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Rivera Ruiz v. Municipio Autónomo de Ponce, 2016 TSPR 197, 196 DPR ____

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carlos J. Rivera Ruiz, et al.
Recurridos
Certiorari
v.
2016 TSPR 197
Municipio Autónomo de Ponce, et
al. 196 DPR ____
Peticionarios

Número del Caso: AC-2014-40

Fecha: 14 de septiembre de 2016

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Ponce, Panel VIII

Abogadas de la parte Peticionaria:

Lcda. Carmen E. Torres Rodríguez
Lcda. Marieli Paradizo Pérez

Abogados de la parte Recurrida:

Lcdo. Carlos J. Rivera Ruiz
Lcda. Yadira Manfredy Ramos

Materia: Responsabilidad Civil Extracontractual – El término prescriptivo para solicitar resarcimiento en los casos de daños y perjuicios ocasionados por cualquier acto u omisión culposo o negligente de carácter continuado, comienza a transcurrir cuando se verifiquen los últimos actos u omisiones o cuando se produzca el resultado definitivo, lo que sea posterior

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carlos J. Rivera Ruiz, et al.

Recurridos

v.

AC-2014-0040

Municipio Autónomo de Ponce, et al.

Peticionarios

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES.

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de septiembre de 2016.

Nos corresponde determinar cuándo comienza a transcurrir el término prescriptivo para incoar una acción de responsabilidad civil extracontractual por daños continuados. Aprovechamos la ocasión para aclarar nuestros pronunciamientos previos sobre este asunto. Así, resolvemos de forma definitiva que ante daños y perjuicios causados por cualquier acto u omisión culposa o negligente de carácter continuado, el término prescriptivo para incoar una acción para solicitar resarcimiento comienza a transcurrir cuando se verifiquen los últimos actos u omisiones o se produzca el resultado definitivo.

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I

El 4 de diciembre de 2009, un grupo de residentes de la Calle Clarisas en la Urbanización La Rambla de Ponce

(recurridos), presentaron una petición de mandamus y

demanda sobre daños y perjuicios contra el Municipio Autónomo de Ponce (Municipio). Expresaron que la Calle

Clarisas se inundaba cuando llovía copiosamente debido a

la falta de mantenimiento y a problemas con el sistema de alcantarillado. Alegaron que esta situación impedía la

entrada y salida de la urbanización y provocaba daños a

los vehículos y propiedad mueble de los residentes, así como daños a la salud y severas angustias emocionales. Por esa razón, solicitaron que el Municipio corrigiera este problema y les compensara por los daños y perjuicios sufridos.

Luego de varios trámites procesales, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que el Municipio tenía el deber ministerial de proveerle mantenimiento a las alcantarillas y tuberías pluviales. Por lo tanto, proveyó ha lugar a la

petición de mandamus. Posteriormente, el Municipio presentó una moción de sentencia sumaria, a la que

acompañó unas deposiciones en las que los recurridos

admitieron que conocían desde hacía varios años el

carácter recurrente de las inundaciones. Debido a la previsibilidad de los daños, el Municipio señaló que los

daños reclamados eran continuados y su período
prescriptivo culminó un año después de que los recurridos

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advinieron en conocimiento del carácter recurrente de las inundaciones. Los recurridos se opusieron y señalaron que esa no era la doctrina aplicable.

El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria. En lo pertinente, el foro primario concluyó ?que los alegados daños sufridos por los demandantes debido a las inundaciones en la calle Clarisas son daños continuados, y que al día de hoy alegadamente

continúan ocurriendo?. Apéndice, pág. 321. En

consecuencia, ese foro determinó que la acción en daños de la parte demandante no estaba prescrita, puesto que no se había dado el último suceso, ocurrido un resultado final,

ni cesado la causa que generaba los daños. Íd. No

obstante, el foro primario determinó que los siguientes hechos, entre otros, no estaban en controversia: (1) la Sra. Matos Socorro Hernández González reside en la Calle Clarisas hace treinta años. Sufre el problema de las

inundaciones prácticamente desde que vive en ese lugar;

(2) El Sr. Gilberto Rodríguez Zayas vivió en la Calle las Clarisas de la Urbanización La Rambla por espacio de veinticinco años. Este indicó que siempre que llueve la

calle se inunda. El evento de inundación más remoto del

que se acuerda ocurrió en el 1995; (3) La Sra. Milagros Rodríguez Rolón reside en la Calle Clarisas número 1256 hace veinticinco años. En su deposición, declaró que la

calle donde residía se inundaba desde 1988. Apéndice,

págs. 324-325.

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Insatisfecho con el dictamen del Tribunal de Primera Instancia, el Municipio presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Allí señaló, en síntesis, que el foro primario erró al concluir que los daños reclamados en la demanda no estaban prescritos. Por su parte, el foro apelativo intermedio denegó la expedición del recurso, pues concluyó que el Tribunal de Primera Instancia no erró cuando denegó la desestimación por el fundamento de prescripción. Apéndice, págs. 13-25. Para llegar a esa conclusión, el Tribunal de Apelaciones concluyó, al igual que el Tribunal de Primera Instancia, que la presente reclamación es una por ?daños que se regenera[n] ya que día a día la posibilidad de inundaciones sigue estando presente, por lo que, al ser un daño que persiste y no habiendo cesado la causa que los regenera, los mismos son de carácter continuado?. Apéndice, pág. 24.

En desacuerdo con esa decisión, el Municipio presentó un recurso de certiorari ante nos. Sostuvo que el Tribunal de Apelaciones erró al confirmar el dictamen del Tribunal de Primera Instancia y no desestimar la demanda por estar prescrita. El 31 de octubre de 2014, acogimos la apelación como un recurso de certiorari y expedimos el auto. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, pasamos a resolver.

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II

A. La prescripción es una figura que extingue un derecho

debido a que una parte no lo ejerce en un período de

tiempo determinado por ley. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 372-373 (2012). En nuestro ordenamiento, a diferencia de otros, la prescripción extintiva es una figura de derecho sustantiva y está regulada por las disposiciones del Código Civil. Íd. Este estatuto dispone en su Art. 1861, 31 LPRA sec. 5291, que:

?Las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley?. Sin embargo, el término para ejercer

las acciones se puede interrumpir de tres maneras, a

saber, por ?su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier

acto de reconocimiento de la deuda por parte del deudor?.

Art. 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303.

Estas normas tienen ?su fundamento en la necesidad de

poner término a las situaciones de incertidumbre en el ejercicio de los derechos y en la presunción de abandono por parte de su titular?. Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 2016 TSPR 57, págs. 8-9, 195 DPR ___ (2016) citando a J. Puig Brutau, Caducidad, prescripción extintiva y usucapión. 3ra ed. Ed. Bosh, Barcelona, 1996, pág. 32.

Así, ?la inactividad, silencio o falta de ejercicio del

derecho constituye el fundamento de la prescripción

extintiva por ser contrario al interés social una

prolongada situación de incertidumbre jurídica?. Íd. No

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obstante, ?la prescripción no es una figura rígida sino

que […] admite ajustes judiciales, según sea requerido por las circunstancias particulares de los casos y la noción sobre lo que es justo?. Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181, 189-190 (2002).

Como norma general, el término prescriptivo de un año dispuesto en el Art. 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec.

5298, comienza a transcurrir desde que el agraviado tuvo
–o debió tener- conocimiento del daño que sufrió y estuvo

en posición de ejercer su causa de acción. Art. 1869 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5299; véase, además, Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra, pág. 11. Por esa razón, cuando la causa de acción es por responsabilidad civil

extracontractual, es importante precisar el tipo de daño

por el que se reclama, para ?poder establecer el punto de partida o momento inicial del cómputo y de esta forma conocer con certeza cuál será su momento final?. Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 149, 167 (2007).

Desde hace varias décadas, reconocimos en nuestro ordenamiento varios tipos de daños. Rivera Encarnación v.

ELA, 113 DPR 383, 386 (1982). Entre estos se encuentran
los llamados daños continuados y los daños sucesivos.
Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 DPR 560, 566

(1995). Por un lado, los daños sucesivos son
una secuencia de reconocimientos de
consecuencias lesivas por parte del perjudicado,
las que se producen y manifiestan
periódicamente, o aun continuamente, pero que se
van conociendo en momentos distintos entre los
que medió un lapso de tiempo finito, sin que en

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momento alguno sean previsibles los daños subsiguientes, ni sea posible descubrirlos empleando diligencia razonable. Dicho en otras palabras, se trata de una secuencia de daños

ciertos que se repiten (sin que sea necesario
que sean idénticos en su naturaleza, grado,
extensión y magnitud) cuya repetición no es
previsible en sentido jurídico ni son
susceptibles de ser descubiertos empleando

diligencia razonable. […] Cada uno de los daños unitarios que en conjunto constituyen los daños
sucesivos presentes en dichos ejemplos
constituye una unidad jurídica de ?daño‘ que

origina la correspondiente causa de acción resarcitoria. Santiago v. Ríos Alonso, supra, pág. 191.

Por otro lado, los daños continuados son

aqu[e]llos producidos por uno o más actos culposos o negligentes imputables al actor, coetáneos o no, que resultan en consecuencias lesivas ininterrumpidas, sostenidas, duraderas sin interrupción, unidas entre sí, las cuales al ser conocidas hacen que también se conozca — por ser previsible— el carácter continuado e ininterrumpido de sus efectos, convirtiéndose en ese momento en un daño cierto compuesto por elementos de daño actual (aquel que ya ha acaecido) y de daño futuro previsible y por tanto cierto. Rivera Prudencio v. Mun. San Juan, supra, pág. 167.

Como vemos, la diferencia entre ambos tipos de daños

es que en los sucesivos, cada lesión a causa de un acto u

omisión culposa o negligente produce un daño distinto, que

a su vez, genera una causa de acción independiente,

mientras en que en los continuados se genera una sola

causa de acción que comprende todos los daños ciertos,

tanto los actuales como los previsibles en el futuro, como

consecuencia de una conducta torticera continua. Esa

diferencia implica que en estos dos escenarios el término

prescriptivo para presentar una reclamación de

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indemnización comienza a transcurrir en momentos

distintos.

Conviene aclarar que aunque tradicionalmente nos referimos a las doctrinas bajo estudio como ?daños continuos? o ?daños sucesivos?, lo que en realidad es

continuo o sucesivo en estos escenarios es el acto u
omisión que produce el daño y no, necesariamente, la
lesión sufrida. Respecto a los daños continuados, así lo
advertimos hace más de sesenta años cuando expusimos que
la esencia de esa doctrina ?no descansa en la naturaleza

[…] del perjuicio ocasionado por la perturbación, y sí en

el carácter continuo o progresivo de la causa [acto u

omisión torticera] que lo origina, que renueva

constantemente la acción dañosa?. (Énfasis suplido)

Arcelay v. Sánchez, 77 DPR 824, 838 (1955). Por eso,

entendemos que una clasificación más precisa es ?daños y

perjuicios causados por actos [u omisiones] continuos?.

Capella v. Carreras, 57 DPR 258, 266 (1940). De esta forma, evitamos la confusión que genera la traducción del inglés al español del término tort como daño o daños. Adviértase que cuando esa palabra se utiliza en plural

describe el área del Derecho que estudia la
responsabilidad civil extracontractual, pero a la misma

vez puede utilizarse en sustitución de los términos perjuicios o lesiones.

Nuestros pronunciamientos previos sobre este asunto, particularmente en lo referente a los llamados daños

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continuados, han sido imprecisos, pues hemos aplicado

normas contradictorias entre sí. Eso ha llevado a una confusión doctrinal. Véanse J.J. Álvarez González, Análisis del Término 2006-2007 – Responsabilidad civil extracontractual, 77 Rev. Jur. UPR 603, 617-619 (2008) y J.J. Álvarez González, Análisis del Término 2001-02 – Responsabilidad civil extracontractual, 72 Rev. Jur. UPR 615, 638-642 (2003). Por lo tanto, resulta necesario clarificar la regla que rige en nuestro ordenamiento en estos casos.

Hace más de setenta años, en Capella v. Carreras, supra, un caso sobre un estorbo,1 establecimos que los

?daños y perjuicios causados por actos continuos […] están

latentes hasta que cesa la causa que los genera. Bien

puede decirse que en tal caso la acción dañosa se renueva

de día en día, de hora en hora, de minuto en minuto, de

segundo en segundo.? Consecuentemente, concluimos que la

demanda no estaba prescrita debido a que al momento de

reclamarse la indemnización, la perturbación continuaba

vigente. Posteriormente, en Arcelay v. Sánchez, 77 DPR 824

(1955), donde los daños eran producto de ruidos y hedores

que producía constantemente una planta pasteurizadora,

1 En los casos de estorbos públicos, el Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2761, crea una causa de acción para que una persona pueda solicitar que estos cesen y que se le indemnice por los perjuicios que le crearon. A pesar de esto, en lo que respecta a la indemnización, nuestro análisis en este tipo de casos se ha centrado en el Art. 1803 del Código Civil de 1902, o su equivalente actual, el Art. 1802 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 5141.

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reiteramos la norma precitada. De esa manera, enunciamos que esa regla ?no descansa en la naturaleza intrínseca del perjuicio ocasionado por la perturbación, y sí en el carácter continuo o progresivo de la causa que lo origina, que renueva constantemente la acción dañosa?. Íd., pág. 839. Además, indicamos que esa norma no solo aplicaba cuando se reclamara indemnización por los daños causados a la propiedad del demandante, sino que aplicaba también a los escenarios donde se reclama por los daños y perjuicios personales. También validamos que el demandante enmendara su demanda para reclamar indemnización por los perjuicios causados hasta el momento del juicio debido a que estos continuaron después de que se presentó la demanda. Íd., págs. 846-848. Justificamos nuestro proceder al expresar

que de esa forma se evitaba la ?multiplicidad de acciones,

siempre que el mal que produzca los daños sea de carácter continuo, y que los perjuicios subsiguientes sean similares a los que dieron lugar a la reclamación original?. Íd., pág. 847. De igual modo, en Seda et al. v. Miranda Hnos.& Co., 88 DPR 355 (1963), ratificamos esta misma norma y expresamos que se podía recobrar por los

daños y perjuicios ?por todo el tiempo de la duración del

estorbo?. Íd., pág. 361. Hasta ese momento nuestra
doctrina sobre este asunto no causó mayores confusiones.
El desfase que hoy atendemos comenzó décadas después,
cuando este Tribunal se enfrentó a casos donde los daños

no eran ocasionados propiamente por estorbos.

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En Galib Frangie v. El Vocero de P.R., supra, pág. 575, un caso en el que aunque no se encontraban ante nuestra consideración daños continuados, sino daños sucesivos producidos por la publicación de una serie de artículos libelosos, establecimos que al momento de determinar cuándo inicia el término prescriptivo en estos escenarios ?Lo determinante es el momento cuando comienza la producción de los daños, que deberá tomarse en consideración como el inicio del término de prescripción, al presuponer que los perjudicados los conocían desde

entonces y que pudieran ejercitar la causa de acción?.

(Énfasis en original). A pesar de que esas expresiones constituyen obiter dicta, se repitieron en nuestra jurisprudencia y crearon la confusión doctrinal que hoy abordamos. Véanse J.J. Álvarez González, Análisis del Término 2001-02 – Responsabilidad civil extracontractual, supra, pág. 640, n. 83; Ruth E. Ortega-Vélez, Jurisprudencia Responsabilidad Civil Extracontractual, 2da Ed. Rev., Ediciones Scisco, 2009, pág. 138.

Poco tiempo después, en Sánchez et al. v. A.E.E., 142 DPR 880 (1997), una Sentencia breve, varios jueces emitieron Opiniones concurrentes y disidentes en donde

abordaron, de forma directa o indirecta, este mismo

asunto. El entonces Juez Asociado señor Hernández Denton expuso lo siguiente: ?La jurisprudencia española moderna ha declarado con carácter general que en caso de daños continuados el cómputo del plazo de prescripción comienza

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en el momento de la producción del resultado definitivo?.

(Citas omitidas). Íd., pág. 921 (Opinión disidente del Juez Asociado señor Hernández Denton). Igualmente, la entonces Jueza Asociada señora Naveira de Rodón abordó indirectamente este punto al expresar que ?[e]l término prescriptivo en acciones por la creación de un ambiente hostil de trabajo debe comenzar a decursar desde que cese dicho ambiente. Esta norma reconoce que el término

prescriptivo […] debe comenzar a decursar cuando se

disipan las circunstancias que podrían entorpecer el ejercicio de la acción?. (Énfasis suplido). Íd., pág. 913 (Opinión disidente de la Jueza Asociada señora Naveira de Rodón).

Luego, en Santiago v. Ríos Alonso, supra, pág. 195, determinamos que ante un patrón de maltrato físico y

emocional, ?el último incidente de maltrato, cuando la

víctima rompe con el ciclo de maltrato y reconoce que ha sufrido un daño cierto, es el que activa la causa de

acción y, en consecuencia, constituye el momento a partir del cual puede ejecutarse la misma?. (Énfasis suprimido).

No obstante, para justificar ese resultado, citamos el

caso de Galib Frangie v. El Vocero de P.R., supra. Subsiguientemente, en Nazario v. ELA, 159 DPR 799, 807

(2003), una Sentencia publicada, aplicamos nuevamente la norma de Galib Frangie v. El Vocero de P.R., supra, e indicamos que en los casos de daños continuados ?lo determinante para establecer el inicio del término

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prescriptivo […] es el momento en que comienza la

producción del daño?. (Énfasis original). Razonamos que

esto se debía a que ?al ser previsibles, se entiende que

el término prescriptivo comienza a transcurrir cuando el perjudicado conoce, por primera vez, el daño y el responsable de éste y que dicho daño comprende todas sus consecuencias como posibles de prever.? Nazario v. ELA,

supra, pág. 807. Además de que esos pronunciamientos

fueron en una Sentencia, la cual no establece precedente, también es importante mencionar que en ese caso la mayoría del Tribunal determinó finalmente que la controversia ante su consideración se trataba de daños sucesivos y no continuados, por lo que no aplicó la precitada norma. Sin embargo, el Juez Asociado señor Corrada Del Río emitió una Opinión disidente, pues entendió que los daños en cuestión eran continuados. Allí, luego de hacer un repaso de las distintas normas sobre prescripción en este tipo de casos, sugirió que en nuestro ordenamiento se aplicara la norma

que computa el término prescriptivo a partir del momento

en que finaliza la causa que genera los daños. Nazario v. ELA, supra, págs. 828-829 (Opinión disidente del Juez Asociado señor Corrada del Río) (?Entendemos que por estar

los daños continuados inexorablemente atados a la causa
que la origina, el conocimiento definitivo de los

quebrantos ocasionados se verifica el día que cesa la fuente de éstos, ya que mientras ésta exista, y por ende

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sean previsibles más daños relacionados a ella, no cabe

hablar de resultado definitivo?). (Énfasis suprimido).

Posteriormente, en Rivera Prudencio v. Mun. San Juan,

supra, pág. 167, dispusimos que ?el plazo prescriptivo

para reclamar por daños de naturaleza continua comienza a

transcurrir cuando se verifica el último de los actos o se

produzca el resultado definitivo?. (Énfasis suplido). Sin

embargo, al igual que en el caso anterior, finalmente concluimos que los daños en cuestión eran sucesivos, así

que no aplicamos esta norma, por lo que esos
pronunciamientos sobre el tema que hoy atendemos

constituyen obiter dicta. Luego, en Umpierre Biascoechea

v. Banco Popular, 170 DPR 205 (2007), (Sentencia), la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió una Opinión de conformidad en la que expuso que, conforme a la doctrina civilista moderna, ?el inicio del plazo prescriptivo para

reclamar por […] [daños continuados] comienza en el

momento de la producción del resultado definitivo o hasta que se verifique el último de los actos?. (Énfasis en el original). Íd., págs. 215-219. Igualmente, la entonces Jueza Asociada señora Fiol Matta emitió una Opinión disidente en la que coincidió, en cuanto a este punto, con lo expresado por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez. Íd., págs. 230-231

Como vemos, nuestra jurisprudencia es inconstante en cuanto a cuándo comienza a transcurrir el término prescriptivo en casos de daños y perjuicios causados por

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actos u omisiones continuas. Una de las razones para estas contradicciones es la tensión aparente entre la teoría

cognoscitiva del daño que rige en nuestro ordenamiento y

la corriente doctrinal que postula que el término prescriptivo en estos casos comienza a transcurrir cuando se produce el resultado definitivo. Esto se debe a que, en la mayoría de los casos, el reclamante conoce que está

sufriendo un daño desde que comienzan los actos u
omisiones culposas o negligentes continuos y no desde que

se produce el resultado final. H. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 1986, Vol. II, Cap. X, pág. 582. Esto nos llevó a forzar excepciones a la norma con tal de procurar resultados justos de acuerdo a los hechos de los casos. Así, vemos que en los casos donde se buscaba disuadir los estorbos y combatir la violencia doméstica, concluimos que el término prescriptivo comenzaba a transcurrir con el resultado definitivo o el último acto u omisión torticera, mientras que ante otros hechos, resolvimos lo contrario.

Otra de las razones por las cuales existen incongruencias en la doctrina es que nuestros casos se han basado en autoridades de otras jurisdicciones que con el paso del tiempo han cambiado su postura. Por ejemplo, los precedentes de mediados del siglo pasado estaban anclados, en gran medida, en fuentes del common law estadounidense, mientras que los casos más recientes citan con aprobación

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a tratadistas civilistas, que a su vez, comentan la jurisprudencia española. Esta última también ha variado en tiempos recientes. Por ello, además de repasar nuestros pronunciamientos previos sobre este asunto, entendemos que es importante examinar el tratamiento que otras jurisdicciones le han brindado a la controversia ante nuestra consideración.

Sobre este particular, el tratadista Puig Brutau comenta que ?[a]lgunas sentencias [españolas] han estimado que el año de plazo para recurrir ha de contarse, no en el momento de cesar el daño, sino desde que empieza a producirse, pues desde que se tuvo conocimiento del mismo

se pudo ejercitar la acción. Sin embargo, en otros casos

la jurisprudencia se ha inclinado claramente a favor de la otra posibilidad?. J. Puig Brutau, Caducidad, prescripción extintiva y usucapión, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosh, 1996,

pág. 77 citando a Díez-Picazo, La prescripción en el

Código Civil, Barcelona, 1964 pág. 240. Véase, además, Reglero Campos en Albaladejo y Díaz Alabar, Comentarios al código Civil y Compilaciones Forales, Madrid, Ed. EDERSA, 1994, Tomo XXV, Vol. 2, págs. 454-464.

Por un lado, la vertiente más estricta de la doctrina tiene su origen en varias sentencias que el Tribunal Supremo español emitió a principios del siglo pasado que

partían ?del momento de comienzo de producción de los

daños como iniciador de la prescripción, presuponiendo que

los perjudicados los conocían desde entonces y que

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pudieron sin obstáculo alguno ejercitar la pertinente acción?. J. Santos Briz, La responsabilidad civil, 7ma ed., Madrid, Ed. Montecorvo, 1993, pág. 1187. Por otro lado, la segunda vertiente la encontramos en la doctrina española moderna que exhibe ?una tendencia más elástica al situar el comienzo de la prescripción no en el inicio de los daños, sino al realizarse su verificación total?.

(Énfasis suplido) Íd., pág. 1188. En esta misma línea, ?la jurisprudencia ha cambiado radicalmente el rumbo seguido por la que era dominante hasta la década de los sesenta

[…], señalando que en los casos de daños continuados, el

dies a quo del plazo de la prescripción no ha de remitirse a la fecha de la ocurrencia del accidente, sino al momento en que el perjudicado conoce de modo cierto los quebrantos

definitivamente ocasionados?. Albaladejo y Díaz Alabar,

op. cit., págs. 460-461. Véase, además, I. Sierra Gil de la Cuesta, Comentario del Código Civil, Ed. Bosch, 2000, T.9, pág. 554. Como resultado, el Tribunal Supremo de

España ha expuesto en casos recientes que ?es consolidada

doctrina jurisprudencial la que refiere el comienzo del

cómputo de la prescripción en este tipo de casos cuando se

trata de daños continuados […] a aquel en que se produce

el resultado definitivo.? (Énfasis suplido) Díez-Picazo y Ponce de León, La prescripción extintiva en el Código Civil y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Ed. Aranzadi, 2da ed., 2007, pág. 253. Es decir, ?el cómputo del plazo de prescripción no se inicia hasta la producción

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del definitivo resultado, cuando no es posible fraccionar en etapas diferentes o hechos diferenciados la serie proseguida.? (Énfasis suplido) Íd., pág. 1003.

Los tratadistas españoles añaden que no siempre

resulta fácil ?determinar […] cuándo se produce o ha

producido ese ?definitivo resultado‘ [puesto] que en

relación con el concepto de daños continuados se nos

ofrece como algo vivo, latente y conectado precisamente a la causa originadora y determinante de los mismos, que subsiste y se mantiene hasta su adecuada corrección?. Albaladejo y Díaz Alabar, op. cit., pág. 460. Ahora bien,

el entendido en la doctrina española moderna identifica

ese momento cuando ?el perjudicado conoce de modo cierto

los quebrantos definitivamente ocasionados?. (Énfasis

suplido) Díez-Picazo y Ponce de León, op cit., pág. 1003. Esto es, cuando la conducta culposa o negligente ha dejado de causar los daños por los que se reclama indemnización.

Por otra parte, la mayoría de los estados de la Unión

siguen una norma similar a la del derecho civilista

español respecto a este asunto. ?The continuing tort doctrine constitutes an established exception to the usual rule that a statute of limitations starts to run at the time of injury. In those cases […] the statute does not begin to run […] until the negligent or other wrongful act

or incident has terminated.? Speiser, et als., The

American Law of Torts, West Group, 2013, Vol. 1A, sec. 5:27, págs. 347-353. Esta doctrina, en ocasiones conocida

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como ?continuing tort doctrine? y en otras como

?continuing violation doctrine?, se ha aplicado a casos de responsabilidad civil extracontractual por maltrato emocional, estorbos, impericia profesional, controversias sobre seguros, discrimen, intrusiones y explosiones, entre otros. Íd. Véase, además, Elad Peled, Rethinking the Continuing Violation Doctrine: The Application of Statutes of Limitations to Continuing Tort Claims, 41 Ohio N.U.L. Rev. 343 (2015).

B. Luego de examinar nuestra jurisprudencia, los precedentes modernos en otras jurisdicciones que nos resultan altamente persuasivos, así como los comentarios recientes de distintos tratadistas, entendemos que lo más adecuado es uniformar nuestra doctrina en aras de darle certeza a nuestro ordenamiento. De esta forma, resolvemos que ante daños y perjuicios causados por cualquier acto u omisión culposo o negligente de carácter continuado, el término prescriptivo para incoar una acción para solicitar resarcimiento comienza a transcurrir cuando se verifiquen los últimos actos u omisiones o se produzca el resultado definitivo, lo que sea posterior. Esta norma no es

incompatible con la teoría cognoscitiva del daño que rige

en nuestro ordenamiento. ?Por estar los daños continuados

inexorablemente atados a la causa que los origina, el conocimiento definitivo de los quebrantos ocasionados se verifica el día que cesa la fuente de éstos, ya que mientras exista, y por ende sean previsibles más daños

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relacionados a ella, no cabe hablar de resultado definitivo?. Nazario v. ELA, supra, pág. 828 (Opinión disidente del Juez Asociado señor Corrada del Río).2

Naturalmente, esto no excluye que un demandante pueda probar, además, que conoció el daño sufrido en un momento distinto al que cesó la causa que lo generó.

No encontramos razón para no modernizar nuestra doctrina al igual que ha sucedido en otras jurisdicciones. Tampoco hallamos una justificación válida para tratar de forma distinta los casos en donde los daños no son producidos estrictamente por estorbos o actos de violencia

doméstica. Independientemente de la naturaleza o el tipo
de acto u omisión que genere el daño, en el contexto de
daños continuados, el perjudicado se encuentra sufriendo
un perjuicio que no ha de cesar, y por el contrario, se ha

de repetir hasta que la causa generadora deje de existir.

2 Conviene recalcar que en ocasiones, como en este caso,

las opiniones disidentes del pasado encuentran eco en el presente y se convierten en precedentes de cara al futuro.

?A dissent in a court of last resort is an appeal to […] the intelligence of a future day, when a later decision may possibly correct the error into which the dissenting judge believes the court to have been betrayed.? Charles Evans Hughes, The Supreme Court of the United States 68 (1936). El hecho de que una postura no consiga la mayoría de los votos en un momento dado no significa, necesariamente, que es errónea. Simplemente no persuadió a la mayoría de los jueces que componían el Tribunal Supremo en un momento dado. Después de todo, este Tribunal no es supremo porque es infalible; solo es supremo en jerarquía. Por esta razón, al reexaminar nuestra jurisprudencia, en esta ocasión nos persuaden los planteamientos previos de varios jueces y juezas de este Tribunal, quienes desde sus respectivas Opiniones de conformidad, concurrentes o disidentes, abordaron la cuestión que hoy resolvemos de manera definitiva.

AC-2014-0040 21

Por lo tanto, la norma que anunciamos hoy es aplicable a todos los casos sobre daños y perjuicios producidos por actos u omisiones continuados.

Tampoco nos persuaden las propuestas alternas que al

momento de determinar cuándo comienza a transcurrir un
plazo prescriptivo, por ejemplo, obligan a los tribunales

a analizar si a pesar de reclamarse por daños continuados los perjuicios por los que se reclama indemnización tienen suficiente sustantividad y autonomía propia, o si por el contrario, el daño por el que se reclama es de carácter unitario y sin sustantividad propia. Laracruz Berdejo y otros, Elementos de Derecho Civil II, 5ta Ed., Madrid, Ed. Dykinson, 2013, T. II, Vol. 2, pág. 492. Igualmente, no nos convence la propuesta del profesor Brau del Toro respecto a que debe existir una distinción en el tratamiento brindado a los estorbos permanentes y a los estorbos continuos para fines de prescripción. H. Brau del Toro, op. cit., págs. 582-583. Estas alternativas, aunque pueden tener su mérito, desnaturalizan la esencia de los daños continuados, crean una nueva submodalidad de estos y a su vez, la equiparan a los daños sucesivos para fines de prescripción. La doctrina que hoy incorporamos definitivamente a nuestro ordenamiento nos parece más apropiada.

Lo contrario implica fraccionar innecesariamente las causas de acción, pues obligaríamos a los perjudicados a presentar sus demandas desde que se inician los daños,

AC-2014-0040 22
incluso cuando la fuente que los genera no ha cesado y,
por el contrario, continúa y continuará causando
perjuicios adicionales. Esto provoca litigios
excesivamente extensos, pues los demandantes tienen que

enmendar constantemente sus demandas para incluir alegaciones y reclamos por daños sufridos, aunque por la misma causa, con posterioridad a la presentación de la demanda original. ?En este contexto, el balance de los intereses involucrados en los términos prescriptivos se inclina en favor de los demandantes, pues la desestimación de su causa de acción los expondría a un [acto u omisión culposo o negligente], que, en teoría, podría continuar

indefinidamente?. (traducción nuestra) Peled, op cit.,

pág. 348, citando a Tyler T. Ochoa & Andrew J. Wistrich, The Puzzling Purposes of Statutes of Limitations, 28 PAC. L.J., 453, 505 (1997).

