El Colegio de Abogados y los “bills of attainder”

Las grandes controversias suelen ser generadoras de importantes jurisprudencias. Tal parece que este podría ser el caso de la batalla que libra el Colegio de Abogados en contra de las leyes 121 y 135 del presente año, que eliminan la colegiación compulsoria de la profesión e impone nuevos  parámetros de elecciones internas a la institución.

Según un comunicado de prensa, la última movida del Colegio incluye desempolvar una oscura y poco estudiada cláusula constitucional que prohibe la aprobación de “proyectos para condenar sin celebración de juicio”, conocidos en ingles como Bill of attainder. Según el libro Derecho Constitucional de Puerto Rico y Relaciones Constitucionales con los Estados Unidos, del profesor José Julián Álvarez González, al menos hasta el 2005 esta disposición solamente había sido interpretada una vez por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 D.P.R. 562 (1992), dónde se rechazó utilizar la cláusula para invalidar una ley que prohibía juicio por jurados para los boliteros.

A nivel federal, tampoco han sido relativamente muchos  los casos de la Corte Suprema que atiendan las cláusulas análogas de la constitución federal. Uno de los casos más importantes sobre el tema,United States v. Lovett, 328 U.S. 303 (1946) ,  lo desarrolla de la siguiente manera:

“Those who wrote our Constitution well knew the danger inherent in special legislative acts which take away the life, liberty, or property of particular named persons because the legislature thinks them guilty of conduct which deserves punishment. They intended to safeguard the people of this country from punishment without trial by duly constituted courts. See Duncan v. Kahanamoku, 327 U.S. 304. And even the courts to which this important function was entrusted were commanded to stay their hands until and unless certain tested safeguards were observed. An accused in court must be tried by an impartial jury, has a right to be represented by counsel, he must be clearly informed of the charge against him, the law which he is charged with violating must have been passed before he committed the act charged, he must be confronted by the witnesses against him, he must not be compelled to incriminate himself, he cannot twice be put in jeopardy for the same offense, and, even after conviction, no cruel and unusual punishment can be inflicted upon him. See Chambers v. Florida, 309 U.S. 227, 235-238. When our Constitution and Bill of Rights were written, our ancestors had ample reason to know that legislative trials and punishments were too dangerous to liberty to exist in the nation of free men they envisioned. And so they proscribed bills of attainder.

Según reseña El Nuevo Día, al parecer el Colegio utilizará un caso de “una corte federal de Nueva York” que “anuló una ley porque se diseñó para castigar a un grupo de ayuda comunitaria”. Se trata de Association of Community Organizations for Reform Now (ACORN) v. USA, pleito llevado por el Center for Constitutional Rights, organización de la cual Harry Anduze, quién lleva el caso del Colegio, es parte como miembro de su Junta de Directores. Según pude leer de la decisión, allí se explica que la prohibición de “bill of attainders” es una especie de corolario de la doctrina de separación de poderes que intenta evitar la usurpación de los poderes judiciales por parte de una legislatura dispuesta a crear “condenas legislativas”.

La nueva petición ante el Tribunal de Primera Instancia señala que:

Las expresiones tanto de la Legislatura como del Gobernador son claras en establecer el propósito punitivo de las piezas legislativas pues se refieren expresamente a la conducta pasada del Colegio en supuestamente promover la independencia y en haber celebrado el velatorio de Filiberto Ojeda Ríos en su sede.

Pero, ¿hasta qué punto de proyecto de ley pasa de ser simplemente una propuesta inconveniente a un intento de “castigo legislativo”? ¿Hasta qué punto las expresiones de cinco, diez o quince legisladores pudieran identificarse como la “intención legislativa” de ambos cuerpos parlamentarios y del gobierno en general?

Ya veremos…

___________________________________________________________________________

Post scriptum (25/12/2009) : Curiosamente mientras la Ley Núm. 121 es impulsada por los detractores del Colegio, la exposición de motivos de esta ley no incorpora críticas contra éste, sino todo lo contrario, señala con desaprobación las críticas hechas a la institución:

Debemos especificar que muchas de las críticas más severas hechas al Colegio de Abogados nos dan la impresión de estar motivadas por ideales político-partidistas y de forma discriminatoria. (énfasis suplido)

¿Sería ésto un anticipo del señalamiento que finalmente incorpora el Colegio para retar la ley? Sería interesante ve si las expresiones públicas de los autores y autoras del proyecto de ley se pueden clasificar entre las discriminatorias o entre las que señalan un discrimen contra el Colegio.


¿Te gustaría tener cámaras de seguridad en tu casa o negocio pero piensas que son costosas, feas, difíciles de instalar y dificiles de usar? Pues esto te va a interesar. Presione aquí para más información.  

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.