Código Penal de Puerto Rico, Ley 146 de 2012 | PopJuris

Código Penal de Puerto Rico, Ley 146 de 2012

(P. del S. 2021)

(Conferencia)

LEY

Para adoptar el Código Penal de Puerto Rico y derogar el vigente que fue aprobado mediante la Ley 149-2004, según enmendada, disponer para la aplicación y vigencia de sus disposiciones; y para otros fines.

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

            La Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad constitucional de salvaguardar la vida, propiedad y seguridad de todos los miembros de nuestra sociedad.  En cumplimiento de dicha responsabilidad constitucional, corresponde tomar las medidas necesarias para prevenir, controlar y reducir la incidencia de la actividad criminal.

La formulación de leyes penales es un proceso continuo que obedece a las condiciones sociales en determinado momento histórico. Según expresan las teorías de legislación penal, todo Código Penal debe ser el reflejo diáfano y genuino de los valores de la sociedad para la cual se legisla. Debe ser realista, acorde con los tiempos que se viven y lo suficientemente abarcador y flexible como para que se proyecte hacia un futuro previsible. Debe, además, ser susceptible de ajuste para atemperarlo a las situaciones cambiantes, según éstas suceden. Conforme fue reconocido en la Reforma Penal de 1974, el Código Penal no puede estar al servicio de minorías en la sociedad ni obedecer a los caprichos personales o individuales de unos y otros. Tiene que ineludiblemente responder al consenso de todos los sectores y de todos los intereses, interpretados en la forma más amplia y coherente posible.

Mediante la aprobación de la Ley 149-2004, según enmendada, se estableció en nuestra jurisdicción un nuevo Código Penal. Esta nueva legislación derogó el Código Penal de 1974. Aun cuando se reconoció el incalculable valor de este último y que el mismo fue el resultado de varias décadas de análisis por múltiples estudiosos de la materia, fueron motivos para su derogación que el mismo no logró establecer una base criminológica precisa y articulada, dejó de incorporar tendencias penológicas de la época; y mantuvo disposiciones que se habían insertado en nuestro ordenamiento legal provenientes del extranjero en conflicto con nuestra tradición y cultura jurídica. Véase, Exposición de Motivos, Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004.

Asimismo, fue señalado como lo más preocupante y, por consiguiente, motivo adicional para su derogación, que el Código Penal de 1974 establecía penas que no eran reales; que no guardaban proporción con la severidad relativa de los delitos; y la diferencia abismal entre la pena impuesta al convicto y la pena que realmente se cumple. Id. Así pues, fue aprobado el Código Penal de 2004, cuya aspiración fue prevenir individualmente la comisión de delitos mediante la reinserción social del confinado al alcanzar su rehabilitación y que sirviera de instrumento de prevención general mediante la afirmación de nuestros valores. Id.

Se reconoce que el Código Penal de 2004 fue un esfuerzo legítimo para reformular nuestro ordenamiento jurídico penal. Sin embargo, se reconoció, incluso por la misma Asamblea Legislativa que aprobó la Ley 149-2004, que dicha legislación, desde sus inicios tuvo deficiencias. Ello ameritó, por ejemplo, la promulgación inmediata de la Ley 338-2004, la cual atendió las penas impuestas en delitos contra la persona, creándose así una nueva modalidad al delito grave de segundo grado severo, aumentando las penas de reclusión impuestas por dicha conducta según tipificada. En la Exposición de Motivos de la ley, se expresa que a pesar de que las penas estatuidas en el nuevo código eran adecuadas para los delitos allí tipificados, se entendía apropiado establecer una pena mayor para ciertos delitos cuya comisión evidenciaban un claro menosprecio por la vida, el bienestar y la seguridad de otros seres humanos.

Igualmente, desde su aprobación, el Código Penal de 2004 fue criticado porque se alejó de ser un instrumento de trabajo práctico para jueces, fiscales, abogados y policías, quienes son los que tienen a su cargo la implementación del mismo. Varios de sus artículos fueron descritos como excesiva e innecesariamente complicados. De igual manera, fue señalado que los artículos de nueva inclusión de la Parte General representaban una codificación de la teoría del delito continental procedente de jurisdicciones foráneas, curiosamente, al igual que en el Código Penal de 1974, están en conflicto con nuestra tradición jurídica y son productos de doctrinas minoritarias muy criticadas.

El debido proceso de ley pone sobre la Asamblea Legislativa la obligación de que las normas que prescriben las conductas prohibidas deben ser claras y precisas, de manera que se respete el principio de legalidad. A base del mismo, fueron objetos de juicio crítico los siguientes puntos prevalecientes en el Código Penal de 2004:

(1) La conservación de figuras jurídicas carentes de parámetros de aplicación y la inclusión de nuevas normas complejas e imprecisas que ponían en la práctica a los organismos de investigación y procesamiento criminal en desventaja, dejándole sin mecanismos de intervención para enfrentar a la duda razonable que garantiza la presunción de inocencia.

(2) En cuanto a los principios que rigen la imposición de la sanción penal, la normativa sobre la aplicación de las penas, fue señalada como la razón más preocupante y atendida por el nuevo Código Penal de 2004. El mismo estableció que las penas fueran ajustadas al nivel reducido que se estaba cumpliendo dentro de la cárcel. En lugar de revisar el método mediante el cual se adjudicaban las bonificaciones por el sistema correccional, el Código Penal de 2004 redujo, en su gran mayoría, las penas a imponer por los distintos delitos tipificados, sustituyéndolo por un esquema de imposición de la pena basado en un sistema de grados en proporción a la severidad del delito.  Este nuevo sistema lo que hizo en realidad fue absorber las bonificaciones “automáticas” que motivaron la derogación del Código Penal de 1974. El resultado de esta acción, según demostrado ante la Comisión Conjunta Permanente de la Asamblea Legislativa para la Revisión Continua del Código Penal y para la Reforma de las Leyes Penales Especiales por varios comparecientes a las vistas públicas, fuertemente señala que durante estos años de vigencia del Código Penal de 2004, el nuevo sistema de grados, o sea, los intervalos de pena, no promueven la uniformidad en la imposición de las penas resultando en la imposición de sentencias disímiles por iguales hechos delictivos.

(3) La introducción en nuestro ordenamiento jurídico penal de una nueva teoría jurídica del delito. Esta doctrina puso énfasis en la atribución de responsabilidad con base en la peligrosidad del hecho delictivo para poner en riesgo o lesionar un bien jurídico protegido. Con este acercamiento se tomó el hecho punible como punto central de la perspectiva punitiva del delito. Esta doctrina contrasta con la que estuvo vigente hasta el 2004, la cual tiene como punto de enfoque el principio de subjetividad que fundamenta las bases de responsabilidad sobre la conciencia de la ilegalidad y la voluntad individual de incurrir en conducta delictiva.

Es un principio reconocido en el ámbito criminológico que un cambio súbito en la ideología y la dogmática que permea la teoría jurídica del delito conlleva alteraciones prácticas que inciden sobre la administración de la política pública gubernamental. No puede obviarse que el enfoque del Código Penal tiene efectos sobre todos los organismos que componen el sistema de justicia criminal requiriendo, como consecuencia, cambios sobre la política institucional, tanto reglamentarios y operacionales como individuales y sistémicos. Ello conlleva un efecto necesario sobre las actitudes de los operadores del sistema desde los niveles de prestación de servicios directos hasta la gerencia media y superior.

Las nociones contenidas en la expresión de la legislación sustantiva requieren cambios que no sólo impactan el conocimiento básico de los principios que alimentan las medidas expresadas por el legislador, sino que requieren su asimilación y la aceptación de los nuevos paradigmas. La falta de concordancia entre la legislación y su aplicación práctica puede reflejar la ineficiencia del ordenamiento ante una percepción social de inseguridad pública e impunidad. Precisamente este argumento ha permeado los más tenaces ataques al Código Penal de 2004 ante desacertadas decisiones judiciales, la impotencia de los organismos investigativos frente a la carencia de mecanismos jurídicos para facilitar la instancia y continuación de los procesos penales y la lamentable práctica de víctimas de delitos que toman la justicia por sí mismos. Estas actitudes han desarrollado en la ciudadanía falta de sensibilidad, tolerancia a la criminalidad, apatía a colaborar, irrespeto, repudio y desobediencia a la autoridad pública. Esto lo que revela es una desconfianza en la administración de la justicia que requiere una intervención legislativa inmediata.

En fin, desde su aprobación y vigencia, se ha cuestionado si el Código Penal de 2004 es realmente una herramienta socialmente útil para combatir la criminalidad, asunto de mayor preocupación que acosa a la ciudadanía. Ello motivó a que esta Asamblea Legislativa iniciara un proceso de análisis a través de la celebración de Vistas Públicas, en las cuales se recibió el insumo de múltiples sectores públicos y privados de nuestra sociedad con relación a la efectividad del Código Penal. Además, fueron recibidos los comentarios y el asesoramiento de estudiosos en la materia penal y se realizó una intensa labor de análisis legislativo que incluyó las distintas reformas penales, las disposiciones del Código Penal de 1974 y del Código Penal de 2004, así como la jurisprudencia y la literatura jurídica al respecto.

La misión del Estado es servir como perno que establezca un equilibrio entre las garantías consagradas tanto para el Estado como para el individuo sin que prevalezca la impunidad sobre las garantías individuales o viceversa. Por tanto, esta Asamblea Legislativa entiende que es necesario realizar cambios medulares, primordialmente, a la filosofía base del Código Penal de 2004, la cual ha tenido como resultado la lenidad hacia las personas acusadas y convictas desequilibrando el principio de igualdad procesal que debe regir la administración de la justicia criminal. Como consecuencia, presentamos este Código Penal de 2012, que es el resultado de un análisis de los valores sociales del presente histórico y que tiene, entre otros, el propósito de tutelar bienes jurídicos que merecen ser protegidos.

 

Este nuevo Código ha sido atemperado a la legislación especial relativa a la administración de la justicia. Asimismo, se han redefinido e incluido nuevas figuras jurídicas para conformarlas a las directrices ofrecidas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y el Tribunal Supremo de Estados Unidos en interpretación de las garantías constitucionales.

El Código Penal ha conservado aquellas instituciones de los Códigos Penales anteriores que se adaptan a nuestra vida presente; se han mejorado aquellas que resultan inadecuadas y se han incluido nuevos delitos y penalidades a tono con nuestra sociedad actual. A esos efectos, el Código ha puesto énfasis sobre la protección a las víctimas de delito abriendo paso a figuras como el síndrome de la mujer maltratada, y rechazando la exclusión de responsabilidad cuando la víctima consiente a la comisión del delito, así como el establecimiento de atenuantes que imponen algún grado de responsabilidad sobre la víctima.

En tema del establecimiento de la responsabilidad penal, este Código tiene muy presente la expresión contenida en nuestra Constitución que establece con jerarquía constitucional el carácter rehabilitador de la pena al disponer en su Artículo VI, Sección 19, que las instituciones penales preponderarán “el tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”; que “no se impondrán castigos crueles e inusitados” y que las “multas no serán excesivas”. Artículo II, Secciones 11 y 12 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. A esos efectos, se reconocen como principios fundamentales que la sanción penal no podrá atentar contra la dignidad humana y la rehabilitación moral y social del convicto como un objetivo general para la imposición de las penas.

De igual manera, el Código reconoce como objeto de tutela el castigo justo al autor del delito, específicamente cuando la conducta afecta la ordenada administración de la justicia y la intervención con los derechos fundamentales. El Código pone especial atención en velar por la confianza pública imponiendo sobre los funcionarios o empleados públicos la obligación de probidad en el cumplimiento del deber y la destitución de su cargo o empleo como pena cuando infrinja la ley en el desempeño de las funciones públicas.

En conclusión, el esfuerzo que se presenta mediante esta medida legislativa, representa la inclusión del trabajo de años de estudios y análisis, así como la colaboración y el insumo de múltiples especialistas, estudiosos e interesados en la materia, incluyendo agencias del Gobierno de Puerto Rico y entidades tales, como el Departamento de Justicia y la Sociedad para la Asistencia Legal, cuya experiencia en el trámite de asuntos penales en nuestros Tribunales de Justicia y colaboración ha sido invaluable durante el análisis de esta legislación. Esta medida legislativa representa un esfuerzo legítimo para reformular nuestro ordenamiento jurídico penal, como un instrumento eficaz para la administración de la justicia criminal y devolver a la ciudadanía la seguridad jurídica que tanto merece.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

LIBRO PRIMERO

PARTE GENERAL

TÍTULO I

DE LA LEY PENAL

CAPÍTULO I

DE LOS PRINCIPIOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL

SECCIÓN PRIMERA

Denominación y principios de aplicación

            Artículo 1.- Denominación y aplicabilidad de la ley.

Esta ley se denomina Código Penal de Puerto Rico.

Los principios contenidos en el Libro Primero de la Parte General de este Código aplican a la conducta regulada por otras leyes penales, salvo que éstas dispongan lo contrario.

            Artículo 2.- Principio de legalidad.

No se instará acción penal contra persona alguna por un hecho que no esté expresamente definido como delito en este Código o mediante ley especial, ni se impondrá pena o medida de seguridad que la ley no establezca con anterioridad a los hechos.

No se podrán crear ni imponer por analogía delitos, penas ni medidas de seguridad.

            Artículo 3.- Ámbito de aplicación de la ley penal.

La ley penal de Puerto Rico se aplica al delito consumado o intentado dentro de la extensión territorial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Se entiende por extensión territorial el espacio de tierra, mar y aire sujeto a la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

No obstante lo anterior, la ley penal de Puerto Rico se aplica fuera de la extensión territorial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en cualquiera de los siguientes casos:

(a) Delitos cuyo resultado se ha producido fuera de Puerto Rico cuando se realicen actos preparatorios o de ejecución dentro de su extensión territorial.

(b) Actos preparatorios o de ejecución realizados fuera de Puerto Rico con el propósito de cometer un delito cuyo resultado se ha producido en su extensión territorial.

(c) Delitos consumados o intentados por funcionario o empleado público o persona que se desempeñe a su servicio cuando la conducta constituya una violación de las funciones o deberes inherentes a su cargo o encomienda.

(d) Delitos de genocidio o crimen de lesa humanidad, según se definen en este Código.

(e) Delitos susceptibles de ser procesados en Puerto Rico, de conformidad con los tratados o convenios ratificados por los Estados Unidos de América.

            Artículo 4.- Principio de favorabilidad.

La ley penal aplicable es la vigente al momento de la comisión de los hechos.

La ley penal tiene efecto retroactivo en lo que favorezca a la persona imputada de delito. En consecuencia, se aplican las siguientes normas:

(a) Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito es distinta de la que exista al procesar al imputado o al imponerle la sentencia, se aplicará siempre la ley más benigna.

(b) Si durante el término en que la persona está cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley más benigna en cuanto a la pena o al modo de ejecutarla, se aplicará retroactivamente.

(c) Si durante el término en que la persona está cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley que suprime el delito, o el Tribunal Supremo emite una decisión que despenalice el hecho, la pena quedará extinguida y la persona liberada, de estar recluida o en restricción de libertad.

En estos casos los efectos de la nueva ley o de la decisión judicial operarán de pleno derecho.

            Artículo 5.- Principio de vigencia temporera. 

La ley penal de vigencia temporera se aplicará a hechos cometidos durante su vigencia, aunque la ley haya perdido su vigencia con posterioridad, salvo que por ley se determine otra cosa.  

Artículo 6.- Principio de personalidad.

La responsabilidad penal es personal.

El consentimiento de la víctima no exime de responsabilidad penal.

Las relaciones, circunstancias y cualidades personales que aumenten o disminuyan la pena, afectarán solamente a la persona a quien corresponda.

            Artículo 7.- Relación de causalidad.

Nadie podrá ser sancionado por un hecho previsto en una ley penal como delito si la conducta delictiva no es consecuencia de su acción u omisión.

No impedir un evento cuando se tiene la responsabilidad jurídica de evitarlo, equivale a causarlo.

            Artículo 8.- Principio de responsabilidad penal.

Nadie podrá ser sancionado por un hecho previsto en una ley penal si no lo ha realizado según las formas de culpabilidad provistas en este Código.

La exigencia de responsabilidad penal se fundamenta en el análisis de la gravedad objetiva del daño causado y el grado de culpabilidad aparejado por la conducta antijurídica del autor.

Artículo 9.- Principio de especialidad.

Cuando la misma materia se regula por diversas disposiciones penales, la disposición especial prevalece sobre la general.

Artículo 10.- Principio de judicialidad.

La pena o la medida de seguridad se impondrá mediante sentencia judicial exclusivamente.

            Artículo 11.- Principios que rigen la aplicación de la sanción penal.

La pena o medida de seguridad que se imponga no podrá atentar contra la dignidad humana.

Las penas se establecerán de forma proporcional a la gravedad del hecho delictivo.

Las penas deberán ser necesarias y adecuadas para lograr los principios consignados en este Código.

La imposición de las penas tendrá como objetivos generales:

(a) La protección de la sociedad.

(b) La justicia a las víctimas de delito.

(c) La prevención de la delincuencia.

(d) El castigo justo al autor del delito.

(e) La rehabilitación social y moral del convicto.

Por su naturaleza como sanción no punitiva sino de prevención social, la medida de seguridad no tendrá límite máximo. El término de interdicción por medida de seguridad estará sujeto a la revisión periódica según consignado en el Artículo  85 de este Código. La cesación de la medida de seguridad dependerá de la peligrosidad que represente el individuo para sí y la sociedad.

SECCIÓN SEGUNDA

De la interpretación

            Artículo 12.- Interpretación de palabras y frases.

Las palabras y frases se interpretarán según el contexto y el significado sancionado por el uso común y corriente.

Las voces usadas en este Código en el tiempo presente incluyen también el futuro; las usadas en el género masculino incluyen el femenino y el neutro, salvo los casos en que tal interpretación resulte absurda; el número singular incluye el plural y el plural incluye el singular.

Artículo 13.- Alcance de la interpretación.

Si el lenguaje empleado en un estatuto es susceptible de dos o más interpretaciones, debe ser interpretado para adelantar los principios establecidos en este Código y la protección del bien tutelado en el artículo particular objeto de interpretación, pero siempre tomando como base el principio de responsabilidad penal.

Artículo 14.- Definiciones.

Salvo que otra cosa resulte del contexto, las siguientes palabras y frases contenidas en este Código tendrán el significado que se señala a continuación:

(a) “A sabiendas” implica conocimiento personal, no requiere el conocimiento de la ilegalidad del acto u omisión. Términos equivalentes como: “conocimiento”, “sabiendo”, “con conocimiento” y “conociendo” tienen el mismo significado.

(b) “Acto” o “Acción” significa la realización de un hecho.

(c) “Amnistía” significa medida legislativa de carácter excepcional, algunas veces provisional, que suspende los efectos normales de alguna ley.

(d) “Año” y “Año natural” es de trescientos sesenta y cinco (365) días, siempre que no sea bisiesto, en cuyo caso es de trescientos sesenta y seis (366) días.

(e) “Aparato de escaneo” significa un escáner, lector, “skimmer” o cualquier otro aparato electrónico que se use para acceder, leer, escanear, obtener, memorizar o almacenar, temporera o permanentemente, información codificada en la cinta o banda magnética de una tarjeta de pago.

(f) “Aparato de grabación o transferencia de imágenes o sonidos” significa cualquier equipo con la capacidad de grabar o transmitir una película o parte de ésta por los medios tecnológicos actuales o que puedan desarrollarse en el futuro.

(g) “Apropiar” incluye el malversar, defraudar, ejercer control ilegal, usar, sustraer, apoderarse, o en cualquier forma hacer propio cualquier bien o cosa que no le pertenece, en forma temporal o permanente.

(h) “Beneficio” es cualquier provecho, utilidad, ventaja, lucro, o ganancia pecuniaria o material.

(i) “Bienes inmuebles” incluye terrenos y todo lo que allí se construya, crezca o se adhiera permanentemente.

(j) “Bienes muebles” incluye dinero, mercancías, semovientes, equipos, aparatos, sistemas de información y comunicación, servicios, vehículos de motor o cualquier otro objeto de locomoción, energía eléctrica, gas, agua u otro fluido, ondas, señales de comunicación móviles o electrónicas y números de identificación en soporte papel o electrónico, cosas cuya posesión pueda pedirse en juicio, comprobantes de crédito, documentos, o cualquier otro objeto susceptible de apropiación.

(k) “Codificador o decodificador” significa un aparato electrónico o “re-encoder” que coloca información codificada de una cinta o banda magnética de una tarjeta de pago en la cinta o banda magnética de otra tarjeta de pago.

(l) “Conducta” significa una acción u omisión y su correspondiente estado mental o, cuando sea relevante, una serie de actos u omisiones.

(m) “Creencia razonable” o “razonablemente cree” se refiere a una creencia del autor que no sea producto de su negligencia.

(n) “Documento público” incluye cualquier escrito, impreso, papel, libro, folleto, fotografía, fotocopia, película, microforma, cinta magnetofónica, mapa, dibujo, plano, cinta, o cualquier material leído por máquina o producido de forma electrónica aunque nunca sea impreso en papel, archivo electrónico, o cualquier otro material informativo o informático, sin importar su forma o características físicas, que se origine, se reciba manual o electrónicamente, o se conserve en cualquier dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con la ley, o que se designe por ley como documento público, o cualquier escrito que se origine en el sector privado en el curso ordinario de transacciones con dependencias gubernamentales y que se conserven permanente o temporeramente en cualquier dependencia del Estado, por su utilidad administrativa o valor legal, fiscal o cultural.

(o) “Edificio” comprende cualquier casa, estructura, barco, vagón, vehículo u otra construcción diseñada o adaptada para, o capaz de dar abrigo a seres humanos o que pueda usarse para guardar cosas o animales o para negocio. Comprende, además, sus anexos, dependencias y el solar donde esté enclavado.

(p) “Edificio ocupado” comprende cualquier casa, estructura, vehículo o lugar adaptado para acomodo nocturno de personas, para llevar a cabo negocios en el mismo, para el cuidado de niños o personas, para enseñanza de cualquier nivel, o para fines públicos, siempre que esté en uso aunque al momento del hecho no haya personas presentes. Comprende, además, sus anexos, dependencias y el solar donde esté enclavado.

(q) “Escrito” incluye cualquier impreso, hoja, carta, escritura pública, documento notarial, sello, escritura o firma de una persona en soporte papel o en soporte digital, o imagen, moneda, papel moneda, fichas, tarjeta de crédito o cualquier otro símbolo o evidencia representativa de algún valor, derecho, privilegio u obligación.

(r) “Estado Libre Asociado de Puerto Rico” o “Estado” comprende los departamentos, agencias, juntas y demás dependencias, corporaciones públicas, instrumentalidades y sus subsidiarias, los municipios y las subdivisiones políticas, y las ramas de gobierno.

(s) “Estados Unidos de América” son los Estados de la Unión Norteamericana, sus territorios y posesiones, el Distrito de Columbia y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(t) “Firma” o “Suscripción” es el nombre escrito de puño y letra o en forma digital, o el nombre o la marca o señal hecha a ruego de una persona, cuando dicha persona no pueda escribir su nombre, escribiéndose su nombre junto a tal marca o señal por otra persona que también firmará como testigo.

(u) “Fondos públicos” es el dinero, los bonos u obligaciones, valores, sellos, comprobantes de rentas internas, comprobantes de deudas y propiedad perteneciente al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, departamentos, agencias, juntas y demás dependencias, corporaciones públicas y sus subsidiarias, los municipios y las divisiones políticas. También incluye el dinero recaudado por personas o entidades privadas que mediante acuerdo o por autoridad de ley realizan gestiones o cobro de patentes, derechos, impuestos, contribuciones, servicios, o del dinero que se adeude al Estado Libre Asociado de Puerto Rico por concepto de cualquier otra obligación o cualquier otra gestión o para el cobro de sellos o derechos para instrumentos públicos o documentos notariales. Cuando se trate de bonos, obligaciones, valores y comprobantes de deuda, el término incluye no sólo el documento que evidencie la obligación, sino también el dinero, bonos, valores u obligaciones que se obtengan como producto de la emisión, compra, ejecución, financiamiento, refinanciamiento o por cualquier otra transacción con aquéllas.

(v) “Fraudulentamente” o “Defraudar” es el acto cometido mediante ardid, simulación, trama, treta o mediante cualquier forma de engaño.

(w) “Funcionario del orden público” aquella persona que tiene a su cargo proteger a las personas, la propiedad y mantener el orden y la seguridad pública.  Esto incluye, pero sin limitarse, a todo miembro de la Policía de Puerto Rico y de la Policía Municipal, Agentes del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia y Alguaciles de la Rama Judicial.  Se considera también funcionario o funcionaria del orden público de carácter limitado a todo empleado o empleada público estatal o federal, con autoridad expresa en ley para efectuar arrestos en el desempeño de sus funciones y responsabilidades especiales.