A diferencia de lo que podría intimarse, esta norma no fomenta que los demandantes se crucen de brazos, más bien, desincentiva que las personas actúen de forma culposa o negligente continuamente. De esta forma, no penalizamos a un demandante que presenta su reclamación cuando todavía no ha transcurrido un año desde que cesó la causa que generaba los daños por los que solicita indemnización. Recuérdese que el foco de análisis en la doctrina ante nuestra consideración es la omisión o el acto continuo y no propiamente los daños sufridos. Arcelay v. Sánchez, supra, pág. 838. Si en nuestro ordenamiento se reconoce la

AC-2014-0040 23

interrupción y el comienzo de un nuevo término

prescriptivo mediante actos extrajudiciales, también debemos reconocer que el término prescriptivo no comienza cuando la causa generadora del daño no ha cesado. En ese sentido, en ambos escenarios se preserva el derecho de los perjudicados a reclamar indemnización por los daños que sufrieron.

Por otra parte, constantemente enfatizamos el valor
del precedente en nuestro ordenamiento. No obstante,
nuestras decisiones no son un dogma escrito en piedra. Por

eso, ?cuando el razonamiento de una decisión ya no resiste

un análisis cuidadoso, no estamos obligados a seguirla?.

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 391.

?[E]l propósito inspirador de la doctrina de stare decisis es lograr estabilidad y certidumbre en la ley, mas nunca perpetuar errores?. Am. Railroad Co. of P.R. v. Comisión Industrial, 61 DPR 314, 326 (1943). Ahora bien, solo procederá dejar a un lado precedentes: ?(1) si la decisión anterior era claramente errónea; (2) si sus efectos sobre el resto del ordenamiento son adversos, y (3) si la

cantidad de personas que confiaron en ésta es limitada?.

Pueblo v. Delgado, 175 DPR 1, nota 8 (2008); González v. Merck, 166 DPR 659, 688 (2006).

A la luz de todo lo anterior y debido a la confusión que ha causado en nuestra doctrina, dejamos sin efecto nuestros pronunciamientos previos en contrario a esta Opinión, en particular, los expuestos en Galib Frangie v.

AC-2014-0040 24

El Vocero de P.R., supra, y su progenie, en cuanto a este asunto particular. Con ello, sacamos esa espina de nuestra

jurisprudencia y eliminamos las dolencias que esta le causa a nuestra doctrina de daños y perjuicios.

III

En este caso, tanto el Municipio como los recurridos están de acuerdo con las determinaciones de los foros

recurridos de que la causa que genera los daños por los

que se reclama es de carácter continua. Los daños son el resultado de las inundaciones producidas como consecuencia de los defectos de las alcantarillas de la calle donde viven los recurridos. La única discrepancia es cómo debe computarse el término prescriptivo, pues los recurridos admitieron en varias deposiciones que conocían de la

recurrencia de las inundaciones desde hacía muchos años. Al analizar esos hechos a la luz de la norma

discutida, concluimos que la demanda de epígrafe no está prescrita, puesto que no se han verificado los últimos actos u omisiones ni se ha producido el resultado definitivo. Más bien, nos encontramos ante una causa de

acción que se regenera día a día mientras subsista la
falta de mantenimiento de las alcantarillas y tuberías.

Eso causa inundaciones recurrentes y previsibles.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la determinación del Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, se devuelve el caso al Tribunal de Primera

AC-2014-0040 25

Instancia, Sala Superior de Ponce, para que continúen los

procedimientos.

Rafael L. Martínez Torres

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carlos J. Rivera Ruiz, et al.

Recurridos

v.

AC-2014-0040

Municipio Autónomo de Ponce, et al.

Peticionarios

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de septiembre de 2016.

Por los fundamentos antes expuestos, en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia, confirmamos la determinación del Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, para que continúen los procedimientos.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez está conforme con la determinación de este Tribunal y hace constar la siguiente expresión: ?Me place consignar mi conformidad con la opinión que hoy emite una mayoría de este Foro. Como bien subraya la opinión
mayoritaria, ?este Tribunal no es supremo porque es
infalible, solo es supremo en jerarquía‘. Carlos J.
Rivera Ruiz, et al. v. Municipio Autónomo de Ponce,

et al., 2016 T.S.P.R. ___, en la nota 2, 19_ D.P.R.
___ (2016).

El trayecto de la doctrina de los daños continuados en nuestra jurisprudencia ha sido uno

AC-2014-0040 2

extenso. A pesar de ello, durante los últimos veinte años, el consenso respecto a la controversia puntual que hoy atendemos se podría describir como elusivo. Esto, a pesar

de que, hace nueve años, intenté persuadir a una mayoría
de este Tribunal de adoptar la normativa que hoy pautamos.
Véase Umpierre Biascoechea v. Banco Popular, 170 D.P.R.

205 (2007) (Rodríguez Rodríguez, Opinión de conformidad). Empero, fue preciso esperar.

La doctrina del precedente judicial guía el proceder de este Tribunal en aras de salvaguardar la uniformidad en la interpretación del Derecho y la ley. Ahora bien, no podemos descansar en este principio cuando la aplicación del mismo tiene el efecto de perpetuar una lectura errónea del Derecho. Véase Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 922 (2009); Pueblo v. Pérez Pou, 175 D.P.R. 218, 251-252 (2009) (Rodríguez Rodríguez, Opinión disidente).

En fin, estoy satisfecha con que, de forma definitiva, hayamos logrado armonizar la doctrina de los daños continuados con la figura de la prescripción extintiva. Así, proveemos a la teoría general del Derecho de Responsabilidad Civil Extracontractual una mayor estabilidad?.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

Colón Chévere v. Class Otero, 2016 TSPR 230, 196 DPR ____

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Pablo Colón Chévere, Elba Rivas Maldonado y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos
y otros
Recurridos v.

José M. Class Otero, José H. Ortiz Sandoval, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Policía de Puerto Rico y otros

Peticionarios
——————————–

Julio Morales Rodríguez, Carmen Carrión López y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos y otros

Recurridos v.
José M. Class Otero, José H. Ortiz Sandoval, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Policía de Puerto Rico y otros

Peticionarios

Certiorari

2016 TSPR 230

196 DPR

Número del Caso: CC-2016-588

Fecha: 15 de noviembre de 2016

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Arecibo-Fajardo-Aibonito, Panel XII Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Margarita Mercado Echegaray
Procuradora General

Lcda. Miriam Alvarez Archilla
Procuradora General Auxiliar

Abogado de la Parte Recurrido: Lcdo. Miguel Morales Fajardo

Materia: Daños y Perjuicios: Responsabilidad extracontractual del Estado por daños causados por terceros. Deber general del Estado de velar por la seguridad pública y evitar la criminalidad.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Pablo Colón Chévere, Elba Rivas Maldonado y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos y otros

Recurridos v.
José M. Class Otero, José H. Ortiz Sandoval, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Policía de Puerto Rico y otros

Peticionarios

CC-2014-588

Julio Morales Rodríguez,
Carmen Carrión López y la
Sociedad Legal de Gananciales
compuesta por ambos y otros

Recurridos v.
José M. Class Otero, José H. Ortiz Sandoval, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Policía de Puerto Rico y otros

Peticionarios

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Presidenta Oronoz
Rodríguez.

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2016.

El presente caso nos brinda la oportunidad de establecer los contornos de la responsabilidad civil del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) en el contexto del deber general de velar por la seguridad pública y evitar la criminalidad. En particular, examinamos la controversia de si la Policía de Puerto Rico, y por ende el

ELA, es responsable civilmente por los daños causados por un tercero durante la comisión de un acto delictivo. Veamos.
I

Los hechos que dan lugar al caso de autos se remontan al año 1998, cuando ocurrió un trágico accidente durante la celebración de unas carreras clandestinas de vehículos de motor en el Municipio de Morovis.
Desde el año 1990, todos los fines de semana se

celebraban carreras clandestinas de vehículos de motor en distintas áreas del Municipio de Morovis, principalmente en la Carretera 567 del Barrio San Lorenzo. La magnitud del evento era tal que contaba con la participación de un público de entre 200 a 300 personas. Las carreras clandestinas eran de conocimiento general y, lo que es más, contaban con el apoyo indirecto del Alcalde del Municipio. Tanto así que la Policía Municipal tenía instrucciones específicas de no intervenir con las carreras. Además, el Alcalde había iniciado la construcción de una pista aledaña a la Carretera 567 que era utilizada como estacionamiento por el público que acudía a las carreras clandestinas. La Policía de Puerto Rico tenía conocimiento del grave problema de las carreras clandestinas en el lugar donde eventualmente ocurrieron los hechos que motivan este caso.
El 18 de julio de 1998, aproximadamente a las 4:00 de

la tarde, la Policía de Puerto Rico recibió información respecto a que en la Carretera 567 del Barrio San Lorenzo

de Morovis se realizarían unas carreras clandestinas. Ese día se celebraban también las fiestas patronales del Municipio, actividad a la que acudía un público de entre
4,000 a 5,000 personas.1 Según declaró el Teniente William

Feliciano, entonces Comandante Auxiliar del Distrito de Morovis para la Policía de Puerto Rico, ante la querella recibida solicitó ayuda a una patrulla de la Policía Municipal porque “[la Policía Estatal] est[aba] cort[a] [de] recurso[s]” y acudió al lugar señalado.2 Indicó que, al llegar:
no habían ningunas . . . carreras, toda vez que lo que había era una que otra persona allí, pues, pasando tal vez el día, porque [sic.] también allí hay un río que [sic.] muchas personas, pues, acostumbran a pasar el día allí . . . [A]l notar que no existía, en ese momento, ningún tipo de evento, pues decid[ió] entonces regresar nuevamente al personal a sus demarcaciones. . . y le indi[có] al agente que estaba a cargo de querellas que . . . [cuando no estuviera] atendiendo querellas, . . . bajara [sic.] y le
diera seguimiento al área de San Lorenzo.3

Es decir, según expuso el Teniente Feliciano, al no identificar actividad ilícita alguna, éste se marchó del lugar e instruyó a otro agente estatal a dar seguimiento de la situación cuando no tuviese que atender querellas, tarea principal que le correspondía ejecutar el día de los
hechos.

1 Véase, Transcripción de la prueba, Apéndice, pág. 400.
2 Íd., págs. 423-424.
3 Íd., págs. 423-424. Conviene mencionar que las citadas declaraciones
del Teniente Feliciano surgen de la transcripción de la vista celebrada
por el Tribunal de Primera Instancia para dilucidar la negligencia de las partes, no así de las determinaciones de hechos del foro de instancia.

Sin embargo, ese mismo día, cerca de las 6:00 de la tarde, se celebraron las carreras clandestinas en el lugar denunciado. Allí, el Sr. José M. Class Otero, quien participaba de éstas, perdió el control del vehículo que conducía a exceso de velocidad, impactó a varios espectadores y provocó la muerte de cinco personas. Entre las personas fallecidas se encuentran los jóvenes Juan Pablo Colón Rivas y Omar Morales Carrión.
Por tales hechos, durante el año 1998 los familiares de

las cinco personas fallecidas presentaron dos demandas contra el señor Class Otero, el ELA, el Municipio de Morovis y otros demandados desconocidos. No obstante, según solicitado por los entonces demandantes y sin oposición de las partes demandadas, en el 2007 el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia de desistimiento sin perjuicio en
ambos casos.4

En el año 2008, los familiares de los jóvenes Colón Rivas y Morales Carrión5 (en conjunto, los demandantes) presentaron nuevamente –esta vez por separado- dos demandas
por daños y perjuicios contra el señor Class Otero y el

4 Véase, Sentencia del Tribunal de Apelaciones KLAN 2013-01710- KLAN 2013-01711, Apéndice, págs. 2-3.
5 En particular, el Sr. Pablo Colón Chévere, la Sra. Elba Rivas
Maldonado, la Sra. Zuheil Colón Rivas, la Sra. Damaris Arce Rodríguez y
el menor Joe Weslee Colón Arce reclamaron el resarcimiento de los daños y perjuicios que presuntamente sufrieron a consecuencia de la muerte del joven Juan Pablo Colón Rivas. Véase, Demanda Núm. C DP 2008-0123, Apéndice, pág. 48. De otro lado, el Sr. Julio Morales Rodríguez, la Sra. Carmen Carrión López, la Sra. Frances B. Nieves Laureano y el menor Jomar Alberto Morales Nieves reclamaron por los daños y perjuicios relacionados a la muerte del joven Omar Morales Carrión. Véase, Demanda Núm. C DP 2008-0124, Apéndice, pág. 62.

ELA.6 En lo pertinente a la controversia de autos, los demandantes alegaron que la muerte de Colón Rivas y de Morales Carrión ocurrió a consecuencia de la negligencia del ELA, particularmente de la Policía de Puerto Rico, al no tomar las medidas necesarias para evitar la celebración de las carreras clandestinas.7 Por su parte, el ELA contestó la demanda, negó las alegaciones de responsabilidad en su contra y argumentó, entre otros asuntos, que los demandantes asumieron el riesgo de lo ocurrido y que el responsable de los hechos es el señor Class, tercero por el cual el ELA no responde.
Luego de múltiples trámites procesales, el Tribunal de Primera Instancia llevó a cabo las correspondientes vistas para dilucidar la negligencia y los daños alegados.8 En cuanto al asunto de la negligencia, por parte de los demandantes testificaron el Sr. Juan R. Ortega Álamo, quien a la fecha de los hechos fungía como Director del
Departamento de Recreación y Deportes del Municipio de

6 De otra parte, la demanda incluyó también como demandados al Sr. José Ortiz Sandoval, propietario del vehículo que provocó el accidente, y al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). No obstante, posteriormente los demandantes desistieron de la reclamación contra el señor Ortiz Sandoval, por lo cual el foro de instancia decretó el archivo sin perjuicio de la demanda en cuanto a él. Véase, Sentencia Parcial, Apéndice, págs. 284-285 y 984-985. Asimismo, la acción contra el DTOP fue desestimada por prescripción. Véase, Sentencia del Tribunal de Apelaciones KLAN 2013-01710-KLAN 2013-01711, Apéndice, págs. 13-14. Nótese que esta vez no se incluyó como parte demandada al Municipio de Morovis.
7 Vale señalar que, además de los demandantes del caso de epígrafe, los
familiares de las otras tres personas fallecidas durante los hechos
narrados presentaron también sus respectivas demandas por separado. No obstante, estos casos no fueron consolidados en el foro de instancia. Ello, a pesar de que el ELA solicitó la consolidación de los cinco casos.
8 La vista de negligencia de ambos casos fue consolidada, mientras que
la vista de daños se llevó a cabo de forma separada.

Morovis; los señores Walter Cortés Pérez y Wilson Torres Morales, quienes para la fecha de los hechos trabajaban como Policía y Teniente, respectivamente, de la Policía Municipal; la Sra. Carmen Dolores Carrión López, quien era la madre del joven Morales Carrión y, además, a la fecha de los hechos era también Policía Municipal; y la Sra. Frances Nieves, viuda del joven fenecido Morales Carrión. Por su parte, el ELA presentó como testigo al Teniente Feliciano.
Tras varios eventos procesales, el foro de instancia

emitió las correspondientes sentencias en ambos casos y declaró con lugar la acción incoada por los demandantes.9 En cuanto al señor Class, dictó sentencia en rebeldía en su contra. En lo relativo al ELA, razonó que “la Policía de Puerto Rico actuó negligentemente al dejar de cumplir con una de sus funciones básicas . . . de velar porque en las carreteras de Puerto Rico se observen los límites de velocidad y [que éstas] no se utilicen para realizar carreras de competencia”.10 Añadió que la Policía Estatal incurrió en responsabilidad al no tomar medidas de seguridad adecuadas para proteger la vida de los ciudadanos a pesar de tener pleno conocimiento de que en el lugar de los hechos ocurrirían las carreras clandestinas.
El foro de instancia adjudicó un cincuenta por ciento

(50%) de responsabilidad al ELA y un cincuenta por ciento

(50%) de responsabilidad al señor Class Otero e impuso la

9 Ambas sentencias son esencialmente iguales.
10 Véase, Sentencias del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, págs.
628 y 711.

cuantía máxima de daños que permite la Ley Núm. 104 de

29 de junio de 1955, según enmendada, 32 LPRA sec. 3074 et seq., conocida como la “Ley de Pleitos contra el Estado” (Ley de Pleitos contra el Estado) en cada caso.11 El ELA presentó una oportuna moción de reconsideración que fue declarada no ha lugar.
Así las cosas, el ELA presentó dos recursos de apelación ante el Tribunal de Apelaciones que fueron posteriormente consolidados. Sostuvo, en síntesis, que erró el foro de instancia al determinar que el ELA fue negligente ya que de la prueba surge que la Policía de Puerto Rico tomó acciones para evitar los daños. Hizo
particular referencia al caso Ramos Oppenheimer v. Leduc,

103 DPR 342 (1975), en el cual este Tribunal se negó a imponer responsabilidad al ELA por unos hechos similares a los del caso de autos. De otro lado, arguyó que el Tribunal
de Primera Instancia abusó de su discreción al conceder a

11 En particular, la indemnización otorgada a los familiares del joven Colón Rivas por angustias mentales fue la siguiente: (a) Sr. Pablo Colón Chévere, $120,000; (b) Sra. Elba Rivas Maldonado, $120,000; y (c) Sra. Zuheil Colón Rivas, $60,000. Ahora bien, teniendo en cuenta las limitaciones de cuantía que establece la Ley de Pleitos contra el Estado, dispuso que el cumplimiento de la sentencia se podría satisfacer de la siguiente forma: (a) Sr. Pablo Colón Chévere, $60,000; (b) Sra. Elba Rivas Maldonado, $60,000; y (c) Sra. Zuheil Colón Rivas,
$30,000. El foro de instancia desestimó la demanda en cuanto a las demandantes Damaris Arce Rodríguez y el menor Joe Weslee Colón ya que éstos no comparecieron a la vista de daños. De otro lado, la indemnización otorgada a los familiares del joven Morales Carrión por angustias mentales fue la siguiente: (a) Sr. Julio Morales Rodríguez,
$120,000; (b) Sra. Carmen Carrión López, $120,000; (c) Sra. Frances D. Nieves Laureano, $20,000; y (d) menor Jomar Alberto Morales Carrión,
$40,000. Empero, considerando las limitaciones de cuantía que establece la Ley de Pleitos contra el Estado, dispuso que el cumplimiento de la sentencia se podría satisfacer de la siguiente forma: (a) Sr. Julio Morales Rodríguez, $60,000; (b) Sra. Carmen Carrión López, $60,000; (c) Sra. Frances D. Nieves Laureano, $10,000; (d) menor Jomar Alberto Morales Carrión, $20,000.

los demandantes una cuantía excesiva de daños emocionales y angustias mentales.
El Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia

mediante la cual confirmó al Tribunal de Primera Instancia. Concluyó que de la prueba presentada ante el foro de instancia surge que la Policía de Puerto Rico no tomó medidas de seguridad y prevención adecuadas para proteger la vida de los ciudadanos y fue negligente en el ejercicio de sus deberes. En cuanto al segundo error señalado, determinó que no intervendría con las cuantías impuestas por el foro de instancia en ausencia de abuso de discreción.
Inconforme, el ELA acudió ante este Tribunal mediante recurso de certiorari y, en esencia, reiteró los planteamientos esgrimidos ante los foros inferiores. Expedido el recurso y con el beneficio de las comparecencias de ambas partes, procedemos a resolver.
II A.
En nuestro ordenamiento jurídico, aquél que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141. En innumerables ocasiones hemos expresado que, en aras de que exista responsabilidad al amparo del citado Artículo 1802
del Código Civil, supra, es indispensable que ocurra una

acción u omisión, un daño y la correspondiente relación

causal entre el daño y la conducta culposa o negligente.

Véanse, García v. ELA, 163 DPR 800 (2005); Administrador v.

ANR, 163 DPR 48 (2004); Valle v. ELA, 157 DPR 1 (2002);

Elba ABM v. UPR, 125 DPR 294 (1990); Reyes v. Sucn. Sánchez

Soto, 98 DPR 305 (1970). Recae sobre la parte que solicita

ser indemnizada el deber de establecer, mediante preponderancia de la prueba, todos los elementos de la
causa de acción por daños y perjuicios. García v. ELA,

supra.

La responsabilidad por negligencia se caracteriza por la concurrencia de los siguientes elementos: (a) la existencia de una obligación o, al menos, de un deber general, reconocido por el Derecho, que exige que los sujetos ajusten sus actos a un determinado tipo de conducta para la protección de los demás contra riesgos irrazonables y (b) que el agente del daño haya obrado sin ajustarse a
semejante tipo de conducta. J. Puig Brutau, Fundamentos de

Derecho Civil, Tomo II, Volumen III, 88, Barcelona, Ed.

Bosch, 1983.
El factor de la previsibilidad es parte fundamental de la responsabilidad por culpa o negligencia. Elba ABM v.

UPR, supra, pág. 309. El grado de previsibilidad en cada

caso varía, dependiendo del estándar de conducta que sea

aplicable. Hernández v. Televicentro, 168 DPR 803 (2006).

Respecto a qué constituye un resultado razonablemente previsible, hemos expresado que “el deber de previsión no se extiende a todo peligro imaginable que concebiblemente

pueda amenazar la seguridad . . . sino a aquél que llevaría

a una persona prudente a anticiparlo”. Hernández v. La

Capital, 81 DPR 1031, 1038 (1960).

Además, para que exista responsabilidad civil, es necesario que concurra un nexo causal entre la acción u omisión culposa o negligente y el daño producido al
reclamante. Elba ABM v. UPR, supra. En nuestra jurisdicción

rige la doctrina de la causalidad adecuada, conforme a la cual “la ocurrencia del daño en cuestión era previsible dentro del curso normal de los acontecimientos. En otras palabras, causa es la condición que ordinariamente produce
el daño, según la experiencia general”. Íd., pág. 310.

Finalmente, debemos recordar que en nuestro ordenamiento rige la doctrina de negligencia comparada.
Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139 (1996).

Conforme a ésta, la negligencia concurrente o contribuyente del demandante sirve para mitigar, atenuar o reducir la responsabilidad pecuniaria del demandado, pero no para eximirle totalmente de responsabilidad. H.M. Brau del Toro,
Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico,

2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, pág. 410. Esta doctrina requiere que el juzgador, además de determinar el monto de la compensación que corresponde a la víctima, establezca el porcentaje de responsabilidad o negligencia que corresponda a cada parte y reduzca la indemnización del demandante de conformidad con esta distribución de responsabilidad. Íd. Así, para determinar la negligencia

que corresponde a cada parte en casos de negligencia comparada es necesario “analizar y considerar todos los hechos y circunstancias que mediaron en el caso, y
particularmente si ha habido una causa predominante”. Íd.,

pág. 412.

B.

Aunque por lo general la responsabilidad civil extracontractual surge de actos u omisiones propias, el Artículo 1803 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5142, dispone que la obligación de reparar un daño a otro es exigible también “por los de aquellas personas de quienes se debe responder”. Conforme al citado Artículo, el Estado responde extracontractualmente en las mismas circunstancias y condiciones en que sería responsable un ciudadano particular por aquellos daños causados por sus funcionarios
cuando actúan dentro del ámbito de sus funciones. Íd.

Véase, además, Galarza Soto v. ELA, 109 DPR 179 (1979).

Claro está, en virtud de la doctrina de inmunidad soberana, se requiere el consentimiento del Estado para que puedan instarse procedimientos judiciales en su contra.
Guardiola Álvarez v. Depto. de Familia, 175 DPR 668 (2009);

Berríos Román v. ELA, 171 DPR 549 (2007). Así, los límites

de la responsabilidad civil del Estado se rigen por las disposiciones de la Ley de Pleitos contra el Estado. En lo pertinente, ésta permite que los ciudadanos demanden al ELA por las actuaciones culposas o negligentes de sus empleados, funcionarios o agentes en el desempeño de sus

funciones y actuando en capacidad oficial. 32 LPRA sec.

3077. El Artículo 2 de esta Ley expone que:

[c]uando por tal acción u omisión se causaren daños y perjuicios a más de una persona, o cuando sean varias las causas de acción a que tenga derecho un solo perjudicado, la indemnización por todos los daños y perjuicios que causare dicha acción u omisión no podrá exceder de la suma de ciento cincuenta mil dólares ($150,000). Si de las conclusiones del Tribunal surgiera que la suma de los daños causados a cada una de las personas excede de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, el Tribunal procederá a distribuir dicha suma entre los demandantes, a prorrata, tomando como base los daños sufridos por cada uno. Cuando se radique una acción contra el Estado por daños y perjuicios a la persona o a la propiedad, el Tribunal ordenará, mediante la publicación de edictos en un periódico de circulación general, que se notifique a todas las personas que pudieran tener interés común, que deberán comparecer ante el Tribunal, en la fecha dispuesta en los edictos, para que sean acumuladas a los fines de proceder a distribuir la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares entre los demandantes, según se provee en esta Ley. Íd. (Énfasis suplido).

Nótese que la citada disposición enfatiza que ante la ocurrencia de una misma acción u omisión culposa o negligente del ELA que cause daños a más de una persona, la indemnización por todos los daños no podrá exceder la
cuantía de $150,000. Íd.

C.

Anteriormente hemos evaluado la responsabilidad civil que deriva de las actuaciones criminales de terceros en el contexto de instituciones o comercios particulares. Hemos puntualizado que, como norma general, “no existe un deber de proteger a otras personas de actos criminales de terceros”. Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796 (2006). No

obstante, hemos resuelto a modo de excepción que existen situaciones en las que, en atención a las características particulares de ciertas instituciones y de los servicios que éstas proveen, un demandado puede responder por dichos
actos. Íd.

Por ejemplo, dispusimos que las instituciones educativas universitarias, los hoteles, los hospitales y los centros comerciales tienen una relación particular con sus estudiantes, huéspedes, pacientes y clientes, respectivamente, “que los obliga a ofrecerles un grado de seguridad adecuado y razonable que procure garantizar su bienestar”. Santiago v. Sup. Grande, supra, pág.
809.12 En tales contextos, hemos expresado que:

la difícil determinación de cuándo existe un nexo causal entre el daño producido por un acto delictivo de un tercero y la omisión de cumplir con la obligación de tomar precauciones, medidas de seguridad y protección, no puede resolverse nunca de una manera plenamente satisfactoria mediante reglas abstractas, sino que en los casos de duda ha de resolverse por el juez según su libre convicción, ponderando todas las circunstancias. Íd.

De otro lado, en Negrón de León v. Orozco, 113 DPR 712

(1983), impusimos responsabilidad al ELA por las actuaciones negligentes de la Policía al “no proveer la necesaria seguridad y protección al ciudadano
querellante . . . para impedir el previsible resultado de

12 Véanse, Elba ABM v. UPR, 125 DPR 294 (1990) (sobre las instituciones educativas universitarias); Pabón Escabí v. Axtmayer, 90 DPR 20 (1964)(sobre los hoteles); Hernández v. La Capital, 81 DPR 1031 (1960)(sobre los hospitales); J.A.D.M. v. Centro Com. Plaza Carolina,
132 D.P.R. 785 (1993) (sobre los centros comerciales); y Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796 (2006) (sobre los establecimientos comerciales que no cualifican como centros comerciales).

violencia en que perdió la vida” a manos de un policía en medio de una discusión en el propio cuartel. Al así resolver, prestamos particular atención a la naturaleza de los cuarteles de la policía y al ambiente de seguridad que
allí debe imperar. Íd.

Asimismo, evaluamos un cuadro fáctico similar al de

autos en Ramos Oppenheimer v. Leduc, supra. En aquella

ocasión, un joven falleció tras ser atropellado por un vehículo de motor que competía en unas carreras clandestinas en el aeropuerto de Santa Isabel. Sus familiares demandaron, entre otros, al ELA por no evitar la ocurrencia de la carrera clandestina que produjo la muerte del joven. Este Tribunal se negó a imponer responsabilidad al ELA por entender que el accidente se debió principalmente a la imprudencia del joven occiso, quien además estaba cometiendo un acto delictivo al entrar ilícitamente a la pista del aeropuerto. También, allí estimamos que:
[n]o tiene validez el argumento de que a la
policía se le avisó y no fue a detener la
competencia. Para aquella época el puesto de la policía de Santa Isabel tenía 16 policías. Con ese personal se cubrían tres turnos de ocho horas diarias, incluyendo vacaciones. Durante las horas del día había sólo dos policías disponibles en servicio -uno en el retén y otro en la calle. Para la fecha de los hechos se celebraban en Santa Isabel unas primarias. Constituían dichas primarias una actividad lícita, que atrae considerable número de personas y en donde se necesitaba la policía. Pero independientemente de esa situación específica, la verdad es que el Estado no puede tener policías presentes, a todas horas, en todos los lugares en Puerto Rico en que es ilegal, pero físicamente posible, celebrar una

carrera de automóviles. También la policía, al recibir llamadas tiene que atender éstas según su importancia y según sus medios. Para ello tiene que ejercer discreción el oficial a cargo del puesto. Los medios de la policía no son infinitos. El oficial no puede adivinar los acontecimientos futuros. No abusó de su discreción al decidir que las primarias tenían prioridad. Íd., págs. 343-344 (Énfasis suplido).

