidad en general.

3. Exponer, ante las autoridades correspondientes, sus opiniones y recomendaciones relativas a las situaciones que afectan a sus representados y la comunidad en general.

4. Realizar y auspiciar actividades culturales, sociales, recreativas, científicas, académicas, educativas, y de orientación, entre otras, que complementen la educación universitaria.

5. Formular su reglamento interno a tono con el Reglamento General de Estudiantes y el reglamento de estudiantes de la unidad.

6. Participar, según se disponga, en los procesos que la Universidad establezca para la creación y enmienda de reglamentos y políticas estudiantiles, académicas e institucionales; en especial, en la formulación de enmiendas a este Reglamento, al Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico y a los reglamentos y normas de su unidad institucional.

7. Participar en el proceso de selección y evaluación del Procurador Estudiantil, de conformidad a las medidas que a tales efectos establezca el Recto de cada unidad institucional.

8. Convocar a sus representados a asambleas de estudiantes y promover su participación en dichas asambleas y en el proceso eleccionario.

9. Reunirse con el Rector, el Decano de Estudiantes o el Decano de Facultad, según corresponda, por lo menos dos veces por semestre.

10. Escoger de su propio seno los miembros de su directiva, salvo que el reglamento de estudiantes de la unidad institucional disponga para la elección directa de la misma o de alguno de sus integrantes, conforme a lo dispuesto en el Capítulo V de este Reglamento.

11. Crear comités u organismos y establecer su organización de conformidad con su reglamento interno.

Además, el Consejo General de Estudiantes tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades:

1. Proponer al Senado Académico, Rector y otros foros universitarios, la formulación de normas o políticas institucionales sobre cualquier asunto que estimen pertinente y recibir su respuesta oficial.

2. Formular recomendaciones a la Junta Universitaria, al Presidente y a la Junta de Síndicos sobre las propuestas que surjan de los Senados Académicos, Juntas Administrativas u organismos análogos.

3. Recibir, según se vayan aprobando, copia de todas las certificaciones y documentos normativos que surjan de estos cuerpos y funcionarios mencionados en el inciso anterior en la forma acostumbrada.

4. Consultar con los demás Consejos Generales de Estudiantes sobre decisiones que tengan impacto sobre la Universidad como sistema, mediante los procedimientos y estructuras que faciliten dichas consultas.

*30 Art. 3.4 del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, supra.

Como puede apreciarse, estas estructuras de representación estudiantil son parte de la Universidad. Sus facultades y responsabilidades denotan que se crearon con el propósito de asistir a la Universidad en la consecución de sus metas. En otras palabras, estos organismos le permiten a los estudiantes contribuir, de forma organizada, a que la Universidad de Puerto Rico pueda lograr sus objetivos. Así, como miembros de la comunidad académica, los estudiantes son colaboradores en la misión de cultura y servicio de la Universidad. Art. 10(a) de la Ley Núm. 1, supra. Ahora bien, a ninguno de estos órganos de representación estudiantil se le reconoce la prerrogativa o facultad de negociar colectivamente con la Universidad.

En ese sentido, el Consejo General de Estudiantes y el Consejo de Estudiantes de Facultades son sustancialmente disímiles a las organizaciones obreras que se constituyen bajo Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. sec. 61 et seq. y bajo la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo, supra. Conforme con estos estatutos, las organizaciones obreras que se constituyen para representar a los trabajadores se crean para negociar colectivamente con el patrono los salarios, horas de trabajo, condiciones de empleo, y todo lo pertinente a disputas y a quejas y agravios. Véanse, Arts. 2(10) y 5 de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. secs. 63(10) y 66; 29 U.S.C.A. sec. 152(5). Precisamente para hacer efectivo el proceso de negociación colectiva estas leyes le reconocen expresamente a los empleados el derecho a huelga. Véanse, Art. 13 de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. sec. 74; 29 U.S.C.A. sec. 163. Debido a que el Consejo General de Estudiantes y el Consejo de Estudiantes de Facultades no son uniones u organizaciones obreras autorizadas a negociar colectivamente con la Universidad, no tienen la autoridad legal para convocar a una huelga.

Los estudiantes, por definición, no son empleados de la Universidad, con derecho a negociar convenios o a irse a huelga para adelantar sus objetivos. Su relación con la universidad es de naturaleza contractual. Véanse, Ross v. Creighton University, 957 F.2d 410, 416 (7mo Cir.1992); Zumbrun v. University of S. Cal., 101 Cal.Rptr. 499, 504 (Cal.Ct.App.1972) y casos allí citados; H.B. Hilborn, Students-Athletes and Judicial Inconsistency: Establishing a Duty to Educate as a Means of Fostering Meaningful Reform of Intercollegiate Athletics, 89 Nw. U .L.Rev. 741, 748 (1995); K. Sarabyn, Free Speech at Private Universities, 39 J.L. & Educ. 145, 158-159 (2010). Véase, además y en general, M. Zolandz, Storming the Ivory Tower: Renewing the Breach of Contract Claim by Students Against Universities, 69 Geo. Wash. L.Rev. 91 (2000).

*31 Cada estudiante firma un acuerdo con la U.P.R. en la que la segunda se compromete a enseñar y el primero a cumplir con sus deberes académicos. Por eso, el estudiante que no mantiene los requisitos académicos que la institución exige puede ser excluido de continuar sus estudios en la institución. Por su parte, si la U.P.R. no provee la educación que contrató con el estudiante se expone a acciones drásticas por su incumplimiento, tanto de parte de los estudiantes afectados como de parte de las agencias del estado que velan por el cumplimiento del ofrecimiento académico. La U.P.R. está obligada a garantizar su oferta académica a todos los estudiantes. Véanse, Art. 2(a)(1) de la Ley Núm. 1, supra; Sobre el cumplimiento de los contratos, en general, véanse los Arts. 1041, 1042, 1044, 1206, 1207, 1210, 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 2991, 2992, 2994, 3371, 3372, 3375, 3391.

Por ende, ningún grupo de estudiantes, oficial o no, sea una mayoría o una minoría, ni mucho menos un estudiante en su carácter individual, tienen el derecho de evitar que la universidad cumpla con su ofrecimiento académico e impedir que aquellos estudiantes que así lo deseen asistan a clase. No hay referéndum, asamblea ni votación -sea electrónica o por papeleta, ya sea abierta o secretaque conceda el derecho a ningún estudiante o grupo de estudiantes para interferir con el derecho de tan siquiera uno de sus pares a recibir su enseñanza. El derecho a protestar de los recurridos y aquellos que piensan como ellos es incuestionable. A lo que no tienen derecho es a obligar a los demás a unirse a su protesta. Recuérdese que tal y como los recurridos tienen el derecho a protestar, la Constitución también le reconoce a los estudiantes que piensen distinto el derecho a no expresarse y a no unirse a la protesta. “ There is necessarily, and within suitably defined areas, a First Amendment freedom not to speak publicly, one which serves the same ultimate end as freedom of speech in its affirmative aspect ”. Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539, 559 (1985). Véase, además, Bartnicky v. Vopper, 532 U.S. 514, 533 n.20 (2001).

Reafirmamos que los estudiantes tienen ese derecho a expresarse o a no hacerlo, como cualquier otro ciudadano. Su condición de estudiantes no les priva de ese derecho constitucional. Incluso, el Reglamento General de Estudiantes de la U.P.R. reconoce expresamente cuáles son los derechos de expresión que tienen los estudiantes: el derecho a expresarse, a asociarse y reunirse libremente, a formular peticiones, a llevar a cabo actividades igual que cualquier otra persona en Puerto Rico, así como el derecho a celebrar piquetes, marchas, mítines y otros géneros de expresión dentro del campus universitario. Véase, Art. 2.15 del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, supra. El único límite impuesto es que todos esos derechos se ejercen sin impedir que los demás ejerzan los suyos y sin impedir que se lleve a cabo la misión universitaria de educar. Por eso, el Art. 2.18 del Reglamento hace claro que ningún estudiante podrá interrumpir, obstaculizar ni perturbar las tareas regulares de la universidad mientras realiza las actividades expresivas que hemos enumerado.

*32 Lo que los estudiantes recurridos llaman una “huelga” no es otra cosa que una protesta estudiantil colectiva y organizada. Aunque los estudiantes no tienen derecho a huelga, sí pueden protestar de manera organizada y coordinada, siempre que no incumplan los deberes que asumieron como estudiantes y que están en el Reglamento de Estudiantes, y siempre que no interfieran impermisiblemente con la normalidad de las tareas universitarias y los derechos de aquellos que no piensan como ellos y que quieren asistir a clase.

La U.P.R. alega que los recurridos impidieron la entrada al recinto universitario, detuvieron por completo la toma de clases, afectaron el derecho de los estudiantes interesados en completar sus grados académicos o sus cursos semestrales, paralizaron las labores institucionales, amenazaron la acreditación institucional y perturbaron tanto el orden como la seguridad, la normalidad y la continuidad de las tareas universitarias. En fin, se alega que los recurridos tomaron el control de un recinto universitario y pretenden hacerlo otra vez. De probarse, esa conducta plantea un impedimento sustancial y material al propósito central de la Universidad de Puerto Rico como primer centro docente de nuestra Isla.

Los tribunales le debemos gran deferencia al juicio de la administración universitaria de procurar el orden en el contexto colegial, siempre que no se transgreda la libertad de expresión y el derecho de los estudiantes a protestar. El escrutinio intermedio antes reseñado faculta a los foros judiciales a hacer ese balance de los intereses en pugna y salvaguardar los intereses involucrados.

D. El remedio del interdicto permanente y sus efectos sobre la libertad de palabra.

En Madsen v. Women’s Health Ctr., 512 U.S. 753 (1994), el Tribunal Supremo federal articuló que un interdicto, por el mero hecho de aplicar a un grupo en particular, no constituye una restricción del contenido de una expresión protegida. An injunction, by its very nature, applies only to a particular group (or individuals) and regulates the activities, and perhaps the speech, of that group. It does so, however, because of the group’s past actions in the context of a specific dispute between real parties ”. Madsen v. Women’s Health Ctr., supra, pág. 762. El mero hecho de que el interdicto afecte a un grupo de personas con la misma visión sobre determinado asunto no significa que su propósito sea limitar el contenido de la expresión y que, por ende, le aplique un escrutinio judicial estricto. Id., págs. 763-764.

Un interdicto que incida sobre la libertad de expresión difiere en su naturaleza de una reglamentación o legislación que haga lo mismo. Id., pág. 764. Una reglamentación o legislación afecta el contenido de la expresión mediante dictámenes legislativos de aplicación general que procuran propulsar ciertos intereses particulares de la sociedad. Id. En contraste, el interdicto es un remedio que aplica a personas particulares y es concedido por un juez porque una parte violó un decreto legislativo o judicial. Id. Debido a lo anterior, el interdicto puede representar un riesgo mayor de censura y aplicación discriminatoria, ya que no ha gozado del debate público inherente al foro legislativo. Id. Es por ello que el escrutinio judicial aplicable a interdictos judiciales será más riguroso que el que se estableció en Perry Education Assn. v. Perry Local Educator’s Assn., supra, para toda regulación que afecta el tiempo, lugar y la manera de una expresión en un foro público tradicional o por designación.

*33 Al considerar un interdicto judicial que incide sobre el lugar, el momento o la forma de la expresión, los tribunales debemos examinar si el injunction representa una limitación a la actividad expresiva más allá de lo necesario para alcanzar el interés significativo que persigue el Estado. Id., pág. 765. (“ We must ask instead whether the challenged provisions of the injunction burden no more speech than necessary to serve a significant government interest.”) Véanse, además, Schenck v. Pro-Choice Network, 519 U.S. 357, 372 (1997); J.E. Nowak & R.D. Rotunda, op. cit., págs. 1463-1464. Igualmente, el interdicto debe estar diseñado estrechamente para alcanzar sus objetivos específicos. Madsen v. Women’s Health Ctr., supra, pág. 767.

En conclusión, la administración universitaria está en mejor posición que un tribunal para diseñar la política pública que adelanta sus objetivos pedagógicos. Además, el remedio de injunction que solicita la U.P.R. es el adecuado cuando están en pugna los derechos a la libertad de palabra de los estudiantes y el interés en la necesidad del orden y la disciplina en el contexto universitario.