(x) “Funcionario o empleado público” es la persona que ejerce un cargo o desempeña una función o encomienda, con o sin remuneración, permanente o temporeramente, en virtud de cualquier tipo de nombramiento, contrato o designación, para la Rama Legislativa, Ejecutiva o Judicial o del gobierno municipal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Incluye aquellas personas que representan el interés público y que sean designadas para ocupar un cargo en una junta, corporación pública, instrumentalidad y sus subsidiarias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como aquellos que sean depositarios de la fe pública notarial. El término “funcionario público” incluye aquellas personas que ocupan cargos o empleos en el Gobierno del Estado Libre Asociado que están investidos de parte de la soberanía del Estado, por lo que intervienen en la formulación e implantación de la política pública.

(y) “Género” se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad.

(z) “Ilegalmente” es todo acto en contravención de alguna ley, norma, reglamento, ordenanza, u orden promulgada por una autoridad competente del Estado en el ejercicio de sus funciones.

(aa) “Juramento” incluye afirmación o declaración, así como toda forma de confirmar la verdad de lo que se declara. Toda forma de declaración oral bajo juramento o afirmación está comprendida en la voz testificar y toda declaración por escrito, en la palabra deponer.

(bb) “Ley” incluye la Constitución, estatutos, normas, reglamentos u ordenanzas locales de una sub-división política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(cc) “Mes” es el período de treinta (30) días a no expresarse otra cosa.

(dd) “Noche” es el período transcurrido entre la puesta y la salida del sol.

(ee) “Obra” significa entre otras cosas, cosa hecha o producida por un agente; cualquier producción del entendimiento en ciencias, letras o artes,  volumen o volúmenes que contienen un trabajo literario completo; edificio en construcción; lugar donde se está construyendo algo o arreglando el pavimento; medio, virtud o poder, trabajo que cuesta, o tiempo que requiere la ejecución de una cosa; labor que tiene que hacer un artesano.

(ff) “Obra audiovisual” significa un medio tangible en el cual los sonidos e imágenes son grabados o almacenados, incluyendo cintas de video originales, discos de video digitales, películas o cualquier otro medio en existencia o a ser desarrollado en el futuro, y en donde los sonidos e imágenes están grabados o puedan ser grabados o almacenados, o una copia o reproducción total o parcial, duplicando el original.

(gg) “Omisión” significa el no actuar.

(hh) “Persona” incluye las personas naturales y las personas jurídicas.

(ii) “Premeditación” es la deliberación previa a la resolución de llevar a cabo el hecho luego de darle alguna consideración por un período de tiempo.

(jj) “Propiedad” o “Patrimonio” incluye los bienes muebles y los inmuebles.

(kk) “Propósito” Una persona actúa a propósito cuando el objetivo consciente de la persona es cometer el delito. Términos equivalentes como “a propósito”, “con el propósito”, “concebido”, “preconcebido” y “diseñado” tienen el mismo significado.

(ll) “Sello” comprende la impresión de un sello sobre un escrito en soporte papel o digital, o sobre cualquier sustancia adherida al papel, capaz de recibir una impresión visible o de legitimidad.

(mm) “Tarjeta de crédito o débito” incluye cualquier instrumento, instrumento negociable u objeto conocido como tarjeta de crédito o débito, placa, libro de cupones o por cualquier otro nombre, expedido con o sin el pago de un cargo por quien la recibe, para el uso del tenedor en la obtención o adquisición a crédito o débito de dinero, bienes, servicios o cualquier otra cosa de valor en el establecimiento del emisor de la tarjeta de crédito o débito o en cualquier otro establecimiento.

(nn) “Teatro de películas cinematográficas” significa teatro de película, cuarto de proyección o cualquier otro lugar que se esté utilizando principalmente para la exhibición de una película cinematográfica.

(oo) “Telemática” Aplicación de las técnicas de la telecomunicación y de la informática a la transmisión a larga distancia de información computarizada.

(pp) “Tortura” es causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodio o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor a los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas.

(qq) “Tratamiento médico” Cualquier tipo de intervención de naturaleza médica, invasivo o no, incluyendo, sin limitarse a, la utilización de fármacos, estudios y procedimientos quirúrgicos, radiológicos, de medicina nuclear o de quimioterapia.

(rr) “Voluntario” Acto que nace de la voluntad, y no por fuerza o necesidad extrañas a aquéllas. Término equivalente como: “voluntariamente” tiene el mismo significado.

TÍTULO II

DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO Y DE LA CONDUCTA DELICTIVA

CAPÍTULO I

DEL DELITO

Definición y clasificación

            Artículo 15.- Definición.

Delito es un acto cometido u omitido en violación de alguna ley que lo prohíbe u ordena, que apareja, al ser probado, alguna pena o medida de seguridad.

Artículo 16.- Clasificación de los Delitos.

Los delitos se clasifican en menos graves y graves.

Es delito menos grave todo aquél que apareja pena de reclusión por un término que no exceda de seis (6) meses, pena de multa que no exceda de cinco mil (5,000) dólares o ambas penas a discreción del tribunal. Delito grave comprende todos los demás delitos.

Artículo 17.- Delito sin pena estatuida.

Si algún acto u omisión es declarado delito y no se establece la pena correspondiente, tal acto u omisión se penalizará como delito menos grave.

Si algún acto u omisión es declarado delito grave y no se establece la pena correspondiente, ésta será de reclusión por un término fijo de dos (2) años, o pena de multa que no excederá de diez mil (10,000) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal.

 

CAPÍTULO II

DE LA CONDUCTA DELICTIVA

SECCIÓN PRIMERA

Del establecimiento de la responsabilidad penal

            Artículo 18.- Formas de comisión.

El delito sólo puede ser realizado por acción o por omisión.

            Artículo 19.- Lugar del delito.

El delito se considera cometido:

(a) donde se ha ejecutado la acción o donde debía ejecutarse la acción omitida; o

(b) donde se han realizado actos preparatorios; o

(c) donde se ha producido o debía producirse el resultado delictivo en Puerto Rico, en aquellos casos en que los actos preparatorios o ejecutorios se han realizado fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

            Artículo 20.- Tiempo del delito.

El delito se considera cometido:

(a) en el momento en que se ha ejecutado la acción o debía ejecutarse la acción omitida; o

(b) en el momento en que se ha producido el resultado delictivo.

SECCIÓN SEGUNDA

De la culpabilidad

            Artículo 21.- Formas de culpabilidad.

Nadie podrá ser sancionado por un hecho previsto en una ley penal si no lo ha realizado con intención o negligencia.

La intención o la negligencia se manifiestan por las circunstancias relacionadas con el hecho, la capacidad mental y las manifestaciones y conducta de la persona.

Los hechos sancionados en este Código requieren intención, salvo que expresamente se indique que baste la negligencia.

            Artículo 22.- Intención.

El delito se considera cometido con intención:

(a) cuando el resultado ha sido previsto y querido por la persona como consecuencia de su acción u omisión; o

(b) el hecho delictivo es una consecuencia natural de la conducta voluntaria del autor; o

(c) cuando el autor ha previsto o está consciente de que existe una alta probabilidad de que mediante su conducta se produzca el hecho delictivo.

 

 

Artículo 23.- Negligencia.

El delito se considera cometido por negligencia cuando se realiza sin intención, pero por imprudencia. Se considera conducta imprudente no observar el cuidado debido que hubiera tenido una persona normalmente prudente en la situación del autor para evitar el resultado.

Artículo 24. Error en la persona.

            Toda persona que, por error o accidente, comete delito en perjuicio de una persona distinta de aquella a quien dirigió su acción original, será responsable en la misma medida que si hubiera logrado su propósito, y conllevará, además, responsabilidad en grado de tentativa por los actos ejecutorios realizados contra quien dirigió su acción original.

Para fines de la imputación, no se tomarán en consideración las circunstancias agravantes específicas relacionadas con condiciones particulares de la víctima a quien iba dirigido el delito o cuando mediaran relaciones personales o de otra índole entre ésta y el ofensor. 

SECCIÓN TERCERA

De las causas de exclusión de responsabilidad penal

            Artículo 25.- Legítima Defensa.

No incurre en responsabilidad penal quien defiende su persona, su morada, sus bienes o derechos, o la persona, morada, bienes o derechos de otros en circunstancias que hicieren creer razonablemente que se ha de sufrir un daño inminente, siempre que haya necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler el daño, falta de provocación suficiente del que ejerce la defensa.

Cuando se alegue legítima defensa para justificar el dar muerte a un ser humano, es necesario tener motivos fundados para creer que al dar muerte al agresor, el agredido o la persona defendida se hallaba en inminente o inmediato peligro de muerte o de grave daño corporal. Para justificar la defensa de la morada, las circunstancias indicarán una penetración ilegal o que la persona que se halle en la  morada tenga la creencia razonable que se cometerá un delito.  Para justificar la defensa de bienes o derechos, las circunstancias indicarán un ataque a los mismos que constituya delito o los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminente.

            Artículo 26.- Estado de Necesidad.

No incurre en responsabilidad penal quien para proteger cualquier derecho propio o ajeno de un peligro inminente, no provocado por ella y de otra manera inevitable, infringe un deber, o  causa un daño en los bienes jurídicos de otro, si el mal causado es considerablemente inferior al evitado y no supone la muerte o lesión grave y permanente de la integridad física de una persona.

Esta causa de justificación no beneficia a quien por razón de su cargo, oficio o actividad tiene la obligación de afrontar el riesgo y sus consecuencias.

            Artículo 27.- Ejercicio de un derecho o cumplimiento de un deber.

No incurre en responsabilidad penal quien obra en cumplimiento de un deber jurídico o en el legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo.

 

 

            Artículo 28.- Obediencia jerárquica.

No incurre en responsabilidad penal quien obra en virtud de obediencia jerárquica en la función pública, siempre que la orden se halle dentro de la autoridad del superior, respecto de su subordinado, no revista apariencia de ilicitud y el subordinado esté obligado a cumplirla.

Será responsable del hecho delictivo el que ha inducido, compelido o coaccionado a realizarlo al que invoca la defensa.

Artículo 29.- Error Excusable.

No incurre en responsabilidad penal la persona cuyo hecho responde a un error esencial e invencible que excluye la intención.

Cuando se trate de delitos cuya forma de culpabilidad es la negligencia, el error no excluye de responsabilidad.

Si el error recae sobre una circunstancia agravante o que dé lugar a una modalidad más grave del delito, impedirá la imposición de la pena más grave.

Artículo 30.- Error de Prohibición.

La ignorancia de la ley penal no exime de su cumplimiento.  No obstante, la persona no incurrirá en responsabilidad penal cuando:

            (a) la ley que tipifica el delito no ha sido publicada con anterioridad a la conducta realizada, o

            (b) si la actuación del autor descansa razonablemente en una declaración oficial posteriormente declarada inválida o errónea, contenida en:

                        (i) una ley u otra norma,

                        (ii) una decisión u opinión judicial,

                        (iii) una orden administrativa o concesión de permiso, o

                        (iv) una interpretación oficial de la entidad responsable de la interpretación, administración o aplicación de la ley que tipifica el delito.

            Artículo 31.- Entrampamiento.

No incurre en responsabilidad penal quien realiza el hecho delictivo inducida la intención criminal en su mente por ardid, persuasión o fraude de un agente del orden público, o de una persona privada actuando en colaboración con el agente.

Esta causa de exclusión de responsabilidad penal no beneficia al coautor que está ajeno a la inducción engañosa del agente del orden público o de la persona que con éste colabore.

Será responsable del hecho delictivo el que ha inducido, compelido o coaccionado a realizarlo al que invoca la defensa.

Artículo 32.- Intimidación o violencia.

No incurre en responsabilidad penal quien al momento de realizar la conducta constitutiva de delito, obra compelido:

(a) por la amenaza física o psicológica de un peligro inmediato, grave e inminente, siempre que exista racional proporcionalidad entre el daño causado y el amenazado; o

(b) por una fuerza física irresistible de tal naturaleza que anule por completo la libertad de actuar de la persona que invoca la defensa; o

(c) mediante el empleo de medios hipnóticos, sustancias narcóticas, deprimentes o estimulantes, u otros medios, o sustancias similares.

Será responsable del hecho delictivo el que ha inducido, compelido o coaccionado a realizarlo al que invoca la defensa.

Artículo 33.- Temor insuperable.

No incurre en responsabilidad penal la persona que obra compelida por un miedo invencible ante la fundada creencia de que habrá de ser víctima de un daño inmediato e inevitable, si la situación es tal que ante ella sucumbiría una persona promedio respetuosa de la ley en las circunstancias del autor.

            Artículo 34.- Caso fortuito.

No incurre en responsabilidad penal la persona que, en ocasión de ejecutar un acto lícito, con la debida diligencia, o al incurrir en una omisión, causa daño por mero accidente, desgracia o casualidad, sin mediar intención ni negligencia.

SECCIÓN CUARTA

De la tentativa

            Artículo 35.- Definición de la tentativa.

Existe tentativa cuando la persona realiza acciones o incurre en omisiones inequívoca e inmediatamente dirigidas a iniciar la ejecución de un delito, el cual no se consuma por circunstancias ajenas a su voluntad.

            Artículo 36.- Pena de la tentativa.

Toda tentativa de delito grave conlleva una pena igual a la mitad de la pena señalada para el delito consumado, no pudiendo exceder de diez (10) años la pena máxima de la tentativa.  Toda tentativa de delito que conlleve una pena de reclusión por un término fijo de noventa y nueve (99) años, conlleva una pena de reclusión por un término fijo de veinte (20) años.

            Artículo 37.- Desistimiento.

Si la persona desiste voluntariamente de la consumación del delito o, luego de haber comenzado la ejecución del mismo, evita sus resultados, no estará sujeta a  pena excepto por la conducta previamente ejecutada que constituya delito por sí misma.

CAPÍTULO III

EL SUJETO DE LA SANCIÓN

SECCIÓN PRIMERA

De la Inimputabilidad

 

            Artículo 38.- Causas de Inimputabilidad.

Nadie será sancionado por un hecho que constituya delito si al momento de su comisión no es imputable. Se consideran causas de inimputabilidad las siguientes:

(a) Minoridad.

(b) Incapacidad Mental.

(c) Trastorno Mental Transitorio.

            Artículo 39.- Minoridad.

Una persona no será procesada o convicta criminalmente por un hecho realizado cuando dicha persona no haya cumplido dieciocho (18) años de edad, salvo los casos provistos en la legislación especial para menores.

            Artículo 40.- Incapacidad Mental.

No es imputable quien al momento del hecho, a causa de enfermedad o defecto mental, carece de capacidad suficiente para comprender la criminalidad del acto.

Los términos enfermedad o defecto mental no incluyen una anormalidad manifiesta sólo por reiterada conducta criminal o antisocial.

Para efectos de la prueba de incapacidad mental, el imputado deberá evidenciar la alegada incapacidad.

            Artículo 41.- Trastorno mental transitorio.

No es imputable quien al momento del hecho se halle en estado de trastorno mental transitorio, que le impida tener capacidad suficiente para comprender la criminalidad del acto o para conducirse de acuerdo con el mandato de ley.

El trastorno mental transitorio no exime de responsabilidad penal cuando ha sido provocado por el sujeto con el propósito de realizar el hecho.

            Artículo 42.- Intoxicación voluntaria; excepción.

La voluntaria embriaguez o la voluntaria intoxicación por drogas, sustancias narcóticas, estimulantes o deprimentes, o sustancias similares no es fundamento de inimputabilidad. No obstante, siempre que la existencia real de algún fin, motivo o intención determinados sea elemento indispensable para constituir alguna clase o grado de delito especial, el juzgador podrá tomar en consideración el hecho de que el acusado se hallaba entonces ebrio o intoxicado, al determinar el fin, motivo o intención con que cometió el delito.

SECCIÓN SEGUNDA

De la Participación

            Artículo 43.- Personas responsables.

Son responsables de delito los autores, sean personas naturales o jurídicas.

            Artículo 44.- Autores.

Se consideran autores:

(a) Los que toman parte directa en la comisión del delito.

(b) Los que solicitan, fuerzan, provocan, instigan o inducen a otra persona a cometer el delito.

(c) Los que se valen de una persona inimputable para cometer el delito.

(d) Los que cooperan con actos anteriores, simultáneos o posteriores a la comisión del delito, sin cuya participación no hubiera podido realizarse el hecho delictivo.

(e) Los que se valen de una persona jurídica para cometer el delito.

(f) Los que actúen en representación de otro o como miembro, director, agente o propietario de una persona jurídica, siempre que haya una ley que tipifique el delito y realicen la conducta delictiva, aunque los elementos especiales que fundamentan el delito no concurran en él pero sí en el representado o en la persona jurídica.

(g) Los que teniendo el deber de garante sobre un bien jurídico protegido, conociendo el riesgo de la producción de un resultado delictivo por ellos no provocado que lo pone en peligro, no actúen para evitarlo.

(h) Los que cooperan de cualquier otro modo en la comisión del delito.

            Artículo 45. Desistimiento del coautor.

Si la persona que actúa en concierto y común acuerdo con una o varias personas en la comisión de un delito, desiste manifiesta y voluntariamente de su participación en el mismo, o luego de comenzada la ejecución del delito, evita sus resultados, será responsable sólo por los delitos hasta ese momento cometidos.

            Artículo 46.- Personas jurídicas.

Son penalmente responsables las personas jurídicas organizadas bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o autorizadas para actuar en su jurisdicción y toda sociedad o asociación no incorporada cuando, las personas autorizadas por éstas, sus agentes o representantes cometan hechos delictivos al ejecutar sus acuerdos o al realizar actuaciones que le sean atribuibles.

La responsabilidad aquí establecida no excluye la responsabilidad individual en que puedan incurrir los miembros, dirigentes, agentes, o representantes de las personas jurídicas o de las sociedades y asociaciones no incorporadas que participen en el hecho delictivo.

TÍTULO III

DE LAS CONSECUENCIAS DEL DELITO

CAPÍTULO I

            Artículo 47.- Responsabilidad civil.

Las penas que se establecen en este Código en nada afectan o alteran la responsabilidad civil de las personas convictas de delito.

CAPÍTULO II

DE LAS PENAS PARA LAS PERSONAS NATURALES

SECCIÓN PRIMERA

De las clases de penas

            Artículo 48.- Penas para personas naturales.

Se establecen las siguientes penas para las personas naturales:

(a) Reclusión.

(b) Restricción domiciliaria.

(c) Libertad a prueba.

(d) Multa.

(e) Servicios comunitarios.

(f) Destitución del cargo o empleo público.

(g) Restitución.

(h) Suspensión o revocación de licencia, permiso o autorización, conforme las disposiciones del Artículo 60.

(i) Pena especial para el Fondo de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito.

Artículo 49.- Reclusión.

La pena de reclusión consiste en la privación de libertad en una institución penal durante el tiempo que se establece en la sentencia. La reclusión deberá proveer al confinado la oportunidad de ser rehabilitado moral y socialmente mientras cumpla su sentencia.

Las sentencias de reclusión impuestas a menores de veintiún (21) años deben cumplirse en instituciones habilitadas para este grupo de sentenciados.

            Artículo 50.- Restricción domiciliaria.

La pena de restricción domiciliaria consiste en la privación de la libertad por el término de la sentencia, para ser cumplida en el domicilio de la persona o en otra residencia determinada por el tribunal, bajo las condiciones que propicien la rehabilitación social del convicto y no pongan en riesgo la seguridad de la comunidad.

Al imponer esta pena se considerarán, entre otros, los siguientes factores: si la persona convicta está empleada o estudia, la condición de salud, la estabilidad del grupo familiar, el compromiso de que no volverá a delinquir, la posibilidad de rehabilitación, el riesgo y beneficio para la comunidad y la disponibilidad de recursos familiares o de otras personas para colaborar con la consecución de los objetivos de esta pena y con el cumplimiento de las condiciones impuestas.

La ejecución de esta pena corresponde al Departamento de Corrección y Rehabilitación que, sujeto a la reglamentación que adopte, supervisará el cumplimiento del plan de rehabilitación que forme parte de la sentencia e impondrá las condiciones que correspondan.

El sentenciado a esta pena no podrá cambiar su lugar de residencia durante el término de la sentencia sin previa autorización del Departamento de Corrección y Rehabilitación que, a su vez, notificará al tribunal.

Quien incumpla las condiciones de su restricción domiciliaria cumplirá reclusión por la totalidad de la sentencia, salvo que en la vista de revocación, el juez a su discreción podrá abonarle parte del tiempo ya cumplido.

Esta pena no está disponible para personas convictas por delitos graves, ­ con la excepción de las siguientes circunstancias, certificadas éstas por prueba médica a satisfacción del tribunal:

(a)        Personas convictas que sufran de una enfermedad terminal o condición incapacitante degenerativa, previa certificación médica a tales efectos.

(b)       Personas convictas que no puedan valerse por sí mismos. En cualquier otro caso, esta pena podrá ser aplicada a delitos graves a juicio del tribunal de conformidad con la Ley de Sentencias Suspendidas, según enmendada.       

Artículo 51.- Libertad a prueba.

La libertad a prueba consiste en la suspensión de los efectos de la sentencia de reclusión para que el convicto se someta al régimen de supervisión que se dispone en la Ley de Sentencias Suspendidas, según enmendada.

Artículo 52.- Servicios Comunitarios.

La pena de servicios comunitarios consiste en la prestación de servicios en la comunidad por el tiempo y en el lugar que determine el tribunal, conforme al delito por el que resultó convicta la persona. Cada día que imponga el tribunal equivale a ocho (8) horas de servicios.

El tribunal puede disponer que se presten los servicios en alguno de los siguientes lugares: una corporación o asociación con fines no pecuniarios, institución o agencia pública.

El tribunal, en el uso de su discreción, debe asegurarse de que el término y las condiciones del servicio no atenten contra la dignidad del convicto, propendan al beneficio de la comunidad y al reconocimiento por parte de la persona convicta de las consecuencias de su conducta. Las condiciones del servicio y el término de duración deben ser aceptados por el convicto previo al acto de sentencia.

El tribunal, al momento de fijar el término y las condiciones del servicio, tomará en consideración: la naturaleza del delito, la edad, el estado de salud, la ocupación, profesión u oficio del convicto, así como las circunstancias particulares del caso, entre otras.

La ejecución de esta pena corresponde al Departamento de Corrección y Rehabilitación y a la institución a la cual se asigne el sentenciado para prestar servicios, sujeto a la reglamentación que adopte el primero. El Departamento de Corrección y Rehabilitación debe establecer convenios con aquellas instituciones donde se pueda prestar el servicio y establecer los procedimientos para notificar al Departamento de Corrección o al tribunal del incumplimiento de esta pena.

En el caso de que el sentenciado incumpla las condiciones, cumplirá la sentencia de reclusión por el término de días no cumplidos que resten de la sentencia impuesta.

Esta pena no está disponible para personas convictas por delitos graves.

Al imponer esta pena, se debe analizar el beneficio a la comunidad de tal imposición, en cada caso en particular, y el tribunal tiene que asegurar de no poner en riesgo la comunidad.

 

            Artículo 53.- Destitución del cargo o empleo público.

La convicción de cualquier funcionario o empleado público por cualquier delito cometido por éste en el desempeño de la función pública constituirá causa suficiente para la destitución del cargo o puesto que ocupe dicho empleado o funcionario.  La destitución será tramitada de conformidad con lo dispuesto en las leyes especiales aplicables.

Artículo 54.- Multa.

La pena de multa consiste en la obligación que el tribunal impone al convicto de pagar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico la cantidad de dinero que fija la sentencia.

El importe de la multa será determinado por el tribunal tomando en consideración la situación económica, las responsabilidades de familia, el grado de codicia o ganancia mostrado en la comisión del hecho delictivo, la profesión u ocupación del sentenciado, su edad y salud, así como las circunstancias particulares del caso, entre otras.

Artículo 55.- Modo de pagar la multa.

La multa será satisfecha inmediatamente. No obstante, a solicitud del convicto y a discreción del tribunal, la multa podrá pagarse en su totalidad o en plazos dentro de un término razonable a partir de la fecha en que ha quedado firme la sentencia.

El tribunal puede mantener el beneficio del pago a plazos si concluye que el incumplimiento por parte del sentenciado se debió a causa justificada.

Artículo 56.- Amortización de multa mediante prestación de servicios comunitarios.

            El tribunal, en el ejercicio de su discreción o a solicitud del sentenciado, evidenciada su incapacidad de pagar, podrá autorizar el pago o amortización de la parte insoluta de la multa mediante la prestación de servicios comunitarios.

Cuando se trate de amortizar la pena de multa, se abonarán cincuenta (50) dólares por día de servicios comunitarios, cuya jornada no excederá de ocho (8) horas diarias.

El tribunal conservará jurisdicción sobre el sentenciado para propósitos del cumplimiento de la orden de amortización así dictada, incluyendo, en los casos apropiados, la facultad de dejar sin efecto dicha orden o de exigir el pago total del balance insoluto de la multa.

            Artículo 57.- Conversión de multa.

Si la pena de multa o los días de servicio comunitario impuestos no fueran satisfechos conforme a las disposiciones precedentes, la misma se convertirá en pena de reclusión a razón de cincuenta (50) dólares por cada día de reclusión o por cada ocho (8) horas de servicio comunitario no satisfecho.

En cualquier momento, el convicto podrá recobrar su libertad mediante el pago de la multa, abonándosele la parte correspondiente al tiempo de reclusión que ha cumplido.