De otra parte, desde el punto de vista del Derecho comparado, exponemos la forma en que España ha analizado controversias análogas a la de autos. A esos efectos, el Tribunal Supremo español atendió un caso en que el demandante pretendía imputar responsabilidad civil a la Policía Nacional al no haber intervenido para evitar un
robo ocurrido en una joyería.13 El foro judicial de España

se negó a imputar responsabilidad al Estado en ese contexto. Explicó que, aunque es muy probable que la intervención policiaca hubiese evitado la consumación del robo, en los supuestos de comportamiento omisivo, no basta con que la intervención del Estado hubiera impedido la lesión, pues esto conduciría a una ampliación irrazonable y desmesurada de su responsabilidad patrimonial. Por el contrario, el Tribunal Supremo de España estimó que es necesario “que haya algún otro dato en virtud del cual quepa objetivamente imputar la lesión a dicho comportamiento omisivo [del Estado]; y ese dato . . . sólo
puede ser la existencia de un deber jurídico de actuar”.14

13 S. del 31 de marzo de 2009 Núm. 2350/2009 II Repertorio de
Jurisprudencia, pág. 6268.
14 Íd.

Por otro lado, conviene examinar a modo ilustrativo el tratamiento que otras jurisdicciones han dado al asunto. Así, destacamos que en Argentina también “se ha afianzado una tendencia restrictiva al reconocimiento de la responsabilidad estatal por omisión del ejercicio de potestades administrativas de control”.15 En casos similares al de autos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo foro judicial argentino, ha expresado que el deber genérico de proveer seguridad no se traduce automáticamente en la existencia de responsabilidad.16 Esto, pues exigir que el Estado evite todo daño a sus ciudadanos “requeriría una previsión extrema que sería no sólo insoportablemente costosa para la comunidad, sino que haría que se lesionaran severamente las libertades de los mismos ciudadanos a proteger”.17
Asimismo, aunque el caso de autos se rige por el

Derecho Civil, también a modo ilustrativo destacamos que las jurisdicciones de Estados Unidos, como norma general, se han negado a imponer responsabilidad civil al Estado por
no evitar la criminalidad en ausencia de una relación

15 P. Perrino, La responsabilidad del Estado por la omisión del ejercicio de sus funciones de vigilancia, Rev. Der. UM (2011), disponible en: http://revistaderecho.um.edu.uy/wpcontent/uploads/2013/10/Perrino-La- responsabilidad-del-estado-por-la-omision-del-ejercicio-de-sus-
funciones-de-vigilancia.pdf
16 Íd., pág. 60 (citando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(CJSN), causa Cohen, Eliazar c. Río Negro, Provincia de y otros s/daños
y perjuicios, Fallos: 329:2088 Fallos: 332:2328).
17 Íd., (citando a la CSJN, causa Mosca, Hugo Arnaldo c. Provincia de
Buenos Aires (Policía Bonaerense) y otros s/daños y perjuicios, Fallos:
330:653).

especial (“special relationship”) entre policía y víctima.18

Esto es, se requiere una relación particular y distinguible entre los organismos policiacos y la víctima con tal de hallar responsable al Estado ante las actuaciones criminales de un tercero.19 Uno de los casos más importantes
en cuanto a esta materia, Schuster v. City of New York, 5

N.Y.2d 75, 154 N.E.2d 534, 180 N.Y.S.2d 265 (1958), evaluó

la situación de un ciudadano que fue asesinado mientras

18 Véanse, por ejemplo, South v. Maryland, 59 U.S. (18 How.) 396 (1856); Peck v. United States, 470 F. Supp. 1003 (S.D.N.Y. 1979); Commercial Union Ins. Co. v. City of Wichita, 217 Kan. 44, 536 P.2d 54 (1975); Riss v. City of New York, 22 N.Y.2d 579, 240 N.E.2d 860, 293 N.Y.S.2d
897 (1968). Véase además, en general, Harvard Law Review Association,
Police Liability for Negligent Failure to Prevent Crime, 94 Harv. L.
Rev. 821 (February, 1981)(donde se analiza y critica el tratamiento jurisprudencial norteamericano del tema que nos ocupa).
19 Se pueden identificar varios cuadros fácticos o categorías de hechos
que tienen lugar en situaciones como las que nos ocupan, a saber:

The first and narrowest category consists of cases in which the plaintiff is harmed as a consequence of his abetting the police, often as an informer or witness. Courts have no difficulty in finding a police duty of reasonable protection in these cases, as the police are considered to have taken affirmative action that placed the plaintiff in peril.
[. . .]
In the second category of cases police extend express
promises of protection to specific individuals. Courts
generally hold that law enforcement officers have a duty to provide the promised protection.
[. . .]
The third category consists of situations in which the
police are aware of a danger to a specific individual, but
have neither jeopardized the plaintiff through their affirmative acts nor promised him protection. . . . [C]ourts rarely impose a duty of police protection.
[. . .]
In the fourth class of cases, police are aware of a
narrowly defined and readily identifiable source of danger to the public, but cannot reasonably foresee a specific victim. The paradigmatic example is a drunken driver whom the police do not arrest even after being made aware of his inebriation. Rarely in these cases do courts recognize a duty of protection.

In the final category of cases the police fail to provide protection from a more general threat, such as a “crime wave.” . . . In either situation, courts are highly unlikely to find a duty of protection running to individual members of the public. Harvard Law Review Association, supra, págs. 825-827.

ayudaba a la policía a arrestar a un individuo que había delinquido. El Tribunal de Apelaciones de Nueva York determinó que el Estado era responsable civilmente en tal situación y expresó al respecto que:
the public (acting in this instance through the
City of New York) owes a special duty to use reasonable care for the protection of persons who have collaborated with it in the arrest or prosecution of criminals, once it reasonably appears that they are in danger due to their collaboration. Íd., pág. 269.

Uno de los principales fundamentos de la discutida norma norteamericana es evitar que los foros judiciales interfieran inadecuadamente con la discreción de la policía respecto a cómo disponer y canalizar sus recursos. Harvard
Law Review Association, Police Liability for Negligent

Failure to Prevent Crime, 94 Harv. L. Rev. 821 (February,

1981). Asimismo, la norma general en cuestión pretende prevenir la imposición de cargos excesivos al Estado a consecuencia de la criminalidad e impedir un
congestionamiento excesivo de los foros judiciales. Íd.

A la luz de las normas y principios antes expuestos, pasemos a evaluar qué factores y criterios deben regir la imposición de responsabilidad a la Policía de Puerto Rico, y por ende al ELA, en el contexto del deber general de proveer seguridad a la población y evitar la criminalidad.
D.

Según hemos expresado anteriormente, “[e]l incremento de la violencia, el reto del criminal a la paz y sosiego del pueblo y la creciente probabilidad de que una persona

sea víctima de un atentado contra su vida, su libertad o su

propiedad” es un serio problema social en tiempos modernos.

Estremera v. Inmobiliaria Rac, Inc., 109 DPR 852, 856

(1980). El fenómeno de lo criminal es un asunto complejo. Sin lugar a dudas, se trata de un problema social importante y su atención es principalmente responsabilidad del Estado, “única entidad con los recursos y la fuerza necesaria para mantener la paz y la majestad de la Ley”.
Íd. Ahora bien, el Estado no es un garante absoluto de la

seguridad pública y, por lo mismo, no puede ser responsable civilmente por todas las actuaciones criminales que la Policía no pueda evitar.
En atención a lo anterior resolvemos que, si bien la Policía de Puerto Rico tiene un deber general de velar por la seguridad pública, ese deber por sí solo no es suficiente para imputar responsabilidad civil al ELA. En este tipo de casos, el juzgador o juzgadora debe hacer un análisis profundo que tome en consideración la totalidad de las circunstancias particulares del escenario que tiene ante sí.
Entre los criterios que se deben tomar en

consideración a la hora de evaluar la alegada negligencia del ELA en el ejercicio de su deber de evitar la comisión de actos delictivos se encuentran: (1) la naturaleza del hecho delictivo; (2) la recurrencia del acto criminal en el lugar de los hechos; (3) el conocimiento o la certeza que, como cuestión de hecho, tenía la Policía de Puerto Rico

respecto a que el acto criminal ocurriría; (4) la posibilidad de evitar la ocurrencia del delito; (5) los recursos con que contaba la Policía de Puerto Rico para operar; (6) otras necesidades que atender; (7) las gestiones realizadas para evitar el acto delictivo; y (8) la existencia de una relación previa o especial entre la víctima y la Policía. Ninguno de estos factores por sí solo es suficiente para tomar una determinación sobre el asunto que nos ocupa. Por el contrario, éstos deben evaluarse de forma integral, junto a las demás circunstancias que se planteen caso a caso. Claro está, una vez examinada la totalidad de las circunstancias e identificada la existencia de un deber particular y exigible junto a su incumplimiento, procede evaluar el caso conforme a los principios generales de responsabilidad civil en nuestro ordenamiento.
Resuelto lo anterior, pasemos a determinar si a la luz de los hechos particulares del caso de autos y conforme a los criterios expuestos, el ELA debe responder civilmente por los daños ocasionados a los demandantes.
III

En el presente caso, según destacamos anteriormente, el señor Class perdió el control de un automóvil que conducía a exceso de velocidad mientras participaba de unas carreras clandestinas. Así, impactó a un grupo de espectadores que participaban de la actividad ilícita, entre los que se encontraban los jóvenes Colón Rivas y

Morales Carrión, quienes fallecieron a consecuencia del accidente. Los foros inferiores concluyeron que tanto el señor Class como el ELA son responsables solidariamente por los daños sufridos por los demandantes, familiares de Colón Rivas y Morales Carrión. Ello ya que, a pesar de tener conocimiento de que las carreras clandestinas se llevarían a cabo, la Policía de Puerto Rico no ejerció adecuadamente su deber de garantizar la seguridad pública y evitar la ocurrencia de actos delictivos.
Tras un examen minucioso del expediente del caso y de la transcripción de la prueba oral, encontramos que los foros inferiores erraron al así resolver. A la luz de los criterios esgrimidos y de la norma aquí pautada, resolvemos que en el contexto que nos ocupa la Policía de Puerto Rico no actuó de forma negligente. Veamos.
En primer lugar, aunque las carreras clandestinas

ocurrían recurrentemente en el lugar de los hechos, era sumamente difícil para la Policía de Puerto Rico sorprender a las personas durante la comisión del acto delictivo. Esto pues, según declaró el Teniente Feliciano, había una única ruta por la cual se podía llegar al lugar y ciertas personas avisaban a los corredores de forma que, cuando llegaba la Policía, las carreras se detenían y el público
se dispersaba.20 Así, las posibilidades de evitar la
ocurrencia del hecho delictivo mediante la intervención policiaca eran mínimas.

20 Véase, Transcripción de la prueba oral, Apéndice, pág. 428.

De otro lado, el día de los hechos se celebraban también las fiestas patronales del Municipio de Morovis, las cuales aglomeraban de 4,000 a 5,000 personas.21 La mayoría de los recursos y esfuerzos policiacos estaban, pues, asignados legítimamente a tal actividad.22 Según declaró el Teniente Feliciano, al recibir la querella sobre las carreras clandestinas, “[la Policía Estatal] est[aba] cort[a] [de] recurso[s]”.23
Aun así, del expediente del caso de autos se desprende

que el Teniente Feliciano, al recibir información relacionada a que se celebrarían las carreras clandestinas, acudió al lugar denunciado, pero no se topó con actividad ilícita alguna. Ante ello, se marchó del lugar e instruyó a otro agente estatal a dar seguimiento de la situación cuando no tuviese que atender querellas, tarea principal que le correspondía ejecutar el día de los hechos.

Asimismo, de la prueba presentada ante el foro de instancia no se desprende una relación particular entre la Policía de Puerto Rico y los jóvenes Morales Carrión y Colón Rivas de la cual pudiese emanar un deber distinguible o especial de proveer seguridad. Finalmente, en este caso, tiene particular relevancia el que los jóvenes Colón Rivas y Morales Carrión estaban participando voluntariamente de
la actividad delictiva por cuya ocurrencia se pretende

21 Íd., pág. 400.
22 Íd., pág. 433.
23 Íd., págs. 400 y 423-424.

responsabilizar al ELA. No podemos avalar tal curso de acción.

En fin, la totalidad de las circunstancias del caso de autos no nos permite concluir que la Policía de Puerto Rico y, por ende, el ELA actuó de forma negligente. Huelga advertir además que, en el contexto del presente caso, imponer responsabilidad al ELA implicaría intervenir con una decisión discrecional administrativa respecto a cómo y a dónde la Policía de Puerto Rico debe asignar sus recursos.

De otro lado, los foros inferiores erraron al no imponer un porcentaje de negligencia comparada a los demandantes. Los jóvenes Colón Rivas y Morales Carrión incurrieron en negligencia contributiva a la ocurrencia de los hechos. Sin lugar a dudas, al acudir a unas carreras clandestinas, éstos se colocaron en una situación de peligro e incurrieron en negligencia que contribuyó a la cadena de eventos que culminó con su muerte. Ante ello, procede imponerles el porcentaje de responsabilidad que corresponda y reducir la indemnización de los demandantes de conformidad con esa distribución de responsabilidad.
Véase, H.M. Brau del Toro, op. cit.24

24 Explica Brau del Toro que:

[l]a negligencia concurrente de una persona que resulta lesionada o muerta en un accidente es imputable a sus causahabientes que reclamen, ya por la acción patrimonial hereditaria del occiso o ya por su acción personal, por daños propios derivados de la muerte o de las lesiones sufridas por el perjudicado. H.M. Brau del Toro, Los daños

IV.

Por los fundamentos que anteceden, se revoca el dictamen recurrido y se desestima la causa de acción por daños y perjuicios en contra del ELA. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que, conforme a la doctrina de negligencia comparada, adjudique el porcentaje de responsabilidad correspondiente a los jóvenes Omar Morales Carrión y Juan Pablo Colón Rivas y ajuste las cuantías adeudadas por el señor José M. Class Otero de acuerdo con lo aquí resuelto.

Maite D. Oronoz Rodríguez
Jueza Presidenta

y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, pág. 415. (Énfasis suplido).

Véase, además, Miranda v. ELA, 137 DPR 700, 716 (1994) (donde expresamos que “en los casos en los cuales los codemandantes sean los causahabientes, parientes o terceros de un perjudicado, que incurrió en negligencia, sus compensaciones se reducirán en esa proporción”).

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Pablo Colón Chévere, Elba Rivas Maldonado y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos y otros

Recurridos v.
José M. Class Otero, José H. Ortiz Sandoval, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Policía de Puerto Rico y otros

Peticionarios

CC-2014-588

Julio Morales Rodríguez,
Carmen Carrión López y la
Sociedad Legal de Gananciales
compuesta por ambos y otros

Recurridos v.
José M. Class Otero, José H. Ortiz Sandoval, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Policía de Puerto Rico y otros

Peticionarios

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2016.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, se revoca el dictamen recurrido y se desestima la causa de acción por daños y perjuicios instada en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que, conforme a la doctrina de negligencia comparada, adjudique el porcentaje de responsabilidad que corresponde a los jóvenes Omar Morales Carrión y Juan Pablo Colón Rivas y ajuste las cuantías adeudadas por el Sr. José M. Class Otero de conformidad con lo aquí resuelto.

CC-2014-588 2

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco concurre con el resultado y hace constar la siguiente expresión:

La Jueza Asociada señora Pabón Charneco concurre con el resultado anunciado por una Mayoría del Tribunal. A pesar de entender que los foros inferiores erraron al imputarle responsabilidad civil al Gobierno de Puerto Rico, le parece fútil acudir a un potpurrí de derecho comparado para resolver la controversia de marras. En lugar de emitir una Opinión para idear un estándar intricado de los ocho (8) pasos, aplicaría la norma jurídica anunciada en Ramos Oppenheimer v. Leduc, 103 DPR 343 (1975), para resolver el caso de autos. Tal y como reconoce la Opinión que antecede, los hechos de ese caso son análogos a los que analizamos en el caso de epígrafe. Bastaba con emitir una Sentencia y aplicar ese precedente judicial en lugar de aventurarnos a exponer las normas y principios de otras jurisdicciones en este tema para engendrar un estándar poco práctico e innecesario.

El Juez Asociado señor Rivera García emitió una Opinión Disidente, a la cual se une el Juez Asociado señor Estrella Martínez.

Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Pablo Colón Chévere; Elba Rivas Maldonado y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos

Recurridos v.
José M. Class Otero; José H.
Ortíz Sandoval, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Policía de Puerto Rico y otros

Peticionarios
CC-2014-0588
Certiorari

————————– Julio Morales Rodríguez y Carmen Carrión López y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos y otros

Recurridos

v.

José M. Class Otero; José H. Ortíz Sandoval, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Policía de Puerto Rico y otros y otros

Peticionarios

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor RIVERA GARCÍA a la cual se une el Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2016.

A la luz del Derecho y los principios generales de responsabilidad civil contenidos en nuestro ordenamiento jurídico, disiento. Distinto a lo que resuelve una Mayoría de este Tribunal, la Policía de Puerto Rico, y por ende el

Estado, es responsable por los daños causados por un tercero en unas carreras clandestinas que por décadas, tanto el Municipio de Morovis como la Policía de Puerto Rico, tenían pleno conocimiento sobre su celebración. Ello, por entender que eran enteramente previsibles los hechos ocurridos en este caso. Al igual que el foro apelativo intermedio, considero que la Policía de Puerto Rico no previno adecuadamente ni ejerció acciones afirmativas para evitar los daños ocasionados. Veamos.
I

Desde el año 1990, todos los fines de semana se celebraban carreras clandestinas de vehículos de motor en distintas áreas del Municipio de Morovis. De la propia Opinión Mayoritaria se desprende que “la magnitud del
evento era tal que contaba con la participación de un

público de entre 200 a 300 personas (…) y lo que es más,

contaban con el apoyo indirecto del Alcalde del Municipio. Tanto así que la Policía Municipal tenía instrucciones específicas de no intervenir con las carreras”.25 Ello, porque según los testimonios de la Sra. Carmen D. Carrión López, retirada de la policía municipal, y del Sr. Walter Cortés Pérez, intervenir con los corredores “afectaba la imagen y los planes políticos del alcalde”.26
Esto coincide con las determinaciones de hecho que
consignó el Tribunal de Primera Instancia en su sentencia. Procedo a destacar, entre otras, las siguientes: (1) a

25 Opinión Mayoritaria, pág. 2. (Énfasis nuestro).
26 Véase Sentencia del Tribunal de Apelaciones, KLAN 2013-01710, pág.
8.

partir de los años 90 hasta la fecha del accidente, dichas carreras clandestinas se efectuaban con gran frecuencia los fines de semana: viernes, sábado y especialmente los domingos; (2) el evento, indirectamente apoyado por el Municipio de Morovis, se convirtió por años en uno tradicional y multitudinario en el que se conglomeraban entre 200 a 300 personas; (3) el arraigo en el pueblo era tal que la Policía Municipal tenía instrucciones de no intervenir con los corredores y el Alcalde construyó una pista de carreras aledaña al puente que nunca se terminó, pero que se utilizaba por el público como estacionamiento y donde se instalaban kioscos para el estipendio de bebidas y refrigerios, entre otros. Durante las Fiestas Patronales era más común la venta de comida, bebidas, y refrigerios frente o cerca de la pista clandestina. Ciudadanos se reunían y se congregaban a ver las carreras clandestinas a modo de un evento deportivo legítimo; (4) la Policía de Puerto Rico tenía pleno conocimiento del grave problema y el peligro que representaba por muchos años las carreras clandestinas (hecho delictivo) en la carretera 567, en el Bo. San Lorenzo, no sólo para los participantes y el público espectador, sino para los vecinos y los conductores a los cuales se les impedía el
paso por la referida vía pública.27

Surge también del expediente que el testigo Wilson

Torres Morales, quien se destacaba como policía municipal

27 Íd.

de dicho Municipio, declaró que había presentado una propuesta o plan al comandante de distrito y a los supervisores de la Policía de Puerto Rico para trabajar con la situación de las carreras clandestinas que se realizaban en el barrio San Lorenzo. Sin embargo, dicho plan nunca se llevó a cabo previo al accidente. Otro de los testigos presentados fue el teniente Feliciano Calderón. Este testificó que para la fecha del accidente se le notificó que en el referido barrio se estaban realizando unas carreras clandestinas. Sin embargo, expresó que ello era habitual casi todos los domingos. Estos testimonios confirman que las carreras clandestinas que se realizaban en ese lugar eran de conocimiento general de todo el pueblo, incluyendo la Policía y el propio Alcalde. Antes del accidente la Policía de Puerto Rico se limitó a expedir, ocasionalmente, multas de tránsito a los observadores de las carreras clandestinas.
Cónsono con lo anterior y contrario a la teoría que

pretende promulgar la Opinión Mayoritaria, es forzoso concluir que lo ocurrido ese fatídico día pudo haberse evitado, pues era previsible que ocurriera tan lamentable incidente. La prueba presentada así lo confirma. Esto reafirma que la Policía de Puerto Rico tenía conocimiento de la celebración de las carreras clandestinas que se llevaban a cabo en dicho lugar y no tomó las medidas de seguridad necesarias para atender la situación y detener o al menos prevenir la celebración de estas. Resulta más que

evidente que ante estas circunstancias la Policía tenía el deber de evitar que las mismas continuaran ocurriendo. Ello, en vista de que los agentes y funcionarios del orden público tienen el deber ministerial de prevenir, descubrir e investigar los delitos.28 Por lo tanto, considero que fue correcta la determinación del Tribunal de Primera Instancia y del foro apelativo intermedio respecto a que la Policía de Puerto Rico, mediante la omisión de sus deberes, fue negligente y en consecuencia, responde solidariamente por los daños ocasionados.
Por otra parte, la Opinión Mayoritaria acoge el planteamiento del Estado y utiliza como fundamento el caso
de Ramos Oppenheimer v. Leduc, 103 DPR 342 (1975) porque,

según aduce, lo ocurrido allí tiene un cuadro fáctico similar al de autos. Cabe destacar que la única similitud que existe entre uno y otro caso consiste en que en ambos hubo unas carreras de automóviles ilegales en lugares que
no estaban destinados para ello. En Ramos Oppenheimer v.

Leduc, supra, un joven de 14 años murió luego de que este

se ubicó dentro de la pista del aeropuerto de Santa Isabel en el preciso momento en que competían los carros. En el
caso de epígrafe, cinco personas, observadoras del evento,

28 Cabe resaltar que la Policía de Puerto Rico, dentro del marco de sus funciones, tiene la obligación de “proteger a las personas y a la propiedad, mantener y conservar el orden público (…) prevenir, descubrir, investigar y perseguir el delito y, dentro de la esfera de sus atribuciones, compeler obediencia a las leyes y ordenanzas municipales, y reglamentos que conforme a éstas se promulguen”. 25
LPRA sec. 3102.

fallecieron tras ser atropelladas por un vehículo que perdió el control del volante.
Consideramos que el referido caso es distinguible al

caso que esta ante nuestra consideración. En Ramos

Oppenheimer v. Leduc, supra, contrario a lo que ocurrió en

este caso, no era previsible que una persona saliera inesperadamente y se colocara justo en medio de la pista en el preciso momento en que competían los carros que allí corrían. Era improbable que en ese caso el agente o funcionario supiera que ese acontecimiento iba a ocurrir. No obstante, en el presente caso, sí era de conocimiento general que se realizaban carreras clandestinas todos los domingos en el barrio San Lorenzo desde hacía varios años y, como cuestión de hecho, ese día se reportó una posible una carrera. Por lo tanto, era previsible que ocurriera un accidente. Así pues, considero que las circunstancias en
Ramos Oppenheimer v. Leduc, supra, son distintas, por lo

que el mismo no es de aplicación con el de autos.

Finalmente, resulta imperativo señalar que, además de optar por no adjudicarle responsabilidad al Estado por los daños causados y sí imputarle negligencia comparada a los jóvenes que murieron en el trágico accidente, una Mayoría de este Tribunal pretende pautar un escrutinio de ocho criterios que aplicarían al momento de evaluar una alegada negligencia del Estado en el ejercicio de su deber de evitar la comisión de delitos. Entendemos que el escrutinio propuesto, lejos de regir los procedimientos

judiciales al amparo del Art. 1802 del Código Civil, le exige a los reclamantes la carga de probar unos requisitos adicionales e innecesarios a los principios generales de responsabilidad civil ya legislados y contenidos en nuestro ordenamiento jurídico.29 Es decir, al imponer el aludido escrutinio, una Mayoría de este Tribunal empina innecesariamente el camino a los ciudadanos que reclamen daños bajo el fundamento de que el Estado omitió su deber de velar por el cumplimiento de las leyes, toda vez que añade ocho peldaños ajenos a la reiterada normativa vigente en este tipo de pleitos. Ello, trastocando toda una doctrina jurídica carente fundamentos.
Tal y como concluyeron los foros inferiores, aquí no se trata de intervenir con una decisión discrecional administrativa respecto a cómo y dónde el Estado asigna
sus recursos policiales, sino del hecho de que existía y

29 Según lo establece la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955 conocida como Ley de Pleitos contra el Estado, 32 LPRA secs. 3077-3084, la renuncia a la inmunidad soberana opera cuando se cumple con ciertos requisitos. A tales efectos, para prevalecer en una causa de acción de daños y perjuicios basada en actuaciones u omisiones culposas o negligentes de un funcionario hay que establecer: primero, que el causante del daño, debe haber actuado en su capacidad oficial como agente, funcionario o empleado del Estado; segundo, que este actuó dentro del marco de su funciones; tercero, que la actuación fue negligente, no intencional; y cuarto, debe existir una relación causal entre la conducta negligente y el daño. García v. ELA, 163 DPR 800,
811–812 (2005). Véase además, Leyva et al. v. Aristud et al., 132 DPR
489, 510 (1993).

En casos particulares de agentes del orden público, hay que establecer un nexo lógico entre la actuación negligente de la Policía y los intereses del Estado por razón del ejercicio de funciones expresas o implícitas. Sánchez Soto v. ELA, 128 DPR, 497, 506 (1991). Una vez se cumple con estos requisitos, el Estado está sujeto a responsabilidad civil cuando, a través de sus funcionarios es negligente por omisión al incumplir con el deber impuesto por un estatuto o la Constitución de Puerto Rico o de Estados Unidos. Es decir, que el Estado no tomó las medidas estrictas de supervisión sobre aquellas actividades o personas que se podría prever causarían daño. Véase, García v. ELA, supra, y Negrón v. Orozco Rivera, 113 DPR 712 (1983).

existe un deber jurídico por parte del Estado de hacer cumplir las leyes y procurar por la seguridad de sus ciudadanos. Más aun, cuando los funcionarios y agentes del orden público tenían pleno conocimiento de las actividades que allí se realizaban y cuyas consecuencias eran razonablemente previsibles. No podemos ignorar el hecho de que continuamente los tribunales estamos revisando las acciones que se presentan en contra del Estado debido a la negligencia de este en la práctica administrativa.
En conclusión, la situación de hechos ante nuestra consideración no presenta circunstancias que justifiquen eximir al Estado de su responsabilidad. Era enteramente previsible, y en mayor grado para la Policía, en contacto día tras día con este tipo de actividad, la posibilidad de que en medio de la celebración de estas carreras clandestinas de vehículos de motor en el Municipio de Morovis ocurriera un trágico accidente como el que en efecto ocurrió. Por lo tanto, actuó correctamente el Tribunal de Apelaciones al confirmar la determinación de foro de primera instancia en cuanto a que los daños alegados por la parte demandante ocurrieron por la negligencia del Estado puesto que sus funciones no actuaron acorde a las leyes y reglamentos aplicables. La Policía optó por no intervenir con el evento lo que claramente demuestra que no actuó como un hombre prudente y razonable.

II

Por todo lo anterior, confirmaría el dictamen del Tribunal de Apelaciones que, a su vez, confirma el dictamen del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la demanda instada y condenó solidariamente al ELA y al Sr. José M. Class Otero a pagar a los co-demandantes el máximo permitido en la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955 conocida como la Ley de Reclamaciones y Demandas Contra el
Estado.30

Edgardo Rivera García
Juez Asociado

30 32 LPRA 3077 et seq.

Fraguada v. Hosp. Auxilio Mutuo, 2012 TSPR 126

OPINIóN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ

San Juan, Puerto Rico, a 13 de agosto de 2012.

Hoy tenemos ocasión para examinar nuestra normativa sobre la interrupción del término prescriptivo en situaciones en las que concurren múltiples causantes de un daño extracontractual. Para ello, debemos determinar si procede distinguir entre los efectos de la solidaridad pactada o de vínculo prexistente y los de la solidaridad que surge cuando son varios los causantes de un daño extracontractual. I

El 2 de mayo de 2002 los familiares de la Sra. Hilda Pérez presentaron una demanda de daños y perjuicios contra el Hospital Auxilio Mutuo y el Dr. Manuel Anguita. (1) En la demanda también se incluyeron a John Doe y a Richard Roe como demandados desconocidos. Se alegó que eran solidariamente responsables en la eventualidad de que se determinara que incurrieron en negligencia. (2) Posteriormente, la demanda fue enmendada para incluir ciertas alegaciones. En conjunto, los demandantes adujeron que el 14 de enero de 2000 el Dr. Manuel Anguita operó a la señora Pérez y encontró que el intestino de ella estaba obstruido. Luego de la operación, el personal del hospital le colocó un tubo nasogástrico a la paciente de sesenta años de edad. Una enfermera procedió a realizarle un estudio llamado Turner y le inyectó un líquido a través del referido tubo sin alegadamente cerciorarse si éste se encontraba en el estómago. Los demandantes alegaron que en ese momento la señora Pérez comenzó a gritar. Posteriormente desarrolló un cuadro de dificultad respiratoria y hubo que entubarla.Meses después, el 1 de julio de 2000, la paciente murió. Con acopio de todas estas alegaciones los demandantes señalaron que la señora Pérez falleció debido a las actuaciones negligentes del Hospital Auxilio Mutuo y de su personal, al fallar en brindarle un tratamiento médico adecuado. (3)

Seis años después de iniciado el pleito, los demandantes realizaron una solicitud para enmendar la demanda a los fines de incluir a otros presuntos cocausantes del daño. Específicamente, solicitaron traer al pleito al Dr. Noel Totti y al Dr. Octavio Mestre. (4) Luego de que el Tribunal de Primera Instancia concediera la enmienda solicitada, el 21 de mayo de 2008 los demandantes enmendaron la demanda. Fue entonces cuando el doctor Mestre Morera y el doctor Totti se enteraron que tanto ellos como sus respectivas sociedades legales de gananciales eran codemandados en un litigio entablado hace más de media década. Los galenos, según alegaron los demandantes, le colocaron el tubo nasogástrico a la señora Pérez de modo negligente. El doctor Mestre Morera presentó su contestación a la demanda enmendada. Más adelante, y al corriente del litigio, el médico interpuso una moción de sentencia sumaria. En ella argumentó que la reclamación estaba prescrita porque la parte demandante conocía de antemano su identidad y su participación en el evento. (5) Así, el doctor acentuó que aunque la parte demandante estaba en posición de ejercer su reclamo no fue hasta seis años después de interpuesta la demanda original que presentaron la acción en su contra. Aseguró que esa tardanza constituía una falta crasa de diligencia de la parte demandante en ejercitar su causa de acción, por lo que la reclamación en su contra debía ser desestimada. Los demandantes presentaron su oposición a la moción de sentencia sumaria del doctor Mestre Morera. No justificaron la dilación para reclamarle luego de seis años, pero señalaron que aunque su participación fue menor que la de los otros galenos, desde el momento en que presentaron la demanda original se interrumpió el término prescriptivo contra cualquier médico que fuera negligente en el tratamiento brindado a la señora Pérez. (6) Evaluadas las posturas de las partes, el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución en la que declaró “no ha lugar” la moción de sentencia sumaria. Inconforme con ese dictamen, el doctor Mestre Morera presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Posteriormente, el foro apelativo intermedio emitió una resolución en la que denegó expedir el recurso. Fundamentó su determinación en la norma recogida en Arroyo v. Hospital La Concepción, 130 D.P.R. 596 (1992).