VI

Recapitulamos:

  • • Este pleito no es académico. Así lo demuestra la conducta de los estudiantes recurridos luego del acuerdo alcanzado tras un proceso de mediación. Su proceder al declarar un “voto preventivo de huelga estudiantil” es un indicio razonable de que podría volver a ocurrir otra paralización de la U.P.R. y que la intención de los estudiantes recurridos nunca fue culminar con la controversia de autos.
  • • Este caso presenta interrogantes constitucionales sustanciales, relacionadas con los derechos de los estudiantes, que podrían escapar a nuestros pronunciamientos y que requieren una pronta atención. Por ello el caso es certificable.
  • • El campus de nuestra universidad pública es un foro limitado por designación, también conocido como foro semipúblico. Eso se desprende de la misión que el legislador le asignó a la Universidad de Puerto Rico, de servir a toda la sociedad y no solo a sus componentes. En fin, la U.P.R. es patrimonio de todos los puertorriqueños y no solamente de los que en ella estudian o laboran.
  • • Los estudiantes gozan de todas las protecciones amplias de libre expresión y asociación que la Constitución federal y la Constitución de Puerto Rico garantizan a todas las personas.
  • • El Consejo de Estudiantes es el organismo representativo de los estudiantes en la estructura administrativa universitaria. Sus facultades están delimitadas por ley y reglamento.
  • • No obstante, debe quedar claro que el Consejo de Estudiantes no es una unión laboral y que los estudiantes no gozan del derecho a huelga que la Constitución y las leyes le reconocen a los obreros. La relación entre los estudiantes y la Universidad se basa en un acuerdo de estudios y no en un contrato de trabajo.
  • *34 • Lo que los estudiantes llaman “huelga” no es otra cosa que una protesta organizada. Ningún individuo o grupo tiene derecho a forzar a otro a unirse a su protesta. Por eso, el llamado “voto de huelga estudiantil” y el reclamo de que todos los estudiantes vienen obligados por él es ilegítimo. Ninguna asamblea, referéndum o votación (electrónica o en papel) puede obligar a nadie a unirse a una protesta en la que no cree.
  • • La administración de la U.P.R. tiene la obligación de salvaguardar el ejercicio libre y ordenado de los derechos constitucionales de expresión y asociación de todos los estudiantes, tanto los de los estudiantes recurridos y quienes coinciden con su protesta, como los de aquellos que discrepan de esas posiciones.
  • • Ahora bien, por tratarse de un foro semipúblico, la administración de la U.P.R. puede reglamentar el ejercicio libre y ordenado de los derechos de expresión y asociación de la comunidad universitaria, incluyendo los estudiantes, para asegurarse de que las manifestaciones y protestas dentro del campus universitario no interrumpan el flujo normal de la tareas universitarias ni atenten contra los derechos de los individuos dentro de la comunidad universitaria.
  • • Existe un interés gubernamental significativo de garantizar el orden y la disciplina en el foro universitario, lograr un ambiente académico que cumpla con el fin educativo de la institución universitaria, proteger el derecho a estudiar de los estudiantes que deseen hacerlo, permitir que el pueblo tenga acceso al cúmulo de recursos que provee la Universidad de Puerto Rico, y procurar la integridad y eficiencia institucional de nuestro primer centro docente. La administración universitaria está en mejor posición que un tribunal para diseñar la política pública que adelanta sus objetivos pedagógicos.
  • • Por consiguiente, la administración de la U.P.R. puede reglamentar el tiempo, lugar y la manera en que los estudiantes y demás componentes de la comunidad universitaria ejercen actividades de expresión protegida dentro del campus universitario, tales como manifestaciones o protestas, siempre que esa reglamentación: (1) sea neutral en cuanto al contenido de la expresión y no prohíba absolutamente que los manifestantes expresen sus puntos de vista; (2) haya sido diseñada estrechamente para que no se interrumpan o perjudiquen sustancialmente las tareas universitarias ni se violen los derechos de todos los componentes de la comunidad universitaria; y(3) no impida medios alternativos de comunicación.
  • • De igual modo, cualquier injunction u orden que emita el tribunal a petición de la administración universitaria tiene que cumplir con ese mismo escrutinio constitucional. La orden no debe limitar la actividad expresiva más allá de lo necesario y debe estar diseñada estrechamente para alcanzar el interés significativo que persigue el Estado.

VII

*35 Por los fundamentos anteriores, se expide el auto de certificación y se revoca la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Se devuelve el caso a dicho foro para que continúe con los procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto. El tribunal citará a las partes a una vista de injunction permanente con la premura que la situación amerita. Además, evaluará la prueba de conformidad con los parámetros y el escrutinio constitucional explicados en esta Opinión, de manera que se garanticen los derechos constitucionales y estatutarios de todas las partes.

Se dictará sentencia de conformidad.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia,, se expide el auto de certificación y se revoca la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Se devuelve el caso a dicho foro para que continúe con los procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto. El tribunal citará a las partes a una vista de injunction permanente con la premura que la situación amerita. Además, evaluará la prueba de conformidad con los parámetros y el escrutinio constitucional explicados en la Opinión del Tribunal, de manera que se garanticen los derechos constitucionales y estatutarios de todas las partes.

Se ordena la publicación inmediata de esta Sentencia. Notifíquese de inmediato, por fax o teléfono, y mediante notificación personal diligenciada hoy mismo por un alguacil de este Tribunal, a las partes por conducto de sus abogados.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Fiol Matta disiente con opinión escrita. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente con opinión escrita. El Juez Presidente señor Hernández Denton está inhibido.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria Tribunal Supremo

Certificación

Voto de Inhibición emitido por el Juez Presidente Señor Hernández Denton

En vista de que mi señora esposa, la Lcda. Isabel Picó Vidal, Catedrática Retirada de la Universidad de Puerto Rico, es Miembro de la Junta de Síndicos de la referida institución universitaria desde el año 2001, por imperativos éticos, nos inhibimos de entrar a considerar los méritos del presente caso.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente

Voto disidente emitido por la Jueza Asociada Fiol Matta acogiéndose al término provisto por la Regla 5 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Disiento del trámite atropellado adoptado por la mayoría en este caso. La ponencia que hoy es Opinión mayoritaria se circuló en horas de la tarde del 6 de diciembre de 2010, con el propósito de certificarla el 13 de diciembre de 2010. De esa forma, los compañeros que suscriben la Opinión mayoritaria entendieron que unos seis días eran suficientes para estudiar y reaccionar a una ponencia de 79 páginas que atiende asuntos de alto interés público. Por el contrario, se trata de un término excesivamente corto que no nos permite desempeñar nuestro magisterio de forma sosegada y responsable.

*36 Generalmente, un foro colegiado está regido por el intercambio y la consideración ecuánime de las distintas posiciones de los magistrados. Se fomenta así la formulación de ponencias equilibradas, con el mayor insumo de criterios y perspectivas.NOTA7 Ciertamente, nuestro Reglamento permite acortar términos; pero esa alternativa, por las razones antes dichas, debe utilizarse en contadas ocasiones. Sin embargo, se está convirtiendo en una práctica más que una excepción. Ello da la impresión de que no se valora la acción concertada ni el diálogo y menos aún la conveniencia y deseabilidad de que, de haber una postura disidente, ésta pueda exponerse como parte de la expresión conjunta del Foro, pues, después de todo, el Tribunal no está compuesto solamente por los que están de acuerdo con la mayoría. Véanse, como ejemplos más recientes de esta dinámica, Domínguez Castro v. E.L.A., 2010 T.S.P.R. 11, res. de 2 de febrero de 2010, e In re Solicitud para aumentar el número de jueces en el Tribunal Supremo, 2010 T.S.P.R. 214, res. de 5 de noviembre de 2010. Cabe señalar que en esos casos, al igual que en éste, la mayoría del Tribunal acortó términos después de haberse redactado y circulado la Opinión mayoritaria. De esa manera, el Juez ponente pudo aprovechar todo el tiempo que entendió necesario para elaborar su ponencia, a la vez que se limitaron las opciones a quienes quisieran expresarse sobre su recomendación.

NOTA7. “Para impartir justicia y elaborar doctrinas jurídicas adecuadas, un tribunal colegiado tiene que disponer del sosiego y del reposo intelectual necesarios, sin los cuales toda discusión entre mentes debidamente instruidas es imposible”. In re Aumento; Pueblo v. Rosario González, 80 D.P.R. 318, 328 (1958).

La práctica de acortar el término para considerar una ponencia mayoritaria no nos permite formular recomendaciones y señalamientos que puedan servir para atemperar perspectivas y hasta para reconciliar posturas a la hora de sumar votos a la ponencia circulada. Además, prácticamente nos imposibilita redactar una respuesta a la altura de la controversia que tenemos ante nuestra consideración. La única alternativa en ocasiones como la presente, es ejercer la opción de reservarnos el derecho de certificar una ponencia sobre los méritos de la controversia después de que se certifique la Opinión mayoritaria. Por eso, me acojo al derecho de emitir una ponencia fundamentada en el término de diez días, según permite el Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 5(b).

No obstante, habré de adelantar algunas preocupaciones.

El caso de autos debe devolverse al Tribunal de Primera Instancia para que disponga sobre el remedio de injunction solicitado. Sin embargo, la Opinión que hoy emite el Tribunal en certificación va mucho más allá. Al dictarle al Tribunal de Primera Instancia los criterios a los que debe responder ese dictamen la Opinión restringe gravemente la discreción del foro de instancia en lo que es, precisamente, un recurso altamente discrecional. No hay ninguna necesidad jurídica para ello.

La acción de injunction, por su potencial de limitar las actividades legítimas de los ciudadanos está claramente regulada y los criterios para su concesión están ampliamente desarrollados por abundante jurisprudencia tanto nuestra como federal. La insistencia de la mayoría en comparar estudiantes y obreros, en exponer su criterio sobre las actividades de expresión que por uso y costumbre llamamos “huelgas estudiantiles” y en elaborar extensamente sobre su particular visión de la Universidad Pública no pasan de ser lo que en lenguaje jurídico se llama dicta, es decir, expresiones innecesarias para la solución del caso, que no tienen efecto jurídico y que se deben tener por no puestas.

*37 No son, sin embargo, expresiones innocuas, pues pretenden reducir el marco de análisis de los complejos problemas que enfrenta nuestro principal centro docente a dualismos simplistas, a saber, “legal/ilegal”, “estudiantes/obreros” y el más peligroso: “deber contractual de enseñar/deber contractual de aprender”. Peca también la Opinión de un enfoque generalizador que puede confundir al foro de instancia en cuanto a quiénes pueden estar incluidos en el dictamen de ese foro, en caso de que entienda procedente el remedio solicitado. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 57.5. Esta ambigüedad, mal entendida, puede resultar en violaciones al derecho de libertad de expresión de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Por último, la discusión sobre la naturaleza del espacio universitario como foro semi-público en lo que se refiere a la libertad de expresión, requiere, de por sí, mucha ponderación y análisis crítico.

Es evidente, pues, la trascendencia y complejidad de esta decisión, así como la necesidad de un término mayor al que la mayoría tuvo a bien conceder, para elaborar en torno a las preocupaciones expuestas.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada

Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

“La Primera Enmienda se va de la Universidad de Puerto Rico.” Rafael Martínez Torres, 1983

Disiento del curso que traza una mayoría del Tribunal por dos razones fundamentales, a saber: porque tengo una visión muy distinta del ámbito de protección que ofrece la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al derecho de todo ciudadano a expresarse, y porque creo que la Universidad es mucho más que un mero centro de estudios, más que un lugar para la transmisión, producción y difusión del conocimiento. El êthos universitario es el de la búsqueda irrenunciable de la verdad como presupuesto indispensable para la libertad, la transmisión del saber y la discusión abierta, crítica y libre de cualquier asunto. Las universidades son, a fin de cuentas, centros de imaginación de lo posible.NOTA8 Considero entonces que para el ejercicio puntual de este quehacer, es indispensable que exista un recinto adecuado en el cual prime ese diálogo abierto y crítico de parte de quienes aspiren a la verdad y precian su libertad. La protección de ese espacio de efervescencia debería ser nuestro norte, pues sólo así hacemos realidad el significado del nombre que lleva esta institución, universitatis.

NOTA8. Efrén Rivera Ramos, La universidad y lo posible, 78 Rev. Jur. U.P.R. 643 (2009).