La conversión de la pena de multa no podrá exceder de seis (6) meses de reclusión.

Si la pena de multa ha sido impuesta conjuntamente con pena de reclusión, la  prisión subsidiaria será adicional a la pena de  multa.

 

 

            Artículo 58.- Restitución.

La pena de restitución consiste en la obligación que el tribunal impone de compensar a la víctima los daños y pérdidas que le haya ocasionado a su persona o a su propiedad, como consecuencia del delito. La pena de restitución no incluye sufrimientos y angustias mentales.

El tribunal puede disponer que la pena de restitución sea satisfecha en dinero, mediante la prestación de servicios, o la entrega de los bienes ilegalmente apropiados o su equivalente en caso de que no estén disponibles.

En el caso en que la pena de restitución sea satisfecha en dinero, el importe será determinado por el tribunal tomando en consideración: el total de los daños que habrán de restituirse, la participación prorrateada del convicto, si fueron varios los partícipes en el hecho delictivo, la capacidad del convicto para pagar, y todo otro elemento que permita una fijación adecuada a las circunstancias del caso y a la condición del convicto.

La pena de restitución debe satisfacerse inmediatamente. No obstante, a solicitud del sentenciado y a discreción del tribunal, tomando en cuenta la situación económica del convicto, podrá pagarse en su totalidad o en plazos dentro de un término razonable fijado por el tribunal a partir de la fecha en que ha quedado firme la sentencia.

            Artículo 59.- Revocación de licencia para conducir.

Cuando la persona resulte convicta por un delito de homicidio negligente mientras conducía un vehículo de motor, el tribunal, además de la imposición de la pena correspondiente al delito, podrá revocar la licencia para conducir vehículos de motor.

En los casos en que la muerte se ocasione al conducir un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes, sustancias controladas o con claro menosprecio de la seguridad de los demás, el tribunal revocará la licencia para conducir vehículos de motor.

Al revocarse la licencia se observarán las siguientes normas:

(a) Se abonará al período de revocación el término que el convicto extinga bajo reclusión.

(b) Para poseer nuevamente su licencia el convicto debe radicar una nueva solicitud y cumplir con los demás requisitos de la ley, transcurrido al menos un (1) año de la revocación.

(c) El tribunal deberá remitir al Secretario de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico copia certificada de la resolución revocando la licencia.

            Artículo 60.- Suspensión o revocación de licencia, permiso o autorización.

Cuando en la comisión del delito se violen los requisitos exigidos por la ley para otorgar una licencia, permiso o autorización, o cuando incida en el ejercicio de la actividad autorizada, o cuando el hecho delictivo justifique la suspensión del privilegio de ejercer una profesión, ocupación o actividad reglamentada, además de la pena que se le imponga al convicto por el delito cometido, el tribunal a su discreción, podrá  ordenar la suspensión o revocación de la licencia, permiso o autorización por un término fijo que señale la sentencia.

            Artículo 61.- Pena especial.

Además de la pena que se impone por la comisión de un delito, el tribunal impondrá a todo convicto una pena especial equivalente a cien (100) dólares, por cada delito menos grave y trescientos (300) dólares por cada delito grave. La pena aquí dispuesta se pagará mediante los correspondientes comprobantes de rentas internas. Las cantidades así recaudadas ingresarán al Fondo Especial de Compensación a Víctimas de Delito.

            Artículo 62.- Prohibición de comiso de bienes.

Ninguna convicción por delito apareja la pérdida o comiso de bienes, salvo los casos en que dicha pena estuviere expresamente impuesta por ley, o que los bienes hayan sido usados como instrumento de delito o representen sus productos y no se conozca su dueño.

SECCIÓN SEGUNDA

Del modo de fijar las penas

            Artículo 63.- Informe pre-sentencia.

La imposición de la pena requiere de un informe pre-sentencia, cuya preparación será obligatoria en los delitos graves, y a discreción del tribunal en los delitos menos graves.

Estos informes estarán a disposición de las partes.

No se impondrá ninguna limitación a la naturaleza de la información concerniente al historial completo, carácter y conducta de la persona convicta que el tribunal pueda considerar a los efectos de imponer sentencia.

            Artículo 64.- Imposición de la sentencia.

Cuando el tribunal imponga pena de reclusión o pena que conlleve algún tipo de restricción de libertad, o  la suspensión de licencia, permiso o autorización, dictará una sentencia determinada que tendrá término específico de duración.  En los casos de delito grave se impondrá el término fijo establecido por ley para el delito.

Artículo 65.- Circunstancias atenuantes.

Se consideran circunstancias atenuantes a la pena los siguientes hechos relacionados con la persona del convicto y con la comisión del delito:

(a) Las causas de exclusión de responsabilidad penal cuando no concurran todos sus requisitos para eximir.

(b) El convicto no tiene antecedentes penales.

(c) El convicto observó buena conducta con anterioridad al hecho y goza de reputación satisfactoria en la comunidad.

(d) La temprana o avanzada edad del convicto.

(e) La condición mental y física del convicto.

(f) El convicto aceptó su responsabilidad en alguna de las etapas del proceso criminal.

(g) El convicto cooperó voluntariamente al esclarecimiento del delito cometido por él y por otros.

(h) El convicto restituyó a la víctima por el daño causado o disminuyó los efectos del daño ocasionado.

(i) El convicto trató de evitar el daño a la persona o a la propiedad.

 

            Artículo 66.- Circunstancias agravantes.

Se consideran circunstancias agravantes a la pena los siguientes hechos relacionados con la persona del convicto y con la comisión del delito:

(a) El convicto tiene historial delictivo que no se consideró para imputar reincidencia.

(b) El convicto cometió el delito mientras disfrutaba de los beneficios de sentencia suspendida, libertad bajo palabra, restricción domiciliaria o libertad provisional bajo fianza o condicionada, o en un programa de desvío.

(c) El convicto mintió en el juicio que se llevó en su contra estando bajo juramento y no se le procesó por perjurio.

(d) El convicto amenazó a los testigos, los indujo a cometer perjurio u obstaculizó de otro modo el proceso judicial.

(e) El convicto se aprovechó indebidamente de la autoridad del cargo o empleo que desempeñaba, o del servicio o encomienda que tenía bajo su responsabilidad.

(f) El convicto cometió el delito mediante la utilización de un uniforme que lo identificaba como agente del orden público estatal, municipal o federal o como empleado de una agencia gubernamental o de entidad privada.

(g) El convicto utilizó un menor o discapacitado para la comisión del delito.

(h) El convicto indujo o influyó o dirigió a los demás partícipes en el hecho delictivo.

(i) El convicto planificó el hecho delictivo.

(j) El convicto realizó el hecho delictivo a cambio de dinero o cualquier otro medio de compensación o promesa en ese sentido.

(k) El convicto utilizó un arma de fuego en la comisión del delito o empleó algún instrumento, objeto, medio o método peligroso o dañino para la vida, integridad corporal o salud de la víctima.

(l) El convicto causó grave daño corporal a la víctima o empleó amenaza de causárselo.

(m) El convicto abusó de la superioridad física respecto a la víctima y le produjo deliberadamente un sufrimiento mayor.

(n) La víctima del delito era particularmente vulnerable ya sea por ser menor de edad, de edad avanzada o incapacitado mental o físico, o por ser una mujer embarazada, en cualquier etapa del período del proceso de gestación, e independientemente de si el hecho del embarazo era o no de conocimiento de la persona que cometió dicho delito al momento de cometerlo.

(o) El delito cometido fue de violencia y su comisión revela crueldad y desprecio contra la víctima.

(p) El delito se cometió dentro de un edificio perteneciente al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dependencia pública o sus anexos u ocasionó la pérdida de propiedad o fondos públicos.

(q) El delito fue cometido motivado por prejuicio hacia y contra la víctima por razón de raza, color, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, origen, origen étnico, estatus civil, nacimiento, impedimento o condición física o mental, condición social, religión, edad, ideologías políticas o creencias religiosas, o ser persona sin hogar.  Para propósitos de establecer motivo como se dispone en este inciso, no será suficiente probar que el convicto posee una creencia particular, ni probar que el convicto meramente pertenece a alguna organización particular.

(r) Existe un vínculo de parentesco del convicto con la víctima del delito dentro del segundo grado de consanguinidad, afinidad o por adopción.

(s) El delito se cometió en la residencia o morada de la víctima.

Artículo 67.- Fijación de la Pena; imposición de circunstancias agravantes y atenuantes.

La pena será fijada de conformidad con lo dispuesto en cada artículo de este Código.

El Tribunal podrá tomar en consideración la existencia de circunstancias atenuantes y agravantes dispuestas en los Artículos  65 y  66 de este Código.  En este caso, de mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un veinticinco (25) por ciento; de mediar circunstancias atenuantes podrá reducirse hasta en un veinticinco (25) por ciento de la pena fija establecida.

Las circunstancias agravantes o atenuantes que la ley ya haya tenido en cuenta al tipificar el delito, al igual que las que son inherentes al mismo, no serán consideradas en la fijación de la pena.

            Artículo 68.- Abonos de detención o de términos de reclusión.

A la persona convicta de delito se le abonarán los términos de detención o reclusión que hubiere cumplido, en la forma siguiente:

(a) El tiempo de reclusión cumplido por cualquier convicto desde su detención y hasta que la sentencia haya quedado firme, se abonará en su totalidad para el cumplimiento de la pena, cualquiera que sea ésta.

(b) Si la sentencia se impone bajo una ley penal especial y consiste exclusivamente de pena de multa, el tiempo que permaneció privado de libertad se le abonará a razón de cincuenta (50) dólares de multa por cada día de privación de libertad que haya cumplido. Si la pena de multa impuesta fuere menor de cincuenta (50) dólares, quedará satisfecha con un (1) solo día de reclusión o de detención del convicto.

(c) El tiempo que cualquier persona haya permanecido privada de su libertad, en restricción domiciliaria, en cumplimiento de sentencia posteriormente anulada o revocada se descontará totalmente del término de reclusión o restricción de libertad que deba cumplir en caso de ser nuevamente sentenciada por los mismos hechos que motivaron la sentencia anulada o revocada.

(d) Si la sentencia impone pena de multa o de servicios comunitarios, cada día en restricción de libertad bajo los incisos (a) y (c), se abonará a base de ocho (8) horas de servicios comunitarios.

 

 

 

            Artículo 69.- Mitigación de la pena.

Si al imponerse sentencia resulta que el sentenciado ha pagado alguna multa o estado recluido por el acto de que fuera convicto en virtud de una orden, en que dicho acto se juzgó como desacato, el tribunal podrá mitigar la pena impuesta.

            Artículo 70.- Diferimiento de la ejecución de la sentencia.

El tribunal puede diferir la ejecución de una pena:

(a) Cuando el convicto que deba cumplirla se halle gravemente enfermo, certificada su condición por prueba médica, a satisfacción del tribunal. La sentencia quedará sin efecto transcurridos diez (10) años naturales.

(b) Cuando se trata de una mujer en estado de embarazo o no hubieren transcurrido seis (6) meses desde el alumbramiento.

(c) Cuando otras circunstancias lo justifiquen por un plazo no mayor de diez (10) días.

SECCIÓN TERCERA

Del concurso

            Artículo 71.- Concurso de delitos.

Se considera concurso de delitos:

(a) Cuando sean aplicables a un hecho dos o más disposiciones penales, cada una de las cuales valore aspectos diferentes del hecho.

(b) Cuando conforme al propósito del autor, varios hechos punibles constituyan un curso de conducta indivisible o sean medio necesario para realizar otro delito.

(c) Cuando con unidad de propósito delictivo e identidad de sujeto pasivo, se incurre en una pluralidad de actos que aisladamente pudieran concebirse como delitos independientes, pero que en conjunto se conciben como un delito.

            Artículo 72.- Efectos del concurso.

En los casos provistos por el artículo anterior, se juzgarán por todos los delitos concurrentes y se sentenciará por el mayor. En los demás casos, se acusará, enjuiciará y sentenciará por cada uno de los delitos cometidos.

La absolución o sentencia bajo alguno de ellos impedirá todo procedimiento judicial por el mismo acto u omisión, bajo cualquiera de las demás.

Un acto criminal no deja de ser punible como delito por ser también punible como desacato.

SECCIÓN CUARTA

De la reincidencia

            Artículo 73.- Grados y pena de reincidencia.

(a) Habrá reincidencia cuando el que ha sido convicto y sentenciado por un delito grave incurre nuevamente en otro delito grave. En este tipo de reincidencia se aumentará en la mitad la pena fija dispuesta por ley para el delito cometido.

(b) Habrá reincidencia agravada cuando el que ha sido convicto y sentenciado anteriormente por dos o más delitos graves, cometidos y juzgados en tiempos diversos e independientes unos de otros, incurre nuevamente en otro delito grave. El convicto será sentenciado a pena fija de veinte (20) años naturales o al doble de la pena fija impuesta por ley para el delito cometido, la que resulte mayor.

(c) Habrá reincidencia habitual cuando el que ha sido convicto y sentenciado por dos o más delitos graves, cometidos y juzgados en tiempos diversos e independientes unos de otros, cometa posteriormente cualquier delito grave, cuya pena fija de reclusión sea mayor de quince (15) años o cualquier delito grave en violación a la Ley de Explosivos de Puerto Rico, Ley Núm. 134 de 28 de junio de 1969 y a la Ley contra el Crimen Organizado, Ley Núm. 33 de 13 de junio de 1978, violación a los Artículos 401, 405, 411 y 411(a) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971 o a los Artículos 2.14, 5.03 y 5.07 de la Ley de Armas de Puerto Rico, según enmendadas.  La pena a aplicar será de noventa y nueve (99) años.

            Artículo 74.- Normas para la determinación de reincidencia.

Para determinar la reincidencia se aplicarán, las siguientes normas:

(a) No se tomará en consideración un delito anterior si entre éste y el siguiente han mediado diez (10) años desde que la persona terminó de cumplir sentencia por dicho delito.

(b) Se tomará en consideración cualquier convicción bajo el Código Penal derogado o bajo ley especial que lleve clasificación de delito grave.

(c) Se tomará en consideración cualquier convicción en jurisdicción ajena al Estado Libre Asociado de Puerto Rico por un hecho que constituya delito grave en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. De tener clasificación de menos grave en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no se tomará en cuenta.

(d) No se tomarán en consideración los hechos cometidos antes de que la persona cumpliese dieciocho (18) años de edad, salvo los casos excluidos de la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Asuntos de Menores, conforme establece la ley y aquellos en que dicho tribunal haya renunciado a su jurisdicción.

CAPÍTULO III

DE LAS PENAS PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS

            Artículo 75.- Las penas para personas jurídicas.

Las penas que este Código establece para las personas jurídicas, según definidas en este Código, son las siguientes:

(a) Multa.

(b) Suspensión de actividades.

(c) Cancelación del certificado de incorporación.

(d) Disolución de la entidad.

(e) Suspensión o revocación de licencia, permiso o autorización, conforme las disposiciones del Artículo 78.

(f) Restitución.

Artículo 76.- Multa.

La pena de multa será fijada dentro de los límites establecidos en la ley penal, teniendo en cuenta el tribunal para determinarla, la seriedad de la violación o violaciones, el beneficio económico, si alguno, resultante de la violación, las consecuencias del delito, cualquier historial previo de violaciones similares, y el impacto económico de la multa sobre la persona.

La multa será satisfecha inmediatamente.  La pena de multa impuesta será proporcional a la seriedad de la violación o violaciones y nunca podrá ser menor al beneficio económico que hubiere tenido la persona jurídica como consecuencia de su conducta delictiva.  La pena de multa podrá ser impuesta a pesar de que la persona jurídica no haya obtenido beneficio económico alguno.

            Artículo 77.- Suspensión de Actividades.

La pena de suspensión de actividades consiste en la paralización de toda actividad de la personalidad jurídica, salvo las estrictas de conservación, durante el tiempo que determine el tribunal, que no podrá ser mayor de seis (6) meses.

La pena de suspensión de actividades conlleva también la pena de multa que corresponda al delito.

            Artículo 78.- Suspensión o revocación de licencia, permiso o autorización.

Cuando en la comisión del delito, la persona jurídica viola por primera vez los requisitos exigidos por la ley para otorgar una licencia, permiso o autorización, o cuando su conducta incida en el ejercicio de la actividad autorizada, el tribunal, a su discreción podrá ordenar la suspensión de los mismos por un término que no podrá exceder de un (1) año; además de cualquier pena de multa que se le imponga, según se provea en el delito.

Si la persona jurídica viola en más de una ocasión los requisitos exigidos por ley para otorgar una licencia, permiso o autorización, o cuando la conducta incida en el ejercicio de la actividad autorizada, el tribunal a su discreción, podrá revocar permanentemente los mismos.

            Artículo 79.- Cancelación del certificado de incorporación o disolución.

La pena de cancelación del certificado de incorporación o disolución estará disponible para cualquier entidad de las mencionadas en este Código, que incurra nuevamente en un delito grave, luego de haber sido convicta y sentenciada por otro delito grave, y si de los móviles y circunstancias del delito, el tribunal puede razonablemente concluir que la entidad sigue un curso persistente de comportamiento delictuoso.

Esta pena será adicional a la pena de multa dispuesta para el delito.

            Artículo 80.- Restitución.

La pena de restitución consiste en la obligación impuesta por el tribunal a la persona jurídica de pagar a la parte perjudicada daños y pérdidas que le haya ocasionado, a su persona y a su propiedad, como consecuencia de su acto delictivo.

La pena de restitución será fijada teniendo en cuenta el capital social de la persona jurídica, el estado de negocios, la naturaleza y consecuencias del delito y cualquier otra circunstancia pertinente.

CAPÍTULO IV

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

SECCIÓN PRIMERA

De los fines de las medidas de seguridad

            Artículo 81.- Aplicación de la medida.

Cuando el imputado resulte no culpable por razón de incapacidad mental, o se declare su inimputabilidad en tal sentido, el tribunal conservará jurisdicción sobre la persona y podrá decretar su internación en una institución adecuada para su tratamiento, si en el ejercicio de su discreción determina, conforme a la evidencia presentada, que dicha persona, por su peligrosidad, constituye un riesgo para la sociedad o que se beneficiará con dicho tratamiento.

En caso de ordenarse la internación, la misma se prolongará por el tiempo requerido para la seguridad de la sociedad y el bienestar de la persona internada.  En todo caso, será obligación de las personas a cargo del tratamiento informar trimestralmente al tribunal sobre la evolución del caso.

            Artículo 82.- Exclusión de la pena.

La medida de seguridad podrá imponerse únicamente por sentencia judicial y la misma excluye la pena.

SECCIÓN SEGUNDA

De la aplicación de las medidas de seguridad

            Artículo 83.- Informe pre-medida de seguridad.

No podrá imponerse medida de seguridad sin previo examen e informe psiquiátrico o psicológico de la persona, realizado por un psiquiatra o psicólogo clínico designado por el tribunal y un informe social realizado por un oficial probatorio.

Dichos informes, con exclusión de sus fuentes informativas que se declaran confidenciales, le serán notificados a las partes.

            Artículo 84.- Vistas.

Las partes podrán controvertir estos informes en una vista a la que deberán ser llamados a declarar los autores de dichos informes, a solicitud de parte.

            Artículo 85.- Revisión periódica.

Anualmente el tribunal se pronunciará sobre el mantenimiento, la modificación o la cesación de la medida de seguridad impuesta, sin perjuicio de poder hacerlo en cualquier momento en que las circunstancias lo aconsejen o a petición de la persona bajo cuya custodia se halle el internado.

Si de la evolución favorable del tratamiento, el tribunal puede razonablemente deducir que la curación y readaptación del sentenciado puede llevarse a cabo en libertad con supervisión, ya que el sentenciado dejó de ser peligroso, podrá cesar la internación, sujeto a lo dispuesto en las leyes especiales sobre la materia.

 

CAPÍTULO V

DE LA EXTINCIÓN DE LAS ACCIONES Y DE LAS PENAS

SECCIÓN PRIMERA

De la extinción de la acción penal

            Artículo 86.- Extinción de la acción penal.

La acción penal se extingue por:

(a) Muerte.

(b) Indulto.

(c) Amnistía.

(d) Prescripción.

            Artículo 87.- Prescripción.

La acción penal prescribirá:

(a) A los cinco (5) años, en los delitos graves, y en los delitos graves clasificados en la ley especial.

(b) Al año, en los delitos menos graves, salvo los provenientes de infracciones a las leyes fiscales y todo delito menos grave, cometido por funcionarios o empleados públicos en el desempeño de sus funciones, que prescribirán a los cinco (5) años.

(c) Los delitos de encubrimiento y conspiración prescribirán a los diez (10) años, cuando se cometan en relación al delito de asesinato.

(d) A los diez (10) años, en los delitos de homicidio.

(e) A los veinte (20) años, en los delitos de agresión sexual, incesto y actos lascivos.

Lo dispuesto en los incisos (a) y (b) de este Artículo no aplica a las leyes especiales, cuyos delitos tengan un período prescriptivo mayor al aquí propuesto.

            Artículo 88.- Delitos que no prescriben.

En los siguientes delitos la acción penal no prescribe: genocidio, crimen de lesa humanidad, asesinato, secuestro y secuestro de menores, malversación de fondos públicos, falsificación de documentos públicos, y todo delito grave tipificado en este Código o en ley especial cometido por un funcionario o empleado público en el desempeño de la función pública.

            Artículo 89.- Cómputo del término de prescripción.

El término de prescripción se computará desde el día de la comisión del delito hasta la fecha en que se determine causa probable para el arresto o citación.  En aquellos casos en que sea necesario recurrir en alzada, la celebración de una audiencia para la determinación de causa probable para el arresto o citación, interrumpirá el término prescriptivo.

No obstante, en los delitos de agresión sexual o su tentativa o aquellos delitos en que la víctima no ha cumplido dieciocho (18) años de edad, el término de prescripción se computará a partir de que la víctima cumpla sus dieciocho (18) años de edad.

            Artículo 90.- Participación.

El término prescriptivo se computará separadamente para cada uno de los partícipes.

SECCIÓN SEGUNDA

De la extinción de las penas

            Artículo 91.- Extinción de las penas.

Las penas se extinguen por:

(a) Muerte del sentenciado.

(b) Indulto u otra acción de clemencia ejecutiva.

(c) Amnistía.

(d) Cumplimiento de la sentencia impuesta.

LIBRO SEGUNDO

PARTE ESPECIAL

TÍTULO I

DELITOS CONTRA LA PERSONA

CAPÍTULO I

DELITOS CONTRA LA VIDA

SECCIÓN PRIMERA

De los asesinatos y el homicidio

            Artículo 92.- Asesinato.

Asesinato es dar muerte a un ser humano con intención de causársela.

            Artículo 93.- Grados de asesinato.

Constituye asesinato en primer grado:

(a) Toda muerte perpetrada por medio de veneno, acecho o tortura, o con premeditación.

(b) Toda muerte que ocurra al perpetrarse o intentarse algún delito de incendio agravado, agresión sexual, robo, escalamiento agravado, secuestro, secuestro de un menor, estrago (modalidad intencional), envenenamiento de aguas de uso público (modalidad intencional), agresión grave, fuga, maltrato intencional, abandono de un menor; maltrato, maltrato agravado, maltrato mediante restricción de la libertad, o agresión sexual conyugal, según contemplados en la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como la “Ley para la Protección e Intervención de la Violencia Doméstica”.

(c) Toda muerte de un funcionario del orden público o guardia de seguridad privado, fiscal, procurador de menores, procurador de asuntos de familia, juez u oficial de custodia que se encuentre en el cumplimiento de su deber, causada al consumar, intentar o encubrir un delito grave.

(d) Toda muerte causada al disparar un arma de fuego desde un vehículo de motor, o en un lugar público o abierto al público, ya sea a un punto determinado o indeterminado, con claro menosprecio de la seguridad pública.

(e) Toda muerte en la cual la víctima es una mujer y al cometerse el delito concurre alguna de las siguientes circunstancias:

(1) Que haya intentado establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima; o

(2) Que mantenga o haya mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo; o

(3) Que sea el resultado de la reiterada violencia en contra de la víctima.

Toda otra muerte intencional de un ser humano constituye asesinato en segundo grado.

            Artículo 94.- Pena de los asesinatos.

A la persona convicta de asesinato en primer grado se le impondrá pena de reclusión por un término fijo de noventa y nueve (99) años.  En tal caso, la persona  podrá ser considerada para libertad bajo palabra por la Junta de Libertad bajo Palabra al cumplir treinta y cinco (35) años naturales de su sentencia, o veinte (20) años naturales, si se trata de un menor de edad procesado y sentenciado como adulto.  A toda persona convicta de asesinato en segundo grado se le impondrá pena de reclusión por un término fijo de cincuenta (50) años.

            Artículo 95.- Homicidio.

Toda muerte intencional causada como resultado de súbita pendencia o arrebato de cólera, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años.

            Artículo 96.- Homicidio negligente.