Nuevamente inconforme, el doctor Mestre Morera recurrió ante nos por medio de un recurso de certiorari.En lo pertinente, señaló que el Tribunal de Apelaciones incidió al concluir que la reclamación presentada seis años después de la demanda original no estaba prescrita. Arguyó que de acuerdo a la teoría cognoscitiva del daño el término para entablar la reclamación había expirado, pues los demandantes conocían de antemano su identidad y el resto de los elementos necesarios para poder ejercitar su causa de acción. El médico cuestionó que mediante un mero formalismo procesal sin trámite ulterior, la parte demandante quedara relevada de su deber de actuar de modo diligente y oportuno en el reclamo de sus derechos. Inevitablemente nos convoca a revocar la norma pautada en Arroyo v. Hospital La Concepción, 130 D.P.R. 596 (1992), sobre la interrupción automática e indefinida del término prescriptivo en contra de los alegados cocausantes solidarios de un daño que no fueron incluidos en la demanda original. En su lugar, propone que adoptemos la doctrina de la obligación in solidum. El 16 de abril de 2010 concedimos un término a los demandantes para que mostraran causa por la cual no debíamos expedir el auto de certiorari y revocar la determinación del Tribunal de Apelaciones. Han comparecido. Con el beneficio de las diferentes posturas, procedemos a resolver.

II

A.

La prescripción es una institución que extingue un derecho por la inercia de una parte en ejercerlo durante un periodo de tiempo determinado. Reiteradamente hemos explicado que la prescripción extintiva es una figura de naturaleza sustantiva y no procesal, la cual se rige por los principios de nuestro Código Civil. Serrano Rivera v. Foot Locker Retail Inc., res. el 15 de agosto de 2011, 182 D.P.R. ___ (2011); COSSEC et al. v. González López et al., 179 D.P.R. 793, 805 (2010); Santos de García v. Banco Popular, 172 D.P.R. 759, 766 (2007). Ésta aplica como cuestión de derecho con el transcurso del tiempo, a menos que ocurra alguno de los supuestos previstos en nuestro ordenamiento jurídico. COSSEC et al. v. González López et al., supra, págs. 805-806; Santos de García v. Banco Popular, supra, pág. 766. A esos efectos, el Art. 1873 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5303, establece que la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. (7)

Los términos prescriptivos buscan castigar la inercia y estimular el ejercicio rápido de las acciones. COSSEC et al. v. González López et al., supra, pág. 806; Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 D.P.R.137, 143 (2001). El objetivo de éstos es promover la seguridad en el tráfico jurídico y la estabilidad de las relaciones jurídicas. Íd. Hemos señalado que la existencia de los términos prescriptivos responde a una política firmemente establecida para la solución expedita de las reclamaciones. Campos v. Cía. Fom. Ind., supra, pág. 143. De esta forma se evitan las sorpresas que genera la resucitación de reclamaciones viejas, además de las consecuencias inevitables del transcurso del tiempo, tales como: pérdida de evidencia, memoria imprecisa y dificultad para encontrar testigos. Íd., pág. 144. Esta figura está basada en “la experiencia humana de que las reclamaciones válidas se accionan inmediatamente y no se abandonan”. Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 D.P.R. 943, 950 (1991). Al respecto, el transcurso del periodo de tiempo establecido por ley, sin reclamo alguno por parte del titular del derecho, origina una presunción legal de abandono. Véase, Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740, 752 (1992). Como bien es sabido, las obligaciones que nacen de la culpa o la negligencia se rigen por lo dispuesto en el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, el cual establece que quien “por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. El término prescriptivo de estas acciones es de un año según dispuesto por el Art. 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5298. La brevedad de este plazo responde a la inexistencia de una relación jurídica previa entre el demandante y el demandado. Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., supra, págs. 951-952. En particular, el mencionado término prescriptivo busca fomentar el establecimiento oportuno de las acciones, en aras de asegurar que el transcurso del tiempo no confundirá ni borrará el esclarecimiento de la verdad en sus dimensiones de responsabilidad y evaluación de la cuantía. Campos v. Cía. Fom. Ind., supra, pág. 143; Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., supra, pág. 950.

De acuerdo con la teoría cognoscitiva del daño, este término prescriptivo comienza a transcurrir cuando el reclamante conoció, o debió conocer que sufrió un daño, quién se lo causó y los elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente su causa de acción. Véanse, COSSEC et al. v. González López et al., supra; Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 D.P.R. 249, 254-255 (1992); Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232, 247 (1984). Empero, reiteradamente hemos expresado que “si el desconocimiento se debe a falta de diligencia, entonces no son aplicables estas consideraciones sobre la prescripción”. COSSEC et al. v. González López et al., supra. B.Las obligaciones pueden ser clasificadas de acuerdo a los sujetos que componen la relación. Así, existen obligaciones mancomunadas y solidarias. En las obligaciones mancomunadas la deuda puede ser dividida y cada deudor ha de cumplir con su parte de forma independiente. J. Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, 10ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. III, pág. 107. En las obligaciones solidarias cada acreedor tiene derecho a pedir y cada deudor tiene el deber de realizar íntegramente la prestación debida. Íd.

La regla que impera en materia de derecho civil es que la solidaridad no se presume. El Art. 1090 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3101, establece que la concurrencia de dos o más deudores en una sola obligación no implica que cada uno de éstos deba prestar íntegramente las cosas objeto de la misma. Este artículo establece la mancomunidad como la regla y la solidaridad como la excepción, surgiendo esta última sólo cuando la obligación expresamente lo determine.

En materia de responsabilidad extracontractual, en Cruz v. Frau, 31 D.P.R. 92, 100 (1922), establecimos que cuando se ocasiona un daño por la negligencia concurrente de varias personas, el descuido de éstas es la causa próxima del accidente y todas son responsables de reparar el mal causado. Luego, en Cubano v. Jiménez et al., 32 D.P.R. 167, 170 (1923), este Tribunal expresó que “la tendencia de la jurisprudencia ha sido declarar in solidum la responsabilidad de los varios demandados”. No obstante nuestras expresiones anteriores, ante la interrogante de la existencia del derecho a contribución en nuestro ordenamiento jurídico, en García v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R. 138, 148-149 (1951), extendimos jurisprudencialmente la aplicación de los Arts. 1094, 1098 y 1874 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3105, 3109, 5304, referentes a los efectos de la solidaridad, a los casos de daños y perjuicios. Como paso previo a dicha conclusión, expresamos, tal vez por el borde exterior de la claridad, que quienes ocasionan un daño son responsables solidariamente ante el agraviado por la sentencia que en su día le resulte favorable a éste. García v. Gobierno de la Capital, supra, págs. 146-147. Más adelante tuvimos ocasión para aclarar nuestros pronunciamientos sobre la doctrina de solidaridad. En Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, reiteramos que “lo dispuesto en el Art. 1090 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3101, respecto a la no presunción de la solidaridad, no aplica en materia de responsabilidad extracontractual”. Íd., pág. 605.Pero más importante aún, movidos principalmente por la doctrina española de aquel entonces —1992—, en ese caso preferimos no hacer distinción entre distintos tipos de solidaridad —perfecta e imperfecta— y sostuvimos jurisprudencialmente que la solidaridad en nuestro ordenamiento tenía un carácter homogéneo, por lo que le eran de aplicación tanto los efectos primarios como los secundarios. En consecuencia, resolvimos que la presentación a tiempo de una demanda por parte de un perjudicado contra un coautor solidario interrumpe automáticamente el término prescriptivo contra todos los demás cocausantes del daño. Señalamos que con una enmienda a la demanda o una demanda contra tercero se puede incorporar en el pleito a los alegados cocausantes solidarios del daño no incluidos originalmente, y que el reclamante sólo debe alegar bien y suficientemente que el nuevo demandado responde solidariamente por los daños. Con ello, en ese caso permitimos que se trajera al pleito a varios codemandados cuatro años después de presentada la demanda inicial. Posteriormente resolvimos García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 D.P.R. 138, 155 (2008), el cual tuvo la singularidad de que la demandante conocía de antemano la identidad y los elementos necesarios para poder ejercitar su causa de acción contra una presunta coautora solidaria, pero no la incluyó en la demanda original. (8) No fue hasta tres años más tarde que la perjudicada enmendó la demanda para incluirla como cocausante solidaria del daño. (9) En esa ocasión reiteramos la norma de Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, y decidimos que como en la demanda enmendada se alegó que la nueva codemandada respondía solidariamente por todos los daños causados, el término prescriptivo quedó interrumpido con la presentación inicial de la demanda. Íd., pág. 159. Según mencionamos, en Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, acogimos la interpretación de la doctrina y de la jurisprudencia española vigentes en esa época. El tiempo ha discurrido y no han sido pocos los cambios acaecidos desde entonces. La interpretación admitida en el aludido caso fue abandonada en España desde hace ya varios años, y en su lugar se acogió la doctrina francesa que distingue entre dos tipos de solidaridad: perfecta e imperfecta. III

Nos corresponde resolver si debe mantenerse vigente la normativa establecida sobre prescripción en acciones de daños y perjuicios. En particular, si la interposición de una demanda por responsabilidad civil extracontractual contra un alegado cocausante solidario interrumpe el término prescriptivo contra el resto de los presuntos cocausantes.Para ello, analizamos si debemos integrar una distinción entre los casos de solidaridad pactada o de vínculo prexistente —conocido como solidaridad propia o solidaridad perfecta— y los casos de solidaridad cuando son varios los responsables de un daño extracontractual —conocida como solidaridad impropia o solidaridad imperfecta—. De admitirse esta distinción, el efecto interruptor del Art. 1874 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5304, aplicaría a los casos de solidaridad propia, pero no se extendería al ámbito de la responsabilidad civil extracontractual cuando son varios los cocausantes condenados judicialmente. (10) El estudio ponderado de las obligaciones derivadas de la responsabilidad por daños extracontractuales requiere un examen histórico de su naturaleza y extensión. A.

La palabra solidaridad proviene del latín in solidum, la cual se define como la totalidad de una suma. A. Blánquez Fraile, Diccionario Latino-Español, Español-Latino, Barcelona, Ed. Ramón Sopena, S.A., 1985, T. II, pág. 1460. La institución de la obligación in solidum proviene a su vez del Derecho romano. Éste reconoció en toda su extensión la división entre las obligaciones mancomunadas y solidarias según se diera o no la distribución de la responsabilidad entre las partes. J. R. León Alonso, La Categoría de la obligación in solidum, Sevilla, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1978, pág. 51. Las obligaciones con pluralidad de sujetos eran consideradas solidarias siempre que no existiera pacto entre las partes. C. Gómez Ligüerre, Solidaridad y Derecho de daños. Los límites de la responsabilidad colectiva, (s.l.), Thomson, Civitas, 2007, pág. 79. La solidaridad romana permitía que el acreedor pudiera exigir el cumplimiento íntegro de la obligación a cualquiera de los deudores. Desde el 286 a.C., a través de la Ley Aquilia, los romanos proveyeron un régimen para las situaciones en las que concurrían varios causantes de un daño. Gómez Liguerre, op. cit. pág. 81. Conforme a éste, la víctima podía reclamar la totalidad de la indemnización a cualquiera de los declarados responsables. Íd.

Las obligaciones en el Derecho romano se presumían solidarias. La mancomunidad era la excepción, y se aplicaba cuándo era convenida entre las partes o cuando la obligación era divisible. Posteriormente, este razonamiento fue invertido por el Derecho de Justiniano (527-565 d.C.), el cual cambió la presunción: impuso la división de la obligación como la regla y estableció la solidaridad sólo cuando era pactada. Gómez Liguerre, op.cit., pág. 80. Era un requisito ineludible que la reclamación fuera dirigida contra todos los deudores a la vez. Íd., pág. 81.

Desde su creación la solidaridad ha sido dividida de acuerdo a la fuente de la cual emana.El Derecho romano propuso la idea de distinguir entre dos clases de obligaciones plurales: las obligaciones correales y las in solidum. Véase: E. Petit, Tratado Elemental de Derecho Romano (J.M. Rizzi, trad.), México, Ed. Editora Nacional, 1966, págs. 348-355. Aunque similares en apariencia, ambas obligaciones se diferenciaban en su fuente u origen. J. Cubides Camacho, Obligaciones, Ed. 5ta, Bogotá, D.C., 2007, pág. 68. Íd. Las obligaciones in solidum provenían de causas naturales —como las derivadas de la falta o del delito común de los deudores—, y las obligaciones correales procedían de causas voluntarias. E. Petit, op. cit., pág. 353-354. De igual forma, las obligaciones in solidum sólo podían existir entre deudores, mientras que las correales podían establecerse tanto entre deudores como entre acreedores. Íd. La regla de la no presunción de la solidaridad del Derecho romano tuvo significativa influencia en la creación de los códigos civiles de Francia y España. Empero, estos códigos no establecen expresamente cómo responderán los cocausantes de un daño extracontractual, por lo que ambos países han suplido esta ausencia a través de la jurisprudencia. En este aspecto nuestro Código Civil es similar al de Francia y España. B.

En Francia, el Art. 1.202 de su Código Civil dispone que la solidaridad no se presume, sino que deberá ser expresamente pactada. Como intimamos, el referido código guarda silencio acerca de la obligación que debe existir en casos de pluralidad de causantes de un daño.

En materia de responsabilidad general, la doctrina francesa distingue entre dos tipos de efectos de la solidaridad: los efectos primarios y los efectos secundarios. Los primarios incluyen la unidad de la deuda y la pluralidad de vínculos. Los secundarios son la interrupción de la prescripción, la interrupción de la mora, y la promesa de cumplimiento de todos los deudores solidarios. Gómez Liguerre, op. cit., pág. 127. Esta distinción es crucial en esa doctrina ya que los efectos secundarios de la solidaridad no son aplicables al ámbito de responsabilidad extracontractual.

Debido a que la solidaridad puede nacer de la ley o de la voluntad de las partes, en Francia se hace una distinción entre los casos de solidaridad perfecta y aquellos en los cuales la solidaridad es imperfecta. La solidaridad es considerada perfecta cuando es “entre varias personas unidas por un interés común, que tienen entre sí relaciones frecuentes o se conocen”. J. R. León Alonso, op. cit., pág. 32. En cambio, es imperfecta cuando es establecida mediante ley “entre personas que no se conocen, que no son sino codeudores accidentales o cuando sus relaciones son esporádicas”. Íd., págs. 32-33. Cuando la solidaridad es imperfecta surge una obligación in solidum.(11) De acuerdo a ésta, en los casos de pluralidad de causantes cada uno de ellos responde por entero, pero su responsabilidad es autónoma de la de los otros. Á. Cristóbal Montes, Mancomunidad o solidaridad, 1985, ed. Bosch, Casa Editorial, S. A., Barcelona, pág. 36. Ello, debido a que el vínculo del cual deriva la obligación de cada cocausante es uno independiente. Íd. Por esto, la doctrina francesa no considera tal obligación como una solidaria regular, sino como in solidum. Aunque cada uno de los cocausantes tiene la responsabilidad de pagar el todo, los efectos secundarios de la solidaridad tradicional —entre éstos, la interrupción del término prescriptivo— no rigen. Esto significa que en las acciones de daños extracontractuales el damnificado debe interrumpir individualmente el término prescriptivo respecto a cada cocausante solidario. Íd., pág. 38. Es decir, la oportuna interposición de una demanda contra un cocausante solidario de un daño extracontractual no interrumpe el término contra el resto de los alegados autores.

En lo referente a la interrupción de la prescripción, el Art. 1.206 del Código Civil francés —similar al Art. 1874 de nuestro Código Civil, supra— establece que “las acciones ejercidas contra uno de los deudores solidarios interrumpe la prescripción con respecto a todos ellos”. Código Civil Francés (Á. Núñez Iglesias, trad.), Madrid, Ed. Marcial Mons, 2005, pág. 552. Ahora bien, la doctrina francesa no aplica este artículo al ámbito extracontractual. Esto se debe principalmente a que la solidaridad clásica es explicada en Francia como una idea de representación mutua, que exige que todos estén animados por una voluntad común. Véase, Gómez Liguerre, op.cit., pág. 99. Ello no ocurre en los casos de responsabilidad in solidum. En éstos, como no existe una representación mutua debido a la ausencia de voluntad de los copartícipes a obligarse conjuntamente, la obligación que surge entre los cocausantes de un daño no es considerada equiparable en toda su extensión a una obligación solidaria propia. La exclusión de los efectos secundarios de la solidaridad de varios causantes de un daño extracontractual se justifica por la ausencia de una comunidad de intereses entre los coobligados. J. López Richart, Responsabilidad Personal e Individualizada, Madrid, Ed. Dikinson, 2003, pág. 40. No existe interés común ni mutua representación porque la obligación in solidum no surge de un acuerdo o pacto previo, sino de un evento no convencional. I. Sierra Gil de la Cuesta, Tratado de Responsabilidad Civil, España, Ed. Bosch, 2008, T. II, pág. 669. En suma, en el ámbito extracontractual la doctrina francesa considera que cuando coexisten varios causantes de un daño extracontractual surge una obligación in solidum en la cual no se producen los efectos secundarios de la solidaridad.Para que la parte lesionada pueda conservar su acción contra los alegados cocausantes, debe interrumpir la prescripción contra cada uno de ellos. Á. Cristóbal Montes, op. cit., pág. 38. C.

El Código Civil de España sigue el modelo del Código Civil francés y no contempla de forma expresa el supuesto obligacional que rige en casos de responsabilidad extracontractual de varios causantes de un daño. Á. Cristobal Montes, op. cit., pág. 29. El Art. 1.902 del Código Civil español —similar al Art. 1802 de nuestro Código Civil, supra— recoge la figura de la culpa extracontractual. Por su parte, el Art. 1.137 del Código Civil de España establece que la solidaridad no se presume. (12) Sin embargo, por interpretación judicial los cocausantes de un daño extracontractual responden solidariamente. Para la época en que resolvimos Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, la norma vigente en España contemplaba una solidaridad homogénea que aceptaba que la presentación oportuna de una demanda por parte de un agraviado contra un coautor solidario de daños y perjuicios, interrumpiera el término prescriptivo contra los que posteriormente fueran encontrados solidariamente responsables. Esto, pues no había distinción entre la solidaridad nacida del pacto y la solidaridad producto del daño ocasionado por varios autores. Según mencionamos, esta normativa fue abandonada en España. En su lugar, se incorporó la interpretación francesa dominante que admite una distinción entre la solidaridad propia y la impropia. De acuerdo a la norma moderna en España, la solidaridad es propia cuando su carácter se deriva de una norma legal o de un pacto convencional, y es impropia cuando nace de la sentencia. Véase S. 7 de junio de 2010, Núm. 521/2010.

La figura de la solidaridad impropia presentó “la solución a uno de los problemas que plantea la responsabilidad solidaria: la interrupción de la prescripción”. Gómez Liguerre, op. cit., pág. 129. Ello, debido a que la solidaridad impropia es una excepción a la norma de interrupción de la prescripción. La figura española es muy similar a la consolidada doctrina francesa in solidum, vigente desde el siglo XIX. C. Gómez Ligüerre, op. cit., pág. 125. Fue específicamente en la sentencia de 14 de marzo de 2003, S. de 14 de marzo de 2003, Núm. 3645/2003, que la jurisprudencia española integró la aludida distinción. Los hechos de esa sentencia son los siguientes. Un obrero demandó por daños y perjuicios a la empresa para la cual trabajaba, a la entidad promotora de la obra y al arquitecto director. Una sentencia absolvió a este último, y en el acto condenó a los dos primeros a indemnizar al perjudicado.Éste no pudo percibir la compensación debido a la insolvencia de los demandados y procedió a demandar al arquitecto técnico y a sus compañías aseguradoras. Los tribunales inferiores determinaron que la acción estaba prescrita porque el Art. 1.974 del Código Civil español no era de aplicación a esa causa de acción extracontractual. El Tribunal Supremo de España confirmó el dictamen luego de consultar a la Junta General de los Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual adoptó por amplia mayoría de votos el siguiente acuerdo:

El párrafo primero del artículo 1.974 del Código Civil únicamente contempla efecto interruptivo en el supuesto de las obligaciones solidarias en sentido propio cuando tal carácter deriva de norma legal o pacto convencional, sin que pueda extenderse al ámbito de responsabilidad extracontractual cuando son varios los condenados judicialmente. S. de 14 de marzo de 2003, Núm. 3645/2003. (Énfasis nuestro).

Como ha de observarse, en la actualidad la jurisprudencia española —al igual que la doctrina francesa— considera que el efecto interruptor de la prescripción que establece su Art. 1.974 aplica solamente a los casos de solidaridad propia. Véanse: Sentencia de 14 de marzo de 2003, Núm. 3645/2003; Sentencia de 4 de junio de 2007, Núm. 662/2007. Esto es, en el caso de España, cuando tal carácter surge del pacto o la ley. Íd. No obstante, la interrupción no se extiende a la solidaridad impropia debido a que ésta es inexistente hasta el momento que surge en virtud de una sentencia. Íd. Esta solidaridad no nace de un vínculo preexistente, sino del acto ilícito productor del daño, el cual obtiene su reconocimiento por medio de la sentencia que así lo declare. Íd. Por ello, los actos interruptores operan individualmente. “[S]i la solidaridad no nace sino de la sentencia, que es la llamada solidaridad impropia, la interrupción de la prescripción respecto a uno de los deudores no alcanza al otro, ya que no era deudor solidario y sólo lo fue desde la sentencia que así lo declaró, no antes”. S. de 4 de junio de 2007, Núm. 3645/2007; S. de 14 de marzo de 2003, Núm. 3612/2003.

Ya esta doctrina es una consolidada en España. S. de 19 de octubre de 2007, Núm. 1086/2007. Y ha sido aplicada de manera uniforme desde el 2003. Véanse: S. de 18 de julio de 2011, Núm. 545/2011; S. de 19 de octubre de 2007, Núm. 1086/2007; S. de 8 de mayo de 2007, Núm. 466/2007; S. de 5 de junio de 2003, Núm. 534/2003; S. de 23 de octubre de 2003, Núm. 979/2003. IV

Hemos examinado detenidamente la norma de Arroyo v. Hospital La Concepción, supra.En ese caso nos enfrentamos a la existencia de dos posibles interpretaciones sobre la solidaridad en nuestro ordenamiento jurídico. Una de ellas reiteraba el carácter homogéneo de la solidaridad y, en consecuencia, el reconocimiento en toda su extensión de sus efectos primarios y secundarios. La otra admitía una distinción entre la solidaridad propia y la impropia. Según esta última exégesis, los efectos primarios de la solidaridad quedarían intactos —que cada codeudor sea responsable de pagar la totalidad de la deuda—, pero no se reconocerían los efectos secundarios de la solidaridad —en este caso, que la interrupción del término prescriptivo contra un cocausante de un daño extracontractual interrumpiera a su vez, de forma indefinida, el término contra el resto de los cocausantes—.

Ante esa coyuntura, en Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, nos inclinamos por la apreciación de la doctrina española vigente en aquel entonces —y abandonada en esa jurisdicción hace casi una década— e interpretamos que de acuerdo al Art. 1874 de nuestro Código Civil, supra, cuyo primer párrafo dispone que “[l]a interrupción de la prescripción de acciones en las obligaciones solidarias aprovecha o perjudica por igual a todos los acreedores o deudores”, la presentación oportuna de una demanda por daños y perjuicios contra un cocausante solidario interrumpía el término prescriptivo contra todos los que fueran responsables de forma solidaria. No era la primera vez que suplíamos un vacío en la legislación sobre responsabilidad civil extracontractual, pues la propia responsabilidad solidaria de los cocausantes del daño no surge expresamente de la ley, sino de una interpretación judicial de las disposiciones de nuestro Código Civil. C.J. Irizarry Yunqué, Responsabilidad Civil Extracontractual, 6ta ed., [sin. l.], ed. del autor, 2007, pág. 343. Así, en Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, jurisprudencialmente interpretamos que en nuestro ordenamiento sólo había una obligación solidaria y rechazamos hacer una distinción entre la solidaridad perfecta y la imperfecta, y admitir a su vez los efectos que ello implicaba en cuanto a la interrupción del término prescriptivo. Hicimos lo anterior con el propósito de lograr un justo balance entre las fuerzas encontradas. Afirmamos en Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, que la norma allí adoptada “alcanza[ba] el mejor equilibrio entre todos los intereses”. Íd., pág. 608. Era la enunciación de una hipótesis por comprobarse. Dos decenios más tarde, el acervo de experiencias nos obliga a concluir que la norma allí pautada no alcanzó el equilibrio buscado. Efectivamente, luego de Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, reconocimos que esa norma le brinda en realidad mayor protección a la parte demandante. Véase, a manera de ejemplo, García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, supra, pág. 151.Y así lo sostienen los múltiples efectos de la normativa aplicada en la práctica. El demandante puede traer al pleito a otra persona como codemandada aun cuando le reclame fuera del término prescriptivo. De hecho, aunque conozca de antemano la identidad del alegado cocausante solidario no tiene que incluirlo en la demanda original. Véase García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, supra. El perjudicado ni siquiera tiene que alegar en esa demanda la solidaridad de los cocausantes, ya que puede hacerlo luego mediante una enmienda a la demanda. Íd. En esa enmienda sólo debe alegar que el nuevo demandado responde solidariamente por los daños reclamados al demandado original, contra quien presentó la demanda dentro del término prescriptivo dispuesto por el ordenamiento jurídico. De esa forma, aunque el demandante esté en posición de ejercitar su causa de acción contra el presunto cocausante solidario, no tiene límite alguno para así hacerlo. Esto, pues la norma de Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, proveyó un efecto interruptor automático e indefinido en perjuicio de todos los que pudieran ser solidariamente responsables del daño. Por su parte, el alegado cocausante solidario traído al pleito luego de varios años de instada la demanda original —seis años en este caso— ha de emplear, en no pocas ocasiones, copiosos esfuerzos para recordar con determinada certeza —si alguna— los eventos particulares que motivaron el reclamo en su contra. Debe encarar, además, la búsqueda acuciosa de documentos concebidos en ese momento histórico; asunto que se complica cuando éstos se encuentran en manos de terceros con los cuales se tiene poca o ninguna relación, o en manos de un tercero que ya no existe. Del mismo modo, mientras más discurra el tiempo hasta que finalmente sea incorporado como codemandado, mayor será la probabilidad de afrontar dificultades para encontrar testigos. Asimismo, el presunto cocausante solidario deberá incurrir en gastos asociados a un litigio que de otra forma estaría prescrito, debido a la brevedad del término en nuestro Código Civil para estas reclamaciones. Como ha de contemplarse, lejos de lograr un equilibrio entre los intereses opuestos, esta normativa desnivela la situación a favor de la parte reclamante. Como consecuencia de lo anterior, y pese al reconocimiento expreso y extenso de la figura sustantiva de la prescripción en los Arts. 1840 al 1874 de nuestro Código Civil, supra, la severidad que caracteriza a los términos prescriptivos disminuye considerablemente. Ello, a pesar de que la existencia de éstos se cimenta en la búsqueda de la estabilidad para las relaciones jurídicas y en fomentar la diligencia en la vindicación de los derechos. Adviértase nuevamente que la normativa sobre solidaridad en materia de responsabilidad extracontractual edificada en Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, no surge expresamente de nuestro Código Civil.Cuando éste alude a “las obligaciones solidarias” no especifica si estamos ante un supuesto de una sola obligación solidaria o de varias, y en ese último caso, de cuántas y cuáles en particular. Muy a pesar de tal ausencia, jurisprudencialmente le dimos preeminencia a la norma allí adoptada sobre la figura sustantiva de la prescripción, que sí está expresamente regulada en nuestro Código. El problema de la construcción de esa norma es que no alcanzó una solución que estuviera en armonía con el resto del ordenamiento jurídico. Su desenlace ha sido una institución de la prescripción socavada, pues una parte tiene el derecho eterno de reclamarle a otra por daños y perjuicios. Con igual peligrosidad, tal normativa tiene el lamentable efecto de premiar la inercia en la vindicación de un derecho y de fomentar el uso estratégico de la inacción, dado que el demandante puede seleccionar a su arbitrio el momento que le resulte más oportuno para incluir a una parte en el litigio.