La opinión que emite la mayoría de este Tribunal abre la puerta a limitar el derecho a la libre expresión en nuestro principal centro académico, al no justipreciar el alcance de nuestra tradición universitaria de tolerancia hacia la expresión y la discusión libre de temas diversos y divergentes. El ratio de la opinión mayoritaria-o su razón de ser-es hacer viable lo que ya se había anticipado por distintos funcionarios gubernamentales, circunscribir el derecho a la expresión de los estudiantes a un espacio específico y limitado, el cual el gobierno concede por mera liberalidad. Véase, Anejo 1. Porque creo que en nuestro país la tradición vivida por décadas en nuestra Universidad la imbuye con las características de un foro público tradicional, rechazo enérgicamente el más reciente acto de acotamiento de derechos ciudadanos que ultima el “nuevo” Tribunal.

I

*38 Debemos comenzar destacando que debido al apresurado, atropellado y acomodaticio trámite que la mayoría concede al caso de autos-reduciendo los términos reglamentarios del Tribunal para certificar la ponencia circulada a sólo cinco días, de suerte que pueda coincidir con el inicio de una huelga universitaria pautada para mañana-nos vemos precisados a limitar nuestra discusión sólo a identificar una parte del errado razonamiento expuesto por el Tribunal.

La mayoría concluye en su ponencia que la Universidad de Puerto Rico es un foro público por designación. Para llegar a esta conclusión se parte de la premisa de que “tanto en la jurisdicción federal como en la local, los recintos universitarios no se catalogan como foros públicos tradicionales”. Opinión mayoritaria, pág. 36. Lo cierto es, que la mayoría llega a esta conclusión luego de tergiversar el derecho federal aplicable como mecanismo para forzar su conclusión.

El derecho de los ciudadanos a expresarse libremente está reconocido en la Sección 4 del Artículo II de la Carta de Derechos de nuestra Carta Magna. Art. II, Sec. 4, Const. E.L.A., 1 L.P.R.A. Este derecho de carácter fundamental se encuentra fuertemente arraigado a las nociones más básicas, y esenciales, de nuestro sistema democrático de gobierno. Vigoreaux Lorenzana et als. v. Quizno’s Sub, Inc. et als., 2008 T.S.P.R. 38, pág. 16, 173 D.P.R. ___ (2008); Bonilla v. P.N .P., 140 D.P.R. 294, 299 (1996); Mari Bras v. Casañas, 96 D.P.R. 15, 20-21 (1968). Sin embargo, ya hemos expresado que el mismo no es uno absoluto. Así, por ejemplo, el derecho a la libre expresión puede encontrar sus límites al enfrentarse al derecho a la intimidad de otra persona. Véase, Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573 (1982).

Asimismo, en algunos casos, el derecho de la libertad de expresión en propiedad pública podría verse limitado mediante regulación gubernamental sobre el tiempo, lugar y manera de llevar a cabo la expresión. Véase, U.N.T.S. v. Srio. de Salud, 133 D.P.R. 153 (1993). La validez de dicha regulación estará sujeta a las características de la propiedad en cuestión y su clasificación como: 1) foro público tradicional; 2) foro público por designación; o 3) foro no público. Id.

Los foros públicos tradicionales se han definido como “lugares que por larga tradición o por fíat del gobierno se han dedicado a la reunión y al debate”. Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., 460 U.S. 37, 45 (1983). Ejemplos clásicos de esta clase de foro son los parques, calles y aceras, los cuales se han mantenido disponibles para el uso del pueblo, donde las personas se pueden reunir, comunicar y compartir sus pensamientos y discutir asuntos de interés público. Id. En estos predios el Estado no puede vedar de forma absoluta la libertad de expresión, sólo puede regular el tiempo, lugar y modo en que se realizará la expresión. Ello siempre y cuando las limitaciones “responda[n] a un interés gubernamental significativo, limite la intervención a la mínima necesaria para alcanzar su objetivo y deje abiertas alternativas para la expresión”. U.N.T.S. v. Srio. de Salud, supra, pág. 163, citando a Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra, pág. 46.

*39 De otra parte, los foros no públicos son propiedades del Estado que no se relacionan con el intercambio de ideas y la libre comunicación de pensamiento entre los ciudadanos. Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra, pág. 46. Los centros hospitalarios, los tribunales, y dependencias policiacas son muestras claras de esta categoría. En estos lugares la regulación gubernamental puede limitar la libre expresión que allí se produzca, de manera que sólo se permita aquélla que sea compatible con el objetivo de la propiedad. En cuanto a la validez de dicha regulación, basta con que la misma sea razonable y, además, neutral en cuanto a puntos de vista; sujeto a que no se trate de un disfrazado esfuerzo por suprimir la expresión. U.N.T.S. v. Srio. de Salud, supra, pág. 164, citando a International Soc’y for Krishna Conciousness, Inc. v. Lee, 505 U .S. 672 (1992); Cornelius v. NAACP Legal Defense & Ed. Fund., 473 U.S. 788 (1985); Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra.

Finalmente, entre estas dos clasificaciones se encuentran los foros públicos por designación. Estos predios son generalmente foros no públicos en los que el Estado decide abrir un espacio para la actividad expresiva, aun cuando no está obligado a hacerlo. Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra, pág. 45. De manera que se trata de lugares no creados originalmente para la libre comunicación, pero en los cuales se ha permitido la actividad expresiva. Las bibliotecas, las escuelas y los teatros estatales suelen ser utilizados como foros públicos por designación. Rodríguez v. Srio. de Instrucción, 109 D.P.R. 251, 256-57 (1979); Southeastern Promotions, Ltd. v. Conrad, 420 U.S. 546 (1975). Mientras estos espacios están abiertos a la actividad expresiva, el poder del Estado para regular la libertad de expresión se encuentra tan limitado como cuando se trata de un foro público tradicional. U .N.T.S. v. Srio. de Salud, supra, pág. 163, citando a Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra, págs. 45-46.

No obstante, hay una gran diferencia entre foros públicos tradicionales y foros públicos por designación. El carácter público de estos últimos depende de la voluntad del Estado. Es el gobierno quien designa el espacio como uno abierto a la expresión pública. De igual forma, el Estado conserva la autoridad para determinar qué grupos podrán utilizar el espacio o qué temas se podrán discutir en él. U.N.T.S. v. Srio. de Salud, supra, pág. 164, citando a Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra, pág. 48. Más aún, la autoridad estatal podría cerrar la propiedad a la actividad expresiva por parte de la ciudadanía en general, retornando a su carácter no público. Véase, Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra, pág. 46. Tales facultades están ausentes cuando se trata de foros públicos tradicionales. Éstos siempre deben permanecer abiertos al flujo de ideas y pensamientos que son parte inherente de la naturaleza misma de estos predios. Allí no se puede delimitar qué grupos o temas se beneficiarán del acceso a la propiedad. La regla es sencilla: todos están invitados a ejercer su derecho a la libertad de expresión. Por ello, aunque hay similitudes entre los foros públicos tradicionales y los foros públicos por designación, en realidad, los ciudadanos gozan de mayor protección en los primeros.

*40 Ahí radica el afán de la mayoría de catalogar la Universidad como un foro público por designación. Esta determinación no es más que la semilla sembrada en concierto, que habrá de germinar-o que ya germinó-en el proceder del Estado y las autoridades universitarias de designar un lugar restringido para “ejercer” el derecho a la libre expresión.

II

En lo que representa un golpe mortal a la Universidad de Puerto Rico y a nuestro sistema democrático, la mayoría del Tribunal hoy cataloga a la Universidad como foro público por designación. Para ello utiliza fundamentos que, bien leídos, revelan lo errado de su proceder. Veamos.

La Opinión mayoritaria cita Widmar v. Vincent, 454 U.S. 263 (1981), para establecer que en la jurisdicción federal se ha decidido que los recintos universitarios no se pueden comparar con los foros públicos tradicionales “por sus objetivos pedagógicos y académicos”. Opinión mayoritaria, pág. 36 . NOTA9 En primer lugar, debemos dejar claro que la cita utilizada por la mayoría del Tribunal no es más que un mero dictum en una nota al calce de una opinión. Además, la referida cita, verdaderamente, no expresa que las universidades no sean comparables con los foros públicos tradicionales, y mucho menos dice que dichas instituciones no sean foros públicos tradicionales. La expresión de la Corte Suprema sólo aclara que las instituciones universitarias no son iguales a algunos foros públicos, como calles, parques y teatros. Ello en parte por su misión educativa. Sin embargo, nada en la opinión de la Corte dispone del carácter tradicional o por designación de la universidad, y aun si lo hiciera, ello se limitaría a la institución universitaria sobre la cual se pasaba juicio en aquel entonces.

NOTA9. “A university differs in significant respects from public forums such as streets or parks or even municipal theaters. A university’s mission is education, and decisions of this Court have never denied a university’s authority to impose reasonable regulations compatible with that mission upon the use of its campus and facilities.” Widmar v. Vincent, 454 U.S. 263, 268, n.5 (1981).

La expresión citada por la mayoría del Tribunal no impone juicio alguno sobre este Foro en cuanto a la controversia que hoy atendemos. Por un lado, este Foro siempre puede hacer uso de la factura más ancha que distingue nuestra Carta de Derechos de las delineaciones mínimas sobre derechos individuales que se establecen en la jurisdicción federal, para brindar mayor protección a nuestros ciudadanos frente a la intromisión gubernamental. Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605, 618 (1987). Asimismo, los fundamentos históricos y realidades prácticas que inspiran las decisiones de los foros federales en el ámbito de la doctrina del foro público, pueden no ser iguales al desarrollo histórico de nuestra sociedad. Estas divergencias justifican distanciarnos de doctrinas elaboradas en las cortes federales, de manera que se amplíen los derechos individuales conforme a nuestras tradiciones. Ya hemos resuelto que la Constitución del Estado Libre Asociado “tiene un origen y un historial distinto a la Constitución de Estados Unidos … Nuestra Constitución reconoce y concede unos derechos fundamentales con una visión más abarcadora y protectora que la Constitución de Estados Unidos.” López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219, 226-227 (1987). Véase también, Emp. Pub. Des., Inc. v. H.I.E.Tel., 150 D.P.R. 924 (2000).

*41 En segundo lugar, la Opinión mayoritaria también cita Coss y U.P.R. v. C.E.E., 137 D.P.R. 877, 889 (1995), como fundamento para concluir que este Foro ha catalogado la Universidad de Puerto Rico como uno no público tradicional. Opinión mayoritaria, pág. 36.NOTA10 Nuevamente, son varios los defectos del razonamiento expuesto por la mayoría. Aclaramos una vez más que la citada expresión es sólo un dictum traído de otra decisión de la jurisdicción federal, y originado en la discusión sobre la libertad de expresión en predios escolares, no universitarios. También recordamos que en Coss y U.P.R. v. C .E.E., supra, sólo se cuestionaba el carácter público de un medio de expresión o foro dentro de la Universidad: el periódico Diálogo. No se discutió entonces las características de toda la Universidad bajo la doctrina de foro público, como hoy pretende hacer una mayoría de este Tribunal.

NOTA10. “[L]as facilidades educativas podrían considerarse foros públicos, sólo si las autoridades escolares han’-mediante política o por práctica’-abierto esas facilidades ‘para el uso indiscriminado del público en general’.” Coss y U.P.R. v. C.E.E., 137 D.P.R. 877, 889 (1995), citando a Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., 460 U.S. 37, 47 (1983).

III

De manera que no queda tan “claro”, como dice la Opinión del Tribunal, pág. 36, que los recintos universitarios no se catalogan como foros públicos tradicionales. Por el contrario, estimo que la Universidad de Puerto Rico representa un microcosmos abarcador y complejo, nutrido de una gran tradición de valores democráticos; por lo que, para evaluar nuestro primer centro docente a la luz de la doctrina de foro público, es imprescindible comprender sus propósitos, su historia, su composición y su rol en el desarrollo de nuestro país.

Si bien es cierto que “[e]n contraste con los parques, plazas y calles, considerados tradicionalmente foros por excelencia de expresión pública, las escuelas y bibliotecas estatales no se organizaron para celebrar en ellas libre intercambio comunitario”, Rodríguez v. Srio. de Instrucción, supra, págs. 256-57, no es menos cierto que la Universidad es mucho más. El libre intercambio de ideas, dinámica inherente a la institución, es precisamente lo que engrandece el proceso educativo en los centros universitarios. Véase, Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, 113 D.P.R. 153, 159 (1982), citando a P. Monroe, Historia de la pedagogía, Tomo II, Madrid, 1905, pág. 145 (“Tratándose de universidades, esta norma constitucional comulga estrechamente con la esencia y razón histórica de esta institución, en la que como afirma Monroe de un modo claro, ‘la libertad de discusión, tanto política como eclesiástica y teológica encontró su primer hogar’.”)