Toda persona que ocasione la muerte a otra por negligencia incurrirá en delito menos grave, pero se le impondrá pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Cuando la muerte se ocasione al conducir un vehículo de motor con claro menosprecio de la seguridad de los demás, incurrirá en delito grave y se le impondrá pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

Cuando la muerte se ocasione al conducir un vehículo de motor bajo los efectos de sustancias controladas o bebidas embriagantes, según dispone y define en la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito”, incurrirá en delito grave y se le impondrá pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años.

SECCIÓN SEGUNDA

Del suicidio

            Artículo 97.- Incitación al suicidio.

Toda persona que ayude o incite a otra persona a cometer o iniciar la ejecución de un suicidio, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

 

 

SECCIÓN TERCERA

Del aborto

            Artículo 98.- Aborto.

Toda persona que permita, indique, aconseje, induzca o practique un aborto, o que proporcione, facilite, administre, prescriba o haga tomar a una mujer embarazada cualquier medicina, droga o sustancia, o que utilice o emplee cualquier instrumento u otro medio con intención de hacerla abortar; y toda persona que ayude a la comisión de cualquiera de dichos actos, salvo indicación terapéutica hecha por un médico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico, con vista a la conservación de la salud o vida de la madre, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 99.- Aborto cometido por la mujer o consentido por ella.

Toda mujer que procure de cualquier persona alguna medicina, droga o sustancia, y la tome, o que se someta a cualquier operación o a cualquier otra intervención quirúrgica o a cualquier otro medio, con el propósito de provocarse un aborto  excepto el caso de que fuere necesario para salvar su salud o su vida conforme a lo dispuesto en el Artículo 98 de este Código, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 100.- Aborto por fuerza o violencia.

Toda persona que mediante el empleo de fuerza o violencia infiera daño a una mujer embarazada y sobrevenga un parto prematuro con consecuencias nocivas para la criatura, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

Si sobreviene la muerte de la criatura, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años.

            Artículo 101.- Anuncios de medios para producir abortos ilegales.

Toda persona que redacte y publique un aviso o anuncio de algún específico o procedimiento para producir o facilitar abortos ilegales, o que ofrezca sus servicios por medio de algún aviso, anuncio o en cualquier otra forma para asistir a la consecución de tal hecho, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

SECCIÓN CUARTA

De la Ingeniería Genética y la Reproducción Asistida

            Artículo 102.- Alteración del genoma humano con fines distintos al diagnóstico, tratamiento e investigación científica en genética y medicina.

Toda persona que utilice tecnologías para alterar el genoma humano con fines distintos del diagnóstico, tratamiento o investigación científica en el campo de la biología humana, particularmente la genética o la medicina, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años.

Por los términos “diagnóstico” y “tratamiento” se entiende cualquier intervención médica encaminada a determinar la naturaleza y causas de enfermedades, discapacidades o defecto de origen genético o a remediarlas (curación o alivio).

Por “investigación científica” se entiende cualquier procedimiento o trabajo orientado al descubrimiento de nuevas terapias o a la expansión del conocimiento científico sobre el genoma humano y sus aplicaciones a la medicina.

Tanto las intervenciones dirigidas al diagnóstico y tratamiento, como los procedimientos y trabajos orientados a la investigación científica, tienen que llevarse a cabo con el consentimiento informado y verdaderamente libre de la persona de la que procede el material genético.

            Artículo 103.- Clonación humana.

Toda persona que usando técnicas de clonación genere embriones humanos con fines reproductivos, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años.

            Artículo 104.- Producción de armas por ingeniería genética.

Toda persona que utilice ingeniería genética para producir armas biológicas o exterminadoras de la especie humana, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de noventa y nueve (99) años.

Artículo 105.- Manipulación de gametos, cigotos y embriones humanos.

Toda persona que disponga de gametos, cigotos o embriones humanos para fines distintos de los autorizados por sus donantes, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

            Artículo 106.- Mezcla de gametos humanos con otras especies.

Toda persona que mezcle gametos humanos con gametos de otras especies con fines reproductivos, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años.

Este Artículo no prohíbe la creación de animales en cuyo genoma se hayan incorporado genes humanos (animales transgénicos).

            Artículo 107.- Otras penas.

Además de las penas provistas en los delitos de esta Sección, el tribunal a su discreción, podrá ordenar la suspensión o revocación de cualquier licencia, permiso o autorización conforme el Artículo 60. Cuando una persona jurídica resulte convicta, el tribunal podrá también ordenar la suspensión o revocación de la licencia, permiso o autorización conforme el Artículo 78.

CAPÍTULO II

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD CORPORAL

            Artículo 108.- Agresión.

Toda persona que ilegalmente, por cualquier medio o forma, cause a otra una lesión a su integridad corporal, incurrirá en delito menos grave.

            Artículo 109.- Agresión grave.

Si la agresión descrita en el Artículo 108 ocasiona una lesión que requiera hospitalización, o tratamiento prolongado, excluyendo las lesiones mutilantes, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

Esta modalidad incluye, aquellas en las cuales se transmite una enfermedad, siendo este hecho conocido por el autor.

Si la agresión ocasiona una lesión mutilante, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años.

Se entenderá como lesión mutilante, el ocasionar un daño permanente en cualquier parte del cuerpo a una persona, desfigurar el rostro o inutilizar permanentemente su capacidad para oír, ver o hablar.

            Artículo 110.- Lesión negligente.

Toda persona que negligentemente ocasione a otra una lesión corporal que requiera hospitalización, tratamiento prolongado o genere un daño permanente o lesiones mutilantes, se le impondrá pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 111.- Prácticas lesivas a la integridad corporal en los procesos de iniciación.

            Toda persona que obrando con negligencia ponga en riesgo la salud física o mental o que atente contra la dignidad humana de cualquier aspirante a miembro de una organización, fraternidad, sororidad, alguna que como parte de su proceso de iniciación, incida en prácticas lesivas a la dignidad e integridad personal del aspirante, incurrirá en delito menos grave.

Se entenderá como práctica lesiva a la dignidad e integridad personal, el consumo forzado de alimentos, licor, bebidas alcohólicas, drogas narcóticas o cualquier otra sustancia; someter a ejercicios físicos extenuantes; exposición riesgosa a las inclemencias del tiempo; privación extendida de alimento, descanso o sueño; aislamiento extendido; todo tipo de raspadura, golpe, azote, paliza, quemadura o marca; y todo trato que afecte adversamente la salud física o mental, o seguridad del aspirante.

Se dispone, además, que toda institución educativa que obrando con negligencia permita que los actos aquí prohibidos ocurran en cualquier lugar de su propiedad o bajo su posesión, custodia o control, incurrirá en delito menos grave.

CAPÍTULO III

DELITOS CONTRA LA FAMILIA

SECCIÓN PRIMERA

De los delitos contra el estado civil

            Artículo 112.- Bigamia.

Toda persona que contrae un nuevo matrimonio sin haberse anulado o disuelto el anterior o declarado ausente el cónyuge, conforme dispone la ley, incurrirá en delito menos grave.

            Artículo 113.- Contrayente soltero.

Toda persona soltera que contrae matrimonio con una persona casada, conociendo que dicha persona está cometiendo bigamia, incurrirá en delito menos grave.

            Artículo 114.- Celebración de matrimonios ilegales.

Toda persona autorizada a celebrar matrimonios que, a sabiendas celebre o autorice un matrimonio prohibido por la ley civil incurrirá en delito menos grave.

            Artículo 115.- Matrimonios ilegales.

Incurrirá en delito menos grave:

(a) Toda persona que celebre un matrimonio sin estar autorizada.

(b) Toda persona que contraiga un matrimonio prohibido por la ley civil.

            Artículo 116.- Adulterio.

Toda persona casada que tenga relaciones sexuales con una persona que no sea su cónyuge, incurrirá en delito menos grave.

El proceso por el delito de adulterio se instruirá dentro del año de haberse cometido el delito o de haber llegado éste a conocimiento de la parte actora.

Si el delito de adulterio se comete por una mujer casada y un hombre soltero, o un hombre casado y una mujer soltera, el hombre soltero o la mujer soltera incurrirá en el delito de adulterio.

SECCIÓN SEGUNDA

De la protección debida a los menores

            Artículo 117.- Incumplimiento de la obligación alimentaria.

Todo padre o madre que, sin excusa legal, deje de cumplir con la obligación que le impone la ley o el tribunal de proveer alimentos a sus hijos, incurrirá en delito menos grave.

            (a) Cuando la paternidad o maternidad no esté en controversia.  Cuando la persona imputada ha aceptado la paternidad o maternidad ante el tribunal, antes de comenzar el juicio, o cuando la paternidad o maternidad no esté en controversia, se celebrará el juicio; y de resultar culpable de incumplimiento de la obligación alimentaria, el tribunal fijará, mediante resolución, una suma razonable por concepto de alimentos, apercibiendo a la persona acusada que el incumplimiento de dicha resolución, sin excusa legal, podrá ser castigado como un desacato civil.

            (b) Cuando la paternidad o maternidad esté en controversia.  Cuando la persona imputada niegue la paternidad o maternidad, el tribunal le concederá un plazo de no más de diez (10) días para que conteste la alegación e inmediatamente celebrará un juicio en el cual se seguirán las reglas vigentes para la presentación de evidencia. Dentro del quinto día de haberse oído la prueba, el juez resolverá sobre la paternidad o maternidad, y de resultar probada, levantará un acta y dictará la resolución correspondiente, fijando, además, la cuantía que por concepto de alimentos deberá proveer al hijo.  La cuantía que se fije por concepto de alimentos será retroactiva al momento en que se presente la correspondiente denuncia.

            (c) Otras disposiciones procesales.  Luego de los procedimientos preliminares que se establecen en los dos párrafos anteriores, el caso continuará ventilándose a base de alegaciones de incumplimiento de la obligación alimentaria, y el fallo recaerá sobre este extremo.  El tribunal tiene discreción para suspender los efectos de la sentencia, si lo estima necesario para el bienestar del menor.  Del fallo adverso sobre paternidad o maternidad y sobre incumplimiento de la obligación alimentaria, la persona acusada podrá apelar en un solo acto.  Las vistas sobre estos casos tendrán preferencia en los calendarios de los tribunales de apelación.

La apelación de cualquier sentencia u orden dictada bajo este Artículo, no suspenderá los efectos de la resolución que ordene el pago de alimentos, y la persona acusada tiene la obligación de depositar en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia las cuantías fijadas por concepto de alimentos.  A solicitud de parte interesada, el tribunal, luego de escuchar el testimonio de ambas partes, puede autorizar al Secretario a que disponga a favor del alimentista las cuantías consignadas, hasta que recaiga el fallo.  En los casos en que el fallo dictado sea a favor de la persona acusada, el alimentista tiene la obligación de devolver las cuantías que la persona acusada había consignado.  En los casos en que el fallo dictado confirme la sentencia del tribunal apelado, pero disminuya la cuantía por concepto de alimentos, la diferencia en dicha cuantía le será acreditada a la persona acusada en los pagos futuros que deba depositar para beneficio del alimentista.  Si la persona acusada deja de cumplir con la consignación dispuesta, se celebrará una vista, y de no mediar razón justificada, el tribunal desestimará la apelación.

Cuando la sentencia sea firme, el tribunal dictará una orden acompañada de copia certificada del acta de aceptación de la paternidad o maternidad o de la determinación de paternidad o maternidad hecha por el juez, dirigida al encargado del Registro Demográfico para que proceda a inscribir al menor como hijo de la persona acusada, con todos los demás detalles requeridos por el acta de nacimiento para todos los efectos.

En todas las acciones relacionadas con este Artículo, incluso en las vistas sobre incumplimiento de la orden de alimentar, el interés público debe estar representado por el ministerio público.

            Artículo 118.- Abandono de menores.

Todo padre o madre de un menor o cualquier persona a quien esté confiado tal menor para su manutención o educación, que lo abandone en cualquier lugar con intención de desampararlo, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Cuando por las circunstancias del abandono se pone en peligro la vida, salud, integridad física o indemnidad sexual del menor, la persona será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

            Artículo 119.- Exclusión.

No constituye el delito de abandono de menores, la entrega de un menor a una institución para el cuidado de menores, ya sea pública o privada, por parte de los padres, o uno de éstos, o el tutor encargado. Los directores, funcionarios o empleados de la institución no podrán requerir información alguna sobre la madre o el padre del menor entregado, a menos que el menor demuestre señales de maltrato.

La patria potestad del menor corresponde al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la custodia a la institución que le dio acogida, hasta tanto el Departamento de la Familia disponga otra cosa.

No constituye el delito de abandono de menores la entrega de un menor por su madre a una institución hospitalaria, pública o privada, de conformidad con las disposiciones de la Ley 186-2009, conocida como “Ley de Reforma Integral de Procedimientos de Adopción de 2009”.

Artículo 120.- Secuestro de menores.

Toda persona que mediante fuerza, violencia, intimidación, fraude o engaño sustraiga a un menor con el propósito de retenerlo y ocultarlo de sus padres, tutor u otra persona encargada de dicho menor, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de cincuenta (50) años.

Se impondrá la pena con agravantes, cuando la conducta prohibida en el párrafo anterior se lleve a cabo en:

(a) una institución hospitalaria, pública o privada;

(b) una escuela elemental, intermedia o secundaria, pública o privada;

(c) un edificio ocupado o sus dependencias;

(d) un centro de cuidado de niños; o

(e) un parque, área recreativa o centro comercial.

            Artículo 121.- Privación ilegal de custodia.

Toda persona que sin tener derecho a ello prive a un padre, madre u otra persona o entidad de la custodia legítima de un menor o de un incapacitado, incurrirá en delito menos grave.

Se considera delito grave con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

(a) Si se traslada al menor fuera de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(b) Si el padre o madre no custodio residente fuera de Puerto Rico retiene al menor cuando le corresponde regresarlo al hogar de quien tiene su custodia legítima.

(c) Si se oculta o si con conocimiento, se niega a divulgar el paradero de algún menor que se ha evadido de la custodia del Estado, o sobre el cual exista una orden para ingresarlo en alguna institución.

            Artículo 122.- Adopción a cambio de dinero.

Toda persona que con ánimo de lucro reciba, ofrezca o dé dinero u otros bienes a cambio de la entrega para adopción de un menor en violación a la ley que regula dicho procedimiento, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Se impondrá la pena con circunstancias agravantes cuando el menor objeto de la adopción fuere el hijo biológico del acusado, o cuando entre el acusado y el menor existiere una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad.

Esta disposición no incluye los casos de maternidad subrogada.

            Artículo 123.- Corrupción de menores.

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años:

(a) Toda persona que utilice un menor de dieciocho (18) años de edad para la comisión de un delito.

(b) Toda persona que intoxique, induzca, aconseje, incite o ayude a intoxicar a un menor que no ha cumplido dieciocho (18) años de edad.

(c) Toda persona que autorice, induzca, permita u ordene a un menor que no ha cumplido dieciocho (18) años de edad a dedicarse a la mendicidad pública, participar en juegos de azar, o permanecer en una casa de prostitución o de comercio de sodomía.

(d) Todo dueño, empresario, administrador, gerente, director, dependiente o empleado de un establecimiento o negocio público que consienta o tolere que en dicho establecimiento se cometa cualquiera de los actos señalados en el inciso (a).

(e) Todo dueño, administrador o encargado de cualquier establecimiento, utilizado en todo o en parte como salón de bebidas, casino o sala de juegos que permita a un menor que no ha cumplido dieciocho (18) años de edad tomar parte en juegos de azar.

(f) Todo dueño, administrador, encargado o empleado de una casa de prostitución o de comercio de sodomía que permita la presencia de un menor que no ha cumplido dieciocho (18) años de edad.

En los casos en que a los establecimientos o locales a que se refiere este Artículo se les ha concedido permiso o licencia, se podrá imponer, además, la cancelación o revocación de los mismos.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo  46 de este Código, se impondrá responsabilidad criminal a la persona jurídica titular o responsable de la administración del establecimiento.

            Artículo 124.- Seducción de menores a través de la Internet o medios electrónicos.

Toda persona que, a sabiendas, utilice cualquier medio de comunicación telemática para seducir o convencer a un menor para encontrarse con la persona, con la intención de incurrir en conducta sexual prohibida por este Código Penal u otras leyes penales, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

SECCIÓN TERCERA

De la protección debida a las personas de edad avanzada e incapacitados

            Artículo 125.- Incumplimiento de la obligación alimentaria.

Toda persona que, sin excusa legítima, deje de cumplir con la obligación que le impone la ley o el tribunal de proveer alimentos a otra persona, sea su cónyuge, ascendiente o descendiente mayor de edad, incurrirá en delito menos grave.

            Artículo 126.- Abandono de personas de edad avanzada e incapacitados.

Toda persona a quien esté confiada una persona de edad avanzada o incapacitada, que no pueda valerse por sí misma, que la abandone en cualquier lugar con intención de desampararla, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Cuando por las circunstancias del abandono se pone en peligro la vida, salud, integridad física o indemnidad sexual de la persona, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

Artículo 127.- Negligencia en el cuidado de personas de edad avanzada e incapacitados.

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de dos (2) años, toda persona que, obrando con negligencia y teniendo la obligación que le impone la ley o el tribunal de prestar alimentos y cuidado a una persona de edad avanzada o incapacitada, no observara el cuidado debido poniendo en peligro la vida, salud, integridad física o indemnidad sexual.

SECCIÓN CUARTA

Del respeto a los muertos

            Artículo 128.- Profanación de cadáver o cenizas.

Toda persona que ilegalmente mutile, desentierre o remueva de su sepultura, o del lugar en que se halle aguardando el momento de ser enterrado o cremado, el cadáver de un ser humano o parte del mismo, o sus restos o cenizas, o que de otra forma los profane, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 129.- Profanación del lugar donde yacen los muertos e interrupción del funeral.

Toda persona que profane el lugar donde yace el cadáver de un ser humano, los objetos que allí se destinan a honrar su memoria o los que contienen sus restos o cenizas, o impida o interrumpa un funeral, velatorio o servicio fúnebre, incurrirá en delito menos grave.

CAPÍTULO IV

DELITOS CONTRA LA INDEMNIDAD SEXUAL

SECCIÓN PRIMERA

De los delitos de violencia sexual

            Artículo 130.- Agresión sexual.

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de cincuenta (50) años, toda persona que lleve a cabo, o que provoque que otra persona lleve a cabo, un acto orogenital o una penetración sexual vaginal o anal ya sea ésta genital, digital, o instrumental, en cualquiera de las circunstancias que se exponen a continuación:

(a) Si la víctima al momento del hecho no ha cumplido dieciséis (16) años de edad.

(b) Si por enfermedad o incapacidad mental, temporal o permanente, la víctima está incapacitada para comprender la naturaleza del acto en el momento de su realización.

(c) Si la víctima fue compelida al acto mediante el empleo de fuerza física, violencia, intimidación o amenaza de grave e inmediato daño corporal.

(d) Si a la víctima se le ha anulado o disminuido sustancialmente,  sin su conocimiento o sin su consentimiento, su capacidad de consentir a través de medios hipnóticos, narcóticos, deprimentes o estimulantes o de sustancias o medios similares.

(e) Si al tiempo de cometerse el acto, la víctima no tuviera conciencia de su naturaleza y esa circunstancia fuera conocida por el acusado.

(f) Si la víctima se somete al acto mediante engaño, treta, simulación u ocultación en relación a la identidad del acusado.

(g) Si a la víctima se le obliga o induce mediante maltrato, violencia física o psicológica a participar o involucrarse en una relación sexual no deseada con terceras personas.

(h) Cuando la persona acusada se aprovecha de la confianza depositada en ella por la víctima por existir una relación de superioridad por razón de tenerla bajo su custodia, tutela, educación primaria, secundaria,  o especial, tratamiento médico o psicoterapéutico, consejería de cualquier índole, o por existir una relación de liderazgo de creencia religiosa o de cualquier índole con la víctima.

Se impondrá la pena con circunstancias agravantes cuando se cometa este delito en cualquiera de las siguientes circunstancias:

(1) se cometa en el hogar de la víctima, o en cualquier otro lugar donde ésta tenga una expectativa razonable de intimidad;

(2) resulte en un embarazo; o

(3) resulte en el contagio de alguna enfermedad venérea, siendo este hecho conocido por el autor.

(4) si la conducta tipificada en el inciso (c) de este Artículo se comete en contra de la persona de quien el autor es o ha sido cónyuge o conviviente, o ha tenido o tiene relaciones de intimidad o noviazgo, o con la que tiene un hijo en común.

Si la conducta tipificada en el inciso (a) se comete por un menor que no ha cumplido dieciocho (18) años de edad, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años, de ser procesado como adulto.

Artículo 131.- Incesto.

Serán sancionadas con pena de reclusión por un término fijo de cincuenta (50) años, aquellas personas que tengan una relación de parentesco, por ser ascendiente o descendiente, por consanguinidad, adopción o afinidad, o colateral por consanguinidad o adopción,   hasta el tercer grado, o por compartir o poseer la custodia física o patria potestad y que lleven a cabo un acto orogenital o una penetración sexual vaginal o anal, ya sea ésta genital, digital o instrumental.

Se impondrá la pena con circunstancias agravantes, cuando se cometa el delito de incesto en cualquiera de las siguientes circunstancias:

(a) resulte en un embarazo; o

(b) resulte en el contagio de alguna enfermedad venérea, siendo este hecho conocido por el autor.

Si la parte promovente de la conducta fuere un menor que no ha cumplido dieciocho (18) años de edad, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años, de ser procesado como adulto.

            Artículo 132.- Circunstancias esenciales de los delitos de agresión sexual e incesto.

El delito de agresión sexual o de incesto consiste esencialmente en la agresión inferida a la integridad física, síquica o emocional y a la dignidad de la persona.

Cualquier acto orogenital o penetración sexual, vaginal o anal, ya sea ésta genital, digital o instrumental, por leve que sea, bastará para consumar el delito.

 

 

            Artículo 133.- Actos lascivos.

Toda persona que, sin intentar consumar el delito de agresión sexual descrito en el Artículo  130, someta a otra persona a un acto que tienda a despertar, excitar o satisfacer la pasión o deseos sexuales del imputado, en cualquiera de las circunstancias que se exponen a continuación, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

(a) Si la víctima al momento del hecho es menor de dieciséis (16) años de edad.

(b) Si la víctima fue compelida al acto mediante el empleo de fuerza, violencia, amenaza de grave o inmediato daño corporal, o intimidación, o el uso de medios hipnóticos, narcóticos, deprimentes o estimulantes o sustancias o medios similares.

(c) Si la víctima, por enfermedad o defecto mental temporero o permanente, estaba incapacitada para comprender la naturaleza del acto.

(d) Si la víctima fue compelida al acto mediante el empleo de medios engañosos que anularon o disminuyeron sustancialmente, sin su conocimiento, su capacidad de consentir.

(e) Si al tiempo de cometerse el acto, la víctima no tuviera conciencia de su naturaleza y esa circunstancia fuera conocida por el acusado.

(f) Si el acusado tiene una relación de parentesco con la víctima, por ser ascendiente o descendiente, por consanguinidad, adopción o afinidad, o colateral por consanguinidad o adopción,  hasta el tercer grado, o por compartir o poseer la custodia física o patria potestad.

(g) Cuando la persona acusada se aprovecha de la confianza depositada en ella por la víctima por existir una relación de superioridad por razón de tenerla bajo su custodia, tutela, educación primaria, secundaria, universitaria o especial, tratamiento médico o psicoterapéutico, consejería de cualquier índole, o por existir una relación de liderazgo de creencia religiosa o de cualquier índole con la víctima.

Cuando el delito se cometa en cualquiera de las modalidades descritas en los incisos (a) y (f) de este Artículo, o se cometa en el hogar de la víctima, o en cualquier otro lugar donde ésta tenga una expectativa razonable de intimidad, la pena del delito será de reclusión por un término fijo de quince (15) años.

            Artículo 134.- Bestialismo.

Toda persona que lleve a cabo, o que incite, coaccione o ayude a otra a llevar a cabo cualquier forma de penetración sexual con un animal, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Artículo 135.- Acoso sexual.

Toda persona que en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, solicite favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero, y sujete las condiciones de trabajo, docencia o servicios a su cumplimiento, o mediante comportamiento sexual provoque una situación intimidatoria, hostil o humillante para la víctima, incurrirá en delito menos grave.

SECCIÓN SEGUNDA

De los delitos contra la moral pública

            Artículo 136.- Exposiciones obscenas.

Toda persona que exponga cualquier parte íntima de su cuerpo en cualquier sitio en que esté presente una o varias personas, incluyendo funcionarios del orden público, a quien tal exposición pueda ofender o molestar, incurrirá en delito menos grave.

Esta conducta no incluye el acto de lactancia a un infante.

Artículo 137.- Proposición obscena.

Toda persona que en un lugar público o abierto al público haga proposiciones obscenas de una manera ofensiva al pudor público, incurrirá en delito menos grave.

SECCIÓN TERCERA

De la prostitución y actividades afines

            Artículo 138.- Prostitución.

Toda persona que sostenga, acepte, ofrezca o solicite sostener relaciones sexuales con otra persona por dinero o estipendio, remuneración o cualquier forma de pago, incurrirá en delito menos grave.

A los efectos de esta sección, no se considerará como defensa el sexo de las partes que sostengan, acepten, ofrezcan o soliciten sostener relaciones sexuales.