Otro problema que enfrenta la interrupción automática y el diferimiento indefinido de la causa de acción es que el término prescriptivo limitado a un año para reclamaciones bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra, responde principalmente a la ausencia de relación jurídica previa entre el demandante y el demandado. La obligación por causar un daño extracontractual no surge del acuerdo entre las partes, por lo que no hay oportunidad alguna de negociar los términos de la obligación ni de consentir libremente, contrario a la relación contractual. De ahí el breve plazo dispuesto por el legislador. De ese modo se le otorgó un mínimo de certeza a una relación desprovista de ella. Ese mínimo de seguridad compensa de alguna forma la ausencia de conocimiento sobre el alcance de la obligación. Provee, pues, una ínfima salvaguarda que permite conservar un justo equilibrio entre las partes. Y no debe soslayarse. Por todo lo aquí intimado, adoptamos en nuestra jurisdicción la obligación in solidum en materia de prescripción de la causa de acción por responsabilidad civil extracontractual cuando coincide más de un causante. (13) Conforme a ésta, el perjudicado podrá recobrar de cada cocausante demandado la totalidad de la deuda que proceda, porque los efectos primarios de la solidaridad se mantienen. Pero deberá interrumpir la prescripción en relación a cada cocausante por separado, dentro del término de un año establecido por el Art. 1868 del Código Civil, supra, si interesa conservar su causa de acción contra cada uno de ellos. Esto no constituye una carga mayor para el perjudicado, pues solamente debe ejercer la misma diligencia requerida cuando le reclama a un autor del daño.De esta forma, la presentación oportuna de una demanda contra un presunto cocausante no interrumpe el término prescriptivo contra el resto de los alegados cocausantes, porque tal efecto secundario de la solidaridad no obra en la obligación in solidum. (14) Por lo tanto, el Art. 1874 del Código Civil, supra, no aplica a los casos de daños y perjuicios bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra. (15) Claro está, la norma hoy adoptada también es cónsona con la teoría cognoscitiva del daño, por lo que el término prescriptivo comienza a transcurrir cuando la parte perjudicada conoció o debió conocer, si hubiera empleado algún grado de diligencia, la existencia del daño y quién lo causó, así como los elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente su causa de acción. CSMPR v. Carlo Marrero et al., 182 D.P.R. 411, 425-426 (2011); COSSEC et al. v. González López et al., supra; Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 328 (2004); Santiago v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 181, 189 (2002). Por ello, si mediante el descubrimiento de prueba u otro medio el agraviado adviene en conocimiento de la existencia de otro coautor y del resto de los elementos necesarios para reclamarle, el término prescriptivo contra ese alegado cocausante comenzará a transcurrir en ese momento. Ello, pues un estatuto de prescripción cuyo efecto sea exigirle a la parte demandante que presente una causa acción antes de tener conocimiento de la existencia de ésta, viola el debido proceso de ley. COSSEC et al. v. González López et al., supra, págs. 821-822; Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 327; Vega v. J. Pérez & Cía, Inc., 135 D.P.R. 746, 754 (1994). De este modo armonizamos la normativa cuando son varios los causantes de un daño extracontractual con la teoría cognoscitiva del daño y con la figura sustantiva de la prescripción, a la vez que respetamos el mínimo de certidumbre concedido por el legislador para este tipo de relación. Al mismo tiempo, mediante la adopción de la solidaridad impropia resolvemos el problema de incertidumbre que presenta la pendencia indefinida de la causa de acción por responsabilidad civil extracontractual. La norma aquí pautada permite mantener a raya la peligrosa frontera donde la búsqueda de reparación de un daño no encuentra exigencia alguna de diligencia, muy a pesar del mandato expreso de las disposiciones de nuestro Código Civil. La diligencia en el reclamo de un derecho es imprescindible en el conjunto. Somos consientes de que la doctrina anterior es una consolidada, pero tal circunstancia no es óbice para armonizar nuestro ordenamiento jurídico y remediar una injusticia.Si bien la doctrina de stare decisis establece que un tribunal debe seguir sus decisiones en casos posteriores, ésta no llega al extremo de declarar que la opinión de un tribunal se convierta en un dogma que el Tribunal debe seguir ciegamente. Pueblo v. Díaz De León, 176 D.P.R. 913, 921 (2009); A. Railroad Co. V. Comisión Industrial, 61 D.P.R. 314, 326 (1943). Es por esto que cuando el razonamiento de una decisión ya no resiste un análisis cuidadoso no estamos obligados a seguirla. Arizona v. Gant, 556 U.S. 332, 348 (2009). De esta forma se permite el desarrollo consistente de principios legales. Pueblo v. Díaz De León, supra; Seminole Tribe of Florida v. Florida, 517 U.S. 44 (1996). V

La demanda del caso de autos fue presentada el 2 de mayo de 2002. Fueron seis largos años en que los demandantes contuvieron su reclamación contra el doctor Mestre Morera, a quien finalmente incorporaron en el pleito el 21 de mayo de 2008 mediante una demanda enmendada. Las propias declaraciones de la parte demandante ponen en manifiesto su conocimiento sobre la identidad y la participación del doctor Mestre Morera en el acontecimiento. La codemandante Fraguada Pérez testificó que se encontraba en la habitación de la señora Pérez, atenta al procedimiento que le realizaba la enfermera. Fue entonces cuando observó que la señora Pérez comenzó a toser, repetidamente. Ante el imprevisto, el doctor Mestre Morera y otro médico acudieron apresurados a la habitación. La propia codemandante les inquirió a los doctores que hicieran algo, mientras se mantenía firme al lado de su madre. Presenció la alegada discusión entre el doctor Mestre Morera y el otro galeno respecto a la ubicación del tubo nasogástrico en el pulmón de la paciente, y la advertencia que uno de éstos lanzó a su interlocutor sobre el peligro potencial de una embolia. La codemandante continuaba al lado de su madre y muy cerca de los médicos, quienes —según declaró— se ordenaban alternativamente retirar el tubo de la paciente. En ese instante, ante la mirada y presencia de la codemandante, el tubo fue apartado del interior de la señora Pérez. Precisamente, la presunta colocación equivocada del tubo nasogástrico y la alegada discusión del doctor Mestre Morera son las únicas dos razones por las cuales la parte demandante le reclama al galeno en la demanda enmendada que presentó seis años más tarde. Del testimonio de la codemandante vertido en una deposición surge claramente que desde el día del evento los demandantes conocían la identidad del médico y su alegada responsabilidad en la producción del alegado daño, el cual tuvo su momento culminante meses después con el fallecimiento de la señora Pérez.A pesar de estar al corriente de lo anterior, la parte demandante no incluyó al doctor Mestre Morera en su demanda original. Por el contrario, optó por hacerlo seis años después, actuación que demuestra su dejadez y abandono de esa reclamación. (16) Por lo tanto, bajo la norma hoy adoptada, la parte demandante debió reclamarle individualmente al doctor Mestre Morera como alegado cocausante solidario dentro del término prescriptivo de un año dispuesto en el Art. 1868 de nuestro Código Civil, supra, el cual comenzó a transcurrir tan pronto conoció el daño, la identidad del autor y los elementos necesarios para ejercitar su causa de acción. No obstante lo anterior, al evaluar los criterios establecidos para declarar la aplicación retroactiva o prospectiva de una determinación judicial —confianza depositada por los demandantes en la antigua norma; propósito que persigue la nueva regla para determinar si su retroactividad lo adelanta, y el efecto de la nueva normativa en la administración de la justicia— resolvemos que nuestra decisión debe tener efecto prospectivo. Véanse: Isla Verde Rental v. García, 165 D.P.R. 499, 505 (2005); Datiz v. Hospital Episcopal, 163 D.P.R. 10, 18 (2004); Gorbea Vallés v. Registrador, 131 D.P.R. 10, 16 (1992); Correa Vélez v. Carrasquillo, 103 D.P.R. 912, 918 (1975). Ello porque ésta es de nuevo cuño y la aplicación de dicha norma al presente caso conllevaría resultados sustancialmente injustos para los recurridos, quienes confiaron en la norma anterior que quedó desplazada por la nueva norma que hoy implantamos. Consideraciones de política pública y orden social nos mueven a que esta nueva norma tenga efectos prospectivos, pues el objetivo que se persigue es conceder remedios justos y equitativos que respondan a la mejor convivencia social. López v. Porrata Doria, 169 D.P.R. 135, 169 (2006); Isla Verde Rental v. García, supra. En lo sucesivo, toda causa de acción instada según el Art. 1802 del Código Civil, supra, será juzgada de acuerdo a la normativa aquí intimada. VI

Por todo lo cual, expedimos el auto de certiorari y revocamos la norma de Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, en cuanto a la interrupción del término prescriptivo en reclamaciones bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra, cuando son varios los causantes de un daño extracontractual, así como cualquier otro pronunciamiento incompatible con lo aquí resuelto. Además, expedimos el recurso de certiorari presentado, le impartimos carácter prospectivo a la norma adoptada y, en consecuencia, confirmamos la resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones. Devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos. Se dictará sentencia de conformidad.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 13 de agosto de 2012.Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se expide el auto de certiorari y se revoca la norma de Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, en cuanto a la interrupción del término prescriptivo en reclamaciones bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra, cuando son varios los causantes de un daño extracontractual, así como cualquier otro pronunciamiento incompatible con lo aquí resuelto. Además, expedimos el recurso de certiorari presentado, le impartimos carácter prospectivo a la norma adoptada y, en consecuencia, confirmamos la resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones. Devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos. Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco disiente con opinión escrita, a la cual se unen los Jueces Asociados señores Rivera García y Feliberti Cintrón.

La Jueza Asociada señora Fiol Matta hace la siguiente expresión:

“La Jueza Asociada señora Fiol Matta disiente de la decisión del Tribunal que revoca la norma pautada en Arroyo v. Hospital la Concepción, 130 D.P.R. 596 (1992). Las Opiniones en Arroyo y en García Pérez v. Corp. Serv. Mujeres, 174 D.P.R. 138 (2008), así como la Opinión Disidente en este caso de la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el artículo del profesor José Julián Álvarez González “Responsabilidad Civil Extracontractual”, 78 Rev. Jur. U.P.R. 457, 473 (2009), explican las razones por las que no debe adoptarse en nuestra jurisdicción la doctrina in solidum.

Coincido con la Opinión mayoritaria en las dificultades que presenta el que un potencial co-demandado sea traído a un pleito años después de instarse el mismo, como co-causante solidario del daño alegado, porque la demanda original interrumpió los términos prescriptivos para todos los co-causantes. Sin embargo, la norma adoptada en Arroyo permitía que se atendiera este problema adecuadamente, pues no impedía en lo absoluto que se consideraran, bajo la doctrina de incuria, aquellas circunstancias extraordinarias, como las de autos, en las que un demandante se cruza de brazos y no es diligente en averiguar la identidad de otros posibles co-causantes del daño o, de conocerlos, traerlos al pleito. Para ello, no hacía falta recurrir a la doctrina in solidum y dividir la solidaridad extracontractual entre efectos primarios y secundarios. Lo que correspondía era descartar una aplicación inflexible de la norma de Arroyo y atemperarla para atender situaciones como la de autos sin tener que revocar veinte años de precedentes y adoptar una nueva interpretación del Código Civil.El resultado en este caso hubiera sido, sin duda, la desestimación de la demanda, no por la aplicación de la nueva doctrina, sino porque el demandante incurrió en incuria al cruzarse de brazos y no enmendar la demanda cuando conoció la identidad de los co-causantes.

Me preocupa que la nueva norma cause más problemas de los que resuelve y produzca situaciones en las que una víctima sea innecesariamente perjudicada. Creo que la Opinión del Tribunal reconoce parcialmente esta realidad y, por eso, se ve obligada a establecer numerosas salvaguardas, creando así un esquema innecesariamente confuso y complicado. Bajo Arroyo, nuestro ordenamiento daba prioridad a la reparación del daño sufrido por la víctima, mientras protegía a los demandados en casos de dejadez y falta de diligencia por parte de los demandantes. Ahora, para proteger a los potenciales co-demandados traídos tardíamente a los pleitos, se priva a las víctimas de una de las principales herramientas para intentar resarcir sus daños: la interrupción simultánea de los términos prescriptivos para todos los co-causantes solidarios, sujeto, claro está, a normas básicas de derecho, entre ellas la diligencia. Temo que la consecuencia inevitable de esta decisión sea la adopción eventual de una norma de mancomunidad para los casos de responsabilidad civil extracontractual, dejando sin efecto casi un siglo de precedentes de interpretación estatutaria que no ha sido alterado por la Asamblea Legislativa.

Comparto muchas de las preocupaciones de la Opinión mayoritaria. Sin duda, una aplicación inflexible de la norma de Arroyo podría producir situaciones patentemente injustas para algunos potenciales demandados que quedarían sujetos a que algunos demandantes que se crucen de brazos confiando en que la demanda contra un co-causante interrumpe perpetuamente los términos prescriptivos contra los demás. Pero esto se puede atender sin trastocar la norma hasta ahora vigente. Por eso difiero, muy respetuosamente, de la solución adoptada.”

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

OPINIóN DISIDENTE EMITIDA POR LA JUEZA ASOCIADA SEñORA PABÓN CHARNECO A LA QUE SE UNE EL JUEZ ASOCIADO SEñOR RIVERA GARCÍA Y EL JUEZ ASOCIADO SEñOR FELIBERTI CINTRÓN.

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de agosto de 2012.

Disiento respetuosamente de la Opinión mayoritaria. Esta lleva a cabo un cambio normativo de carácter regresivo en el campo de la responsabilidad civil extracontractual al adoptar parcialmente la Doctrina de las Obligaciones In Solidum. (17) De esta forma, la Opinión introduce un tertium genus entre las obligaciones mancomunadas y solidarias que no reconoce nuestro ordenamiento. (18) A su vez, descarta sin más una jurisprudencia consolidada con el fin de limitar el término prescriptivo para los cocausantes de un daño que no fueron traídos al pleito dentro de la Demanda original.Ciertamente, en ocasiones el acreedor del daño omite demandar a uno de los cocausantes por un periodo prolongado -a pesar de conocer su identidad- y durante el transcurso del pleito enmienda la Demanda para incluirlo. Esta situación que en principio se ajusta a la letra de la ley, puede percibirse como el abuso en el ejercicio anormal del derecho cuando afecte la defensa de esos cocausantes, así como la efectiva economía judicial. No cabe duda de que nuestro ordenamiento jurídico provee las herramientas para lidiar con las dificultades que este tipo de práctica pueda conllevar sin necesidad de acudir a una doctrina que no se ajusta a nuestro sistema. Examinemos brevemente los hechos que dieron génesis a la presente controversia.

I

El 2 de mayo de 2002, la parte recurrida (integrada por el Sr. Daniel Fraguada Bonilla, el Sr. Héctor L. Fraguada Pérez, la Sra. Ana Hilda Fraguada Pérez, la Sra. María de los Ángeles Fraguada Pérez, el Sr. Carlos Daniel Fraguada Pérez y el Sr. Ángel G. Osorio Fraguada) presentó una Demanda de daños y perjuicios contra el Hospital Auxilio Mutuo, el Dr. Manuel Anguita Alvarado y otros dos (2) galenos desconocidos. En síntesis, alegó negligencia en el tratamiento médico de la Sra. Hilda Pérez, quien falleciera el 1 de julio de 2000. Además, en la Demanda hizo la salvedad de “que al momento de la presentación de esta demanda no se conoc[ían] todos los detalles relacionados a los hechos y la misma se radica[ba] con el propósito de interrumpir el término prescriptivo”. (19) El 25 de octubre de 2006, el foro primario emitió una Sentencia Parcial por Estipulación Enmendada mediante la cual aprobó la transacción y relevó de la reclamación al Hospital Auxilio Mutuo. (20) Así las cosas, en abril de 2008, la parte recurrida solicitó autorización para enmendar la Demanda e indicó que como producto de su acción en la etapa investigativa de la prueba surgió información de otros dos (2) doctores que fueron negligentes en el tratamiento de la Sra. Pérez. El 14 de abril de 2008 la parte recurrida enmendó la Demanda para incluir como codemandados al Dr. Octavio Mestre Morera (en adelante doctor Mestre Morera o peticionario) y al Dr. Noel Totti. Por su parte, el doctor Mestre Morera presentó en su Contestación a la Demanda la defensa afirmativa de prescripción el 10 de febrero de 2009. Particularmente indicó que:

La causa de acción que se intenta ejercer en contra del compareciente está prescrita. Nuestro ordenamiento vigente promueve la diligencia en el ejercicio de los derechos y penaliza la incuria. La presentación de la demanda enmendada que nos ocupa para incluir al compareciente seis años después de la presentación de la demanda original denota una falta crasa de diligencia por la parte demandante.(Énfasis en original). Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 84.

El 14 de abril de 2009, el peticionario presentó una Moción Solicitando Sentencia Sumaria por el Fundamento de Prescripción. (21) En esta indicó que surgía de una deposición tomada el 11 de junio de 2005 a la codemandante María de los Ángeles Fraguada que la parte recurrida conocía que el Dr. Mestre Morera había intervenido en el tratamiento de la Sra. Pérez. Añadió que ya para esa fecha la parte recurrida contaba con un informe pericial al respecto. (22) Por lo tanto, solicitó la desestimación de la causa de acción ante la falta de diligencia de la parte demandante de ejercitar su acción, pues ya habían trascurrido tres (3) años desde que la parte demandante contaba con la información necesaria. Por otro lado, la parte recurrida indicó que la presentación de la Demanda original había interrumpido el término prescriptivo en cuanto a los demás cocausantes solidarios y que estos podían ser incluidos al pleito mediante Demanda Enmendada de conformidad con el derecho vigente. Esta solicitud fue declarada No Ha Lugar el 9 de julio de 2009.

Tras la presentación de una oportuna Moción de Reconsideración que fuera declarada sin lugar por el tribunal de instancia, el peticionario instó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Este fue denegado. Inconforme, el peticionario recurre ante nos y señala el error siguiente:

Erró el Tribunal de Apelaciones al aplicar la doctrina de la solidaridad entre alegados cocausantes solidarios sin tomar en consideración el planteamiento de incuria argumentado por el compareciente para sostener que en el presente caso la parte demandante no debe beneficiarse de las condiciones liberales de la prescripción, considerando que los hechos por los cuales se le reclama al compareciente ocurrieron ocho años antes de la presentación de la demanda enmendada con la cual se le incluyó en el litigio y que conforme a la teoría cognoscitiva del daño la parte demandante contó con todos los elementos necesarios para reclamarle al Dr. Mestre Morera tres años antes de la radicación de la demanda enmendada.

II

A.

La responsabilidad civil extracontractual se cimenta esencialmente en el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141. Este artículo prescribe, en lo pertinente, que: “[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. A su vez, el Art. 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5298, dispone de un término prescriptivo de un (1) año para estas acciones.Este comienza a transcurrir cuando la parte perjudicada descubrió o pudo descubrir el daño, su causante, así como los elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente su causa de acción. (23) Art. 1869 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5299. Véanse además, COSSEC et al. v. González López et al., 179 D.P.R. 793, 806 (2010), Ojeda v. El Vocero, 137 D.P.R. 315, 325 (1994). Esto, pues, el transcurso del tiempo conlleva la pérdida del ejercicio de los derechos de forma que se evite la incertidumbre de las relaciones jurídicas y se castigue la inacción de los titulares en el ejercicio de sus derechos. García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 D.P.R. 138, 147 (2008). Por lo tanto, debe ser interrumpido en conformidad con el Art. 1873 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5303.

A pesar de estas normas, constantemente se presentan nuevas cuestiones que requieren un mayor análisis e interpretación de estas para dar respuesta a las nuevas situaciones que continuamente surgen en ese campo. Una situación frecuente es la pluralidad de posibles causantes de un daño cuyo régimen jurídico no está expresamente determinado en nuestro Código Civil. Esto, a su vez, genera múltiples dificultades sustantivas y procesales. Examinemos como hemos atendido las situaciones de pluralidad de responsables del daño.

B.

Ante múltiples causantes de un daño mediando culpa o negligencia, no cabe duda de que cada uno está obligado a reparar el daño causado. Cubano v. Jiménez et al., 32 D.P.R. 167 (1923). No obstante, una de las dificultades que enfrentamos debido a las escuetas expresiones del Código Civil, sin que conlleve un obstáculo insuperable, es si la obligación de reparar el daño entre cocausantes es mancomunada o solidaria. Nuestro Código – al igual que el Código Civil Español- no señala expresamente esta distinción a diferencia de la mayor parte de los Códigos Civiles extranjeros. (24)

Como es sabido, las obligaciones con pluralidad de sujetos pueden ser mancomunadas o solidarias. En principio, el Art. 1090 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3101, dispone que ante la concurrencia de dos (2) o más deudores o de dos (2) o más acreedores, la solidaridad no se presume sino la mancomunidad. Es decir, el crédito o la deuda se presume divido en tantas partes iguales como acreedores o deudores haya, considerándose créditos o deudas distintos unos de otros cuando del texto de la obligación no resulta otra cosa. Art. 1091 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3102.Esto dado que la solidaridad entre los deudores agrava la carga que la deuda representa al ser posible que uno de los deudores satisfaga su deuda y la ajena ante la insolvencia de los coobligados. Arroyo v. Hospital La Concepción, 130 D.P.R. 596, 602 (1992). Como explicaremos más adelante, ya hemos definido que el Art. 1090 del Código Civil es solo de aplicación en el régimen contractual; interpretación que tampoco es contradicha por la Opinión mayoritaria. (25)

Por otro lado, se entiende por obligación solidaria

aquella en la que concurren varios acreedores (solidaridad activa) o varios deudores (solidaridad pasiva), o varios acreedores y al mismo tiempo varios deudores (solidaridad mixta), y en que cada acreedor tiene derecho a pedir, y cada deudor tiene la obligación o deber de realizar íntegramente, la prestación debida. Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, pág. 600. En los casos en que el deudor solidario pague la totalidad de la prestación se extingue la obligación, pues el acreedor solo tiene derecho a recibirla una sola vez. No obstante, este podrá recobrar de los demás lo que ha pagado en exceso. Art. 1098 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3109. A contrario sensu, cuando el acreedor no logre cobrar la deuda por completo mediante la reclamación entablada contra uno (1) o varios de los deudores, este podrá dirigirse posteriormente contra los restantes. Art. 1097 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3108. Con el pasar del tiempo y tras un cuidadoso análisis, hemos desarrollado una consolidada jurisprudencia en la que se precisa que el régimen jurídico en los casos de pluralidad de causantes de un daño indivisible es la solidaridad. (26) Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, págs. 604-605; García v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R. 138, 145 (1951); García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, supra. A pesar de expresiones previas en Cubano v. Jiménez et al., supra, y García v. Gobierno de la Capital, supra, fue en Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, que aclaramos que la presunción de no solidaridad del Art. 1090 no aplica en materia de responsabilidad extracontractual. Esto porque los razonamientos de la aplicabilidad del Art. 1090 en el ámbito contractual son distintos. Al respecto, indicamos que “no es la voluntad de las partes la que crea la obligación, sino ella surge de una manera unilateral, en virtud de un acto realizado libremente por una persona en relación con otra; y la ley da eficacia y sanciona la obligación natural de reparar los perjuicios invocados”. (Énfasis en original suprimido). Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, pág. 602, citando a A. Borell Macía, Responsabilidades Derivadas de Culpa Extracontractual Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1958, pág 319.Además, en estos casos la obligación emana del propio Art. 1802 que requiere al obligado reparar el daño causado. (27) Es por ello que adoptamos la interpretación de la doctrina mayoritaria, y en ese entonces en la jurisprudencia española, en cuanto a que existe solidaridad legal al amparo del Art. 1802 cuando dos (2) o más causan un daño único e indivisible. Véase, H.M. Brau, El término Prescriptivo y su Interrupción en Acciones en Daños por Responsabilidad Extracontractual Solidaria en el Derecho Puertorriqueño, 44 (Núm. 2) Rev. C. Abo. P.R. 203, 204-205 (1983). De esta forma se aumenta la garantía del lesionado y se le protege con más eficacia de forma que pueda recibir la reparación íntegra en caso de la insolvencia de cualquiera de los causantes. (28) A tenor con estos principios, también establecimos que dicha “solidaridad legal” tiene las mismas consecuencias que en el ámbito contractual. Al adoptarse la solidaridad entre los corresponsables de un mismo daño, debe de ser con todos sus efectos, pues no se justifica en nuestro Código Civil distintos tipos de solidaridad. Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, pág. 606. Véanse, J.J. Álvarez González, Responsabilidad Civil Extracontractual, 78 (Núm. 2) Rev. Jur. U.P.R. 457, 504-505 (2009); L.F. Reglero Campos, La Prescripción de la Acción de Reclamación de Daños, en Tratado de Responsabilidad Civil, Tomo I, Ed. Aranzadi, 2008, T.I, pág. 1280; M. Albaladejo García, Interrupción o No de la Prescripción Frente a Todos los Deudores Solidarios por Reclamación a Uno Solo: Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de Marzo de 2003, Rev. Der. Priv. 553 (2003); A. Cristobal Montes, Mancomunidad o Solidaridad en la Responsabilidad Plural por Acto Ilícito Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1985, pág. 42. Como parte de estos efectos, la interrupción de la prescripción contra uno perjudica a los demás en conformidad con el Art. 1874 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5304. Rivera Otero v. Casco Sales Co., 115 D.P.R. 662 (1984). Específicamente resolvimos que(29) la doctrina de la solidaridad [consagrada en García v. Gobierno de la Capital, supra,] permite traer a juicio instado a tiempo, a un [cocausante] solidario que originalmente no fue [i]ncluido en el pleito … a través de demanda contra tercero por parte del demandado origina[l o] por enmienda a la demanda por parte del demandante …. [So]lo se requiere alegar bien y suficientemente en la demanda -el hecho que el nuevo demandado, o tercero demandado, según los casos, responde solidariamente por los daños reclamados con el demandado original, contra quien se radicó demanda dentro del término prescriptivo dispuesto por el ordenamiento…. (Énfasis en original). Arroyo v.Hospital La Concepción, supra, págs. 607-608, citando a H.M. Brau, op. cit., pág. 243. Véanse además, García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, supra, pág. 155.

Al respecto, la Opinión mayoritaria reitera que “la no presunción de solidaridad”, no aplica en materia de responsabilidad extracontractual. (30) Sin embargo, elimina el tratamiento homogéneo de la solidaridad de conformidad con lo pautado por el propio Código Civil, o por lo menos parcialmente al adoptar dicha doctrina solo en cuanto a la prescripción. De esta forma crea unos efectos hasta entonces desconocidos por nuestro ordenamiento jurídico y que corresponde a la Asamblea Legislativa adoptar. Para ello, abraza la Doctrina de las Obligaciones In Solidum, según explica, para “armoniza[r] la normativa cuando son varios los causantes de un daño extracontractual con la teoría cognoscitiva del daño y con la figura sustantiva de la prescripción a la vez que respetamos el mínimo de certidumbre concedido por el legislador para este tipo de relación”. (31) Por lo tanto, examinemos lo que esta doctrina sostiene.

C.

Ante la regla general de que la solidaridad no se presume, la doctrina francesa ha desarrollado convenientemente la Doctrina de las Obligaciones In Solidum. Con ella se intenta justificar el que cada uno de los responsables esté obligado a pagar la totalidad de la deuda sin algunos de sus efectos, entre ellos: la prescripción, la oponibilidad de cosa juzgada frente a otros deudores y la apelación, entre otros. (32) Para ello distingue entre dos (2) tipos de solidaridad en el ámbito de la solidaridad pasiva: la solidaridad perfecta e imperfecta; distinciones que no contiene nuestro Código Civil. (33)

Para explicar esta distinción, la Opinión mayoritaria toma prestada la definición de obligaciones in solidum que ofrece José Ricardo León Alonso. “La solidaridad es perfecta cuando existe entre varias personas unidas por un interés común, que tienen entre sí relaciones frecuentes o se conocen”, pero es “imperfecta cuando la Ley la establece entre personas que no se conocen, que no son sino codeudores accidentales o cuando sus relaciones son esporádicas”. (34) Véase, J.R. León Alonso, La Categoría de la Obligación In Solidum, Sevilla, Pub. de la Universidad de Sevilla, 1978, págs. 32-33, citando a Mourlon, Repetitions Écrites Sur le Code Civil, Paris, T.III, 1896, núm 1.260. Como claramente resume la Prof. Virginia Múrtula Lafuente, la Doctrina de las Obligaciones In Solidum:…se basa en que determinados casos de pluralidad de deudores, aunque cada uno de ellos responda por entero, su responsabilidad es autónoma de la de los otros, ya que el vínculo del que la misma deriva es un vínculo independiente, que ha nacido por sí solo (parte, pues, del principio de equivalencia de causas -todos aquellos que han participado en el hecho dañoso deben ser considerados autores del hecho-). A diferencia de las obligaciones solidarias, donde cada deudor debe la misma prestación, en las obligaciones in solidum se adeuda idénticas prestaciones. Con ello se trata de evitar determinadas consecuencias propias de la solidaridad pasiva. Así, la parte lesionada para conservar su acción contra cada uno de los coautores, deberá de interrumpir la prescripción en relación a cada uno de ellos; la sentencia que obtenga frente a uno no será oponible a los otros; y la apelación interpuesta por uno contra una sentencia común no aprovechará a los demás. No obstante, se le reconocen efectos comunes a la obligación solidaria: el acreedor puede reclamar la prestación íntegramente a cualquiera de los deudores y el pago realizado por uno de ellos libera a todos. V. Múrtula Lafuente, La Responsabilidad Civil por los Daños Causados por un Miembro Indeterminado de un Grupo, Madrid, Ed. Dykinson, 2005, págs. 103-104.

Esta doctrina fue aceptada por la jurisprudencia española. Mediante la Sentencia de 14 de marzo de 2003, el Tribunal Supremo español examinó el recurso presentado. En ese caso el demandante sufrió un grave accidente laboral mientras trabajaba en una obra de construcción. Este presentó Demanda en reclamación de indemnización por el daño contra la empresa para la que trabajaba, el promotor de la obra y el arquitecto. No obstante, ya recaída la Sentencia y debido a la insolvencia de los condenados, formuló una nueva Demanda contra el arquitecto técnico y dos (2) compañías aseguradoras. La Demanda fue desestimada por prescripción. La Sentencia indica que: la doctrina ha reconocido junto a la ‘solidaridad propia’… otra modalidad de la solidaridad llamada ‘impropia’ u obligaciones ‘in solidum’ que dimanan de la naturaleza del ilícito y de la pluralidad de sujetos que hayan concurrido a su producción, y que surge cuando no resulta posible individualizar las respectivas responsabilidades. A esta última especie de solidaridad no son aplicables todas las reglas prevenidas para la solidaridad propia, y en especial no cabe que se tome en consideración el art. 1.974 del Código civil en su párrafo primero… [Al hacer referencia a la sentencia de 21 de octubre de 2002, añade que] la fuente de donde nace la solidaridad… es la sentencia, y que no existe con anterioridad. (35) S. de 14 de marzo de 2003, Núm. 223/2003.No obstante, la doctrina continúa descartando las obligaciones in solidum, pues el Ordenamiento Jurídico divide a las obligaciones con pluralidad de sujetos en mancomunadas y solidarias, y en vista de ello establece su régimen jurídico. Véanse, V. Múrtula Lafuente, op. cit, pág. 104, M. Martín-Casals y J. Solé, Multiple Tortfeasors under Spanish Law en: W.V.H. Rgers, Unification of Tort Law: Multiple Tortfeasors, The Hague, Ed. Kluwer Law International, 2004, pág. 193.