Pero, quién mejor para recordarnos qué es la Universidad, que aquél cuyo nombre está indeleblemente coligado a esta institución. En su discurso inaugural en la Universidad de Puerto Rico en 1943, nos decía Don Jaime Benítez:

[E]ntre los objetivos de la Universidad de Puerto Rico, yo le daría jerarquía primaria a éste: enseñar a los hombres a valerse de su entendimiento y de su albedrío; ayudar a los hombres a encararse con la vida, afianzados en los recursos y en las valoraciones dentro de ese ideal de vida noble, creadora y generosa, refrendado por treinta siglos de pensamiento, que avanza zigzagueante a través de la historia, jamás del todo oscurecido, jamás del todo realizado, que es el ideal de vida democrática. Es pues mi criterio, que el principal objetivo de esta universidad debe ser hacer hombres libres en su espíritu, hombres que no rindan la potencialidad creadora de su alma a nada de este mundo-ni al halago, ni al cliché social, ni al prejuicio, ni a la ambición, ni a la amenaza, ni al poder-a nada en este mundo. (Énfasis nuestro.)

*42 Jaime Benítez, La Reforma Universitaria, 1943, en Héctor Luis Acevedo, editor, Don Jaime Benítez Entre la Universidad y la Política, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 2008, págs. 467-468.

La Universidad de Puerto Rico siempre ha sido un foro de discusión abierto al debate público. Véase, Luis Nieves Falcón, Ineke Cunnigham, Israel Rivera, Francisco Torres, Hiram Amundaray, Huelga y Sociedad, Editorial Edil, Inc., Rio Piedras, 1982. Sus recintos siempre han recibido la más diversa gama de personas que aportan y han aportando con sus ideas al desarrollo del país. Para la producción de ese conocimiento enriquecedor se exige, “por supuesto, gozar de la posibilidad de criticar y cuestionar el conocimiento, las prácticas sociales y las creaciones culturales y tecnológicas.” Efrén Ramos Rivera, La universidad y lo posible, 78 Rev. Jur. U.P.R. 643, 646 (2009).

Al decir de Hannah Arendt, la libertad consiste en lograr que sea lo que no ha sido.NOTA11 Así, los grandes logros alcanzados por la Universidad de Puerto Rico han sido propiciados por el cultivo de valores democráticos que nutren sus aspiraciones. Proyectos de incalculable valor como La Nueva Constitución de Puerto Rico, preparado por la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico-que sirvió de guía a los redactores de nuestra Constitución-se han producido rodeados de la protección a la libertad de palabra que cobija a toda la comunidad universitaria. Y es que así tiene que ser porque en nuestro país, la educación ha estado vinculada, constitucionalmente, a los derechos humanos. El Art. II, sec. 5 de la Constitución de Puerto Rico, reconoce a toda persona “el derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales.” En Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, supra, pág. 161, ya adelantábamos que:

NOTA11. Hanna Arendt, Between Past and Future, Penguin Books, 2006, págs. 142-169, citado en Ramos Rivera, op. cit., pág. 649.

[E]l definitivo reconocimiento que las libertades civiles reciben en todo el ordenamiento nacional de sociedades como la nuestra, no puede ser razón hábil para menoscabar las garantías de libertad de expresión y asociación que desde tiempos pretéritos gozan los estudiantes y profesores universitarios. Precisamente, para que las salvaguardas civiles no decaigan es imprescindible la crítica ilustrada, acuciosa y constante de parte de esos grupos dedicados al más elevado estudio. Callar sus denuncias puede poner en peligro las libertades que con tanta dificultad se plasmaron en un pasado no muy remoto. Se trata, como advertimos en Rodríguez v. Srio. de Instrucción, ante, de proteger esa discusión enérgica de las ideas, que es tan esencial para el cabal desarrollo del hombre, como para la conservación y el sostenimiento del bienestar común en una sociedad que viva en democracia. (Énfasis nuestro) (Citas omitidas).

*43 Los objetivos de la ley orgánica de la Universidad también reconocen que la institución es un foro sumamente ligado a nuestra sociedad democrática. Así vemos que el artículo 2 de la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, 18 L.P.R.A. sec. 601, establece que la Universidad debe “[t]ener presente que por su carácter de Universidad y por su identificación con los ideales de vida de Puerto Rico, ella está esencialmente vinculada a los valores e intereses de toda comunidad democrática”.

Esa es, a grandes razgos, la historia de nuestra Universidad; no porque el Estado haya abierto un espacio a la libre expresión, sino porque ésa es y ha sido su tradición, su propia naturaleza. Nadie puede negar que la Universidad de Puerto Rico, mientras forja los intelectos de sus integrantes, siempre ha servido para la “reunión y el debate” y ha estado disponible para el uso del pueblo, para que los ciudadanos se reúnan pacíficamente y compartan y debatan ideas sobre los asuntos que les son de interés. Véase, Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra, pág. 45. Ante semejante tradición, ¿ cómo se puede concluir que se trata de un foro público por designación? ¿ Dónde queda toda la historia de nuestro primer centro docente como punto de encuentro para el debate del más alto calibre?

III

Unas últimas consideraciones. El caso que hoy atendemos fue traído ante nosotros del Tribunal de Apelaciones mediante una certificación intrajurisdiccional. Ésta fue solicitada por la administración de la Universidad de Puerto Rico apenas un día luego de haber presentado ante el foro apelativo intermedio su recurso de apelación. Hoy el Tribunal utiliza la Regla 50 de su Reglamento para expedir y resolver la controversia sin permitir que las partes presenten sus alegatos. 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 50. Como si el abrupto trámite procesal que otorga la mayoría de este Foro al recurso de autos fuera poco, el Tribunal también decide tomar conocimiento judicial de un hecho adjudicativo esencial para la controversia, sin brindarle a la parte afectada la oportunidad de expresar su postura al respecto. Tal proceder, cuando menos, resulta contrario a los principios básicos de justicia.

La toma de conocimiento judicial de hechos adjudicativos es un medio probatorio que debe ser utilizado con cautela, ello pues se releva a una parte de la carga probatoria que, de ordinario, recae sobre ella. Este mecanismo está disponible para hechos que no están sujetos a controversia razonable por ser: 1) de conocimiento general en nuestra jurisdicción, o 2) de corroboración inmediata y exacta en fuentes que no pueden ser razonablemente cuestionadas. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 201(b). Sin embargo, cuando una parte solicita al tribunal que tome conocimiento judicial sobre un hecho, ella viene obligada a ofrecer “información suficiente” para que el tribunal pueda conceder su pedido. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 201(c). Véase, Pérez v. Mun. de Lares, 155 D.P.R. 697, 705 (2001) (“Para que un tribunal pueda tomar conocimiento judicial de un hecho adjudicativo, es necesario que la parte proponente ponga al tribunal en condición de poder hacerlo.”). “Si la parte que solicita que se tome conocimiento judicial bajo la Regla 201(B)(2) no le provee al tribunal la información correspondiente, el tribunal no tomará conocimiento judicial y la parte tendrá que presentar evidencia para probar el hecho adjudicativo.” Ernesto L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009: Análisis, San Juan, Publ. J.T.S., 2009, pág. 105.

*44 Ante la norma hasta aquí expuesta, ya se hacen evidentes las deficiencias de la metodología adjudicativa de la mayoría del Tribunal. La Opinión mayoritaria menciona que la Universidad “nos requiere que tomemos conocimiento judicial” de que estudiantes del sistema universitario aprobaron un voto de huelga preventivo. Opinión mayoritaria, págs. 11-12. Tal petición, como veremos, parece encontrarse escondida en una alegación de la Universidad a los efectos de que los estudiantes aprobaron el referido voto preventivo. Estimo, no obstante, que existe una diferencia entre una mera alegación carente de evidencia que la sustente, y una alegación acompañada de una solicitud formal para que se admita en evidencia un hecho mediante la toma de conocimiento judicial.

Incluso, un examen cuidadoso del expediente de autos nos muestra que la única expresión en el recurso de certificación que presentara la administración de la Universidad ante esta Curia, que podría asemejarse a una solicitud para tomar conocimiento judicial, es la siguiente: “Como cuestión de hecho, de lo cual este Honorable Tribunal puede tomar conocimiento judicial, la prensa ha informado que en la ‘Asamblea Nacional’ convocada por los estudiantes el 21 de junio de 2010 se aprobó un ‘voto de huelga preventivo’ para protestar la imposición de una cuota especial en enero de 2011.” Recurso de Certificación, pág. 15 (Énfasis suplido). Si ello fuera considerado como una solicitud de toma de conocimiento judicial, deberíamos concluir que la misma es una sumamente vaga, por lo que el Tribunal debería denegarla de plano. Por otro lado, las palabras citadas distan mucho de ser lo que la mayoría del Tribunal pretende. Aun en un gran ejercicio de deferencia, no podemos concluir que los peticionarios requieren la toma de conocimiento judicial de la aprobación de un voto preventivo de huelga por parte de los estudiantes. A lo sumo, sólo podríamos pensar que solicitan se tome conocimiento judicial de que la prensa divulgó una noticia, pero no que el evento del que se habla en la noticia en efecto ocurrió. De manera que, ausente una solicitud de parte para que este Foro tome conocimiento judicial de la aprobación de un voto preventivo de huelga, es forzoso concluir que la mayoría del Tribunal ha decidido hacerlo motu proprio.

Ciertamente, las Reglas de Evidencia permiten la toma de conocimiento judicial por iniciativa propia del tribunal en cualquier etapa de los procedimientos. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 201(c) y(e). Empero, también garantizan el derecho de las partes a ser escuchadas en torno a si procede la toma de conocimiento judicial. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 201(d). “En todo caso, el tribunal debe respetar el derecho de las partes a ser oídas en torno a si bajo la regla 201(B) procede la toma de conocimiento judicial.” Chiesa, op. cit., pág. 106. Este inciso de la Regla 201 tiene como propósito garantizar el debido proceso de ley de las partes, de manera que éstas conozcan los hechos que utilizará el foro judicial para arribar a su determinación y tengan, a su vez, la oportunidad de elaborar argumentos a favor o en contra del uso del referido mecanismo evidenciario.NOTA12 La importancia de esta salvaguarda procesal se agudiza aún más cuando se toma conocimiento judicial en etapas apelativas, como por ejemplo, en la solución de controversias ante esta Curia. Al respecto, así se expresa el profesor Ernesto L. Chiesa:

NOTA12. “An elementary sense of fairness might indicate that a judge before making a final ruling that judicial notice will be taken should notify the parties of his intention to do so and afford them an opportunity to present information which might bear upon the propriety of noticing the fact, or upon the truth of the matter to be noticed.” McCormick on Evidence, 4 ta ed., Minnesota, Ed. West, 1992, Vol. 2, Sec. 333, pág. 407 (Citas omitidas).

*45 En relación con tomar conocimiento judicial en la etapa apelativa, es esencial que el tribunal apelativo salvaguarde el derecho de una parte a ser oído en torno a la corrección de tomar conocimiento judicial, ya sea mediante escritos o argumentación oral. De ordinario, un tribunal apelativo no revocará una decisión del tribunal sentenciador a base de tomar conocimiento judicial de un hecho adjudicativo; por lo general se trata de hechos legislativos. Si se trata de verdaderos hechos adjudicativos, es necesario que el tribunal apelativo de [sic] a la parte perjudicada oportunidad de ser oída en cuanto a si procede que se tome conocimiento judicial.”

Ernesto L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, San Juan, Publ. J.T.S., 1998, Tomo II, Sec. 13.3, pág. 1150 (Citas omitidas).

A pesar de la claridad y el peso de la doctrina que señalamos, la mayoría de este Tribunal toma conocimiento judicial de un hecho adjudicativo que resulta medular para atender la controversia sobre academicidad, sin tan siquiera hacer un intento por escuchar los planteamientos que pudieran ofrecer los estudiantes recurridos al respecto. No se les permitió presentar alegatos; tampoco se les ordenó mostrar causa por la cual no se debiera tomar conocimiento judicial del hecho en cuestión. Véase Chiesa, Análisis, op. cit., pág. 105 (“Como se puede tomar conocimiento judicial en la etapa apelativa, el tribunal apelativo debe emitir una orden para que se muestre causa por la que no debe tomarse conocimiento judicial de determinado hecho adjudicativo. Así se satisface lo dispuesto en [la Regla 201(d) ].”).