            Artículo 139.- Casas de prostitución y comercio de sodomía.

Incurrirá en delito menos grave:

(a) Toda persona que tenga en propiedad o explotación, bajo cualquier denominación, una casa o anexo, un edificio o anexo, o dependencia de la misma, para concertar o ejercer la prostitución o el comercio de sodomía o de algún modo la regentee, dirija o administre o participe en la propiedad, explotación, dirección o administración de la misma.

(b) Toda persona que arriende, en calidad de dueño o administrador, o bajo cualquier denominación, una casa o anexo, un edificio o anexo, o dependencia de los mismos, para su uso como casa para concertar o ejercer la prostitución o el comercio de sodomía.

(c) Toda persona que teniendo en calidad de dueño, administrador, director, encargado, o bajo cualquier denominación, una casa o anexo, un edificio o anexo, o dependencia de los mismos, permita la presencia habitual en ellos de una o varias personas para concertar o ejercer la prostitución o el comercio de sodomía.

Se dispone que en cuanto a los establecimientos o locales a que se refiere este Artículo, el tribunal ordenará también la revocación de las licencias, permisos o autorizaciones para operar.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo  46 de este Código, se impondrá responsabilidad criminal a la persona jurídica titular o responsable de la administración del establecimiento.

            Artículo 140.- Casas escandalosas.

Toda persona que tenga en propiedad o bajo cualquier denominación un establecimiento o casa escandalosa en la que habitualmente se perturbe la tranquilidad, el bienestar o decoro del inmediato vecindario, o se promuevan desórdenes, incurrirá en delito menos grave.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo  46 de este Código, se impondrá responsabilidad criminal a la persona jurídica titular o responsable de la administración del establecimiento.

            Artículo 141.- Proxenetismo, rufianismo y comercio de personas.

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años toda persona que:

(a) Con ánimo de lucro o para satisfacer la lascivia ajena promueva o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de ésta.

(b) Haga de la prostitución ajena su medio habitual de vida.

(c) Promueva o facilite la entrada o salida del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de otra persona aun con el consentimiento de ésta, para que ejerza la prostitución o comercio de sodomía.

            Artículo 142.- Proxenetismo, rufianismo y comercio de personas agravado.

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años toda persona que cometa el delito descrito en el Artículo  141 si concurre cualquiera de las siguientes circunstancias:

(a) Si la víctima no ha cumplido dieciocho (18) años de edad.

(b) Cuando medie engaño, violencia, abuso de autoridad o cualquier medio de intimidación o coacción.

(c) Si el autor es ascendiente, descendiente, cónyuge, hermano, tutor o encargado de la educación, guarda o custodia de la víctima.

(d) Si promueve o facilita la prostitución o el comercio de sodomía de más de una persona.

SECCIÓN CUARTA

De la obscenidad y la pornografía infantil

            Artículo 143.- Definiciones.

A los efectos de esta Sección, los siguientes términos o frases tienen el significado que a continuación se expresa:

(a) Conducta obscena. Es cualquier actividad física del cuerpo humano, bien sea llevada a cabo solo o con otras personas, incluyendo, pero sin limitarse, a cantar, hablar, bailar, actuar, simular, o hacer pantomimas, la cual considerada en su totalidad por la persona promedio y, según los patrones comunitarios contemporáneos:

(1) apele al interés lascivo, o sea, interés morboso en la desnudez, sexualidad o funciones fisiológicas;

(2) represente o describa en una forma patentemente ofensiva conducta sexual; y

(3) carezca de un serio valor literario, artístico, religioso, científico o educativo.

La atracción de la conducta al interés lascivo se juzgará en relación al adulto promedio, a menos que se desprenda de la naturaleza de dicha conducta o de las circunstancias de su producción, presentación, o exhibición que está diseñada para grupos de desviados sexuales, en cuyo caso la atracción predominante de la conducta se juzgará con referencia al grupo a quien va dirigido.

En procesos por violación a las disposiciones de esta Sección en donde las circunstancias de producción, presentación o exhibición indican que el acusado está explotando comercialmente la conducta obscena por su atracción lasciva, dichas circunstancias constituyen prueba prima facie de que la misma carece de un serio valor literario, artístico, religioso, científico o educativo.

Cuando la conducta prohibida se lleve a cabo para o en presencia de menores, será suficiente que el material esté dirigido a despertar un interés lascivo en el sexo.

(b) Conducta sexual. Comprende:

(1) representaciones o descripciones patentemente ofensivas de actos sexuales consumados, normales o pervertidos, actuales o simulados, incluyendo relaciones sexuales, sodomía y bestialismo, o

(2) representaciones o descripciones patentemente ofensivas de masturbación, copulación oral, sadismo sexual, masoquismo sexual, exhibición lasciva de los genitales, estimular los órganos genitales humanos por medio de objetos diseñados para tales fines, o funciones escatológicas, así sea tal conducta llevada a cabo individualmente o entre miembros del mismo sexo o del sexo opuesto, o entre humanos y animales.

(c) Material. Es cualquier libro, revista, periódico u otro material impreso, escrito, o digital, o cualquier retrato, fotografía, dibujo, caricatura, película de movimiento, cinta cinematográfica u otra representación gráfica; o cualquier representación oral o visual transmitida o retransmitida a través de cables, ondas electromagnéticas, computadoras, tecnología digital o cualesquiera medios electrónicos o de comunicación telemática; o cualquier estatua, talla o figura, escultura; o cualquier grabación, transcripción o reproducción mecánica, química o eléctrica o cualquier otro artículo, equipo o máquina.

(d) Material nocivo a menores. Es todo material que describa explícitamente la desnudez del cuerpo humano, manifestaciones de conducta sexual o excitación sexual, o de una manera que al considerarse en parte o en la totalidad de su contexto:

(1) apele predominantemente al interés lascivo, vergonzoso o morboso en los menores;

(2) resulte patentemente ofensivo de acuerdo a los criterios contemporáneos de la comunidad adulta conforme a los mejores intereses de los menores; y

(3) carezca de un serio valor social para los menores.

(e) Material obsceno. Es material que considerado en su totalidad por una persona promedio y que al aplicar patrones comunitarios contemporáneos:

(1) apele al interés lascivo, o sea, a un interés morboso en la desnudez, sexualidad o funciones fisiológicas;

(2) represente o describa en una forma patentemente ofensiva conducta sexual; y

(3) carezca de un serio valor literario, artístico, religioso, científico o educativo.

La atracción del material al interés lascivo en el sexo se juzga en referencia al adulto promedio, a menos que se desprenda de la naturaleza del material, o de las circunstancias de su diseminación, distribución o exhibición, que está diseñado para grupos de desviados sexuales, en cuyo caso dicha atracción se juzgará con referencia al grupo a quien va dirigido.

En procesos de violación a las disposiciones de esta Sección, donde las circunstancias de producción, presentación, venta, diseminación, distribución, o publicidad indican que el acusado está explotando comercialmente el material por su atracción lasciva, la prueba de este hecho constituirá prueba prima facie de que el mismo carece de serio valor literario, artístico, religioso, científico o educativo.

Cuando la conducta prohibida se lleve a cabo para o en presencia de menores será suficiente que el material esté dirigido a despertar un interés lascivo en el sexo.

(f) Pornografía infantil. Es cualquier representación de conducta sexual explícita, todo acto de masturbación, abuso sadomasoquista, relaciones sexuales reales o simuladas, relaciones sexuales desviadas, bestialismo, homosexualismo, lesbianismo, actos de sodomía, o exhibición de los órganos genitales llevados a cabo por personas menores de dieciocho (18) años de edad.

(g) Abuso sadomasoquista. Son actos de flagelación o tortura por parte de una persona a otra o a sí misma, o la condición de estar encadenado, atado o de cualquier otro modo restringido, como un acto de gratificación o estimulación sexual.

            Artículo 144.- Envío, transportación, venta, distribución, publicación, exhibición o posesión de material obsceno.

Toda persona que a sabiendas envíe o haga enviar, o transporte o haga transportar, o traiga o haga traer material obsceno a Puerto Rico para la venta, exhibición, publicación o distribución, o que posea, prepare, publique, o imprima cualquier material obsceno en Puerto Rico, con la intención de distribuirlo, venderlo, exhibirlo a otros, o de ofrecerlo para la distribución o la venta, incurrirá en delito menos grave.

Si el delito descrito en el párrafo anterior se lleva a cabo para o en presencia de un menor o se emplea o usa a un menor para hacer o ayudar en la conducta prohibida, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Las disposiciones de este Artículo, en relación con la exhibición de, o la posesión con la intención de exhibir cualquier material obsceno, no se aplican a ningún empleado, proyeccionista u operador de  un aparato cinematográfico, que ha sido empleado y quien está desempeñándose dentro del ámbito de su empleo, siempre y cuando tal empleado, proyeccionista u operador no tenga interés propietario de clase alguna en el lugar o negocio en donde está empleado.

            Artículo 145.- Espectáculos obscenos.

Toda persona que a sabiendas se dedique a, o participe en la administración, producción, patrocinio, presentación o exhibición de un espectáculo que contiene conducta obscena o participe en una parte de dicho espectáculo, o que contribuya a su obscenidad, incurrirá en delito menos grave.

Si el comportamiento descrito en el párrafo anterior se lleva a cabo para o en presencia de un menor será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

 

            Artículo 146.- Producción de pornografía infantil.

Toda persona que a sabiendas promueva, permita, participe o directamente contribuya a la creación o producción de material o de un espectáculo de pornografía infantil será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años.

            Artículo 147.- Posesión y distribución de pornografía infantil.

Toda persona que a sabiendas posea o compre material o un espectáculo de pornografía infantil será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de doce (12) años.

Toda persona que a sabiendas imprima, venda, exhiba, distribuya, publique, transmita, traspase, envíe o circule material o un espectáculo de pornografía infantil será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años.

            Artículo 148.- Utilización de un menor para pornografía infantil.

Toda persona que use, persuada o induzca a un menor a posar, modelar o ejecutar conducta sexual con el propósito de preparar, imprimir o exhibir material de pornografía infantil o a participar en un espectáculo de esa naturaleza será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años.

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de veinte (20) años:

(a) cuando el acusado tenga relaciones de parentesco con la víctima, por ser ascendiente o descendiente, por consanguinidad, adopción o afinidad,  hasta el tercer grado, o por compartir o poseer la custodia física o patria potestad; o

(b) cuando se cometa en el hogar o lugar dedicado al cuidado de la víctima.

            Artículo 149.- Exhibición y venta de material nocivo a menores.

Incurrirá en delito menos grave:

(a) Toda persona a cargo de la supervisión, control o custodia de un establecimiento comercial o de negocios que a sabiendas exhiba, despliegue o exponga a la vista cualquier material nocivo a los menores en aquellas áreas del establecimiento o áreas circundantes donde un menor de edad tiene acceso como parte del público en general.

(b) Toda persona a cargo de la supervisión, custodia o control de una sala de teatro donde se proyectan cintas cinematográficas que contengan material nocivo a menores y que a sabiendas venda un boleto de entrada o de otra manera permita la entrada de un menor a dicho establecimiento.

(c) Toda persona que a sabiendas venda, arriende o preste a un menor material conteniendo información o imágenes nocivas a éstos, será sancionada con una pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Para fines de este Artículo, establecimiento comercial o de negocios incluye, sin limitarse, a barras, discotecas, café teatro y otros lugares de diversión afines.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo  46 de este Código, se impondrá responsabilidad criminal a la persona jurídica titular o responsable de la administración del establecimiento.

 

 

            Artículo 150.- Propaganda de material obsceno o de pornografía infantil.

Incurrirá en delito menos grave toda persona que prepare, exhiba, publique, anuncie o solicite de cualquier persona que  publique o exhiba un anuncio de material obsceno o que en cualquier otra forma promueva la venta o la distribución de tal material. Si la conducta descrita en este párrafo, ocurre en presencia de un menor, la persona será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Cuando el material sea de pornografía infantil, la persona será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

            Artículo 151.- Venta, distribución condicionada.

Incurrirá en delito menos grave toda persona que, como condición para la venta, distribución, consignación o entrega para la reventa de cualquier diario, revista, libro, publicación u otra mercancía:

(a) requiera que el comprador o consignatario reciba cualquier material obsceno;

(b) deniegue, revoque o amenace con denegar o revocar una franquicia; o

(c) imponga una penalidad monetaria o de otra clase por razón de tal persona negarse a aceptar tal material o por razón de la devolución de tal material.

Cuando el material sea de pornografía infantil, la persona será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

            Artículo 152.- Transmisión o retransmisión de material obsceno o de pornografía infantil.

Toda persona que a sabiendas distribuya cualquier material obsceno a través de cualquier medio de comunicación telemática u otro medio de comunicación, incurrirá en delito menos grave.

Cuando el material sea de pornografía infantil, la persona será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

            Artículo 153.- Confiscación.

El Secretario de Justicia, el Superintendente de la Policía o el Secretario de Hacienda por conducto de sus delegados o agentes del orden público, pueden incautarse de propiedad o interés que cualquier persona ha adquirido en violación a las disposiciones de esta Sección, sujeto al procedimiento establecido por la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, Ley 119-2011.

            Artículo 154.- Destrucción de material.

Cuando medie convicción y sentencia firme por cualquier delito comprendido en esta Sección, el tribunal ordenará que se destruya cualquier material o anuncio obsceno o de pornografía infantil que haya motivado la convicción del acusado y que se encuentre en poder o bajo control del tribunal, del ministerio público o de un funcionario del orden público.

 

 

 

CAPÍTULO V

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS CIVILES

SECCIÓN PRIMERA

De las restricciones a la libertad

 

            Artículo 155.- Restricción de libertad.

Toda persona que restrinja intencionalmente y sin excusa legítima a otra persona de manera que interfiera sustancialmente con su libertad, incurrirá en delito menos grave.

Artículo 156.- Restricción de libertad agravada.

Se impondrá pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años, si el delito de restricción de libertad se comete con la concurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias:

(a) Mediante violencia, intimidación, fraude o engaño.

(b) Simulando ser autoridad pública.

(c) Por funcionario o empleado público con abuso de los poderes inherentes a su autoridad o funciones.

(d) Con el pretexto de que el restringido padece de enfermedad o defecto mental.

(e) En persona que no ha cumplido dieciocho (18) años de edad, discapacitado o persona que no pueda valerse por sí mismo o enfermo mental.

(f) En la persona de quien el autor o la autora es o ha sido cónyuge o conviviente, o ha tenido o tiene relaciones de intimidad o noviazgo, o con la que tiene un hijo en común.

            Artículo 157.- Secuestro.

Toda persona que mediante fuerza, violencia, intimidación, fraude o engaño, sustrae, o retiene y oculta, a otra persona privándola de su libertad será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de veinticinco (25) años.

Para que se configure el delito de secuestro no es necesario que la sustracción sea por tiempo y distancia sustancial; basta con el movimiento o traslado de un lugar a otro.

            Artículo 158.- Secuestro agravado.

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de cincuenta (50) años, toda persona que cometa el delito de secuestro cuando medie cualquiera de las siguientes circunstancias:

(a) Cuando se cometa contra una persona que no ha cumplido dieciocho (18) años de edad, o un discapacitado o persona que no pueda valerse por sí misma, o un enfermo mental.

(b) Cuando se cometa contra el Gobernador de Puerto Rico, contra un legislador o Secretario del Gabinete o funcionario principal de una agencia o corporación pública, juez, fiscal especial independiente, o un fiscal o procurador del Departamento de Justicia de Puerto Rico, fuere éste nombrado por el Gobernador de Puerto Rico o designado como tal por el Secretario de Justicia.

(c) Cuando se cometa con el propósito de exigir compensación monetaria o que se realice algún acto contrario a la ley o a la voluntad de la persona secuestrada, o exigir al Estado la liberación de algún recluso cumpliendo sentencia o la liberación de una persona arrestada o acusada en relación con la comisión de algún delito.

(d) Cuando el secuestro se inicie fuera de los límites territoriales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y se traiga o envíe a la persona a Puerto Rico.

            Artículo 159.- Servidumbre involuntaria o esclavitud.

Toda persona que ejercite atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos sobre otra persona, mediante servidumbre involuntaria o esclavitud, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

Cuando la persona que comete el acto fuere el padre o madre, encargado o tutor legal de la víctima menor de edad incapacitada mental o físicamente, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de doce (12) años.

Para fines de este Artículo, servidumbre involuntaria incluye:

(1) Imponer sobre cualquier persona o grupo de personas una condición de servidumbre o trabajos forzados mediante engaño, fraude, secuestro o restricción de libertad, coacción, uso de la fuerza o amenaza a la víctima o a su familia.

(2) Ejercer abuso de poder real o pretendido o aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de la víctima, haciendo a la víctima sujeto de una restricción de libertad o de interferencia con sus movimientos o comunicaciones, privación o destrucción de documentos de identidad, maltrato físico o emocional y denegación de derechos laborales.

(3) Imponer condiciones onerosas para la terminación de la servidumbre, repago en trabajo por deuda propia o ajena.

Se impondrá la pena con agravantes cuando dicha servidumbre tome la forma de prostitución u otras formas de explotación sexual, o la venta de órganos.

Artículo 160.- Trata humana.

Toda persona que mediante la captación, el transporte, el traslado, la acogida o recepción de personas y que recurriendo al uso de la fuerza, amenaza, coacción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder, u otras situaciones de vulnerabilidad, ofrezca o reciba la concesión o recepción de pagos o beneficios con el fin de obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra para que ésta ejerza la mendicidad, cualquier clase de explotación sexual, pornografía, trabajo o servicio forzado, servidumbre por deudas, matrimonio servil, adopción irregular, esclavitud o sus prácticas análogas, la servidumbre o extracción de órganos, aun con el consentimiento de la víctima, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de  doce (12) años.

Cuando la persona que comete el acto fuere el padre o madre, encargado o tutor legal de la víctima menor de edad será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de veinte (20) años.

            Artículo 161.- Demora en examen del arrestado.

Todo funcionario público o persona que habiendo arrestado a otra la mantenga bajo custodia irrazonable e innecesariamente sin conducirlo ante un juez será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Para determinar la tardanza en conducir a una persona ante un magistrado se usará el criterio de tiempo razonable que tal acto requiere.

            Artículo 162.- Incumplimiento de auto de hábeas corpus.

Todo funcionario público o persona a quien se haya dirigido un auto de hábeas corpus que deje de cumplirlo o se niegue a ello, después de su presentación, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 163.- Evasión de auto de hábeas corpus.

Todo funcionario o empleado público o persona que tenga bajo su custodia o autoridad a algún confinado en cuyo favor se haya librado un auto de hábeas corpus y que con el propósito de eludir la presentación de dicho auto o evadir su efecto, traspase al confinado a la custodia de otra, o lo coloque bajo el poder o autoridad de otra, u oculte o cambie el lugar de reclusión, o lo traslade fuera de la jurisdicción del que haya dictado el auto, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 164.- Nuevo arresto o encarcelamiento de persona excarcelada.

Toda persona que, por sí o como funcionario del tribunal con autoridad para detener, ilegalmente vuelva a detener, arrestar, encarcelar o privar de su libertad por la misma causa a una persona excarcelada en virtud de un auto de hábeas corpus, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 165.- Detención ilegal y Prolongación indebida de la pena.

Será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años todo funcionario o empleado de una institución, centro de internación, establecimiento penal o correccional, instituciones  privadas destinadas a la internación por medidas judiciales de desvío o ejecución de las penas o medidas de seguridad, que:

(a) reciba a una persona sin orden de autoridad competente o sin los requisitos legales;

(b) no obedezca la orden de libertad expedida por un juez; o

(c) prolongue intencionalmente la ejecución de la pena o de la medida de seguridad.

            Artículo 166.- Orden de arresto o de allanamiento obtenida ilegalmente.

Toda persona que ilegalmente y sin que se haya determinado causa probable por un juez conforme a derecho consiga el libramiento y la ejecución de una orden de arresto o de allanamiento será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

SECCIÓN SEGUNDA

De los delitos contra el derecho a la intimidad

            Artículo 167.- Recopilación ilegal de información personal.

Todo empleado o funcionario público que sin autoridad de ley y para fines ilegítimos levante, mantenga o preserve expedientes, carpetas, manuales, listas, ficheros o compile información y documentos que contengan nombres y datos de personas, agrupaciones y organizaciones, sin estar dichas personas, agrupaciones o entidades vinculadas con la comisión o intento de cometer un delito, o con el propósito de discriminar en la obtención o permanencia de un empleo será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 168.- Grabación ilegal de imágenes.

Toda persona que sin justificación legal o sin un propósito investigativo legítimo utilice equipo electrónico o digital de video, con o sin audio, para realizar vigilancia secreta en lugares privados, o en cualquier otro lugar donde se reconozca una expectativa razonable de intimidad será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 169.- Grabación de comunicaciones por un participante.

Toda persona que participe en una comunicación privada personal, bien sea comunicación telemática o por cualquier otro medio de comunicación, que grabe dicha comunicación por cualquier medio mecánico o de otro modo, sin el consentimiento expreso de todas las partes que intervengan en dicha comunicación, incurrirá en delito menos grave.

            Artículo 170.- Violación de morada.

Toda persona que se introduzca o se mantenga en una casa o edificio ocupado ajeno, en sus dependencias o en el solar en que esté ubicado, sin el consentimiento o contra la voluntad expresa del morador o de su representante, o que penetre en ella clandestinamente o con engaño, incurrirá en delito menos grave.

            Artículo 171.- Violación de comunicaciones personales.

Toda persona que sin autorización, y con el propósito de enterarse o permitir que cualquiera otra se entere, se apodere de los papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos de otra persona, o intercepte sus telecomunicaciones a través de cualquier medio, o sustraiga o permita sustraer los registros o récords de comunicaciones, remesas o correspondencias cursadas a través de entidades que provean esos servicios, o utilice aparatos o mecanismos técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del texto, sonido, imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, o altere su contenido será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

A los fines de este Artículo, el hecho de que la persona tuviere acceso a los documentos, efectos o comunicaciones a que se hace referencia dentro de sus funciones oficiales de trabajo no constituirá de por sí “autorización” a enterarse o hacer uso de la información más allá de sus estrictas funciones de trabajo.

            Artículo 172.- Alteración y uso de datos personales en archivos.

Toda persona que, sin estar autorizada, se apodere, utilice, modifique o altere, en perjuicio del titular de los datos o de un tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en discos o archivos informáticos o electrónicos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

 

Artículo 173.- Revelación de comunicaciones y datos personales.

Toda persona que difunda, publique, revele o ceda a un tercero los datos, comunicaciones o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los Artículos  171 (Violación de comunicaciones personales) y  172 (Alteración y uso de datos personales en archivos), o que estableciere una empresa para distribuir o proveer acceso a información obtenida por otras personas en violación de los referidos Artículos, u ofreciere o solicitare tal distribución o acceso será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 174.- Protección a personas jurídicas.

Lo dispuesto en los Artículos  171 (Violación de comunicaciones personales),  172 (Alteración y uso de datos personales en archivos) y  173 (Revelación de comunicaciones y datos personales), será aplicable al que descubra, revele o ceda datos reservados de personas jurídicas, sin el consentimiento de sus representantes.

            Artículo 175.- Delito agravado.

Si los delitos que se tipifican en los Artículos  171 (Violación de comunicaciones personales),  172 (Alteración y uso de datos personales en archivos) y  173 (Revelación de comunicaciones y datos personales), se realizan con propósito de lucro por las personas encargadas o responsables de los discos o archivos informáticos, electrónicos o de cualquier otro tipo de archivos o registros; o por funcionarios o empleados en el curso de sus deberes será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

Lo dispuesto en este Artículo será aplicable también cuando se trate de datos reservados de personas jurídicas.

            Artículo 176.- Revelación de secreto profesional.

Toda persona que sin justa causa, en perjuicio de otra, revele secretos que han llegado a su conocimiento en virtud de su profesión, o ministerio religioso, cargo u oficio, incurrirá en delito menos grave.

SECCIÓN TERCERA

De los delitos contra la tranquilidad personal

            Artículo 177.- Amenazas.

Incurrirá en delito menos grave, toda persona que amenace a una o varias personas con causar un daño determinado a su persona o su familia, integridad corporal, derechos, honor o patrimonio.

Se impondrá pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años a toda persona que amenace con cometer un delito, si dicha amenaza provoca la evacuación de un edificio, lugar de reunión, o facilidad de transporte público.

Artículo 178.- Intrusión en la tranquilidad personal.

Toda persona que por medio de comunicación telemática, o por cualquier otro medio profiera o escriba a otra lenguaje amenazante, abusivo, obsceno o lascivo; o que con el propósito de molestar a cualquier persona efectúe repetidamente llamadas telefónicas u ocasione que el teléfono de otra persona dé timbre repetidamente, o toda persona que autorice con conocimiento que cualquier teléfono bajo su control sea utilizado para cualquier propósito prohibido en este Artículo, incurrirá en delito menos grave.

SECCIÓN CUARTA

De los delitos contra la libertad de asociación

            Artículo 179.- Delito contra el derecho de reunión.