III

El que la doctrina de las obligaciones in solidum haya sido adoptada en España, no desmerece el que nuestro ordenamiento reconozca solamente un tipo de solidaridad. En vista de ello, todavía son válidas y correctas las razones por las que interpretamos que las obligaciones surgidas por el daño causado por una pluralidad de causantes es solidaria, con todos los efectos que la solidaridad conlleva. En esencia, no se introducen distinciones que no encuentran justificación en el Código Civil, se aumenta la garantía del lesionado para que reciba la reparación íntegra de su daño, y se abona a la efectiva economía judicial. De igual forma, al incluir mediante Demanda Enmendada a un codeudor no traído al pleito originalmente se mejora la posición del cocausante solidario a quien podría dificultársele su defensa por el transcurso del tiempo. Sin embargo, esto no elimina una inquietud de considerable importancia: ¿es que no existe limite temporal para que el acreedor incluya mediante Demanda Enmendada a un cocausante del daño del que conoce su identidad, así como todos los elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente la causa de acción? Ciertamente, es una prerrogativa del acreedor presentar una Demanda contra uno o todos los cocausantes ya sea bajo nuestro ordenamiento jurídico vigente como bajo la propuesta Doctrina de Obligaciones In Solidum. El Art. 1097 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3108, expresa que:

[e]l acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda por completo. Del artículo se deducen las opciones para que el acreedor dirija su acción, ya sea (1) contra todos los codeudores, (2) contra algunos de ellos, (3) contra uno solo, o (4) contra uno y después contra otros hasta que cobre la totalidad de la deuda, pues solo el pago de la deuda en su totalidad, libera a todos los codeudores. Art. 1098 del Código Civil, supra. Además, hemos reconocido que la Doctrina de Solidaridad permite también traer a un pleito instado a tiempo a un cocausante que originalmente no fue incluido a través de una enmienda a la Demanda. Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, págs. 607-608.Sin embargo, este derecho no es absoluto ni ilimitado. Al respecto, Luis Puig y Ferriol nos ilustra con las expresiones siguientes:

[H]a de pensarse que son posibles en el sistema del Código las sucesivas reclamaciones judiciales en tanto el interés del acreedor no haya quedado enteramente satisfecho, y sin que, por otra parte, se imponga al acreedor notificar a los codeudores los distintos procedimientos que entable, lo cual quizás pudiera constituir una medida de sana prudencia, con el fin de evitar gastos inútiles. En todo caso cabe conjurar algunos de estos inconvenientes conjugando este ius variandi del acreedor ex artículo 1.144 C. c. con el principio de la buena fe (cfr. Arts. 7-1 y 1.258 C. c.) y con la condena del abuso del derecho (art. 7-2 C. c.), (36) como quizás se daría en el caso de sucesivos litigios instados por el acreedor con el único fin de acumular gastos judiciales o eventuales condenas en costas. (Énfasis suplido). L. Puig y Ferriol, Régimen Jurídico de la Solidaridad de Deudores, en Libro-Homenaje a Ramón M.a Roca Sastre, Madrid, Gráficas Cóndor, V.I, 1976, pág. 457. De igual forma, en Puerto Rico hemos reconocido el principio de que los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. Soriano Tavárez v. Rivera Anaya, 108 D.P.R. 663, 670 (1979). Asimismo, hemos indicado que la ley no ampara el abuso del derecho o su ejercicio antisocial. Íd. Es decir, el ejercicio de todo derecho debe ser razonable sin que conlleve la ruptura de la ordenada convivencia social, ya sea en su vertiente subjetiva (por el ejercicio del derecho con la intención de dañar, o sin verdadero interés) u objetiva (cuando el titular excede manifiestamente los límites impuestos por la buena fe o por el fin social o económico de ese derecho). Id., págs. 670-671. Véase además, J. Roca, Art. 7.2 en Comentarios a las Reformas del Código Civil: El Nuevo Título Preliminar y la Ley de 2 de mayo de 1975, V. I, Madrid, Ed. Tecnos, pág. 375. Además, el comportamiento conforme a la buena fe es precepto general que abarca toda actividad jurídica y se extiende a la totalidad del ordenamiento jurídico. Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 D.P.R. 585 (1981). Por lo tanto, nuestro ordenamiento provee vías para sancionar la diligencia y evitar conductas excesivas. Una de ellas es el principio del abuso del derecho. (37) El fin social y económico de autorizar las enmiendas a la Demanda es proveer mayores garantías para que la persona afectada obtenga la reparación de todo el daño causado, así como propender a una eficiente economía judicial. No obstante, la víctima tiene que ejercitarlo de forma razonable y justa, y no despreocupada.Por lo tanto, de entenderse que hubo abuso del derecho por el juzgador, debe admitirse la adopción de medidas judiciales, tales como la desestimación de la Demanda en cuanto a ese codeudor. (38) En estos casos, el exceso se traduce en afectar el equilibrio entre todos los intereses, particularmente la defensa de los demandados, así como la economía procesal; razones por las que hemos concluido que aplica el régimen jurídico de la solidaridad con todos sus efectos a este tipo de casos. Por lo tanto, no existe el tan aclamado “derecho eterno” que la Opinión mayoritaria comenta. A contrario sensu, podemos considerar abusivo cuando ya presentada la Demanda el acreedor la enmienda para incluir a un cocausante pasado un término irrazonable desde que tuvo conocimiento de su identidad y otros elementos necesarios. Esto salvo cuando la tardanza surge de acciones u omisiones atribuibles al cocausante. Al respecto, la Asamblea Legislativa ya ha determinado como razonable el término de un año. Sin embargo, corresponde al codeudor alegar tal abuso del derecho y señalar los hechos de los que se desprende.

Cónsono con lo anterior, el que una doctrina esté consolidada no elimina el que pueda ser mejorada o que responda más eficientemente a los retos de una sociedad cambiante. Nuestro ordenamiento jurídico provee la claridad y seguridad necesaria para atender las consecuencias de una obligación surgida por múltiples causantes de un daño. Por lo tanto, no tenemos que recurrir a confecciones de otras jurisdicciones. Hacer distinciones que el Código Civil no provee, tales como reconocer la existencia de dos (2) tipos de obligaciones solidarias – perfectas e imperfectas- para poder seleccionar entre unos efectos y descartar otros, en nada contribuye a la seguridad jurídica de las partes. Por lo tanto, no nos podemos amparar en la idea de que se alcanza la armonía del ordenamiento jurídico a través de la introducción parcial de una figura que no es reconocida en este. IV

En el caso de autos la parte recurrida interrumpió el término prescriptivo de un (1) año mediante reclamación judicial. A su vez, hizo la salvedad de que al momento no conocía todos los detalles relacionados a los hechos. Por ello, demandó también a dos (2) galenos desconocidos. Sin embargo, durante el transcurso del proceso tuvo conocimiento de los nombres de otros doctores que intervinieron con la Sra. Hilda Pérez, entre ellos el Dr. Mestre Morera, y un informe pericial que imputaba faltas en el diagnóstico y tratamiento que ofrecieron. Empero, transcurrieron más de tres (3) años desde que la parte recurrida tuvo conocimiento de todos los elementos y trajo al pleito al Dr. Mestre Morera. Por otra parte, el peticionario alegó y justificó ante el foro de instancia el exceso incurrido por la parte recurrida.Cónsono con lo expresado, la tardanza de la parte recurrida es excesiva y no es acorde con la finalidad de autorizar las enmiendas a la Demanda. Tampoco puede atribuirse esta tardanza a las acciones u omisiones del peticionario. V

Por los argumentos antes expresados, disiento de la Opinión mayoritaria. En cambio, exhortaría a las víctimas de un daño a presentar prontamente su acción contra aquellos causantes tras conocer de su identidad, si es su interés tener mayores garantías de obtener una indemnización completa. De otra forma corre el riesgo de que se considere su omisión como una actitud abusiva en cuanto a este.

Mildred G. Pabón Charneco

Jueza Asociada

Notas al calce: (1) Los familiares demandantes son los siguientes: el Sr. Daniel Fraguada Bonilla, el Sr. Héctor L. Fraguada Pérez, la Sra. Ana Hilda Fraguada Pérez, la Sra. María de los Ángeles Fraguada Pérez, el Sr. Carlos Daniel Fraguada Pérez y el Sr. Ángel G. Osorio Fraguada.

(2) Es necesario aclarar que en el caso ante nos no es de aplicación la Regla 15.4 de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III R. 15.4, sobre parte demandada de nombre desconocido. Como es sabido, el solo hecho de incluir en una demanda la mención de un nombre ficticio para un demandado no hace que sea de aplicación automática la Regla 15.4, supra. Esta regla exige que se exponga la reclamación específica y que se conozca la identidad del demandado. Al examinar la alegación incluida en la demanda nos percatamos que es una en extremo sucinta; no se expuso una reclamación de manera específica como requiere la Regla 15.4, supra. Estamos ante una situación de demandado desconocido, por lo que no es de aplicación la citada regla. Aun en el supuesto de que nos encontráramos ante un caso de demandado de nombre desconocido, los demandantes no cumplieron con la exigencia de la Regla 15.4, supra, de realizar la enmienda correspondiente con toda prontitud al descubrirse el nombre verdadero.

(3) El 18 de mayo de 2006 se concretó un acuerdo de transacción. Los demandantes convinieron desistir de la reclamación en cuanto al Hospital Auxilio Mutuo y éste se obligó a pagarles $70,000. El 25 de octubre de 2006 el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia parcial mediante la cual dispuso del asunto según el acuerdo transaccional habido entre estas partes.

(4) En esta solicitud, la parte demandante alegó que como producto del descubrimiento de prueba había surgido información de que los mencionados doctores habían sido negligentes en el tratamiento médico brindado a la señora Pérez.La solicitud realizada en el 2008 para enmendar la demanda no fue una de sustitución o de indicación de nombres de demandados de nombres desconocidos, sino que fue a los fines de traer al pleito unos nuevos demandados. Además, en la demanda enmendada de 2008 permaneció la alegación de responsabilidad de los demandados Jonh Doe y Richard Roe que se había incluido en la demanda inicial. (5) La alegación sobre el conocimiento de los demandantes de la identidad de los galenos tiene como fundamento una deposición tomada a la codemandante, Sra. María de los Ángeles Fraguada Pérez, el 11 de julio de 2005, Apéndice, pág. 101. En ésta, la señora Fraguada Pérez —hija de la señora Pérez— hizo una relación cronológica y detallada de lo sucedido según su percepción. En específico, testificó que el día de los alegados hechos los doctores Mestre Morera y Totti llegaron a la habitación de la señora Pérez después de que ella le pidiera a la enfermera que consiguiera a un médico, porque su madre comenzó a toser luego de que le echaran un líquido a través del tubo nasogástrico para realizarle el examen. La codemandante sostuvo que escuchó a los doctores Mestre Morera y Totti ordenarse alternativamente retirar el tubo, porque éste se encontraba en el pulmón y podía causar una embolia. Íd. Además, el doctor Mestre Morera puntualizó que de todas formas desde el 12 de enero de 2005 los demandantes contaban con un informe de su perito que imputaba desviaciones en la colocación del tubo nasogástrico. Argumentó que si se tomara la fecha de la deposición como el momento del conocimiento de los demandantes sobre los elementos para ejercitar su causa de acción, aún habrían transcurrido tres años desde ese punto de inflexión en el tiempo hasta que finalmente se le reclamó. (6) En esta oposición a sentencia sumaria la parte demandante aseguró que alegada discusión entre los doctores Mestre Morera y Totti se realizó en presencia de los familiares. (7) También son relevantes en cuanto a la prescripción los Arts. 1094, 1868 y 1874 (31 L.P.R.A. secs. 3105, 5298 y 5304).

(8) Tampoco incluyó al Estado Libre Asociado (E.L.A.) como alegado responsable solidario. (9) En esa oportunidad también incorporó al E.L.A. como parte codemandada.

(10) El Art. 1874 de nuestro Código Civil dispone, en lo pertinente, que “[l]a interrupción de la prescripción de acciones en las obligaciones solidarias aprovecha o perjudica por igual a todos los acreedores o deudores”. 31 L.P.R.A. sec. 5304.

(11) Algunos tratadistas han atribuido a la doctrina francesa la creación de la obligación in solidum. J. R. León Alonso, op. cit., pág. 32.(12) El Art. 1.137 del Código español —idéntico a nuestro Art. 1091, 31 L.P.R.A. sec. 3102— establece lo siguiente:

La concurrencia de dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sólo obligación no implica que cada uno de aquéllos tenga derecho a pedir, ni cada uno de éstos deba prestar íntegramente, las cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria.

(13) Reiteramos, además, que lo dispuesto en el Art. 1090 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3101, en cuanto a la no presunción de la solidaridad, no aplica en materia de responsabilidad extracontractual. Asimismo, puntualizamos que no adoptamos la norma de la obligación in solidum en toda su extensión, sino sólo respecto a la interrupción del término prescriptivo cuando coinciden varios cocausantes del daño bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra. (14) La solidaridad impropia no admite interrupción automática e indefinida del término prescriptivo en perjuicio de otros cocausantes, los cuales, por su propia culpa, tienen una obligación con el damnificado. La responsabilidad de cada uno de ellos es autónoma de la de los demás, por lo que surge una pluralidad de vínculos independientes, la cual requiere que el término prescriptivo contra cada deudor se interrumpa de forma individual. Esto, pues la solidaridad imperfecta no nace de un vínculo prexistente, sino del acto ilícito productor del daño según reconocido por la sentencia que así lo declare. (15) En Puerto Rico, al igual que ocurrió en España, se han señalado preocupaciones acerca de la adopción de esta norma. Las inquietudes giran principalmente en torno a que existe un precedente sólido y el posible efecto que este cambio de norma tendría en la seguridad jurídica. De igual forma, se ha señalado que su adopción va en contra del propósito de la aplicación de la solidaridad en los casos de responsabilidad extracontractual. Véase, J. J. Álvarez González, El Tribunal Supremo De Puerto Rico: Análisis Del Término 2007-2008, 78 Rev. Jur. U.P.R. 457 (2009). Diferimos de tal interpretación. Tal como señalamos, el justo balance que se buscaba lograr con la aplicación de la solidaridad en las acciones de daños extracontractual en realidad resultó en una mayor protección a la parte demandante, diferimientos indefinidos de causas de acción, entre otros efectos que socaban la estabilidad jurídica. La norma que hoy adoptamos respecto a la interrupción del término prescriptivo cuando coinciden varios cocausantes de un daño bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra, logra un justo equilibrio entre las partes y armoniza nuestro ordenamiento jurídico.Tampoco representa una carga mayor para el demandante, quien solo deberá ejercer con diligencia su causa de acción contra todos los posibles cocausantes del daño cuya identidad conozca. Es decir, en total armonía con la teoría cognoscitiva del daño. Otra de las inquietudes expresadas giraba en torno a que la norma que hoy adoptamos era contraria a la Regla 51.7 de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III. La mencionada regla fue eliminada del cuerpo de Reglas de Procedimiento Civil de 2009 precisamente por ser “contrari[a] al ordenamiento jurídico, ya que permit[ía] ejecutar una sentencia contra una persona que no fue parte en el pleito y sobre la cual el tribunal no adquirió jurisdicción”. Tribunal Supremo de Puerto Rico, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Marzo 2008, pág. 583. Por ello, consideramos que la necesidad del cambio de norma sobrepasa las preocupaciones expresadas. (16) Nótese además que desde el 2005 la parte demandante contaba con un informe pericial que le advertía sobre las desviaciones en la colocación del tubo nasogástrico. A pesar de ello tampoco le reclamó al doctor Mestre Morera, hasta transcurridos tres años desde que obtuvo el referido informe. (17) La Opinión mayoritaria adopta la Doctrina de las Obligaciones In Solidum “sólo respecto a la interrupción del término prescriptivo cuando coinciden varios cocausantes del daño bajo el Art. 1802 del Código Civil”. Opinión Mayoritaria, págs. 26-27, esc. 11.

(18) V. Múrtula Lafuente, La Responsabilidad Civil por los Daños Causados por un Miembro Indeterminado de un Grupo, Madrid, Ed. Dykinson, 2005, págs. 103-104; A. Cristobal Montes, Mancomunidad o Solidaridad en la Responsabilidad Plural por Acto Ilícito Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1985, pág. 41.

(19) Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 48.

(20) Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 64.

(21) Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 85-94.

(22) Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 99-101.

(23) “No es necesario que el perjudicado conozca en ese momento toda la magnitud y extensión de las consecuencias lesivas de las lesiones corporales ya que tal extremo puede ser establecido en un momento posterior”. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308 (2004). Sin embargo, dado que la prescripción extintiva castiga la indolencia de la parte, si el desconocimiento se debe a la falta de diligencia del reclamante, entonces no son aplicables las consideraciones sobre la prescripción. COSSEC et al. v. González López et al., 179 D.P.R. 793, 806 (2010). (24) Para una relación sucinta, véanse, J. Santos Briz, La Responsabilidad por Hecho de Otro Derivada de Acto Ilícito No Penal, en Tratado de Responsabilidad Civil (I.Sierra Gil de la Cuesta, cord.) Bosch, T. II, 2008, p. 670; J.J. Álvarez González, Responsabilidad Civil Extracontractual, 78 (Núm. 2) Rev. Jur. U.P.R. 457, 478 (2009).

(25) Opinión Mayoritaria, págs. 26-27, esc. 11.

(26) Esta jurisprudencia está también apoyada por la doctrina prevaleciente. M. Martín-Casals y J. Solé, Multiple Tortfeasors under Spanish Law en: W.V.H. Rogers, Unification of Tort Law: Multiple Tortfeasors, The Hague, Ed. Kluwer Law International, 2004, pág. 189.

(27) “Las normas legales ordenadoras de la solidaridad han de ser sometidas, como es lógico, a interpretación”. Luis Díez Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed. Thompson, V.II, 2008, pág. 2000.

(28) Al respecto, hemos reconocido el debate doctrinal. Arroyo v. Hospital La Concepción, 130 D.P.R. 596(1992).

(29) Esto tras examinar las doctrinas francesa, alemana, italiana y españolas en cuanto a la prescripción en estos supuestos.

(30) Opinión mayoritaria, págs. 26-27, esc. 11.

(31) Opinión mayoritaria, pág. 28.

(32) J.J. Álvarez González, supra, págs. 478 y 504 esc. 206.

(33) Como reconoce uno de los defensores de la Doctrina de las Obligaciones In Solidum, José Ricardo León Alonso: “en nuestro Derecho, … la obligación in solidum no cuenta ni con una base doctrinal en que asentarse, ni con una específica normativa de donde partir; por ello, será conveniente el estudio sucesivo de la posible ubicación de la obligación in solidum en el articulado o en el espíritu de nuestro C.c., el deslinde terminológico de figuras particularmente afines y desde luego, el recorrido por el oscuro panorama doctrinal”. J.R. León Alonso, La Categoría de la Obligaciónn In Solidum, Sevilla, Pub.de la Universidad de Sevilla, 1978, pág. 27.

(34) Opinión mayoritaria, pág. 15.

(35) Al respecto, la Opinión mayoritaria acoge que “la solidaridad imperfecta no nace de un vínculo prexistente, sino del acto ilícito productor del daño según reconocido por la sentencia que así lo declare”. Opinión mayoritaria, pág. 27, esc. 12. Esta postura es altamente criticada. Véase, M. Albaladejo García, Interrupción o No de la Prescripción Frente a Todos los Deudores Solidarios por Reclamación a Uno Solo: Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2003, Rev. Der. Priv. 543, 554 (2003).

(36) Luego de consideración doctrinal y de aplicación jurisprudencial, el legislador español incorporó el abuso del derecho al Código Civil mediante reforma del título preliminar de 1973-74. El apartado 2 del Art. 7 del Código Civil español indica que:

Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo.Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso. Art. 7 del Código Civil, Madrid, Ed. Civitas, 1984, pág. 54. En Puerto Rico no contamos con disposición idéntica en el Código Civil.

(37) De igual forma, también hemos reconocido la Doctrina de Incuria para desestimar acciones en las que se presenta dejadez o negligencia en el reclamo de un derecho. Para ello no basta el mero transcurso del tiempo sino que hay que evaluar otras circunstancias, entre ellas la justificación para la demora, el perjuicio que acarrea y el efecto sobre los intereses involucrados. Véanse, Rivera v. Depto. de Servicios Sociales, 132 D.P.R. 240 (1992); Aponte v. Srio. De Hacienda, E.L.A., 125 D.P.R. 610 (1990). Sin embargo, consideramos suficiente la protección que provee el principio de abuso del derecho y que se enmarca dentro de la tradición civilista. (38) Sin embargo, hemos señalado que el contenido de eticidad de cada acto debe examinarse a la luz de sus circunstancias particulares. Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 D.P.R. 585 (1981). Véase además, C. Lasarte Álvarez, Principios de Derecho Civil, Madrid, Ed. Trivium, 1992, pág. 171.

 

Porto vs. Bentley Puerto Rico, Inc, 132 DPR 331 (1992 )

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR REBOLLO LOPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 23 de diciembre de 1992.

Página: 338

El recurrido Iván Porto trabajaba en el departamento de materiales, ocupando la posición de oficinista de recibo (“receiving clerk”), de la corporación recurrente Bentley Puerto Rico, Inc. Llevaba trabajando con dicha empresa dos años y tres meses, mediante contrato de empleo a tiempo indefinido.

En la empresa de la recurrente existía un solo vehículo de motor (Van marca Ford), el cual estaba adscrito al departamento de compras. Dicho vehículo de motor tenía asignado un conductor o chofer que lo utilizaba durante las horas laborables de la Compañía. En las horas no laborables, dicho vehículo solamente podía ser usado con la debida autorización del supervisor de compra, u otro oficial de la Compañía, para casos de emergencia o accidente. Luego de que el chofer del vehículo terminaba su jornada de trabajo, las llaves del referido vehículo se guardaban en unas de las gavetas del escritorio de la Sra. Carmen Delia Vargas, supervisora del departamento de compras.

Así las cosas, durante la semana del 9 de agosto de 1985, el demandante recurrido Iván Porto obtuvo autorización de su jefe inmediato, Sr. Luis J. Berga, gerente de materiales, para utilizar el referido vehículo siempre y cuando sus labores le requirieran quedarse trabajando fuera del horario regular de la empresa. Conforme a dicha autorización, el recurrido venía obligado a devolver el vehículo antes del comienzo de labores del día siguiente.

El martes 13 de agosto de 1985, el recurrido utilizó el automóvil de la empresa; ello debido a que perdió la transportación que le brindaba una compañera de trabajo y su carro personal todavía estaba dañado. Ese día en particular, el demandante no obtuvo la correspondiente autorización de su supervisor inmediato, Luis Berga, ya que éste se encontraba en los Estados Unidos.Tampoco obtuvo autorización de otro oficial de la Compañía. Ante esa situación, y debido a la hora en que terminó su trabajo(1), el recurrido le informó al único otro empleado que permanecía en la empresa, señor Andrés Santos(2), que utilizaría el vehículo de la Compañía. Acto seguido, el recurrido entró en la oficina de la supervisora de compras, tomó las llaves del vehículo, y se marchó en el mismo. El recurrido se detuvo en el portón principal de la planta y le notificó al guardián de turno en ese momento que estaba haciendo uso del vehículo de la compañía. Al día siguiente, antes de las 7:00 a.m., el demandante-recurrido entregó el vehículo.

A su regreso a Puerto Rico, el señor Berga realizó una investigación de lo sucedido. El 16 de agosto de 1985 el señor Iván Porto fue despedido de su empleo. En esa fecha, el señor Berga le entregó al recurrido una carta de despido en la cual indicaba que se le despedía por haber violado la Regla 2 de Conducta de la Compañía, la cual sancionaba el “apropiarse ilegalmente de la propiedad de la compañía o de otro empleado”.(3)

Posteriormente, el 5 de junio de 1986, el señor Iván Porto y su esposa, en su carácter personal y en representación de la sociedad legal de gananciales y de sus hijos menores, presentaron una acción de daños y perjuicios contra la corporación recurrente ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayagüez. En dicha demanda reclamaron una compensación ascendente a $100,000.00 a consecuencia de las alegadas imputaciones falsas, calumniosas y libelosas que le hiciera el patrono con

__________

(1) Las exigencias del trabajo requirieron que el demandante permaneciera en la empresa después de horas laborables hasta alrededor de las 9:00 p.m. de la noche.

(2) El demandante declaró en la vista en su fondo, que desconocía que Andrés Santos se desempeñaba como mecánico solamente, sino que lo consideraba como la persona que estaba ocupando el puesto de correr la compañía al igual que otras tres personas que corrían la compañía de noche. Transcripción de Evidencia, pág. 49-50.

(3) Al momento del despido, el demandado-recurrente le pagó al recurrido la indemnización que provee la Ley 80 de 30 de mayo de 1976, o sea, la mesada.(Fin de nota al calce)

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motivo de su despido.Se alegó que al momento de ser despedido se le imputó falsamente al demandante recurrido Porto haberse apropiado ilegalmente del vehículo de la compañía y que dicha imputación surgía de la carta de despido fechada 16 de agosto de 1985.(4)

La parte demandada-recurrente contestó la demanda, y luego de los trámites procesales correspondientes, el tribunal de instancia dictó sentencia declarando con lugar la demanda. Como cuestión de hecho y de derecho, el foro de instancia determinó que la carta de despido le imputaba falsamente al demandante la comisión de un delito y la misma le ocasionó daños a su reputación.(5)

Inconforme, el demandado-recurrente acudió en revisión ante este Tribunal. En síntesis, le imputa al foro de ________________

(4) La carta de despido en su totalidad disponía lo siguiente:

“El martes, 13 de agosto de 1985, usted entró sin autorización a la oficina de la compradora, y se apropió ilegalmente de las llaves del vehículo oficial de la Compañía (“Van” marca Ford). Sin autorización de ningún oficial de Bentley, utilizó dicho vehículo y regresó con el mismo el miércoles 14 de agosto.

Dicho acto incurre en una violación a la regla de conducta numero dos (2), que dice ‘no apropiarse ilegalmente de propiedad de la compañía o de otro empleado’. Siendo esto así, usted incurrió en una conducta inaceptable por parte de un empleado de la empresa.

Por esta razón le informamos que efectivo hoy, 16 de agosto de 1985, cesan sus funciones con Bentley AHS del Caribe, Inc.

Le estamos incluyendo el cheque correspondiente al total de días de vacaciones acumulados (11 días). En adición a esto, y como una ayuda de parte de la empresa y un acto de buena fe, le estamos incluyendo el pago de mesada correspondiente a un mes de sueldo mas dos semanas adicionales por sus dos años de servicio.

De tener alguna duda en cuanto a la cantidad recibida, favor de comunicarse por teléfono con el Departamento de Personal.”

(5) En su dictamen el foro sentenciador dispuso las siguientes indemnizaciones: a) A la Sociedad Legal de Gananciales, compuesta por Iván Porto y Mildred Siurano, por concepto de pérdida económica, a razón de $5.00 la hora, por 2,080 horas anuales desde el 16 de agosto de 1985 y hasta el 16 de enero de 1989; la suma de $35,535.00, más los que se hayan acumulado a razón de $867.00 mensuales de 16 de agosto de 1988 hasta la fecha en que se dicta esta sentencia.b) A Iván Porto por sufrimientos y angustias mentales $15,000.00c) A Mildred Siurano por sufrimientos y angustias mentales $5,000.00.d) A Iván José Ernesto por sufrimientos y angustias mentales $500.00.e) A Iván José Ismael por sufrimientos y angustias mentales $500.00f) A Mildred Dinorah Del Carmen por sufrimientos y angustias mentales $500.00(Fin de nota al calce)instancia haber errado al imponerle responsabilidad a la corporación recurrente cuando no se establecieron los elementos esenciales de una causa de acción independiente al despido, siendo el remedio exclusivo la mesada que establece la Ley Núm. 80, la cual ella pagó; que erró el tribunal al concluir que se hicieron manifestaciones libelosas cuando faltó el requisito de “publicación”; que cometió grave error al apreciar la prueba y concluir que el demandante tenía autorización para utilizar el vehículo; y que erró en la concesión de ciertas partidas de daños, las cuales no estaban sostenidas por la prueba.(6)

Expedimos el auto de revisión solicitado. Ambas partes han comparecido. Estando en condiciones de resolver el recurso, procedemos a así hacerlo.

___________________

(6) En el recurso de revisión radicado, el recurrido le imputa al tribunal de instancia haber errado: “A)…al adjudicar daños dentro del contexto obrero-patronal. El tribunal de instancia incurrió en grave error manifiesto y abusó de su discreción al responsabilizar a la demandada recurrente en daños y perjuicios obviando la doctrina del remedio exclusivo diseñada bajo la Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. Sec. 185 ( a) y siguientes. El Tribunal no tenía facultad para conceder el remedio solicitado ya que no se establecieron los elementos esenciales de una causa de acción independiente al acto del despido.

B)…al concluir que se le hicieron imputaciones libelosas o calumniosas al demandante-recurrido que constituyen difamación conforme a la Ley de Libelo y Calumnia de 1902; 32 L.P.R.A. Secs. 3141 y siguientes. No se estableció el elemento esencial de publicación a terceras personas requerido bajo el estatuto. En el contexto en que ocurrió la comunicación alegadamente difamatoria, la misma gozaba de un privilegio restringido.”

C)…al concluir que surgió una causa de acción por difamación cuando tampoco se estableció el elemento de la negligencia de la demandada-recurrente en la publicación de la carta de despido del demandante recurrida [sic] cuando no se presentó prueba que sostenga la concesión de las partidas incluidas en su Sentencia. Por ende, las mismas son excesivas y no guardan relación causal con la prueba presentada durante el juicio.Al no estar sostenidas por la prueba, constituyen un abuso de discreción y denotan prejuicio y parcialidad.”

D)…en su apreciación de la prueba en contra del balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida, al concluir que el demandante-recurrido tenía autorización expresa para utilizar el vehículo propiedad de la Compañía. No se estableció otro de los elementos esenciales a la causa de acción, el de la falsedad de la publicación.

E)…al conceder daños al demandante-recurrida.(Fin de nota al calce)

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I

En esta jurisdicción la norma general, en relación con la materia en controversia, es a los efectos de que un obrero o trabajador contratado por tiempo indeterminado que es despedido sin justa causa solamente tiene derecho al remedio exclusivo que provee la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. sec. 185 a -185i; Rivera v. Security Nat. Life Ins. Co., 106 D.P.R. 517 , 527 (1977); Arroyo v. Rattan Specialties. Inc., 117 D.P.R. 35 , 65 (1986). Dicho estatuto provee una indemnización equivalente a un mes de sueldo mas una semana de compensación por cada año de servicio con el patrono. 29 L.P.R.A. sec. 185 ( a).

No obstante, en Rivera v. Security Nat. Life Ins. Co., ante, pág. 527, reconocimos que los remedios de las leyes de trabajo…”no excluyen la responsabilidad civil de un patrono por conducta torticera en que incurriere por otros motivos que no sean la mera violación de [estas leyes]”. En otras palabras, en relación con el mero despido sin justa causa, el empleado solamente tiene disponible el remedio que provee la Ley Núm. 80, ante; ello no obstante, si con el despido concurren otras actuaciones torticeras, que sean independientes al mismo, entonces procede que se responsabilice al patrono a base de dicha conducta.(7)

______________

(7) Cabe reiterar lo que expresáramos en Arroyo v. Rattan Specialties. Inc., ante, pág. 65, a los efectos de que:

“El hecho de que la violación de los derechos constitucionales en este caso haya ocurrido dentro del contexto de la relación obrero-patronal y que se trate de un obrero contratado sin tiempo determinado (employment at will), no implica que éste haya renunciado a sus derechos constitucionales y se vea impedido de obtener un remedio real y efectivo que los vindique. A pesar de que, como regla general, a un obrero o trabajador contratado sin tiempo determinado se le puede despedir por justa causa, sin causa o por causa injustificada y que bajo estas circunstancias el único derecho que le asiste es el provisto por la Ley Núm.80 de 30 de mayo de 1976; no es menos cierto que una excepción a esta norma es que el despido se haga con el propósito y la intención de frustrar o subvertir, o que tenga el efecto de frustrar o subvertir una clara política pública. En relación con los contratos sin término determinado, la legislación laboral se ha interpuesto para impedir que al separarse al empleado éste quede en total desamparo económico mientras gestiona y consigue nuevo empleo. Cassasús v. Escambrón Beach Hotel, 86 D.P.R. 375 , 379 (1962). Por lo tanto, esta legislación no puede operar para privar al obrero de los remedios apropiados para vindicar eficazmente sus derechos constitucionales. (Escolios omitidos.)(Fin de nota al calce)

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En el caso ante nos, el demandante-recurrido reclamó los daños y perjuicios causados, no por el mero despido efectuado por el patrono, sino por las alegadas imputaciones difamatorias que le hiciera el patrono en la carta de despido. Esta causa de acción en daños por difamación es una independiente al despido del empleado, por lo que si el demandante-recurrido establece y cumple con los requisitos de dicha acción, el patrono viene obligado a resarcir los daños causados al demandante.

