Defensa de presuntos criminales y condena a los abogados que la práctican

Parece que en Puerto Rico la pesunción de inocencia aplica solo a los familiares de uno.

–Aerodz

El Nuevo Día correctamente señaló que el entonces designado Secretario del Departamento de la Familia, Wilfredo Maldonado, podía haber incursionado en un conflicto de intereses en su práctica privada cuando alegadamente intentó representar a unos sujetos contra quienes el mismo litigó cuando trabajaba como abogado de la Administración de Sustento de Menores (Asume). Ese planteamiento me parece legítimo, pues una persona que sea designada para un puesto de tal importancia debe saber reconocer potenciales conflictos de intereses. No obstante, el revuelo mayor que han provocado ha sido por el hecho de que Maldonado “representó civilmente a un padre acusado, junto a su vecino, de cometer actos de abuso sexual contra sus tres hijos” (“Debate ético en Familia”).

Lo que parecen expresar de forma implícita los medios de comunicación, los legisladores y demás personas que rechazaron la nominación de Maldonado por este motivo es que un abogado con escrúpulos rechazaría defender a este tipo de cliente.

Pero, ¿cómo por un lado un sistema puede establecer la presunción de inocencia y el derecho a contar con una defensa legal adecuada, y a la misma vez censurar, denunciar y penalizar a los que ofrecen esa defensa para estos presuntos inocentes? ¿Qué sentido tiene que un sistema le obstaculice el paso a una persona por hacer valer un principio básico de derecho que su propia constitución reconoce? Es como si le pidiéramos a alguien que vaya a pescar, y luego, cuando trae el pescado, denunciáramos el asesinato de peces que cometió.

Me pregunto cómo se supone que funciona la presunción de inocencia y la defensa adecuada si todos los abogados y abogadas actuaran como parece la opinión pública exigir de ellos. Demás está decir que la pregunta es retórica, porque sencillamente no funcionaría: no habría defensa para ningún acusado criminal, todos estarían precondenados en una batalla legal desigual, y bastaría con que un policía arreste arbitrariamente a cualquiera para presumirlo culpable y echarlo en una “fiera y desigual batalla” con un fiscal y un jurado que ya lo cree culpable.

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