El proceder del Tribunal en efecto decomisa el derecho de los estudiantes recurridos de ser escuchados y levantar sus defensas. Así, la Opinión del Tribunal acomete contra los postulados elementales del debido proceso de ley.

IV

Al concluir debo reseñar las elocuentes palabras del ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, el profesor Efrén Rivera Ramos, quien en un ensayo sobre la universidad y lo posible, nos dice:

[L]a Universidad de Puerto Rico realmente contribuyó a hacer posible otro Puerto Rico en su debido momento. Su existencia amplió el acceso a la educación superior de los sectores menos aventajados. Ha sido centro de ebullición para la irradiación de valores y la circulación de reclamos cruciales para nuestra vida de pueblo. Sus miembros y egresados han participado e intervenido en procesos económicos, sociales, políticos y culturales muy importantes para el país. Con su activismo, sus estudiantes han dado en mas de una ocasión la voz de alerta para que se corrija el rumbo en asuntos medulares de nuestra comunidad. Por otro lado, la histórica lucha por su autonomía y la protección constitucional que ser una universidad pública supone pueden asegurarle mayores espacios de libertad para la investigación, la reflexión, la expresión y la crítica sin los condicionamientos que una institución controlada por intereses económicos privados podría significar.

*46 Esos espacios de libertad son indispensables para que la universidad pueda continuar siendo el laboratorio de lo posible.

De más está decir que nuestro país necesita ese laboratorio ahora más que nunca. (Énfasis nuestro.)

Me hubiese gustado que este Tribunal no “[perdiera] de vista que la mejor manera de salvaguardar el orden en las universidades … es sosteniendo el mandato constitucional: libre expresión para todos.” Rafael Martínez Torres, La Primera Enmienda se va de la Universidad de Puerto Rico: Restricciones Absolutas a los Derechos de Expresión, Rev. Jur. U.P.R. 665 (1983). Hoy, con su proceder, una mayoría del Tribunal expulsa la libertad de expresión de la Universidad de Puerto Rico.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

Paoli Méndez v. Rodríguez , 138 D.P.R. 449 (1995)

Ramón Paoli Méndez et al., demandantes y recurridos,
v.
Héctor Rodríguez et al., demandados y recurrentes.
Número: RE-93-152

En El Tribunal Supremo De Puerto Rico.
Resuelto: 5 de mayo de 1995

Sentencia de Miguel A. Santiago, J. (Utuado), que declara ha lugar cierta demanda sobre negatoria de servidumbre de un acueducto. Revocada y se ordena al foro de instancia que refiera la controversia al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

Efraín Ruiz Ruiz, abogado del recurrente; Ángel S. Bonilla Rodríguez, abogado del recurrido.

El Juez Asociado Señor Alonso Alonso emitió la opinión del Tribunal.

Los hechos de este caso activan las disposiciones constitucionales y legales relativas a la conservación, el desarrollo y el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, en particular, el agua, recurso indispensable para la vida del hombre y de todas las actividades de la sociedad.

En una acción sobre negación de servidumbre de acueducto, los demandantes solicitaron y obtuvieron sentencia sumaria a su favor. El Tribunal Superior, Sala de Utuado (Hon. Miguel A. Santiago, Juez), resolvió que a los demandados no les asiste derecho alguno con respecto a la toma y utilización del agua que emana de un ojo de agua represado en la finca de sus vecinos, los demandantes.

Las partes demandadas carecen del servicio de agua potable y alegaron ante el tribunal haber sido autorizadas por los demandantes para instalar la tubería que les provee el servicio. Alegaron, además, que el pleito debía deses-timarse por no haberse agotado el trámite administrativo ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, a saber, una solicitud de franquicia para el aprovechamiento del agua.

Aplicando la Ley para la Conservación, el Desarrollo y Uso de los Recursos de Agua de Puerto Rico (en adelante Ley de Aguas de 1976) revocamos la sentencia recurrida y devolvemos el caso al tribunal de instancia para que refiera el asunto al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. *453

I

Hechos

El Sr. Ramón Paoli Méndez, su esposa, la Sra. Gladys Fuster, y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos, presentaron una acción negatoria de servidumbre de acueducto ante el Tribunal Superior (Sala de Utuado) contra sus vecinos, el Sr. Héctor Rodríguez, su esposa, la Sra. Marisol Mercado, el Sr. Ismael Muñiz, su esposa, la Sra. Margarita Muñiz; el Sr. Norberto Rodríguez, su esposa, la Sra. Enid Jiménez; sus respectivas sociedades legales de gananciales; el Sr. Rubén Crespo; la Sra. Daisy Crespo y el Sr. Nelson Alumez. En la demanda se alegó que los demandantes eran propietarios de una finca de ciento treinta y tres (133) cuerdas, dedicada al cultivo de café, chinas, guineos y plátanos, ubicada en el Barrio Mirasol de Lares. Se alegó que dentro de la referida finca existe un ojo de agua que fue represado y que mediante una bomba provee agua para el riego de los cultivos. Se alegó en la demanda que los vecinos demandados instalaron un tubo en el ojo de agua sin el consentimiento de la parte demandante y se servían así del agua que de él proviene. Por ello, se solicitó que el tribunal determinara que no existe servidumbre de acueducto en beneficio de los demandados.

En su contestación a la demanda, los demandados alegaron que los demandantes no sólo los autorizaron a utilizar el agua, sino que incluso estuvieron presentes cuando se instaló la tubería que les sirve. Alegaron, además, que se había presentado una querella ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales por el control ejercido por las partes demandantes sobre el ojo de agua y para impedir que ellos se beneficiaran de él para atender sus necesidades básicas.NOTA1 *454

NOTA1 Surge de la contestaci ón a la demanda que los demandados alegaron haber solicitado al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que se determine el uso y aprovechamiento del referido cuerpo de agua y que la situación se declare un “estado de emergencia”.

Los demandados solicitaron la desestimación de la demanda por no haberse agotado el trámite administrativo y reclamaron la existencia de una servidumbre forzosa de acueducto, continua, aparente y positiva.

Trabada la controversia, los demandantes presentaron una moción de sentencia sumaria en la que alegaron que no existía una controversia de hechos. Plantearon que en el caso de autos no existe servidumbre de acueducto y que bajo el Código Civil sólo podría reconocerse una servidumbre de saca de agua y abrevadero. Sostuvieron que los demandados no podían beneficiarse de la servidumbre de saca y abrevadero al carecer de legitimación activa para solicitarla.

Por su parte, los demandados presentaron una moción en oposición a sentencia sumaria en la que, en síntesis, alegaron la existencia de hechos en controversia lo cual impedía que se resolviera sumariamente el caso. Señalaron en la referida moción que los demandantes les autorizaron la toma de agua. Los demandados señalaron nuevamente que existe una servidumbre forzosa de acueducto y que no se habían agotado los remedios administrativos.

El 23 de febrero de 1993 el tribunal de instancia dictó sentencia que acogía el planteamiento de los demandantes y resolvió que, como los hechos no estaban en controversia, la solución del caso sólo requería que se interpretara el Art. 491 del Código Civil sobre las servidumbres de saca de agua y abrevadero que establece: “Las servidumbres forzosas de saca de agua y de abrevadero solamente podrán imponerse por causa de utilidad pública en favor de alguna población o caserío, previa la correspondiente indemnización.’D’ 31 L.P.R.A. sec. 1714. Conforme a ello, concluyó que al no constituir los demandados un poblado o caserío no podían beneficiarse de esta disposición legal y que, en todo caso, carecían de legitimación activa para *455 reclamarla. El tribunal de instancia remitió a los demandados a que exigieran al Municipio o a la Autoridad de Acueductos que les proveyeran el servicio de agua. La demanda fue declarada con lugar y se resolvió que los demandados no tenían derecho a ningún tipo de servidumbre en materia de aguas sobre la finca de la parte demandante.

Inconformes con lo resuelto, acudieron en revisión los demandados, señalando en apoyo a su solicitud los errores siguientes:

(1) Declarar ha lugar la Moción Solicitando Sentencia Sumaria a favor de los demandantes aun cuando existía una disputa bonafide de hechos y aun cuando existía controversia de hechos.

(2) Dictar sentencia sumaria a favor de los demandantes aun cuando existía derecho a una servidumbre forzosa de acueducto mediante indemnización, existía servidumbre de saca de agua y abrevadero a tenor con los arts. 491, supra, y el Art. 492 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1715.

(3) Asumir jurisdicción aun cuando los demandantes no habían agotado los remedios administrativos.

(4) Declarar con lugar la sentencia sumaria y no aplicar la Ley Núm. 136 de 3 de junio de 1976 (12 L.P.R.A. sec. 1501 et seq.) conocida como la Ley de Aguas de 1976.

(5) No aplicar los principios de equidad en un caso de emergencia y de interés público.

Mediante Resolución de 16 de abril de 1993 expedimos el recurso. Posteriormente, por surgir del expediente que ambas partes habían solicitado una franquicia para el aprovechamiento y uso de agua ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, NOTA2 ordenamos a las partes que acreditaran ante nos el estado de los procedimientos administrativos. Cumplidos todos los trámites de rigor y con el beneficio de los alegatos y escritos de la partes, resolvemos. *456

NOTA2 La parte demandante recurrida aleg ó en su réplica a la oposición a la solicitud de sentencia sumaria que había solicitado una franquicia ya que era en el terreno de su propiedad donde nacía el agua.

II

Importancia del recurso del agua

El agua es uno de los elementos esenciales e indispensables para satisfacer las necesidades de la vida y para ejercer la mayor parte de las actividades económicas, agrícolas e industriales.

En el organismo humano el agua es vital. Mientras el cuerpo reciba suficiente cantidad de líquidos, una persona puede estar períodos de tiempo, relativamente largos, sin otros nutrientes. NOTA3 El agua compone dos terceras (2/3) partes del cuerpo humano, por lo que para mantenerse saludable una persona promedio necesita más de medio galón de agua diariamente. NOTA4 Ingerir menos de un cuarto (1/4) de gal ón al día puede ser fatal.NOTA5

NOTA3 4 Lawyers’ Medical Cyclopedia Sec. 30.15, pág. 191 (1975).

NOTA4 Facts About Water, American Water Works Association, [s.f.].

NOTA5 Supra, nota 3, p ág. 193.

Otras innumerables actividades humanas requieren también del preciado líquido. Se estima que una familia promedio en Estados Unidos utiliza al año ciento siete mil (107,000) galones de agua para las diversas funciones del hogar.NOTA6 Diariamente en Puerto Rico se extraen cerca de seiscientos (600) millones de galones de agua, de fuentes subterráneas y superficiales. NOTA7 Estas últimas proveen cerca de trescientos (300) millones de galones diarios de agua potable. NOTA8

NOTA6 Supra, nota 4.

NOTA7 Informe Anual de la Junta de Calidad Ambiental de 1992, pág. 4.

NOTA8 Íd.

Las actividades económicas requieren una porción aun mayor del recurso. La industria es una consumidora voraz de agua, incluso para aquellas tareas que uno no suele relacionar con el agua. La fabricación de un automóvil, por ejemplo, requiere treinta y nueve mil noventa (39,090) galones de agua; un barril de cerveza necesita mil quinientos *457 (1,500) galones; una tonelada de acero, sesenta y dos mil seiscientos (62,600), galones, y una tonelada de azúcar, veintiocho mil cien (28,100) galones. NOTA9 La agricultura es uno de los sectores que más depende del agua, hecho evidenciado durante la reciente sequía, el cual fue el área de la economía más afectada. NOTA10 En Puerto Rico la agricultura consume más de cuarenta y dos (42) millones de agua diarios. NOTA11

NOTA9 Íd.

NOTA10 “An álisis del Impacto de la Sequía en la Economía de Puerto Rico Durante los Años Fiscales 1994 y 1995, Junta de Planificación, agosto de 1994.

NOTA11 Supra, nota 7.