Toda persona que interrumpa o impida una reunión lícita y pacífica, no importa su asunto o propósito, incurrirá en delito menos grave.

SECCIÓN QUINTA

De los delitos contra la igual protección de las leyes

            Artículo 180.- Discriminaciones ilegales.

            Incurrirá en delito menos grave, toda persona que, sin razón legal, por causa de ideología política, creencia religiosa, raza, color de piel, sexo, género, condición social u origen nacional o étnico, o persona sin hogar, realice cualquiera de los siguientes actos:

(a) Niegue a cualquier persona acceso, servicio e igual tratamiento en los sitios y negocios públicos, locales de clubes privados donde se celebren actividades públicas y en los medios de transporte.

(b) Se niegue a vender, traspasar o arrendar propiedad mueble o inmueble que sea pública.

(c) Niegue el otorgamiento de préstamos para la construcción de viviendas.

(d) Publique, circule o distribuya cualquier orden, aviso o anuncio que impida, prohíba o desaliente el patrocinio de, o la concurrencia a los sitios y negocios públicos y los medios de transporte, o la venta, traspaso o arrendamiento de propiedad mueble o inmueble.

TÍTULO II

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

CAPÍTULO I

DELITOS CONTRA LOS BIENES Y DERECHOS PATRIMONIALES

SECCIÓN PRIMERA

De las apropiaciones ilegales

            Artículo 181.- Apropiación ilegal.

Toda persona que ilegalmente se apropie sin violencia ni intimidación de bienes muebles pertenecientes a otra persona incurrirá en el delito de apropiación ilegal y se le impondrá pena de delito menos grave.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

 

 

 

            Artículo 182.- Apropiación ilegal agravada.

Toda persona que cometa el delito de apropiación ilegal descrito en el Artículo  181, y se apropie de propiedad o fondos públicos, o de bienes cuyo valor sea de diez mil (10,000) dólares o más será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años.

Si el valor del bien apropiado ilegalmente es menor de diez mil (10,000) dólares, pero mayor de mil (1,000) dólares será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

Si el valor del bien apropiado ilegalmente es menor de mil (1,000) dólares, pero mayor de quinientos (500) dólares será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Constituirá una circunstancia agravante a la pena a imponer por este delito y por el delito tipificado en el Artículo  181, cuando el bien ilegalmente apropiado, sea ganado vacuno, caballos, porcinos, cunicular y ovino, incluyendo las crías de cada uno de éstos, de frutos o cosechas, aves, peces, mariscos, abejas, animales domésticos o exóticos, y maquinarias e implementos agrícolas que se encuentren en una finca agrícola o establecimiento para su producción o crianza, así como cualquier otra maquinaria o implementos agrícolas, que se encuentren en una finca privada, empresas o establecimiento agrícola o cualquier artículo, instrumentos y/o piezas de maquinaria que a esos fines se utilicen.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

            Artículo 183.- Determinación de valor de documentos de crédito.

Si el bien apropiado es un comprobante de crédito o un documento, la suma de dinero representada o asegurada por aquél o el valor de la propiedad cuyo título justifique el documento, constituye el valor de la cosa apropiada.

            Artículo 184.- Ratería o hurto de mercancía en establecimientos comerciales.

            Incurrirá en delito menos grave, toda persona que con intención de apropiarse ilegalmente de mercancía de un establecimiento comercial, para sí o para otro, sin pagar el precio estipulado por el comerciante, cometa cualquiera de los siguientes actos:

(a) oculte la mercancía en su persona, cartera, bolso, bultos u otro objeto similar o en la persona de un menor, envejeciente, impedido o incapacitado bajo su control;

(b) altere o cambie el precio adherido a la mercancía mediante etiqueta, barra de código o cualquier otra marca que permita determinar el precio de venta;

(c) cambie la mercancía de un envase a otro que refleje un precio distinto;

(d) remueva la mercancía de un establecimiento comercial; u

(e) ocasione que la caja registradora o cualquier instrumento que registre ventas refleje un precio más bajo que el marcado.

El tribunal  podrá imponer la pena de restitución o la de servicios comunitarios.

No obstante lo aquí dispuesto, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años, toda persona que cometa este delito luego de una convicción por este mismo delito.

Independientemente de lo anterior, la persona podrá ser procesada por el delito de apropiación ilegal agravada cuando el precio de venta del bien exceda las cantidades dispuestas en el Artículo 182.

            Artículo 185.- Interferencia con contadores.

Toda persona que altere, interfiera u obstruya el medidor o contador de agua, gas, electricidad u otro fluido, con el propósito de defraudar a otro será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Para fines de este Artículo se considerará como una alteración, interferencia u obstrucción cualquier cambio, alteración, modificación, conexión o desconexión de cualquier medidor o contador cubierto por este Artículo o de cualquier pieza, parte, elemento o componente de dicho medidor o contador, así como la remoción o instalación de cualesquiera equipos, mecanismos, artefactos, componentes, piezas o elementos ajenos o extraños a dicho medidor o contador en su estado normal u original o que tengan el efecto de modificar o alterar el funcionamiento adecuado y correcto del mismo o la medición veraz o certera del suministro o consumo del fluido en cuestión o que vaya dirigida a dar una lectura o medición falsa, alterada o engañosa del consumo real de dicho fluido o de la cantidad de dinero adeudada por dicho suministro o consumo.

            Artículo 186.- Uso o interferencia con equipo y sistema de comunicación.

Toda persona que use, altere, modifique, interfiera, intervenga u obstruya equipo, aparato o sistema de comunicación o información con el propósito de defraudar a otra será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 187.- Operación ilegal de cualquier aparato de grabación o transferencia de imágenes y sonido.

Toda persona que, para grabar o transferir la película u obra cinematográfica que en ese momento se esté exhibiendo o proyectando, opere un aparato de grabación o transferencia de imágenes y sonidos en un teatro de películas cinematográficas o en cualquier otro lugar en donde se proyecte o exhiba dicha película, sin la autorización legal correspondiente será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo  188.- Reproducción y venta sin el nombre y dirección legal de fabricante.

Toda persona que con conocimiento, maliciosa o fraudulentamente promueva, ofrezca para la venta, venda, alquile, transporte o induzca la venta, revenda o tenga en su posesión con la intención de distribuir, una película, obra audiovisual o cinematográfica para obtener beneficio económico personal o comercial que en su cubierta, etiqueta, rotulación o envoltura no exprese en una forma clara o prominente el nombre y dirección legal del fabricante, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Para fines de este Artículo, los siguientes términos tienen el significado que a continuación se expresa:

(a) “Fabricante” significa la entidad que autoriza la duplicación de la película, obra audiovisual o cinematográfica, pero no incluye el fabricante del estuche o de la envoltura en donde se habrá de guardar la película, obra audiovisual o cinematográfica.

(b) “Nombre y dirección legal” significa el nombre y la dirección verdaderos del fabricante que haya autorizado  la duplicación de dicha película, obra audiovisual o cinematográfica.

SECCIÓN SEGUNDA

De los robos

            Artículo 189.- Robo.

Toda persona que se apropie ilegalmente de bienes muebles pertenecientes a otra, sustrayéndolos de la persona en su inmediata presencia y contra su voluntad, por medio de violencia o intimidación, o inmediatamente después de cometido el hecho emplee violencia o intimidación sobre una persona para retener la cosa apropiada, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de veinte (20) años.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

            Artículo 190.- Robo agravado.

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de treinta (30) años, si el delito de robo descrito en el Artículo  189 se comete en cualquiera de las siguientes circunstancias:

(a) cuando se vale de un menor que no ha cumplido dieciocho (18) años de edad;

(b) cuando el bien objeto del delito es un vehículo de motor;

(c) cuando en el curso del robo se le inflige daño físico a la víctima;

(d) cuando ocurre en un edificio ocupado donde esté la víctima o en cualquier otro lugar donde ésta tenga una expectativa razonable de intimidad;

(e) cuando medie el uso de un arma de fuego en la comisión del delito; o

(f) cuando la víctima o víctimas sean amarradas, amordazadas o se limite su libertad de movimiento durante la comisión del delito.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

SECCIÓN TERCERA

De la extorsión

            Artículo 191.- Extorsión.

Toda persona que, mediante violencia o intimidación, o bajo pretexto de tener derecho como funcionario o empleado público, obligue a otra persona a entregar bienes o a realizar, tolerar u omitir actos, los cuales ocurren o se ejecutan con posterioridad a la violencia, intimidación o pretexto de autoridad será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.


SECCIÓN CUARTA

Del recibo y disposición de bienes

            Artículo 192.- Recibo, disposición y transportación de bienes objeto de delito.

Toda persona que compre, reciba, retenga, transporte o disponga de algún bien mueble, a sabiendas de que fue obtenido mediante apropiación ilegal, robo, extorsión, o de cualquier otra forma ilícita, incurrirá en delito menos grave.

Si el valor del bien excede de quinientos (500) dólares, la persona será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

            Artículo 193.- Confiscación de vehículos u otros medios de transportación.

Todo vehículo u otro medio de transportación que haya sido utilizado para la transportación de bienes apropiados ilegalmente, robados, obtenidos por medio de extorsión o de cualquier otra forma ilícita, será confiscado por el Secretario de Justicia, el Secretario de Hacienda o por el Superintendente de la Policía, por conducto de sus delegados, policías o agentes del orden público a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Para la confiscación y disposición de vehículos, bestias, embarcaciones marítimas o aéreas o de cualquier medio de transportación, se seguirá el procedimiento establecido en la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, Ley 119-2011.

SECCIÓN QUINTA

De los escalamientos y otras entradas ilegales

            Artículo 194.- Escalamiento.

Toda persona que penetre en una casa, edificio u otra construcción o estructura, o sus dependencias o anexos, con el propósito de cometer cualquier delito de apropiación ilegal o cualquier delito grave, incurrirá en delito grave y se le impondrá pena de reclusión por un término fijo de   cuatro (4) años.

            Artículo 195.- Escalamiento agravado.

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de  dieciocho (18) años, si el delito de escalamiento descrito en el Artículo  194 se comete en cualquiera de las siguientes circunstancias:

(a) en un edificio ocupado, o en cualquier otro lugar donde la víctima tenga una expectativa razonable de intimidad;

(b) en aquella propiedad asignada por el gobierno para brindar vivienda pública; o

(c) cuando medie forzamiento para la penetración.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

            Artículo 196. -Usurpación.

Incurrirá en delito menos grave, toda persona que realice cualquiera de los siguientes actos:

(a) penetre en domicilio ajeno, sin el consentimiento expreso del dueño, poseedor o encargado y realice actos de dominio, no importa de qué índole;

(b) desvíe, represe o detenga ilegalmente las aguas públicas o privadas;

(c) despoje ilegalmente a otro de la posesión de un bien inmueble o de un derecho real de uso, usufructo o habitación constituido sobre un bien inmueble; o

(d) remueva o altere ilegalmente las colindancias de un bien inmueble o cualquier clase de señales destinadas a fijar los límites de propiedades o las marcas en terrenos contiguos.

Incurrirá en delito grave con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años, la ocupación ilegal de terrenos u otras propiedades ajenas asignadas por el gobierno para brindar vivienda pública, con el propósito de realizar actos de dominio o posesión sobre ellos.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

            Artículo 197.- Entrada en heredad ajena.

Incurrirá en delito menos grave, toda persona que sin autorización del dueño o encargado de la misma entre a una finca o heredad ajena en cualquiera de las siguientes circunstancias:

(a) forzando una cerca o palizada; o

(b) con la intención de cometer un delito.

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años, la entrada a una finca o heredad ajena, cuando se configure a su vez el delito de apropiación ilegal y el bien apropiado ilegalmente sea algún producto agrícola.

En aquellos casos en que el valor monetario del producto agrícola apropiado exceda los mil (1,000) dólares será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

SECCIÓN SEXTA

De los daños a la propiedad

            Artículo 198.- Daños.

Toda persona que destruya, inutilice, altere, desaparezca o cause deterioro a un bien mueble o un bien inmueble ajeno, total o parcialmente, incurrirá en delito menos grave.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

            Artículo 199.- Daño agravado.

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años, toda persona que cometa el delito de daños en el Artículo  198 de este Código, si concurre cualquiera de las siguientes circunstancias:

(a) cuando el autor emplea sustancias dañinas, ya sean venenosas, corrosivas, inflamables o radioactivas, si el hecho no constituye delito de mayor gravedad;

(b) cuando el daño causado es de quinientos (500) dólares o más;

(c) cuando el daño se causa en bienes de interés histórico, artístico o cultural;

(d) cuando el daño se causa a bienes muebles o inmuebles pertenecientes al Estado Libre Asociado de Puerto Rico o a entidades privadas con fines no pecuniarios; o

(e) cuando el daño se causa a vehículos oficiales de las agencias del orden público.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

            Artículo 200.- Obstrucción o Paralización de Obras.

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años, toda persona que con la intención de impedir, temporera o permanentemente, cualquier obra de construcción, pública o privada, o movimiento de terreno, que cuente con los permisos, autorizaciones o endosos de las agencias concernidas, realice cualquiera de los siguientes actos:

(a) Impedir la entrada o el acceso de empleados, vehículos y personas, incluyendo a los suplidores de materiales, autorizados por el dueño, contratista o encargado de la propiedad donde se realiza la obra o movimiento de terreno.

(b) Ocupar terrenos, maquinarias, o espacios que son parte de la obra de construcción o el movimiento de terreno.

El tribunal, además, impondrá la pena de restitución.

            Artículo 201.- Fijación de carteles.

Toda persona que pegue, fije, imprima o pinte sobre propiedad pública, excepto en postes y columnas, o sobre cualquier propiedad privada sin el consentimiento del dueño, custodio o encargado, cualquier aviso, anuncio, letrero, cartel, grabado, pasquín, cuadro, mote, escrito, dibujo, figura o cualquier otro medio similar, sin importar el asunto, artículo, persona, actividad, tema, concepto o materia a que se hace referencia en los mismos, incurrirá en delito menos grave.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

SECCIÓN SÉPTIMA

De las defraudaciones

            Artículo 202.- Fraude.

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años, toda persona que fraudulentamente:

(a) Induzca a otra a realizar actos u omisiones que afecten derechos o intereses patrimoniales sobre bienes inmuebles o bienes muebles de esa persona, del Estado o de un tercero, en perjuicio de éstos; o

(b) Realice actos u omisiones que priven a otra persona o afecten los derechos o intereses patrimoniales sobre bienes inmuebles o bienes muebles para perjuicio de ésta, del Estado o de un tercero.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

            Artículo 203.- Fraude por medio informático.

Toda persona que con intención de defraudar y mediante cualquier manipulación informática consiga la transferencia no consentida de cualquier bien o derecho patrimonial en perjuicio de un tercero o del Estado, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

            Artículo 204.- Fraude en la ejecución de obras.

Toda persona natural o jurídica que se comprometa a ejecutar cualquier tipo de obra y que, luego de recibir dinero como pago parcial o total para ejecutar el trabajo contratado, con la intención de defraudar incumple la obligación de ejecutar o completar la obra según pactada, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

En todos los casos el tribunal ordenará, además, que la persona convicta resarza a la parte perjudicada por el doble del importe del dinero recibido como pago parcial o total para ejecutar el trabajo contratado.

El tribunal a su discreción, podrá ordenar la suspensión o revocación de licencia, permiso o autorización conforme los Artículos 60 y 78.

            Artículo 205.- Uso, posesión o traspaso fraudulento de tarjetas con bandas electrónicas.

Toda persona que ilegalmente posea, use o traspase cualquier tarjeta con banda magnética, falsificada o no, que contenga información codificada, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

            Artículo 206.- Fraude en las competencias.

Toda persona que promueva, facilite o asegure el resultado irregular de una competencia deportiva o de cualquier otra naturaleza, con el fin de obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero, incurrirá en delito menos grave.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

            Artículo 207.- Influencia indebida en la radio y la televisión.

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años:

(a) Todo empleado de una estación de radio o de televisión o cualquier otra persona que ofrezca, solicite, dé o reciba, directamente o por intermediario, para sí o para la otra persona o para un tercero, dinero o cualquier otra forma de pago, servicio o beneficio, o acepte una proposición en tal sentido, a cambio de que se transmita por radio o televisión la música de determinado autor o intérprete o cualquier otro material o programa sin informar este hecho a la estación antes de que se transmita la música, el material o el programa de que se trate.

(b) Toda persona que como parte de la producción de un programa de radio o televisión o parte del mismo ofrezca, solicite, dé o reciba, directamente o por intermediario, para sí, para la otra persona o para un tercero, dinero o cualquier otra forma de pago, servicio o beneficio, o acepte una proposición en tal sentido, a cambio de que dicho programa o parte de éste se transmita por radio o televisión sin informar este hecho a la estación, al patrono de la persona que recibirá el pago o a la persona para quien se produce dicho programa antes de que se realice la transmisión.

(c) Toda persona que supla a otra un programa de radio o televisión o parte del mismo sin poner en conocimiento a esa persona de que se ha ofrecido, solicitado, dado o recibido, directamente o por intermediario, dinero o cualquier otra forma de pago, servicio o beneficio o que se ha aceptado una proposición en tal sentido a cambio de que dicho programa o parte de éste se transmita por radio o televisión.

(d) Se cumplirá con el deber de informar que establecen los anteriores incisos (a), (b) y (c) si durante la referida transmisión se identifica adecuadamente al patrocinador de la transmisión.

(e) No será necesario cumplir el deber de informar que establecen los anteriores incisos (a), (b) y (c) cuando la estación ha obtenido un relevo para esos fines de parte de la Comisión Federal de Comunicaciones.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

SECCIÓN OCTAVA

De la usurpación de identidad

 

            Artículo 208.- Impostura.

Toda persona que con intención de engañar se haga pasar por otra o la represente y bajo este carácter realice cualquier acto no autorizado por la persona falsamente representada, incurrirá en delito menos grave.

            En los casos en que la persona representada haya prestado su consentimiento para la impostura, ésta incurrirá también en el delito de impostura.

Artículo 209.- Apropiación ilegal de identidad.

Toda persona que se apropie de un medio de identificación de otra persona con la intención de realizar cualquier acto ilegal, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

Para fines de este delito, medio de identificación incluye lo siguiente: nombre, dirección, número de teléfono, número de licencia de conducir, número de seguro social, número de identificación patronal, número de tarjeta de crédito o de débito, número de tarjeta de seguro médico, número de pasaporte o tarjeta de inmigración, número serial electrónico de teléfono celular, número de cualquier cuenta bancaria, contraseñas de identificación de cuentas bancarias, telefónicas, de correo electrónico, o de un sistema de computadoras, lugar de empleo, nombre de los padres, fecha y lugar de nacimiento, lugar de empleo y dirección, o cualquier otro dato o información que pueda ser utilizado por sí o junto con otros para identificar a una persona, además de datos biométricos, tales como huellas, grabación de voz, retina, imagen del iris, red de venas de las manos o cualquier representación física particularizada.

Se impondrá la pena con circunstancias agravantes cuando el acusado, aprovechando la apropiación ilegal de identidad, haya incurrido en el delito de impostura, o en la realización de transacciones comerciales o de cualquier otra índole que afecte derechos individuales o patrimoniales de la víctima.

            Artículo 210.- Disposición aplicable a esta Sección.

Como parte de la pena de restitución que el tribunal imponga en los delitos descritos en esta Sección, podrá exigir el resarcimiento de los gastos de la víctima para restituir su crédito, incluyendo el pago de cualquier deuda u obligación que resultó de los actos del convicto. El tribunal también podrá emitir las órdenes que procedan para corregir cualquier documento público o privado que contenga información falsa en perjuicio de la víctima, como consecuencia del comportamiento del convicto.

CAPÍTULO II

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LAS TRANSACCIONES

SECCIÓN PRIMERA

De las falsificaciones

            Artículo 211.- Falsificación de documentos.

Toda persona que con intención de defraudar haga, en todo o en parte, un documento, instrumento o escrito falso, mediante el cual se cree, transfiera, termine o de otra forma afecte cualquier derecho, obligación o interés, o que falsamente altere, limite, suprima o destruya, total o parcialmente, uno verdadero será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de  tres (3) años.

Artículo 212.- Falsedad ideológica.

Toda persona que con intención de defraudar haga en un documento público o privado, declaraciones falsas concernientes a un hecho del cual el documento da fe y, cuando se trate de un documento privado, tenga efectos jurídicos en perjuicio de otra persona, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 213.- Falsificación de asientos en registros.

Toda persona que con intención de defraudar haga, imite, suprima o altere algún asiento en un libro de registros, archivo o banco de información en soporte papel o electrónico, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 214.- Falsificación de sellos.

Toda persona que con intención de defraudar falsifique o imite el sello del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el de un funcionario público autorizado por ley, el de un tribunal, o de una corporación, o cualquier otro sello público autorizado o reconocido por las leyes de Puerto Rico o de Estados Unidos de América o de cualquier estado, gobierno o país; o que falsifique o imite cualquier impresión pretendiendo hacerla pasar por la impresión de alguno de estos sellos, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 215.- Falsificación de licencia, certificado y otra documentación.

Toda persona que con la intención de defraudar haga, altere, falsifique, imite, circule, pase, publique o posea como genuino cualquier licencia, certificado, diploma, expediente, récord u otro documento de naturaleza análoga que debe ser expedido por un funcionario o empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o por cualquier institución privada autorizada para expedirlo a sabiendas de que el mismo es falso, alterado, falsificado o imitado, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 216.- Archivo de documentos o datos falsos.

Toda persona que con intención de defraudar ofrezca o presente un documento o dato falso o alterado para archivarse, registrarse o anotarse en alguna dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que, de ser genuino o verdadero, pueda archivarse, o anotarse en cualquier registro o banco de información oficial en soporte papel o electrónico conforme a la ley, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 217.- Posesión y traspaso de documentos falsificados.

Toda persona que con la intención de defraudar posea, use, circule, venda, o pase como genuino o verdadero cualquier documento, instrumento o escrito falsificado, a sabiendas de que es falso, alterado, falsificado, imitado o contiene información falsa, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 218.- Posesión de instrumentos para falsificar.

Toda persona que haga, o a sabiendas tenga en su poder, algún cuño, plancha o cualquier aparato, artefacto, equipo, programa de software, artículo, material, bien, propiedad, papel, metal, máquina, aparato de escaneo, codificador o suministro que sea específicamente diseñado o adaptado como un aparato de escaneo o un codificador, o cualquier otra cosa que pueda utilizarse en la falsificación de una tarjeta de crédito o débito, sello, documento, instrumento negociable, instrumento o escrito, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 219.- Alteración de datos que identifican las obras musicales, científicas o literarias.

Toda persona que altere sin la debida autorización del autor o su derechohabiente los datos que identifican al autor, título, número de edición, casa editora o publicadora, o deforme, mutile o altere el contenido textual de un libro o escrito literario, científico o musical, disco o grabación magnetofónica o electrónica de sonidos (audio), o una obra teatral, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

            Artículo 220.- Falsificación en el ejercicio de profesiones u ocupaciones.

Toda persona autorizada por ley a ejercer una profesión u oficio que preste su nombre o de cualquier otro modo ayude o facilite a otra no autorizada a ejercer dicha profesión u oficio o a realizar actos propios de la misma, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Se impondrá la pena con agravantes cuando se trate de profesiones que pongan en riesgo o causen daño a la salud física o mental, la integridad corporal y la vida de seres humanos.

SECCIÓN SEGUNDA

De los delitos contra la seguridad en las transacciones comerciales

            Artículo 221.- Lavado de dinero.

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años toda persona que lleve a cabo cualquiera de los siguientes actos:

(a) convierta o transfiera bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de una participación en ese tipo de actividad, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes; u

(b) oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, localización, disposición o movimiento de la propiedad, de bienes o de derechos correspondientes, a sabiendas de que los mismos proceden de una actividad delictiva o de una participación en este tipo de actividad.

El tribunal dispondrá la confiscación de la propiedad, derechos o bienes objeto de este delito, cuyo importe ingresará al Fondo de Compensación a Víctimas de Delito.

            Artículo 222.- Insuficiencia de fondos.

Toda persona que con la intención de defraudar haga, extienda, endose o entregue un cheque, giro, letra u orden para el pago de dinero, a cargo de cualquier banco u otro depositario, a sabiendas de que el emisor o girador no tiene suficiente provisión de fondos en dicho banco o depositario para el pago total del cheque, giro, letra u orden a la presentación del mismo, ni disfruta de autorización expresa para girar en descubierto, incurrirá en delito menos grave.

Si la cantidad representada por el instrumento negociable es mayor de quinientos (500) dólares, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

            Artículo 223.- Cuenta cerrada, inexistente y detención indebida del pago.

Toda persona que con la intención de defraudar ordene a cualquier banco o depositario la cancelación de la cuenta designada para su pago en dicho banco o depositario, a sabiendas de que antes de dicha cancelación había hecho, extendido, endosado o entregado un cheque, giro, letra u orden para el pago de dinero con cargo a la cuenta cancelada; o gira contra una cuenta cerrada o inexistente; o detiene el pago del instrumento o instrumento negociable luego de emitirlo sin justa causa, incurrirá en delito menos grave.

