El retorno a la revisión administrativa discrecional (certiorari)

Me entero a través de un artículo en el blog Derecho Al Derecho, que existe un proyecto, el P. de la C 537, dirigido a eliminar el recurso de apelación de las decisiones de las agencias administrativas ante el Tribunal de Apelaciones. De esta manera, se vuelve al estado de derecho anterior La Ley de Judicatura del 2003, en el que lo decidido por una agencia era revisado a discreción del Tribunal (recurso de certiorari) , o sea, no como un derecho sino como algo así como a un privilegio fruto de una prerrogativa judicial.

El proyecto, que recibió un informe favorable de la Comisión de lo Jurídico y de Ética de la Cámara de Representante, ya fue aprobado, sin enmiendas, por dicho cuerpo legislativo

Su exposición de motivos dice como sigue:

Son varios los efectos de que estas decisiones administrativas sean revisadas mediante revisión judicial no discrecional. La parte que ha sido favorecida en un proceso administrativo, se vería forzada a litigar un recurso apelativo, el cual es sumamente costoso. Esto desvirtúa la intención de los procesos administrativos que es que sean de fácil acceso a la ciudadanía. De la misma manera el Estado se ve forzado a emplear recursos adicionales, obligando al Procurador General a atender estas revisiones ante el Tribunal de Apelaciones. Ante la precaria situación fiscal por la que atraviesa el Gobierno de Puerto Rico, entendemos prudente revertir estos recursos a unos de naturaleza discrecional.

Llama la atención la solitaria victimización de “la parte que ha sido favorecida” que “se vería forzada a litigar”. Pero, ¿y qué de la parte que no ha sido favorecida? ¿Quienes son más propensos a ser esa parte doblemente no favorecida (por la agencia y ahora por la legislatura), los intereses que financiaron la campaña de los jefes políticos de los funcionarios de éstas agencias, o el ciudadano común desligado de estas esferas interdependientes de poder?

Por otro lado, las razones para tal alteración son dos: el costo de litigación para el favorecido por una agencia, y el costo para el Estado de tener que atender este tipo de reclamo. Quizás peque de simplista, pero bajo ese tipo de pretexto bien podría justificarse el retorno a una monarquía absoluta: un rey inapelable, irrefutable y de discreción ilimitada. Eso sí sería barato para todos.

Para leer el proyecto, pulse aquí (Word).

 

Lcdo. Eugenio Martínez Rodríguez (73 Posts)

Editor de PopJuris. Creó este portal cuando era estudiante de derecho como un intento de estimular la discusión sobre el derecho más allá de entre abogad@s y estudiantes de derecho. Obtuvo su Juris Doctor en la Universidad de Puerto Rico y fue admitido al ejercicio de la abogacía por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Actualmente trabaja en la firma Borrás & Martínez.También coadministra el portal DerechoPR.org, una red social profesional para abogados y estudiantes de derecho en Puerto Rico.


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