Es de conocimiento común que todos los recursos naturales son particularmente vulnerables a la actividad humana y a los cataclismos de la naturaleza. Su conservación, desarrollo y administración han de considerarse como una tarea imprescindible si se pretende garantizar que el recurso, cualquiera que sea, satisfaga las necesidades vitales y económicas de un pueblo. El agua, sin embargo, tiene unas propiedades físicas que la convierten en uno de los recursos más difíciles de conservar. Como líquido al fin, es fluida, fugitiva, volátil y dinámica, lo que dificulta almacenarla y la hace peligrosamente fácil contaminar. Véase A. Guaita, Derecho Administrativo: Aguas, Montes, Minas, Madrid, Ed. Civitas, 1986, pág. 115. A diferencia también de otros recursos naturales que se someten con menos resistencia a la intervención humana, el agua es “irreemplazable, no ampliable por la mera voluntad del hombre, [e] irregular en su forma de presentarse en el tiempo y en el espacio …”. Preámbulo de la Ley de Aguas de España, II (Anot. 1981) Aranzadi, Repertorio Cronológico de Legislación 3862 (1985). Ley de Aguas, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1986, pág. 15.

Otra característica que la distingue es que sus reservas no yacen en sitios determinados y que las fuentes de reabastecimiento no se originan en el mismo lugar de *458 extracción. El agua no permanece en un lugar, ya que la evaporación y la gravedad la mueven constantemente, agotando y abasteciendo las fuentes de las que todos nos servimos. Estos factores impiden tomar el agua como una sucesión de fenómenos aislados, por lo que todo plan sensato de conservación, desarrollo y administración ha de incluir el ciclo hidrológico de evaporación, desemboque en el mar, lluvia, filtración, etc.

Finalmente, hay que tomar en consideración la proporción relativamente pequeña del recurso que nos es de utilidad en su estado natural, pues si bien el agua cubre ochenta por ciento (80%) de la superficie terráquea, sólo uno porciento (1%) de toda ésta sirve para el consumo humano. NOTA12

NOTA12 Supra, nota 4.

La combinación de indispensabilidad, revesado mantenimiento y alta vulnerabilidad del agua requieren una estrategia de conservación, desarrollo y administración eficaz, comprensiva y preventiva; labor tan enorme y costosa que por lo general sólo el Estado puede llevarla a cabo. Ante tal realidad, la gran mayoría de los ordenamientos jurídicos modernos -incluso aquellos que cuentan con vastos abastos de agua- han optado por promover la intervención gubernamental aun a costa de intereses propietarios individuales. A. Reverte Navarro y E. Pérez Pérez, Legislación de Aguas, Madrid, Ed. Tecnos, 1986, pág. 14. La necesidad de integrar el ciclo hidrológico entero dentro de los planes de conservación, desarrollo y administración dificulta aun más reconocer derechos exclusivos sobre fuentes del recurso del agua. En aras de obtener un máximo rendimiento, el Estado tiene que establecer un balance, no sólo entre los intereses privados y públicos, sino también entre los diversos sectores socioeconómicos que requieren del recurso para su subsistencia.

Los intereses en pugna y la necesidad del recurso obligan al Estado a formular y ejecutar planes de conservación,*459 desarrollo y administración “en un doble orden de actividades, relacionadas a su vez objetivamente: por una parte, la acción de vigilancia y distribución del agua; por otra una actividad concreta que se realiza buscando alcanzar el máximo rendimiento en la explotación de los caudales públicos’D’. E. Martín-Retortillo, Aguas públicas y obras hidráulicas, Madrid, Ed. Tecnos, 1966, pág. 293. Los experimentos exitosos en lugares con serios problemas hidrológicos como Israel, España y el Suroeste de Estados Unidos han demostrado que, aun en climas áridos o en regiones densamente pobladas, una sabia política de manejo y conservación permite un rendimiento óptimo. F. Cerrillo Quílez, Régimen jurídico-administrativo de las aguas públicas y privadas, Barcelona, Ed. Jurídica Española, [s. año] T. 1, pág. 33. Véase Guaita, op. cit.

Puerto Rico, por ser una isla con una densidad poblacional alta y con pocas fuentes de recursos naturales, se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad.

El exprofesor Luis Negrón García, líder intelectual y pionero en Puerto Rico en la conceptualización e identificación de los problemas y la búsqueda de soluciones del recurso, discutió las dificultades del uso y conservación del agua en Puerto Rico como antesala al proyecto que culminaría en la Ley de Aguas de 1976:

La conservación de los recursos naturales en general, y de algunos, como el agua, en particular, es asunto de reciente pero intensa preocupación en casi todos los países del mundo. El vertiginoso cambio social y económico cuya raíz principal es el acelerado avance tecnológico ha tenido, entre otras múltiples resultantes, un marcado deterioro en la calidad del medio ambiente. La explicación a esta ocurrencia se da en términos de que la inversión de recursos humanos y económicos para lograr ese progreso no ha ido acompañada de inversiones equivalentes -o al menos las necesarias- en estudios sobre el impacto negativo ambiental de esos cambios y las medidas preventivas y correctivas requeridas, tanto a nivel legislativo como de programa, para reducir en lo posible esas consecuencias adversas.

Lo anterior ha tenido como consecuencia que los problemas del medio ambiente, en general y de recursos naturales en particular,*460 se han atacado en forma improvisada, sin responder a un enfoque global de desarrollo balanceado, y sin estrategias definitorias de una política de calidad ambiental.

Esta característica de visión remedial que tipifica la gestión gubernamental en la problemática del medio ambiente no es privativa de Puerto Rico. La misma es un rasgo de aquellos países que se envuelven en programas intensos de desarrollo económico, principalmente por medio de la industrialización. L.N. Negrón García, Proyecto de Ley de Desarrollo de Aguas de Puerto Rico, Ed. Rev. Jur. U.P.R., Río Piedras, pág. 1.

Tomar las medidas necesarias para asegurar su rendimiento y así satisfacer las necesidades básicas de la población y conservar este nivel de extracción son obligaciones impuestas tanto por nuestras condiciones geográficas, climatológicas y poblacionales, como por las obligaciones legales provenientes de la Constitución y las leyes.

III

Naturaleza constitucional y legal del recurso del agua

La Convención Constituyente del Estado Libre Asociado entendió que la conservación de nuestros recursos naturales era tan importante para la seguridad de Puerto Rico que el deber de velar por ellos debía ser elevado a rango constitucional.

[1] La Sec. 19 del Art. VI de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 379, dispone que “[s]erá política pública del Estado Libre Asociado la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad …”.

La importancia de este mandato constitucional no debe ser menospreciada. El Art. VI de nuestra Constitución, supra, no se reduce a un mero postulado de principios. J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, San Juan, Ed. U.P.R., 1982, Vol. III, pág. 235. Los delegados a la Convención Constituyente derrotaron una propuesta *461 para relegarla al ámbito de ley por entender que era de vital importancia para el desarrollo y la seguridad de los habitantes del País. El delegado Santiago Polanco Abreu, quien tomó el podio para expresarse en contra de la eliminación del Art. VI, supra, que solicitaba el delegado Jaime Benítez, expresó: “No hay un error teórico. Estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Estamos estructurando algo, la conservación del recurso natural. Puerto Rico es una isla. Debemos tener preocupación.’D’ 3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2116 (1952). Reconociendo la precariedad de nuestros recursos, la Comisión de Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales sobre Asuntos Generales, que preparó el camino para la redacción del Art. VI, supra, expresó: “Es nuestro propósito señalar con absoluta claridad la conveniencia y necesidad de que se conserven los recursos naturales en Puerto Rico. Siendo Puerto Rico una isla y teniendo pocos recursos naturales, debe haber una preocupación constante por parte del Estado en el uso, desarrollo, aprovechamiento y conservación de los mismos. La conservación de la tierra, los bosques, los peces, las aguas, las aves, las minas y las salinas, entre otros, debe ser una de las funciones primordiales de nuestro gobierno.” (Énfasis suplido.) 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2622 (1952).

Los forjadores de nuestra Constitución tenían meridianamente clara su visión del ser humano y su interrelación e interdependencia sistémica con los recursos naturales y con la naturaleza de la cual forma parte integral. El hombre es tanto un componente como un interactor en su medio ambiente natural, físico, social, económico y político. Esta visión integral del hombre, de su medio ambiente y de la naturaleza en general permea el principio constitucional de que todos tenemos la esperanza de un mundo mejor basado en los principios expuestos en el Preámbulo y en la Carta de Derechos de la Constitución. El medio ambiente natural y la naturaleza no sólo sirven el propósito de que el *462 hombre pueda utilizarlos para su subsistencia material, sino para su recreación y uso del tiempo libre, para la contemplación de su belleza y majestuosidad, para sentirse orgulloso de su patria, para mejorar su calidad de vida, y para lograr un desarrollo integral de la personalidad y su autorealización como ser humano.

La política pública sobre los recursos naturales expuesta en nuestra Constitución es una protección de lo que comúnmente llamamos “la naturaleza”. Es una protección frente al Estado, la sociedad, el gobierno, e incluso el hombre, que en el mundo contemporáneo, sin darse cuenta que está socavando su propia existencia, destruye la naturaleza en aras de un materialismo y un consumismo rampante, creando desbalances sistémicos irreversibles.

[2-3] El Estado mediante legislación NOTA13 ha reiterado su compromiso con la m ás eficaz conservación de sus recursos en repetidas ocasiones: en la Ley sobre Política Pública Ambiental, NOTA14 la Ley Orgánica del Departamento de Recursos*463 Naturales, NOTA15 la Ley de Aguas de 1976 NOTA16 y el Plan de Reorganizaci ón Núm. 1 de 1993, Leyes de Puerto Rico, pág. 603. NOTA17 *464

NOTA13 El Prof. Luis Negr ón García señaló en 1970 los problemas que existían en Puerto Rico como resultado de la carencia de legislación adecuada. Como complemento a la Ley sobre Política Pública Ambiental de 1970 se presentó legislación que sirvió de base a la Ley para la Conservación, el Desarrollo y Uso de los Recursos de Agua de Puerto Rico (en adelante Ley de Aguas de 1976). L.F. Negrón García, Proyecto de Ley de Desarrollo de Aguas de Puerto Rico, Río Piedras, Ed. Rev. Jur. U.P.R., 1973, págs. 1516.

NOTA14 En su Art. 2 dispuso:

“Los fines de este Capítulo son los siguientes: Establecer una política pública que estimule una deseable y conveniente armonía entre el hombre y su medio ambiente, fomentar los esfuerzos que impedirían o eliminarían daños al ambiente y la biósfera y estimular la salud y el bienestar del hombre; enriquecer la comprensión de los sistemas ecológicos y fuentes naturales importantes para Puerto Rico y establecer una Junta de Calidad Ambiental.” (Énfasis suplido.) 12 L.P.R.A. sec. 1122.

En el Art. 3(a) dispuso:

“(a) El Estado Libre Asociado, en pleno reconocimiento del profundo impacto de la actividad del hombre en las interrelaciones de todos los componentes del medio ambiente natural, especialmente las profundas influencias del crecimiento poblacional, la alta densidad de la urbanización, la expansión industrial, recursos de explotación y los nuevos y difundidos adelantos tecnológicos y reconociendo además la importancia crítica de restaurar y mantener la calidad medio ambiental al total bienestar y desarrollo del hombre, declara que es política continua del Gobierno del Estado Libre Asociado, incluyendo sus municipios, en cooperación con las organizaciones públicas y privadas interesadas, utilizar todos los medios y medidas prácticas, incluyendo ayuda técnica y financiera, con el propósito de alentar y promover el bienestar general, para crear y mantener las condiciones bajo las cuales el hombre y la naturaleza puedan existir en armonía productiva y cumplir con las necesidades sociales y económicas y cualesquiera otras que puedan surgir con las presentes y futuras generaciones de puertorriqueños.’D’ (Énfasis suplido.) 12 L.P.R.A. sec. 1123.

NOTA15 En la exposici ón de motivos la Asamblea Legislativa expresó:

“La complejidad que exhiben los procesos económicos y sociales de Puerto Rico en sus interrelaciones con el mundo de los recursos naturales presenta retos de enorme magnitud para todos nuestros ciudadanos.

“La magnitud de las fuezas demográficas, económicas y geográficas que se reúnen en Puerto Rico tienden a acelerar el deterioro ambiental, ejercen grandes presiones sobre la conservación de los recursos naturales y someten a las estructuras gubernamentales existentes a serios reclamos por soluciones rápidas y efectivas a esos agudos problemas.

