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Cláusula de la dignidad del ser humano en Puerto Rico: ¿mucho potencial y aún poco desarrollo?

En una de las últimas ediciones del 2009 del programa radial La Voz Del Centro, “Las dos constituciones y la ciudadanía”, se entrevistó al profesor José Julián Álvarez González, quien al final del mismo señaló que aún falta por desarrollarse el concepto de la “dignidad del ser humano” en la jurisprudencia puertorriqueña, pues esta cláusula siempre se ha utilizado como una especie de apéndice del derecho a la intimidad, cuando en otros países como Alemania se le ha dotado de cierta aplicación independiente de la intimidad.

El problema parece ser que el concepto es bastante vago, todo el mundo parece tener una idea de lo que es, pero pocos se aventuran a elaborar una definición. Oscar Schachter, autor del artículo Human Dignity as a Normative Concept[1], por ejemplo, comenta que “[t]he concept of human dignity evokes a clear image in most people, but the legal reality is that it resists a close and narrow definition. ”

Pero al menos parece haber cierto consenso en que se trata de una especie de igualdad entre humanos, una noción sobre cierto estándar de trato mínimo que merece toda persona nada más por ser un humano. Bajo  esta misma línea, Schachter señala que viola la dignidad del ser humano el mal trato dado a una persona por motivos de su etnia, origen nacional o su religión. Esto podría indicar que la prohibiciones constitucionales de discrimen “por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas”[2] parten del principio general de la inviolabilidad de la dignidad del ser humano. Eso parece sugerir  la estructura declarativa de la primera sección de nuestra carta de derechos:

Sección 1. Dignidad e igualdad del ser humano; discrimen, prohibido.

La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la Ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana.

Pero, aparte de estas aplicaciones más específicas, ¿podríamos señalar otras instancias que igualmente podrían analizarse bajo la óptica de la violación a la dignidad, sin ser necesariamente los discrímenes antes mencionados? Como guía podríamos pensar que una violación a la dignidad sería una especie de discrimen contra una persona por una razón (o falta de ella) que no justifica el perjuicio sufrido por el discriminado (hay que recordar que incluso discrímenes por razas han sido declarados constitucionales si hay una razón de peso que lo justifique. Ver, por ejemplo, el caso de las políticas de Discriminación positiva o affirmative actions).

En ese sentido, no se me ocurre un mejor ejemplo de una instancia en la que se hubiera podido utilizar la cláusula de la dignidad del ser humano con independencia del derecho a la intimidad, y sin partir de los corolarios de los discrímenes clásicos prohibidos, que la insensible campaña gubernamental La otra cara del sexo:

Bajo esta propuesta publicitaria, se presentan a las personas que sufren de enfermedades de transmisión sexual como monstruos, como criaturas no humanas que deben ser rechazadas y temidas, tratando de así lograr un termor general en los jovenes que los haga rechazar el sexo, ahora que conocen su “otra cara”. Se utiliza a los enfermos como un medio de propaganda, no como un fin en si mismo, como decía Kant[3] que debía tratarse a las personas. ¿Se justifica, para cumplir el importante interés social de prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual, el rebajar a las víctimas del propio mal que se pretende combatir de su propia humanidad? En mi opinión, aún cuando pudiera ser una táctica efectiva para salvar vidas (todos sabemos lo poderoso que es el miedo como arma), el tipo de perjuicio sufrido por los enfermos mediante esta campaña es tan grave (la violación de su dignidad como ser humano), que aún así no se justifica. Claro, hay una regla de interpretación constitucional que dice que toda cláusula está sujeta a otras cláusulas, por lo que, por más absolutista que sea el lenguaje de un pasaje de la constitución siempre será necesario hacer un balance de intereses para ver finalmente qué visión prevalece. No obstante, la importancia de la cláusula que aquí se discute fue considerada de tal envergadura, que algunos pensaban que el resto de la carta de derechos no era más meras deducciones de este principio fundamental, por lo que quizás lo más apropiado sería una interpretación lo más literal posible: “la dignidad del ser humano es inviolable”.

En fin, un desarrollo autónomo de la cláusula de la dignidad del ser humano podría producir una jurisprudencia tan fructífera como las que ha producido las cláusuals de igualdad ante la ley, o hasta la del debido proceso de ley. O, siendo más conservadores, por lo menos nos hubiera evitado el tener que soportar La Otra Cara del Sexo, que ya sólo con eso se justifica su inclusión en la constitución.

[1] American Journal of International Law, 77(4) (1983)

[2] CONST. E.L.A. art. II, § 1

[3] “Lo único que es un fin en sí mismo es el hombre, nunca puede ser utilizado como medio.”

Lcdo. Eugenio Martínez Rodríguez (72 Posts)

Editor de PopJuris. Creó este portal cuando era estudiante de derecho como un intento de estimular la discusión sobre el derecho más allá de entre abogad@s y estudiantes de derecho. Obtuvo su Juris Doctor en la Universidad de Puerto Rico y fue admitido al ejercicio de la abogacía por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Actualmente trabaja en la firma Borrás & Martínez.También coadministra el portal DerechoPR.org, una red social profesional para abogados y estudiantes de derecho en Puerto Rico.


Lcdo. Eugenio Martínez Rodríguez

Editor de PopJuris. Creó este portal cuando era estudiante de derecho como un intento de estimular la discusión sobre el derecho más allá de entre abogad@s y estudiantes de derecho. Obtuvo su Juris Doctor en la Universidad de Puerto Rico y fue admitido al ejercicio de la abogacía por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Actualmente trabaja en la firma Borrás & Martínez.También coadministra el portal DerechoPR.org, una red social profesional para abogados y estudiantes de derecho en Puerto Rico.

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