Más dudas sobre Pueblo v. Díaz Medina | PopJuris

Más dudas sobre Pueblo v. Díaz Medina

Ya va un tiempo desde que se publicó la controversial opinión de Pueblo v. Díaz Medina, 2009 TSPR 138 (ver resumen y mapas de argumentos), y todavia se sigue debatiendo el caso (en estos días el Colegio de Abogados le dedicará –¿o ya dedicó?–  una noche de ponencias el precedente).

Abajo pongo lo mi reacción a algunos dudas o interrogantes que se repiten mucho.

La página de la Sociedad para la Asistencia Legal resume la norma de Díaz Medina de la siguiente manera: “Registro es legal si el perro le dice la policia que hay drogas”.

Esto es una sobresimplificación. La respuesta del can es uno de los elementos para determinar si hay causa para registrar, pero no es algo de por sí determinante.

La opinión del Tribunal no situa el examen del can como un factor suficiente para hayar causa, si no como parte de un conjunto de circunstancia a considerar:

…para determinar si posterior a un examen de olfato canino positivo se puede realizar el registro de los bultos, hay que atender la totalidad de las circunstancias haciendo un balance de intereses.

Lo que entiendo de este fragmento es que el Tribunal está aceptando que el examen canino no es suficiente por si solo para hayar causa para registro. De igual forma lo entendió el juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, en su opinión disidente:

…como acertadamente reconoce la Opinión del Tribunal al discutir la doctrina de necesidad especial, debemos recordar que el hecho de que el can haya marcado positivo no es de por sí suficiente ni justifica automáticamente el registro en su fondo del equipaje sin orden judicial previa, o sin que concurra alguna de las demás excepciones al registro sin orden.

La totalidad de las circunstancias incluyen los siguientes hechos:

  1. Se recibieron unas confindencias con respecto a un cargamento de drogas.
  2. Se corroboró dichas confidencias con un sargento del Task Force de Aduana Federal.
  3. Se entrevistó a tres personas que dijeron que el cargamento lo recogió el acusado.
  4. Mientras se seguía a los sospechosos, se visualizó un cargamento que por la forma en que estaba empacado sugería tráfico de drogas.
  5. Un examen canino marcó positivo a drogas en el bulto.

Es decir, el examen canino fue uno de muchos factores que llevaron a crear la sospecha. Es cierto que quizás fue el factor más importante, pero no fue, como alegan unos, “el factor”. De hecho, la opinión disidente de Hernández Denton lo que dice es que con todas las circunstancias habidas antes del examen canino, ya de por sí se justificaba dicho examen.

Surge una duda también con la frase:”…consideramos que si se trata de una norma válida para el arresto, debía serlo también para el registro o allanamiento en vista de que no hay mayor intrusión con la intimidad de la persona que el arresto”.¿Significa ésto que en Puerto Rico si hay causa probable para arresto hay también causa probable para registro?

Esa es la norma federal, pero en Puerto Rico la jurisprudencia no ha seguido esa corriente. Tan reciente como éste mismo año, en Pueblo v. Serrano Reyes, 2009 TSPR 126, el Tribunal Supremo, por medio de la opinión del juez Martínez (miembro del llamado “nuevo Tribunal”) reiteró que:

El mero arresto legal no convalida ipso facto un registro o una incautación sin orden, pues es necesario que el registro haya sido razonable. Pueblo v. Sosa Díaz, supra. En nuestra jurisdicción sigue siendo relevante el criterio de razonabilidad para todo registro incidental al arresto. Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470 (1988). E.g., Arizona v. Gant, supra.

Dudo que el Tribunal haya cambiado radicalmente su forma de pensar en este aspecto en apenas unos meses, especialmente sabiendo que Pueblo v. Serrano Reyes, supra, se publicó con la actual composición del Tribunal. Aunque quién sabe…

Lo que pienso que el Tribunal realmente quizo decir aquí es que, en este caso en específico, los mismos elementos que determinarían la causa probable para arresto son los mismos elementos que igual forma conformaban la causa probable para registro. Es decir, causa probable para arresto significa una probabilidad de que una persona haya cometido un delito, y eso estaba presente en este caso, mientras que causa probable para registro significa que hay una probabilidad de que un objeto relacionado a la comisión de un delito se encuentre en el lugar que se quiere registrar, lo que también estaba presente en este caso con los mismos hechos. En otras palabras, en este caso en particular unos hechos daban tanto causa probable para arresto, por pensar que se cometió un delito, que es la trasportación de la droga) como causa probable para registro, por las mismas razones, los paquetes que pensaban que eran droga , pero ésto no siempre ocurre (puede haber causa probable para arresto sin haber causa probable para registro o vicerversa).

Otra cuestión resaltada por la prensa fue el hecho de que se registrara sin una orden judicial. Al parecer daban a entender que este precedente por primera vez validaba un registro sin orden. ¿Es esto cierto?

No es cierto. Una orden judicial para registrar no convierte un registro en legal. Lo único que hace es establecer una presunción de que es legal….nada más. Para que un policía pueda registrar solo necesita causa probable. Hay excepciones como los registros a hogares en los que prácticamente no pueden darse registros sin una orden judicial, pero en otras situaciones, especialmente en lugares públicos un policía puede determinar si hay causa probable para registro y registrar (ya después se juzgará en un tribunal si fue razonable, y por lo tanto legal, su determinación o no.)

Notas relacionadas:

Lcdo. Eugenio Martínez Rodríguez (71 Posts)

Editor de PopJuris. Creó este portal cuando era estudiante de derecho como un intento de estimular la discusión sobre el derecho más allá de entre abogad@s y estudiantes de derecho. Obtuvo su Juris Doctor en la Universidad de Puerto Rico y fue admitido al ejercicio de la abogacía por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Actualmente trabaja en la firma Borrás & Martínez.También coadministra el portal DerechoPR.org, una red social profesional para abogados y estudiantes de derecho en Puerto Rico.



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