“Dada la actual estructuración de organismos públicos para bregar con la problemática referida, dichos reclamos generalmente trascienden los poderes y facultades de las agencias existentes, o como sucede en numerosas ocasiones, la dispersión de funciones operacionales en múltiples agencias diluye el esfuerzo gubernamental y la solución es tardía o puede no llegar.

“Lo anterior exije que se desarrolle, como complemento a la función de elaborar la política pública sobre los recursos naturales y el medio ambiente de la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico, una centralización efectiva de las funciones operacionales y de implementación de reglamentos que al presente desempeñan múltiples organismos gubernamentales, con la consiguiente duplicación de trabajo y pérdida de esfuerzo y dinero.” Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales, Exposición de Motivos, Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, Leyes de Puerto Rico 430.

NOTA16 El Art. 2, dispone:

“ Es política pública del Estado Libre Asociado mantener el grado de pureza de las aguas de Puerto Rico que requiera el bienestar, la seguridad y el desarrollo del país, asegurar el abasto de aguas que precisen las generaciones puertorriqueñas presentes y futuras mediante el establecimiento de áreas de reserva de aguas y aprovechar las aguas y cuerpos de agua de Puerto Rico con arreglo al interés público y a criterios de uso óptimo, beneficioso y razonables. A estos efectos, y a propósito, además de proteger al país frente a las adversidades de la escasez, el mal uso, el desperdicio y la contaminación de tan esencial recurso, así como para lograr que su aprovechamiento sea compatible con las realidades físico-naturales en que el mismo se encuentra y con las necesidades sociales y económicas del país, se declaran las aguas y cuerpos de agua de Puerto Rico propiedad y riqueza del Pueblo de Puerto Rico. El Gobierno del Estado Libre Asociado administrará y protegerá ese patrimonio a nombre y en beneficio de la población puertorriqueña.

“ Así mismo es política del Estado Libre Asociado lograr la distribución más equitativa y justa de sus aguas. A ese efecto se establece que las necesidades de agua adscritas al consumo doméstico, y particularmente al consumo humano, deberán ser satisfechas con prelación a cualesquiera otras y que en la adjudicación del sobrante disponible el interés público deberá prevalecer frente a todo otro interés o reclamo.” (Énfasis suplido.) 12 L.P.R.A. sec. 1502.

NOTA17 “Desde 1952, tras la aprobaci ón de la Constitución de Puerto Rico, existe una política pública relacionada con la conservación, el desarrollo ambientalmente sostenible y el aprovechamiento de los recursos naturales. A tono con esta política pública se ha concedido al Departamento de Recursos Naturales, desde su creación en el 1972, la misión de manejar, proteger, conservar, desarrollar y aprovechar los recursos naturales y el ambiente de la Isla. Es [é]ste un fin primordial del gobierno ya que, por nuestro tamaño y condición de la isla, es prioritario el buen manejo de nuestros recursos y la protección del ambiente.

“El sector de los recursos naturales y el medio ambiente comprende una serie de actividades, programas y organismos entre los que se encuentran el Departamento de Recursos Naturales, la Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Desperdicios Sólidos, la Oficina de Energía y otros.

“El presente Plan de Reorganización responde a la necesidad de que todos aquellos organismos y programas cuyo objetivo principal es el desarrollo ambientalmente sostenible, utilización, aprovechamiento, protección y conservación de los recursos naturales, ambientales y energéticos de la Isla se desarrollen de una manera coordinada y eficiente dentro de una misma estructura administrativa. De otra parte, aquellos que fomentan el desarrollo de esos recursos con fines industriales, comerciales y turísticos pertenecen, por su propia naturaleza, al sector de desarrollo económico. Se reconoce asimismo que las funciones de la Junta de Calidad Ambiental son conflictivas con las anteriormente descritas, por lo que este organismo debe permanecer como uno autónomo que responda directamente al Gobernador.

“A tenor con esto, se renomina el Departamento de Recursos Naturales y se integran a éste programas que hasta ahora se encontraban fuera de la agencia.” Art. 1, Plan de Reorganización Núm. 1 de 1993, Leyes de Puerto Rico, págs. 603604.

Durante, al menos, los últimos veinticinco (25) años, el Poder Legislativo ha provisto al Estado de una política pública amplia, clara y uniforme, y ha habilitado al Gobierno con las herramientas necesarias para cumplir con este mandato constitucional y poner en vigor la política pública plasmada en la legislación.

IV

La Ley de Aguas de 1976

[4-5] La Ley de Aguas de 1976 (12 L.P.R.A. sec. 1501 et seq.) fue aprobada por la Legislatura con dos (2) propósitos en mente. El primero, y más importante, era nacionalizar las aguas del País, intención dimanante de la adopción del enfoque integral del ciclo hidrológico. La ley declara como propiedad y riqueza del Pueblo de Puerto Rico, “[ t] odas las aguas y cuerpos de agua” -(énfasis suplido) 12 L.P.R.A. sec. 1504- de la Isla y le impone al Estado Libre Asociado el ineludible deber de administrar y proteger las aguas de nuestro país, a nombre y en beneficio *465 de la población puertorriqueña. NOTA18 Obliga al Estado a “mantener el grado de pureza de las aguas de Puerto Rico que requiera el bienestar, la seguridad y el desarrollo del país, asegurar el abasto de aguas que precisan las generaciones puertorriqueñas presentes y futuras mediante el establecimiento de reserva de aguas y aprovechar las aguas y cuerpos de agua de Puerto Rico con arreglo al interés público y a criterios de uso óptimo, beneficioso y razonables”. (Énfasis suplido.) 12 L.P.R.A. sec. 1502.

NOTA18 La ley adopt ó el principio de la integridad del ciclo hidrológico, por ende la necesidad de incluir dentro del plan de administración todas las aguas y cuerpos de agua. En la exposición de motivos se expresó: “El propio ciclo hidrológico … constituye … una unidad, en vez de una sucesión de fenómenos aislados.” Ley de Aguas de 1976, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 136 de 3 de junio de 1976, Leyes de Puerto Rico, pág. 412.

[6] Como parte de la política pública expresa del Estado Libre Asociado en la citada ley se dispone que se deberá “lograr la distribución más equitativa y justa de sus aguas”. 12 L.P.R.A. sec. 1502. A esos efectos se declara que ““las necesidades de agua adscritas al consumo doméstico, y particularmente al consumo humano, deberán ser satisfechas con prelación a cualesquiera otras y que en la adjudicación del sobrante disponible el interés público deberá prevalecer frente a todo otro interés o reclamo”. (Énfasis suplido.) Íd. NOTA19

NOTA19 El Art. 4 de la Ley de Aguas de 1976 (12 L.P.R.A. sec. 1504) claramente dispone que: “[el] uso, aprovechamiento y desarrollo [de todas las aguas y cuerpos de agua de Puerto Rico] estarán sujetos a las disposiciones de este Capítulo y de los reglamentos que se establezcan al amparo del mismo”. El término “aguas y cuerpos de agua” según definidos por la referida ley “incluye las aguas superficiales, las subterráneas, las costaneras y cualquiera otra dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado”. (Énfasis suplido.) 12 L.P.R.A. sec. 1503.

El desperdicio o el mal uso del agua, según se estableció en la Exposición de Motivos de la ley, “lesiona el bienestar y pone en riesgo la seguridad del país que, por no contar con un caudal ilimitado y bien distribuido del recurso, debe extraerle al que tiene el máximo beneficio en términos que satisfagan el interés público’D’. Ley de Aguas de 1976, Exposición de Motivos, supra, pág. 412. *466

La segunda intención de la ley fue descargar en el Secretario del Departamento de Recursos Naturales la responsabilidad del manejo y conservación del agua en Puerto Rico. Como tal le facultó para tomar todas las medidas necesarias para asegurar la pureza, disponibilidad y regeneración del recurso del agua, guiado por “una visión de conjunto [y] una perspectiva integradora, de nuestros problemas hidrológicos’D’. Ley de Aguas de 1976, Exposición de Motivos, supra.

[7] La Ley de Aguas de 1976 confiere al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales una serie de atribuciones y facultades necesarias para viabilizar la política pública del Estado Libre Asociado en torno a este recurso como patrimonio nacional. Véase, por ejemplo, Arroyo López v. E.L.A., 126 D.P.R. 682 (1990), en el cual discutimos la obligación del Secretario de Recursos Naturales de inspeccionar y vigilar todos los cuerpos de agua de la Isla.

V

El Código Civil y su reglamentación de las aguas y el Departamento de Recursos Naturales

[8] La Ley de Aguas de 1976 tuvo el efecto de nacionalizar las aguas del País, derogando así aquellas disposiciones del Código Civil que permitían adueñarse de cuerpos de agua.

La Ley de Aguas de 1976, sin embargo, mantuvo vigentes algunas disposiciones del Código Civil pertinentes al uso privado de las aguas con restricciones. La ley también creó un sistema de franquicias para que entidades privadas o públicas pudieran hacer uso exclusivo (mas no absoluto) de fuentes de agua.

[9] Entre los artículos de la Ley de Aguas de 1903 que quedaron vigentes se encuentran aquellos referentes a las *467 servidumbres legales. Estas servidumbres incluyen: la servidumbre de acueducto; la de estribo y presa; la de abrevadero y de saca de agua, y la de camino de sirga. NOTA20

NOTA20 Sobre las servidumbres de agua, véanse: B. Biondi, Las Servidumbres, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1978. Sobre el tema del dominio y uso público de los recursos, véase M.J. Godreau y J.A. Giusti, Las concesiones de la Corona y propiedad de la tierra en Puerto Rico, siglos XVI-XX: un estudio jurídico, 62 Rev. Jur. U.P.R. 351 (1993); A. Guaita, Derecho Administrativo: Aguas, Montes Minas, Madrid, Ed. Civitas, 1986; M. Albaladejo, Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1977, T. III, Vol. 1; S. Álvarez Gendín, El dominio público-su naturaleza jurídica, Barcelona, Ed. Bosch, 1956.

La Ley de Aguas de 1976 también facultó al Gobierno a conceder franquicias sobre fuentes de agua, siguiendo, por supuesto, los propósitos rectores de la ley. Art. 9 de la Ley de Aguas de 1976 (12 L.P.R.A. sec. 1509).

[10] El nuevo Reglamento para el Aprovechamiento, Uso, Conservación y Administración de las Aguas de Puerto Rico Núm. 3171, Departamento de Recursos Naturales,NOTA21 define a la franquicia como “una autorización para *468 utilizar ciertas y determinadas cantidades de agua de una fuente en particular y no un derecho sobre una fuente en particular”. Art. 8.1 del Reglamento para el Aprovechamiento, Uso, Conservación y Administración de las Aguas de Puerto Rico Núm. 3171, Departamento de Recursos Naturales, 13 de noviembre de 1984. Esta autorización escrita para el uso o aprovechamiento de aguas superficiales, subterráneas o costaneras “le concede a su poseedor el derecho a utilizar un volumen determinado de agua por un período de tiempo y sujeto a las condiciones allí dispuestas”. Art. 1.15 del Reglamento, supra. Ese uso o aprovechamiento es un “[d]erecho por ley o concesión de utilizar para usos comunes o privativos, aguas de dominio público’D’. Art. 1.7 del Reglamento, supra.

NOTA21 El Reglamento, presentado en el Departamento de Estado el 30 de diciembre de 1992, fue promulgado a tenor con la Ley de Aguas de 1976 que dispone que el Secretario de Recursos Naturales y Ambientales tendrá las facultades siguientes:

“(j) Establecer un sistema de permisos y franquicias para el uso y aprovechamiento de las aguas y cuerpos de agua de Puerto Rico y fijar los derechos a cobrar en cada caso….

“(k) Reglamentar el diseño, la construcción, la operación y todo lo pertinente al cierre de instalaciones, estructuras o artefactos utilizados para extraer o alumbrar aguas subterráneas, en coordinación con otras agencias concernidas con estos asuntos.

“(o) Promulgar, reglas de naturaleza sustantiva y procesal para la adjudicación de controversias entre particulares sobre aprovechamiento de aguas. 12 L.P.R.A. sec. 1505.