II

El presente caso gira en torno a una acción de libelo dentro de una relación patrono-empleado, en la que ambas partes son “personas privadas” y la alegada expresión difamatoria no es de interés público o general. En nuestra jurisdicción, la fuente principal de protección contra la expresión difamatoria lo es la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La Sección 8 del Artículo II de nuestra Constitución reconoce el derecho de “toda persona a la protección contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar”. Este derecho que se manifiesta a través de la acción de difamación se contrapone al derecho fundamental de libertad de expresión y de prensa, Artículo II, Sección 4, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Méndez Arocho v. El Vocero de P. R., Opinión y Sentencia del 30 de junio de 1992, 130 DPR 867 (1992); Villanueva v. Hernández Class, 128 DPR 618 (1991); Clavell v. El Vocero de P.R., 115 D.P.R. 685 , 690-691 (1984); Cortés Portalatín v. Hau Colón, 103 D.P.R. 734 , 738 ( 1975 ) .

Por otro lado, desde principios de siglo y antes de la vigencia de nuestra Constitución de 1952, la protección

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contra expresiones difamatorias en nuestra jurisdicción surgía de la Ley de 19 de febrero de 1902, la cual estableció en Puerto Rico una acción civil en daños y perjuicios por libelo y calumnia.32 L.P.R.A. Sec. 3141 , et seq.(8) Debido a ello, la vigencia de nuestra Ley de Libelo y Calumnia está condicionada, naturalmente a que su aplicación no sea incompatible con las antes citadas disposiciones de nuestra Constitución…y las interpretaciones judiciales del Supremo federal acerca de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”.(9) Villanueva v. Hernández Class, ante, pág. 8696; Clavell v. El Vocero de P.R., ante, pág. 738; Cortés Portalatín v. Hau Colón, ante, pág. 690; Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323, 348-349 (1974). En vista de lo resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Gertz v. Welch Inc., ante, a las páginas 345 y 347, Puerto Rico puede legislar en el área de libelo y calumnia siempre y cuando no se imponga respon-

_______________

(8) Como es sabido, nuestra Ley de Libelo y Calumnia de 1902 proviene del derecho común norteamericano. Chico v. Editorial Ponce, Inc., 101 D.P.R. 759 , 766 (1973); Díaz v. P.R. Ry., Lt. & P. Co., 63 D.P.R. 808 , 811 (1944). La Sección 2, 32 L.P.R.A. Sec. 3142 , define libelo como:

“Se entiende por libelo la difamación maliciosa que públicamente se hace en contra de una persona, por escrito, impreso, signo, retrato, figura, efigie u otro medio mecánico de publicación, tendente a exponer a dicha persona al odio del pueblo o a su desprecio, o a privarle del beneficio de la confianza pública y trato social, o a perjudicarle o deshonrarle, o cualquiera difamación maliciosa publicada, como antes se ha dicho, con la intención de denigrar o deprimir la memoria de un muerto y desacreditar o provocar a los parientes y amigos sobrevivientes.”

(9) Cabe reiterar que estos nuevos elementos constitucionales que rigen nuestra Ley de Libelo y Calumnia, “aun cuando no la han derogado en su totalidad, sí han tenido el efecto de modificarla significativamente. A manera de ejemplo, mencionamos que doctrinas que fueron desarrolladas al amparo de la citada Ley, tales como las doctrinas de la presunción de malicia, la responsabilidad sin falta, y la presunción de daños, carecen de vigencia en nuestros días”. Villanueva v. Hernández Class, ante, pág. 8702; Torres Silva v. El Mundo Inc., ante, pág. 423. “Ello, sin embargo, no debe constituir impedimento para que nos esforcemos por darle efecto a las disposiciones de nuestra Ley de Libelo que aun tiene vigencia teniendo en mente el ideal de lograr un derecho propio o netamente puertorriqueño más atento a nuestras necesidades y aspiraciones.” Villanueva, supra, pág. 8702, escolio 13.(Fin de nota al calce) sabilidad absoluta en los casos en que el reclamante sea “figura privada”. En otras palabras, en nuestra jurisdicción rige la norma que exige responsabilidad, basada en negligencia, en todas las acciones en daños por libelo instadas por personas privadas. Torres Silva v. El Mundo, 106 D.P.R. 415 , 422 (1977); Romany v. El Mundo, Inc., 89 D.P.R. 604 (1963). De esta manera, se eliminó en esta jurisdicción la responsabilidad absoluta o sin falta que surgía de nuestra Ley de Libelo y Calumnia, ante.(10) La acción por difamación (libelo y calumnia) es una de “…resarcimiento de daños dirigida a vindicar el interés social en la reputación de la persona”. Torres Silva v. El Mundo Inc., ante, pág. 423-424. El demandante en un caso de libelo debe probar que la información o expresión publicada es falsa y difamatoria(11), y, que por causa de su publicación sufrió daños reales. Torres Silva, ante, pág. 427. En el caso ante nos, siendo el demandante una figura privada, debe establecer que la publicación se hizo negligentemente, González Martínez v. López, 118 D.P.R. 190 , 192-193 (1987), según este concepto es entendido en el campo del derecho de daños y perjuicios. En síntesis, cuando el demandante “…es figura privada y el demandado es ajeno al medio noticioso y está presente el ________________

(10) En cuanto a la responsabilidad sin falta, esta ocurría de la siguiente manera: si el reclamante establecía que la expresión era libelosa per se, entonces, se presumía la malicia en la publicación; y si el demandado no podía probar algunas de las defensas disponibles como los privilegios estatutarios de la Sec. 3144 y 3145, entonces ahí terminaba el caso a favor del demandante. Solamente, por ejemplo, si el demandado establecía que la expresión difamatoria era privilegiada, era que el demandante tenía que probar la malicia en la publicación con prueba independiente a la misma.

(11) Aunque en una acción libelosa privada no es de aplicación el requisito de malicia en la publicación, y si el de negligencia, no obstante, es importante señalar que la expresión dicha o publicada deberá ser injuriosa e infamatoria según lo contempla la sección 3142 32 LPRA) de la Ley, o sea, que tiene que ser infamatoria en cuanto a su carácter y sus efectos dañosos. Véase, Herminio Brau del Toro, Los Daños y Perjuicios Extracontractuales en Puerto Rico, 2da. Ed., Publicaciones J.T.S., pág. 988.

(Fin de nota al calce)

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ejercicio de libertad de expresión, para que la acción prospere, el primero debe de demostrar la existencia de negligencia…” González Martínez ante, pág.196.(12)

III

Surge con meridiana claridad que uno de los elementos esenciales de la causa de acción por libelo entre personas privadas lo es la “publicación” de la expresión falsa y difamatoria. González Martínez v. López, ante, pág. 192; Torres Silva v. El Mundo, Inc., ante, pág. 427; H. Brau del Toro, ob. cit., nota 12, pág. 986-989. El elemento de publicación se configura cuando la expresión difamatoria es comunicada a una ter-

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(12) El Tribunal Supremo federal en Gertz v. Welch Inc., ante, determinó que si el reclamante era una persona privada, los estados podían elaborar una norma de responsabilidad menos exigente que la de New York Times v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964), siempre que no sea la de responsabilidad sin falta.

Cabe señalar, sin embargo, que la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Dun & Bradstreet, Inc. v. Greenmoss Builders Inc., 472 U.S. 749 (1985), levanta serias dudas sobre la validez actual de la norma de Gertz, ante, en cuanto impone un mínimo de responsabilidad (e.g.: negligencia) en los casos en que el demandante sea una figura privada. Comentaristas legales en Estados Unidos entienden que luego de este caso, aunque no está resuelto directamente, los estados pueden volver a la norma tradicional de responsabilidad sin falta (Pre-Gertz) en casos en que el demandante es una figura privada y la expresión difamatoria no envuelve un asunto de interés público o general. Véase, R. Smolla, Law of Defamation, Sec. 3.02[5]-.10 (1986); F. Harper, F. James & O. Gray, The Law of Torts, Sec. 5.0, pág. 2-24 (1986); Middleton, Employers Face Upsurge in Suits over Defamation, The Nat’l L.J., May 4, 1987; Comment, Defamation in the Workplace: The Impact of Increasing Employer Liability, 72 Marq. L. Rev. 264 (1989); Comment, America Defamation Law: From Sullivan, Through Greenmoss, and Beyond, 48 Ohio St. L. J. 513 (1987); Lewis, Ottley & Mersol, Defamation and the Workplace: A Survey of the Law and Proposals for Reform, 54 Mo. L. Rev. 797 (1989); Dun & Bradstreet, Inc. v. Greenmoss Builders Inc., Does the Actual Malice Standard of Gertz v. Robert Welch Inc., Apply to Speech on Matters of Purely Private Concern?, 14 Pepperdine L. Rev. 337 (1987); 3 Restatement (Second) of Torts, Sec. 580B (1977). En Puerto Rico, sin embargo, hemos mantenido el requisito de negligencia para todas las acciones en que el reclamante sea persona privada. González Martínez, ante, pág. 196.(Fin de nota al calce)

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cera persona, o sea, a otra distinta de la difamada.(13) Por tal razón, las palabras o expresiones difamatorias hechas a la propia persona difamada no constituye publicación, a menos que un tercero se entere de la comunicación. Mulero v. Martínez, 58 D.P.R. 321 (1941); Irizarry v.Puerto Rico Auto Corp., 60 D.P.R. 1 , 5 (1942); Jiménez v. Díaz Caneja, 14 D.P.R. 9 (1908); . Brau del Toro; ob. cit.; J. Elías Rivera, El Elemento de Publicidad en una Acción Difamatoria por Calumnia entre Personas Privadas Bajo una Estructura Mercantil, 30 Revista de Der. Prtho. 37, 45 (1990); Smolla, ob. cit., Sec. 4.12[1], pág. 4-58 a 4-59; Restatement (Second) of Torts, Sec. 577 (1977); Prosser & Keeton, ob. cit., pág. 797. Por otro lado, la regla general es a los efectos de que el elemento de la publicación no se configura cuando es la propia persona afectada quien comunica la expresión difamatoria a terceros.(14). Restatement

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(13) Entiéndase que la comunicación difamatoria se efectúa a través de cualquier forma de “escrito, impreso, signo, retrato, figura, efigie u otro medio mecánico de publicación, tendente a exponer a dicha persona al odio del pueblo…, o a perjudicarla en sus negocios…” 32 L.P.R.A. Sec. 3141 . En adición “…[p]ara sostener el cargo de haber publicado o libelo, no es necesario que las palabras objeto de la demanda hayan sido leídas por persona alguna; será prueba suficiente del hecho el que el acusado, a sabiendas, haya dejado o expuesto el libelo de tal manera que éste haya podido ser leído por cualquier otra persona. 32 L.P.R.A. Sec. 3148 . En Jiménez v. Díaz, ante, pág. 12, expresamos que “…no es necesario que la comunicación esté dirigida a la persona objeto del libelo, pues generalmente estas comunicaciones se dirigen a una persona distinta, y su publicación queda efectuada cuando se muestran por ésta a un tercero”.

(14) Como excepción a esta norma general, en el campo laboral ha surgido la doctrina de “compelled self-publication”. Dicha doctrina permite al empleado despedido satisfacer el requisito de publicación, si al buscar nuevo empleo de alguna manera está obligado a revelar o repetir la razón de su despido (que contiene información difamatoria) al patrono prospectivo y por último, que el patrono original le era previsible que dicha comunicación se llevaría a cabo. De esta manera, el patrono original es responsable por la difamación aunque la expresión libelosa sea publicada a terceros por el demandante exclusivamente. En el presente caso, es innecesario que nos expresemos acerca de si adoptamos en esta jurisdicción dicha doctrina, ya que el demandante no aportó prueba alguna que demostrase que al buscar nuevo empleo vino obligado a revelar las razones del despido. Las comunicaciones si algunas, que tuvo con otros posibles patronos son meramente especulativas. Transcripción de la Evidencia, pág. 38-39. Véase: J. Elías Rivera, ob. cit.; Lewis v. Equitable Life Assurance Society, 389 N.W.2d 876 (Minn. 1986); McKinney v. County of Santa Clara, 110 Cal. App. 3d 787, 168 Cal. Rptr.89 (1980); Colonial Stores, Inc. v. Barrett, 38 S.E.2d 306 (1946); Grist v. UpJohn Co., 168 N.W.2d 389 (1969); Nota, Publication of Allegedly Defamatory Matter By Plaintiff (“Self-Publication”) As Sufficient to Support Defamation Action, 62 A.L.R. 4th 616 y casos allí citados; Langvardt, Defamation in the Employment Discharge Context: The Emerging Doctrine of Compelled Self Publication. 26 Duq. L.Rev. 227 (1987); Comentario, Defamation in the Workplace: The Impact of Increasing Employer Liability, 72 Marq. L. Rev. 264 (1989); Smolla, ob. cit., Sec. 15-02 [3][a]-[3][c], pág. 15-8 a 15-13.(Fin de nota al calce)

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(Second) of Torts, Sec. 577; Smolla, ob. cit., Sec. 4.12[4], pág. 4-60; Harper, James & O Gray, ob. cit., Sec. 5.15, pág. 122.

Con estos principios en mente, pasamos a examinar cómo se configura el elemento de publicación en una entidad corporativa, y, por consiguiente, si la parte demandante en el presente caso estableció el hecho de la “publicación” de la carta de despido. En primer lugar, en el ámbito patrono empleado, cualquier comunicación “externa” de la expresión libelosa, por parte de la empresa a una persona distinta del empleado afectado, automáticamente configura el elemento de la publicación. Smolla, ob. cit., Sec. 15.92[1], pág. 15-5. La dificultad estriba en determinar, si hay publicación en las llamadas “comunicaciones intracorporativas”.

La posición minoritaria que rige en algunos de los tribunales estatales norteamericanos es a los efectos de que las comunicaciones intracorporativas no constituyen publicación a terceros. Se ha dicho, en apoyo de dicha posición minoritaria, que no hay “publicación” en las comunicaciones habidas entre los oficiales, gerentes o agentes y empleados de una corporación, ya que la corporación “se está comunicando asimisma”. Kmart Corporation Inc. v. Pendergrass, 494 So.2d 600 (1986); Halsell v. Kimberly Clark Corp., 683 F2d. 285 (8th Cir. 1982); Jones v. Golden Spike Corp., 623 P.2d 970 (1981); Monahan v. Sims, 294 S.E.2d 548 (1982); Commercial Union Ins. Co. v. Melikyan, 424 So.2d. Página: 349

1114 (La. App. 1982); Prins v. Holland-North America Mortg. Co., 181 P.680 (1919).(15)

En contraposición, la mayoría de los estados han adoptado la norma, sugerida por el Restatement (Second) y el profesor Prosser, a los efectos de que se configura el elemento de publicación en las comunicaciones habidas entre los miembros de la corporación. Restatement (Second) of Torts, Sec. 577 (comentario i); W. Keeton, D. Dobbs, R. Keeton & D. Owen, Prosser & Keeton on the Law of Torts, Sec. 113, pág. 798-799, (5th ed. 1984); Smolla, ob. cit., Sec. 15.02[2][b], pág. 15-7 a 15-8; Luttrell v. United Tel. Sys., 683 P2d 1292 (1984); Frankson v. Design Space Int’l, 394 N.W.2d 140 (1986); Cashio v.Holt, 425 So.2d 820 (La. App. 1983); Pirre v. Printing Devs. Inc., 468 F.Supp. 1028 (1979); Welch v. Chicago Tribune Co., 340 N.E.2d. 539 (1975).(16) La razón de ser de esta posición es que los empleados de una corporación son seres humanos y que al enterarse de la expresión difamatoria, la reputación del empleado afectado claramente se ve menospreciada en su trabajo.

Luego de analiz1ar cuidadosamente las diferentes fuentes legales, somos del criterio que la posición mayoritaria esbozada anteriormente está más a tono con nuestras necesidades, aspiraciones y nuestro sentido de hacer justicia. No cabe la menor duda, que las expresiones falsas y difamatorias que haga un oficial corporativo respecto a un empleado en particular, de advenir al conocimiento de _______________

(15) Véase en adición: Smolla, ob. cit., Sec. 15.02[2][a]; Restatement (Second) of Torts, Sec. 577; Annotation, Defamation: Publication By Intracorporate Communication of Employee’s Evaluation, 47 A.L.R. 4th 674; Recent Decisions, Tort-Libel and Slander-Communications Between Employees of Company Concerning Company Business Held Sufficient Publication to Subject Company To Liability, 38 Va. L. Rev. 400 (1952).(Fin de nota al calce)

(16) Véase en adición: Comentario, Defamation in the Workplace: The Impact of Increasing Employer Liability, 72 Marq. L. Rev. 264 (1989); Annotation, Defamation: Publication By Intracorporate Communications of Employer’s Evaluation, 47 A.L.R. 4th 674; Nota, Libel and Slander Intracorporate Communications as Publication to Third Persons, 33 U. RAN. L. Rev. 759 (1985).(Fin de nota al calce) los restantes empleados de la empresa, afecta la opinión y el respeto que tienen estos respecto al empleado en controversia.(17) Cabe citar la expresiones vertidas en el caso de Pierre v. Printing Devs., Inc., ante, a la pág. 1041:

“While corporate officers may be…the embodiment of the corporation, they remain individuals with distinct personalities and opinions, which opinions may be affected just as surely as those of other employees by the spread of injurious falsehooods. It is this evil that the law of defamation is design to remedy. To find no inter-personal communication when a corporate employer speaks to a corporate officer would be to ignore the distinct personalities of the human beings involved.”

En adición, somos del criterio, que donde más expuesto está un empleado a sufrir un daño a su reputación como consecuencia de imputaciones falsas y libelosas, es en su lugar de trabajo o negocio. Las comunicaciones intracorporativas, que tengan el efecto de degradar o menospreciar la reputación de un empleado, claramente afectarán las relaciones de éste con los otros miembros de la corporación y, posiblemente, de la comunidad en que vive. Resolvemos, en consecuencia, que la reputación de una persona en su empleo puede ser menospreciada mediante cualquier comunicación intracorporativa y, si hay prueba de la misma el elemento de publicación queda satisfecho.De la transcripción de la evidencia sometida en el caso de autos se desprende con claridad que la parte demandante no aportó prueba alguna a los efectos de que el demandado recurrente hubiera hecho comunicaciones externas, o sea, a personas ajenas a la Compañía, acerca de la _______________

(17) Como bien señala el autor Rodney Smolla, bajo esa doctrina la única expresión intracorporativa que no daría base a la publicación, sería el caso en que la expresión libelosa se efectuare solamente entre el oficial corporativo y el empleado sin ninguna prueba de terceros presentes en la reunión o que la información difamatoria hubiera sido leída por otros miembros de la corporación. Smolla, ob. cit., sec. 15.02[3][a], pág. 15-8.(Fin de nota al calce)

Página: 351

alegada expresión difamatoria (carta de despido).(18) La única prueba de la “publicación” de la carta de despido son los hechos acaecidos en la reunión en que se despidió al demandante, Iván Porto.

La prueba refleja con sencilla claridad que en dicha reunión el señor Luis Berga le entregó la carta de despido al señor Porto. El contenido de la carta fue discutido ampliamente no solo entre el demandante y su jefe, el señor Berga, sino que estaba presente otro miembro de la corporación, la Srta. Elvira Alfonso, quien era la Administradora de Personal de la misma.(19) A base de ello se alega

________________

(18) En el contrainterrogatorio del demandante, Iván Porto, el abogado del demandado le preguntó lo siguiente:

LCDO. IRIZARRY:

P. Muy bien. Testigo, es o no cierto que desde que se efectuó el despido suyo en la Compañía, usted no tiene información, o sea, no ha habido ningún oficial ni ejecutivo, ni supervisor, ni representante de la empresa que haya estado divulgando públicamente ante otros la razón del despido suyo?

R. Desconozco. Si lo han hecho, desconozco y si no, desconozco.

P. Es o no cierto que hasta el día de hoy la Compañía Bentley no ha enviado la información a nadie, a ninguna empresa, entidad o persona por escrito o verbalmente de las razones que hubo sobre su despido?

R. Yo se, yo no puedo saber lo que están haciendo la gerencia, lo que están haciendo allí arriba porque verdaderamente no es…

P. Usted no conoce?

R. No, desconozco.

P. Testigo, le consta a usted si algún familiar suyo, su esposa o sus hijos, sabe o tienen información de que [sic] la empresa, algunos ejecutivos, oficiales o supervisores hayan hecho manifestaciones en contra suya.

LCDO. ALCARAZ:(Abogado del demandante)

Señoría, si es para fines de establecer el hecho, nosotros estipulamos que no tenemos prueba alguna en el sentido de que ni la Compañía ni el gerente haya de forma alguna divulgado que fue despedido por haber hurtado propiedad de la compañía.

(19) En el contrainterrogatorio del demandante se le hicieron las siguientes preguntas: LCDO.IRIZARRY:

P. Cuando usted le entrega la carta de despido, ¿qué personas estaban presentes en esa reunión?

R. Estaba el Sr. Luis Berga.

P. ¿Qué otra persona había presente si alguna otra, en adición a usted?

R. ¿En el momento de entregar la carta? Solamente estábamos él y yo. Más tarde vino la señora Lorenzo o señorita Lorenzo.

P. Más tarde vino…?

R. Elvira Lorenzo.

P. Es o no cierto que ella, doña Elvira estaba en ese tiempo a cargo de personal?

R. Si, estaba . . . era la persona que estaba al frente de…

P. Y nadie más aparte de usted y esas dos personas estuvieron presentes durante la comunicación, eh…en la cual se habló de su despido, ¿correcto?

R. Sí, eso es así. Transcripción de la Evidencia, a la pág. 41 y 42.

En el directo del señor Luis Berga, el abogado le hizo la siguiente pregunta:

LCDO. IRIZARRY:

Testigo., en el momento en que ocurre el despido podría usted relatarnos qué ocurrió?

TESTIGO:

Si, eso fue un viernes por la tarde, se trajo al Sr. Porto a mi oficina…conversamos sobre…exactamente sobre el contenido de la carta. Estuvimos por espacio de tres horas hablando de eso en par…en parte de…la conversación participó la Srta. Elvira Alfonso que era la…Administradora de Personal, y se fue sobre el contenido de la carta… Transcripción de la Evidencia, a la pág. 85.(Fin de nota al calce)
que se estableció prima facie el hecho de la “publicación” de la carta de despido. No estamos de acuerdo; era completamente lógico y razonable que dicha ejecutiva participara en la referida reunión. No podemos concebir que el jefe de personal de una empresa no esté al tanto de las personas que se reclutan y de los empleados que se despiden de la misma.

IV

Aun asumiendo, a los fines de la argumentación, que la carta de despido contenga información que es falsa y difamatoria y que la misma en efecto fue objeto de “publicación”, ese hecho no da base para una acción de libelo por ser la publicación privilegiada de acuerdo con las Secs. 4 y 5 de nuestra Ley de Libelo y Calumnia (20), 32 ______________

(20) Sección 3144

“No se tendrá por maliciosa, ni como tal se considerará la publicación que se hace en un procedimiento legislativo, judicial, u otro procedimiento cualquiera autorizado por la ley.No se presumirá que es maliciosa la publicación que se hace:

Primero: En el propio desempeño de un cargo oficial;

Segundo: En informe justo y verdadero, de un procedimiento judicial, legislativo u oficial, u otro procedimiento cualquiera, o de algo dicho en el curso de dichos procedimientos;

Tercero: A un funcionario oficial, apoyada en causa probable, con la intención de servir al procomún, o de conseguir remedio a un perjuicio hecho a un particular.

Sec. 3145. Se presumirá que existe malicia en cualquier comunicación o escrito infamatorio o calumnioso que se dirija a otra persona que no sea un pariente dentro del tercer grado, o a una persona a quien el autor tenga bajo su tutela, o cuando dicha comunicación se cruce entre personas que tengan negocios en sociedad, u otra asociación semejante.”(Fin de nota al calce)

LPRA Secs. 3144-3145”. Bosh v. Editorial El Imparcial, 87 D.P.R. 285 , 304-305 (1963); Díaz v. P. R. Ry.. Lt. & Co., supra, pág. 811; Quiñones v. J.T. Silva Banking and Commercial Co., 16 D.P.R. 696 (1910). Nuestro estatuto, siguiendo el derecho común anglosajón, estableció diversos tipos de comunicaciones privilegiadas, algunas de las cuales eran absolutas y otras solamente condicionales o restringidas. Díaz, ante, pág. 811; Villanueva v. Hernández Class, supra, pág. 8698. A tales efectos, hemos expresado que la doctrina de los privilegios en Puerto Rico es más restrictiva que en otras jurisdicciones del derecho común y, en adición, que la misma es puramente estatutaria. Bosh v. Editorial El Imparcial Inc., ante, pág. 305; Díaz, ante.

La doctrina de inmunidad condicional o restringida está fundada en la política pública de “conciliar el interés en la reputación individual y otros intereses igualmente legítimos”. Cortes Portalatín v. Hau, supra, pág. 739. A esos efectos, hemos señalado que “una información privilegiada es aquella, que a no ser por la ocasión o circunstancia, sería difamatoria y sujeta a reclamación”. Díaz, ante, pág. 812. La comunicación puede ser falsa pero el privilegio persiste. Quiñones v. J.T. Silva Banking and Commercial Co., supra; Cortes Portalatín, ante.

De igual forma, “el privilegio condicional comprende la publicación de toda comunicación hecha de buena fe con relación a un asunto en que el autor tiene interés o con respecto al cual tiene un deber que cumplir hacia otros. Se le considera condicional porque la persona que lo utiliza deberá hacerlo de acuerdo con la ley y para un fin apropiado”. Caraballo v. P.R. Ilustrado, Inc., 70 D.P.R. 283 , 291 (1949); Restatement (Second) Sec. 594-598.

Por otro lado, la inmunidad condicional “se pierde” si la parte demandada “abusa del privilegio”. En Cortes Portalatín v.Hau Colon, ante, señalamos que el privilegio se desvanece si “…la comunicación se entabla con quien no existe razón para creer que puede proteger el interés del autor o de la comunidad, según sea el caso; o si el autor le imparte publicidad excesiva al asunto; o si el autor se mueve por motivos impropios. El hecho de que otras personas escuchen o lean incidentalmente una comunicación hecha de modo razonable no anula el privilegio”. (Citas omitidas.)

En el ámbito obrero-patronal, el derecho común ha reconocido la necesidad e importancia de la inmunidad condicional para promover el libre flujo de comunicación entre patrono y empleado. La existencia del privilegio restringido se ha extendido a diferentes modos de comunicación en el trabajo. Aunque la existencia de este se determina caso a caso, a manera ilustrativa, las siguientes comunicaciones han sido consideradas condicionalmente privilegiadas: comunicaciones del “patrono” a gerentes o supervisores de un empleado despedido, informándoles las razones del despido; comunicaciones hechas a patronos prospectivos informándoles la razón del despido del empleado; manifestaciones hechas en las hojas de evaluación de rendimiento de un empleado; dando información de referencia acerca de un empleado a otros patronos potenciales; comunicaciones entre supervisores y em-

pleados de personal. Véase: Annot., 60 A.L.R. 3d 1080 (1974) y casos allí citados; Duffy, Defamation and Employer Priviledge, 9 Employee REL. L.J. 444 (1983); Martin & Bartol, Potential Libel and Slander Issues Involving Discharged Employees, 13 Employee REL. L.J. 43 (1987); Comentario, Defamation In The Workplace: The Impact of Increasing Employer Liability, 72 Marq. L. Rev. 264 (1989) y casos allí citados; Lewis, Ottley & Mersol, Defamation and the Workplace: A Survey of the Law and Proposals for Reform, 54 MO. L. Rev. 797 (1989) y casos allí citados; Smolla, ob. cit., Sec. 15.07[2][a].

En el caso ante nos, el demandado recurrente arguye que es de aplicación el privilegio restringido de la Sec. 3145.(21) En lo pertinente, dicha sección establece que no se presumirá la malicia en las comunicaciones habidas “entre personas que tengan negocios en sociedad, u otra asociación semejante”. En Quiñones v. J.T. Silva Banking & Commercial Co., ante, analizamos el alcance y significado de este privilegio. En Quiñones, ante, uno de los directores de la sociedad demandada consignó una información difamatoria sobre un empleado en un asiento del libro del diario de operaciones, en la cual le imputaba el apropiarse ilegalmente de fondos de la sociedad. Aunque el propósito legítimo de copiar dicho asunto era que los diferentes accionistas, directores, socios y otras partes interesadas tuvieran conocimiento de dicha información, la información llegó a conocimiento de otros dependientes o _______________

(21) En cuanto a la Sec. 3145, ante, es importante señalar, que la Legislatura limitó el alcance de los privilegios restringidos del derecho común a cuatro clases de comunicaciones.Por tal razón, este Tribunal está impedido de importar otros privilegios del derecho común, ya que dicha tarea le compete a la propia Legislatura. Díaz, ante, pág. 815-816.(Fin de nota al calce)

empleados. No obstante, este Tribunal resolvió que el asunto de referencia era una comunicación privilegiada. A esos efectos, expresamos que:

“…es absolutamente necesario que una casa de comercio o Compañía que hace negocios de gran magnitud, emplee un numero de dependientes más o menos grande, [y por consiguiente es], indispensable incluir dichos dependientes o empleados en la clase de personas que ocupan una posición análoga a la de los socios [que señala la sec. 3145]. El hecho de que el asunto ofensivo fuera leído y comentado por los dependientes y empleados en la casa bancaria de los demandados, era un mero incidente de la existencia del mismo asunto, y no constituye una publicación ilegal [o publicación no privilegiada]…” Quiñones, ante, pág. 701.

Claramente, la ocasión de efectuar el despido de un empleado es un evento legítimo que puede llevar a cabo un patrono. Para el buen funcionamiento del negocio o empresa, existe, por consiguiente, un interés legítimo de poder comunicar libremente a aquellas personas con derecho a conocer o a estar informadas las razones del despido de un empleado. En autos, el señor Luis Berga, como gerente y supervisor de la recurrente, tenía el deber de disciplinar a sus empleados y poner en vigor las normas de conducta de la empresa. A esos efectos, éste era la persona con interés en la comunicación, o sea, la persona adecuada para llevar a cabo el despido y explicarle las razones del mismo al demandante. Igualmente y como parte inherente de sus funciones era legítimo que el contenido de la carta llegara a conocimiento de la Administradora de Personal de la Compañía. En resumen, las personas que tuvieron conocimiento de la carta de despido eran partes interesadas que cumplían con su deber y a la vez dicha comunicación era necesaria para el libre flujo de información dentro de la empresa.

Somos del criterio que, bajo los hechos de este caso, no hubo “publicación” de la carta de despido en controversia; Página: 357

pero, aun de haberla habido, la misma estaba condicionalmente privilegiada. Mas aun, la prueba demuestra que la comunicación aquí envuelta fue mucho más limitada que la efectuada en Quiñones, ante, ya que el contenido de la carta no fue divulgado a otros empleados que no eran partes interesadas en dicha comunicación.

