El cotejo del recibo de compra en las tiendas por departamentos

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No sé a ustedes, pero a mi me desagrada cada vez que voy a una tienda por departamento y me detiene un empleado en la puerta para cotejar mi recibo. Entiendo perfectamente las razones para esta suspicacia de parte de la empresa, y quizás hasta yo también lo haría si estuviera en su posición y ello evita el hurto. Pero aún con esas consideraciones, el solo hecho de que una institución te considere un potencial ladrón y abierta y directamente te lo de a entender ya es de esperarse que resulte ofensivo para muchas personas.

¿Estamos obligados como clientes a entregar el recibo de compra en la salida de una tienda para que lo cotejen? ¿No viola algunos de nuestros derechos este tipo de método de seguridad? No he encontrado un caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico que conteste estas preguntas de forma concluyente, pero si hay alguna jurisprudencia que podría ayudar a darnos una idea.

El cotejo de recibo y la restricción ilegal de la libertad

Un caso relativamente reciente, Castro Cotto v. Tiendas Pitusa 2003 J.T.S. 101, resuelve la controversia de si constituye una restricción ilegal de la libertad el pedirle cotejar un recibo de compra a un cliente (en la Biblioteca de PopJuris está el resumen del caso, y el texto completo). La respuesta fue que no es una restricción ilegal de la libertad, pero hay que notar que una de las razones por la que el tribunal falló de esa manera fue por que, a su juicio, “en ningún momento se le prohibió al demandante abandonar el local, ni se le restringió su libertad de movimiento”. ¿Significa ésto que el cliente podía marcharse del lugar sin entregar el recibo, y que si lo detenían sí hubiera sido una detención ilegal?

El cotejo de recibo y el derecho a la intimidad

El mismo caso también atiende el planteamiento de que tal práctica atenta contra el derecho constitucional a la intimidad, que según ha expresado el tribunal, “impone a toda persona el deber de no inmiscuirse en la vida privada o familiar de los demás seres humanos”. Sobre esto el tribunal afirmó que:

El mandato constitucional de que se proteja a las personas contra ataques abusivos a su intimidad tiene necesariamente que examinarse teniendo presente consideraciones de tiempo y lugar.  Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R. 828, 838 (1986).  Por lo tanto, ante un reclamo de violación a este derecho constitucional “la cuestión central es si la persona tiene derecho a abrigar, donde sea, dentro de las circunstancias del caso específico, la expectativa de que su intimidad se respete”.  E.L.A. v. P.R. Tel. Co., supra, Pág. 402, 114 D.P.R. 398, 401 (1983). Es decir, el criterio rector para determinar si existe o no la referida protección, es si quien la reclama tiene una expectativa legítima a la intimidad bajo las circunstancias particulares del caso.

El razonamiento dio paso a que se descartara el argumento. Sobre la posible violación de la dignidad del ser humano no hubo discusión (da la impresión de que, según el tribunal, sin intromisión a la intimidad, no hay planteamiento sobre la violación a la dignidad que se sostenga).

En fin, parecería ser que el Tribunal Supremo, al menos con su anterior composición, inclina la balanza hacia el derecho de propiedad de las tiendas ante planteamientos de violación de intimidad y de la dignidad (ver también Sociedad de Gananciales v. González Padin), pero va en dirección contraria, o sea a favor del cliente, ante la pregunta de si está o no obligado éste a entregar el recibo.

* La imagen fue tomada del usuario galaygobi de Flickr.com.
La misma fue publicada bajo la licencia
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de Creative Commons.

Lcdo. Eugenio Martínez Rodríguez (73 Posts)

Editor de PopJuris. Creó este portal cuando era estudiante de derecho como un intento de estimular la discusión sobre el derecho más allá de entre abogad@s y estudiantes de derecho. Obtuvo su Juris Doctor en la Universidad de Puerto Rico y fue admitido al ejercicio de la abogacía por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Actualmente trabaja en la firma Borrás & Martínez.También coadministra el portal DerechoPR.org, una red social profesional para abogados y estudiantes de derecho en Puerto Rico.


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