Demandas a contratantes (principales) por daños ocasionados por contratistas

Ya están en la Biblioteca de PopJuris algunos de los resúmenes de jurisprudencia que nos permite dar paso a una discusión de un tema bastante interesante: las demandas en caso de daños ocasionados por un contratista o subcontratista.

La pregunta aquí es, en caso de que un contratista o subcontratista ocasione un daño, ¿a quién se puede demandar para reparar o compensar el daño causado? No hay duda de que al propio contratista o subcontratista, pero esta respuesta afortunadamente no está completa, y digo afortunadamente por que, de no ser así, las personas o entidades que desean realizar alguna gestión, para evitar demandas, delegarían todo a un contratista insolvente para así librarse de cualquier riesgo y no tener que procurar (invertir) en medidas de precauciones que le eviten daños a terceros. Solo imagine, usted sufre un daño por la negligencia de alguien, pero la empresa que usted pensaría que es la responsable le informa cándidamente que la gestión negligente fue hecha por un subcontratista, así que cuando usted va a demandar al susodicho, resulta que da la “casualidad” que éste no tiene con qué responder. Sería un esquema perfecto para burlar la ley y no preocuparse ($) del bienestar ajeno. Así que la respuesta completa es que se puede demandar tanto al contratista o subcontratista, como a la persona que delegué tal gestión, llamada contratante o “principal”.

Sin embargo, las demandas a estos últimos por los daños causados por sus contratistas tienen sus límites (después de todo, se le está demandando por una culpa o negligencia de la que no eran responsables directamente). ¿Cuáles son los criterios para demandar al principal? Ha habido varios según se ha desarrollado la jurisprudencia sobre el tema.

Doctrina de riesgo inherente

En Bonet v. Municipio de Barceloneta, 87 D.P.R. 81 (1963) , el Tribunal Supremo aduce que se le puede imponer responsabilidad civil al principal si la obra que realiza el contratista es una que representa un “riesgo peculiar”, y el contratante no toma unas “precauciones especiales” para evitar los daños. Es una norma bastante restrictiva. Citando un caso posterior, Mariani v. Christy, 73 D.P.R. 782, 803 (1952), el tribunal presenta la siguiente explicación que resume la doctrina: “…los daños se producen, no debido a la manera en que se hace el trabajo, sino al hecho en sí de que se hace el trabajo”.

Doctrina de previsibilidad de los daños

En el caso de Barrientos v. Gobierno de la Capital, 97 D.P.R. 552 (1969), se estableció una norma más extensa que la de Bonet. “Bajo la doctrina más abarcadora que aquí propugnamos”, dice el tribunal, “no es requisito que el daño sea resultado directo y necesario del trabajo estipulado…”.La nueva doctrina, por el contrario, establecía que:

“…basta entonces para imponer responsabilidad al propietario que haya un riesgo reconocible, un daño previsible. No es necesario que el riesgo de causar el daño sea grave o inevitable. Es suficiente que las circunstancias específicas que rodean al ejecución de la obra pueda razonablemente reconocerse la existencia de un riesgo que requiera tomar precauciones”.

O sea, ahora la doctrina no exige peligrosidad o “riesgo inherente”, sino que basta con que se pudiera prever un posible riesgo para imponer responsabilidad. Tal riesgo no depende “de la naturaleza de la obra”, sino “de las circunstancias que rodean su ejecución”. En otras palabras, la actividad no tiene que ser una peligrosa, pero si se puede prever algún riesgo de su ejecución, el principal debe tomar sus precauciones para evitar daños. Un ejemplo podría ser un festejo público: festejar, de por sí, no es una actividad peligrosa, pero sí es posible prever alguna amenaza a la seguridad de las personas, por lo que se debería proveer servicios de seguridad para los asistente.

Doctrina de previsibilidad de los daños y beneficio económico

Un cambio importante ocurrió en Martínez v. Chase Manhattan Bank, 108 DPR 515 (1979), y es que se reconoce que, además del criterio de previsibilidad de los daños, el beneficio económico disfrutado por el principal puede ser un factor para imponerle responsabilidad civil a éste.

“Cuando no exista, como en el caso de autos, ratificación expresa de la gestión por parte del dueño del negocio”, dice el tribunal, “el principal sólo quedará obligado si aprovecha las ventajas de la gestión, teniendo en tal caso las obligaciones propias del mandante con todos sus efectos y consecuencias”. Ya anteriormente el Tribunal había utilizado la tesis atribuida al jurista español Juan López de Palacios Rubios de que “quien está en las ganancias, está en las pérdidas”, pero esta es la primera vez que se utilizaba en el contexto de un contratista.

Doctrina de previsibilidad de los daños y beneficio económico con fines de lucro

López v. Gobierno Municipal de Cataño, 131 D.P.R. 642 (1992), reiteró la norma de beneficio económico, pero aclaró (¿o estableció?) que el criterio de beneficio económico tiene que ser con fines de lucro. En este caso, por ser el Gobierno Municipal de Cataño una entidad pública, no se cumplía con este requisito.

Pons Anca v. Engebretson: ¿Revocación de Chase?

Algo extraño sucedió en Pons Anca v. Engebretson, 2003 TSPR 150,: no se mencionó el criterio de beneficio económico al resolver, y no se explicó por qué. ¿Significa esto que se revocó a Martínez v. Chase? Esa es una de las explicaciones. La otra es que no se mencionó debido a que el Tribunal no le parecía que era pertinente al caso, ya que se trataba de un doctor que contrató a una persona para que cortara dos palmas reales en su residencia, lo que podría decirse que no es una actividad que redunde en un beneficio económico con fines de lucro (¿Aún si aumenta o mantiene el valor de la residencia?). No obstante, la manera en que la opinión  dice que “el empleador no debe responder por la negligencia del contratista independiente cuando ejerza la debida diligencia”, sin mencionar el otro criterio del beneficio económico, resulta como mínimo extraño. Ha de suponerse que ante controversias relacionadas a nivel de Primera Instancia, ya deben estar los abogados debatiendo si Pons Anca revocó o no revocó a Chase.

Resumen

En síntesis, la norma actual es que el principal responde por la culpa o negligencia de su contratista si no tomó medidas de precaución ante un riesgo previsible de la gestión delegada. Si aún responde el principal por el hecho de beneficiarse económicamente, y con fines de lucro, de la gestión delegada…vaya usted a saber.


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