La llamada masacre de La Jungla y la legítima defensa del comerciante

Absuelto de todos los cargos por la masacre de La Jungla

Por Ricardo Cortés Chico / rcortes@elnuevodia.com

PONCE – No hubo condenas. Luego de más de tres años de litigios, Adán Torres Quiñones, acusado de matar a cuatro jóvenes en la playa La Jungla, fue totalmente absuelto de cargos.De este modo, el jurado, en decisión mayoritaria, adoptó la teoría de los abogados del acusado en torno a que los disparos que Torres Quiñones hizo contra los hermanos Armando y Ángel Castro Pacheco y los jóvenes Ernesto Albarrán Silva y Christian Flores Padilla, fueron en legítima defensa.

Según recuerdo de las notas de prensa de hace tres años (porque las actuales solo se limitan a contar desde que el acusado empezó a disparar, obviando lo anterior) los hechos fueron los siguientes: el comerciante, Torres Quiñones, se encontraba en un área recreativa junto con su hija, y cuatro jóvenes conocidos de la familia, con quienes habían tenido unos problemas anteriormente, les dispararon y huyeron de la escena. Torres Quiñones creyó que su hija estaba muerta o herida, y tomó su pistola, va tras los jóvenes, los encuentra y los mata con 21 disparos repartidos entre los cuatro.

Con este cuadro de hechos, la defensa de Torres Quiñones alegó que éste actuó en legítima defensa. Pero el problema es que la legítima defensa, según definida por el Art. 26 del Código Penal de Puerto Rico, requiere la creencia razonable de que se va a sufrir un “daño inminente”, y si es para justificar “el dar muerte a un ser humano” se requiere tener motivos fundados para pensar que “se hallaba en inminente o inmediato peligro de muerte o de grave daño corporal”. Si nos dejamos llevar por los hechos ventilados por la prensa, no parece que éste sea el caso. Si los jóvenes huyeron del lugar, podría bien decirse que ni Torres Quiñones ni su hija se encontraban en un “peligro inminente”, y que su reacción, más que legítima defensa, fue una venganza. ¿Por qué, entonces, el jurado absolvió?

Probablemente por una de dos razones: o se desfiló prueba en juicio que apuntaba a una reconstrucción de hechos diferentes a los reseñados por la prensa, o estamos ante un caso de “nulificación juratorial” (jury nullification) .

Con el debido crédito, citamos de Wikipedia una sencilla definición del concepto:

La nulificación juratorial (del inglés jury nullification) significa “anulado por el jurado”. Es decir, que los miembros del jurado -la gente que se sienta en el jurado- pueden decidir que cierta ley está contra la constitución o contra la justicia. Si esa ley está contra estas cosas, entonces los miembros del jurado pueden liberar a un hombre (encontrarlo no culpable).

La nulificación del jurado da al jurado el poder “de juzgar” las leyes que el parlamento ha escrito. Es decir los miembros del jurado no sólo están probando al hombre, sino también a la ley en sí misma. Los miembros del jurado son gente regular, de vida cotidiana -no como los jueces, que son colocados por el gobierno. Debido a eso, hay un refrán que dice que “la nulificación por jurado protege los derechos de cada persona en el país, de las leyes del mal gobierno.”

En otras palabras, es cuando el jurado piensa algo parecido a esto: “diga lo que diga la ley, es inconstitucional o injusto condenar a este acusado por haber hecho lo que hizo”. Hay controversia sobre si se le debe informar al jurado de tal poder, o si siempre se le debe dar instrucciones de resolver conforme a derecho. Pero, con instrucciones o no, al final el jurado es quién decide, no tiene que dar justificación alguna por su decisión, y solo será revisable si el veredicto es contra el acusado, no a favor.

Creo que mientras siga la percepción de la criminalidad está fuera de control y que el trabajo de la Policia es ineficiente, serán cada vez más probables nulificaciones juratoriales como ésta. Para bien o para mal, es posible que una entrevista periodística con los miembros del jurado tendría por titular una cita directa: “Yo hubiera hecho lo mismo”.

Lcdo. Eugenio Martínez Rodríguez (73 Posts)

Editor de PopJuris. Creó este portal cuando era estudiante de derecho como un intento de estimular la discusión sobre el derecho más allá de entre abogad@s y estudiantes de derecho. Obtuvo su Juris Doctor en la Universidad de Puerto Rico y fue admitido al ejercicio de la abogacía por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Actualmente trabaja en la firma Borrás & Martínez.También coadministra el portal DerechoPR.org, una red social profesional para abogados y estudiantes de derecho en Puerto Rico.


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