En relación con estas funciones, le compete al Secretario de Recursos Naturales y Ambientales:

“(g) mediante reglamento al efecto, establecer los derechos a pagarse por los permisos de hincado de pozos para extracción de agua subterránea en terrenos públicos y privados … controlar el uso y extracción de las aguas subterráneas, fijar su ritmo de extracción y establecer los derechos a pagarse por el agua subterránea que se extraiga de pozos en terrenos públicos o privados.” 3 L.P.R.A. sec. 155(g).

Durante 1991 a 1992 el Departamento otorgó trescientos treinta y tres (333) franquicias de aguas; concedió doscientos cuarenta y cuatro (244) permisos de hincado de pozos; vendió el sesenta por ciento (60%) de los pozos hincados en 1989 y legalizó la extracción en veintisiete por ciento (27%) de éstos. Informe de Aguas del Departamento de Recursos Naturales, 19911992, pág. 19.

Las facultades y deberes antes enumerados son consistentes con aquellos señalados en la Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales, Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 151 et seq., y el Plan de Reorganización Núm. 1 de 1993, Leyes de Puerto Rico, pág. 603 (que crea el comúnmente denominado “Departamento Sombrilla”).

[11] La doctrina coincide en que este esquema no le concede al cesionario ““la propiedad de las aguas, que son y serán siempre públicas … el concesionario adquiere un derecho real al aprovechamiento de las aguas en las condiciones que derivan de las disposiciones generales y de su concreto título concesional”. Guaita, op. cit., pág. 151.

El Reglamento establece detalladamente los procedimientos administrativos que rigen los usos, el aprovechamiento y la administración de las aguas de Puerto Rico. Consistente con las disposiciones de la Ley de Aguas de 1976 y de la Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales, el Reglamento contiene los criterios de uso beneficioso y razonable y los criterios de uso óptimo con los cuales debe conformarse el uso de agua en Puerto Rico. Los referidos criterios ““se establecen con el propósito de asegurar que en el uso de las aguas se obtenga el mayor beneficio social”. Art. 5.1, Reglamento, supra, pág. 17. *469

VI

El derecho administrativo aplicable

[12] La doctrina sobre jurisdicción primaria cobra vigencia y es de aplicación a la materia que nos ocupa, en virtud de la ley especial que regula el uso y aprovechamiento del agua en nuestro país. Las disposiciones de ley citadas establecen claramente que el Departamento de Recursos Naturales ha sido designado y facultado para dirimir las controversias relacionadas al uso y manejo de agua.

[13] La doctrina de jurisdicción primaria atiende la jurisdicción original para considerar una reclamación. Consiste de dos (2) vertientes: jurisdicción primaria exclusiva y jurisdicción primaria concurrente. En la primera, la ley dispone que el organismo administrativo tendrá jurisdicción inicial exclusiva para examinar la reclamación. La jurisdicción concurrente se da cuando la ley permite que la reclamación se inicie bien en el foro administrativo o en el judicial. Aguilú Delgado v. P.R. Parking System, 122 D.P.R. 261, 266 (1988). Véanse, también: First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, 114 D.P.R. 426 (1983); Ferretería Matos, Inc. v. P.R. Tel. Co., 110 D.P.R. 153 (1980); Ferrer Rodríguez v. Figueroa, 109 D.P.R. 398 (1980).

[14] Resolvimos en Aguilú Delgado v. P.R. Parking System, supra, que la doctrina de jurisdicción primaria concurrente permite la paralización de la acción judicial mientras advenga final y firme el dictamen administrativo. Aguilú Delgado v. P.R. Parking System, supra, pág. 268. El propósito es ceder la primacía al organismo administrativo. D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 1ra ed., Colombia, Ed. Forum, 1993, pág. 440.

[15] La aplicación de esta doctrina evita una intervención*470 judicial innecesaria y a destiempo que interfiera con el cauce y el desenlace normal del proceso administrativo. Como regla general no puede ser preterido el trámite administrativo a menos que existan las excepciones que han sido establecidas por la jurisprudencia. Véanse: Rivera v. Depto. de Servicios Sociales, 132 D.P.R. 240 (1992); Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 D.P.R. 347 (1988); Mercado Vega v. U.P.R., 128 D.P.R. 273 (1997).

[16] En Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., 133 D.P.R. 42, 4950 (1993), también reiteramos que “el Poder Judicial conserva la autoridad para intervenir en los momentos en que sea necesario para evitar un daño irreparable a una persona, facilitándose entonces la revisión judicial al tener los tribunales información más precisa sobre los fundamentos de la actuación gubernamental”.

[17] Desde Borges v. Registrador, 91 D.P.R. 112, 123 (1964), hemos interpretado que las servidumbres legales “cae[n] dentro del ámbito del derecho administrativo”. Esto es así ya que “estas no constituyen propiamente verdaderas servidumbres”. Íd., págs. 122123. “Las servidumbres legales se rigen por sus leyes especiales. En el caso de las públicas, el Código es derecho supletorio y en el caso de las llamadas privadas, rige el Código pero sólo en tanto [y] en cuanto dicho cuerpo legal no esté en conflicto con las leyes y reglamentos especiales sobre la materia. Tienen precedencia dichas leyes y reglamentos especiales.” (Énfasis suplido.) Borges v. Registrador, supra, págs. 125126. NOTA22

NOTA22 Refi érase al resumen que se hace sobre la opinión de los tratadistas Manresa, Guaroa Velázquez, Borrell y Soler, y Puig Brutau sobre las servidumbres legales en Borges v. Registrador, 91 D.P.R. 112, 122125 (1964).

Considerando lo antes expuesto sobre la doctrina de jurisdicción primaria concurrente; el ámbito al cual pertenece la materia de la servidumbre de acueducto; la importancia del agua como recurso de las generaciones presentes *471 y futuras de nuestro país y la política pública del Estado Libre Asociado, procede la aplicación de la Ley de Aguas de 1976 y su reglamento para dirimir controversias como la presente.

VII

Conclusión

En el caso de autos, la parte demandante recurrida presentó una demanda sobre negación de servidumbre de acueducto. En lo pertinente, se alegó que “[d]entro de la finca del demandante mana [sic] del centro de su tierra un ojo de agua represado y por un tuvo [sic] va una caja recibidora y de ahí una bomba, bombea y tira el agua a otro tanque recipiente dentro de la misma finca y de este tanque por gravedad va a parar al establecimiento donde se elabora el café …”. Apéndice 3, pág. 7. Conforme alegaron los demandantes, en síntesis, los demandados -sin autorización de clase alguna- instalaron una tubería desde la caja principal, llevando el agua hasta la residencia del codemandado, Sr. Norberto Rodríguez, y de ahí se reparte a los otros codemandados.

En su contestación a la demanda, los demandados recurrentes argumentaron entre otras defensas afirmativas que habían sido autorizados voluntariamente por los demandantes a beneficiarse del agua y que ellos presenciaron personalmente la instalación de la referida tubería. La parte demandada alegó, además, que la parte demandante no tiene registrado en el Departamento de Recursos Naturales el ojo de agua, conforme exige la ley.

Surge de los autos una certificación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de que en el sector en Lares donde están ubicadas las residencias de los demandados “no existe tubería de agua potable de la agencia […] tampoco en el área cercana a sus residencias”. Apéndice 6, pág. 18. Surge además, de las declaraciones juradas sometidas *472 por la parte demandada, que el agua, objeto del presente caso, es un manantial subterráneo que fue represado por la parte demandante supuestamente en contravención con la Ley de Aguas de 1976 y que éstos habían autorizado a los demandados a servirse de dicha agua. Surge también que desde 1987 no se elabora café en la finca de los demandantes y que desde hace más de sesenta y cinco (65) años el agua fue represada y que el barrio la utilizaba.

De la réplica a la oposición a la sentencia sumaria surge que la parte demandante alegó que los demandados carecían de legitimación activa para solicitar una franquicia al Departamento de Recursos Naturales, por no ser dueños del terreno donde está ubicado el ojo de agua. Los demandantes alegan, además, que tienen derecho a una franquicia y que en efecto la han solicitado. Cabe señalar que esta última alegación contrasta con una moción sometida por esta misma parte en respuesta a una orden de mostrar causa que dirigimos a las partes para que acreditaran el estado de los procedimientos ante el foro administrativo. En la referida moción, la parte demandante recurrida informa que “nunca ha comenzado procedimiento administrativo alguno referente a este caso”, por lo que no existe procedimiento administrativo pendiente o que haya sido paralizado.

En el presente caso la parte demandante reclama su derecho a ejercitar la acción de negación de servidumbre a base de su derecho propietario sobre el inmueble donde se encuentra el ojo de agua. En ningún momento alegó ni probó que tuviese algún derecho propietario sobre el agua, o que tuviese algún título, al amparo de alguna legislación anterior, o franquicia para extraer y aprovecharla.

Tratándose el presente caso de una acción en la cual el demandante pretende negar la existencia de una servidumbre de acueducto y la parte demandada afirma su existencia y su derecho a tal servidumbre, el tribunal tenía que corroborar primero si el demandante posee la titularidad o *473 el derecho (franquicia o concesión) de utilizar el agua. Al no acreditarse lo anterior, les corresponde a las partes ventilar esta controversia ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, agencia a la cual el Estado le delegó la implantación de una política pública vigorosa en protección del recurso del agua.NOTA23

NOTA23 Cabe se ñalar, además, que tratándose de agua para el consumo humano, la Ley para Proteger la Pureza de las Aguas Potables de Puerto Rico, Ley Núm. 5 de 21 de julio de 1977 (12 L.P.R.A. sec. 1551 et seq.), es relevante a la controversia ante nuestra consideración.

La adjudicación de controversias no puede conducir a resultados absurdos. El agua es un elemento fundamental para la vida humana.

En resumen, erró el tribunal al declarar con lugar la demanda en el presente caso y al no aplicar la doctrina de jurisdicción primaria.

Por ello, revocamos dicha sentencia y se dicta otra para ordenar al tribunal de instancia que refiera la controversia al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Hasta tanto el dictamen del foro administrativo advenga final y firme, y si es que otra cosa dispone el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, los demandados recurrentes podrán continuar utilizando el agua.

Se emitirá sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opinión concurrente.

–O–

Opinión concurrente emitida por el Juez Asociado Señor Rebollo López.

Aquellos de nosotros que hemos practicado la profesión de abogado sabemos que el abogado en la práctica, dado lo complicado de la profesión, apenas le sobra el tiempo para leer, y estudiar, las numerosas decisiones que emiten los *474 diferentes foros judiciales apelativos; cuyas decisiones tienen inherencia directa, o indirecta, sobre nuestro ordenamiento jurídico.

Es por ello que resulta lamentable que estos foros apelativos, al resolver los casos o controversias que llegan ante su consideración, emitan ponencias innecesariamente complicadas y extensas, envolviéndose en la discusión, y exposición, de temas y materias que, aun cuando interesantes e ilustrativas, no resultan ser necesarias para la correcta adjudicación del caso.

La opinión emitida por una mayoría de los integrantes del Tribunal en el presente caso es un ejemplo clásico de esa clase de decisiones, esto es, una decisión en que este Foro se envuelve en la exposición, y discusión, de una serie de temas que resultan totalmente innecesarios para la correcta solución de la controversia ante nuestra consideración.

El presente caso plantea una sencilla controversia de índole administrativa – relacionada con la doctrina de jurisdicción primaria- la cual, de hecho, el Tribunal la resuelve en apenas cinco (5) o seis (6) páginas. Cabe preguntarse cuál fue el propósito que tuvo el Tribunal al escribir las restantes veinte (20) páginas. No hay duda que, y a manera de ejemplo, la Parte II de la Opinión -la “importancia del recurso del agua”- y la Parte III de la misma – la “naturaleza constitucional y legal del recurso del agua”- pueden constituir un tema de gran interés para un discurso ante una de las escuelas de derecho o ante un club cívico por parte de uno de los integrantes del Tribunal. Realmente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la discusión de referencia no era necesaria para la correcta solución de la controversia, de índole administrativa, que plantea el recurso.

Lo antes expuesto, debe quedar claro, no tiene otro propósito u objetivo que lograr que el Tribunal esté más a tono *475 con los difíciles tiempos que vivimos y que tome consciencia de que el refrán popular, a los efectos de que ““lo poco agrada y lo mucho empalaga”, es también de aplicación a las decisiones que emite.

P.R.,1995.
Ramón Paoli Méndez et al., demandantes y recurridos, v. Héctor Rodríguez et al., demandados y recurrentes.