Si la cantidad representada por el instrumento o instrumento negociable es mayor de quinientos (500) dólares, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

            Artículo 224.- Conocimiento de falta de pago.

Constituye evidencia prima facie del conocimiento de la insuficiencia de los fondos, de la cuenta cerrada o inexistente, de la cancelación de la cuenta, o de la falta de autorización expresa para girar en descubierto, si el girador o endosante hace, extiende, endosa o entrega un cheque, giro, letra u orden, cuyo pago sea rehusado por el girado por cualquiera de los siguientes actos: insuficiencia de fondos, girar contra una cuenta cerrada o inexistente, cancelación de la cuenta designada para su pago o por no tener autorización expresa para girar en descubierto.

            Artículo 225.- Interpelación.

Ninguna persona incurrirá en los delitos provistos en los Artículos  222 y  223 anteriores, a menos que se pruebe que el tenedor del cheque, giro, letra u orden, o su agente, ha avisado personalmente o mediante carta certificada con acuse de recibo al girador o al endosante a su última dirección conocida para que pague al tenedor o a su agente, en la dirección que se indique en el aviso, el importe del cheque, giro, letra u orden dentro de un plazo no menor de diez (10) días si el girador o endosante a quien se dirige el aviso reside en la localidad del tenedor y no menor de quince (15) días si reside en otro municipio o fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Dicho término se computa desde la fecha del aviso al girador o endosante del cheque, giro, letra u orden no pagada.

Si la dirección que proveyó el girador o endosante es falsa o si rehusó proveer una dirección física, además de la postal, al momento de emitir el cheque, giro, letra u orden, se entenderá que el aviso del banco o depositario a los efectos de que el cheque, giro, letra u orden resultó con fondos insuficientes, constituye notificación suficiente conforme a lo dispuesto en el primer párrafo de este Artículo.

            Artículo 226.- Falta de pago después de interpelación.

La falta de pago después de la interpelación por parte del que ha girado, firmado, extendido, endosado o entregado dicho cheque, giro, letra u orden, se considerará prima facie como propósito de defraudar.

            Artículo 227.- Pago en término.

Transcurrido el término concedido en la interpelación, la parte perjudicada radicará la denuncia en la fiscalía de distrito en donde se entregó el cheque con fondos insuficientes o contra una cuenta cerrada o inexistente, el fiscal expedirá una citación dirigida al girador o endosante del cheque, giro, letra u orden de pago para comparecer a una vista de causa probable en una fecha que no excederá de diez (10) días a partir de la denuncia.

El pago del cheque, giro, letra u orden de pago, previo a la vista de causa probable, relevará de responsabilidad criminal a la persona que emitió o endosó dicho cheque, giro u orden. La persona pagará las costas del procedimiento, las cuales no serán menores de veinticinco (25) dólares.

El pago efectuado después de haberse determinado causa probable en la vista celebrada, no relevará al acusado de responsabilidad criminal en el juicio. Tal circunstancia se tendrá como un atenuante al imponer la pena contemplada para el delito.

            Artículo 228.- Utilización o posesión ilegal de tarjetas de crédito y tarjetas de débito.

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años, toda persona que con intención de defraudar a otra o para obtener bienes y servicios que legítimamente no le corresponden, utilice una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, a sabiendas de que la tarjeta es hurtada o falsificada, la tarjeta ha sido revocada o cancelada, o el uso de la tarjeta de crédito o débito no está autorizado por cualquier razón.

Se impondrá la pena con agravantes, a todo funcionario o empleado público, al que se le ha concedido el uso de alguna tarjeta de crédito o débito garantizada con fondos públicos, para gestiones oficiales o relacionadas con el desempeño de sus funciones que la utilizare con el propósito obtener beneficios para sí o para un tercero.

Toda persona que intencionalmente tenga en su posesión una tarjeta con banda electrónica a sabiendas que la misma fue falsificada, incurrirá en delito menos grave.

            Artículo 229.- Utilización de aparatos de escaneo o codificadores.

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años, toda persona que con intención de defraudar a otra, utilice un aparato de escaneo  para acceder, leer, obtener, memorizar o almacenar, temporera o permanentemente, información codificada o contenida en la cinta magnética de una tarjeta de crédito o débito o de cualquier otra índole sin la autorización de su legítimo dueño o usuario.

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años, toda persona que, con la intención de defraudar a otra, utilice un codificador para colocar información codificada en la cinta o banda magnética de una tarjeta de crédito o débito, en la cinta o banda magnética de otra tarjeta o en cualquier otro medio electrónico que permita que ocurra una transacción sin el permiso del usuario autorizado de la tarjeta de crédito o débito de la cual se obtuvo la información codificada.

TÍTULO III

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA

CAPÍTULO I

DE LOS INCENDIOS Y RIESGOS CATASTRÓFICOS

SECCIÓN PRIMERA

De los incendios

            Artículo 230.- Incendio.

Toda persona que maliciosamente pegare fuego a un edificio, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

Para constituir un incendio no será necesario que el edificio quede destruido, bastando que se haya pegado fuego, de modo que prenda en cualquier parte del material del mismo.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

            Artículo 231.- Incendio agravado.

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años toda persona que cometa el delito de incendio descrito en el Artículo  230, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

(a) se cause daño a la vida, salud o integridad corporal de alguna persona;

(b) el autor haya desaparecido, dañado o inutilizado los instrumentos para apagar el incendio;

(c) ocurra en un edificio ocupado o perteneciente al Estado Libre Asociado de Puerto Rico; o

(d) la estructura almacena material inflamable, tóxico, radiactivo o químico.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

Artículo 232.- Incendio forestal.

Toda persona que incendie montes, sembrados, pastos, bosques o plantaciones ajenos, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

Si media peligro para la vida, salud o integridad física de las personas, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

            Artículo 233.- Incendio negligente.

Toda persona que por negligencia ocasione un incendio de un edificio, montes, sembrados, pastos, bosques o plantaciones, que ponga en peligro la vida, salud o integridad física de las personas, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

SECCIÓN SEGUNDA

De los delitos de riesgo catastrófico

            Artículo 234.- Estrago.

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años, toda persona que, en violación de alguna ley, reglamento o permiso, ponga en peligro  la vida, la salud, la integridad corporal o la seguridad de una o varias personas,  o cause daño al ambiente, en cualquiera de las circunstancias que se exponen a continuación:

(a) Al provocar una explosión, una inundación o movimiento de tierras.

(b) Al ocasionar la demolición de un bien inmueble.

(c) Al utilizar un gas tóxico o asfixiante, energía nuclear, elementos ionizantes o material radioactivo, microorganismos o cualquier otra sustancia tóxica o peligrosa, según definida en los reglamentos de la Junta de Calidad Ambiental o por la Agencia Federal de Protección Ambiental.

Si los hechos previstos en este delito se realizan por negligencia, la persona será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

Artículo 235.- Envenenamiento de las aguas de uso público.

Toda persona que, en violación de ley, reglamento o permiso ponga en peligro la vida o la salud de una o varias personas al envenenar, contaminar o verter sustancias tóxicas o peligrosas, en pozos, depósitos, cuerpos de agua, tuberías o vías pluviales que sirvan al uso y consumo humano, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de doce (12) años.

Si los hechos previstos en este delito se realizan por negligencia, la persona será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Para efectos de este Artículo, el término  “sustancias tóxicas o peligrosas” se referirá a la definición que sobre dichas sustancias se hagan en los reglamentos de la Junta de Calidad Ambiental o de la Agencia Federal de Protección Ambiental.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

            Artículo 236.- Contaminación ambiental.

Toda persona que realice o provoque emisiones, radiaciones o vertidos de cualquier naturaleza en el suelo, atmósfera, aguas terrestres superficiales, subterráneas o marítimas, en violación a las leyes o reglamentos o las condiciones especiales de los permisos aplicables y que ponga en grave peligro  la salud de las personas, el equilibrio biológico de los sistemas ecológicos o  del medio ambiente, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

            Artículo 237.- Contaminación ambiental agravada.

Si  el delito de contaminación ambiental, que se tipifica en el Artículo  236, se realiza por una persona sin obtener el correspondiente permiso, endoso, certificación, franquicia o concesión, o clandestinamente, o ha incumplido con las disposiciones expresas de las autoridades competentes para que corrija o suspenda cualquier acto en violación de la ley, o aportó información falsa u omitió información requerida para obtener el permiso, endoso, certificación, franquicia o concesión correspondiente, o impidió u obstaculizó la inspección por las autoridades competentes, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

El tribunal a su discreción, también podrá  suspender  la licencia, permiso o autorización conforme los Artículos 60 y 78, e imponer la pena de restitución.

 

CAPÍTULO II

DE LAS FALSAS ALARMAS E INTERFERENCIA CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS

SECCIÓN PRIMERA

De las falsas alarmas

            Artículo 238.- Alarma falsa.

Toda persona que a sabiendas dé un aviso o alarma falsa de fuego o bomba o cualquier otro artefacto explosivo, emanación de gases o sustancias dañinas a la salud, en un edificio o en cualquier otro lugar donde haya personas congregadas, incurrirá en delito menos grave.

            Artículo 239.- Llamada telefónica falsa a sistema de emergencia.

Toda persona que a sabiendas efectúe o permita que desde cualquier teléfono bajo su control se efectúe una llamada telefónica a cualquier sistema de respuesta a llamadas telefónicas de emergencia, como el tipo conocido comúnmente como “9-1-1”, para dar aviso, señal o falsa alarma de fuego, emergencia médica, comisión de delito, desastre natural o cualquier otra situación que requiera la movilización, despacho o presencia del Cuerpo de Bomberos, personal de Emergencias Médicas, la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias, Junta de Calidad Ambiental o fuerzas del orden público, incluyendo la Policía de Puerto Rico, o que efectúe o permita que desde cualquier teléfono bajo su control se efectúe una llamada obscena o en broma a tal sistema de respuestas a llamadas telefónicas de emergencia, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución para subsanar cualquier utilización innecesaria de recursos o desembolsos innecesarios de fondos por parte del Estado Libre Asociado para responder a cualquier llamada telefónica obscena, en broma o constitutiva de falsa alarma a tales sistemas de emergencia.


SECCIÓN SEGUNDA

De la interferencia con los servicios públicos

            Artículo 240.- Sabotaje de servicios esenciales.

Toda persona que intencionalmente, destruya, dañe, vandalice, altere o interrumpa el funcionamiento de las instalaciones o equipos del servicio de agua, gas, electricidad, teléfono, telecomunicaciones, sistemas o redes de computadoras o cualquier otra propiedad destinada a proveer servicios públicos o privados esenciales, incluyendo el de transportación y comunicación, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

Cuando la comisión de este delito resulte en impedir que una persona solicite o reciba ayuda para su vida, salud o integridad física, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años.

CAPÍTULO III

DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO Y EL RESPETO A LA AUTORIDAD PÚBLICA

 

            Artículo 241.- Alteración a la paz.

Incurrirá en delito menos grave, toda persona que realice cualquiera de los siguientes actos:

(a) perturbe la paz o tranquilidad de una o varias personas con conducta ofensiva que afecte el derecho a la intimidad en su hogar, o en cualquier otro lugar donde tenga una expectativa razonable de intimidad;

(b) perturbe la paz o tranquilidad de una o varias personas mediante palabras o expresiones ofensivas o insultantes al proferirlas en un lugar donde quien las oye tiene una expectativa razonable de intimidad; o

(c) perturbe la paz o tranquilidad de una o varias personas en forma estrepitosa o inconveniente mediante vituperios, oprobios, desafíos, provocaciones, palabras insultantes o actos que puedan provocar una reacción violenta o airada en quien las escucha.

Cuando los hechos constitutivos del delito de alteración a la paz sean cometidos en las facilidades de cualquier municipio, agencia, corporación, dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa o la Rama Judicial, se impondrá una multa por una cantidad no menor mil dólares ($1,000) y no mayor de mil quinientos dólares ($1,500); en los casos en que el convicto no cuente con los medios económicos para satisfacer la multa se impondrá una pena de servicios comunitarios no menor de treinta (30) días y no mayor de sesenta (60) días.

Por otra parte, si los hechos constitutivos del delito de alteración a la paz se cometen en las facilidades de cualquier negocio u oficina profesional privados, se impondrá una multa por una cantidad no menor quinientos (500) dólares y no mayor de mil dólares ($1,000); en los casos en que el convicto no cuente con los medios económicos para satisfacer la multa, se impondrá una pena de servicios comunitarios no menor de veinte (20) días y no mayor de treinta (30) días.

 

            Artículo 242.- Motín.

Constituye motín cuando dos o más personas, obrando juntas y sin autoridad en ley, empleen o amenacen con emplear algún tipo de fuerza o violencia que perturbe la tranquilidad pública, acompañada la amenaza con la aptitud para realizarla.

Los participantes serán sancionados con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 243.- Obstruir la labor de la prensa durante la celebración de actos oficiales.

Incurrirá en delito menos grave, toda persona que ilegalmente y sin propósito legítimo alguno, durante la celebración de actos  oficiales, obstruya intencionalmente, la transmisión de cualquier medio de comunicación, o la toma de imágenes fotográficas, digitales o de video.

Este Artículo no será de aplicación a personas que por razón de su cargo, oficio o actividad tienen el deber, responsabilidad o la obligación de mantener el orden.

            Artículo 244.- Conspiración.

Constituye conspiración, el convenio o acuerdo, entre dos o más personas para cometer un delito.

Cuando el convenio tenga como propósito la comisión de un delito menos grave, se incurrirá en delito menos grave.

Si el convenio es para cometer un delito grave, serán sancionadas con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Ningún convenio, excepto para cometer un delito grave contra alguna persona, o para cometer el delito de incendiar o escalar un edificio, constituye conspiración a no ser que concurra algún acto para llevarlo a cabo, por uno o más de los conspiradores.

Se impondrá pena con circunstancias agravantes, cuando uno de los conspiradores fuera funcionario del orden público y se aprovechara de su cargo para cometer el delito.

Artículo 245.- Empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública.

Toda persona que use violencia o intimidación contra un funcionario o empleado público para obligarlo a llevar a cabo u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 246.- Resistencia u obstrucción a la autoridad pública.

Constituirá delito menos grave la resistencia u obstrucción al ejercicio de la autoridad pública en cualquiera de las siguientes circunstancias:

(a) Demorar o estorbar a cualquier funcionario o empleado público en el cumplimiento o al tratar de cumplir alguna de las obligaciones de su cargo.

(b) Entorpecer u obstruir a cualquier persona, funcionario o empleado público en el cobro autorizado por ley, de rentas, contribuciones, arbitrios, impuestos, patentes, licencias u otras cantidades de dinero en que esté interesado el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(c) La negativa a impedir la comisión de un delito que afecte la vida o integridad corporal de las demás personas, después de serle requerido por una persona con autoridad para ello y sin riesgo propio o ajeno.

(d) La negativa a ayudar al arresto de otra persona, después de serle requerido por una persona con autoridad para ello y sin riesgo propio o ajeno.

(e) Resistir al arresto o huir violentamente luego de ser informado por un funcionario del orden público o persona particular en los casos permitidos por ley, de su autoridad legal para practicarlo.

(f) La negativa sin excusa legítima a comparecer o acatar una citación expedida por un fiscal o procurador de menores, cualquiera de las Cámaras de la Asamblea Legislativa, cualquier Legislatura Municipal o cualquier comisión de éstas en el curso de una investigación.

(g) La resistencia ilegal y contumaz a prestar juramento o llenar los requisitos como testigo en una causa o investigación pendiente o la negativa sin excusa legítima a contestar cualquier interrogatorio legal después de haber jurado o llenado dichos requisitos ante cualquiera de las Cámaras de la Asamblea Legislativa, de las Legislaturas Municipales o comisión de éstas.

(h) La negativa a prestar o suscribir cualquier juramento, declaración o afirmación requerida por la legislación fiscal del Estado Libre Asociado o por persona, empleado o funcionario competente.

(i) La negativa a contestar cualquier interrogatorio a suplir, dar o devolver alguna planilla, certificación, lista o formulario fiscal con información incompleta, falsa o fraudulenta, luego de ser debidamente requerida por la autoridad fiscal competente.

Artículo 247.- Obstrucción de acceso o de labores en instituciones de enseñanza y de salud o edificios en donde se ofrecen servicios gubernamentales al público.

Toda persona que sin autoridad en ley obstruya la prestación de servicios o el acceso a una institución de enseñanza, o de salud, u obstruya la prestación de servicios o el acceso a edificios en donde se ofrecen servicios gubernamentales al público, incurrirá en delito menos grave.

Para efectos de este Artículo, una institución de enseñanza se referirá a toda escuela elemental, secundaria o superior, universidad, instituto, escuela vocacional o técnica, ya sea pública o privada, que ofrezcan programas de estudios o destrezas para niños, jóvenes o adultos en Puerto Rico.

En el caso de facilidades de salud, se referirá a establecimientos certificados y autorizados a operar como tales por el Estado, según lo establece y define la Ley de Facilidades de Salud, Ley Núm. 101 de 26 de junio de 1965, según enmendada, tales como: hospital, centro de salud, unidad de salud pública, centro de diagnóstico o tratamiento, servicios de salud pública, casa de salud, facilidad de cuidado de larga duración, centro de rehabilitación, facilidad médica para personas con impedimentos, centro de salud mental, centro de rehabilitación psicosocial, hospital de enfermedades crónicas, hospital general, hospital mental, hospital de tuberculosis, facilidad de salud sin fines de lucro.

 

 

Artículo 248.- Uso de disfraz en la comisión de delito.

Incurrirá en delito menos grave, toda persona que utilice una máscara o careta, postizo o maquillaje, tinte, o cualquier otro disfraz, completo o parcial, que altere de cualquier forma temporera o permanentemente su apariencia física con el propósito de:

(a) Evitar que se le descubra, reconozca o identifique en la comisión de algún delito.

(b) Ocultarse, evitar ser arrestado, fugarse o escaparse al ser denunciado, procesado o sentenciado de algún delito.

(c) Adentrarse o encontrarse y alterar o intervenir con las actividades ordinarias en una instalación pública educativa, en una instalación de salud o en el interior de edificios de gobierno.

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años, cuando el delito cometido o intentado fuera de naturaleza grave.

No se configurará este delito cuando:

(a) Se trate de un evento festivo de máscaras, entretenimiento, educativo, cultural, artístico o teatral organizado o autorizado por las autoridades competentes de la instalación pública educativa, de gobierno o de salud.

(b) Se trate de un uso bona fide ligado a la realización de alguna actividad deportiva, donde el uso de la máscara cumpla el propósito de asegurar la seguridad física de su usuario u otras personas, o por la naturaleza de la ocupación, empleo o profesión de la actividad deportiva.

(c) Se trate de un uso bona fide relacionado a un requisito o motivación de salud, o como parte de una emergencia o simulacro de emergencia que así lo requiera.

(d) Cualquier otra circunstancia donde haya mediado previa dispensa o autorización de las autoridades competentes de la instalación pública educativa, de salud o de gobierno.

            Artículo 249.- Riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego.

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de veinte (20) años toda persona que, poniendo en riesgo la seguridad u orden público, dispare un arma de fuego:

(a) desde un vehículo de motor, ya sea terrestre o acuático; o

(b) en una discoteca, bar, centro comercial, negocio o establecimiento; o

(c) en un sitio público o abierto al público.

TÍTULO IV

DELITOS CONTRA LA FUNCIÓN GUBERNAMENTAL

CAPÍTULO I

DELITOS CONTRA EL EJERCICIO GUBERNAMENTAL

SECCIÓN PRIMERA

De los delitos contra el ejercicio del cargo público

 

            Artículo 250.- Enriquecimiento ilícito.

Todo funcionario o empleado público, ex-funcionario o ex-empleado público que, para beneficio personal o de un tercero, utilice información o datos que sólo haya podido conocer por razón del ejercicio de su cargo, empleo o encomienda, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Si la persona obtiene el beneficio perseguido, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

Artículo 251.- Enriquecimiento injustificado.

Todo funcionario o empleado público, ex-funcionario o ex-empleado público que injustificadamente haya enriquecido su patrimonio o el de un tercero, cuando tal enriquecimiento haya ocurrido con posterioridad a la asunción del cargo, empleo o encomienda y hasta cinco (5) años de haber concluido su desempeño, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

Se entiende que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se haya incrementado con dinero o bienes, sino también cuando se hayan cancelado o extinguido obligaciones que lo afectaban.

El tercero beneficiado también incurrirá en este delito.

Artículo 252.- Aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos.

Toda persona que utilice de forma ilícita, para su beneficio o para beneficio de un tercero, propiedad, trabajos o servicios pagados con fondos públicos será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Se impondrá la pena con circunstancias agravantes, cuando el delito sea cometido por un funcionario o empleado público.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

Artículo 253.- Negociación incompatible con el ejercicio del cargo público.

Todo funcionario o empleado público que por razón de su cargo, directamente o mediante un tercero, promueva, autorice o realice un contrato, subasta o cualquier operación en que tenga interés patrimonial sin mediar la dispensa o autorización que permita la ley, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

El tercero beneficiado también incurrirá en este delito.

Si la persona obtiene el beneficio perseguido, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

            Artículo 254.- Intervención indebida en las operaciones gubernamentales.

Toda persona que intervenga sin autoridad de ley o indebidamente en la realización de un contrato, en un proceso de subasta o negociación o en cualquier otra operación del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el propósito de beneficiarse o beneficiar a un tercero, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Si la persona obtiene el beneficio perseguido, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

            Artículo 255.- Usurpación de cargo público.

Incurrirá en delito menos grave, toda persona que:

(a) usurpe un cargo, empleo o encomienda para el cual no ha sido elegido, nombrado o designado; o

(b) ejerza obstinadamente alguna de las funciones del cargo, empleo o encomienda al que fue designado, después de cumplido su término de servicio o después de recibir una comunicación oficial que ordene la terminación o suspensión de funciones.

            Artículo 256.- Retención de propiedad.

Todo funcionario o empleado público, ex-funcionario o ex-empleado público que, después de cumplido el término del cargo, empleo o encomienda, abolido el cargo o cesado en su ejercicio por renuncia o separación, retenga en su poder o se niegue a hacer entrega de la propiedad, los archivos, expedientes, documentos, códigos de acceso, discos, archivos electrónicos y demás información o material oficial perteneciente a su despacho en soporte papel o electrónico, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Cuando la propiedad o material bajo su custodia se mutile, dañe, destruya o sustraiga, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

            Artículo 257.- Alteración o mutilación de propiedad.

Todo funcionario o empleado público que esté encargado o que tenga control de cualquier propiedad, archivo, expediente, documento, registro computadorizado o de otra naturaleza o banco de información, en soporte papel o electrónico que lo altere, destruya, mutile, remueva u oculte en todo o en parte, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Cuando se produzca la pérdida de propiedad o fondos públicos, el tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

            Artículo 258.- Certificaciones falsas.

Todo funcionario o empleado público, autorizado por ley para expedir certificaciones y otros documentos que expida como verdadera una certificación o documento que contenga declaraciones que le constan ser falsas, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 259.- Soborno.

Todo funcionario o empleado público, jurado, testigo, árbitro o cualquier persona autorizada en ley para tomar decisiones, o para oír o resolver alguna cuestión o controversia que solicite o reciba, directamente o por persona intermedia, para sí o para un tercero, dinero o cualquier beneficio, o acepte una proposición en tal sentido por realizar, omitir o retardar un acto regular de su cargo o funciones, o por ejecutar un acto contrario al cumplimiento regular de sus deberes, o con el entendido de que tal remuneración o beneficio habrá de influir en cualquier acto, decisión, voto o dictamen de dicha persona en su carácter oficial, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

Cuando el autor sea un funcionario público, árbitro o persona autorizada en ley para oír o resolver una cuestión o controversia, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años.

            Artículo 260.- Oferta de Soborno.

Toda persona que, directamente o por persona intermediaria, dé o prometa a un funcionario o empleado público, testigo, o jurado, árbitro o a cualquier otra persona autorizada en ley para oír o resolver una cuestión o controversia, dinero o cualquier beneficio con el fin previsto en el Artículo  259, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

            Artículo 261.- Influencia indebida.

Toda persona que obtenga o trate de obtener de otra cualquier beneficio al asegurar o pretender que se halla en aptitud de influir en cualquier forma en la conducta de un funcionario o empleado público en lo que respecta al ejercicio de sus funciones, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Si la persona obtiene el beneficio perseguido, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

            Artículo 262.- Omisión en el cumplimiento del deber.

Todo funcionario o empleado público que intencionalmente omita cumplir un deber impuesto por la ley o reglamento y, como consecuencia de tal omisión se ocasione pérdida de fondos públicos o daño a la propiedad pública, incurrirá en delito menos grave.

Si el valor de la pérdida de los fondos públicos o el daño a la propiedad pública sobrepasa de diez mil (10,000) dólares, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

            Artículo 263.- Negligencia en el cumplimiento del deber.

Todo funcionario o empleado público que obstinadamente descuide cumplir las obligaciones de su cargo o empleo y como consecuencia de tal descuido se ocasione pérdida de fondos públicos o daño a la propiedad pública, incurrirá en delito menos grave.