Por otro lado, no hay base alguna en el récord para concluir que la parte recurrente abusara de dicho privilegio. Ante esa situación, forzoso es concluir que erró el tribunal de instancia al responsabilizar a la corporación recurrente por difamación o injuria.Por las razones anteriormente expuestas, se deberá dictar Sentencia revocatoria de la emitida en el presente caso por el tribunal de instancia. Francisco Rebollo López, Juez Asociado

Opinión

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 23 de diciembre de 1992.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente, se dicta Sentencia revocatoria de la emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayagüez.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado señor Alonso Alonso emitió Opinión concurrente. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri emitió Opinión disidente.

Francisco R. Agrait Lladó, Secretario General

Opinión

Opinión Concurrente emitida por el Juez Asociado señor Alonso Alonso

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de diciembre de 1992

Concurro con el resultado a que llega la Opinión Mayoritaria del Tribunal pero por razón de que los demandantes no probaron que el demandado fuera negligente o existiera relación causal entre ésta y el supuesto daño bajo las disposiciones del Artículo 1802 del Código Civil de P.R.; 31 L.P.R.A. Sec. 5141 . Me explico.

La demanda instada por el demandante fue al amparo del Art. 1802. La Sentencia dictada por el tribunal de instancia también fue al amparo de dicha deposición. (Véase pág. 7 de la Sentencia).

En este caso no es necesario recurrir al articulado de la Ley de Libelo y Calumnia, 32 LPRA sec. 3141, et seq., pues se trata de una persona privada que insta una acción común y corriente de daños y perjuicios contra su patrono, acción que hemos autorizado en Rivera v. Security Nat. Life Ins. Co., 106 D.P.R. 517 , pág. 527 (1977) en las acciones instadas en relación con la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. sec. 185 a – 185i. Equivocadamente, una vez más la mayoría de este Tribunal recurre a la Ley de Libelo y Calumnia, para dilucidar acciones cobijadas por el Art. 1802 del Código Civil de P.R.

Ya en Méndez Arocho v. El Vocero res. 29 de junio de 1992, 130 DPR 867 (1992) (opinión disidente del Juez Asociado señor Alonso Alonso), censuramos esta práctica de confinar estas acciones en daños a los ya superados preceptos de la Ley de Libelo y Calumnia de 1902 obviando la razón de pedir de los demandantes al amparo del Art. 1802 del Código Civil. Allí, citando las palabras del Prof. Serrano Geyls, señalamos que la tendencia moderna de este Tribunal era adjudicar los casos bajo las doctrinas constitucionales aplicables y el Art. 1802 del Código Civil.Hoy nuevamente este Tribunal adjudica la reclamación en autos bajo los preceptos de la Ley de 1902, extraños a nuestro ordenamiento civilista.

Por lo anterior es innecesario entrar a considerar si la comunicación se hizo pública al amparo de la Ley de Libelo y Calumnia o si ésta es una privilegiada, o si se hizo de forma maliciosa.

Debo destacar además, que la opinión de la mayoría del Tribunal utiliza la norma de negligencia al analizar el presente caso bajo la Ley de Libelo y Calumnia. En la pág. 10, expresa lo siguiente: “En otras palabras, en nuestra jurisdicción rige la norma que exige responsabilidad, basada en negligencia, en todas las acciones en daños por libelo instadas por personas privadas”. (Enfasis suplido)

Sin embargo, hace unos meses atrás, el 29 de junio de 1992, al resolver el caso de Méndez Arocho v. El Vocero, Página: 359

supra, el cual trataba de personas privadas que demandaron en daños y perjuicios, y donde este Tribunal aplicó equivocadamente la Ley de Libelo y Calumnia, al enfrentarse al problema de que dicha ley requiere que el demandante pruebe la intención del demandado cuando se difama a una persona fallecida, este Tribunal expresó que el demandante tenía que probar que el demandado actuó de manera intencional o con negligencia crasa y grave menosprecio de la verdad” (Enfasis suplido). Ello es una norma distinta para los casos en que se difama a una persona fallecida.

En vez de tener normas distintas, con la confusión que ello crea, para lo que simple y llanamente es una acción en daños y perjuicios de una persona privada, es más sensato sostener que todas estas acciones se rigen por el Art. 1802 del Código Civil y aplicarle una norma uniforme: la de negligencia.

Por otra parte, en este caso el patrono simplemente no fue negligente al despedir a uno de sus empleados conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 80 en la forma en que lo hizo. ¿De qué otra manera lo hubiera podido hacer? Obviamente tenía que notificar de su acción de despido al afectado indicándole la razón para ello y a la jefa de personal de la empresa. Ante tales hechos tampoco existe relación causal entre la acción del patrono y los alegados daños mentales y aprehensiones del demandante.

Por todo lo anterior concurro con el resultado.

Rafael Alonso Alonso, Juez Asociado

Opinión

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR FUSTER BERLINGERI

San Juan, Puerto Rico, a 23 de diciembre de 1992

En este caso, un empleado de una Compañía que tenía autorización expresa para utilizar un vehículo propiedad de esta, no solo fue despedido fulminantemente por hacer Página:360

tal uso de dicho vehículo sino que además tuvo que sufrir que en su carta de despido, que es conocida por compañeros de trabajo y forma parte permanente de su expediente en esa Compañía, se le imputara falsamente la comisión del delito de apropiación ilegal.(1)

En su opinión, la mayoría de este Tribunal claramente reconoce que el contenido de la carta en cuestión era conocido por otros empleados de la empresa. En efecto, en el último párrafo de la parte III de la opinión mayoritaria se indica expresamente lo siguiente:

El contenido de la carta fue discutido ampliamente no solo entre el demandante y su jefe, el señor Berga, sino que estaba presente otro miembro de la corporación, la Srta. Elvira Alfonso, quien era la Administradora de Personal de la misma.(2) Más aun, la mayoría también afirma que en tales circunstancias, “no cabe la menor duda que las expresiones falsas y difamatorias que haga un oficial corporativo respecto a un empleado particular… afecta la opinión y el respeto que tienen [los otros empleados] respecto al empleado en controversia’, añadiendo que “las comunicaciones intracorporativas que tengan el efecto de degradar o menospreciar la reputación de un empleado claramente afectarán las rela-

____________

(1) Tales fueron los hechos que el Tribunal de instancia encontró probados. La mayoría de este Tribunal no hace expresión alguna al efecto de que el foro sentenciador haya incurrido en prejuicio o error grave en la apreciación de la prueba.(Fin de nota al calce)

(2) Además de las dos personas de la empresa aludidas en la cita anterior, parecería lógico suponer que debe haber intervenido también al menos alguna secretaria en la preparación y archivo de la carta, como usualmente sucede en las empresas, y ésta también se habrá enterado directamente del asunto.

Tampoco debemos ignorar la realidad de las comunicaciones informales sobre estos asuntos en oficinas de trabajo en Puerto Rico. Un despido como el de marras es en nuestra experiencia precisamente el tipo de evento que genera comentarios y chismorreo entre compañeros de trabajo. Parafraseando la penetrante observación de ese eminente jurista puertorriqueño, Raúl Serrano Geyls, los jueces no debemos ser tan inocentes como para ignorar la experiencia común que es generalmente conocida.(Fin de nota al calce)
ciones de éste con otros miembros de la corporación y posiblemente de la comunidad en que vive”, resolviendo en consecuencia que “…la reputación de una persona en su empleo puede ser menospreciada” mediante tales comunicaciones intercorporativas.(3)

Lo anterior no obstante, la mayoría sorprendentemente nos dice que aun cuando la carta de despido contuviese información falsa y difamatoria y la reputación del empleado hubiese sido menospreciada, no se puede responsabilizar al patrono por la injuria al empleado porque supuestamente nuestro ordenamiento jurídico establece un privilegio que permite que puedan realizarse comunicaciones intercorporativas difamatorias impunemente, para proteger “el libre flujo de información dentro de la empresa”. La mayoría del Tribunal, en efecto, le da carta blanca a los patronos para difamar y calumniar a sus empleados, en aras de “promover el libre flujo de comunicación entre patrono y empleado”.

No veo como puede llegarse a ese insólito resultado a base de lo dispuesto en la sección 5 de la Ley de Libelo y Calumnia. 32 L.P.R.A. 3145 ). Esa sección no crea un privilegio de inmunidad. La misma meramente establece

________________

(3) La posición de la mayoría respecto a si hubo o no “publicación” en este caso es realmente incomprensible. La mayoría dedica toda la extensa tercera parte de su opinión a discutir la doctrina anglosajona sobre qué constituye “publicación” como elemento esencial en una acción difamatoria, particularmente en el ámbito patronal. Como parte de dicha discusión, la mayoría expresa su rechazo a la posición adoptada por algunos tribunales supremos estatales de que no puede configurarse el elemento de “publicación mediante comunicaciones intracorporativas. En su lugar, la mayoría adopta la posición contraria, sostenida también en numerosas jurisdicciones estatales norteamericanas y por los principales comentaristas de Estados Unidos, de que existe “publicación” si hay alguna comunicación intracorporativa que es libelosa. Sin embargo, después de fundamentar porque adopta esta posición, y después de admitir expresamente que en este caso si hubo al menos una tal comunicación intracorporativa, misteriosamente, sin explicar, la mayoría nos dice que no está de acuerdo con que aquí se haya establecido el elemento de publicación”, ni siquiera prima facie. La mayoría, pues, llega a una conclusión incoherente, ofuscando así la distinción doctrinal que antes había formulado tan afanosamente.(Fin de nota al calce)

Página: 362

cuándo existe una presunción de malicia y cuándo no. El único efecto de tal presunción es que evita probar los daños causados. Si la presunción de malicia de dicha sección no aplica a la controversia concreta ante el Tribunal, el demandado no queda por ello liberado de responsabilidad. Puede ser aun responsable si el demandante en efecto prueba los daños causados. Quiñones v. J. T. Silva, 16 D.P.R.696 (1910). Se trata, pues, de una mera disposición sobre el peso de la prueba, no sobre inmunidad de responsabilidad. Jiménez v. Díaz Caneia, 14 D.P.R. 9 (1908). Así expresa y diáfanamente lo explicamos en Romany v. El Mundo, 89 D.P.R. 604 (1963) cuando resolvimos que la ley especial de libelo y calumnia del 1902 no impide la indemnización por daños causados si se demuestra que el demandado actuó negligentemente, aun cuando no fuesen aplicables las presunciones que establece dicha ley especial “… que alteran las normas de evidencia de ordinario aplicables en cuanto a la necesidad de probar un hecho o a quien corresponde el peso de la prueba”. (Supra, pág. 618, subrayados nuestros). Así también lo reiteramos más recientemente al indicar que establecido el privilegio evidenciario de la sección 5 de la Ley de Libelo y Calumnia,… el peso de la prueba… recae enteramente sobre el demandante”. Cortes Portalatín v. Hau Colon, 103 D.P.R. 734 , 740 (1975).

Aun si pudiese demostrarse que el insólito resultado al que llega la mayoría del Tribunal en este caso es requerido por la vieja Ley de Libelo y Calumnia del 1902, ello no sería finalmente determinativo de la cuestión ante nos. Reiteradamente hemos dicho que a partir del 1952 no son sostenibles “muchas soluciones antiguamente derivables de la ley de 1902” porque desde esa fecha “la fuente principal de la protección contra injurias es… la Constitución, no la ley de 1902. Esta sobrevive tan sólo en cuanto es compatible con la Constitución” Cortes Portalatín v. Hau, supra; García v. El Mundo, 108 D.P.R. 174 (1978); Clavel v. El Vocero. 115 D.P.R. 685 Página: 363

(1984); Villanueva v. Hernández, 129 DPR (1991). No veo como puede la mayoría de este Tribunal reconocer una situación de claro ataque a la honra y reputación de una persona, que nuestra Constitución indudablemente repudia, y a la vez decir que tal ataque puede hacerse impunemente, para proteger unas comunicaciones intercorporativas. Darle prioridad a tales comunicaciones a costa de la honra y reputación de un individuo constituye un claro menosprecio del patente mandato de la Constitución. Yo, por lo menos, no estoy dispuesto a poner una mera conveniencia patronal por encima del pricipalísimo valor de respeto a la persona humana que consagra nuestra ley fundamental. Por ello, disiento.

Jaime B. Fuster Berlingeri, Juez Asociado

Martínez v. Chase Manhatan Bank 108 D.P.R. 515 (1979)

María Luisa Martínez Gómez, demandante y recurrente
v.
Chase Manhattan Bank y Otros, demandados y recurridos.
Número: R-78-390
Resuelto: 15 de marzo de 1979
MAR 15, 1979

En El Tribunal Supremo De Puerto Rico.
Sentencia de Plinio Pérez Marrero, J. (Humacao) declarando sin lugar una demanda en daños y perjuicios. Se expide el auto, se revoca la sentencia dictada y se dicta otra declarando con lugar la demanda y condenando a los demandados y recurridos al pago de ciertas sumas de dinero a la parte recurrente.
Israel Delgado Ramos, abogado de la recurrente; José L. Delgado Cadilla, abogado de Professional Research & Community Services, Inc.; José V. Gorbea Varona, abogado del Chase Manhattan Bank.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió la opinión del Tribunal.

**1 I
La regla de que el empleador no responde por los actos de su contratista *518 independiente, confrontada con la creciente tendencia favorable al demandante y la expansión de responsabilidad en casi todo campo de actividad, tiene hoy tantas excepciones que podría decirse con propiedad que la importancia primordial de la regla consiste en ser el preámbulo del catálogo de sus excepciones. Sobre su raison d’être de que la falta de control por el empleador en la ejecución de la obra por el contratista limita a éste la obligación de evitar el riesgo, ha prevalecido el argumento de que el empleador no se desliga de la empresa pues sigue siendo la persona principalmente beneficiada por la misma; ‘que él escoge al contratista, con libertad para insistir en uno de solvencia económica y exigirle indemnidad, y que el seguro necesario para distribuir el riesgo es propiamente un costo de su negocio.‘ En el desarrollo de la economía la figura del contratista independiente, que en su origen fue vocación del pequeño artesano, arribó como escudo tras el cual se ampara el empresario contra reclamaciones originadas en el riesgo natural de la empresa, recurso menos sofisticado que la fragmentación de personalidad en la ficción corporativa.
En Puerto Rico hemos avanzado notablemente, situados en la corriente de responsabilidad vicaria del principal empleador que se justifica en la aspiración de que ningún daño quede sin reparación. En Barrientos v. Gob. de la Capital, 97 D.P.R. 552, 564 (1969), nos apartamos del concepto *519 restrictivo de riesgo en la relación de principal y contratista independiente, y dijimos:
‘Eliminado el concepto restrictivo de que el daño sea consecuencia necesaria de la ejecución de la obra, basta entonces para imponer responsabilidad al propietario que haya un riesgo reconocible, un daño previsible. No es necesario que el riesgo de causar daño sea grave o inevitable. Es suficiente que de las circunstancias específicas que rodean la ejecución de la obra pueda razonablemente reconocerse la existencia de un riesgo que requiera tomar precauciones. Las precauciones tampoco tienen que ser de naturaleza extraordinaria. En Bonet v. Municipio de Barceloneta, supra, puntualizamos estos elementos esenciales de la responsabilidad del propietario. Sin embargo, decidimos el caso basándonos en el concepto restrictivo del daño que aquí abandonamos. En realidad no estamos diciendo nada nuevo. El elemento de previsibilidad de riesgo de que aquí hablamos es el mismo elemento de previsibilidad que es consustancial a toda la doctrina de responsabilidad civil estatuida en el Art. 1802 del Código Civil.‘
II
La demandada Professional Research & Community Services, Inc. (Research) es una agencia de cobros contratada por el demandado Chase Manhattan Bank (Chase) para gestiones relacionadas con la reposesión de vehículos de motor. Research a su vez subcontrató a Héctor L. Domínguez para que como contratista independiente se ocupara de gestionar las reposesiones, acordándose que sus servicios le serían pagados por unidad de trabajo y sólo *520 si lograba efectuar la reposesión. Domínguez por lo general iba acompañado de un alguacil, y una vez practicada la incautación llamaba una grúa que estaba bajo contrato con el Chase para que remolcara el automóvil hasta el sitio donde se iba a depositar. Por esta labor Research pagaba a Domínguez un por ciento de lo que ella cobraba al Chase por el servicio prestado. Domínguez no figuraba en la nómina de Research, utilizaba en sus gestiones su propio automóvil, mas no recibía rembolso de gastos, ni se le indicaba ruta a seguir.
**2 La demandante y recurrente María Luisa Martínez Gómez había adquirido un automóvil mediante contrato de venta condicional financiado por el Chase, y su atraso en el pago de varios plazos mensuales dio lugar a la radicación de una demanda de reposesión en el Tribunal de Distrito, Sala de Humacao, habiéndose expedido orden para aseguramiento de efectividad de sentencia para ser diligenciada en o fuera de horas laborables. La Sra. Martínez Gómez se hallaba en su hogar en compañía de sus hijos menores de edad el 28 de octubre de 1977, cuando a eso de las 10:30 de la noche hasta dicha residencia se llegaron dos hombres dando golpes en las ventanas, identificándose como alguaciles del tribunal y requiriendo que le abriesen la puerta. Creyendo que se trataba de funcionarios del tribunal, ella abrió la puerta topándose con Héctor L. Domínguez y su acompañante Héctor Marcano quienes le informaron que venían a reposeer el automóvil porque estaba atrasada en los pagos. ‘A continuación‘, dice el juez sentenciador en sus determinaciones de hecho, ‘los dos individuos empezaron a hacer insinuaciones impropias y avances y proposiciones sexuales, las cuales la señora Martínez Gómez rechazó indignada. Al ocurrir este rechazo uno de ellos le propinó una bofetada. Ambos sujetos despedían aliento alcohólico y su conducta despreciable produjo humillación, aprehensión y vergüenza extrema en la señora Martínez Gómez, cuyos daños pecuniariamente tienen un valor no menor de $10,000.00. Por los hechos antes relatados los *521 mencionados fascinerosos fueron acusados de delitos públicos relacionados con estos hechos y…fueron convictos.‘
El ilustrado juez desestimó la demanda al concluir que Domínguez era un contratisa independiente, encargado de un trabajo que no es inherentemente peligroso, fundando su decisión en Mariani v. Christy, supra. La demandante recurrió en revisión y a su solicitud de auto expedimos la siguiente orden:
‘Las partes demandas y recurridas Chase Manhattan Bank y Professional Research & Community Services, Inc., tendrán un término hasta el 12 de marzo de 1979 para comparecer a mostrar causa por la que no deba revocarse la sentencia recurrida, y considerando la previsibilidad del daño inherente a la función de cobrador y de conducta proscrita por Ley Núm. 143 de 27 junio, 1968 (10 LPRA secs. 981 y ss.) regulatoria de las agencias de cobro, dictar otra estimando la demanda y condenando a las recurridas a indemnizar a la demandante.‘
Han comparecido las recurridas Chase y Research descansando primordialmente en el argumento sutil de que Domínguez no era un ‘cobrador‘ ni Professional Research es ‘agencia de cobros‘ porque su intervención se limitaba a embargar y reposeer vehículos de compradores morosos. Su teoría es incompatible con las determinaciones de hecho del juez sentenciador en cuyo párrafo 5 deg. se declara probado que ‘Professional Research & Community Services, Inc. es una agencia de cobros que realiza gestiones en relación con reposesión de vehículos de motor para el Chase Manhattan Bank y otras compañ1?11ias.‘ Resulta tan evidente que la reposesión o embargo es el trámite que a la postre imparte concreción y eficacia al cobro de la cuenta, que aun las recurridas la llaman ‘tarea incidental‘ al pleito del Chase contra el deudor moroso.
**3 III
Un empleador responde por daños que debió anticipar al tiempo de contratar, *522 y no puede eludir responsabilidad pasándola al contratista. La excepción a la regla de indemnidad del principal por actos del contratista independiente, se da en trabajo arriesgado en ausencia de precauciones especiales. La persona que emplea un contratista independiente para hacer trabajo que el empleador debe reconocer como propenso a crear durante su desarrollo un riesgo peculiar de daño a tercero a menos que se tomen precauciones especiales, está sujeta a responsabilidad por el daño causado por razón de no haberse cuidado el contratista de tomar tales precauciones, aun cuando el empleador las hubiese ordenado en el contrato o por cualquier otro medio.
Las personas que directa o indirectamente contratan a un contratista independiente serán responsables solidariamente del daño que por su negligencia éste causare en la ejecución del trabajo, si dicho daño fuera un riesgo previsible para el contratante. El campo de la responsabilidad civil en la vida contemporánea se ha extendido con el advenimiento de actividades que aun cuando entrañan previsible riesgo de daño son permitidas en atención a su preponderante interés social. Las antiguas fórmulas jurídicas, como la teoría de que no hay responsabilidad sin culpa, sufren la erosión de excepciones orientadas a la necesidad de indemnizar el daño con independencia de la culpa siempre que aparezca de una actividad arriesgada que se traduce en apreciable beneficio para la empresa.
El empleador del contratista no responde por la negligencia corriente de éste que resulte en daño para tercera persona, ni por su inobservancia de precauciones de rutina que un contratista cuidadoso debe usualmente tomar. La responsabilidad del empleador gira en torno a ‘riesgos especiales, peculiares al trabajo que deba realizarse y que surgen de su naturaleza o *523 del sitio donde deba realizarse, contra los cuales un hombre razonable reconocería la necesidad de tomar precauciones especiales…. ?Peculiar’ no quiere decir que sea un riesgo anormal en ese tipo de labor o que ha de ser un riesgo anormalmente grande. Se refiere sólo a un peligro especial y conocible que se da en esa clase de trabajo.‘
Tanto para el Banco Chase como para su contratista Research, al momento de contratar, era enteramente previsible que en el curso de las diligencias de cobro y reposesión de vehículos encomendados a Domínguez podía surgir el riesgo de daño a tercero peculiar de este trabajo, a saber, la violencia y el abuso. Dicho riesgo era tan patente y notorio, que en protección del pueblo la Asamblea Legislativa desde el 27 de junio de 1968 había aprobado la Ley Núm. 143 titulada ‘Ley de Agencias de Cobros‘ (10 LPRA sec. 981 et seq.) reglamentando dicho negocio, sujetándolo a licencia, requiriendo en su Art. 6, antes de expedirla, investigación por el Secretario de Hacienda sobre la responsabilidad financiera, integridad, experiencia, reputación, carácter y aptitud general del solicitante y de todo el personal empleado por o asociado con el solicitante; exigiendo fianza a éste por la cantidad de $5,000 para responder de cualquier pérdida o daño que se ocasione a cualquier persona por razón de incumplimiento con la Ley (Art. 7); excluyendo del derecho a licencia a personas convictas de delito que implique depravación moral (Art. 8); y declarando prácticas prohibidas y delito menos grave operar so color de autoridad pública y ‘usar o amenazar con usar violencia física para cobrar una cuenta.‘ (Art. 17.) La mala práctica, la conducta ofensiva y violenta y el abuso se habían generalizado en nuestro medio al punto que la Legislatura hubo de actuar para reprimir la agresividad y los atropellos de los cobradores. La previsibilidad del *524 daño en este caso inferido a la demandante por el cobrador está reforzada por el precepto de que todo el mundo conoce la ley. El Banco Chase y su contratista Research, conocedores de la Ley que atañe a su actividad comercial y de la situación que dicho estatuto se propuso remediar, debieron prever el riesgo concretado en daño por la actuación de Domínguez como ‘peligro especial y conocible que se da en esa clase de trabajo‘. Restatement, supra. La violencia y el abuso, aun cuando no constituían riesgo anormalmente grande del tipo que conllevan las operaciones ‘inherentemente peligrosas‘, habían advenido, en las circunstancias de personas, tiempo y lugar, como riesgo especial, peculiar al trabajo de cobrador contra el cual los demandados recurridos debieron tomar precauciones especiales, en orden preferente entre ellas obtener un seguro que resarciera a las víctimas de los desmanes de los cobradores, en vez de buscar inmunidad detrás de la insolvencia del contratista independiente. Su descuido está sancianado por el Art. 1057 del Código Civil ( 31 LPRA sec. 3021) en su prevención: ‘La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia.‘
**4 La responsabilidad de los demandados fluye, además, del hecho central de ser ambos beneficiarios en su respectivas empresas, de la labor que la noche de *525 autos realizaba Domínguez. Es contrario al bienestar general y al interés público en la seguridad y salud de los miembros de la sociedad, la existencia en su seno de actividades dañosas, promovidas por poderosas empresas con fines de lucro a través de agentes irresponsables contra cuya insolvencia se frustra todo intento de reparación del daño. ‘[P]uesto que las personas jurídicas se valen de la actividad de personas físicas, y reciben las ventajas que tal actuación les procura, han de cargar también con las desventajas que, como contrapartida de aquel beneficio, puedan acarrearles la actuación dolosa o culposa de aquéllos …. [C]uando no se establece la responsabilidad directa que crea la culpa in eligendo, queda siempre la responsabilidad directa de la persona que ha actuado negligentemente ocasionando daños a una persona, de acuerdo con el Art. 1802 del Código Civil nuestro.‘ Ortiz v. Sucn. J. Serrallés, 89 D.P.R. 419, 422 y 424 (1963).
La aplicación del criterio de beneficio económico como fuente de responsabilidad civil se ha seguido por este Tribunal en Weber v. Mejías, 85 D.P.R. 76, 79 (1962), en Martínez v. Comunidad M. Fajardo, 90 D.P.R. 461, 467 (1964); y en Lugo Montalvo v. González Mañon, 104 D.P.R. 372, 379 (1975), donde impusimos responsabilidad civil a la sociedad de gananciales por la actuación personal de mala práctica de un médico bajo el supuesto de que su práctica profesional redundaba en provecho e incremento del acervo ganancial. El principio tiene una larga historia en nuestra jurisprudencia desde Santana v. Ramírez, 4 D.P.R. 208 (1903), interpretando el Art. 1793 del Código Civil en su disposición de que ‘aunque no hubiese *526 ratificado expresamente la gestión ajena el dueño de bienes o negocios que aprovecha las ventajas de la misma será responsable de las obligaciones contraídas en su interés.‘ Cuando no exista, como en el caso de autos, ratificación expresa de la gestión por parte del dueño del negocio, el principal sólo quedará obligado si aprovecha las ventajas de la gestión, teniendo en tal caso las obligaciones propias del mandante con todos sus efectos y consecuencias jurídicas, o sea, la de los Arts. 1618 y 1621 del Código Civil, puesto que el apropiarse efectivamente de los resultados de la gestión y su aprovechamiento por parte del dueño es lo que constituye presunción de ratificación de aquélla. ‘El aprovechamiento de las ventajas por parte del dominus entraña ope legis unas consecuencias contra las que no cabe prueba alguna en contrario.‘ Bonet Ramón, Código Civil Comentado, pág. 1490, 2da. ed. (1964).
Por tratarse de una acción revestida de interés público, la reclamación de la demandante no ha de estar maniatada por la regla de nexo contractual directo entre Research y Domínguez. La cadena de responsabilidad se extiende en retrospección hasta alcanzar el Banco Chase que dio el impulso inicial a la actividad generadora del daño sufrido por la recurrente. En nuestra jurisdicción, en consideración a razones de orden público, hemos rebasado la estrechez de la doctrina del nexo contractual directo reconociendo la trasmisibilidad de la acción decenal correspondiente al comprador original de una vivienda contra su contratista-vendedor (Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28, 65-66 (1967)); en la imposición de garantía expresa (Ferrer v. General Motors Corp., 100 D.P.R. 246 (1971)); y aun en la implícita (Mendoza v. Cervecería Corona, Inc., 97 D.P.R. 499 (1969)). Todos los antecesores en la cadena de contratación del causante directo del daño, que comparten la previsibilidad del suceso torticero responden a la perjudicada.
**5 Al así decidir estamos redistribuyendo la responsabilidad por el agravio *527 social que representa la conducta abusiva de algunas agencias de cobro, enfilándola hacia los promotores y principales beneficiarios de la actividad comercial que están en mejor condición que el cobrador para resarcir a la víctima.
Se expedirá el auto y se dictará sentencia estimando la demanda y condenando a Chase y a Research a indemnizar a la demandante recurrente en la suma de $10,000.00 más $1,000.00 para honorarios de abogado. Revocada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Martín concurren en el resultado.

NOTA1. Second Restatement of Torts, secs. 410-429; Pacific Fire Ins. Co. v. Kenny Boiler & Mfg. Co., 201 Minn. 500 (1937), 277 N.W. 226. Las numerosas excepciones ya ponen en entredicho la validez de la regla. Prosser, Law of Torts, Sec. 71, pág. 468, 4ta. ed. (1971).

NOTA2. Prosser, op. cit., pág. 468. Añade el autor que sobre esta base se ha predicho que al final la ‘regla general‘ será que el empleador responde por la negligencia de un contratista independiente, y que será relevado sólo en un limitado grupo de casos en que no esté en posición de seleccionar un contratista responsable, o cuando el riesgo de daño a otros por la empresa sea obviamente mínimo. Los tribunales ingleses han seguido esta dirección al punto que la posición del contratista independiente en Inglaterra se asemeja a la de un dependiente (servant).

NOTA3. Bajo dicha teoría, hoy abandonada, se resolvieron Mariani v. Christy, 73 D.P.R. 782 (1952) y Bonet v. Municipio de Barceloneta, 87 D.P.R. 81 (1963). Pérez v. Hato Rey Bldg. Co., 100 D.P.R. 882 (1972), aparece como leve alto en la ruta de ampliación de responsabilidad en beneficio del preponderante interés del tercero perjudicado señalada en Barrientos, supra.

NOTA4. Restatement of the Law 2d, Torts 2d, pág. 395.

NOTA5. Restatement, op. cit., Sec. 413, pág. 385.

NOTA6. El Informe de la Comisión de Industria y Comercio del Senado que precedió a la aprobación de dicha Ley Núm. 143 al anunciar los propósitos de la medida, expresa:
‘Se nos informa que durante el tiempo que estas agencias de cobro han operado sin reglamentar se ha incurrido en ciertas prácticas que podríamos tildar de irresponsables e inescrupulosas. Se hace necesario por lo tanto esta reglamentación para impedir la entrada de estas personas inescrupulosas en este campo. Hay que proteger al deudor de malas prácticas en el proceso de cobro por parte de las agencias pero sin llegar al punto de que esta protección entorpezca indebidamente la misión de la agencia, fomente el incremento en el número de deudores morosos y aumente el mal uso del crédito. Se hace necesario reglamentar las relaciones entre la agencia y el acreedor sin crear ventajas arbitrarias de una parte contra otra.‘

NOTA7. Debe sentir el embargo de las cosas aquél que ha el pro de ellas. Por eso, cuando el dueño se aprovecha de las ventajas que proporcione la gestión ajena de sus negocios, se constituye en las mismas obligaciones que tendría si fuera mandante, aunque no haya ratificado expresamente la gestión, porque en otro caso vendría a lucrarse injustamente de esas ventajas o de los beneficios producidos por los actos del gestor. Manresa, Código Civil Español, Tomo 12, págs. 800-802, 6ta. ed. (1973).