Si el valor de la pérdida de los fondos públicos o el daño a la propiedad pública sobrepasa de diez mil (10,000) dólares, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.


SECCIÓN SEGUNDA

De los delitos contra los fondos públicos

            Artículo 264.- Malversación de fondos públicos.

Será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años, independientemente de si obtuvo o no beneficio para sí o para un tercero todo funcionario o empleado público que sea directa o indirectamente responsable de la administración, traspaso, cuidado, custodia, ingresos, desembolsos o contabilidad de fondos públicos que:

(a) se los apropie ilegalmente, en todo o en parte;

(b) los utilice para cualquier fin que no esté autorizado o que sea contrario a la ley o a la reglamentación;

(c) los deposite ilegalmente o altere o realice cualquier asiento o registro en alguna cuenta o documento relacionado con ellos sin autorización o contrario a la ley o a la reglamentación;

(d) los retenga, convierta, traspase o entregue ilegalmente, sin autorización o contrario a la ley o a la reglamentación; o

(e) deje de guardar o desembolsar fondos públicos en la forma prescrita por ley.

Cuando el autor sea un funcionario público o la pérdida de fondos públicos sobrepase de cincuenta mil (50,000) dólares, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años.

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

            Artículo 265.- Posesión y uso ilegal de información, recibos y comprobantes de pago de contribuciones.

Toda persona que tenga en su poder, sin estar autorizado para ello, formularios de recibos o comprobantes de pago de impuestos, patentes, contribuciones, arbitrios o licencias; o que expida, use o dé algún recibo de pago de contribución, arbitrios, impuesto o patente contrario a lo dispuesto por ley o reglamentación; reciba el importe de dicha contribución, arbitrio, licencia, impuesto o patente sin expedir recibo o comprobante; o realice cualquier asiento ilegal o falso en el recibo, comprobante que expida o en los documentos o bancos de información fiscal, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 266.- Compra y venta ilegal de bienes en pago de contribuciones.

Será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años todo colector o agente que directa o indirectamente realice cualquiera de los siguientes actos:

(a) Compre cualquier porción de bienes muebles o bienes inmuebles vendidos para el pago de contribuciones adeudadas.

(b) Venda o ayude a vender cualesquiera bienes inmuebles o bienes muebles, a sabiendas de que dichas propiedades están exentas de embargo, o exentas del pago de contribuciones, o satisfechas las contribuciones para las cuales se vende.

(c) Venda o ayude a vender, cualesquiera bienes inmuebles o bienes muebles para el pago de contribuciones, con el propósito de defraudar al dueño de los mismos.

(d) Expida un certificado de venta de bienes inmuebles enajenados en las circunstancias descritas en los incisos anteriores.

(e) De cualquier modo cohíba o restrinja a postores en cualquier subasta pública para el pago de contribuciones adeudadas.

            Artículo 267.- Impedir la inspección de libros y documentos.

Todo empleado encargado del cobro, recibo o desembolso de fondos públicos que, requerido para que permita al funcionario competente inspeccionar los libros, documentos, registros y archivos pertenecientes a su oficina, se niegue a permitirlo, deje de hacerlo u obstruya la operación, incurrirá en delito menos grave.

CAPÍTULO II

DELITOS CONTRA LA FUNCIÓN JUDICIAL

            Artículo 268.- Declaración o alegación falsa sobre delito.

Toda persona que mediante querella, solicitud, información, confidencia, independientemente que sea anónima o bajo falso nombre, dirigida a personas o funcionarios con autoridad en ley para hacer investigaciones de naturaleza criminal, declare o alegue falsamente teniendo conocimiento de su falsedad, que se ha cometido un delito, que provoque así el inicio de una investigación encaminada a esclarecerlo, incurrirá en delito menos grave.

Si el hecho alegado falsamente es uno que constituye delito grave, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 269.- Perjurio.

Toda persona que jure o afirme, testifique, declare, deponga o certifique la verdad ante cualquier tribunal, organismo, funcionario o persona competente y declare ser cierto cualquier hecho esencial o importante con conocimiento de su falsedad o declare categóricamente sobre un hecho esencial o importante cuya certeza no le consta, incurrirá en perjurio y será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

También incurrirá en perjurio toda persona que bajo las circunstancias establecidas en el párrafo anterior, preste dos o más testimonios, declaraciones, deposiciones o certificaciones irreconciliables entre sí. En este caso será innecesario establecer la certeza o falsedad de los hechos relatados.

Para propósitos de este Artículo, “organismo” incluye toda institución que tiene funciones cuasi judiciales, cuasi legislativas o cuasi adjudicativas.

            Artículo 270.- Perjurio agravado.

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años, si la declaración prestada en las circunstancias establecidas en el delito de perjurio tiene como consecuencia la privación de libertad o convicción de un acusado.

            Artículo 271.- Forma de juramento.

A los efectos del delito de perjurio y de perjurio agravado, no se exigirá forma especial alguna de juramento o afirmación. Se usará la forma que el declarante tenga por más obligatoria o solemne.

            Artículo 272.- Defensas no admisibles.

No se admitirá como defensa en ninguna causa por perjurio o perjurio agravado:

(a) La circunstancia de haberse prestado o tomado el juramento en forma irregular.

(b) El hecho de que el acusado ignoraba la importancia de la declaración falsa hecha por él o que ésta en realidad no afectó a la causa. Bastará que tal declaración sea esencial o importante y que hubiera podido utilizarse para afectar a dicho proceso.

            Artículo 273.- Cuándo se considera consumada la declaración o certificación.

Se considera consumada una declaración o certificación, a los efectos del delito de perjurio o de perjurio agravado, desde el momento en que sea prestada por el declarante con el propósito de que se publique, divulgue o se utilice como verdadera.

            Artículo 274.- Justicia por sí mismo.

Toda persona que con el propósito de ejercer un derecho existente o pretendido, haga justicia por sí misma en lugar de recurrir a la autoridad pública, incurrirá en delito menos grave.

Si comete el delito mediante violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 275.- Fuga.

Toda persona sometida legalmente a detención preventiva, a pena de reclusión o de restricción de libertad, o a medida de seguridad de internación, a tratamiento y rehabilitación en un programa del Estado Libre Asociado o privado, supervisado y licenciado por una agencia del mismo, o a un procedimiento especial de desvío bajo la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal o bajo una ley especial, que se fugue o que se evada de la custodia legal que ejerce sobre ella otra persona con autoridad legal y toda persona que actúe en colaboración con aquella, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

La pena se impondrá consecutiva con la sentencia que corresponda por el otro delito o a la que esté cumpliendo. En este delito no estarán disponibles las penas alternativas a la reclusión ni los procedimientos especiales de desvío.

            Artículo 276.- Ayuda a fuga.

Toda persona encargada de la custodia de otra persona que estuviere cumpliendo pena de reclusión o de restricción de libertad, que cause, ayude, permita o facilite su fuga en cualquiera de las circunstancias previstas en el delito de fuga, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años. En todos los demás casos, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 277.- Posesión e introducción de objetos a un establecimiento penal.

Toda persona que introduzca, venda o ayude a vender, o tenga en su poder con intención de introducir o vender drogas narcóticas, estupefacientes o cualquier sustancia controlada o armas de cualquier clase, bebidas alcohólicas o embriagantes, explosivos, proyectiles, teléfonos celulares, u otros medios de comunicación portátil o cualquier otro objeto que pudiera afectar el orden o la seguridad de una institución penal o de cualquier establecimiento penal bajo el sistema correccional, dentro o fuera del mismo, a un confinado, a sabiendas de que es un confinado, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Toda persona confinada en una institución penal o juvenil que, sin estar autorizado, posea teléfonos celulares u otros medios de comunicación portátil, o cualquier otro objeto que pudiera afectar el orden o la seguridad de una institución penal o de cualquier establecimiento penal bajo el sistema correccional, dentro o fuera del mismo, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Artículo 278.- Manipulación o daño al sistema de supervisión electrónica.

Toda persona que manipule o cause cualquier daño al sistema de supervisión electrónica que le haya sido impuesto, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de  tres (3) años.

            Artículo 279.- Desacato.

Incurrirá en delito menos grave, toda persona que realice cualquiera de los siguientes actos:

(a) Perturbe el orden, cause ruido o disturbio o se conduzca en forma desdeñosa o insolente hacia un tribunal de justicia o un juez durante el desarrollo de una investigación judicial o una sesión, tendiendo con ello directamente a interrumpir los procedimientos o menoscabar el respeto debido a su autoridad, o en presencia del jurado mientras esté en estrado o deliberando en alguna causa;

(b) Desobedezca cualquier decreto, mandamiento, citación u otra orden legal expedida o dictada por algún tribunal.

(c) Demuestre resistencia ilegal y contumaz a prestar juramento o llenar los requisitos como testigo en una causa pendiente ante cualquier tribunal, se niegue sin excusa legítima a contestar cualquier interrogatorio legal después de haber jurado o llenado dichos requisitos.

(d) Exprese crítica injuriosa o infamatoria de los decretos, órdenes, sentencias o procedimientos de cualquier tribunal que tienda a desacreditar al tribunal o a un juez.

(e) Publique cualquier informe falso o manifiestamente inexacto sobre procedimientos judiciales, a sabiendas de su falsedad.

            Artículo 280.- Encubrimiento.

Toda persona que con conocimiento de la ejecución de un delito, oculte al responsable del mismo o procure la desaparición, alteración u ocultación de prueba para impedir la acción de la justicia, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Cuando el encubridor actúe con ánimo de lucro o se trate de un funcionario o empleado público y cometa el delito aprovechándose de su cargo o empleo, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

            Artículo 281.- Impedimento o persuasión de incomparecencia de testigos.

Toda persona que sin justificación legal impida o disuada a otra, que sea o pueda ser testigo, de comparecer u ofrecer su testimonio en cualquier investigación, procedimiento, vista o asunto judicial, legislativo o administrativo, o en cualesquiera otros trámites autorizados por ley, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

 

 

            Artículo 282.- Fraude o engaño sobre testigos.

Toda persona que realice algún fraude o engaño con el propósito de afectar el testimonio de un testigo o persona que va a ser llamada a prestar testimonio en cualquier investigación, procedimiento, vista o asunto judicial, legislativo o administrativo o en cualesquiera otros trámites autorizados por ley, o que a sabiendas haga alguna manifestación o exposición o muestre algún escrito a dicho testigo o persona con el propósito de afectar indebidamente su testimonio, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 283.- Amenaza o intimidación a testigos.

Toda persona que amenace con causar daño físico a una persona, su familia o daño a su patrimonio, o incurra en conducta que constituya intimidación o amenaza, ya sea física, escrita, verbal, o no-verbal, cuando dicha persona sea testigo o por su conocimiento de los hechos pudiera ser llamado a prestar testimonio en cualquier investigación, procedimiento, vista o asunto judicial, legislativo o asunto administrativo, que hubiese o no comenzado, si este último conlleva sanciones en exceso de cinco mil (5,000) dólares o suspensión de empleo o sueldo, con el propósito de que no ofrezca su testimonio, lo preste parcialmente o varíe el mismo, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

Cuando la víctima sea menor de 21 años, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de diez (10) años.

            Artículo 284.- Conspiración, amenazas o atentados contra funcionarios del sistema de justicia o sus familiares.

Toda persona que conspire, amenace, atente o cometa un delito contra la persona o propiedad de un policía, alguacil, oficial de custodia, agente investigador u otro agente del orden público, fiscal, juez, o cualquier otro funcionario público relacionado con la investigación, arresto, acusación, procesamiento, convicción o detención criminal, contra los familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de estos funcionarios, y tal conspiración, amenaza, tentativa de delito contra la persona o propiedad surgiere en el curso o como consecuencia de cualquier investigación, procedimiento, vista o asunto que esté realizando o haya realizado en el ejercicio de las responsabilidades oficiales asignadas a su cargo, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 285.- Destrucción de pruebas.

Toda persona que sabiendo que alguna prueba documental o cualquier objeto pudiera presentarse en cualquier investigación, procedimiento, vista o asunto judicial, legislativo o administrativo, o cualesquiera otros trámites autorizados por ley, la destruya o esconda con el propósito de impedir su presentación, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 286.- Preparación de escritos falsos.

Toda persona que prepare algún libro, papel, documento, registro, instrumento escrito, u otro objeto falsificado o antedatado con el propósito de presentarlo o permitir que se presente como genuino y verdadero, en cualquier investigación, procedimiento, vista o asunto judicial, legislativo o administrativo, o cualesquiera otros trámites autorizados por la ley, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

 

            Artículo 287.- Presentación de escritos falsos.

Toda persona que en cualquier investigación, procedimiento, vista o asunto judicial, legislativo o administrativo, o cualesquiera otros trámites autorizados por ley, ofrezca en evidencia como auténtica o verdadera alguna prueba escrita sabiendo que ha sido alterada, antedatada o falsificada, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 288.- Certificación de listas falsas o incorrectas.

Toda persona a quien legalmente corresponda certificar la lista de personas elegidas para servir como jurados que certifique una lista falsa o incorrecta o conteniendo nombres distintos de los elegidos; o que estando obligado por ley a anotar en papeletas separadas los nombres puestos en las listas certificadas, no anote y coloque en la urna los mismos nombres que constan en la lista certificada, sin añadir ni quitar ninguno, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 289.- Alteración de lista de jurado.

            Toda persona que añada un nombre a la lista de personas elegidas para prestar servicios de jurado en los tribunales, bien depositando dicho nombre en la urna de jurados o en otra forma; o que extraiga cualquier nombre de la urna, o destruya ésta, o cualquiera de las papeletas conteniendo los nombres de los jurados, o mutile o desfigure dichos nombres, de modo que no puedan ser leídos, o los altere en las papeletas, salvo en los casos permitidos por ley, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Artículo 290.- Obstrucción a los procedimientos de selección de jurados.

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años toda persona que de cualquier forma:

(a) Interfiera en los procedimientos para la selección de jurados con la intención de impedir la ordenada administración de los procesos penales.

(b) Provea información falsa al Negociado de Administración del Servicio de Jurado o al tribunal durante los procedimientos de selección de jurados.

Se impondrá la pena con circunstancias agravantes, cuando la persona esté vinculada en un caso particular como acusada, testigo, candidata calificada a jurado o como funcionario del tribunal.

            Artículo 291.- Promesa de rendir determinado veredicto o decisión.

Será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años todo jurado o persona sorteada o citada como tal, o todo juez, árbitro o persona autorizada por ley para oír y resolver una cuestión o controversia que:

(a) prometa o acuerde pronunciar un veredicto o decisión a favor o en contra de una de las partes; o

(b) admita algún libro, papel, documento o informe relativo a cualquier causa o asunto pendiente ante ella, excepto en el curso regular de los procedimientos.

 

 

            Artículo 292.- Influencia indebida en la adjudicación.

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años toda persona que intente influir sobre algún juez, jurado o persona citada o sorteada como tal, o elegida o nombrada como árbitro, o persona autorizada por ley para oír o resolver una cuestión o controversia, por lo que respecta a su veredicto o decisión en cualquier causa o procedimiento que esté pendiente ante ella o que será sometido a su resolución, valiéndose al efecto de alguno de los siguientes medios:

(a) Cualquier comunicación, oral o escrita, tenida con dicha persona, excepto en el curso ordinario de los procedimientos.

(b) Cualquier libro, papel o documento mostrándole fuera del curso regular de los procedimientos.

(c) Cualquier amenaza, intimidación, persuasión o súplica.

            Artículo 293.- Negación u ocultación de vínculo familiar.

Será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de  tres (3) años:

(a) Todo abogado,  fiscal o procurador que esté interviniendo en un caso por jurado, o Juez que esté presidiendo el caso, y oculte el hecho de que tiene vínculos de consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con uno de los jurados seleccionados para actuar en el caso.

(b) Cualquier persona seleccionada a actuar como jurado que, con el propósito de evitar ser recusado, oculte o niegue que tiene vínculos de consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con el acusado, o su abogado, juez, fiscales o testigos que estén interviniendo en el caso.

            Artículo 294.- Despido o suspensión de empleado por servir como jurado o testigo.

Todo patrono que autorice, consienta o lleve a efecto el despido, y toda persona que amenace con despedir, o despida, suspenda, reduzca en salario, rebaje en categoría o imponga o intente imponer condiciones de trabajo onerosas a un empleado, por el hecho de que dicho empleado haya sido citado para servir, esté sirviendo, o haya servido como jurado o haya sido citado o esté obligado a comparecer bajo apercibimiento de desacato ante un juez, tribunal, fiscal, agencia administrativa, tanto estatal como federal, ambas Cámaras de la Asamblea Legislativa y sus comisiones, Legislatura Municipal y sus comisiones o todo patrono que se niegue a reinstalar a dicho empleado, cuando éste haya solicitado su reinstalación dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al cese de su función como jurado o testigo, incurrirá en delito menos grave.

CAPÍTULO III

DELITOS CONTRA LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

            Artículo 295.- Alteración del texto de proyectos.

Toda persona que altere el texto de cualquier proyecto de ley, ordenanza o resolución que se haya presentado para su votación y aprobación a cualquiera de las Cámaras que componen la Asamblea Legislativa o las Legislaturas Municipales y sus respectivas comisiones, con el propósito de conseguir que se vote o apruebe por cualquiera de dichas Cámaras o Legislaturas Municipales, o que se certifique por el Presidente de las mismas, en términos distintos de los que se propusiere, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 296.- Alteración de copia registrada.

Toda persona que altere el texto registrado de una ley, ordenanza o resolución aprobada por la Asamblea Legislativa, por cualquiera de sus Cámaras o por cualquier Legislatura Municipal y sus respectivas comisiones  con el propósito de conseguir que dicha ley, ordenanza o resolución, sea aprobada por el Gobernador o el Alcalde, certificada por el Secretario de Estado o Secretario Municipal, según sea el caso, o impresa o divulgada por el publicador oficial de los estatutos y ordenanzas en un lenguaje distinto del votado, aprobado, firmado o promulgado, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de  tres (3) años.

            Artículo 297.- Resistencia u obstrucción a la función legislativa.

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de  tres (3) años toda persona que:

(a) perturbe, interrumpa o impida la realización de los trabajos de la Asamblea Legislativa, a cualquiera de las Cámaras que la componen, las Legislaturas Municipales o cualquiera de sus miembros y sus respectivas comisiones, mientras se encuentren en el desempeño de su función pública; o

(b) cometa cualquier desorden a la inmediata vista y en presencia de la Asamblea Legislativa, a cualquiera de las Cámaras que la componen, las Legislaturas Municipales o cualquiera de sus miembros y sus respectivas comisiones, mientras se encuentren en el desempeño de su función pública, tendente a interrumpir sus actos o disminuir el respeto debido a su autoridad.

Artículo 298.- Negativa de testigos a comparecer, testificar o presentar evidencia a la Asamblea Legislativa o a las Legislaturas Municipales.

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años toda persona que:

(a) Habiendo sido citada como testigo ante cualquiera de las Cámaras de la Asamblea Legislativa, Legislaturas Municipales o comisiones de éstas, se niegue a comparecer y acatar dicha citación, o deje de hacerlo sin excusa legítima; o

(b) Que hallándose ante cualquiera de las Cámaras de la Asamblea Legislativa, de las Legislaturas Municipales o comisiones de éstas, obstinadamente se niegue a prestar juramento, o a contestar a cualquier pregunta esencial y pertinente, o a presentar, después de habérsele fijado un término conveniente al efecto, cualquier libro, documento o expediente que tenga en su poder o se halle bajo su autoridad.

TÍTULO V

DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD

CAPÍTULO ÚNICO

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS

            Artículo 299.- Genocidio.

Genocidio es cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo como tal, sea nacional, étnico, racial o religioso:

(a) Matanza de miembros del grupo.

(b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo.

(c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.

(d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo.

(e) Traslado por la fuerza de menores de edad del grupo a otro grupo.

A la persona convicta de genocidio, se le impondrá pena de reclusión por un término fijo de noventa y nueve (99) años.

            Artículo 300.- Crímenes de lesa humanidad.

Crimen de lesa humanidad es cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil:

(a) El asesinato.

(b) El exterminio.

(c) La servidumbre involuntaria o esclavitud, según definida en el Artículo  159 de este Código.

(d) La trata humana, según definida en el Artículo  160 de este Código.

(e) La deportación o traslado forzoso de población.

(f) La encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional.

(g) La tortura.

(h) La agresión sexual, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable.

(i) La persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional.

(j) La desaparición forzada de personas.

(k) El crimen de apartheid.

(l) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física, o la salud mental.

Toda persona que cometa crímenes de lesa humanidad en las modalidades establecidas en los incisos (a), (b), (h) en la modalidad de agresión sexual y (j) de este Artículo, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de noventa y nueve (99) años.

Toda persona que cometa crímenes de lesa humanidad bajo las modalidades restantes, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de veinticinco (25) años.

A los efectos de este Artículo, los siguientes términos o frases tendrán el significado que a continuación se expresa:

(a) “Exterminio” es la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población.

(b) “Deportación o traslado forzoso de población” es el desplazamiento de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional.

(c) “Embarazo forzado” es el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta las normas de derecho relativas al embarazo.

(d) “Persecución” es la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad.

(e) “Crimen de apartheid” es una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos contra una población civil de conformidad con la política de un estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales, y con la intención de mantener ese régimen.

(f) “Desaparición forzada de personas” comprende la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un estado o una organización política o paramilitar con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.

TÍTULO VI

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

            Artículo 301.- Derogación.

Se deroga la Ley 149-2004, según enmendada, conocida como “Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

Artículo 302.- Revisión continua de este Código y de las leyes penales.

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico contará con un ente revisor que, entre otras funciones, evaluará las leyes relacionadas con la administración de la justicia criminal, las Reglas de Procedimiento Criminal y leyes que tipifican delitos para proponer los cambios que sean necesarios para atemperar sus disposiciones a lo provisto en este Código.

Las recomendaciones del ente revisor promoverán el cumplimiento de los objetivos plasmados en este Código y colaborarán en el establecimiento de una base racional y científica para su revisión futura y la aprobación de leyes especiales que contengan disposiciones penales. La función integradora y revisora de la entidad se llevará a cabo conforme a un plan de trabajo que realice estudios y proponga cambios legislativos a base de las prioridades que le establezca la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y sus respectivas Comisiones de lo Jurídico. La entidad tendrá facultad para redactar enmiendas o derogaciones y sugerir nueva legislación que pueda complementar o integrarse a este Código mediante anejos o nuevos títulos, partes o secciones. Los trabajos iniciales de esta Comisión Conjunta consistirán en atemperar las leyes penales especiales a este Código, proceso que deberá culminar antes de que las disposiciones del mismo entren en vigor.

Artículo 303.- Aplicación de este Código en el tiempo.

La conducta realizada con anterioridad a la vigencia de este Código en violación a las disposiciones del Código Penal aquí derogado o de cualquier otra ley especial de carácter penal se regirá por las leyes vigentes al momento del hecho.

El cambio de nombre de un delito no significa que el tipo delictivo ha quedado suprimido.

Artículo 304.- Separabilidad de disposiciones.

Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, sección, capítulo, título o parte de este Código fuere declarada inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de este Código. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, artículo, sección, capítulo, título o parte del mismo que así hubiere sido declarado inconstitucional.

Artículo 305.- Poder para castigar por desacato.

Este Código no afecta la facultad conferida por ley a cualquier tribunal, agencia, administración o funcionario público para castigar por desacato.

Artículo 306.- Delitos no incorporados al Código.

La inclusión en este Código de algunos delitos o disposiciones previstas en leyes especiales no implica la derogación de dichas leyes ni de aquellos delitos especiales no incorporados a este Código.

            Artículo 307.- Cláusula de transición para la fijación de penas en las leyes penales especiales.

Los delitos graves que se tipifican en leyes penales especiales bajo el sistema de clasificación de delitos de la Ley 149-2004, según enmendada, conocida como “Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, y que no tengan pena estatuida, estarán sujetos a las siguientes penas, según sean ajustadas de conformidad con los agravantes y atenuantes aplicables:

(a) Delito grave de primer grado – conllevará una pena de reclusión por un término fijo de noventa y nueve (99) años.

(b) Delito grave de segundo grado severo – conllevará una pena de reclusión por un término fijo de veinticinco (25) años.

(c) Delito grave de segundo grado – conllevará una pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años.

(d) Delito grave de tercer grado – conllevará una pena de reclusión por un término fijo de  ocho (8) años.

(e) Delito grave de cuarto grado – conllevará una pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Artículo 308.- Términos para cualificar para consideración de la Junta de Libertad bajo Palabra.

Toda persona convicta bajo las disposiciones de este Código podrá ser considerada para libertad bajo palabra por la Junta de Libertad bajo Palabra al cumplir el setenta y cinco por ciento (75%) del término de reclusión impuesto.

En caso de la persona convicta de asesinato en primer grado, la persona  podrá ser considerada para libertad bajo palabra por la Junta de Libertad bajo Palabra, al cumplir treinta y cinco (35) años naturales de su sentencia, o veinte (20) años naturales, si se trata de un menor de edad procesado y sentenciado como adulto.

            Artículo 309.- Vigencia.

            Este Código comenzará a regir el 1 de  septiembre de 2012.

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